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Un Comentario

Acciones frente al congelamiento de vacantes

| El 21, Jul 2015

El empleado público tiene derecho a la carrera administrativa, esto es, ir ascendiendo en los distintos escalafones para ir mejorando su posición, categoría y salario. ¿Qué ocurre cuando “lo frizan” o congelan el ascenso? ¿Hay derecho a ocupar un cargo vacante? Actualizado a octubre de 2016.

 

El derecho a la carrera administrativa en Argentina  – empleo público

¿Puede el Estado mantener en el mismo escalafón a un empleado público durante 14 años?¿Es legal el congelamiento de vacantes?

Entre los derechos básicos del empleo público está el derecho a la carrera administrativa, a poder ascender y mejorar su posición a medida que gana conocimiento y experiencia, a participar de los concursos y a que se respete su remuneración sin “adicionales” no remunerativos. Sin embargo, gran parte de los empleados públicos están precarizados, por ser monotributistas (igual tienen derechos si están varios años y hay fraude laboral) o por leyes de congelamiento de vacantes.

Estas leyes que congelan vacantes impiden el ascenso y el derecho del empleado público a la carrera administrativa, desincentivan la mejora. A veces se alegan razones presupuestarias y eso traba cualquier nombramiento o ascenso. El empleo público ha crecido exponencialmente, el tema es cómo y cuándo. En la administración pública, de todos los niveles, he conocido técnicos excelentes, es importante entonces darles su lugar.

La corte aclaró que el derecho de los agentes a la carrera se refiere a su ubicación escalafonaria; y si bien no existe un derecho subjetivo al ascenso, sí lo hay con relación a su postergación frente a otros postulantes con menores antecedentes. Si se respetara esta regla y no se harían excepciones, se acabarían las designaciones políticas… la era


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En el caso, los jueces consideraron que el organismo demandado no demostró las razones concretas en virtud de las cuales las empleadas no han podido ascender durante aproximadamente catorce años. Tampoco explicó si, desde el año 2000 y hasta la fecha, se abstuvo de realizar designaciones en la planta permanente del organismo; y de solicitar el nombramiento de agentes con carácter de excepción. Es decir, si congelás vacantes congelás para todos, pero si dejás entrar gente de afuera… bancate que los de adentro también accedan, ¿no?

¿Qué hacemos para descongelar vacantes y acceder al cargo, usamos el Instant Thaw? (era un coso del llame ya que descongelaba comida en minutos…).

thaw

 

Mejor iniciar acciones legales y una demanda por reescalafonamiento… Así que las empleadas hicieron eso. Y los jueces remarcaron que el congelamiento de vacantes por un plazo tan largo desnaturaliza el derecho a la carrera administrativa, que el organismo ni siquiera mostró la gente que había nombrado “por excepción” sin darle el mismo ascenso a las de antes. Así las cosas, las agentes, empleadas públicas, tienen derecho al ascenso, según remarcaron los jueces en la sentencia que podés encontrar abajo.

En las provincias y municipalidades también está el derecho del empleado público a ascender en la carrera administrativa

Según publicó DiarioJudicial, la trabajadora municipal ingresó a trabajar en el año 1993, como médica veterinaria. Sin embargo, relató que “no fue promocionada a ninguna categoría superior”.

Sin embargo, el estatuto municipal que regula el empleo público dice que tiene derecho a ser ascendido de categoría cuando permanezca en cualquiera de ellas 10 años.

Así que la empleada accionó judicialmente y la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay hizo lugar a la demanda promovida por una empleada pública contra el municipio de la provincia de Entre Ríos. También condenó a la demandada a abonar la suma de $50.000 más intereses por el daño moral que le causaron.

Cada norma de empleo público incluye el derecho a la carrera, aunque la reglamentación varía. A modo de ejemplo, en la CABA, la ley 471 de empleo público dice:

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a:

a) condiciones dignas y equitativas de labor,

b) la libertad de expresión, política, sindical y religiosa y todas aquellas garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

c) desarrollar una carrera administrativa, que le posibilite el desarrollo personal y profesional, con un equipamiento conforme a la tecnología moderna,

d) la igualdad de oportunidades en la carrera administrativa y a la no discriminación por razones de sexo,

e) una retribución justa conformada por distintos componentes que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo,

Para los docentes y demás actividades está regulado el momento en que van ganando antigûedad en el cargo y pueden así ganarse un ascenso. ¿Y vos qué opinás? ¿Conocés otros casos? Podés dejar tu comentario, incluso en forma anónima o con seudónimo.

