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El abogado no puede insultar

| El 20, Ago 2015

Ha pasado que un abogado se excedió de tono frente a un juez, sobre todo en la apelación. A veces hay una delgada línea entre la defensa ardua de los derechos de un cliente y la crítica muy fuerte a una sentencia. Es un sutil equilibrio, pero siempre con respeto, dice el código de ética.

En este caso, un abogado le dijo «Andá a lavar los platos» a un empleado de ANSÉS», entre otros gritos, amenazas, insultos y apócopes degradantes para denunciar una persecución a los abogados que hacen seguridad social. Si bien por la cantidad de juicios previsionales es cierto que la ANSÉS aún no alcanza a atender las demandas, sin dudas, una defensa así tampoco contribuye…anses-salta

Parece que el empleado de ANSÉS hizo la denuncia y el Colegio Público de Abogados. Este organismo —que tiene a su cargo el control de los profesionales— es adonde se puede acudir por sus incumplimientos éticos (según código de ética profesional), legales o contractuales, sean clientes o terceros. Después de un proceso disciplinario, por esa conducta ante la ANSÉS lo sancionó con un llamado de atención. Abajo, podés encontrar la sentencia de los jueces que confirmaron la sanción, y también las normas en juego.

Para seguir leyendo, sobre la relación con tu abogado/a, ver esta otra nota.

 


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Anexo con la sentencia completa

Fuente: diariojudicial.com
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III 24601/2015,
XXX c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL s/EJERCICIO DE LA ABOGACIA – LEY 23187 – ART 47
Buenos Aires, 11 de agosto de 2015.- CMP
VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.Que, por pronunciamiento glosado a fs. 160/163, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió: (i) absolver a los abogados S.M.P. y L-P- ; (ii) imponer al abogado XXX la sanción contemplada en el art. 45º inc. a) de la ley 23.187, consistente en un “llamado de atención” por violación a lo dispuesto en el artículo 22, inciso a) del Código de Ética y art. 44 incisos g) y h) de la ley 23.187.

Al respecto, se relató que las actuaciones iniciaron por la denuncia efectuada por la Jefa de la Unidad de Atención Integral de la Administración Nacional de Seguridad Social – Unidad de Atención Inmediata Pacífico, a fin de poner en conocimiento lo ocurrido el 3/07/2013 en dicha UDAI, en cuanto a que los mencionados abogados, al momento de iniciar un trámite jubilatorio por ante la ANSES, se habrían dirigido hacia el personal de dicha entidad con gritos, amenazas, insultos y apócopes degradantes.
Asimismo, que abierto a prueba, se recibieron las declaraciones testimoniales de D.B., y de los dependientes de la ANSES L., V., M.M. y G..
Tras valorar la prueba, en cuanto al abogado XXX el Tribunal consideró que lucía acreditado que el clima de tensión que se había vivido en el marco de aquella jornada, había sido generado -en gran medida- por la existencia de actitudes y comentarios proferidos por éste último. En ese sentido, se consideró que existía concordancia de los testigos en cuanto a que existieron malos tratos y expresiones descalificativas del letrado M. hacia los empleados de ANSES, en especial hacia la agente V., situación del todo ajena a las pautas rectoras del art. 22, inciso a) del Código de Ética y el art. 44, incisos g) y h) de la ley 23.187.
En síntesis, el Tribunal de Disciplina consideró que las conductas desplegadas por M. en el marco de la jornada del 3/07/2013 resultaban, cuanto menos, inadecuadas a la jerarquía profesional (art. 22, inc. a) del Código de Ética), lo cual ameritaba el llamado de atención.

II.Que, por presentación de fs. 172/177 vta. el abogado XXX interpone recurso de apelación directa contra el pronunciamiento precedentemente individualizado.

En lo sustancial, sostiene que la sentencia afecta su buen nombre y honor, y que no existió una conducta indecorosa de su parte. Manifiesta que, según surge de la prueba, la UDAI Pacífico tiene graves problemas de personal, con cantidad desmesurada de ausencias y falta de reemplazantes para atención al público. Asimismo, que existió un notorio incumplimiento de la jefa de esa entidad de organizar un servicio eficiente, situación que no fue considerada en la sentencia.
Hace notar la ambigüedad con que fue realizada la denuncia por la jefa de la UDAI de la ANSES en cuestión, poniendo de relieve que ha ocultado problemas de organización en la institución.
El apelante sostiene que ha guardado el “estilo” adecuado ante el organismo administrativo, por cuanto nada de lo que pudo haber hecho para defender los intereses de su cliente se puede considerar fuera del mismo.
Se queja de que la sentencia imputa al Dr. XXX crear un “clima de tensión” sin especificar de que se trató y aquello que se considera fuera del lugar de lo que un abogado debe hacer para defender los intereses de sus clientes ante una conducta irracional por parte de la ANSES.
Denuncia una sistemática y permanente persecución contra los abogados previsionalistas por parte de la ANSES, que tendría como objetivo que los mismos no atiendan a las personas que inician o continúan los trámites jubilatorios o de pensión.

