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Lo que no te contaron del nuevo código civil

| El 05, Dic 2014

Actualizado al 13 de septiembre de 2015

Cuando parte del Congreso parece estar apurado para que entre en vigencia antes, te cuento algunos cambios relacionados con lo público, con el funcionamiento del Estado y cómo puede impactar en esa práctica.

¶. Personas “públicas”

¿Por qué interesa esto? Porque si una persona es pública hay diferentes plazos y formas para apelar una decisión. Entre otros, plazos de caducidad (después de unos días, ya no se pueden presentar recursos y el acto queda firme), posibilidad de embargarla, un fuero judicial distinto… muchos privilegios a favor del Estado. Antes, el código las enumeraba expresamente. Ahora, el código dice que son personas jurídicas públicas “las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter”. Es decir, lo deja abierto. Que pueden meter. De todo… En forma coherente, otro artículo dice que la “ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados”.

Entonces, a estar atentos de cuándo haya un organismo o persona pública, por ejemplo, YPF u otras sociedades en los que el Estado tenga interés, porque hay derechos pero tienen un régimen diferenciado y más privilegios.

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¶. Pesificame la bañera

Voy a transcribir ambos artículos, casi no requiere explicación. Antes decía: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.”

En cambio, ahora dice: “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.” Es decir, quien se obliga en dólares puede liberarse en pesos (!) ¿Vale para el Estado? Sí.

¿Entre privados? Seguramente en los contratos se hagan algunas piruetas, como pactar montos que tengan en cuenta otro bien como referencia (ej. deberá pagar el equivalente a la tonelada de soja valor FOB en Chicago…) o directamente someter el contrato a ley extranjera. Eso para los que puedan porque a los locales… pesifiqueishion. En suma, las partes podrían dejar de lado esta cláusula, que aparte no se aplicaría a los contratos anteriores, pero la cuestión dista de ser clara. Ver más acá.

Tranqui, las deudas con el banco tienen un régimen diferente.

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¶. Actos irregulares o informales de funcionarios públicos

Cuando un funcionario firma un acto y no tiene poder, en principio no vale. Ahora, agregaron una cláusula que dice así: “Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título.”

A lo anterior se agrega la nueva ley que exime de responsabilidad al Estado por los actos de sus concesionarios, incluso ante la falta de control aunque habrá que ver el caso que se plantee. Incluso más, la nueva ley de responsabilidad del Estado desplazaría todo el régimen del nuevo código civil, seguramente esto sea motivo de discusión.

Putin

Fachadas preparadas antes de la visita de Vladimir Putin.

¶. Incumplimiento de órdenes judiciales

El texto anterior permitía a los jueces imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Esto se veía, por ejemplo, cuando ANSES incumple una orden o el PAMI deniega una prestación.

La nueva norma dice así: “La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo.” ¿Qué dice el derecho administrativo? Nada. La nueva ley de responsabilidad del Estado dice que los jueces no pueden aplicar estas sanciones. Seguramente el juez busque algún otro mecanismo para hacer cumplir sus sentencias, incluso sigue estando el delito penal de desobediencia e incumplimiento de deberes.

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¶. Se aplica a los juicios de divorcio en trámite, now

Ella lo había demandado para que los jueces le den el divorcio por qué lo acusó a él de cometer injurias graves. La sentencia de primera instancia le dio la razón a ella. Pero por el nuevo código civil, que elimina los divorcios “culpables”, ya no puede reclamar por esa causal. Y esto tiene efectos patrimoniales importantes. ¿Por qué salió así?

Por un lado por esta nueva nueva regla del código, que equipara todos los divorcios. Y que hace que los reclamos por infidelidad, abandono, injurias y demás tramiten en juicio separado. Por otro lado, porque el nuevo código se aplica ya.  Los jueces asumieron que las sentencias que se dicten a partir de agosto de 2015 no pueden contener declaraciones de inocencia ni culpabilidad, aunque el juicio haya comenzado antes de esa fecha, desde que la culpa o la inocencia no constituyen la relación, son efectos o consecuencias y, por eso, la nueva ley es de aplicación inmediata. En definitiva, todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciados antes o después de la entrada en vigencia, se resolverán como divorcios sin expresión de causa, aun cuando exista decisión de primera instancia apelada“. Podés leer la sentencia acá abajo.

¶. Impuestos y hasta cuándo te los pueden reclamar

Después de un tiempo sin que el fisco lo exija, los impuestos prescriben. Los plazos suelen ser de varios años. Acogerse a una moratoria, además, resetea ese plazo. Para tasas e impuestos locales, de pago periódico, la Corte aplicó el código civil y dijo que prescriben (se extingue la acción para reclamarlos) a los cinco años. Tiene cierta lógica. Si después de tanto tiempo el Estado no hizo nada, es necesario que haya certeza de que la acción para pedir la deuda se extinguió. (Cuidado, pagar un impuesto prescripto impide, en principio, repetirlo).

