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ABC del derecho a réplica

Sergio
  • El 3 mayo, 2012
  • http://www.derechoenzapatilas.org

Supongamos que un medio publica que Juan Pérez, funcionario público, es un ñoqui del Consejo Deliberante de alguna municipalidad, que nunca trabajó y que designó amigos, parientes y hasta a su suegra. Supongamos que eso lo inventó, porque es un medio opositor a la gestión de Carlos López, intendente. En suma, que todo eso es falso, que Juan Pérez es el jefe de despacho de un legislador, que en verdad fue a trabajar todos los días y demás (nombres e historia inventada, aclaro).

¿El diario es responsable por publicar mentiras y manchar a Juan Pérez? Para juzgar la responsabilidad del medio, se aplica una regla que dice así: “El diario solo es responsable si tuvo un marcado desinterés por chequear mínimamente las fuentes, o sabía que lo que publicaba era falso e igual prosiguió”. En otras palabras, se requiere probar la “real malicia” del diario para ser responsabilizado. Por un lado, está el derecho a la información de la ciudadanía y el derecho del diario a publicar. Por otro lado, está el honor de Juan Pérez. Tratándose de funcionarios públicos, se permite una crítica muy muy amplia, el derecho se corre para proteger el primero de los valores.

Quizás la gestión de Carlos López sea un desastre, un modelo de corrupción. Pero entonces el derecho le pide al medio que critique eso, con pruebas, sin manchar a gente inocente. De todas maneras, al diario le bastaría con probar que tenía algunos testimonios o fuentes que afirmaban que Juan Pérez no fue nunca, para no ser responsable. En materia penal, no hay más injurias ni calumnias cuando se trate de temas de interés público (hace unos años se modificó la ley, para bien). Y en materia civil, la responsabilidad se determina según esas pautas, que tienden a proteger la libertad de prensa y el interés público en conocer supuestos hechos de corrupción. ¿Y entonces, Juan Pérez se queda sin recurso alguno?

La Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como ‘Pacto de Costa Rica’ porque allí se firmó) tiene el mismo valor que la Constitución Nacional (artículo 75:22 CN) y tanto al Estado como los particulares, incluyendo medios de comunicación, tienen que respetarla. El artículo 14 de la CADH dice que

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.


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2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.”

En la Argentina, el Congreso no ha legislado sobre el tema. Sin embargo, varios jueces entendieron que el derecho igualmente puede ejercerse si se dan las condiciones. Como excurso aclaro que es un mito que un derecho tenga que estar “reglamentado” para poder aplicarse. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos también entendió que el derecho es operativo, aunque pueda ser reglamentado por disposiciones internas adecuadas para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho (Opinión Consultiva N.º 7). De hecho, los jueces pueden suplir esa omisión si los órganos del Estado no lo ponen en práctica. De hecho, algunos casos evidencian que para ejercer el derecho se tornó necesario acudir a un juez porque el medio se negó a publicar la réplica… Veamos.

Por ejemplo, en un caso, la Corte federal dijo que el derecho de rectificación o respuesta se circunscribe a las informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio de un afectado. Este derecho puede ejercerse respecto de hechos cuya existencia (o inexistencia) pueda ser probada judicialmente. En términos más simples, la Corte dijo que sólo podían replicarse “hechos” y no “opiniones” respecto de una persona. Por ejemplo, replicar que Fulanito tiene un desarmadero de autos. Sentencia del 16/04/1998, Fallos 321:885. El caso con que arrancábamos la nota, claramente califica para ser replicado.

Es curioso este caso en que se rechazó la acción para publicar una réplica porque, desde que habían publicado la información que se pretendía contestar y se inició la demanda, habían transcurrido más de cuatro meses. La sentencia acá.

Acá otro caso en que Horacio Conesa Mones Ruiz demandó al diario local de Jujuy “Pregón” para que publicara gratuitamente su réplica a una noticia difundida por dicho medio que el actor consideraba como agraviante a su persona y a la legislatura provincial. Allí la Corte enfatizó que el derecho a réplica puede exigirse, es operativo.

El fundamento de este derecho puede tener que ver, también, con escuchar visiones diversas sobre un tema y no quedarse con lo que dice un solo medio de comunicación sobre una persona…pluralidad de voces. Más aún cuando no todas las personas tienen acceso (en igual grado) a los recursos para publicar algo diferente.

 

 

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