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Una acción de amparo contra el hampa

| El 13, Nov 2013

Actualizado a enero de 2016

¿Qué es una acción de amparo, para qué sirve y cómo empezó?

La policía clausuró el diario de Siri, un ex diputado justicialista. Pasó en Mercedes cuando el general Aramburu, con el apoyo de ciertos sectores conservadores, ejercía la presidencia. Entonces, el decreto 4161 prohibía, bajo pena de prisión, cualquier representación verbal, escrita o gráfica relacionada con el gobierno peronista.

Durante ese gobierno a los medios tampoco les había ido mejor. El diario “La 220px-La_Vanguardia_-_Numero_1Vanguardia”, socialista, también fue clausurado con el pretexto de ruidos molestos, que la descarga de papel entorpecía el tráfico y que no tenía botiquín de primeros auxilios. Poco antes, había publicado que las reformas de Evita eran pura decoración, según lo contaba la revista The New Yorker, en su edición de 1948.

Bueno, pero volvamos al caso de Siri, un mercedino a quien las fuerzas del gobierno de Aramburu detuvieron y lo forzaron a cerrar su diario durante el caluroso enero de 1956 por orden del “Jefe de la Casa Militar…” porque “...el nombrado Siri había negado autoridad a una comisión investigadora que lo invitó repetidas veces a comparecer para informar sobre aspectos de un sumario de actividades delictivas de funcionarios de la dictadura, y que dicho diario, de ideología netamente peronista, atacaba a las actuales autoridades nacionales, efectuando propaganda sensacionalista…”.

Frente a ello, Siri presentó un pedido al juez para que su diario se reabra. El caso era una papa caliente, y si había algún argumento para no tratarlo, al juez le venía bárbaro. Y lo había, porque las leyes no contenían expresamente ninguna acción rápida para hacer valer sus derechos, así que rechazaron su acción. Al llegar el caso a la corte, los jueces, de ideología peronista, dijeron que no había remedios en las leyes pero sí en la constitución: “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la constitución nacional”. Y así, ordenó a la policía “cesar con la restricción impuesta”, por cuanto habían cerrado un diario y restringido su derecho de expresarse, de comerciar y tantos más sin causa ni orden de autoridad competente.


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Al llegar Onganía al poder, al amparo no le fue muy bien. Sacó este decreto aún vigente que, so pretexto de reglamentarlo, lo restringe… ¿Les suena esa estrategia? Claro, porque dice, por ejemplo, que iniciar la acción de amparo dentro de los 15 días desde que se conoce el acto u omisión que restringe los derechos (Siri no hubiera podido ganar si el escrito lo presentaba 15 días después de la clausura), y otras cuestiones más. Hoy esa norma a veces se aplica, a veces no, pero lo cierto es que está.

Llegamos a 1994, momento en que, pese a que el decreto citado sigue vigente, está el artículo 43 que dice que se puede presentar un amparo cuando no exista otro medio judicial para defender un derecho constitucional actual o potencialmente vulnerado. Y así el amparo sirve para situaciones en que se vulneren derechos, abiertamente, tanto por las autoridades, por ejemplo si el Ministerio de Educación niega inscripción por falta de vacantes o por particulares; un caso típico es el amparo por razones de salud, para que una prepaga u obra social cumpla lo que le corresponde.

Jardín Botánico (foto propia, 2013)

Jardín Botánico (foto propia, 2013)

Hoy en día, otra de las mejores aplicaciones del amparo es por temas ambientales y evitar que pase esto. Un juez hizo lugar a la acción y así prohibió fumigar en los campos ubicados al límite del Barrio Urquiza en una distancia no menor a 800 metros para fumigaciones terrestres y de 1.500 para fumigaciones aéreas desde el límite de la zona urbana (Barrio Urquiza) con ningún tipo de agroquímicos. La Cámara también dijo que esas zonas debían permancer libres de agroquímicos. La sentencia completa, acá. Los jueces razonaron que si bien no se hay una certeza científica sobre la toxicidad del glifosato, igual hay que tomar una decisión para evitar potenciales daños a la salud y al ambiente, actuar antes de que se obtenga la prueba del riesgo real.

Otro de los usos que se le dio y da al amparo es para hacer cumplir la frase (“el que depositó dólares”) en épocas post-corralito, para suspender algunas obras públicas que iban a llevarse puestas plazas públicas, para que le entreguen las tierras a los pueblos originarios, para que una obra social, prepaga o el PAMI entregue un remedio, y la lista sigue. Muchas reformas nacen así, de la mano de gente con cierto poder para enfrentar actos de autoridades, que es el caso de Siri (un opositor pero tenía sus contactos) o de particulares, que es el caso de Kot, un empresario textil a quien los obreros le habían hecho una huelga y quería recuperar su fábrica, allá por 1958.

Es interesante como el origen de muchas reformas que terminan beneficiando a la gente obedece a una reacción frente a alguien con cierto poder que se vio afectado. La burguesía oprimida terminó armando una revolución pero no siempre los cambios son tan radicales. A veces son pequeñas refomas, que derivan en algo distinto de lo pensado al principio y con alcances mucho más amplios. Otra prueba de esto: antes vos podías preguntarle algo a la AFIP, te respondía (ej. “no tenés que pagar impuestos”) y eso no valía nada. Hasta que una sociedad a la cual el Estado le pidió imprimir títulos necesitó tener certeza en el tratamiento impositivo de una operación. Nacía lo que hoy se conoce como “consulta vinculante”, y es una opinión formal de la AFIP.

En Córdoba, acaban de ordenar el cierre de un predio donde se depositaba basura a cielo abierto.

“… el predio fue utilizado por más de 30 años como lugar de disposición final de residuos sólidos urbanos por parte de la Municipalidad de Córdoba y los otros municipios y comunas, también se depositaron residuos industriales de la empresa Renault; funcionó un horno de incineración de residuos patógenos durante una década (entre 1998 y 2008), hasta que conforme el avance de la tecnología existente en la materia y regulación legal se procedió a su clausura y cierre…”

Los jueces entendieron que se violaban una serie de derechos constitucionales, entre ellos el de la salud y a un ambiente sano, y por eso ordenaron que la municipalidad presente un Proyecto de Plan de Cierre y Clausura del predio que fuera utilizado para disposición final de residuos sólidos urbanos hasta el 01.04.10 ubicado en Potrero del Estado, Bouwer, conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental.

Y en Balcarce, provincia de Buenos Aires, los jueces ordenaron que un feed lot no esté en una zona cercana a un lugar poblado.

La Municipalidad de Balcarce, al emitir la D.I.A. [declaración de impacto ambiental] denegatoria de la habilitación solicitada por la firma Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L. con basamento en los principios de prevención y precaución, ha obrado en resguardo del medio ambiente cuya protección puso en movimiento la actividad jurisdiccional.

En realidad el caso devino abstracto porque la municipalidad les exigió un estudio de impacto ambiental y demás, pero lo cierto es que los usos del suelo están regulados. Abajo las sentencias.

 

Pese a los orígenes que pueden tener ciertas regulaciones, es interesante su mutación y evolución, que suele escaparse de las primeras intenciones. Hoy en día, el amparo puede ser una buena herramienta democratizadora y efectiva para hacer cumplir los derechos y la dignidad de toda persona. Y como acceder al poder judicial es un derecho, hay abogados que ayudan gratis si hace falta.

 

Silver-Age-Justice-League-of-America

Otras fuentes: http://www.revistapersona.com.ar/Persona74/74Pietrafesa.htm // http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php // www.newyorker.com

Un caso de amparo ambiental por estación de servicio presuntamente contaminante, acá.

Anexo con sentencia completa de amparo ambiental en Córdoba

Expte. Nº 1631945 – “Arce, Mariana Daniela y otros c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba y otro – amparo” – JUZGADO DE CONTROL Nº 6 DE CÓRDOBA – 30/12/2015 (Sentencia no firme)

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO:

Córdoba, treinta de Diciembre de dos mil quince.-

Y VISTOS: las presentes actuaciones caratuladas “Arce Mariana Daniela y otros c/Gobierno de la Provincia de Córdoba y Otro- Acción de Amparo” (SAC N° 1631945) a fin de resolver la acción de amparo interpuesta por vecinos de la localidad de Bouwer, junto con Raúl Montenegro en nombre y representación de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y Federico J. Macciocchi como patrocinante de los mismos y en nombre y representación de la Fundación Club de Derecho Argentina,

Y CONSIDERANDO:

I. Que con fecha 08.11.13 vecinos de la localidad de Bouwer, junto con Raúl Montenegro en nombre y representación de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y Federico J. Macciocchi patrocinante de los mismos y en nombre y representación de la Fundación Club de Derecho Argentina, presentaron acción de amparo, de conformidad a los arts. 43 de la Constitución Nacional, Pacto de Santa José de Costa Rica art. 75 inc. 22; 48 de la Constitución provincial; 30 de la Ley Nacional N° 25.675 Ley General del Ambiente y Ley provincial N° 4915 en contra del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba.-

Sostienen que siendo la lesión del medio ambiente actual, el medio más idóneo es el escogido por no existir un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados relacionado al grave daño ambiental en Bouwer.-

Explican que durante casi treinta años se depositaron residuos sólidos urbanos en el vertedero de Potrero del Estado, ubicado en la intersección del camino Comunal a la localidad de Bouwer y la ruta número 36, actividad que finalizó con fecha 01.04.10, estimando que ingresaban aproximadamente entre 2.000 y 2500 toneladas de basura sin separar por día, procedente de la ciudad de Córdoba y de 17 Comunas y Municipalidades de la provincia de Córdoba. Que en dicho lugar, y como consecuencia de la mencionada actividad, se emplazan ocho fosas construidas sin membranas, por lo cual sus lixiviados contaminados pueden trasladarse libremente al subsuelo y las aguas subterráneas. Que la fosa 9, de 900 metros de largo por 300 metros de ancho, llegó a tener más de 35 metros de altura, habiéndose acumulado superficialmente una montaña de residuos, que aún permanecen sin que la fosa haya sido definitivamente cerrada, puesto que la misma se encontraba en uso siendo el vertedero en el que se depositaban los residuos sólidos urbanos al momento de consensuarse el cierre del predio (01.04.10). Además, se encuentran aún en el lugar restos del horno incinerador de residuos patógenos y residuos industriales, todo lo cual estaría dañando el ambiente solicitando medidas de cese del mencionado daño.-

Refieren, que los rellenos sanitarios, entre otras cosas, emiten gases cancerígenos y tóxicos que no han sido debidamente controlados o monitoreados pese a existir los tubos de venteo y teniendo en cuenta que desde hace más de 30 años se descargan estos residuos en el lugar los gases han contaminado el aire, produciendo consecuencias perjudiciales para la salud de las personas que viven cerca de los rellenos sanitarios.-

En relación a las aguas subterráneas, insisten en que los lixiviados correspondientes a las fosas 1 a 8, que se construyeron sin membrana, tampoco han sido controlados, por lo cual es posible que exista contaminación en el suelo y en las capas de agua del lugar afectando también ello la salud de los vecinos domiciliados próximos al lugar, situación que también habría afectado a animales domésticos de la zona debido a la presencia de contaminantes, entre ellos plomo.-

Sotienen que Bouwer tiene el doble de mortalidad que la media provincial y una mortalidad perinatal 2,5 veces más alta también que la media provincial, sosteniendo que la tasa de mortalidad es de 22,01 muertes por mil para el período 2000-2012; cuando la tasa provincial es de 11,1 muertes por mil para el año 2010. Sostuvieron que en el período 2000 a 2012, hubo una tasa de mortalidad perinatal de 25,27 por mil por año; lo que es superior a la media provincia de 10,5 por mil para el año 2011. Expresan que si bien esta mortalidad infantil y esta mortalidad perinatal no pueden atribuirse específicamente a la acción específica de una contaminante determinado, o de la acción de varios contaminantes determinados, descargados por las fuentes de contaminación antes analizadas, la mortalidad infantil y la perinatal alta coinciden con la existencia local de fuentes de contaminación activas e importantes, que continúan actuando.-

Mencionan que la Ley Nacional 25.916 que regula la Gestión de Residuos Domiciliarios establece los presupuestos mínimos de la actividad y establece que los centros de disposición final deberán encontrarse alejados del área urbana.-

Señalan que en la situación actual se violentan “los principios de igualdad ante la ley y no discriminación” (arts. 16, 43 y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional y concordantes en función del art. 75 inc. 22 y por los arts. 7, 19 inc. 3 y cc de la Constitución de la Provincia de Córdoba), por cuanto se “coloca a los comparecientes, en tanto habitantes de Bouwer, en una situación de clara desventaja respecto a otros habitantes y vecinos de otras localidades de la provincia, que han recibido distinto tratamiento estando en iguales circunstancias, toda vez que el medioambiente en el cual viven no padece de la contaminación semejante a la de Bouwer”. De igual modo, consideran que se vulnera el “principio de razonabilidad” (arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional) y “derecho de propiedad” (reconocido en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y 67 de la Constitución de Córdoba), al verse desvalorizadas las propiedades de los accionantes; hacen referencia también al “principio de sustentabilidad” que se encuentra definido en la LGA, en el sentido de “no solo armonizar la economía con la ecología, sino incluir ahora valores, como la solidaridad transgeneracional o intergeneracional”.-

Solicitan como medida cautelar que se disponga una medida de no innovar prohibiendo o suspendiendo la realización de cualquier actividad que implique un agravamiento del estado del ambiente en la referida localidad. En síntesis, el objeto de la demanda se ciñe a los siguientes puntos: 1) El cese del daño ambiental causado por el vertedero de residuos sólidos urbanos Potrero del Estado (propiedad de la Provincia de Córdoba y explotado por la Municipalidad de Córdoba); 2) El cese del daño ambiental provocado por el depósito en altura de residuos sólidos urbanos de la fosa 9; 3) Subsidiariamente, se obligue a los demandados a la captura de gases totales que produzcan las fosas de relleno sanitario; 4) Subsidiariamente, se obligue a los demandados a la recolección total de los líquidos lixiviados que produzcan todas las fosas de relleno sanitario y se los trate para tornarlos inocuos y sin riesgos para la salud humana y el ambiente, ello en forma continua; 5) El cese del daño ambiental que provocan las instalaciones remanentes del incinerador de residuos patógenos y; 6) El cese del daño ambiental provocado por los residuos industriales –residuos peligrosos- situados al sur de la fosa 9. Aportaron prueba documental obrante a fs. 22/142 y propusieron testimoniales, informativa, exhibición de documentos de la contraparte, entre otras diligencias probatorias.-

Con fecha 29.12.15 reiteró la misma prueba ofrecida oportunamente. Posteriormente, con fecha 16.12.13 el Ab. Macciocchi presentó escrito rectificando el nombre de uno de los testigos propuestos y solicitó se oficiara al Registro Civil de la Municipalidad de Bouwer y al de la Provincia de Córdoba a fin de que informen el número de nacimientos y decesos de niños durante el período 2000-2012. Reiteró el pedido de la medida cautelar.-

II) Que con fecha 14.11.13 este Tribunal declaró su incompetencia territorial por entender que conforme a la ubicación geográfica del predio en cuestión, correspondía intervenir en las presentes actuaciones al juez de la jurisdicción de la sede de la ciudad de Alta Gracia de turno para amparos (A.I. N° 558, del 14.11.13, ver fs. 149). Previo a ello, se dio debida intervención a los Asesores Letrados Penales en representación promiscua de los menores de edad (14.11.13, fs. 145).-