III.Que, a fs. 195/200, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta y contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación articulado en autos.
IV.Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).
V.Que, ahora bien, corresponde precisar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares de los inculpados, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala V: “Alvarez Teodoro”, del 16 de agosto de 1995; entre otros).

En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187 (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, cit. ídem; Sala I: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000; entre otros); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, cit. ídem; Sala II: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VI.Que, para mejor dilucidación de los agravios, es preciso mencionar como circunstancias no controvertidas de los sucesos ocurridos el 3/07/2013 en la UDAI de la ANSES ubicada en la Av. Santa Fe 5140 de la Ciudad de Buenos Aires, que en dicho lugar se presentó la abogada L.P. a iniciar el trámite jubilatorio de una persona, y la agente M.V. del organismo le habría hecho notar que no era la letrada a favor de quien el futuro beneficiario había extendido el poder, sino del abogado S.M.P., quien además había sacado el turno en cuestión, por lo cual, debía presentarse el beneficiario o bien la abogada P. sacar otro turno. En ese marco, se habrían apersonado los Dres. M. P. y M. (hijo y esposo de la abogada P. respectivamente; este último el aquí sancionado), y se habría dado el intercambio de palabras que dio origen a estas actuaciones.
VII.Que, asimismo, resulta pertinente señalar que la sanción impuesta al abogado XXX tuvo sustento en la comisión de la falta ética prevista en el artículo 22, inciso a) del Código de Ética, esto es: “No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos”.
VIII.Teniendo en cuenta los alcances de la revisión que corresponde a éste Tribunal respecto a la sentencia del Tribunal de Disciplina, se debe señalar que los agravios esgrimidos por el recurrente no resultan atendibles, toda vez que no dan cuenta ni demuestran que el órgano juzgador del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal haya incurrido en una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta al resolver el caso.

En efecto, según se transcribe en la sentencia bajo estudio, la testigo V. declaró: “..la Dra. P. había sacado un turno y quien figuraba en el turno como apoderado era otro, entonces no podemos iniciar el trámite…la Dra. pretendía iniciar el trámite cuando no estaba a su nombre el poder…entonces, yo le dije que no podía iniciarlo…me empezó a levantar la voz…comenzó con un destrato…que conmigo no tenía nada más que hablar…llamo al turno siguiente…una señora de 89 años que empezó a sentirse mal por lo que estaba pasando…luego llegan los Doctores y el mayor [lo señala en la sala de audiencias] me mando a lavar los platos…gritaba a la gente ‘esto para que vean como tratan a los profesionales’” (fs. 161 vta.).
Por su parte, los testigos M.M. y GM, también dependientes de la ANSES, recordaron la expresión que el abogado M. le profirió a una empleada de la ANSES de apellido V., y que fue “anda a lavar los platos” (sic, fs. 161 vta. y 162).
Teniendo en vista las circunstancias que se dieron los acontecimientos, y a mayor abundamiento, corresponde poner de relieve que aún en la hipótesis de que fuera cierta la discriminación que el recurrente denuncia que efectúa la ANSES hacia los abogados previsionalistas, la misma podría resultar idónea para iniciar reclamos administrativos y judiciales tendientes a hacerlas cesar (como las causas judiciales que detalló en sus agravios), pero en modo alguno para justificar frases como la propinada a una empleada de un organismo administrativo.
En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directo deducido en autos y, en consecuencia, se confirmar la sentencia, con costas (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada –Dr. Ignacio Andrés Castillo- en la suma de pesos cuatro mil -$4.000- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.
Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel).
En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO
SERGIO G. FERNANDEZ
Fecha de firma: 11/08/2015 Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA


 

Anexo con ley de ejercicio profesional de la abogacía

Requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal, Jerarquía, deberes y derechos, Matrícula. Colegiación.

Disposiciones transitorias.