 

la marcha

 


 

Anexo con sentencia completa sobre congelamiento de vacantes y derecho del empleado público a la carrera administrativa

Expte. Nº 27712/2008 – “AAA. y otro c/ EN-DNM y otro s/empleo público” – CNACAF – SALA V – 04/06/2015

Buenos Aires, de junio de 2015.- MC

VISTO:

La presentación efectuada por la parte demandada a fs. 358/388, replicada a fs. 390/392; en relación con lo dispuesto en la sentencia agregada a fs. 354/357;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la sentencia dictada el 26 de agosto de 2014, agregada a fs. 354/357, este Tribunal admitió el recurso de apelación deducido por la parte actora, revocó el pronunciamiento recurrido, y dejó sin efecto las Disposiciones nros. 57491 y 57611 del 8 de agosto de 2008, mediante las cuales habían sido desestimados los reclamos administrativos deducidos por las demandantes a fin de que se les asignara la categoría escalafonaria Nivel “D”, o una remuneración equivalente a la que perciben los agentes de dicha categoría pues, según entendió la autoridad administrativas “las tareas que desempeñaban las agentes resultan acordes con el Nivel…asignado y que a los fines de acceder a un nivel superior al de su situación de revista deberá presentarse en los procesos de selección previstos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (decreto 993/91)”.-

Para así decidir, en la sentencia referida se consideró que dichos actos administrativos exhibían vicios en su motivación pues “… la demandada no expresó en forma concreta las razones en que ellos se fundan, sino que invocó diversos motivos de un modo genérico y amplio sin haber realizado una adecuada relación con los antecedentes del caso” (cfr. fs. 356vta/357).-

En tales condiciones, en el fallo se condenó a la Dirección Nacional de Migraciones a que se expidiera nuevamente respecto del reclamo de las actoras, bajo apercibimiento de asignarles la categoría Nivel “D”, pretendida en autos, de oficio.-

II.- Que a fs. 358/388 la parte demandada manifestó haber dado cumplimiento con lo ordenado en el fallo dictado por esta Sala y acompañó la copia de las disposiciones nro. 3437 y 3438, del 16 de septiembre de 2014, dictadas por el Director Nacional de Migraciones. Mediante las cuales se rechazó el reclamo deducido por las agentes Lorena Fernanda AAA y Micaela María Guadalupe HHH a fin de que se les asignara la categoría escalafonaria Nivel “D”; por entender que “no es jurídicamente factible la promoción automática de un nivel escalafonario a otro en la Planta Permanente como la pretendida por la agente, ya que la única forma posible es que los agentes se sometan a los concursos correspondientes cuando existan vacantes, circunstancia que en la actualidad no es factible atento al congelamiento de vacantes en la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional por las sucesivas leyes de presupuesto (…) desde el año 2000 hasta el presente” (cfr. fs. 364 y 369; 379 y 384).-

III.- Que a fs. 390/392, las demandantes solicitaron que se hiciera efectivo el apercibimiento dispuesto en la sentencia de fs. 354/357 y, en consecuencia, se las designara en la categoría Nivel “D” reclamada en autos. En tal sentido, manifestaron que las nuevas disposiciones nro. 3437 y 3438, dictadas por el Director Nacional de Migraciones exhiben los mismos vicios de motivación que las dictadas con anterioridad y revocadas por este Tribunal. En ese sentido, señala que dichos actos se fundaron en “afirmaciones generales y dogmáticas” sin haber dado cumplimiento con lo ordenado en el pronunciamiento de esta Sala del 26 de agosto de 2014; debido a que en tales actos administrativos se omitió indicar a qué procesos de selección previstos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, regido por el Decreto nro. 993/91, se debían sujetar; qué requisitos específicamente exigidos por esa reglamentación debían cumplimentar para el acceso al Nivel “D”; y, además, tampoco se informó si los restantes empleados de la Dirección Nacional de Migraciones que cumplen las mismas funciones de inspector o supervisor y se hallan designados en ese nivel y categoría, ingresaron a la planta permanente de ese organismo con anterioridad o con posterioridad, a qué procedimientos de selección fueron sujetos, y qué requisitos cumplieron u observaron, que no hayan sido cumplidos por las interesadas (cfr. art. 10 del Título II “Agrupamientos”, del Anexo I del Decreto nro. 993/91).-

IV.- Que, en tales condiciones, corresponde examinar la validez de las Disposiciones nros. 3437 y 3438, agregadas en copia a fs. 358/387, a la luz de lo resuelto por este Tribunal en la sentencia de fs. 354/357, y la impugnación formulada por las interesadas a fs. 390/392.-

De los actos administrativos referidos en el párrafo anterior resulta que mediante la Disposición nro. 12313/99, las agentes Lorena Fernanda AAA y Micaela María Guadalupe HHH fueron designadas el 3 de diciembre de 1999 en la planta permanente, nivel F, grado 0, del personal de dicho órgano administrativo; y que, hasta el presente, esa sigue siendo su categoría en la planta permanente de la Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de que actualmente se encuentren ascendidas, en forma transitoria, en el grado 4 de dicho nivel y en el Nivel D, grado 0, respectivamente. Asimismo, en tales actos se destacó que las interesadas no habían cuestionado oportunamente dicha designación, “dejando transcurrir casi una década para articular su reclamo” (cfr. fs. 369 y 383/384).-