III) Que con fecha 21.11.13 encontrándose de turno para amparos el Juzgado Civil de 1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia, recibió las actuaciones y sin perjuicio de la competencia, citó a las partes a audiencia en los términos del art. 58 del CPCC para el día 28.11.13 (fs. 161) a la que compareció el abogado Macciocchi junto a vecinos de la localidad de Bouwer, oportunidad en la que constituyeron domicilio procesal en aquella ciudad (161 vta.). Que ese mismo día se fijó nueva audiencia a los mismos fines (art. 58 del CPCC) para el día 09.12.13, emplazándose a las partes y a sus representantes legales, tomando intervención por la representación promiscua de los menores de edad la Sra. Asesora Letrada de esa sede (fs. 164). Que el día 09.12.13 se presentó el Ab. Macciocchi y por la Municipalidad de Córdoba la Ab. Verónica Barrios en ausencia de la provincia de Córdoba, no existiendo constancia de notificación a esta última. Que atento a ello y a los fines de realizar una inspección ocular del lugar objeto del juicio, se fijó nueva fecha y hora de audiencia para el día 16.12.13 en dicho Tribunal invitándose a las partes a que si lo estimaren oportuno concurrieren acompañados de técnicos pertinentes (fs. 169).-

Que con fecha 13.12.13 compareció el Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y solicitó participación, constituyendo domicilio procesal (fs. 181/183). Que en la fecha estipulada, conforme a lo dispuesto oportunamente, se realizó la inspección ocular del predio con la participación de las partes de lo que da cuenta el acta obrante a fs. 178/180 y 186/187; incorporándose también croquis del lugar (fs. 177).-

IV) Que con fecha 22.12.13 la titular del Juzgado Civil de 1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia, Dra. Graciela Vigilanti resolvió no avocarse a la presente acción de amparo y devolver las actuaciones a este Tribunal dejando planteada la cuestión ante el Superior común; desestimar la medida cautelar en la forma solicitada por los actores; y emplazar a la demandada a efectuar todas las actividades necesarias para evitar la contaminación ambiental con motivo del enterramiento de residuos explotado por la Municipalidad de Córdoba ubicado en Potrero del Estado y, a continuar con las tareas de procesamiento de los residuos, tratamiento de los lixiviados y de remediación en su caso. Asimismo emplazó a arbitrar los medios para la captación de gases en todo el predio y posterior tratamiento en especial en la fosa 9 requiriendo un control periódico de dichas tareas, sin perjuicio del control acordado por las partes, al Juez de Paz de la localidad de Bouwer (A.I. N° 408 del 23.12.13, fs. 198/205; dictamen del 19.12.13 del Fiscal de Instrucción de Alta Gracia del Primer Turno de fs. 194/195).-

V) Que con fecha 10.09.14 el titular de este Tribunal mantuvo su criterio (AI N° 558 del 14.11.13, fs. 149) y elevó las actuaciones ante el Tribunal Superior de Justicia a fin de dirimir la cuestión de competencia planteada (fs. 222 y 224).-

VI) Que con fecha 30.12.14 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba resolvió que en las presentes actuaciones debía entender este Tribunal (A.I. N° 496 del 30.12.14, fs. 242 y dictamen de la Fiscalía General del 11.11.14, fs. 228/232).-

VII) Que recibidas nuevamente las actuaciones por este Tribunal y atento lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, por decreto de fecha 18.03.15 se tuvo a las partes por presentadas y se emplazó a la Municipalidad de Córdoba a evacuar el informe del art. 8 de la Ley N° 4915, ofrecer la prueba que estime pertinente e informar en relación al estado de avance de las actividades necesarias para evitar la contaminación ambiental con motivo del enterramiento de residuos explotado por la Municipalidad de Córdoba conforme lo ordenado oportunamente por el Juzgado Civil de 1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia (fs. 251).-

VIII) Que con fecha 27.03.15 la Municipalidad de Córdoba la Ab. Verónica Barrios en representación de la Municipalidad de Córdoba presentó el informe referido al artículo 8 de la Ley 4915 (fs. 257/271), acompañando prueba documental (fs. 272/555). Sostuvo que la presente acción de amparo resulta formal y sustancialmente inadmisible por lo que corresponde que sea rechazada.-

Tras una negativa genérica, estimó que la demanda “no encuadra dentro de las previsiones de la Ley de Amparo N° 4915, en cuanto a los requisitos que la misma establece para que el Tribunal concede esta medida excepcional y extraordinaria que se pretende”. Seguidamente, desarrolló lo que consideró la falta de idoneidad de la vía elegida (art. 43 de la CN y el concordante art. 2 de la Ley provincial N° 4915), por existir otras vías aptas para la tutela del derecho vulnerado. Citó doctrina que estimó avala su posición. Tras definir lo que consideró como “daño ambiental”, referenció que “habrá daño ambiental cuando se ha superado un límite después del cual el medio no es capaz de restablecer por sí mismo su equilibrio. Por ello es que se hace necesario precisar que el daño ambiental se configura cuando la degradación de los elementos que constituyen el medio ambiente o el entorno ecológico, adquieren cierta gravedad que excede los niveles guías de calidad, estándares o parámetros que constituyen el límite de tolerancia que la convivencia impone necesariamente”.-

Referenció que mientras toda conducta puede tener cierto impacto en el ambiente, no toda actividad habrá de tener aptitud para provocar un daño ambiental; por cuanto resultaría esencial el instituto de la evaluación de impacto ambiental (EIA), exigido por ley, para analizar los efectos de toda actividad riesgosa. Adjuntó la siguiente documental que valoró: a) Informe hidrogeológico emitido por la Subdirección de Observatorio Ambiental; b) Monitoreo de Agua subterránea, laguna aeronia, anaerobia y de lixiviados; c) Monitoreo de emisión de biogás.-

Referenció que del estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales SECyT-UNC, nominado “Caracterización socioeconómica del área metropolitana de la ciudad de Córdoba” –que se acompañó al Informe- surge que en la localidad de Bouwer se detectan, además del vertedero, otras actividades que podrían afectar el ambiente, entre los que mencionaron: 1) Depósito Judicial Provincial de Automotores (con más de 50 años de antigüedad y que llegó a tener más de 20 mil vehículos; situación que se modificó en el año 2009, que comenzó una tarea de remoción de los vehículos, aunque no se han realizado tareas de remediación del suelo y del predio); 2) Industria Metalúrgica de Fundición de Plomo (que cesó su actividad en 2005 sin perjuicio de lo cual aún se encuentra en el predio restos de baterías de donde se obtenía el material para fundir y numerosas escorias de plomo, generando contaminación del suelo y del agua subterránea); 3) Fosa para la descarga de residuos (que fue utilizada por la empresa Renault para los residuos industriales). Tras citar jurisprudencia local en referencia a la acción de Amparo como vía excepcional, señaló que “…el amparo queda reservado a los supuestos en que las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una tutela judicial efectiva del derecho invocado, lo que no ha sido acreditado en lo más mínimo por el actor en su demanda. Así, resulta cuestionable la procedencia formal de la presente acción, si el actor ha soslayado con el amparo la vía administrativa y eventualmente la jurisdicción Contencioso Administrativa que el ordenamiento predispone para cuestionar actos que entienda ilegítimos de la Administración”. Resaltó que el Código Contencioso Administrativo de la Provincia (ley 7182) autoriza a requerir la suspensión de los efectos de los actos administrativos con lo que puede accederse a una jurisdicción revisora, competente y eficaz. Sostuvo que no existe lesión, toda vez que su mandante ha actuado en función del principio preventivo, precautorio y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente en actuar conforme con a las diversas autorizaciones que la autoridad de aplicación Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.-

Reiteró que el amparo no es la vía adecuada, por cuanto los actores no han siquiera invocado (menos aún, demostrado) que las restantes vías a su alcance para la protección de sus derechos sean inidóneas; invocando supuestos daños, que no se alcanza a percibir cuáles son; solicitando, en consecuencia, el rechazo del amparo con costas.-

Seguidamente, la apoderada de la demandada sostuvo la improcedencia sustancial por los siguientes motivos: 1) Falta de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta: en este sentido sostuvo que resulta innecesario el planteo de la vía del amparo, por cuanto no existe la urgencia que amerite la vía excepcional, sin que como antecedente exista un acto arbitrario y mucho menos sin encontrarse demostrado en autos la concreta lesión o concreta afectación que estaría sufriendo. Citó jurisprudencia que avala su posición y sostuvo que los extremos invocados por los amparistas no hallan correlato fáctico que les den sustento, a que las tareas efectuadas por la Municipalidad de Córdoba no consisten en un obrar que pueda producir daño ambiental sino de actividades en el marco de los límites impuestos por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, conforme la documental que se acompaña.-

Realizó una reseña de la situación por la cual se autorizó la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el predio, las empresas que prestaron servicio, resoluciones administrativas que autorizaron la actividad, hasta llegar al 01.04.10, fecha en que la Municipalidad de Córdoba procedió al cierre definitivo del predio de enterramiento sanitario y solicitó a la empresa prestaría del servicio público de recolección de residuos, el Plan de Cierre y Clausura del predio. Sostuvo que mientras y hasta tanto la etapa post-clausura se cumplimente, la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (C.RE.SE) continúa realizando el mantenimiento general del predio y presenta los ensayos correspondientes al monitoreo ambiental. Hizo mención del Informe Hidrogeológico del predio, dependiente de la Subdirección Observatorio Ambiental, de fecha 19 de Mayo de 2014 –cuya copia acompañóque sostuvo la conveniencia de utilización de ese predio como relleno sanitario controlado, que existen al menos siete perforaciones para el monitorio de diversos acuíferos subterráneos.-

Reiteró que “no pueden tildarse de lesivos o generadores de supuesto daño ambiental invocado por los amparistas, las tareas que viene desarrollando y ejecutando la Municipalidad de Córdoba, y que corresponden a la etapa de post clausura del predio de enterramiento –conforme los cirterios técnicos establecidos por el Consejo Provincial del Ambiente mediante resolución N° 101/98… La arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de las supuestas fuentes contaminantes –nueve fosas más una montaña de residuos sólidos, una fosa con residuos peligrosos líquidos y restos de un horno incinerador de residuos patógenosubicadas en el predio destinado al depósito de residuos sólidos urbanos que se tildan como lesiva no constituyen presupuestos de admisibilidad de la acción de amparo. El interrogante es dilucidad cuándo ‘los actos tendientes a la explotación de un establecimiento destinado al depósito de residuos sólidos urbanos’ revisten calidad de arbitraria o ilegal. Algo es manifiesto cuando aparece a los sentidos del hombre como ‘patente, claro, descubierto, evidente, indudable, innegable’.” Citó doctrina que estimó avala su posición.-

Negó que la Municipalidad de Córdoba realice actos que afecten derechos o garantías constitucionales de alguno de los accionantes y también negó que los habitantes de la comuna de Bouwer padezcan enfermedades cancerígenas y/o malformaciones como consecuencia de la actividad que se desarrollaba en el predio del enterramiento.-

Sostuvo que la Oficina Regional para Europa (de abril de 2000) realizó una publicación sobre métodos de evaluación de riesgos para la salud generados por la exposición a sustancias peligrosas liberados por rellenos sanitarios; y por lo tanto los parámetros citados por la actora (de los EEUU) no corresponde que sean aplicados en la localidad de Bouwer – a la vez que acompañó el referido informe-.-

Por otro lado, señaló que la Municipalidad de Córdoba encargó a la Universidad ISALUD un estudio sobre el informe presentado por la Agrupación Bouwer Sin Basura, la Municipalidad de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente en relación a las tasas de mortalidad en la zona donde se encuentra localizado el vertedero, que acompañó en copias. Hizo referencias a las conclusiones suscriptas por el Dr. Atilio Savino.-

En relación a las afirmaciones relativas a malformaciones en animales estimó que resultan absurdas, caprichosas e infundadas. Para ello, hizo referencia a un estudio y evaluación del estado y condición en que se encontraban los caninos alojados en los caniles ubicados en el predio de enterramiento solicitado a la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Del mismo, surge que el estado nutricional de los canes sueltos como los alojados en los caniles era excelente, algunos con sobrepeso, sin ectoparásitos, ni tampoco se constataron lesiones ni patologías y/o trastornos de comportamiento. Reiteró así que la antijuridicidad en el amparo debe surgir patente, sin labor investigativa de profundidad, por lo que debe rechazarse la acción por ser formal y sustancialmente improcedente. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

Por otro lado, en cuanto a la improcedencia sustancial, hizo referencia a la esfera privativa de los poderes municipales, compromiso del desenvolvimiento de una actividad esencial del Estado. En este aspecto, sostuvo que el poder de policía en lo que hace a la protección del ambiente y la salubridad de la población es una facultad que tiene el municipio junto con la provincia de Córdoba. Mencionó jurisprudencia que estimó avala su posición y sostuvo que “…el poder municipal se vería impedido de llevar adelante las tareas, si los jueves tuvieran atribuciones de disponer, en el marco de procesos sumarios, qué programas implementar para la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos”. Por ello, concluyó que el amparo resulta formalmente improcedente por encontrarse encuadrado dentro de los supuestos de exclusión de la vía previstos en el art. 2° inc. c de la Ley Provincial N° 4915.-

En tercer lugar, estimó inadmisible la vía intentada por necesidad de mayor debate y prueba, tal como lo regula el art. 2° inc. d) de la Ley N° 4915, toda vez que el caso en cuestión requiere y es susceptible de mayor debate y prueba que corresponde resolver por procedimientos ordinarios, no haciendo lugar a la vía sumarísima del amparo, porque lo contrario le estaría quitando el efecto residual que la caracteriza. El mayor debate y prueba que no se puede dar en la presente acción, podría encaminarse a demostrar que el efecto de la ejecución de tareas de remediación de un predio carece de efectos nocivos sobre el medio ambiente; que las tareas iniciadas no dañarían el medio ambiente. Finalmente, en el mencionado sentido sostuvo que “la determinación probatoria de las cuestiones aquí planteadas, es una cuestión que reviste complejidad técnica indisponible en el marco del debate que permite la acción de amparo”.-

En último sentido, en relación a la improcedencia sustancial, planteó la cuestión de la temporaneidad, sosteniendo que la acción resulta manifiestamente inadmisible en virtud de lo establecido en el art. 3 de la Ley 4915, toda vez que la demanda fue interpuesta en abierta violación del plazo establecido por el inciso “e” del artículo 2 de la precitada ley. Estimó que el plazo debía contarse a partir del día 01 de Abril de 2010, fecha en que se clausuró el predio y la Municipalidad comenzó las tareas de post clausura del predio.-

A continuación impugnó la documental acompañada por los actores y en particular el informe producido supuestamente por FUNAM de fecha 04 de Septiembre de 2013, como así la totalidad de las fotografías acompañadas en copias.-

Ofreció la siguiente prueba: Documental: a) Copia certificada del convenio de comodato suscripto entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba; b) Copia certificada de la Resolución N° 101/98 del 14 de Setiembre de 1998 emitida por el Consejo Provincial del Ambiente; c) Copia certificada del acta de transferencia de la Operación del Servicio de Tratamiento y disposición final de residuos entre la Municipalidad de córdoba y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA – Tecsan Ingeniería Ambiental SA UTE (antes Benito Roggio e Hijos SA – Ormas SAICIC). Enero de 2009; d) Copia certificada del acta de transferencia de la Operación del Servicio de Tratamiento y disposición final de residuos entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (C.RE.SE).-

