Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Arriba

Sin Comentarios

La relación laboral y los derechos del médico

| El 30, Jul 2015

Tanto el profesor de tenis, como el pizzero, el abogado y otras tantas profesiones pueden estsar en relación de dependencia. En este caso, hablaremos de algunos derechos del médicos, entre ellos la de estar en blanco #INADI, recibir las sumas pactadas en el convenio colectivo y a que se respeten sus descansos. Muchos de esos derechos surgen del convenio de colectivo de Sanidad (lo encontrás abajo) y del convenio colectivo de trabajo para médicos municipales (Ciudad de Buenos Aires). Ver más convenios en este link. ¿Cuáles son los principales derechos del médico?

La relación de dependencia

Cuando alguien presta servicios en favor de otro, la ley 20744 (artículo 23) presume que hay relación de trabajo, y pone en cabeza de la empresa acreditar que la vinculación existente entre las partes no es laboral. Hace unos meses y con testigos, el médico pudo probar que prestaba guardias para la empresa antes de que lo registraran en AFIP, recién desde enero del año 2010, cuando pasó a ser parte del staff y se le empezó a pagar por recibo de sueldo.cureta

Además, el ejercicio de una profesión liberal (médico, abogado, ingeniero, arquitecto, etcétera) no impide que se perfeccione un contrato de trabajo si las tareas tienen habitualidad y continuidad, con incorporación a una organización de trabajo. Los jueces remarcaron lo que dice la jurisprudencia: tener conocimientos específicos no impide que se configure una relación laboral.

Entre los argumentos de la empresa para la cual trabajaba estaba que el médico había guardado silencio: los jueces dijeron que eso carecía de importancia porque la ley no le acuerda relevancia jurídica al silencio guardado por aquel frente a defectos formales e incumplimientos ocurridos en el transcurso de la relación de trabajo.

«En el presente caso la conducta antijurídica fue: mantener una relación laboral bajo otra denominación en fraude de la figura y tratando de burlar el Orden Público Laboral, ya que como quedo analizado se trató de un contrato de trabajo». La sentencia, que se replica en varios casos, está abajo.


PUBLICIDAD

Los horarios y la jornada

Recientemente, los jueces vienen restringiendo la jornada laboral de los médicos franqueros, por considerarla insalubre. Es que dependiendo del sector, es posible que deban tener una jornada reducida. Pero no es lo mismo quien trabaja con enfermedades infecciosas que el administrativo, debe verse el caso.

El máximo que puede trabajar cualquier trabajador/a, incluyendo horas extras, es de 12 horas. Es decir, por ley nacional de jornada 11544 la pausa debe ser de 12 horas,para permitirle al trabajador descansar. A veces, las guardias exceden ese lapso y los gremios deberían intervenir.

Además, por convenio se debe adicionar un día de licencia ordinaria por cada día en
que la guardia coincida con un feriado nacional o con otro día al que se le haya otorgado ese
carácter. Es un descanso compensatorio.

El salario, la categoría y la infraestructura hospitalaria como derechos del médico

Relacionado con lo anterior, el hospital donde trabaja el médico debe estar dotado de personal, para poder cumplir turnos y trabajar en equipo. Recientemente, tuvo que intervnir la corte de la provincia de Buenos Aires para que el gobierno cumpla con esta obligación, como muestra la sentencia. Recientemente, el portal plaza de mayo publicó una nota sobre otro hospital.

En la Ciudad de Buenos Aires, hay numerosas acciones judiciales para que se paguen los fondos de la ordenanza 45241, un adicional de incentivo a los médicos, por cada paciente de prepaga u obra social que se atienda en el hospital público. Hay una sentencia completa abajo.