Además, al dictar los actos en cuestión el organismo demandado desestimó el reclamo de las actoras de que se les asigne el nivel escalafonario de la letra “D”, o se les abone una remuneración equivalente a la pagada a los restantes agentes de esa categoría de revista, con motivo en que desempeñan las tareas propias de esa categoría; con fundamento en que en el artículo 22 de la ley de presupuesto nro. 25.237, el artículo 21 de la ley nro. 25.401, el artículo 18 de la ley nro. 25.725, y en el artículo 7º de las leyes nro. 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422, 26.546, 26.728, 26.784, 26.895 y 27.008, “se aprobaron los sucesivos Presupuestos de la Administración Nacional para los Ejercicios correspondientes desde el año 2000 hasta el presente, se estableció la imposibilidad de cubrir cargos vacantes en la Administración, ya sea que los mismos se encuentran financiados a la fecha de la sanción como los producidos con posterioridad” (cfr. fs. 364/365 y 379). Asimismo, se expresó que en el artículo 4º, inciso b), del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público nro. 25.164 se dispone que “todo ingreso a la Administración Pública Nacional se encuentra sujeto a la previa acreditación de `condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades´” (cfr. fs. 365/366 y 380). Finalmente, se indicó que en el Decreto nro. 993/91, T.O. 1995, se “obligaba a todos aquellos aspirantes a formar parte del Servicio Civil de la Administración Pública Nacional el deber de respetar los procedimientos de selección allí reglados para la cobertura de vacantes, es decir, mediante la existencia de una convocatoria de selección” (cfr. fs. 367 y 381); sin perjuicio de añadir que, en virtud de las leyes de presupuesto ya citadas, tales procedimientos se hallan suspendidos.-

En síntesis, el Director Nacional de Migraciones afirmó que “para poder acceder a la Categoría escalafonaria `D´ como la pretendida en el presente caso dentro de la Planta Permanente, sólo sería jurídicamente factible participando del procedimiento de selección correspondiente previstos por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto nro. 2098/08, pero sólo en el caso en que el Poder Ejecutivo Nacional descongelara las vacantes antes citadas” (cfr. fs. 367/368 y 382).-

V.- Que, es del caso señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el derecho a la carrera integra el concepto de estabilidad garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. “Ruiz, Emilio David c/D.G.I. s/despido”, sentencia del 15-05-2007, su cita; y Fallos 334:229; entre otros); y “en particular, la estabilidad del empleado público es armonizable con las facultades atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo, pues entendida ella como un todo coherente y armónico, dichas facultades deben ser ejercitadas con respeto de la estabilidad, ya que si los derechos y garantías deben ser ejercidos conforme a las leyes que los reglamentan tampoco son absolutas las potestades que se consagran en el texto constitucional.”, ya que “…. esas reglamentaciones, que pueden atender al origen y regularidad de las designaciones, períodos razonables de prueba, causas justificadas de cesantía y otras disposiciones que sistematicen la carrera administrativa, no pueden desnaturalizar la efectiva aplicación de la estabilidad” (Fallos 330:1989 “Madorrán, Marta Cristina”).-

Asimismo, el Alto Tribunal precisó que “el derecho de los agentes a la carrera se refiere a su ubicación escalafonaria; y si bien no existe un derecho subjetivo al ascenso, sí lo hay con relación a su postergación frente a otros postulantes con menores antecedentes. De lo contrario, poco valdría imponer pautas objetivas para establecer un escalafón y por otro hacer excepciones cuando ello no aparece suficientemente justificado” (cfr Fallos 317:102; 318:316; 321:3481; 322:612; 323:3346).-

Por otra parte, cabe señalar que en el artículo 7º de la Ley de Presupuesto nro. 27.008 para el ejercicio del año 2015, como en las leyes de presupuesto anteriores se mantiene la prohibición de “cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad”, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros.-

VI.- Que, en suma, en el caso el organismo demandado no ha expuesto las razones concretas en virtud de las cuales las demandantes no han podido ascender durante aproximadamente catorce años. Tampoco explicó si, desde el año 2000 y hasta la fecha, se abstuvo de realizar designaciones en la planta permanente del organismo; y de solicitar el nombramiento de agentes con carácter de excepción a lo previsto en artículo 7 de la ley 27.008. En ese último sentido, cabe señalar que si bien ello había sido requerido en la sentencia agregada a fs. 354/357, el organismo demandado tampoco ha dado cuenta acerca de las condiciones en que fueron designados y ascendidos los restantes empleados de la Dirección Nacional de Migraciones que cumplen las funciones de inspector o supervisor, es decir, las mismas funciones que cumplen las interesadas. No ha explicado si tales agentes, designados en la categoría escalafonaria Nivel “D”, ingresaron a la planta permanente con anterioridad a las demandantes, o si fueron designados con posterioridad, de manera transitoria o permanente, y mediante qué procedimientos de selección (cfr. fs. 291/324).-