Febrero de 2009; e) Copia autenticada del Certificado de Conformidad de Estado de sitio emitido por la Secretaría de Ambiente; f) Copia certificada de la Resolución N° 960/09 del 18 de agosto de 2009 emitida por la Secretaría de Ambiente; g) Copia de informe producido por la Comisión Técnica Interdisciplinaria, Área de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba; h) Copia certificada de Cédula de Notificación emitida por la Secretaría de Ambiente; i) Informe Hidrogeológico producido por la Subdirección Observatorio Ambiental del 19 de mayo de 2014; j) Copia certificada del Informe de Avance producido por la Universidad Nacional de Córdoba nominado “Caracterización Socioeconómica del Área Metropolitana de la Ciudad de Córdoba”; k) Copia del Informe de la Organización Mundial de la Salud “Método de Evaluación de Riesgos para la Salud generados por la Exposición a sustancias Peligrosas Expediente Nro. 1631945 – 12 / 39 Liberadas por Rellenos Sanitarios”. 10-12 de Abril de 2000; l) Copia certificada del Informe de la Universidad ISALUD “Análisis del documento presentado por la Agrupación Vecinal Bouwer sin Basura, la Municipalidad de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente”; m) Copia autenticada del Informe producido por la Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba; n) Copia certificada del Análisis de Barros producido por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional; o) Copia certificada del Informe de marzo de 2014 denominado “Monitoreo de Agua Subterránea, Laguna Aerobia, Anaerobia y de Lixiviados” producido por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional; p) Copia certificada del informe de junio de 2014 denominado: “Monitoreo de Emisión de Biogás” producido por el Centro de Investigación y Transferencia de Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional; q) Copia certificada del informe de octubre de 2014 denominado “Evaluación de la generación, captación y recuperación de Biogás” producido por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional; r) Copia certificado del informe de octubre de 2014 denominado “Análisis de muestras de suelo” producido por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional; s) Copia certificada de constancias de desinfección del predio por el período correspondiente a setiembre de 2013 –setiembre 2014 confeccionadas por la firma Empresa Profesional de Desinfección Ambiental (EPDA); t) Informe producido por la Dirección de Higiene Urbana sobre el cumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Auto N° 408 del 23 de diciembre de 2013; u) Las constancias de autos, en todo cuanto sea favorable al derecho de su representada.-

Seguidamente, resaltó que la totalidad de la documental se presenta en copia certificada por el Sr. Oficial Mayor de la Municipalidad de Córdoba, conservando el original y a disposición de este Tribunal.-

En relación a la medida cautelar dispuesta mediante Auto Interlocutorio N° 408 del 23 de diciembre de 2013 del Juzgado Civil de 1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia, señaló que la Municipalidad de Córdoba “…le requirió a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (C.RE.SE.) la presentación del Plan de Cierre y clausura del predio de enterramiento. Como consecuencia de ello, durante el año 2014, la mencionada empresa presentó diversos informes confeccionados –cuyas copias se acompañan al presente- por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional referidos a los Análisis de Barros, Monitoreo de Agua Subterránea, Laguna Aerobia, Anaerobia y de Lixiviados, Monitoreo de Emisión de Biogás, Evaluación de la generación, captación y recuperación de Biogás, Análisis de muestras de suelo”. Requirió que se tengan por cumplimentadas todas las actividades ordenadas por el tribunal como tutela judicial y al momento de resolver en definitiva rechace la acción impetrada con costas.-

Finalmente, hizo reserva del caso federal, por cuanto una decisión de la naturaleza constituiría un supuesto de sentencia arbitraria, habilitante del Recurso Extraordinario Federal por creación pretoriana de la CSJN; en los términos del art. 14 de la Ley 48, ya que en caso de prosperar la demanda se vulneraría el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la CN), defensa en juicio, debido proceso, derecho de propiedad (arts. 174 y 18 de la CN) y derechos complementarios como la forma representativa y republicana de gobierno, el régimen y autonomía municipal, independiente de los municipios respectos de los demás poderes del Estado y el derecho de ejercer regularmente su Poder de Policía, todo ello a partir de la Doctrina de la CSJN sobre sentencia arbitraria y gravedad institucional, en los términos de los fallos “Strada” y “Di Maschio”.-

IX) Que con fecha 07.04.15 se emplazó al Gobierno de la Provincia de Córdoba, Procurador del Tesoro, para que evacuara el informe previsto por el art. 8 de la Ley N° 4915 (fs. 562).-

Que con fecha 24.04.15 el Procurador del Tesoro de la Provincia acompañó informe correspondiente al art. 8 de la Ley provincial N° 4915 contestando la demanda, negó que exista alguna omisión en el cumplimiento de los deberes que impone la legislación vigente y que esa omisión haya lesionado los derechos que se invocan y que exista alguna ilegalidad y/o responsabilidad de su representada, por lo que solicita que sea rechazada la acción.-

Sentado ello, refiere en relación al predio que de las celdas uno a ocho en su mayoría fueron sometidas a proceso de evaluación y aprobación ambiental, lo que implica que las mismas fueron operadas acorde a la legislación ambiental vigente sin daño para el ambiente, entre otras consideraciones que estimó útiles.-

X) Previo a entrar al análisis del planteo efectuado por los amparistas, corresponde señalar que la reforma de 1994 incluyó los denominados Nuevos Derechos y Garantías en la Carta Magna nacional. Este reconocimiento expreso en el texto constitucional de algunos de esos derechos no es una cuestión novedosa ni privativa de este país, sino que se corresponde con la existencia de una corriente internacional tendiente a plasmar en letra legal los Derechos Humanos de la denominada “Tercera generación”, aunque la protección del ambiente se vincula con el derecho liminar del hombre, la vida.-

Téngase presente que los Derechos Humanos de primera generación habían sido receptados por la Carta Nacional de 1853, los de Segunda Generación por la Constitución de 1949 y, luego de su reforma, algunos de ellos se receptaron en el art. 14 bis. La tercera generación a la que nos referimos no sólo indica la obvia existencia de dos generaciones anteriores, sino que está hablando de una novísima concepción del hombre, en mejoramiento integral de su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en sociedad y un concepto actual referido a la verdadera función del Estado, el hábitat y el reconocimiento del agotamiento de los recursos naturales, los peligros para la propia subsistencia y la imperiosa necesidad de un cambio de costumbres como una obligación para la preservación del medio ambiente.-

Muchos de estos conceptos fueron objeto de pronunciamientos científicos doctrinales en foros internacionales e incluso jurisprudenciales pero no se hallaban incluidos en el texto fundamental aunque ya se los vislumbraba o entendía como implícitos.-

En la actualidad el hombre está tomando conciencia que de continuar con su actuación en ocasiones descuidada, o incluso depredadora, hacia el medio ambiente pone en riesgo su propia existencia y la de generaciones futuras.-

El reconocimiento y la defensa de estos derechos de tercera generación a través de normas efectivas y de obligatorio cumplimiento será la herramienta, tal vez última, que tenga el hombre para abonar su asignatura pendiente con los semejantes y con el planeta, por lo cual a los derechos de primera (garantías personales, derechos civiles y políticos) y segunda generación (económicos, sociales, laborales y culturales) se suman actualmente los llamados derechos de tercera generación, nuevos derechos o derechos de la solidaridad entre los que ya se han identificado el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Esta serie de Derechos Humanos comprende por primera vez en la historia, la delicada situación que se plantea referida a la propia supervivencia. En esta inteligencia nuestra Constitución Nacional incorporó en el art. 41 Nuevos Derechos y Garantías referidos al ambiente, el que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.-

Se trata de una norma que le otorga al ambiente el reconocimiento de máximo rango entre los nuevos derechos y garantías y resulta plenamente operativa. Por el reconocimiento de los derechos que formula resulta una norma garante de carácter general e individual –reconoce derecho a todos y cada uno de los habitantes- y en función de las prescripciones de los artículos 42 y 43, reconoce también derechos grupales y de legitimación judicial referida a cuestiones de incidencia colectiva; e impone una carga para la Nación y para las jurisdicciones locales, tanto provinciales como municipales, de legislar y realizar actividades concretas en materia de derecho ambiental.-

La norma constitucional comienza el tratamiento de la cuestión con la fórmula “Todos los habitantes gozan del derecho”. Ello implica el reconocimiento que en forma tanto colectiva como individual se pretende reconocer a cada uno de los habitantes de nuestro país.-

Este derecho aún de carácter individual no obsta a que asuman ciertos casos por tener un muy importante grado de trascendencia, un grado de significación superior y sea identificado también como de “incidencia colectiva”, por cuanto el riesgo es de carácter general. Ello importa que el derecho ambiental es reconocido como el derecho a la vida, en principio, como un bien personal, pero que atento al medio que puede llegar a ser afectado, ese derecho asume un grado de trascendencia superior, siendo legitimados otros actuales o incluso potenciales afectados.-

El reconocimiento del derecho al ambiente, como todo el resto de los derechos, no es de carácter absoluto y debe ejercerse en función de las leyes que reglamentan su ejercicio y en concordancia con las cargas que la propia norma dispone. En el mismo párrafo que se reconoce el derecho al ambiente la norma explicita que refiere la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental. De forma que la norma, con idéntico rango, reconoce derechos y obligaciones a cargo de todos los habitantes y del Estado, garante de ambas. La obligación de recomponer el ambiente es una cuestión de importancia superlativa, toda vez que la pretensión del constituyente no se agota en la categorización del daño, sino que persigue el cese y pretende que se minimice el daño y se reestablezca el estado de cosas, en la medida de lo posible, a la situación anterior con la menor afectación (conf. Pierini Alicia y otros: Derecho Ambiental, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007).-

En síntesis, con la reforma constitucional se genera una concepción a partir de la cual el hombre es “parte” del medio ambiente, y, por lo tanto, “se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir el daño al ambiente independientemente de la afectación individual” (Corte Sup, 27/2/2001, por A.318 XXXIV-“Almada, Hugo N. V. Copetro S.A. y otros. JA 2001-III-305, con nota de Augusto M. Morello y Néstor A. Cafferatta. LL Suplemento de Jurisp. Derecho Administrativo, 26/06/2002, con nota de Nélida Daniele, citado en autos “SAVID, R. c/Municipalidad de La Calera-Amparo- S. 84 del 23.04.13, del Juzgado de Conciliación de Cuarta Nominación de la ciudad de Córdoba).-

Nuestro máximo Tribunal provincial, en oportunidad de expedirse en un amparo relacionado a la materia ambiental sostuvo: “En el ordenamiento argentino, basta remitirse a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional que han incorporado la denominada cláusula ambiental que recepta el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales…”. Como se aprecia, se contempla al ambiente sano como un bien jurídicamente protegido y, en consecuencia, como un derecho fundamental. A su vez, se aclara que el fin mediato de su protección no es el cuidado de la naturaleza en sí misma, sino el cuidado del hombre y el afianzamiento de su dignidad mediante el cuidado de sus condiciones vitales; por ello el bien jurídicamente protegido es el ambiente en sus factores ecológicos y culturales. Queda claro que, si bien se persigue la protección del bien jurídico ambiente, ello es a los fines del interés del hombre. Así se pronuncia la Declaración de Río de Janeiro en su primer principio al sostener “…los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Un ambiente sano y digno constituye la condición primordial para la existencia física y psíquica del hombre. De allí la relación directa entre la protección del ambiente y el derecho a la vida. Se trata de promover el desarrollo humano, cuyo objetivo importa la preservación del ambiente imponiendo límites a la actividad productiva, en tanto ésta comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y venideras. En esa línea de ideas se inscribe la Ley General del Ambiente n° 25.675, en cuanto establece en su artículo 6 los presupuestos mínimos que el artículo 41 de la Constitución Nacional anticipa, fija los objetivos y los principios rectores de la política ambiental, y los instrumentos de gestión para llevarla a cabo (arts. 2, 4 y 8). La referida ley ha instaurado un régimen jurídico integrado por disposiciones sustanciales y procesales -destinadas a regir las contiendas en las que se discute la responsabilidad por daño ambiental-, y ha consagrado principios ordenatorios y procesales aplicables al caso, y que deben ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley. Específicamente, el más Alto Tribunal nacional ha señalado que en la misma senda se engasta la Ley n° 25.916 “…en cuanto establece con relación a los residuos domiciliarios los presupuestos mínimos de protección ambiental que el artículo 41 de la Constitución Nacional anticipa, fija los objetivos de las políticas ambientales de carácter nacional vinculadas con esa cuestión específica, dispone que las autoridades competentes que determinen cada una de las jurisdicciones locales serán responsables de la gestión integral de los residuos producidos en su jurisdicción, y que deberán establecer sistemas adaptados a las características y particularidades de cada región, dictando las normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de sus disposiciones (artículos 1°, 4°, 5° y 6°). A su vez, regula la recolección y transporte de los residuos domiciliarios (capítulo IV), como así también su tratamiento, transferencia y disposición final (capítulo V) -entre otras cuestiones-…”.–En lo que respecta al ambiente el artículo 11 del texto de la Constitución de Córdoba establece que “El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales”. Pero incluso, más allá de tal reconocimiento expreso, es un lugar común que el derecho a la salud es un sustratum indispensable para el ejercicio de otros derechos, es una precondición para la realización de valores en la vida y en el proyecto personal. Tal como lo señala el Comité de Derechos Económicos y Sociales en la Observación General nº 14 (2000), cuando en su primer punto determina que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Al respecto, y en sentido coincidente, expresamos nuestro convencimiento de que “…la salud no sólo debe ser garantizada porque es un derecho que está positivizado (…) sino porque es antes que ello, un objetivo de derecho natural confiado a la custodia del Estado. Huelga decir que es tal: derecho natural; por ser sin más él mismo, una clara extensión prolongación, derivación o corolario- del mismo derecho a la vida. El derecho a la salud en definitiva no puede ser pensado disociadamente del derecho a la vida; la ausencia de salud es primero enfermedad y finalmente novida; obviamente que también entre nacer y morir, el mencionado derecho a la salud se interrelaciona con una totalidad de otros derechos, que hacen seriamente pensar que sin salud aunque ontológicamente es antes siempre la vidaresulta inaccesible gozar de otros derechos”, autos “Savid, R c/ Municipalidad de La Calera – Amparo – N° 216925/37 Casación”, S. N° 357 del 11.08.14; argumentos que comparto y hago propios.-

Luego de referir el marco constitucional en el que la cuestión es traída por vía de la acción de amparo a este Tribunal, y respondiendo a los planteos de la Municipalidad de Córdoba en relación a la falta de legitimación (tanto activa como pasiva) y la idoneidad vía escogida, corresponde señalar que la Ley 4915 debe ser interpretada de manera integral con lo que dispone el artículo 43 de la Constitución Nacional.-

En orden a la legitimación activa, es dable señalar que el párrafo segundo del art. 43 de la C.N. los sujetos legitimados para articular el amparo son: a) el afectado, que es el habilitado en general para interponer cualquier amparo, a tenor de la primera parte del mismo artículo; b) el Defensor del Pueblo, a quien el artículo 86 de la Carta Magna le confiere expresamente legitimación para el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentran la defensa y protección de los Derechos Humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional; y c) las asociaciones que propendan a los fines vinculados con el amparo, “registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.-

Por su parte, la Ley General del Ambiente (N° 25.675) resulta lo suficientemente amplia y garantizadora del derecho a la justicia en materia ambiental. Así, reconoce legitimación activa al afectado, al damnificado, a las organizaciones ambientalistas, al defensor del pueblo y al Estado para interponer la acción de recomposición del daño ambiental. El artículo 30 de la Ley 25.675 dispone: “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción”.-

En pocas palabras, la ley dispone una legitimación amplia para llevar adelante, una vez producido el daño ambiental colectivo, la acción tendiente a recomponer el ambiente dañado.-

Existen esencialmente tres posturas en relación a cómo debe interpretarse el término afectado: una primera que podríamos denominar “amplia o flexible”, una segunda que sería “moderada” y finalmente una “restrictiva o restringida”.-