Patch Adams (1998)  Directed by Tom Shadyac Shown: Robin Williams When: 12 Aug 2014 Credit: WENN.com **This is a PR photo. WENN does not claim any Copyright or License in the attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. By publishing this material, the user expressly agrees to indemnify and to hold WENN harmless from any claims, demands, or causes of action arising out of or connected in any way with user's publication of the material.**

Lógicamente, los médicos tienen el derecho a cobrar horas extras y a que les paguen lo que marque el convenio colectivo, situación que no siempre sucede, sea porque los hacen facturar y no les pagan el mínimo de la asociación profesional, situación repetida, según refirió una fuente. Dejo en este link los salarios 2015. Otro médico con más de 25 años de recibido,  jefe y especialista refirió a Derecho En Zapatillas no llegar a los $20.000 en la Provincia de Buenos Aires. Y ni que hablar del tiempo que algunas prepagas u obras sociales dan para que los médicos atiendan a cada paciente, 10 o 15 minutos…

Frente a faltas de infraestructura hospitalaria, que también afectan la normal prestación de los servicios profesionales, puede intentarse una acción de amparo, que usualmente tiene cabida. Aparte, cada médico puede accionar para que respeten sus derechos laborales.

En general, la discusión también debería incluir a las fuentes de financiamiento del sistema, quién y cómo soporta el gasto. Todo lo demás serán meras fantasías o soluciones temporales que prefieren destinar fondos públicos para comunicación oficial en lugar del área de educación o salud. No solo están involucrados los derechos del médico, sino también el derecho a la salud.

 

medicos

 