En las condiciones expuestas el “congelamiento de las vacantes” invocado por el organismo demandado, dispuesto originariamente en el artículo 22 de la ley de presupuesto nro. 25.237 para el ejercicio del año 2000 y mantenido hasta el presente según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Presupuesto nro. 27.008, desnaturaliza el derecho del personal a la carrera administrativa consagrado en los artículos 8ª, segunda parte, y 18 de la ley 25.164, así como en el artículo 52 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, aprobado mediante el Decreto 214/2006, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de dicha norma y en su Anexo I. Ello es así porque las priva, indefinidamente, de la posibilidad de ser designadas en un cargo de la categoría escalafonaria de la Planta Permanente que se corresponda con las funciones que en realidad desempeñan.-

En consecuencia, corresponde ordenar a la Dirección Nacional de Migraciones que, por conducto del Ministerio del Interior, solicite al Jefe de Gabinete de Ministros la designación de las demandantes, en los términos previstos en el artículo 7 o, en su defecto que, observe el procedimiento establecido en el artículo 42 de la reglamentación a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional aprobada por el decreto nro. 1421/2002 en el que se establece que “… la vacante correspondiente se considerará exceptuada de las normas vigentes sobre prohibición de cobertura de vacantes. Para el caso de no contar la jurisdicción, organismo descentralizado o entidad con la vacante necesaria, se la deberá obtener mediante la recomposición de cargos a través de la fusión de vacantes existentes de niveles o categorías inferiores. De no ser posible lo anterior, se habilitará una vacante con carácter transitorio, la que será suprimida cuando el ex agente deje de ocuparla, cualquiera sea la causa. En este supuesto, la vacante correspondiente en la planta permanente deberá ser aprobada para el siguiente ejercicio presupuestario” (cfr., mutatis mutandi, Procuración del Tesoro, Dictámenes 244:129, y sus citas).-

Por ello, SE RESUELVE: 1) Ordenar a la Dirección de Migraciones que, por intermedio de las autoridades del Ministerio del Interior, solicite al Jefe de Gabinete de Ministros la habilitación presupuestaria necesaria para designar a las demandantes en la categoría escalafonaria nivel “D” con carácter de excepción a lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 27.008 o, en su defecto, que observe el procedimiento establecido en el artículo 42 de la reglamentación a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional aprobada por el decreto nro. 1421/2002; 2) Imponer las costas al organismo demandado, por aplicación el principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).-

Fdo.: JORGE F. ALEMANY – PABLO GALLEGOS FEDRIANI

 

 

 


 

 

Anexo con ley de empleo público

LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL

Ley 25.164

Marco normativo y autoridad de aplicación. Requisitos para el ingreso. Impedimentos para el ingreso. Naturaleza de la relación de empleo. Derechos. Deberes. Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. Régimen disciplinario. Recurso judicial. Causales de egreso. Fondo permanente de capacitación y recalificación laboral.

Sancionada: Septiembre 15 de 1999

Promulgada de Hecho: Octubre 6 de 1999

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Apruébase la ley marco de regulación de empleo público nacional que, como anexo, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º — Dentro de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente y del régimen anexo y el Jefe de Gabinete de Ministros, dentro del mismo plazo, dictará los reglamentos de su competencia que sean necesarios a los fines de la presente ley.

ARTICULO 3º — Las disposiciones de la ley marco de regulación del empleo público tienen carácter general. Sus disposiciones serán adecuadas a los sectores de la administración pública que presenten características particulares por medio de la negociación colectiva sectorial prevista en la Ley 24.185, excepto en cuanto fueren alcanzados por lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3ºde la Ley 24.185. En este último caso, previo el dictado del acto administrativo que excluye al personal deberá consultarse a la comisión negociadora del convenio colectivo general. En cualquier caso, la resolución que el Poder Ejecutivo adoptare en los términos de esta última disposición, será recurrible ante la Justicia.

ARTICULO 4º — Deróganse las Leyes 22.140 y su modificatoria 24.150; 22.251 y 17.409; 20.239 y 20.464.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dichos ordenamientos y sus respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo la relación laboral del personal de que se trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de trabajo, o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace al anterior.

En ningún caso se entenderá que las normas de esta ley modifican las de la Ley 24.185.

ARTICULO 5º — Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley el personal del Poder Legislativo nacional y del Poder Judicial de la Nación, que se rigen por sus respectivos ordenamientos especiales.

ARTICULO 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.164 —

ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Juan C. Oyarzún.