La tesis “amplia”, expuesta principalmente por Rivas, entiende que la reforma constitucional ha instaurado una verdadera acción popular, autorizando a cualquier ciudadano, por la mera razón de serlo, a interponer acción de amparo. Para justificar su posición, advierte que existe una contradicción entre lo dispuesto por el artículo 41 de la Carta Magna Federal que refiere a “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano” y el segundo párrafo del artículo 43 del mismo cuerpo legal que limita la legitimación al “afectado”. Resuelve la controversia dando preeminencia a la fórmula amplia del artículo 41 de la Constitución Nacional que la expresión “afectado” del segundo artículo referido debe ser interpretado a la luz de aquella norma, siendo equivalente a todo ciudadano.-

En definitiva, entiende que si bien la norma habla del “afectado” como sujeto singular, puede serlo perfectamente un conjunto humano; siendo preciso para ello que tengan una ligazón o presupuesto de lesión común, por ejemplo, ser vecino o tener alguna modalidad de interés en el lugar o sitio donde o con respecto al que se lleva a cabo la conducta lesiva, aun cuando no se trate de un habitante o residente efectivo (Rivas, Adolfo Armando: El Amparo, Tercera Edición, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 2003, pg. 776).-

Por otro lado, la postura “intermedia” entiende que el artículo 43 ha ampliado la legitimación para promover la acción de amparo a sujetos distintos de los afectados en forma directa en un derecho subjetivo. Es decir, que estarían autorizados a accionar no sólo quienes sean titulares de un derecho subjetivo sino también quienes sean titulares de un interés legítimo o difuso que haya sido lesionado.-

Se enrolan en esta posición Gozaíni, Sagües, entre otros, quienes entienden que cuando los intereses del pleito trascienden la órbita del desenvolvimiento personal, la calidad individual se obnubila frente a lo público que afecta a los derechos en juego, y por ende las respuestas no pueden ser generales o idénticas al presupuesto ordinario (Gozaíni, Osvaldo Alfredo: Amparo , Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2002, pg. 333).-

Finalmente, la doctrina “restringida” entiende que sólo tienen legitimación los sujetos titulares de derechos subjetivos. Se enrolan en esta posición Barra, Torricelli y Palacio De Caeiro (conf. Hiruela de Fernández María del Pilar: El Amparo, Editorial Alveroni, Córdoba, 2002, pg. 130).-

Sobre esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo en autos “Club De Derecho (Fundación Club De Derecho Argentina) y otros – c/Municipalidad De Malvinas Argentinas- Amparo N° 218019/37 – recurso directo”, resuelto mediante A.I. N° 13 de fecha 23.04.13 que: “…Al respecto la doctrina acuñada por este Tribunal Superior de Justicia desde la causa “Gonzalez” ha apuntado que cuando quien interpone el amparo es el “afectado”, pretendiendo tutelar incluso derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar sólo está asignada a quien acredite la preexistencia de un derecho subjetivo, esto es de un agravio propio, directo y concreto de un derecho o garantía constitucional. Entonces, no es cualquier persona del pueblo que, en cuanto tal, sufre las consecuencias del acto u omisión, sino quien en forma particular y diferenciada resulte agraviado por él. Siendo ello así, es necesario que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio de orden personal, particularizado y concreto y además, susceptible de tratamiento judicial. En base a tales presupuestos, cabe señalar que no basta a tal fin invocar la calidad de vecinos del Municipio de Malvinas Argentinas con domicilio en dicha localidad, ya que en dicha calidad son portadores de un interés de una generalidad tal que se confunde con el de todos los ciudadanos en el ejercicio de las funciones de gobierno, lo que deformaría las atribuciones del Poder Judicial ya que son las restantes ramas de poder las destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad de naturaleza política a la que es ajeno el órgano jurisdiccional. Aceptar la legitimación de los amparistas en el carácter de habitantes o ciudadanos implicaría la aplicación lisa y llana de la acción popular que está excluida de nuestro sistema jurídico. Por tanto, y a los fines de demostrar tal aptitud, quienes se han presentado como actores deberían explicitar los motivos y razones en virtud de los cuales se hallan en dicha situación especial frente al acto cuestionado en estos obrados, circunstancia que a esta altura de los acontecimientos no se encontraría claramente cumplimentada. En este sentido, cuestiones tales como una particular relación de vecindad en virtud del domicilio de las partes, entre otras, hubieran permitido sustentar el agravio diferenciado que requiere esta clase de acciones.”.-

De tal modo, es la situación que se da en el presente caso toda vez que surge de las constancias obrantes que vecinos de la localidad de Bouwer en su carácter de afectados y habiendo acreditado vecindad con el predio objeto de la demanda, recurren por vía de esta acción a efectivizar sus reclamos (ver constancias de los domicilios mencionados en DNI, actas de nacimiento, certificados de domicilios, declaraciones juradas, partidas acompañadas, entre otras, ver fs. 22/94).-

En orden a la legitimación activa de la FUNAM y Club de Derecho Argentina, tal como hemos sostenido, el art. 43 de la C.N. prevé que tienen legitimación activa las asociaciones que propendan a esos fines. En el fallo precedentemente citado, el Máximo Tribunal expresó que: “Por otra parte, cuando se trata de “asociaciones que propendan a esos fines” este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Asociación Hospital de Urgencias” ha dicho que, básicamente, la cláusula constitucional mencionada considera necesario que la finalidad de las asociaciones intermedias tenga relación con el objeto controvertido en el amparo. A fin de evaluar tal extremo, la doctrina afirma que se debe tener en cuenta en primer lugar, entre algunos elementos iniciales, el objeto, destacando que no puede considerarse los que posean una amplitud tal que les permita iniciar cualquier acción en defensa de cualquier derecho, al estimar que de allí a la acción popular solo falta recorrer un solo trecho. A la luz de tal consideración, cabría reflexionar en la especie acerca de la generalidad del objeto social de la entidad actora, puesto que el Estatuto Club de Derecho establece en el inciso 4° de su segundo artículo que tiene por objeto “Monitorear, promocionar y procurar el cumplimiento de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, medioambientales, sociales y culturales en Argentina. Detener y remediar las prácticas violatorias de éstos”. No obstante ello y atento la trascendencia de la materia, no resulta pertinente en esta instancia en particular ni en esta etapa del proceso ahondar sobre dicha cuestión” (A.I. N° 13 del 23.04.13).-

Así las cosas, de las constancias obrantes (Estatuto acompañado en fs. 106/112) se advierte que la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) se constituye entre otros fines para “solucionar y contribuir a la solución de los problemas ambientales y al mejoramiento y mantenimiento de la salud pública”, por lo que cabe reconocer su legitimación sustancial. Por otra parte, en los presentes autos la situación resulta análoga al fallo precedentemente reseñado en relación a la legitimación activa del Club de Derecho; por lo cual, más allá del objeto amplísimo que plantea el Estatuto referido, conforme la trascendencia de la materia traída a estudio de este Tribunal, y atento a la normativa constitucional esbozada, estimo que corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación interpuesta por la demandada.-

En otro orden de ideas y adentrándonos a la excepción de falta de personería incoada por la Municipalidad de Córdoba, si bien en este tipo de procesos no se pueden articular excepciones previas (art. 16 de la Ley 4915), es preciso destacar que en materia de acreditación de apoderamiento debe regir un criterio amplio, en pro de la validez del mandato dado que la “ratio legis” está en facilitar y no frustrar la tramitación del amparo (conf. Hiruela de Fernández María del Pilar: Ob. Cit, pg. 132).-

En definitiva, quienes inicien la acción de amparo en nombre y representación de otro, como ha acontecido en los presentes, deben invocar el carácter que invisten y justificar formalmente su personería acompañando los documentos que acrediten la representación aducida, lo que acontece en el presente. Aún más, Sagües sostiene que “cuando el demandante actúa por derecho propio, no necesita el patrocinio letrado. Tampoco es éste exigible por vía supletoria, en el ámbito civil, por ejemplo (art. 56, Cod. Proc. Civil y Com. de la Nación), puesto que la norma específica del amparo no requiere tal recaudo” (Sagües, Néstor Pedro: Acción de amparo, Cuarta Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, pg. 360).-

Este tribunal no desconoce la doctrina opuesta a la señalada por el prestigioso constitucionalista, ya que hay quienes sostienen que la institución del asesoramiento letrado ha sido instituida en beneficio de la parte para garantizarle una defensa idónea a sus derechos (conf. Hiruela de Fernández María del Pilar: ob. cit, pg. 132).-

Sin perjuicio de lo señalado, surge de la diligencia obrante a fs. 250 que el Ab. Federico Macciocchi manifestó ser abogado de la parte actora. Tal aclaración surgió como consecuencia de lo confuso del libelo introductorio de la demanda, donde manifestaba comparecer en nombre y representación del Club de Derecho Argentina, sin especificar si era el patrocinante o no de los vecinos afectados (fs. 1/18).-

Por otro lado, la Municipalidad de Córdoba opone excepción de falta de legitimación pasiva , argumentando que en la actualidad se encuentra ejecutando las tareas de pos clausura del enterramiento sanitario de los residuos urbanos y que por ende no está realizando actos de ninguna naturaleza que pudieran lesionar los derechos y garantías constitucionales de los amparista, sino que por el contrario insiste que está realizando las tareas correspondientes y que por lo tanto no existe ni remotamente daño inminente.-

De manera preliminar y, sucintamente, cabe poner de resalto que el legitimado pasivo es el sujeto autor-responsable del acto u omisión que viola un derecho constitucional, sea este un particular o una autoridad pública. Así las cosas, no surge de las constancias de la causa el basamento para cuestionar la legitimadad pasiva por parte de la Municipalidad de Córdoba, quien lejos de controvertir su obligación de reparar el posible daño ambiental (lo que será objeto de análisis más adelante), admite encontrarse realizando las tareas de pos clausura del predio conforme el Estudio de Impacto Ambiental.-

Téngase en cuenta que la propia apoderada de la Municipalidad de Córdoba, Ab. Verónica Barrios en oportunidad de realizarse la inspección ocular del predio, con fecha 16.12.13 (medida dispuesta por la Dra. Vigilanti, Jueza Civil de 1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia) manifestó que sin perjuicio de lo que conteste en el Informe del art. 8 propone topar los residuos existentes, compactar los residuos y cubrirlos con tierra, que ahora tienen previsto ya que hasta ese momento no contaban con ello, continuar con la recolección de los líquidos lixiviados para su posterior tratamiento; agregó que se encuentran realizando controles y monitoreos y que no se oponen a que el Tribunal realice controles.-

De tal modo, la falta de legitimación pasiva por parte de la Municipalidad de Córdoba se desvanece, toda vez que la propia demandada reconoce ser quien se encuentra realizando tareas vinculadas a la pretensión objeto del presente litigio (cierre de fosa, monitoreo de aguas subterráneas, control de barros, etc.) de lo que se infiere que el ente municipal es el responsable del predio.-

La Municipalidad de Córdoba también cuestiona la procedencia de esta acción, toda vez que entiende que no se configura el requisito previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en tanto exige para su procedencia que no exista otro medio judicial más idóneo, el que entendió es concordante con el artículo 2°, inciso a) de la Ley 4915. Enfatizó que la parte actora no ha iniciado actuación administrativa alguna, de manera previa al inicio de la presente acción de excepción y por ende el amparo resulta improcedente.-

La cuestión se plantea en orden a si el amparo es una acción directamente operativa o bien, si se trata de una vía excepcional y subsidiaria, en relación a la existencia de otro medio judicial más idóneo.-

Sobre la inexistencia de “vías judiciales más idóneas” existen distintas posturas.-

La primera tesitura, que la podríamos denominar amplia, considera que de acuerdo al artículo 43 es una acción alternativa para el interesado, no subsidiaria, directamente operativa, dejando de ser un proceso de excepción, para convertirse en uno ordinario. Para esta corriente, sólo si existe un remedio judicial “mejor” que el amparo, es decir, más expedito, rápido o eficaz, el amparo no será viable; si hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear a este o al otro camino procesal.-

Para esta corriente, el amparista no está obligado a agotar los procedimientos administrativos, ya que el artículo 43 de la C.N. sólo inhabilita la vía del amparo si existe otro medio judicial más idóneo (conf. Sagües: Nestor Pedro: ob. cit, pg 666).-

Una segunda tesis, que podría denominarse “intermedia” entiende que la reforma constitucional de 1994 suprimió la necesidad de agotar las vías administrativas pero que subsiste la carga de quien interpone el amparo de acreditar la ausencia o ineptitud de las vías judiciales para reparar el perjuicio.-

Dicho en otras palabras, le imprime carácter subsidiario a la acción, por cuanto sólo resultaría viable frente a la inexistencia de otra vía judicial más idónea (conf. Hiruela de Fernández María del Pilar: ob. cit., pg 33).-

Finalmente, una última tesis, que podríamos llamar “conservadora” o “restrictiva”, pregona que el amparo es una vía supletoria y excepcional pese a la reforma constitucional. Esta corriente sostiene que el amparo procede sólo en los supuestos de inexistencia de otros remedios o recursos judiciales o administrativos “más idóneos”, entendiendo por éstos a los que resultan igualmente eficaces para la tutela del derecho vulnerado. En definitiva, la “vía más idónea” no es la “más rápida”, sino la más adecuada a la naturaleza de la cuestión debatida (conf. Ibidem, pg. 34).-

Sagües al explicar ésta última tesitura puntualiza: “Queda por aclarar, y ello es muy importante, si la reforma exime al demandante del amparo de emplear los remedios administrativos idóneos para la tutela de su derecho. Si esas vías administrativas no fuesen útiles (por su lentitud, por no preveer medidas cautelares indispensables para el caso, por causar agravio irreparable, etc.) desde luego que no está obligado a transitarlas, y puede articular directamente el amparo judicial…” (obra citada).-

En definitiva, el amparo sólo queda supeditado a la ausencia de otra vía judicial ‘más idónea’, excluyéndose la condición de inexistencia de remedios administrativos. Y así debe interpretarse el inciso a) del artículo 2 de la Ley provincial 4915 luego de la reforma constitucional de 1994. En otras palabras, desde una perspectiva literal, del texto constitucional se deduce que la condición de las ‘vías administrativas previas’ ha sido eliminada y en consecuencia el amparo tiene acceso directo aún cuando existan trámites administrativos que soporten idénticas cuestiones planteadas (conf. Hiruela de Fernández: ob. cit., pg. 30).-

En el fallo ya citado el Máximo Tribunal de la provincia, refirió que en materia de amparo, más que en ninguna otra, debe destacarse la importancia del caso concreto. Ello impone que las pautas primarias de procedencia de esta vía deben adaptarse a las particulares circunstancias de cada asunto, las que pueden ser determinantes de una variada solución.-

Refirió que la cuestión sometida a consideración encarnaba no sólo una cuestión ambiental sino que además, como es afín a su naturaleza, implica la defensa del derecho a la salud del amparista y su familia, contexto en el cual no se puede dejar de advertir que cualquier examen de un caso donde esté de por medio la salud, y con el ella, el derecho a la vida de las personas, debe partir necesariamente de un pormenorizado análisis de las circunstancias vitales particulares y singulares que subyacen al planteo, en aras de dotar de equidad a la solución que se procure (“Savid”, A.I. N° 357 del 11.08.14).-

Por ello, y atendiendo al objeto de la presente acción, que pretende el cese del daño y la recomposición del ambiente, derechos de raigambre constitucional, corresponde admitir la presente vía.-