LEY N° 23.187

Sancionada: Junio 5 de 1985

Promulgada: Junio 25 de 1985

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

De los abogados

CAPITULO I

Requisitos para el ejercicio profesional

ARTICULO 1° – El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley y subsidiariamente por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes que no resulten derogadas por ésta.

La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja.

ARTICULO 2° – Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal se requiere:

a) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente;

b) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.

No será exigible este requisito al profesional que litigue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante tribunales o instancias administrativas, por causas originadas en tribunales federales o locales en las provincias;

c) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.

ARTICULO 3° – No se podrá ejercer la profesión de abogado en la Capital Federal en los siguientes casos:

a) Por incompatibilidad:

1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el procurador y subprocurador del Tesoro de la Nación, el intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y los secretarios de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Los legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el Estado nacional, La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas penales y correccionales

3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; los que se desempeñen en el ministerio público, Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas, los integrantes de Tribunales Administrativos excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal.

4. Los miembros de las fuerzas armadas e integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías provinciales, cuando las normas que regulen a dichas instituciones así lo dispongan.

5. Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

6. Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional vigente en la fecha en que se obtuvo la jubilación.

7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público.

8. Los abogados que ejerzan la profesión de contador público, martillero o cualquier otra considerada auxiliar de la justicia, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la justicia, y mientras duren sus funciones.

9. Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese.

b) Por especial impedimento:

1. Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley.

2. Los excluidos en la matrícula profesional, tanto de la Capital Federal como de cualquier otra de la República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio o por los organismos competentes de las provincias y mientras no sean objeto de rehabilitación.

ARTICULO 4° – Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar fehacientemente –en tiempo hábil– tal circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causal y el lapso de su duración, de lo que se tomará debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia mencionada lo hará pasible de la sanción prevista en la presente ley.

No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, pupilo o adoptado, así como también en las que sean inherentes a su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme a las leyes.

CAPITULO II

Jerarquía del abogado;

Deberes y derechos

ARTICULO 5° – El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe.

Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones.

ARTICULO 6° – Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo siguiente:

a) Observar fielmente la constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte;

b) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita, a litigantes carentes de suficientes recursos;

c) Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal;

d) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales;

e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;

f) Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.

ARTICULO 7° – Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los siguientes:

a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración; (Nota Infoleg: Por art. 1° apartado 6° del Decreto N° 240/1999 B.O. 23/3/1999, se identifica como normativa derogada la parte del Artículo 7° inciso a) de la Ley N° 23.187 que dice: ” no inferior a la que rijan las leyes arancelarias”).

b) Defender, patrocinar y/o representar judicialmente a sus clientes;

c) Guardar el secreto profesional;

d) Comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de libertad;

e) La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Colegio al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo.

ARTICULO 8° – Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquéllas informaciones de carácter estrictamente privados y aquéllos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal. En estos casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.

ARTICULO 9° – En dependencias policiales, penitenciarías o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se hallare la causa.

Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

ARTICULO 10. – Queda expresamente prohibido a los abogados:

a) Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos;

b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del ministerio público;

c) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión;

d) Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional;

e) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional;

f) Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos.

TITULO II

Inscripción de la Matrícula

CAPITULO UNICO

Matrícula de Abogados

ARTICULO 11. – Para inscribirse en la matrícula del Colegio que por esta ley se crea, se requiere:

a) Acreditar la identidad personal;

b) Presentar título de abogado expedido y/o reconocido por autoridad nacional y competente;

c) Denunciar el domicilio real y constituir uno especial en la Capital Federal;

d) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimento referidos en el artículo 3 de la presente ley;

e) Prestar juramento profesional;

f) Abonar las sumas que establezca la reglamentación.

ARTICULO 12. – El Consejo Directivo del Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por el artículo 11 de la presente ley y deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro del mencionado plazo de diez (10) días hábiles implicará tener por aceptada la solicitud del peticionante.

ARTICULO 13. – El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 y deberá ser decidido por el voto como mínimo de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo. En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, el que deberá ser deducido y fundado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. La cámara dará traslado por cinco días hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el Tribunal resolverá la apertura a prueba por veinte (20) días, si hubiera sido solicitada por el apelante y considerara procedente la misma. En caso contrario, llamará autos para resolver.

La resolución deberá producirse dentro de los veinte (20) días hábiles e improrrogables al llamamiento de autos para resolver. El Colegio al contestar el traslado no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o de consideración, en la resolución denegatoria. De no observarse este requisito, la cámara, a pedido de parte o de oficio, dispondrá el desglose del escrito teniéndose por no presentado.