ANEXO

LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL

CAPITULO I

MARCO NORMATIVO Y AUTORIDAD DE APLICACION

Artículo 1º — La relación de empleo público queda sujeta a los principios generales establecidos en la presente ley, los que deberán ser respetados en las negociaciones colectivas que se celebren en el marco de la Ley 24.185. Los derechos y garantías acordados en esta ley a los trabajadores que integran el servicio civil de la Nación constituirán mínimos que no podrán ser desplazados en perjuicio de éstos en las negociaciones colectivas que se celebren en el marco de la citada Ley 24.185.

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Decisión Administrativa N° 51/2004 B.O. 12/3/2004 se aclara que el principio garantizado por el artículo 1° “in fine” del presente Anexo, en especial respecto de las previsiones de sus artículos 11, 15, 17, 23 y otros concordantes con el mismo, resulta de aplicación en aquellas disposiciones convencionales acordadas en el marco de la Ley N° 24.185 de negociaciones colectivas para la Administración Pública Nacional.)

Artículo 2º — El Poder Ejecutivo establecerá el órgano rector en materia de empleo público y autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de este régimen, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Artículo 3º — La presente normativa regula los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación. Este está constituido por las personas que habiendo sido designadas conforme lo previsto en la presente ley, prestan servicios en dependencias del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados.

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior:

a) El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, el Secretario General de la Presidencia de la Nación, los Secretarios, Subsecretarios, el Jefe de la Casa Militar, las máximas autoridades de organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social y los miembros integrantes de los cuerpos colegiados.

b) Las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados en el inciso precedente.

c) El personal militar en actividad y el retirado que prestare servicios militares.

d) El personal perteneciente a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en actividad y retirado que prestare servicios por convocatoria.

e) El personal diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

f) El personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo aprobadas en el marco de la Ley 14.250 (t.o. decreto 198/88) o la que se dicte en su reemplazo.

g) El clero.

Al personal que preste servicios en organismos pertenecientes a la Administración Pública Nacional, y esté regido por los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), y modificatorias o la que se dicte en su reemplazo, se les aplicarán las previsiones contenidas en ese régimen normativo.

En los supuestos contemplados en el párrafo anterior y en el inciso f), las partes, de común acuerdo, podrán insertarse en el régimen de empleo público, a través de la firma de convenios colectivos de trabajo, tal como lo regula el inciso j) de la Ley 24.185 y de acuerdo con las disposiciones de dicha norma.

CAPITULO II

REQUISITOS PARA EL INGRESO

Artículo 4º — El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.

c) Aptitud psicofísica para el cargo.

IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO

Artículo 5º — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrán ingresar:

a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena.

b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo.

d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en los artículos 32 y 33 de la presente ley.

f) El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad.

g) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales y del servicio militar, en el supuesto del artículo 19 de la Ley 24.429.

h) El deudor moroso del Fisco Nacional mientras se encuentre en esa situación.

i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.

Artículo 6º — Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º o de cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO III

NATURALEZA DE LA RELACION DE EMPLEO

Artículo 7º — El personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores. La situación del personal designado con carácter ad honorem será reglamentada por el Poder Ejecutivo, de conformidad con las características propias de la naturaleza de su relación.

Artículo 8º — El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de Presupuesto.

La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la promoción de los mismos en la carrera.

Artículo 9º — El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.

El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo.

Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo.

La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas correspondientes que podrán ser afectados por cada jurisdicción u organismo descentralizado para la aplicación del referido régimen.

Artículo 10. — El régimen de prestación de servicios del personal de gabinete de las autoridades superiores, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo, solamente comprende funciones de asesoramiento, o de asistencia administrativa. El personal cesará en sus funciones simultáneamente con la autoridad cuyo gabinete integra y su designación podrá ser cancelada en cualquier momento.

Artículo 11. — El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado en las condiciones reglamentarias que se establezcan. A este objeto se garantizará la incorporación del agente afectado para ocupar cargos vacantes. Asimismo en los convenios colectivos de trabajo se preverán acciones de reconversión laboral que permitan al agente insertarse en dichos cargos.

En el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de disponibilidad.

El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis (6) meses ni mayor a doce (12) meses.

Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, deberá priorizarse el trabajador que se encuentre en situación de disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes.

Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.

Artículo 12. — Para los supuestos previstos en el artículo anterior, los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad. En el caso de supresión del organismo deberán ser afectados a otro, dentro de la misma jurisdicción y zona de actuación.

Asimismo aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.

En el caso de licencias sin goce de haberes, la situación de disponibilidad surtirá efecto desde su notificación, correspondiendo desde ese momento la percepción de los haberes mensuales.

Artículo 13. — No podrán ser puestos en disponibilidad los agentes cuya renuncia se encuentre pendiente de resolución, ni los que estuvieran en condiciones de jubilarse o pudieren estarlo dentro del período máximo de doce meses contados desde la fecha en que pudieron ser afectados por la disponibilidad.

Artículo 14. — Los organismos o dependencias suprimidos y los cargos o funciones eliminados no podrán ser creados nuevamente, ni con la misma asignación ni con otra distinta por un plazo de dos años a partir de la fecha de su supresión.