Introduciéndonos ahora en la cuestión sustancial de si existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte de las demandadas y determinar si con su actuar, en forma actual o inminente se estaría lesionando, restringiendo, alterando o amenazando el derecho constitucional al medio ambiente al que hemos hecho referencia, examinaremos la situación del predio en cuestión a la luz de los principios ambientales comprendidos en la normativa vigente. La misma la integran la Ley General del Ambiente Ley nacional N° 25.675, sancionada el 06.11.02 y promulgada el 27.11.02 y Leyes provinciales N° 7343 de Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente, sancionada el 29.08.85 y publicada el 27.09.85 con sus Decretos Reglamentarios N° 3290/90, 458/00, 2131/00 y 1751/11 y N° 10.208 de Política Ambiental Provincial,, sancionada el 11.06.14 y publicada en el Boletín Oficial el 27.06.14; y sus Anexos: 1. Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, 2. Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de Estudio de Impacto Ambiental y 3. Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o Acción propuesta -aviso de proyecto- y Decretos reglamentarios N° 247/15 y 248/15 del 07.04.15 y 288/15 del 21.04.15 que la integran, como así también la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios N° 25.916 publicada el 07.09.04 y la Ley Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU N° 9088 sancionada el 26.02.03 y publicada el 13.03.03.-

De la legislación reseñada surgen los principios ambientales que orientan el cuidado y protección del medio ambiente. Expresamente la normativa referenciada, tanto nacional como provincial en sus artículos 4 (tanto de la Ley provincial N° 10.208 como nacional N° 25.675) al regular la ejecución política ambiental afirman que se garantizará para su desarrollo el cumplimiento de los principios ambientales y sus presupuestos mínimos describiéndolos. Así el artículo 4° de la Ley 10.208 establece: “a) Principio de congruencia: la legislación provincial, municipal y comunal referida a lo ambiental debe ser adecuada a los principios y normas fijados en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-; en caso de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga; b) Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir; c) Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente; d) Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deben velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras; e) Principio de progresividad: los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos; f) Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente -actuales o futuros- es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan; g) Principio de subsidiariedad: la Provincia, los municipios y las comunas, a través de las distintas instancias de la administración pública, tienen la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales; h) Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras; i) Principio de solidaridad: la Provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos, y j) Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional”.-

En síntesis, el planteo central de los amparistas anida en que el funcionamiento del predio de Potrero del Estado, de la localidad de Bouwer, en el que por más de 30 años se depositaron residuos urbanos e industriales, funcionó un horno de incineración de residuos patógenos y funciona una planta de tratamiento de lixiviados produjo y sigue produciendo contaminación en general en el lugar, tanto en el suelo, el aire y el agua que compromete la salud de los vecinos hasta incidir incluso en la tasa de mortalidad media y perinatal de esa localidad y en los animales de la zona. Solicitan que cese el daño ambiental producido por: el vertedero de residuos sólidos urbanos, el depósito en altura de residuos sólidos urbanos de la fosa 9, gases producidos por las fosas ya rellenadas (1 a 8 y 9), los líquidos lixiviados remanentes de las fosas rellenadas, instalaciones remanentes del incinerador de residuos patógenos y el provocado por los residuos industriales –residuos peligrosos- situados al sur de la fosa 9.-

Los propios vecinos afirman que si bien a partir del 01.04.10 no ingresaron más residuos sólidos urbanos al predio (fecha en la se dejó de utilizar el predio para disposición final de residuos domiciliarios) no obstante ello las actividades desarrolladas durante tantos años (fosas, vertederos, gases, horno incinerador de residuos patógenos, residuos industriales, etc.) dejaron consecuencias lesivas y contaminantes que afectan en la actualidad su salud y las condiciones de vida en el lugar, las que deben ser reparadas para evitar mayores daños (ofrecieron como prueba testimoniales, informativa, encuestas ambientales, entre otras).-

A los fines de proseguir con la presente acción se consideró lo solicitado por los vecinos de la localidad de Bouwer y se examinó que conforme a la reglamentación vigente, si bien en el predio a partir de la fecha mencionada no ingresaron más residuos (de acuerdo a lo acordado por estos con las autoridades de la Municipalidad de Córdoba) tampoco a la fecha el mencionado ente municipal, responsable de la utilización del predio durante más de 30 años, presentó el Plan de Cierre y Clausura con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que conforme a la reglamentación vigente debe ser sometido a evaluación y aprobación por la Autoridad de Aplicación.-

En efecto, si bien la Municipalidad en oportunidad de ser citada por el Juzgado Civil de 1° Nominación de Alta Gracia y de concurrir a través de su apoderada conjuntamente con los actores, al predio a los fines de realizar una inspección ocular se comprometió a realizar medidas de reparación ambiental (entre ellas continuar con el rellenado de la fosa 9 y el tratamiento de lixiviados de la planta que aún funciona en el lugar); ello no implica que con tales actividades se suplante, o se postergue o evite la presentación del correspondiente Plan de Cierre y Clausura, Estudio de Impacto Ambiental y su aprobación.-

De los informes adjuntados por las partes surge que es la Municipalidad de Córdoba la responsable del funcionamiento del predio (ver comodato de fs. 275/278 y resolución N° 101/98 del Consejo Provincial del Ambiente), aún habiendo cesado, reitero, el ingreso de residuos sólidos urbanos el día 01.04.10 (ver comodato, fs. 304), por disposición del Departamento Ejecutivo municipal. Este cierre anticipado, implicó en esencia una modificación del proyecto original de la fosa 9 (aprobado por resolución N° 101/98 del Consejo Provincial del Ambiente, entonces autoridad de aplicación provincial).-

Otra circunstancia a tener en cuenta es que atento al crecimiento y al aumento de la población, los residuos sólidos urbanos también aumentaron y con el paso del tiempo se fueron construyendo otras fosas en el predio. Cuando ya se habían llenado las fosas 1 a 8 y ante la necesidad de abrir una nueva, la Municipalidad de Córdoba proyectó y planificó la construcción de la fosa 9 (en el año 1998), la que fue realizada teniendo en cuenta los avances tecnológicos del momento y la normativa legal a esa época vigente. La fosa 9 es la única que se realizó con membrana en su parte inferior para evitar el traspaso de los lixiviados a las capas de las aguas subterráneas, construyéndose allí también la planta de lixiviados que permitió el tratamiento de los mismos, luego de ser extraídos mediante mangueras y bombas de pozos estratégicamente ubicados a lo largo de la fosa.-

En tal sentido, es importante resaltar que en el año 1998, la Municipalidad de Córdoba obtuvo la aprobación por parte del Consejo Provincial del Ambiente (en ese momento autoridad de aplicación) para el “Tratamiento Final de Residuos: Enterramiento Sanitario de los Residuos Urbanos e Incineración de Residuos Patógenos”, de Bouwer (Resolución N° 101/98 del Consejo Provincial del Ambiente, fs. 279/286). El horno de incineración de residuos patógenos, fue cerrado en el año 2008, tramitándose el Expediente N° 0425-054626/98 en la Secretaría de Ambiente, según el cual la empresa Cliba (que operaba las instalaciones) presentó el Informe de Cierre de Hornos Pirolíticos de Residuos Patógenos, que tras el procedimiento administrativo de rigor (con los informes pertinentes de las áreas técnicas correspondientes) fue aprobado con fecha 18.08.09 por la Secretaría de Ambiente de la Provincia (ver fs. 300/301).-

Que atento a ello, y trascendiendo el objeto de la presente acción de amparo al funcionamiento específico de la fosa 9, dirigiéndose el reclamo de los vecinos de Bouwer a la protección y reparación del ambiente en general (suelo, aire y agua) de todo el predio en virtud de la actividad desplegada durante más de tres décadas por la demandada en el predio de enterramiento ubicado en Potrero del Estado, se advierte, que la Municipalidad de Córdoba si bien ya no deposita más residuos domiciliarios en el lugar aún no ha presentado el Plan de Cierre y Clausura y el Estudio de Impacto Ambiental de ese proyecto que debe ser, como ya dijimos, evaluado y aprobado por la autoridad de aplicación que hoy es la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de conformidad a la Ley 10.208 y sus Anexos.-

La circunstancia de que la Municipalidad de Córdoba se encuentre, a la fecha, realizando actividades en la fosa 9 –movimiento de suelos, seguimiento de controles y monitoreo de aguas subterráneas, barros y venteo de gases- tal como ha acreditado, incluso con la participación del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, no la eximen de la obligación de presentación del Proyecto de Cierre con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.-

Ello más aún, teniendo en cuenta la envergadura, extensión, tiempo de utilización, y actividades desarrolladas en el lugar (donde, como mencionamos, también funcionó un horno de incineración de residuos patógenos, residuos industriales, ocho fosas de residuos domiciliarios ya cerradas y la mencionada “fosa 9” que permanece abierta, ver acta de inspección ocular de fs. 178/180 y 186/187) es determinante la presentación del Plan de Cierre y Clausura mencionado con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a los fines de determinar posible contaminación ambiental actual o inminente y tomar las medidas y recaudos necesarios para hacer cesar –en su caso- el mismo, reparar el suelo, tierra o aire que pudiera haber sido afectado o que se encontrara en riesgo de ser contaminado, de conformidad a los procedimientos técnicos y legales vigentes y a la tecnología disponible actualmente para el tratamiento y remediación de predios que han sido utilizados para similares fines.-

La Municipalidad le requirió a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) y ésta durante el transcurso del año 2014 presentó diversos informes, entre ellos los realizados por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional referidos a los Análisis de Barros, Monitoreo de Agua Subterránea, Laguna Aerobia, Anaerobia y de Lixiviados, Monitoreo de Emisión de Biogás, Evaluación de la generación, captación y recuperación de biogás, Análisis de muestras de suelo (ver fs. 270 vuelta y siguientes).-

De las propias manifestaciones de la apoderada del ente municipal surge que, más allá de los resultados de los estudios ambientales acompañados, el Plan de Cierre y Clausura del predio no ha sido presentado y tampoco, en consecuencia, la aprobación a través del proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad de aplicación (Secretaría de Ambiente de la Provincia), para garantizar no sólo la pertinencia de las tareas a desarrollar sino también la participación ciudadana en el proceso administrativo.-

Siendo ésta la instancia legalmente prevista y la herramienta necesaria para poder atender las inquietudes y preocupaciones de los amparistas y vecinos de Bouwer ante su reclamo y de la posible contaminación general del ambiente en esa localidad, con consecuencias dañinas para la salud de las personas y el equilibrio del medio ambiente del lugar.-

En síntesis, el predio fue utilizado por más de 30 años como lugar de disposición final de residuos sólidos urbanos por parte de la Municipalidad de Córdoba y los otros municipios y comunas, también se depositaron residuos industriales de la empresa Renault; funcionó un horno de incineración de residuos patógenos durante una década (entre 1998 y 2008), hasta que conforme el avance de la tecnología existente en la materia y regulación legal se procedió a su clausura y cierre (Expediente N° 0425-054626/98.-

La actual Ley de Política Ambiental de la provincia de Córdoba (Ley N° 10.208 y sus tres Anexos), sancionada el 11.06.14 y publicada en el Boletín Oficial el 27.06.14 y Decretos reglamentarios N° 247/15 y 248/15 del 07.04.15 y 288/15 del 21.04.15 que la integran, con posterioridad a la presentación de la acción que nos ocupa (08.11.13), en concordancia con el art. 41 de la C.N. y la Ley General del Ambiente (N°25.675) establece expresamente los mecanismos que deben observarse a fin de garantizar el cuidado del medio ambiente, siendo el procedimiento técnico administrativo primordial e indispensable la Evaluación de Impacto Ambiental (art. 17). En el capítulo IV, en relación a la Evaluación de Impacto Ambiental, el artículo 13 dispone que la Autoridad de Aplicación instrumentará como parte integrante de todo procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la Licencia Ambiental, audiencias públicas u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana de acuerdo a lo que establece la misma norma.-

Téngase en cuenta que la actividad en el predio de Bouwer comenzó (hace más de 30 años) cuando no había legislación específica en relación a la materia. Recién en el año 1985 se sancionó la Ley provincial 7343; siendo la primera oportunidad que en la normativa provincial se hace referencia a la Evaluación de impacto ambiental. La obligatoriedad de la Evaluación del Impacto Ambiental, recién se reguló en el Decreto 3290/90 de fecha 18.10.90 que reglamentó el Capítulo IX “Del Impacto Ambiental” contenido en el instrumento citado, en los artículos 49, 50, 51 y 52.-

El Decreto Reglamentario 2131/00 de la Ley 7343 vigente al momento de aprobarse el “Tratamiento Final de Residuos: Enterramiento Sanitario de los Residuos Urbanos e Incineración de Residuos Patógenos” que incluyó el proyecto de la fosa 9 (Resolución N° 101/98 del Consejo Provincial del Ambiente, fs. 279/286). Dicho decreto menciona en su Anexo 1 con una disposición análoga a la actual Ley 10.208 en su Anexo I, punto 16 en ambos casos, exigiendo la presentación de Estudio de Impacto Ambiental junto con el Proyecto de la actividad de manera obligatoria, y si por circunstancias de su operatoria, se modifica el momento de cierre del predio, es obligación del responsable del mismo poner en conocimiento de la autoridad de aplicación tal situación, a fin de obtener la pertinente Licencia Ambiental.-

Téngase presente que a los fines de dar cumplimiento a la normativa constitucional art. 41 y 43 de la CN y legislación nacional (Ley N° 25.675) y provincial (Leyes N° 7.343 y 10.208 con sus decretos reglamentarios), el Plan de Cierre y Clausura es el primer paso necesario, siendo el Estudio de Impacto Ambiental del mismo –que deben presentarse conjuntamente ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia- el que permitirá evaluar si el proyecto de cierre y clausura se adecúa a los estándares, procedimientos y protocolos que en materia de regulación ambiental se requieren instrumentar para remediar la posible afectación que las actividades desarrolladas durante tantos años en el predio pudiere haber causado o pudiere causar en el futuro. Permitirá examinar los valores de admisibilidad, estableciendo la línea de base que constituye la determinación de la situación actual del predio y su diagnóstico, e incluso posibilitaría la realización de estudios epidemiológicos a fin de determinar la posible relación de causa-efecto entre el predio y la salud de los habitantes de la localidad de Bouwer.-

En el mismo sentido se deberán monitorear los gases, venteo y captación; el proceso biológico de la descomposición orgánica que genera líquidos que deben extraerse con mangueras y ser tratados en la planta de lixiviados y la laguna a que los mismos son derivados, como otros tópicos que la autoridad de aplicación eventualmente sugiera, y de esta manera garantizar los atendibles reclamos de los vecinos del lugar.-

En definitiva, la Municipalidad de Córdoba no ha presentado el Plan de Cierre y Clausura del predio en cuestión, Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación luego de ser sometido al proceso administrativo de evaluación por parte de la autoridad de aplicación de conformidad a la legislación vigente. Hay en la omisión de la autoridad pública municipal clara e inequívocamente una lesión a los citados derechos reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia ambiental, que traduce la “arbitrariedad manifiesta” a que alude la Ley de Amparo.-

Por todo lo cual y normas legales citadas; RESUELVO: 1) Admitir la Acción de Amparo e intimar a la Municipalidad de Córdoba, para que en el plazo de seis meses a partir de notificada ésta resolución, presente el Proyecto de Plan de Cierre y Clausura del predio que fuera utilizado para disposición final de residuos sólidos urbanos hasta el 01.04.10 ubicado en Potrero del Estado, Bouwer, conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, por ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a fin de que sea sometido al proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (arts. 13, 15, 17 y concordantes de la Ley 10.208, arts. 41 y 43 de la CN).-
2) Poner en conocimiento de la autoridad de aplicación, Ministerio de Agua, Ambiente y Energía – Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, la presente resolución a los fines que cumplimente lo dispuesto por los arts. 13, 15, 17 y concordantes de la ley 10.208.-
3) Sin costas, arts. 17 Ley 4915 y 550 y 551 y cc del CPP.-
4) Tener presente la reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley 48).-

PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE.-

Fdo.: GIORDANO, Cristina Edith, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Fdo.: RINALDINI, Adriana María, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

 


Anexo con sentencia completa sobre amparo ambiental por feed lot en Balcarce

Expte. Nº 132.474
Registro Nº 167 Folio Nº
///En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días del mes de marzo de dos mil cinco, se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos: “BRISA SERRANA C/ EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS T.G.T. S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”, y habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Prov. y 263 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Rafael Felipe Oteriño, Nélida Isabel Zampini y Raúl Oscar Dalmasso.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES
1) ¿Es justa la sentencia de fs. 395/396?
2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. RAFAEL FELIPE OTERIÑO DIJO:
I.- En la resolución cuestionada el a quo desestimó in límine la acción de amparo promovida por la asociación civil “Brisa Serrana” contra la empresa “Emprendimientos Agropecuarios TGT” y el Municipio de la ciudad de Balcarce.
El juzgador consideró que de los informes de la Municipalidad y del INTA, anexados por el propio peticionante, no surgía la ilegalidad manifiesta de la instalación de un “Feed-lot” (engorde intensivo de ganado a corral) en las cercanías de la ciudad. Al contrario, sostiene que los informes aludidos demuestran que el emprendimiento aún no se encuentra en funcionamiento y que se estaría cumpliendo con la normativa vigente, sin perjuicio de lo cual advierte que el dictamen de impacto ambiental decidirá en definitiva.
Seguidamente expone que, por las mismas razones, no se justifica la urgencia condicionante del amparo, por lo que podrían utilizarse otra vías existentes.
Paralelamente explica que la legitimación del peticionante debería estar referendada por asamblea de la asociación según fallo de esta Cámara y Sala (causa “Brisa Serrana c/ Municipalidad de Balcarce s/ amparo”). A renglón seguido dice que la actora no aporta prueba que acredite el “fumus bonis iuris” respecto a actos que estén acarreando daño ambiental.
Por las razones apuntadas desestimó tanto la cautelar como la acción de amparo en sí misma.
Sin perjuicio de ello, en los últimos párrafos, se declara incompetente para intervenir en los presentes actuados, ya que -a su criterio- en nuesta Provincia las causas en que sea parte un Municipio corresponden al fuero contencioso administrativo en razón de la materia, ya sea por acción u omisión de la administración pública. Concluye señalando que dicha comptentencia no se verá desplazada por cuestiones de inconstitucionalidad y que es improrrogable, sin entrar a prejuzgar sobre agotamiento o no de la vía administrativa.
En la parte dispositiva, amén de rechazar el amparo y la medida cautelar, se inhibe de entender en las actuaciones, ordenando la remisión a los Juzgados con competencia en lo contencioso administrativo, donde se adecuará y tramitará la demanda.
II.- Sin plantear recurso alguno, el mismo día en que fue dictada la sentencia, el accionante se presentó (fs. 401/vta.) acompañando documentación que justificaría su personería y, además, denunciando que la demandada ha iniciado la actividad, ingresando animales al predio pese a que aún no se había concluído la evaluación de impacto ambiental. Asimismo indica que la Municipalidad ha constatado la violación pero no actúa su poder de policía. Por esas razones pide que se suspenda la actividad en los términos del art. 23 de la ley provincial 11.723.
En respuesta a esa presentación, en la providencia de fs. 402 (11 de marzo de 2005), el juez de grado dispuso: “…estése a lo proveído a fs. 395/96…” (sic).
A fs. 403/407 el demandante interpuso recurso de reposición con apelación en subisidio (10/3/2005) contra la sentencia de fs. 395/396.
En relación a la “ilegalidad” del accionar de la demandada, dice que sí se encuentra demostrada. Asevera que en el informe del INTA surge que el lugar donde se instalará el feed-lot no posee las características de suelo necesarias para evitar riesgos ambientales, por ser un terreno anegadizo que se encuentra en un sector donde se reciben las aguas de las sierras. Parelalamente alega que el oficio Municipal deja en claro que la ordenanza 71/04 prohíbe la instalación de este tipo de emprendimientos. Asimismo, de allí extrae que la empresa había comenzado el movimiento de suelos, canalización de aguas, etc., sin que se haya concluído el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. A su juicio ello implicaba, de por sí, el “inicio” de la actividad que -sin previo estudio de impacto ambiental- resulta ilegal.
Sostiene que la situación de “ilegalidad” se vio agravada cuando en los últimos días de febrero la demandada comenzó a ingresar ganado en el predio, circunstancia que dice haber sido constatada por el Municipio sin que se haya adoptado medida alguna. Como prueba de ello hace referencia a la documentación acompañada con el escrito de fs. 401.
En el segundo agravio se refiere a la errónea apreciación del modo en que se ha acreditado la presonería.
Al respecto indica que conoce la jurisprudencia de esta Cámara y por tal motivo ha justificado debidamente la personería acompañando copia autenticada por notario del acta de comisión directiva en la que se faculta expresamente al presidente de la asociación a “…cuanta gestión y firmas deba realizar bajo la dirección de la asesoría letrada…” (sic).
En el tercer agravio sostiene que el juzgador incurrió en una errónea apreciación respecto a la supuesta falta de acreditación del “daño ambiental”.
En ese apartado hizo referencia a precedentes jurisprudenciales en los que se ha declarado que, en el ámbito del amparo, la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta exigida queda cumplida si se demuestra que los actos impugnados no respetaron los procedimientos exigidos por la ley nacional o provincial vigentes para autorizar la actividad.
En el cuarto agravio critica la conclusión del magistrado referida a la competencia para entender en el presente proceso de amparo. En este aspecto alega que por tratarse de una acción de amparo (receptada en el art. 20 de la Const. Provincial y regida por la ley provincial 7166), todo juez o tribunal de primera instancia del lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto es competente para conocer del mismo, sin distinción en razón de la materia.
En el último agravio se refiere a la manifestación del “a quo” en torno a la necesidad de agotamiento de la vía administrativa. Sobre este punto el apelante alega que a partir de la reforma consitutucional ha dejado de ser un requisito de procedencia y, en todo caso, está demostrado que la vía más idónea para lograr el cese de una actividad clandestina es, sin duda, el amparo.
III.- Cuando en un caso se plantean -al margen de las defensas de fondo- cuestionamientos referidos al cumplimiento de alguno de los “presupuestos procesales” (competencia-demanda en forma-personería-legitimación), sin dudas, el análisis del juzgador debe comenzar por dichas objeciones formales (argto. art. 351 primer párr. del CPC, Morello Sosa, Berizonce “Códs. Procesales”, t. IV-B, pág. 474, ed. Platense, 1990).
Sería ilógico que esta Alzada revisara la procedencia sustancial del amparo si, previamente, no comprobó que el juzgamiento de la apelación le correspondía por ser el tribunal competente. Lo mismo ocurriría si incursionara en el anáisis de los presupuestos fundantes del amparo sin previamente comprobar que el solicitante ha acreditado la personería o ha justificado su legitimación sustancial.
Evidentemente ese no ha sido el camino elegido por el Juzgador, pero llegadas las actuaciones a este tribunal de Alzada, debemos encauzar el debate comenzando por el principio, es decir, analizando en primer lugar la aptitud procesal del magistrado a quien le ha sido asignada la causa (competencia).
Ese es el motivo por el cual iniciaré el tratamiento de la apelación a partir del cuarto agravio expuesto por el memorialista.
En el caso bajo examen, el Juez de grado -sin que haya habido objeción alguna del accionante- consideró que el trámite procesal debía encarrilarse haciendo aplicación de las disposiciones de la ley 7166 (ley provincial de amparo contra actos de la autoridad pública).
Siendo así, las normas sobre competencia están dadas por por el art. 4º de dicho cuerpo normativo y, obviamente, por el art. 20 de la Constitución Provincial.
Tanto en uno como en otro, la aptitud para juzgar este tipo de pretensiones se asigna “a todo juez o tribunal letrado de primera instancia” (art. 4 ley 7166) o a “cualquier juez” (art. 20 de la Const. Provincial), sin distinción por razón de la materia, por lo que la inhibición del sentenciante no se adecua a las circunstancias de la causa (ver Morello-Vallefín “El amparo. Régimen Procesal”, Capít. XX “La acción de amparo frente al denominado contencioso administrativo”, pág. 291 y ss.; Ed. Depalma 1998; jurisp. esta Cámara, Sala I, causa 129.678 RSI 1084-4 del 22 de junio de 2004).
De todas maneras, es importante analizar si la materia es contencioso administrativa ya que en el texto reformado de la ley 7166, para el caso de apelación, la competencia de segunda instancia está determinada por el fuero respectivo.
Concretamente, el art. 19 de la ley 7166 (según ley 13.101), establece que: “…Cuando el objeto del amparo sea la impugnación de un acto administrativo, particular o general, de una omisión administrativa o de una vía de hecho las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo conocerán como instancia de alzada…” (textual).
De todos modos, en casos particulares como el de autos, esta Sala ya ha tomado postura, señalando que se trata de aplicación de normas de derecho común, por lo que queda descartada toda posibilidad de que aquí nos declaremos incomptentes.
En tal sentido (en la época en la que la SCBA poseía la competencia transitoria en materia contencioso administrativa) hemos dicho que: “…La competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires fundada en la atribución transitoria de la jurisdicción en materia contencioso administrativa, no alcanza a aquellas pretensiones que -si bien se vinculan con un contrato administrativo- no tienen su fundamento en la violación de una norma del derecho administrativo, sino en la transgresión de un deber impuesto por el derecho común. Tal el caso de autos, en que se responsabiliza al municipio por omitir la evaluación del impacto ambiental que la obra en concesión puede producir…” (esta Sala II, causa 93.904, RSI 178-95 del 16/3/1995 “Cremonte c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ acción de amparo”).
Despejadas ya las dudas respecto a la competencia (de primera y segunda instancia), cooresponde analizar el presupuesto relacionado con la personería del accionante que fuera motivo del segundo agravio.
Al respecto cabe señalar que quien se presenta a demandar es el Sr. Guillermo Montero, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil Brisa Serrana, en tanto que el Dr. Esaín sólo suscribió el escrito inicial como simple “patrocinante”.
A los fines de demostrar la representación ejercida, el Sr. Montero acompañó copia certificada por notario de las actas de Asamblea en las que fuera designado en dicho cargo (ver fs. 9/10). Asimismo, la encomienda específica para llevar a cabo cualquier reclamo jurídico legal y administrativo, le fue otorgada mediante decisión de la propia Comisión directiva, lo que también se acredita con copia certificada por letrado (fs. 13/14; art. 46 y concds. del CPC; art. 22 del Estatuto -fs. 23-).
Con respecto al precedente citado por el “a quo”, cabe señalar que la situación fáctica no es exactamente igual a la aquí planteada. Allí, la presidente de la institución se presentó en representación de la asociación sin acompañar ningún acta que de la comisión directiva que convalidara su gestión, circunstancia que si se ha dado en el caso bajo estudio, por lo que la solución no puede ser otra que la precedentemente indicada (causa 123.784, RSD Nº37 del 12/2/2004 “Brisa Serrana c/ Municipalidad de Balcarce y ot. s/ amparo).
De todas maneras, corresponde indicar que, a partir de la presentación de la copia simple de poder general agregada por el Dr. Esaín, éste se encuentra habilitado, por sí solo, para efectuar los requerimientos judiciales que estime pertinentes (arts. 46 y concds. del CPC).
Superadas estas primera vallas -con resultado favorable al accionante- corresponde ingresar al tratamiento en sí mismo de los cuestionamientos vinculados al rechazo “in límine” efectuado en la instancia de origen.
Sucesivamente, el juez indicó como obstáculos para la procedencia del amparo: a) la ausencia de ilegalidad manifiesta; b) inexistencia de urgencia; c) existencia de otras vías para lograr el efecto solicitado.
Desde ya, anticipo que la declaración liminar de “improcedencia” de la pretensión (rechazo “in límine” de la demanda) solo debe utilizarse en supuestos extremos, quedando reservada para aquellos casos en los que, desde el inicio, se sepa que es absolutamente imposible que el reclamo pueda tener cabida en la sentencia de mérito ( Morello-Vallefín “Amparo. Régimen Procesal”, pág. 65 y ss., ed. Depalma 1998; jurisp. esta Sala causa 129.515, RSD 72 del 22 de febrero de 2005 “Barron c/ Latic Mar del Plata S.A. s/ cumplimiento de contrato”).
Aquí la entidad accionante reclama el “cese” de una actividad (emprendimiento agropecuario de engorde intensivo de ganado) que considera lesiva del derecho constitucional que tienen todos los habitantes de gozar de un medio ambiente sano (art. 41, 43 y concds. Const. Nacional). Asimismo alega que el comienzo de la explotación sería inminente y que el amparo es la vía judicial más idónea. Es decir, la demanda se apoya en el reconocimiento de derechos consagrados constitucionalmente por parte de una entidad cuya legitimación ha sido expresamente aceptada en el texto constitucional y cumple formalmente con los recaudos legales de la ley 7166, por lo que no puede decirse que la misma resulte manifiestamente “improponible”. De allí, se infiere que no puede mantenerse esa decisión del tribunal de origen (argto. art. 9 “a cont” de la ley 7166).
Al contrario, desde nuestro punto de vista, la existencia de una lesión inminente a un derecho reconocido en el texto constitucional se encuentra “prima facie” justificada, por lo que no sólo corresponde dejar sin efecto el rechazo in límine efectuado por el a quo, sino también acoger la pretensión “cautelar” del peticionante.
Efectivamente, no obstante que la Municipalidad aún no haya otorgado la “habilitación”, es indudable que la posible instalación de un “feed lot” en calle 55 y 114 de la ciudad de Balcarce, podría llegar a violar una ordenanza que dispone el cumplimiento de un mínimo de distancia respecto a la plaza central (Ordenanza 71/04, que modificó el art. 1º de la Ordenanza Nº56/04), como así también el art. 23 de la ley provincial de ambiente que impone la Declaración de Impacto Ambiental en forma previa al inicio de actividades.
También se ha acreditado “prima facie” la inminencia (urgencia) del inicio de actividades (véase documentación acompañada a fs. 397/399) y, por supuesto, la profusa documentación agregada, indica que existiría un potencial riesgo de contaminación del medio ambiente. Ello otorga un grado de verosimilitud suficiente como para acoger el pedido de suspensión de actividades en el predio aludido hasta tanto exista una “Declaración de Impacto Ambiental” (DIA) que apruebe la instalación de un feed lot sin riesgo degradante para el medio ambiente y la salud de los vecinos (art. 23 de la ley 11.723, art. 195, 232 y concds. del CPC; jurisp. esta Sala causa 120.313 del 11/7/2002 “Brisa Serrana c/ Ashira s/ daños y perjuicios”). Respecto a la conducta “omisiva” del Municipio que podría acreditar el presupuesto de la norma, entiendo que queda “prima facie” demostrado con el acta agregada a fs. 397, donde pese a constatar la presencia de animales, no se clausuró preventivamente el predio.
No corresponderá la fijación de contracautela en atención a que la demandante ha requerido el otorgamiento de beneficio de litigar sin gastos (art. 200 inc. 2do. y art. 83 del CPC).
En definitiva, deberá revocarse la sentencia de primera instancia que rechazó in límine la demanda de amparo, y ordenarse al juez de grado que dé trámite a la acción disponiendo el pedido de informe circunstanciado que prevé el art. 10 de la ley 7166, otorgando para ello al Municipio un plazo de cinco días.
Habida cuenta que, con relación a la empresa codemandada, no le son aplicables las normas de trámite previstas en la ley 7166, sino las del juicio sumarísimo (art. 321 inc. 1ero. del CPC), deberá formarse una causa por separado, con copias certificadas de lo aquí actuado, otorgando el mismo plazo de cinco días para que “Emprendimientos Agropecuarios TGT SRL” conteste la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 496 del CPC). Desde ya, las causas deberán fallarse conjuntamente en atención a su estrecha relación de conexidad y al peligro de dictado de sentencias contradictorias (argto. art. 188 y concds. del CPC).
Paralelamente debe acogerse la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de actividades en el predio de calle 55 entre 112 y 114.
Por tales motivos, VOTO POR LA NEGATIVA.
Los Dres. Nélida Isabel Zampini y Raúl Oscar Dalmasso votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RAFAEL FELIPE OTERIÑO DIJO:
Corresponde revocar la sentencia de primera instancia que rechazó in límine la demanda de amparo, y ordenar al juez de grado que siga por orden de sorteo que dé trámite a la acción disponiendo el pedido de informe circunstanciado que prevé el art. 10 de la ley 7166, otorgando para ello un plazo de cinco días. Deberá formarse causa separada a los fines de tramitar el amparo contra la empresa “Emprendimientos Agropecuarios TGT SRL”, a la que deberá otrogarse el mismo plazo de cinco días para que conteste la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 321 inc. 1º del CPC). Paralelamente debe acogerse la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de actividades en el predio de calle 55 entre 112 y 114.
ASI LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. Nélida Isabel Zampini y Raúl Oscar Dalmasso votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
S E N T E N C I A
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo se revoca la sentencia de fs. 395/396 que rechazó in límine la demanda de amparo, ordenándose al juez de grado que siga por orden de sorteo que dé trámite a la acción disponiendo el pedido de informe circunstanciado que prevé el art. 10 de la ley 7166, otorgando para ello un plazo de cinco días. Deberá formarse causa separada a los fines de tramitar el amparo contra la empresa “Emprendimientos Agropecuarios TGT SRL”, a la que deberá otrogarse el mismo plazo de cinco días para que conteste la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 321 inc. 1º del CPC). Paralelamente debe acogerse la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de actividades en el predio de calle 55 entre 112 y 114. Fórmese el III cuerpo a partir de fs. 397 (art.23 Ac.2514 de la S.C.B.A.). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 inc. 12 del C.P.C.). Cumnplido, devuélvase.