Para la sustanciación del recurso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, referentes al recurso de apelación.

ARTICULO 14. – El Colegio tendrá a su cargo la actualización y depuración de la matrícula de los abogados, debiendo comunicar las modificaciones que se operen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTICULO 15. – Los abogados matriculados que, con posterioridad a la inscripción, estén incursos en algunas de las incompatibilidades especificadas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del inciso a) del artículo 3 podrán reincorporarse a la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad allí enunciadas.

ARTICULO 16. – El abogado, una vez aprobada su inscripción en la matrícula, en formal acto público ante el Colegio prestará juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a la Constitución Nacional y a las reglas de ética profesional.

Prestado que sea el juramento se le hará entrega de la credencial o certificado respectivo, comunicándose su inscripción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

TITULO III

Colegiación de los Abogados

CAPITULO I

Creación del Colegio. Denominación. Matriculación. Personería

ARTICULO 17. – Créase el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que controlará el ejercicio de la profesión de abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal y con referencia a las actuaciones profesionales en tal jurisdicción, ajustándose a las disposiciones de esta ley.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.

Sin perjuicio de las remisiones especiales, la actuación del Colegio que se refiere al ejercicio del cometido administrativo que esta ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo de la denominación Colegio Público de Abogados de la Capital Federal u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.

ARTICULO 18. – Serán matriculados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal los abogados actualmente inscriptos en la matrícula llevada por la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los abogados que en el futuro se matriculen en el Colegio conforme la disposiciones de esta ley.

Declárase obligatoria la matriculación prevista, no pudiendo ejercerse la profesión en caso de no estar efectuada la matriculación dispuesta.

ARTICULO 19. – La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.

CAPITULO II

Finalidad. Funciones.

Deberes y Facultades.

ARTICULO 20. – El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendrá las siguientes finalidades generales:

a) El gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan su profesión en la Capital Federal, sea habitual o esporádicamente salvo el caso previsto por el artículo 2, inc. b) de la presente ley;

b) El ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados;

c) Defender a los miembros del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos;

d) La promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos y la cooperación con los poderes públicos para el logro integral de esta finalidad;

e) La contribución al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento;

f) Evacuar las consultas que les sean requeridas en cuanto a la designación de los magistrados;

g) El dictado de las normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán observar los abogados, y la aplicación de las sanciones que aseguren su cumplimiento;

h) La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general.

ARTICULO 21. – Para el cumplimiento de sus finalidades, ajustará su funcionamiento a las siguientes funciones, deberes y facultades:

a) Tendrá el gobierno y contralor de la matrícula de abogados, ejerciendo el poder disciplinario sobre los mismos a través del Tribunal de Disciplina y conforme a las normas establecidas en la presente ley y reglamento que dicte la Asamblea de Delegados;

b) Vigilará y controlará que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante, o que no se encuentren matriculados. A estos fines, estará encargada específicamente de ello una Comisión de Vigilancia que estará integrada por miembros del Consejo Directivo;

c) Aplicará las normas de ética profesional que sancione la Asamblea de Delegados, como también toda otra disposición que haga al funcionamiento del Colegio;

d) Controlará el efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados matriculados;

e) Administrará los bienes y fondos del Colegio de conformidad a la presente ley, al reglamento interno que sancione la Asamblea de Delegados y, en especial, conforme al presupuesto de gastos y cálculos de recursos que anualmente apruebe la Asamblea de Delegados;

f) Cooperará en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la abogacía, el doctorado y de cursos jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias, y destacando estudiosos y especialistas de entre sus matriculados;

g) Fundará y sostendrá una biblioteca pública, esencialmente jurídica y establecerá becas y premios que estimulen y propicien la profundización del estudio y especializaciones en las ciencias jurídicas;

h) Dictará por iniciativa del Consejo Directivo y aprobación de la Asamblea de Delegados, el Reglamento Interno del Colegio y sus modificaciones;

i) Intervendrá como árbitro en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el Estado, los particulares o las que se susciten entre profesionales, o entre estos y sus clientes;

j) Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos la legitimación procesal para ejercitar la acción pública;

k) A los fines previstos en el inciso e) del artículo anterior, el Colegio estará facultado para solicitar el enjuiciamiento de magistrados siempre que en la decisión concurra el voto de los dos tercios (2/3) de los integrantes del Consejo Directivo.