Anexo con sentencia completa sobre la relación de dependencia del médico

Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA VII
17.378/2011
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 47429
CAUSA Nº 17.378/2.011 – SALA VII- JUZGADO Nº 57
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de
2015, para dictar sentencia en estos autos caratulados “SSS WWW
c/ Sociedad… y otro s/
Despido”, se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
I.- A fs. 7 se presenta el actora e inicia demanda contra
Sociedad… y contra …en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedora con
fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
Señala que ingresó a laborar a las órdenes de la codemandada
Sociedad…, dedicada a la
prestación de asistencia sanitaria, explotando el nosocomio, cuyo nombre de
fantasía es Hospital Español.
Explica que, desde el comienzo de la relación laboral,
ocurrido el 15/06/2.006, se desempeñó como médico de guardia, realizando
tareas durante los tres primeros meses guardias de doce horas los días
jueves, para luego y a partir del cuarto mes de trabajo, guardias de
veinticuatro horas realizadas los días jueves, ello así hasta que se
produjo la denuncia del contrato de trabajo.
Manifiesta que, la empleadora como condición para ingresar a
trabajar le impuso la entrega de facturas en calidad de monotributista, con
la promesa de regularizarlo.
Indica que, ante sus reiterados reclamos, la Sociedad
… lo registra como dependiente,
pero haciendo constar una fecha de ingreso falsa (01/01/2.010).
Afirma que, luego de efectuar los reclamos referidos a que se
registre su real fecha de ingreso y se le abone diferencias salariales,
decide formalizar su reclamo, y al no recibir respuesta concreta de la
empleadora, el 11/02/2.011 denuncia el contrato de trabajo.
Reclama diferencias salariales e indemnizatorias, multas y
demás rubros establecidos en la normativa vigente.
A fs.25/34 la codemandada Elma Espisua realiza una
pormenorizada negativa de las cuestiones planteadas en el escrito de inicio
y adhiriendo a los argumentos que expone la codemandada Sociedad ….
en su contestación de demanda.
A fs. 50/59 contesta demanda Sociedad XXX de
Beneficencia, quien reconoce la relación laboral con el actor, pero
indicando que la misma tuvo su origen el 01/01/2.010, desempeñándose como
médico, realizando guardias de 24 hs., los días jueves de 08:00 hasta las
08:00 del día siguiente. Ello hasta la fecha del despido indirecto de fecha
11/02/2.011.
Puntualiza que, la relación con el actor se inició a través
de una locación de servicios, cumpliendo guardias esporádicas en un
servicio limitado que no requería prácticamente la atención de pacientes;
negando los restantes hechos invocados en la demanda.
La sentencia de primera instancia obra a fs. 310/314, en la
cual el “a-quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la
causa, decide en sentido favorable a las principales pretensiones de la
actora.
Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la
demandada (fs.320/328),por la actora (fs. 331/335) y por el perito contador
(fs. 319),quien cuestiona la regulación de sus honorarios.
I- Por una cuestión de orden lógico, trataré en primer
término las cuestiones planteadas por la parte demandada.
Se agravia la quejosa por la decisión del sentenciante
que: a) Consideró la existencia de una relación laboral entre las partes
desde la fecha de ingreso denunciada en la demanda 15/09/2006 hasta la
fecha que ingresó como dependiente el 01/01/2.010, b) Que se ha realizado
un erróneo análisis de las probanzas arrimadas a la causa, c) Que se torne
operativa la presunción del art. 23 LCT en el caso, d) Que no se haya
valorado la pericial contable, e) Que no se haya considerado el silencio
mantenido por el actor a lo largo de su vinculación, tratándose de un
profesional universitario, d) Que no se haya considerado que el actor no
dio cumplimiento a la intimación dispuesta, a fin de acompañe la totalidad
de las facturas, f) Que se haya violado el principio de congruencia,
condenándola al pago de la 1ra. y 2da. Cuota del SAC, cuando dichos rubros
no se reclaman en la demanda, g) que se la condene al adicional por área
cerrada, g) La condena al pago de la multa prevista en el art. 45 de la ley
25.345, h) La condena del art. 2 de la ley 25.323, y g) La tasa de interés
fijada.
Adelanto que su pretensión, en lo que se refiere a la parte
sustancial del fallo no ha de tener favorable acogida.
En efecto no se encuentra controvertido que el actor prestaba
servicios para la demandada con anterioridad a su registración como
empleado dependiente, ocurrido el 01/01/2010.
II- En tal contexto, lo expuesto conduce a la aplicación de
la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T. y pone en cabeza de la
empleadora la carga probatoria de acreditar que la vinculación existente
entre las partes –con anterioridad a la registración- responde a una
característica diferente a la laboral. Cuestión que no se aprecia cumplida
en autos.
En efecto, se configura la presunción legal “iuris tantum”
(provista en el art. 23 de la L.C.T.), de la existencia de un contrato de
trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación de servicio. Por
lo tanto ello produce la inversión de la carga de la prueba. Será el
empleador, entonces, quien deba probar que la prestación no tuvo como causa
un contrato de trabajo, sino alguna otra (art. 499 CC).
Veamos: el testigo del que intenta valerse la demandada
para mantener su postura es HHH (fs.222), quien refirió: “…a partir de
enero de 2.010, el Dr. SSS pasó a ser parte del staff y se le empezó a
abonar por recibo de sueldo, que anteriormente a esa fecha el actor
realizaba guardias esporádicas, pero no puede precisar desde que fecha ni
con qué frecuencia las realizaba…, desconozco que días y en que horarios
paso a trabajar el actor cuando fue personal dependiente…, ”.
Ahora bien, tratándose de un dependiente de la demandada,
ubicado en una relación asimétrica, toda vez que manifestó estar a cargo
del área de administración y finanzas de la demandada, y que uno de sus
sectores a cargo es la tesorería…, que la oficina de personal y de
liquidación dependen de su área…”; ello significa, igual que un testigo con
juicio pendiente, la necesidad de una interpretación estricta.
Así lo señalo porque, además de la carencia de valor
convictivo, el único testimonio aportado aparece como visiblemente
insuficiente ni conducente por si solo para acreditar el hecho que estaba
a cargo demostrar por la demandada.
Digo ello por cuanto, la prueba pericial contable
obrante a fs. 185/189, no resultó idónea para contrarrestar la presunción
del art. 23 LCT, pues lo allí informado surge mayoritariamente de datos
consignados unilateralmente por la empresa demandada en sus libros
contables, por ende, ningún elementos de juicio permite aseverar que los
servicios personales en cuestión hayan sido prestados de manera autónoma.
Lo antes señalado, me lleva a concluir a la luz de las
reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N), que la relación habida
entre las partes con anterioridad a su registración –hecho acaecido el
01/01/2.010- ha sido de índole laboral.
Además de ello, debo agregar que el ejercicio de una
profesión liberal no es obstáculo para que se perfeccione un contrato de
trabajo si las tareas tienen habitualidad y continuidad, con incorporación
a una organización de trabajo que le es ajena a quien las preste, como ha
ocurrido en el presente.
El tema del contrato de trabajo de los profesionales ha
sido motivo de debate hace varias décadas y en la medida en que quede
configurada la relación asimétrica, como en el caso de autos, no existe
duda.
Por otra parte, sabido es que a medida que se compruebe
un mayor nivel de conocimientos específicos, como se advierte en el caso de
los médicos disminuye la intensidad de subordinación técnica, sin que ello
afecte la existencia del contrato de trabajo.
Asimismo, cabe señalar que, la argumentación invocada en
cuanto ausencia de reclamos del trabajador durante la relación que vinculó
a las partes, nada puede perjudicar al trabajador a la luz de lo normado
en los artículos 58 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la
ley no le acuerda relevancia jurídica al silencio guardado por aquel
frente a defectos formales e incumplimientos ocurridos en el transcurso de
la relación de trabajo (en igual sentido, entre muchas otras, esta Sala en
autos: “Paats, Alejandro Guillermo c/ HSBC New York Kife Seguros de Vida
Argentina S.A. s/ Despido”; S.D. 39.556 del 22.9.06).
Se ha comprobado en autos la incorporación del trabajador
a un establecimiento extraño, lo que determina el carácter heterónomo de la
prestación.
Aduce la demandada que el incumplimiento del actor en
relación a acompañar facturas correspondientes a los años 2.006/2009, haría
presumir el ejercicio liberal e independiente de la profesión por parte del
actor, lo que desligaría a la demandada de cualquier responsabilidad como
empleadora.
En tal sentido, deseo destacar que el hecho que el actor
hubiera emitido factura, no implica que el mismo sea un trabajador
autónomo, pues es sabido que en muchos casos son los empleadores que
requieren la inscripción de sus trabajadores como autónomos, intentando con
ello evadir las responsabilidades establecidas en la normativa laboral.
Por ello, recojo sin duda el mismo escenario laboral que
describió el actor en la demanda, lo que conduce confirmar el fallo en este
punto.
III- Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, y solo a
mayor abundamiento debo señalar respecto de las declaraciones impulsadas a
instancia de la parte actora, … –fs. 198/200-, … -203/206- y
… –fs.211/212- , -analizados en su parte sustancial en el fallo- son
contestes al indicar las modalidades de la prestación laboral del actor.
En relación a lo declarado por …. respecto de la
existencia de un juicio pendiente contra la demandada, como ya referí
anteriormente, ello no afecta el valor convictivo de su declaración, sino
que deberá analizarse con mayor estrictez, y la aseveración según la cual
quien tiene juicio pendiente no es testigo idóneo, por cuya razón debe ser
descalificado, constituye una mera afirmación dogmática y como tal
violatoria de la norma procesal que rige en materia laboral la apreciación