Los cargos o funciones eliminados no podrán ser cumplidos por personal contratado ni personal de gabinete.

Articulo 15. — Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, dentro del ámbito de aplicación del presente régimen, estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley 24.185, debiendo contemplarse en todos los casos la ausencia de perjuicio material y moral al trabajador.

Para la movilidad geográfica se requerirá el consentimiento expreso del trabajador.

El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, Provincias y Municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, Estados provinciales y/o Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

CAPITULO IV

DERECHOS

Artículo 16. — Las personas vinculadas laboralmente con la Administración Pública Nacional, según el régimen al que hubieren ingresado, tendrán los siguientes derechos, de conformidad con las modalidades establecidas en las leyes, en las normas reglamentarias y, en cuanto corresponda, en los convenios colectivos de trabajo:

a) Estabilidad.

b) Retribución justa por sus servicios, con más los adicionales que correspondan.

c) Igualdad de oportunidades en la carrera.

d) Capacitación permanente.

e) Libre afiliación sindical y negociación colectiva.

f) Licencias, justificaciones y franquicias.

g) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios.

h) Asistencia social para sí y su familia.

i) Interposición de recursos.

j) Jubilación o retiro.

k) Renuncia.

l) Higiene y seguridad en el trabajo.

m) Participación, por intermedio de las organizaciones sindicales, en los procedimientos de calificaciones y disciplinarios de conformidad con que se establezca en el Convenio Colectivo Trabajo.

La presente enumeración no tiene carácter taxativo, pudiendo ser ampliada por vía de la negociación colectiva.

Al personal comprendido en el régimen de contrataciones y en el de gabinete de las autoridades superiores sólo le alcanzarán los derechos enunciados en los incisos b), e), f), i), j), k) y l) con salvedades que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 17. — El personal comprendido en régimen de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, el nivel y grado de la carrera alcanzado. La estabilidad en la función, será materia de regulación convencional.

La adquisición de la estabilidad en el empleo se producirá cuando se cumplimenten las siguientes condiciones:

a) Acredite condiciones de idoneidad a través de las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas objetivos establecidos para la gestión durante transcurso de un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectivos, como de la aprobación de las actividades de formación profesional que se establezcan.

b) La obtención del certificado definitivo de aptitud psicofísica para el cargo.

c) La ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con facultades para efectuar designaciones, vencimiento del plazo establecido en el inciso a).

Transcurridos treinta (30) días de vencido el plazo previsto en el inciso citado sin que la administración dicte el acto administrativo pertinente, designación se considerará efectuada, adquiriendo el agente el derecho a la estabilidad.

Durante el período en que el agente no goce estabilidad, su designación podrá ser cancelada.

El personal que goce de estabilidad la retendrá cuando fuera designado para cumplir funciones sin dicha garantía.

No será considerado como ingresante el agente que cambie su situación de revista presupuestaria, sin que hubiera mediado interrupción de relación de empleo público dentro del ámbito presente régimen.

La estabilidad en el empleo cesa únicamente cuando se configura alguna de las causales previstas en la presente ley.

Artículo 18. — El personal tiene derecho igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control que permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento de los criterios indicados.

Artículo 19.— El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en el Convenio Colectivo de Trabajo, que contemplará las características propias de la función pública, y de los diferentes organismos.

Hasta tanto se firmen los convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen rige actualmente para el sector público.

Artículo 20. — El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el período de un año partir de la intimación respectiva.

Igual previsión regirá para el personal solicitare voluntariamente su jubilación o retiro.

Artículo 21. — El personal que goza de jubilación o retiro no tiene derecho a la estabilidad. La designación podrá ser cancelada en cualquier momento, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En ese supuesto el agente tendrá derecho al pago de una indemnización que se calculará de conformidad con lo normado en el artículo 11 de la presente ley, computándose a los fines del cálculo de la antigüedad, el último período trabajado en la administración.

Artículo 22. — La renuncia es el derecho a concluir la relación de empleo produciéndose la baja automática del agente a los treinta (30) días corridos de su presentación, si con anterioridad no hubiera sido aceptada por autoridad competente.

La aceptación de la renuncia podrá ser dejada en suspenso por un término no mayor de ciento ochenta (180) días corridos si al momento de presentar la renuncia se encontrara involucrado en una investigación sumarial.