ARTICULO 22. – Sólo se entenderá como pedido de intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al Poder Ejecutivo Nacional por la transgresión de normas legales o reglamentarias aplicables al mismo, el que formule un número no inferior al 51 % de los Delegados a la Asamblea.

El interventor designado deberá en todo caso convocar a elecciones que deberán realizarse en un plazo no superior a los noventa (90) días, contados desde la fecha de la intervención.

Las autoridades que se elijan ejercerán sus mandatos por todo el término de ley.

CAPITULO III

Organos del Colegio

Su modo de constitución.

Competencia.

ARTICULO 23. – El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se compondrá de los siguientes órganos:

a) Asamblea de Delegados;

b) El Consejo Directivo;

c) El Tribunal de Disciplina.

ARTICULO 24. – La Asamblea de Delegados se integrará con los abogados matriculados que elijan los mismos en número equivalente a uno (1) por cada doscientos (200), o fracción mayor de cien (100).

Se elegirá igual número de titulares como de suplentes. Cada lista podrá presentar la cantidad de candidatos que considere conveniente. Para ser delegado se requiere una antigüedad de tres (3) años de inscripción en la matrícula. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista por la cual hubiesen sido electos y en el orden en que figuraban. La adjudicación de cargos se hará por el procedimiento siguiente:

1. Se sumarán los votos computados como válidos por todas las listas oficializadas, sin incluir los votos en blanco y anulados, que no se tomarán en cuenta;

2. La suma así obtenida se dividirá por el número de cargos a distribuir. Ese será el “cuociente de representación”. Las listas que no alcancen a ese “cuociente” no tendrán representación alguna.

3. La suma de los votos obtenidos por las listas que tendrán representación se dividirá por el número de cargos a cubrir y el resultado será el “cuociente electoral”. El total de los votos obtenidos por cada lista se dividirá por el “cuociente” de adjudicación o electoral , e indicará el número de cargos que le corresponderá.

4. Si la suma del número de cargos resultantes de la aplicación del punto precedente, no alcanzara el número de cargos a cubrirse, se adjudicará una representación más a cada lista por orden decreciente de residuo hasta completar dicho número. Si dos o más listas tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste será atribuido a la lista que hubiere obtenido mayor número de votos.

La elección se efectuará por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados.

ARTICULO 25. – Los delegados durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos.

ARTICULO 26. – El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente 1ro, un vicepresidente 2do, un secretario general, un prosecretario general, un tesorero, un protesorero, y ocho (8) vocales titulares y quince (15) vocales suplentes. Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad mínima de cinco (5) años de inscripción en la matrícula.

ARTICULO 27. – Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados por el sistema de lista.

La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará la presidencia y ocho (8) cargos titulares más, así como nueve (9) suplentes como mínimo. Los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional entre las listas que hayan obtenido como mínimo el quince por ciento (15 %) de los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema de distribución previsto por el artículo 24.

A tal fin, si la lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de votos que la requerida por el sistema de adjudicación establecido en el artículo 24 (para obtener el mínimo de cargos que este artículo le atribuye). Participará en la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos puestos como le correspondan, según el “cuociente electoral o de adjudicación”.

ARTICULO 28. – Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola vez, por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos de dos (2) años.

ARTICULO 29. – El Tribunal de disciplina estará compuesto por quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes. Para ser miembro del mismo se requerirá tener una antigüedad de diez (10) años de inscripción en la matrícula como mínimo.

ARTICULO 30. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados, por el mismo sistema previsto para la Asamblea de Delegados.

ARTICULO 31. – Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos.

Funcionarán divididos en tres (3) salas de cinco (5) miembros cada una salvo en el supuesto de aplicación de la sanción de exclusión de la matrícula de abogados, en cuyo caso deberán constituirse en Tribunal Plenario, con el concurso de la totalidad de sus integrantes.

ARTICULO 32. – Es de competencia de la Asamblea de Delegados:

a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los fines de tratar el siguiente temario: memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina, si los hubiere; elegir sus propias autoridades (un presidente, un vicepresidente 1ro, un vicepresidente 2do, un secretario gral. y un secretario de actas) y fijar el monto de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones;

b) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;

c) Sancionar un reglamento interno del Colegio, a iniciativa del Consejo Directivo y en su caso las modificaciones que sean propiciadas;

d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo disponga el Consejo Directivo por el voto de ocho (8) de sus miembros como mínimo, o lo solicite un número no inferior al veinticinco por ciento (25 %) de los delegados que integran la asamblea. En dichas asambleas solo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de expresa mención en la convocatoria;

e) Tratar y, resolver los asuntos que, por otras disposiciones de esta ley, le competan.