Ahora, el nuevo código civil da vía libre a las legislaciones locales para que regulen el plazo de prescripción de los tributos. Así que seguramente lo extiendan y lo fijen en más años. Esto es, la legislatura de la provincia de Catamarca o de Buenos Aires podrá hacer que su ARBA o que Rentas de Catamarca o que AGIP tengan más tiempo para reclamar impuestos e intereses (usualmente el fisco no reclama sino hasta último momento).

Algo del camino de sirga hay acá. Y la respuesta de Julían Álvarez, Secretario de Justicia de la Nación a una pregunta que le hice, acá. Y en este otro artículo de Derecho En Zapatillas, algunos cambios sobre los negocios, los casamientos y otros temas. El link, here.

Como se ve, muchos temas están aún abiertos, veremos cómo se adapta cada actor a estos cambios.

verano

Anexo con sentencia completa

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SALTA – SALA CUARTA – 07/09/2015

Y VISTOS: Estos autos caratulados “…. – Divorcio”, Expte. N° 155198/06 del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil de Personas y Familia, 3° Nominación; Expte. N° 462827/14 de Salta y CONSIDERANDO

I) La señora Juana demandó por divorcio vincular a su cónyuge, señor Ricardo (nombres ficticios) por la causal de injurias graves, adulterio y abandono voluntario y malicioso (art. 202, incisos 1°, 4° y 5° del Código Civil -hoy derogado, ley 26.944-), quien solicitó el rechazo de la demanda y reconvino por la causal objetiva prevista en los arts. 214, inciso 2° y 204 de dicho cuerpo legal. Producida la prueba, la sentencia de fs. 188/191 rechazó la demanda e hizo lugar a la reconvención, disponiendo el divorcio vincular de los esposos por la causal prevista en el art. 214, inciso 2° del Código Civil. Apelaron ambas partes (la actora a fs. 197 y el demandado a fs. 198). Al fundar el recurso la actora (fs. 209/212 y vta.), se queja, en primer lugar, de que la sentenciante se funde en una supuesta reconvención -que el demandado no ha promovido en su contestación al traslado de la demanda-, respecto de la cual no se ha impreso el trámite procesal que hubiera correspondido, a efectos del debido contradictorio y ejercicio de su derecho de defensa. Cita jurisprudencia y destaca que una reconvención no puede ser implícita, por cuanto está sujeta a todos los requisitos sustanciales y formales de una demanda. Se agravia a continuación de la falta de valoración de la prueba que acredita el incumplimiento alimentario del demandado, que enmarca en la causal de injurias graves, conforme jurisprudencia que cita. Afirma que el fallo apelado decretó el divorcio vincular sin atribución de culpas, desatendiendo todas las probanzas rendidas sobre la conducta de su ex cónyuge, quien habría dejado a su familia en total desamparo; y obviando meritar las constancias del Expte. N° 1B-87646/96, en el que se desestimó la demanda de divorcio interpuesta por el aquí accionado, con fundamento en que pese a haber interrumpido la convivencia en exceso del plazo legal, ambas partes continuaban habitando el mismo inmueble. Aduce que el agravio es aún mayor si se considera que los arts. 204 y 214, inciso 2° del Código Civil, permiten invocar y probar que no se dio causa a la separación de hecho, extremo que -dice- su parte ha demostrado en autos. Concluye que el fallo priva de entidad a todo lo probado por su parte, sin hacer mérito alguno de la falta de prueba en contrario, ni eximentes que justifiquen el accionar de su ex cónyuge. Pide se revoque la sentencia y se decrete el divorcio sin culpa de la esposa, dejando a salvo sus derechos, con costas. El demandado contesta a fs. 214/216. Plantea la insuficiencia técnica del memorial, y, subsidiariamente, solicita el rechazo del recurso intentado, con costas. A fs. 217/218 el demandado presenta memorial de agravios.

Manifiesta que la sentencia ha impuesto las costas por el orden causado sin fundamentación suficiente, pues al ser rechazada la demanda interpuesta en autos y acogida la pretensión opuesta por su parte, se impone el principio objetivo de la derrota consagrado, en el art. 67 del CPCC. Aduce que no se verifica el supuesto excepcional previsto en el art. 70 del código ritual, ni advierte mérito alguno para eximir total o parcialmente de las costas a la actora. Cita jurisprudencia y solicita se revoque el punto III de la sentencia, imponiendo a la actora las costas del proceso. En su contestación al traslado (fs. 222/224 y vta.) la actora solicita el rechazo del recurso, con costas.

A fs. 226/228 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara y se expide por el progreso parcial del recurso interpuesto por la actora, y por el rechazo del recurso deducido por el demandado; quedando los autos en estado de dictar sentencia a fs. 229.

II) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición de los recursos, y que si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas en esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir, (cfr. CSJN., Fallos: 335:905; 318:2438; id. “D.I.P., V. G. y otro e/Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo”, sent. 6/08/2015, entre otros).

En fecha 1/8/2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley 26.994, que en la materia objeto de la litis ha introducido el divorcio incausado (arts. 436 y ss del Libro II, Título I, Capítulo 8, Sección 2°).

El art. 7° del mismo Código dispone: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”

En orden a la eficacia temporal de las normas, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia de Lomas de Zamora (fallo del 13/08/2015, publicado en www.nuevocodigocivil.com) expuso que dos son los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo. El primero, la irretroactividad de la ley -contemplada por la misma norma- que sólo admite excepciones puntuales, como las aplicables a las relaciones de consumo. El segundo, la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación a partir de su entrada en vigencia. Bien entendidos, ambos principios se complementan. La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación ae las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos. Concluye el tribunal, con cita de Lorenzetti, que el principio que prevé el art. 7° es el de la aplicación de la ley nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. Por lo tanto, si en medio de un proceso judicial sin sentencia firme -por ende, sin haber derechos adquiridos- se debe aplicar la nueva ley, es entonces imposible que el juez decrete el divorcio por culpa de uno o ambos cónyuges, debiendo readaptar el proceso en el estadio en que se encuentre a las reglas que prevé el Código en materia de divorcio, que como recepta un único sistema lo será al de divorcio incausado. Esta misma interpretación cabe para aquéllos casos que al momento de la entrada en vigencia del nuevo Código se encontraban a estudio en la Alzada. Al tratarse de una sentencia sujeta a revisión, ergo, no siendo firme, tampoco nos encontramos ante derechos adquiridos y, por ende, debe aplicarse la nueva normativa. (Lorenzetti, R.L., “Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo III, p. 734, Ed. Rubinzal-Culzoni.).

En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina, al sostener que “para que haya divorcio se requiere sentencia (arts. 213.3 del CC y 435 inc. c del CCyC); se trata de una sentencia constitutiva, sin perjuicio de que algunos efectos se retrotraigan a un momento anterior. Por lo tanto, mientras no haya sentencia firme, no hay divorcio, lo que implica que después del 1/8/2015, si el expediente que declara el divorcio contencioso se encuentra en Cámara porque la sentencia de primera instancia fue apelada, el tribunal de apelaciones no puede ni debe revisar esta decisión a la luz del Código Civil, porque está extinguiendo una relación, y la ley que rige al momento de la extinción (el Código Civil y Comercial) ha eliminado el divorcio contencioso. Debe pues, declarar el divorcio, pero sin calificación de inocencia o culpabilidad” (Aída Kemelmajer de Carlucci, publicado en maestrosdelderecho.com.ar). La misma autora afirma que “Las sentencias que se dicten a partir de agosto de 2015 no pueden contener declaraciones de inocencia ni culpabilidad, aunque el juicio haya comenzado antes de esa fecha, desde que la culpa o la inocencia no constituyen la relación, son efectos o consecuencias y, por eso, la nueva ley es de aplicación inmediata. En definitiva, todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciados antes o después de la entrada en vigencia, se resolverán como divorcios sin expresión de causa, aun cuando exista decisión de primera instancia apelada. (Kemelmajer de Carlucci, A., en “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 136).

En este contexto legal, doctrinario y jurisprudencial, en el sub examen no incumbe al Tribunal expedirse sobre la configuración de causal objetiva o subjetiva alguna, tornándose por ende innecesario el tratamiento del material de agravios. Corresponde, entonces, modificar el punto I) de la sentencia apelada, y decretar el divorcio de las partes en los términos de los arts. 437 y 438 del Código Civil y Comercial de la Nación. Debe, en la instancia de grado, implementarse los actos necesarios a los fines previstos en la última norma señalada.

Concerniente a las costas, el recurso del demandado no puede prosperar. Ello así, pues el cambio en la legislación que resuelve el caso, y la forma como se decide, justifica su imposición por el orden causado, en ambas instancias (art. 67, segunda pane del CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR a los recursos deducidos por las partes, MODIFICA la sentencia de fs. 188/191, y en su mérito, DECLARA el divorcio vincular de los cónyuges TLC y M., M. en los términos de los arts. 437, 438 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme considerandos. Costas por su orden en ambas instancias.
II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE,

Fdo.:
Fdo.: Graciela Carlsen – José Gerardo Ruiz

 

Comentarios

  1. lucio

    en el 2005 o 2007 kisner no saco un decreto donde eximia a los que tenían deudas con la afit o monotributistas con deudas ,para empezar de cero

    • Hola, Lucio: cada tanto salen decretos de moratoria o blanqueo que pueden condonar una parte de la deuda fiscal… Un saludo.

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