CAPITULO V

DEBERES

Artículo 23. — Los agentes tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los que en función de las particularidades de la actividad desempeñada, se establezcan en las convenciones colectivas de trabajo:

a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones y modalidades que se determinen.

b) Observar las normas legales y reglamentarias y conducirse con colaboración, respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto del personal.

c) Responder por la eficacia, rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo.

d) Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competencia de su función, el sistema jurídico vigente.

e) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del agente.

f) Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueron asignadas y guardar la discreción correspondiente o la reserva absoluta, en su caso, de todo asunto del servicio que así lo requiera, en función de su naturaleza o de instrucciones específicas, con independencia de lo que establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva administrativa.

g) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores con los alcances que determine la reglamentación.

h) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiere causar perjuicio al Estado, configurar delito, o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Cuando el acto, omisión o procedimiento involucrase a sus superiores inmediatos podrá hacerlo conocer directamente a la Sindicatura General de la Nación, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y/o a la Auditoría General de la Nación.

i) Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, cuando se lo requiera en calidad de testigo.

j) Someterse a examen psicofísico en la forma que determine la reglamentación.

k) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad.

l) Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio del Estado y de los terceros que específicamente se pongan bajo su custodia.

m) Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones realizadas.

n) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.

PROHIBICIONES

Artículo 24. — El personal queda sujeto a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las que en función de las particularidades de la actividad desempeñada se establezcan en las convenciones colectivas de trabajo:

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones.

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicio remunerados o no, personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privilegios de administración en el orden nacional, provincial municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas.

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la administración en orden nacional, provincial o municipal.

d) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el ministerio, dependencia o entidad en el que se encuentre prestando servicios.

e) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política.

f) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones.

g) Representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la Administración Pública Nacional.

h) Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

i) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal.

Artículo 25. — Es incompatible el desempeño de un cargo remunerado en la Administración Pública Nacional, con el ejercicio de otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de los supuestos que se determinen por vía reglamentaria, o que se establezca en el Convenio Colectivo de Trabajo.

CAPITULO VI

SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 26. — El Sistema Nacional de la Profesión Administrativa vigente, podrá ser revisado, adecuado y modificado de resultar procedente, el ámbito de la negociación colectiva, con excepción de las materias reservadas a la potestad reglamentaria del Estado por la Ley 24.185. En los organismos previstos por dicho sistema deberán tener participación todas las asociaciones sindicales signatarias de los convenios colectivos de trabajo de conformidad con lo normado en la Ley 24.185.

CAPITULO VII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 27. — El personal vinculado por una relación de empleo público regulada por la presente ley, y que revista en la planta permanente, no podrá ser privado de su empleo ni ser objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas en las condiciones que expresamente se establecen.

Al personal comprendido en el régimen contrataciones, y de gabinete se le aplicarán los preceptos del presente capítulo, en las condiciones que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Artículo 28. — El personal no podrá ser sancionado más de una vez por la misma causa, debiendo graduarse la sanción en base a la gravedad de la falta cometida, y los antecedentes del agente.

Artículo 29. — El personal comprendido en ámbito de aplicación del presente régimen tiene derecho a que se le garantice el debido proceso adjetivo, en los términos del artículo 1º inciso f) de la Ley 19.549 o la que la sustituya.

Artículo 30. — El personal podrá ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias:

a) Apercibimiento.

b) Suspensión de hasta treinta (30) días en un año, contados a partir de la primera suspensión.

c) Cesantía.

d) Exoneración.

La suspensión se hará efectiva sin prestación de servicios ni goce de haberes, en las normas y términos que se determinen y sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que fije la legislación vigente.

Artículo 31. — Son causas para imponer el apercibimiento o la suspensión hasta 30 días:

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido.

b) Inasistencias injustificadas que no exceden de diez (10) días discontinuos en el lapso de doce meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas.

c) Incumplimiento de los deberes determinados en el art. 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.

Artículo 32. — Son causales para imponer cesantía:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días discontinuos, en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores.

b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de cinco (5) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas.

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta (30) días de suspensión en los doce meses anteriores.

d) Concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa.

e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere.

f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente.

g) Calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante tres (3) años consecutivos o cuatro (4) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

Artículo 33. — Son causales para imponer la exoneración:

a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

b) Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública.

c) Pérdida de la ciudadanía.

d) Violación de las prohibiciones previstas en el artículo 24.

e) Imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.

Artículo 34. — La substanciación de los sumarios por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, son independientes de la causa criminal, excepto en aquellos casos en que de la sentencia definitiva surja la configuración de una causal más grave que la sancionada; en tal supuesto se podrá sustituir la medida aplicada por otra de mayor gravedad.

Artículo 35. — La aplicación de apercibimiento y suspensión hasta el máximo de cinco (5) días, no requerirá la instrucción de sumario.

Las suspensiones que excedan de dicho plazo serán aplicadas previa instrucción de un sumario, salvo que se funden en las causales previstas en los incisos a) y b) del art. 31.

La cesantía será aplicada previa instrucción de sumario, salvo que medien las causales previstas en los incisos a), b) y c) del art. 32.