ARTICULO 33. – La convocatoria a asamblea ordinaria deberá notificarse con no menos de veinte (20) días de anticipación a la fecha de celebración. La convocatoria a asamblea extraordinaria requerirá diez (10) días de anticipación como mínimo.

ARTICULO 34. – Dichas convocatorias se notificarán a los delegados en el domicilio real mediante comunicación postal, sin perjuicio de exhibirse la citación en la sede del Colegio, en lugar visible, durante cinco (5) días previos a la celebración.

Las asambleas se constituirán válidamente a la hora fijada para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.

Transcurrida una hora desde la que se hubiera fijado para su iniciación, se tendrá por constituida válidamente cualquiera fuera sea el número de delegados presentes.

Las decisiones de la Asamblea de Delegados serán adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes, salvo los casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.

ARTICULO 35. – Es de competencia del Consejo Directivo:

a) Llevar la matrícula de los abogados y resolver sobre los pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a las matriculaciones de los abogados y tomar el juramento previsto por el artículo 11 inciso e);

b) Convocar a la Asamblea de Delegados a sesiones ordinarias fijando su temario, conforme lo previsto por el artículo 32 incisos a), b) y c);

c) Convocar a Asamblea Extraordinaria de Delegados en el supuesto previsto en artículo 32, inciso d);

d) Cumplimentar las decisiones y resoluciones de la Asamblea de Delegados si no tuvieren como destinatario específico a otro órgano;

e) Designar anualmente de entre sus miembros, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, prevista por el artículo 21, inciso b);

f) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente ejercicio;

g) Remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente ley;

h) nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado del Colegio;

i) Ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la presente ley que no hayan sido conferidas específicamente a otros órganos.

ARTICULO 36. – La representación legal prevista en el inciso i) del artículo anterior será ejercida por el presidente del Consejo Directivo, su reemplazante o el miembro del Consejo Directivo que dicho órgano designe.

ARTICULO 37. – En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente lo reemplazarán el vicepresidente 1ro; el vicepresidente 2do; el secretario general; el tesorero; el prosecretario; y el protesorero, en el orden enunciado. Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por el Consejo Directivo, de entre sus miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido reemplazará el período del reemplazado. En el interín, el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término en la lista.

ARTICULO 38. – El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una (1) vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros. Sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El presidente sólo tendrá voto en caso de empate.

El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines y que por esta ley o el reglamento interno del Colegio, sean de su competencia. También resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la Asamblea de Delegados, sujeta a la aprobación de la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse por el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes.

ARTICULO 39. – Es de competencia del Tribunal de Disciplina:

a) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas por la Asamblea de Delegados;

b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;

c) Dictaminar, opinar e informar, cuando de ello le sea requerido;

d) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;

e) Rendir a la Asamblea Ordinaria de Delegados, anualmente y por medio del Consejo Directivo, un informe detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.

ARTICULO 40. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.

ARTICULO 41. – La Asamblea de Delegados reglamentará el procedimiento a que se ajustará el Tribunal de Disciplina, como también su modo de actuación –por sala o en pleno–. Dicha reglamentación hará aplicación de los siguientes principios:

a) Juicio oral;

b) Derecho a la defensa asegurando en su caso el sistema de defensa oficial, obligatoria y gratuita;

c) Plazos procesales;

d) Impulso de oficio del procedimiento;

e) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del Código de Procedimientos en Materia Penal;

f) Término máximo de duración del proceso.

ARTICULO 42. – El Tribunal de Disciplina podrá disponer directamente la comparecencia de los testigos; realizar inspecciones; verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias. A tales efectos podrá valerse del auxilio de la fuerza pública, cuyo concurso podrá ser requerido a cualquier juez nacional, el que examinadas las fundamentaciones del pedido resolverá sin otro trámite, en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

TITULO IV

De los poderes disciplinarios

CAPITULO UNICO

Competencia. Causas. Sanciones. Recursos. Rehabilitación.

ARTICULO 43. – Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados.

ARTICULO 44. – Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:

a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que comporte la inhabilitación profesional;

b) Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean rehabilitados;

c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el artículo 3 de la presente ley;

d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes representados o asistidos;

e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales;

f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria;

g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio;

h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.