RAFAEL FELIPE OTERIÑO RAUL OSCAR DALMASSO

NELIDA ISABEL ZAMPINI
II.- CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA, SALA NRO. 2, expedientes en Cámara nro. 132.474 y 134.373, y en primer instancia 12.126; autos caratulados “BRISA SERRANA C/ EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS T.G.T. S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”, SENTENCIA DEFINITIVA.
TEXTO COMPLETO

REGISTRADA BAJO EL N F
Exptes. N§ 132.474 y 134.373 Juzg. Civil y Com. N§ 14.
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de febrero de dos mil seis, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos: “BRISA SERRANA C/ EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS T.G.T. S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”, Exptes. N§ 132.474 y 134.373, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Juan José Azpelicueta, Horacio Font y Nélida I. Zampini.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1a.) Es justa la sentencia única dictada a fs. 665/703 (Expte. 132.474) y fs. 377/415 (Expte. 134.373)?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. AZPELICUETA DIJO:
I) La sentencia única dictada a fs. 665/703 (Expte. 132.474) y fs. 377/415 (Expte. 134.373) viene a conocimiento de esta Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 735 y por la codemandada Municipalidad de Balcarce a fs. 707 (Expte. 132.474).
El “a quo” rechazó la demanda de amparo ambiental interpuesta por la asociación civil Brisa Serrana contra la firma Emprendimientos agropecuarios TGT y la Municipalidad de Balcarce; dispuso asimismo acotar la explotación destinada a “feed lot” por la demandada Emprendimientos agropecuarios TGT a una carga máxima de 1.000 animales por ciclo productivo, y someterla a un programa de monitoreo periódico para garantizar la calidad ambiental del proceso productivo y su entorno inmediato a cargo de la Subsecretaría de la producción y empleo de la Municipalidad de Balcarce, así como al cumplimiento de un plan de abandono y clausura por cese de actividades, imponiendo las costas por el orden causado.
En el pronunciamiento apelado, luego de efectuar consideraciones respecto del marco legal regulatorio del denominado “amparo ambiental” así como su recepción jurisprudencial, y pronunciarse sobre la legitimación de la asociación civil promotora de la presente acción, expresa el Sentenciante que un principio fundamental nacido desde el surgimiento de la problemática ambiental apunta al cuidado de la biósfera en forma previa al inicio de cualquier actividad humana en un ecosistema determinado.
De aquí que -afirma el “a quo”- adquiere un relieve especial el procedimiento administrativo destinado a producir la “Evaluación de Impacto Ambiental” por la parte interesada, así como la “Declaración de Impacto Ambiental” a cargo de la administración municipal, como recaudos previos a la obtención de la definitiva habilitación municipal para la explotación respectiva.
Seguidamente refiere el Sentenciante las constancias emanadas del expediente administrativo acompañado, destacando que al tiempo de promoverse dichas actuaciones -donde la firma demandada requiriera la habilitación del establecimiento- se encontraba en vigencia la Ordenanza Municipal Nº 56/04, que autorizaba la localización de los denominados “feed lot” a una distancia en la zona sur mayor a los tres kilómetros de la sierra La Barrosa y del actual límite del ejido urbano, en las zonas norte y este de cinco kilómetros y en la zona oeste de un kilómetro del actual límite del ejido urbano, respectivamente.
Afirma el Juez de la anterior instancia que, teniendo en cuenta la ubicación geográfica del emprendimiento, al momento de solicitarse su habilitación el mismo encuadraba con las pautas dispuestas por la citada ordenanza que, sin embargo, fue posteriormente modificada, prohibiéndose la localización de los denominados “feed lots” a un radio menor a los 10 kilómetros de la ciudad.
Se detiene seguidamente en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) acompañado por la empresa demandada, en el Informe producido por la Dirección de Ecología y Recursos Naturales de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Municipalidad de Balcarce con fecha 12 de agosto de 2005.
En relación con la D.I.A. precedentemente aludida, que concluye en la negativa de la instalación de la actividad pretendida por la empresa peticionaria, sostiene el Sentenciante que en el marco de la acción de amparo ambiental la mentada Declaración queda sujeta a la correspondiente revisión judicial, y que en el caso en estudio la D.I.A. no ha seguido las pautas de interpretación señaladas por la Secretaría de Medio Ambiente Provincial ni tampoco los postulados por el E.I.A. glosado por la empresa demandada.
Agrega que, aún cuando en dichos informes se hizo mención al posible impacto ambiental que la obra podría ocasionar a la comuna de Balcarce, se detallaron clara y concretamente cu les serían los mecanismos de mitigación de los posibles “daños ambientales”, mecanismos que no se tuvieron en cuenta, decidiéndose derechamente el rechazo del emprendimiento.
Entiende el “a quo” que goza de facultades para revisar los alcances de esa resolución administrativa, y que los inconvenientes señalados por los vecinos de Balcarce pueden ser mitigados si el emprendimiento cumple con las orientaciones pautadas por la Secretaría de Medio Ambiente Provincial, evitándose así los posibles daños denunciados en cuanto a la contaminación de napas freáticas, del aire y del medio ambiente general, tornándose factible en dichas condiciones.
Concluye rechazando la acción de amparo propuesta, e imponiendo a la Municipalidad de Balcarce -en ejercicio del “poder de policía” municipal- el deber de velar por cumplimiento de las pautas de seguimiento en la explotación del predio fijadas, para garantizar la calidad ambiental del proceso productivo y del entorno inmediato.
II) AGRAVIOS DE LA CODEMANDADA MUNICIPALIDAD DE BALCARCE:
La Municipalidad de Balcarce, en su expresión de agravios de fs. 707/09 (Expte. 132.474), sostiene que la sentencia atacada incurre en una flagrante contradicción al expresar, por un lado, que el procedimiento administrativo que culmina con la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el municipio cumplimenta todos los recaudos exigidos por la ley, mientras por otro lado impide la continuidad de dicho procedimiento por ante el fuero contencioso administrativo.
Afirma que el Sentenciante ha revisado y dejado sin efecto el acto administrativo con prescindencia del consiguiente juicio de conocimiento, vedando a su parte el agotamiento de dicha instancia judicial, sin que existan vicios que ameriten tal desplazamiento de competencia.
Reitera que no se verifica en el caso ningún supuesto que indique que deba suspenderse la vía contencioso administrativa, impidiendo así dirimir la contienda en el pertinente juicio de conocimiento.
En el segundo agravio se refiere al fondo de la cuestión; señala que su parte, tanto durante el desarrollo del procedimiento administrativo como al dictar la Declaración de Impacto Ambiental, tuvo presente el equilibrio entre los aspectos técnicos y el interés comunitario que propone la normativa emanada de la ley provincial 11.723. Considera que el “a quo” se inclinó manifiestamente por los primeros minimizando y restando importancia a lo expresado por la comunidad en su conjunto, apartándose del espíritu de la legislación vigente.
La accionada Emprendimientos Agro-pecuarios TGT S.R.L. contesta los agravios a fs. 723/27 (Expte. 132.474).
III) AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:
La actora expresa sus agravios a fs. 735/62, que son respondidos por la demandada Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L. a fs. 767/79 (Expte. 132.474).
En el primer agravio reseña los antecedentes de la causa, destacando que el “a quo” ha omitido toda consideración respecto de la Ordenanza 71/04 dictada por el Municipio de Balcarce, que prohíbe la instalación del “feed lot” en el predio elegido, y que también fue obviada en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.
Agrega que el municipio, en materia ambiental, ha aplicado los principios de precaución y prevención, realizando un ordenamiento ambiental del territorio tal como lo disponen los arts. 9 y 10 de la Ley 25.675, regulación que ha sido desconocida por la sentencia, y que de consentirse este comportamiento se permitiría que un juez anule la capacidad legislativa de los municipios, vulnerando el estado de derecho y la separación de poderes.
Sostiene que el “a quo” tenía la obligación de -al menos- hacer mención a las normas locales que fundamentan la negativa para la habilitación requerida, y en todo caso descartarlas mediante el control de constitucionalidad; al no hacerlo ha omitido una cuestión esencial, y la sentencia adolece de motivación.
Agrega que la empresa inició sus actividades sin cumplimentar las normas que imponen la previa Declaración de Impacto Ambiental, trámite que únicamente se efectivizó a partir del oportuno dictado de la medida cautelar que dispuso la suspensión de la explotación, hasta tanto existiera una D.I.A. aprobatoria de la instalación del “feed lot” sin riesgo degradante para el medio ambiente y la salud de los vecinos. El “a quo” también omite todo análisis a este respecto, apartándose de los propios antecedentes de estos autos.
El segundo agravio cuestiona la revisión por el Sentenciante de la Declaración de Impacto Ambiental efectuada en el procedimiento administrativo paralelo, sin hacer mención a la existencia de arbitrariedad o agravio constitucional manifiesto.
Destaca que la vía paralela administrativa ambiental es la m s idónea para prevenir daños en el ambiente, pues permite una profunda investigación con participación de la ciudadanía e intervención de los organismos técnicos, que no puede ser reemplazada por un proceso judicial, y que está sujeta a control por la vía jerárquica y la contencioso administrativa posterior.
Alega que fue el propio juez de primera instancia quien instó dicho proceso administrativo, y que sólo podía desconocer sus resultados frente a vicios manifiestos del procedimiento o arbitrariedad en la D.I.A. Considera que si el magistrado no encontraba rigor científico en las pruebas que dieron base a la D.I.A. debió abrir la causa a prueba, y no declararla de puro derecho, incurriendo así en autocontradicción.
En el tercer agravio afirma que el “a quo” ha incurrido en un exceso manifiesto de su jurisdicción, al anular un acto administrativo no en el marco del control de constitucionalidad sino en el contexto del proceso contencioso administrativo, arrogándose la competencia atribuída a los jueces de ese fuero.
Cita jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial en torno a la competencia en materia de acción de amparo, destacando que se trata de un proceso constitucional donde se alega la directa violación de un derecho fundamental mediante una acción arbitraria o ilegal que necesita una respuesta urgente; dice que ello no habilita al juez a arrogarse facultades de revisión ordinaria de los actos administrativos, por lo que -al hacerlo- el magistrado ha excedido su jurisdicción.
Efectúa seguidamente una crítica de los argumentos expuestos por el Sentenciante para descalificar la D.I.A., que según su apreciación se basa en las pruebas aportadas por los vecinos, lo expresado en la audiencia pública y el propio E.I.A. presentado por la empresa.
Se agravia también por la arbitraria apreciación de las pruebas producidas, sosteniendo que durante el trámite de la causa se acompañaron elementos m s que suficientes para acreditar que el predio es inhábil para albergar el emprendimiento de “feed lot”.
Señala que -de acuerdo a lo dispuesto por el art. 33 de la ley 25.675-, gozan de particular relevancia en materia de daño ambiental los dictámenes de organismos del Estado, a los que se acuerda la fuerza probatoria de una pericia, carácter que por tanto reviste la D.I.A. y que ha sido desconocido por el magistrado. Cita otras constancias agregadas al expediente en relación con la inundabilidad del predio, su proximidad a los cursos de agua y la escasa profundidad de las napas en la zona.
Se agravia -por último- por considerar que el “a quo” ha desconocido los principios básicos del derecho ambiental, particularmente los de prevención y precaución, aplicándolos “a contrario” al autorizar la actividad frente a la existencia de una alta probabilidad de daño ambiental, que una vez producido puede ser irreparable. Efectúa reserva de la cuestión federal.
IV) CONSIDERACION DE LOS AGRAVIOS.
Principiaré el estudio de la cuestión refiriéndome a la temática propuesta en el primer agravio de la codemandada Municipalidad de Balcarce y primero a tercer agravio de la parte actora, relativos a la validez y alcances de la Ordenanza 71/04, y el alegado “exceso de jurisdicción” en que habría incurrido el Sentenciante al revisar la Declaración de Impacto Ambiental oportunamente emitida por el Municipio de Balcarce.
1. La Ordenanza Municipal 71/04.
Sabido es que a partir de la reforma constitucional de 1994, la preservación del medio ambiente ha alcanzado la categoría de derecho expresamente reconocido en la Carta Fundamental, que en su art. 41 consagra, por un lado, el derecho-deber de todos los habitantes al mantenimiento de un “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, y por otro coloca en cabeza del Estado el deber de proteger el medio ambiente y adoptar las medidas de policía necesarias para lograr la “utilización racional de los recursos naturales”.
Explica al respecto Carlos Alfredo Botassi que “El poder de policía ambiental ser -por mandato constitucional- compartido entre la Nación y las provincias argentinas. Aquélla fijar “los presupuestos mínimos de protección” dictando leyes marco que ser n complementadas por los poderes locales…”. Y prosigue el citado autor: “Consideramos que, excepto en aquellos casos en que la cuestión afecte dos o m s distritos (en cuyo supuesto ser la autoridad provincial la llamada a intervenir) o que… estemos frente a facultades del gobierno nacional, la competencia en materia de poder de policía ambiental debe reconocerse en las municipalidades… Las medidas de prevención que cada municipio adopte en su ejido responder n a su particular situación… La ley bonaerense 8912, de ordenamiento territorial y uso del suelo, junto a sus normas complementarias, reservan una intensa participación a las municipalidades a la hora de reglamentar sus disposiciones y en el momento de la fiscalización de su acatamiento por parte de los particulares. En otras leyes se atribuyen a las comunas típicas funciones de policía ambiental… La reciente ley 11.723, de Protección Ambiental asigna un relevante rol preventivo y sancionador a las municipalidades bonaerenses” (Conf. Botassi, Carlos Alfredo, “Derecho administrativo ambiental”, Librería Editorial Platense, La Plata, 1997, p g. 43 y ss.).
Tal como indica el autor citado, la ley provincial 11.723, en sus arts. 74 y 77, confiere a cada Municipio “el poder de policía suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales”, facultándolo para “dictar normas locales conforme las particularidades de cada realidad, y siempre que no contradigan los principios establecidos en la presente ley…”.
En coincidencia con esta normativa, la Suprema Corte Provincial en autos “Almada Hugo N. c/ Copetro S.A. y ot. s/ daños y perjuicios” señaló que “Corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido…” (Ac. 60.094 del 19-5-98).
De las constancias de autos resulta que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Balcarce, con fecha 11 de noviembre de 2004, sancionó la Ordenanza N§ 71/04 que, en su art. 1§, modificó el texto de la Ordenanza 56/04 por entonces vigente, prohibiendo la localización de los denominados “feed lot” y sistemas de cría intensiva de animales, a una distancia menor a la comprendida por un radio de diez kilómetros de la ciudad, tomándose como punto de referencia el centro de la Plaza Libertad (fs. 196 Expte. 132.474).