Artículo 36. — El personal sumariado podrá ser suspendido preventivamente o trasladado dentro de su zona por la autoridad administrativa competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuera evaluada como peligrosa o riesgosa. Esta decisión deberá ser tomada por la autoridad competente con los debidos fundamentos y tendrá los efectos de una medida precautoria, no pudiendo extenderse en ningún caso, durante más de tres (3) meses desde la fecha de iniciación del sumario. Vencido dicho plazo, si el sumario no hubiera sido concluido, el trabajador deberá ser reincorporado a sus tareas habituales. Una vez concluido el sumario, si del mismo no resulta la aplicación de sanciones o las que se determinen no impliquen la pérdida de los haberes, el trabajador que hubiera sido afectado por una suspensión preventiva tendrá derecho a que se le abonen los salarios caídos durante el lapso de vigencia de la misma, o la parte proporcional de los mismos, según le corresponda.

Artículo 37. — Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la reglamentación, se computarán de la siguiente forma:

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: seis (6) meses.

b) Causales que dieran lugar a la cesantía: un (1) año.

c) Causales que dieran lugar a la exoneración: dos (2) años.

En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.

Artículo 38. — Por vía reglamentaria se determinará las autoridades con atribuciones para aplicar las sanciones a que se refiere este capítulo, como así también el procedimiento de investigación aplicable. Este procedimiento deberá garantizar el derecho de defensa en juicio y establecerá plazos perentorios e improrrogables para resolver los sumarios administrativos, que nunca podrán exceder de seis (6) meses de cometido el hecho o la conducta imputada.

CAPITULO VIII

RECURSO JUDICIAL

Artículo 39. — Contra los actos administrativos que dispongan la aplicación de sanciones al personal amparado por la estabilidad prevista en este régimen, el agente afectado podrá optar por impugnarlo por la vía administrativa común y una vez agotada ésta acudir a sede judicial, o recurrir directamente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las cámaras federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de prestación de servicios del agente. La opción formulada es excluyente e inhibe la utilización de cualquier otra vía o acción.

El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la sanción, con expresa indicación de las normas presuntamente violadas o de los vicios que se atribuyen al sumario instruido.

Artículo 40. — El recurso judicial directo deberá interponerse ante el Tribunal dentro de los noventa (90) días de notificada la sanción, debiendo la autoridad administrativa enviar al Tribunal el expediente con el legajo personal del recurrente, dentro de los diez (10) días de requerido.

Recibidos los antecedentes, el Tribunal correrá traslado por su orden por diez (10) días perentorios al recurrente y a la administración.

Vencido este plazo y cumplidas las medidas para mejor proveer que pudiera haber dispuesto el Tribunal, llamará autos para sentencia, la que se dictará dentro de los sesenta (60) días. Todos los términos fijados en el presente artículo se computarán en días hábiles judiciales.

Artículo 41. — Si la sentencia fuera favorable al recurrente, en caso de ordenar su reincorporación, la administración deberá habilitar una vacante de igual categoría a la que revistaba. Este podrá optar por percibir la indemnización prevista en el artículo 11 renunciando al derecho de reincorporación.

CAPITULO IX

CAUSALES DE EGRESO

Artículo 42. — La relación de empleo del agente con la Administración Pública Nacional concluye por las siguientes causas:

a) Cancelación de la designación del personal sin estabilidad en los términos del artículo 17.

b) Renuncia aceptada o vencimiento del plazo de conformidad con lo previsto en el artículo 22.

c) Conclusión o rescisión del contrato en el caso del personal bajo el régimen de contrataciones.

d) Vencimiento del plazo que le correspondiere de conformidad con lo previsto en el artículo 11 por reestructuración o disolución de organismos.

e) Razones de salud que lo imposibiliten para el cumplimiento de tareas laborales.

f) Aplicación de sanciones de cesantía o exoneración.

g) Baja por jubilación, retiro o vencimiento del plazo previsto en el artículo 20.

h) Por fallecimiento.

CAPITULO X

DEL FONDO PERMANENTE DE CAPACITACION Y RECALIFICACION LABORAL

Artículo 43. — Facúltase al Poder Ejecutivo, a crear un fondo de capacitación permanente y recalificación laboral que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Artículo 44. — El fondo tendrá por objetivo elaborar programas de capacitación, recalificación de puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales u organizacionales propios de la administración moderna.

Artículo 45. — El órgano de administración de este fondo, su composición y modalidades de funcionamiento, será establecido en el marco de la negociación colectiva y los recursos a asignar deberán responder al carácter de los diferentes programas de modernización de los organismos jurisdicciones.

 

Comentarios

  1. Marina

    Trabajo en legislatura PBA, no hay congelamiento pero no ascendes xq cubren los cupos con nombramientos politicos. Lo mismo sucede con la planta permanente, hay compañeros q hace 16 años esperan ser nombrados, y acaban de nombrar a los directores (previo hacerlos renunciar, asumir planta y disponer reserva para volver a ser directores).Luego tenemos como instructor en Sec Enjuiciamiento Magistrados, al recientemente nombrado hermano de Mariotto.

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