ARTICULO 45. – Las sanciones disciplinarias serán:

a) Llamado de atención;

b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;

c) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal;

d) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión;

e) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:

1. Por haber sido suspendido el imputado cinco (5) o más veces con anterioridad dentro de los últimos diez años.

2. Por haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado.

ARTICULO 46. – En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un abogado, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la misma se encuentra firme. La comunicación deberá efectuarse al presidente del Consejo Directivo dentro del término de cinco (5) días de quedar firme la sentencia.

ARTICULO 47. – Las sanciones de los incisos a), b) y c) del artículo 45 se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros de la sala del Tribunal que prevenga.

La sanción del inciso d) del citado artículo requerirá el voto de dos tercios (2/3) de los miembros de la Sala del Tribunal que prevenga.

La sanción del inciso e) el artículo 45 requerirá el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del tribunal en pleno. Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán apelables con efecto suspensivo.

El recurso deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la respectiva resolución, en forma fundada, ante la sala o tribunal en pleno que aplicó la sanción.

El recurso será resuelto por la sala de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que corresponda. El Consejo Directivo del Colegio será parte de la sustanciación del recurso.

Recibido el recurso, la Cámara dará traslado al Consejo Directivo del Colegio, por el término de diez (10) días y, evacuado el mismo, deberá resolver en el término de treinta (30) días.

Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se harán efectivas a partir de los treinta (30) días de quedar firmes.

ARTICULO 48. – Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que tuvieren interés en promoverlas hubieran podido razonablemente– tener conocimiento de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio.

ARTICULO 49. – El Tribunal de Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si la hubo.

ARTICULO 50. – Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado.

La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.

TITULO V

Del patrimonio

CAPITULO I

Integración de los fondos del Colegio

ARTICULO 51. – Los fondos del Colegio se formarán con los siguientes recursos:

a) Cuota de inscripción y anual que deberán pagar los abogados inscriptos y en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán fijadas anualmente por la Asamblea de Delegados;

b) Donaciones, herencias, legados y subsidios;

c) Multas y recargos establecidos por esta ley;

d) El importe proveniente de un derecho fijo que se abonará al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial ante los jueces o tribunales con intervención de abogados.

La Asamblea fijará el monto de este derecho fijo en base a una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios por monto indeterminado. Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos. Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, los recursos de hábeas corpus, las acciones de amparo y los casos en que se haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos. El sistema de percepción del derecho establecido en esta disposición se realizará mediante un bono que emitirá el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el que podrá convenir con el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de recaudación;

e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio;

f) Con los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste;

g) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.

CAPITULO II

Depósito de los fondos.

Percepción de cuotas

ARTICULO 52. – Los fondos que ingresen al Colegio conforme a lo previsto en el artículo anterior deberán ser depositados en bancos o entidades financieras oficiales.

ARTICULO 53. – Las cuotas a que se refiere el inciso a), del artículo 51, serán exigibles a partir de los sesenta (60) das de su fijación por la Asamblea de Delegados para los abogados matriculados en actividad. Los abogados que se incorporen deberán pagar la cuota anual en el momento de su inscripción.

En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa (90) días, el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida que determinará el Consejo Directivo y su cobro compulsivo se realizará aplicando las disposiciones de la ley de apremio.

Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscrita por el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o sus reemplazantes.

La falta de pago de tres cuotas anuales se interpretará como abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio lo suspenda en la matrícula hasta que el matriculado regularice su situación, debiendo el Consejo Directivo comunicar esta situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio de la prosecución de la acción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

ARTICULO 54. – Los abogados podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones que establece la presente ley en beneficio del Colegio, cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en la Capital Federal durante un lapso no inferior a un (1) año, ni superior a cinco (5) años. El pedido de suspensión en el pago deberá fundarse en razones de trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso u otras razones de evidente fundamento, extremos que deberán acreditarse en la forma y mediante los comprobantes que establezca el reglamento que sancione la Asamblea de Delegados.

TITULO VI

Patrocinio y representación gratuitos

ARTICULO 55. – El Colegio establecerá un consultorio gratuito para quienes carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los mismos. A tales efectos deberá admitirse como practicantes a los estudiantes de derecho que lo soliciten, en el número, modo y condiciones que fijará el Consejo Directivo.

ARTICULO 56. – El Consejo Directivo, dentro de los treinta (30) días de constituido el Colegio, deberá dictar el reglamento correspondiente al funcionamiento del consultorio, representación y patrocinio jurídico gratuitos, determinando los requisitos que deberán reunir los solicitantes de este servicio y el modo de designación de los abogados que intervendrán, y las sanciones por su incumplimiento.