Es indudable que el Consejo Deliberante Municipal, al dictar la disposición referida, obró en ejercicio de las funciones de “policía ambiental” que le son propias; por tanto, dicha normativa no puede ser ignorada al momento de resolverse la cuestión, máxime cuando el predio elegido para la explotación se encuentra dentro del radio prohibido por la aludida Ordenanza, a tan sólo 2,75 km. de la plaza Libertad, situada en el corazón de la ciudad de Balcarce (conf. E.I.A. de fs. 443/559 Expte. 132.474, y D.I.A. de fs. 329/43 Expte. 134.373).
Ninguna incidencia tiene sobre el punto la anterior Ordenanza 56/04 -vigente al momento de peticionarse la habilitación-, extremo referido por el “a quo” en el considerando VI del fallo en crisis.
La nueva norma rige desde su entrada en vigencia y es aplicable “aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes” (art. 3 Cód. Civil), principio general que adquiere particular relevancia en este campo del derecho ambiental, caracterizado por la doctrina como disciplina en pleno desarrollo y evolución, dinámica y cambiante (Conf. Cafferatta, Néstor A., “El principio de prevención en el derecho ambiental”, Rev. de Derecho Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 0 p g. 9 y ss.).
El marco jurídico protectorio del medio ambiente es esencialmente mutable, a medida que el desenvolvimiento de la actividad humana torna indispensable la adopción de nuevas medidas de protección del equilibrio natural y la calidad de vida de los habitantes.
Así lo entendió el Máximo Tribunal Provincial en un caso análogo al presente -“Ancore S.A. y otro c/ Municipalidad de Daireaux s/ daños y perjuicios”- citado por el propio Sentenciante, donde se consideró ajustada a derecho la Ordenanza Municipal que prohibió la instalación de “feed lots” dentro de un radio de 15 km. desde la plaza principal y que se aplicó aún a los establecimientos ya existentes, entendiendo que “el Municipio obró en función del deber de velar por la salubridad de la población, en forma lícita” (SCBA, Ac. 77.608 del 19/2/02).
Este criterio se compadece plenamente con la doctrina sentada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al principio de irretroactividad de las leyes, y su vinculación con el derecho constitucional de propiedad y los derechos adquiridos.
En este aspecto ha dicho el Máximo Tribunal de la Nación que “La modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos” (V. sentencia y re “González Juan c/ Gobierno Nacional” 1-11-77, Fallos 299-93, entre otros), y que “Las diferencias existentes entre situaciones anteriores y posteriores a la sanción de un nuevo régimen legal no importan agravio a la garantía de igualdad ante la ley, porque de lo contrario toda modificación legislativa implicaría desconocerla, ya que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad” (V. fallo en autos AL.,C.M.I. c/ D.,C.A. y otros” 28-4-92, E.D. 149-483).
Por lo demás, es también doctrina del m s Alto Tribunal que sólo “cuando bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su modificación por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad” (CSJN, Fallos 296:737, 299:379; 303:1835 y 1877; 307:305).
La hipótesis descripta en modo alguno se configura en el presente. En efecto, si bien a la fecha de iniciarse el trámite de habilitación municipal -4-10-04- regía la Ordenanza 56/04, la empresa peticionante no había cumplimentado el “procedimiento de evaluación de impacto ambiental” instituído por la Ley General del Ambiente 25.675 (art. 11 y ss.), exigencia que el Municipio le impusiera con fecha 16-11-04 para habilitar el emprendimiento (V. expte. administrativo municipal N§ 9579 adjuntado en fotocopias). Mal podría entonces ampararse la empresa demandada en una norma que había perdido vigencia mucho antes que la interesada cumplimentara todos los recaudos formales y sustanciales previstos por la legislación aplicable a la actividad que se intentaba desarrollar.
La Ordenanza 71/04 que invoca la actora en su primer agravio sí fue tomada en consideración, en cambio, en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Municipalidad de Balcarce con fecha 12 de agosto de 2005, que resolvió denegar la habilitación solicitada por Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L., y donde -entre otras motivaciones- se destaca que la normativa municipal establece “una clara posición prohibitiva de asentamientos de este tipo de emprendimientos dentro de un radio de 10 km. de la ciudad” (V. fs. 342 Expte. 134.373).
Y este punto conecta al tema en estudio con la segunda cuestión enunciada al iniciar el presente análisis, relativa a la revisión judicial de la D.I.A. dentro del marco del amparo promovido, a la que me avocaré seguidamente.
2. La revisión judicial de la D.I.A. emitida por el Municipio de Balcarce.
Alegan ambos apelantes que el Magistrado de primera instancia incurrió en un “exceso de jurisdicción”, al revisar -y apartarse- de la D.I.A. emitida por la Municipalidad de Balcarce, confiriendo al emprendimiento la habilitación que fuera denegada por la autoridad municipal.
Para clarificar esta cuestión es necesario señalar, en primer lugar, que la “Declaración de impacto ambiental” es un acto administrativo complejo, al que se arriba como resultado final del procedimiento de evaluación de impacto ambiental estatuído por la Ley General del Ambiente 25.675, y “cuyo objeto es determinar, mediante un procedimiento específico, la viabilidad ambiental de un proyecto público o privado” (Conf. Jordano Fraga, Jesús, “Obras públicas y medio ambiente”, cit. en autos “Munic. Luján de Cuyo c/ Gobierno de la provincia de Mendoza s/ conflicto de poderes” Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 20/12/04, Rev. de Der. Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 2 p g. 183 y ss.).
Es evidente que dicho acto administrativo se encuentra sujeto a revisión judicial en la instancia contencioso administrativa, tal como expresa el propio Sentenciante (fs. 693/vta. Expte. 132.474).
Sin embargo, doctrina y jurisprudencia han admitido también su revisión dentro del proceso de amparo ambiental; así, en los autos “Sociedad de Fomento Barrio Félix Camet y otros” se sostuvo que “La razonabilidad de las decisiones adoptadas en uso de facultades discrecionales de la Administración Pública que causaren perjuicio sobre el medio ambiente, es materia que puede ser objeto de revisión judicial por vía de la acción de amparo, conforme arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional” (Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala 1 de esta ciudad, S. 9-9-99, LLBA 2000-991).
No obstante, dicha potestad revisora debe ejercitarse dentro de ciertos límites, pues tratándose de un acto de otro poder del Estado dictado en ejercicio de sus atribuciones propias, “compete al Poder Judicial… saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado para sostener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público…” (Voto del Dr. Sodero Nievas, Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 17/3/05, “Bordenave, Sofía s/ mandamus”, Rev. de Der. Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 2 p g. 155 y ss.).
Ahora bien, ¨cuál es el marco jurídico dentro del cual puede el juez, en una acción de amparo, revisar la D.I.A. emitida por el órgano administrativo?
Sobre el punto se pronunció la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en los autos “Munic. Luján de Cuyo c/ Gobierno de la provincia de Mendoza s/ conflicto de poderes” m s arriba citados, expresando que “Desde el punto de vista del derecho administrativo, la Declaración de Impacto Ambiental es un acto administrativo emanado del Ministerio o de la Municipalidad, según el caso, con todas las características propias de tales actos, entre ellas, la de su validez, presunción de legitimidad y que, dictado por la autoridad competente, adquiere cosa juzgada administrativa o estabilidad… Siendo un acto regular, el mismo no puede ser revocado, salvo… por ilegitimidad originaria o por ilegitimidad sobreviniente…” (del voto del Dr. Jorge H. Nanclares, Rev. de Der. Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 2 p g. 183 y ss.).
En la misma línea, resolvió la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala 1 de esta ciudad, en los autos “Sociedad de Fomento Barrio Félix Camet y otros” antes citados, que “Es improcedente la acción de amparo si el acto administrativo no conlleva avasallamiento ilegítimo o arbitrario del derecho que se alega conculcado -preservación del medio ambiente y mantenimiento de adecuadas condiciones de vida” (LLBA 2000-991).
En resumen, la revisión jurisdiccional de la D.I.A. -dentro del proceso de amparo- únicamente procede frente a hipótesis de manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad del acto administrativo, que cause perjuicio sobre el medio ambiente o la calidad de vida de sus habitantes, presupuestos que no se configuran en el “sub judice”.
No debemos perder de vista que “el amparo es un proceso constitucional, que se distingue del contencioso administrativo por la inmediatez del primero en punto a la defensa del derecho constitucional a vivir en un medio saludable” (Conf. Cafferatta, Néstor, “Amparo ambiental y contencioso administrativo”, Rev. de Der. Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 1 p g. 23 y ss.).
La Municipalidad de Balcarce, al emitir la D.I.A. denegatoria de la habilitación solicitada por la firma Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L. con basamento en los principios de prevención y precaución, ha obrado en resguardo del medio ambiente cuya protección puso en movimiento la actividad jurisdiccional.
Por otra parte, los fundamentos esgrimidos por la autoridad administrativa en modo alguno pueden calificarse como “ilegítimos” o “arbitrarios”.
Del extenso E.I.A. presentado por Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L. (fs. 443/559 Expte. 132.474) resulta claro que la actividad proyectada -engorde intensivo de bovinos para carne- es generadora de una importante masa de residuos sólidos, semisólidos y líquidos así como de efluentes gaseosos, cuya acumulación conlleva un alto riesgo de contaminación del suelo, aire, cursos de agua próximos y napas subterráneas.
Esta circunstancia, sumada a las características físicas del predio elegido, su localización próxima al ejido urbano de Balcarce y la oposición vecinal que se ha presentado frente al proyecto, han sido merituadas por la autoridad municipal, destacándose en la D.I.A. que “los titulares del emprendimiento no han logrado formar la certidumbre acerca de la inocuidad de la actividad intentada” (V. fs. 334 vta./35 Expte. 134.373).
Frente a este cuadro de situación la administración, acudiendo a la aplicación de dos principios fundamentales en materia de derecho ambiental: prevención y precaución, concluye denegando de la habilitación solicitada.
Estimo innecesario extenderme aquí en consideraciones respecto de los enunciados principios, profusamente estudiados por la doctrina especializada (V. Cafferatta, Néstor, “El principio de prevención en el derecho ambiental”, Rev. de Derecho Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 0 p g. 3 y ss.; Coria, Silvia, “La importancia de los principios rectores en el derecho ambiental”, Rev. de Derecho Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 2 p g. 24 y ss.; Bergel, Salvador Darío, “La recepción del principio precautorio en la ley general del ambiente”, E.D. 22-4-04, entre muchos otros), y que han sido expresamente receptados por la Ley 25.675 en su artículo 4§.
Sí he de señalar que la decisión administrativa -de la que se aparta el Sentenciante- se compadece con el criterio sentado por la Suprema Corte Provincial, en el sentido que “cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o disuadida” (Autos “Almada Hugo c/ Copetro S.A. s/ daños y perjuicios”, Ac. 60.094 S. 19-5-98).
Concluyo entonces que no existiendo afectación del derecho constitucional a vivir en un medio saludable, ni manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad del acto administrativo emanado de la autoridad municipal competente -D.I.A.-, éste no puede ser revocado dentro del presente proceso de amparo, y su revisión judicial queda exclusivamente reservada a la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, los agravios vertidos por ambas apelantes deben ser receptados.
3. Los restantes agravios expresados.
Las consideraciones hasta aquí formuladas me conducen inexorablemente a concluir que, a partir del dictado de la D.I.A. por la Municipalidad de Balcarce el 12 de agosto de 2005, la presente acción de amparo se ha tornado abstracta.
En efecto, el acto administrativo denegatorio de la habilitación solicitada por Emprendimientos Agropecuarios TGT S.R.L. excluye toda posibilidad -en lo inmediato- de desarrollo de la actividad, y por ende de afectación del derecho constitucional cuya protección jurisdiccional urgente requiriera la amparista.
Ciertamente no se descarta la eventual revisión de la D.I.A. por la vía contencioso administrativa, pero en tal caso la cuestión deber ser objeto de amplio debate y prueba en el respectivo juicio de conocimiento (V. Cafferatta, Néstor, “Amparo ambiental y contencioso administrativo”, Rev. de Der. Ambiental, Ed. LexisNexis, N§ 1 p g. 23 y ss.).
Ha dicho la Suprema Corte de Justicia que “La acción de amparo, por ser tal, constituye una manifestación de la facultad jurídica que consiste en acudir ante un órgano jurisdiccional solicitando la concreción de determinada consecuencia jurídica: la tutela, declaración o reconocimiento de un derecho o pretensión jurídica mediante la eliminación de la lesión constitucional. Por tanto, si la pretensión fue satisfecha antes del dictado de la sentencia, no existe, aún cuando se trate de un amparo, materia que resolver” (SCBA, Expte. B-61.703 S. 14-2-01).
Por referirse al fondo de la cuestión motivo de este proceso de amparo, se tornan también abstractos los restantes agravios expresados por los apelantes, a cuyo respecto no formularé -por ende- otras consideraciones.
TAL ES MI VOTO.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES HORACIO FONT y NELIDA I. ZAMPINI VOTARON EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. AZPELICUETA DIJO:
Corresponde: I) Revocar la sentencia única dictada a fs. 665/703 (Expte. 132.474) y fs. 377/415 (Expte. 134.373) por los fundamentos aquí brindados y con el alcance señalado, declarando que la cuestión objeto de la presente acción de amparo se ha tornado abstracta en virtud de la D.I.A. emitida por la Municipalidad de Balcarce el 12 de agosto de 2005.
II) Siguiendo la doctrina de este Tribunal en el sentido que, si la cuestión se ha tornado abstracta, no cabe considerar vencida a ninguna de las partes (esta Sala, Expte. 100.360 RSI 151-97 I. 20-3-97; Expte. 118.182 RSI 1204-1 I. 13-12-01; Expte. 118.240 RSI 24-2 I. 7-2-02, entre otros), propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado (art. 68 2§ párr. del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES HORACIO FONT y NELIDA I. ZAMPINI VOTARON EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Revocar la sentencia única dictada a fs. 665/703 (Expte. 132.474) y fs. 377/415 (Expte. 134.373) por los fundamentos aquí brindados y con el alcance señalado, declarando que la cuestión objeto de la presente acción de amparo se ha tornado abstracta en virtud de la D.I.A. emitida por la Municipalidad de Balcarce el 12 de agosto de 2005. II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 2§ párr. del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). NOTIFIQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). DEVUELVASE.

siguen////
////las firmas

JUAN JOSE AZPELICUETA HORACIO FONT

NELIDA I. ZAMPINI

SECRETARIO

 

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