ARTICULO 57. – El otorgamiento de poder al abogado designado se hará gratuitamente ante el secretario del juzgado o tribunal que corresponda, en forma de acta.

Las actuaciones de los abogados que cumplan con este servicio estarán exentas de todo tributo.

TITULO VII

Régimen electoral

ARTICULO 58. – Son electores de los órganos del Colegio que por esta ley crea todos los abogados que figuren en el padrón, el que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la cuota y no estén comprendidos en las incompatibilidades o impedimento del artículo 3 de la presente ley.

Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio, por treinta (30) días corridos, con el fin de que se formulen las tachas e impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley.

Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberá convocar, dentro de los sesenta (60) días siguientes, a los abogados inscriptos, en condiciones de votar, con el fin de que elijan a las autoridades del Colegio. El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión, con sus adicionales, antes de los treinta (30) días de la fecha del comicio, determinará la rehabilitación electoral del abogado.

ARTICULO 59. – El reglamento electoral deberá ser aprobado por la Asamblea de Delegados, debiendo ajustarse a las previsiones de la presente ley y en todo lo que no se oponga, se aplicarán las disposiciones de la ley nacional electoral vigente, contemplando las siguientes bases:

a) Las listas que se presentan, para ser oficializadas, deberán contar con el apoyo –por escrito– de no menos de cien (100) abogados habilitados para ser electores. Los candidatos deberán reunir los requisitos previstos en los artículos 24, 26 y 29 de la presente ley, respectivamente;

b) Las listas de candidatos para integrar los distintos órganos del Colegio se presentarán en forma independiente, pudiendo el elector optar por distintas listas para la integración de cada órgano.

TITULO VIII

Disposiciones transitorias

ARTICULO 60. – La Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargará de confeccionar, dentro de los sesenta (60) días corridos de sancionada la presente ley, el padrón provisional de los abogados inscriptos en la matrícula hasta la fecha de su promulgación. A partir de ese momento, automáticamente integrarán la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.

El Consejo Directivo, una vez electo, reglamentará el sistema con que se llevará dicha matrícula, en lo sucesivo.

ARTICULO 61. – La primera elección será presidida por una Junta Electoral de cinco (5) miembros que estará integrada por el juez electoral de la Capital Federal, los vocales de la Cámara Nacional Electoral y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Dicha junta deberá dictar un reglamento electoral aplicable al primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones de la presente ley.

La antigüedad exigida por los artículos 24, 26 y 29 de esta ley, por esta única vez se computará desde la fecha de expedición del título de abogado.

La junta electoral deberá convocar a elecciones dentro de los sesenta (60) días corridos de depurado el padrón electoral provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido por el artículo 60 y expuesto por el término fijado en el artículo 58 de esta ley.

ARTICULO 62. – Constituidas las autoridades del Colegio, la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hará entrega al Consejo Directivo de los libros, documentos y registros referentes a la matrícula de abogados.

Asimismo, se transferirá sin cargo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el dominio de los inmuebles donde actualmente funciona, ubicados en la calle Juncal 923–931, de la Ciudad de Buenos Aires, y del mobiliario allí existente, para el funcionamiento del Colegio.

ARTICULO 63. – Dentro de los sesenta (60) días de constituida, la Asamblea de Delegados deberá dictar el reglamento interno del Colegio y el Código de Etica de los Abogados y establecer el monto de la cuota anual prevista por el artículo 51, inciso a), de la presente ley.

ARTICULO 64. – Exceptúase al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a los trámites que sus representantes realicen, del pago de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal.

ARTICULO 65 – Derógase la ley de facto 22.192 en lo que se refiere al ejercicio de la abogacía en la Capital Federal y cualquier otra norma que se oponga a la presente. Los abogados cuya admisión en la matrícula hubiera sido rechazada o se encuentre pendiente, o quienes hubieran sido sancionados por la aplicación de la citada ley de facto 22.192, podrán, dentro de los ciento ochenta (180) días de constituidas las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, solicitar la revisión de su caso ante el Consejo Directivo.

ARTICULO 66. – El Poder Ejecutivo destinará los fondos que sean necesarios para transferencia del inmueble referido en el artículo 62 de la presente ley y los que se requieran al solo efecto de la puesta en funcionamiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con imputación a “Rentas generales”.

ARTICULO 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cinco. J.C. PUGLIESE – V.H. MARTINEZ – Carlos A. Bravo – Antonio J. Macris

Registrada bajo en N° 23.187

 


 

 

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