de la prueba” (SC Buenos Aires, 5/8/86 en “Spagnoli de Malfa Haydee c/Club
Defensores de Banfield”).
Por otro lado, cabe señalar, que el mismo refirió saber
los días de trabajo del actor, por cuanto fue coordinadora se servicio de
neonatología –sector donde se desempeñaba el actor-
Y respecto de las declaraciones de … y ….,
no han sido impugnadas en el momento procesal oportuno, recordemos, que la
apelación, no lo es a tal efecto.
Por lo expuesto otorgo valor convictivo a las
manifestaciones vertidas por los deponentes (cfr. art. 386 del Cód.
Procesal, 90 ley 18345).
En definitiva, no habiendo probado la demandada,
que toda esa actividad desplegada por el actor hubiese sido para su propio
beneficio, debe concluirse que las partes se han vinculado mediante un
contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo
propuesto mi voto.
IV- Lo antes indicado, conduce a confirmar el
fallo en cuanto condena a las multas establecidas en los arts. 9 y 15 de la
ley 24.013, pues recordemos que al probarse la existencia de una relación
de trabajo, la cual no ha sido registrada, y cumplidos los requisitos
establecidos por la normativa antes mencionada, no encuentro argumento
fáctico ni jurídico que permitan apartarme de lo resuelto en grado en este
punto.
Con igual temperamento respecto del rubro
“adicional área cerrada”, toda vez que, se ha probado la relación de
trabajo, no se acreditó fehacientemente su pago y se la condena por el
lapso de doce meses –periodo no prescripto- .
V- Cuestiona la demandada la condena dispuesta en
base al art. 45 de la ley 25.345, pues arguye que no se ha cumplido con los
requisitos establecidos en el dec. 146/01.
Debo recordar que el art. 45 de la ley 25.345 agregó
como último párrafo al 80 de la L.C.T. el siguiente texto: “…si el
empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado
previstos… dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una
indemnización a favor de este último…”. A su vez el Decreto Reglamentario
146/2001 en su art. 3º dispuso que “…el trabajador quedará habilitado
para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo
que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las
constancias o del certificado previstos…. dentro de los 30 (treinta) días
corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo”.
La indemnización prevista por el último párrafo del
art. 80 de la LCT., la ley 25.345, también denominada “ley de prevención de
la evasión fiscal” fue dictada con el objeto de lograr una conjunción de
legislación y administración tributaria con mejores condiciones para
combatir la evasión fiscal. Y, la modificación introducida por el citado
art. 45 de la ley, al art. 80 de la LCT., es uno de los medios a través de
los cuales la normativa que nos ocupa pretende cumplir con su cometido
antievasor.
Sentado lo expuesto, en el caso, cabe ponderar dos
cuestiones. Primero, que el accionante practica la intimación prevista
por el último párrafo del art. 80 de la LCT., – ver pieza postal CD
174354431 e informe de Correo Argentino de fs. 114 – la misma luce
librada en el marco de lo dispuesto por el art. 3º del decr. regl. 146/01,
que establece que esa intimación sólo puede concretarse cuando transcurre
un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción de la relación
de trabajo.
Y, en segundo término, teniendo en cuenta la
finalidad de la ley y el bien jurídicamente protegido, corresponde ponderar
la situación que, probada la inexistencia de registración laboral y el
consecuente “pago clandestino de salarios”, no se advierte que la
empleadora observara una conducta adecuada a los términos de la normativa
en análisis, sino que, por el contrario, se evidencia su intención de
vulnerar el bien jurídico protegido por la normativa de la ley 25.345
( D.T. B. 2397) ( evasión fiscal).
Por ello, propicio también confirmar el fallo sobre
este punto.
VI- El cuestionamiento referido a la condena de
pago respecto de los rubros SAC 1ra. y 2da. cuota del año 2.010 tendrá
favorable acogida , por los siguientes motivos, en primer lugar el reclamo
carece de precisión, ya que, reclama SAC adeudados por los periodos que
son objeto del reclamo -cf. fs. 10 pto. c)- y en la liquidación de fs. 14
reclama la suma de $5.809,91 por el SAC 1º y 2º cuota del año 2.009. En
segundo lugar, no se brinda cumplimiento a los requisitos previstos por
los inc. 3 y 4 del art. 65 de la L.O. De modo que, la imprecisión de la
pretensión, y la introducción de rubros en la liquidación distintos sin
cumplimentar adecuadamente con los requisitos establecidos en el art. 65
de la L.O., que afectan el derecho de defensa de la contraparte, y obstan
a la aplicación correcta del ppio. de congruencia regido por el art. 163
del CPCCN. – y art. 364 del CPCCN.,
Por los argumentos expuestos, propicio modificar el fallo en
tal sentido.
VII- La demandada recurre los intereses tal
como se han fijado en la instancia anterior –ver fs. 312 vta./313-
En tal sentido cabe recordar que, con fecha
21/05/2014 la C.N.A.T que integro, estableció por mayoría un nuevo criterio
en cuanto a la tasa de interés a aplicar (tasa nominal anual para préstamos
personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses)-
En consecuencia, propongo se modifique el
fallo en este punto en el sentido de que el capital adeudado devengará
desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su efectivo pago un interés
de acuerdo a lo indicado en el ACTA CNAT 2601 (21/05/14), en tanto estimo
que la misma tiende a morigerar las consecuencias dañosas originadas en el
desfasaje producido por la situación económica de conocimiento público y
notorio.
VIII- Se agravia la parte actora por la
decisión del sentenciante que: a) No hizo lugar a la indemnización prevista
en el art. 2 de la Ley 25.323, b) No hizo a la indemnización prevista en
el art. 43 de la ley 25.345, c) Señala error en la cuatificación de las
multas previstas en el art. 9 y 15 de la Ley 24.013 y d) El rechazo de la
acción contra la codemandada Episua.
IX- La actora objeta el fallo en tanto ha decidido
no hacer lugar al reclamo del incremento previsto en el art. 2º de la Ley
25.323.
La mencionada norma hace referencia al empleador que,
fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las
indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744
y los artículos 6 y 7 de la Ley 25.013 o las que en el futuro las
reemplacen y, consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o
cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas. Ello –
establece- dará lugar a un incremento de un 50%.
El art. 2 de la Ley 25.323 deviene aplicable a las
consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hayan sido cumplidos
por el empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su
procedencia: la intimación fehaciente y el inicio de acciones judiciales o
cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.
La norma parece apuntar a morigerar el daño que se
produce al trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco
diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas
en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aún sabiendo que debe
pagar (ver trabajo publicado en ERREPAR, nº 185, enero/01, T.XV, “Nuevo
Régimen de Indemnizaciones Laborales establecido por la Ley 25.323”, Dra.
Estela M. Ferreirós). La actora intimó fehacientemente y debió iniciar el
presente juicio para poder obtener el cobro.
Por lo tanto, propongo modificar el fallo el fallo en este
segmento.
X- Me referiré a continuación al art. 43 de la ley
25.345 que se agrega como art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Allí se establece que si el empleador hubiere retenido aportes del
trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas o
contribuciones a las que estuviesen obligados en virtud de normas legales o
convencionales, o que resulten de ser afiliados a asociaciones
profesionales de trabajadores, etc. … y al momento de producirse la
extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubieren ingresado
total o parcialmente esos importes a favor de los organismos o entidades a
los que estaban destinados, deberá a partir de ese momento pagar al
trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la
remuneración que se devengaba mensualmente al momento de extinguirse el
vínculo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario
hasta que el empleador acredite en modo fehaciente haber hecho efectivo el
ingreso de los fondos retenidos.-
Y bien, en el presente caso, la prueba informativa de fs.
134/143 (AFIP) da cuenta de que al momento de la extinción del contrato de
trabajo, la demandada no hizo la totalidad de los aportes a los organismos
de la seguridad social, de modo que se configura, en el caso, el supuesto
establecido por la norma del art. 132 bis de la LCT, por los periodos
02/2.010, 05/2.010, 06/2.010, 09/2.010, 10/2.010, 11/2.010, 12/2.010,
01/2.011, y 02/2.011, en que habrían mediado una retención efectiva de
aportes, por parte del empleador.
Digo ello por cuanto se acompañan a fs. 40 y 41 recibos de
haberes correspondientes a los periodos 09/2.010 y 10/2.010, a fs. 158/172
el perito contador acompaña copias de los recibos de haberes
correspondientes a los periodos 02/2.010, 05/2010, 06/2010, 11/2.010,
12/2.010 y 01/2.011 donde figuran retenciones y que, cotejados con el
informe de la AFIP para dichos periodos lucen que no se han depositados las
retenciones efectuadas.
Por tanto y teniendo en cuenta que el actor practicó
debidamente la intimación fehaciente del art. 43 de la ley 25.345, ver
carta doc. 174354431 e informe del Correo Argentino de fs. 114, con lo que
se cumplieron los recaudos legales pertinentes., resulta acreedor, de un
monto mensual equivalente a la última remuneración devengada mensualmente a
su favor al momento de la extinción del vínculo importe que se devengará
con igual perioricidad a la del salario desde ese momento hasta que el
empleador acredite en forma fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de
los fondos retenidos.
Lo dicho es sin perjuicio de la crítica técnica y
terminológica que merece la ley cuando denomina “sanción conminatoria” a
los “salarios continuatorios” (ver, Ferreirós Estela M. “El objeto del art.
43 de la Ley 25.345 que modificó la Ley de Contrato de Trabajo y dio lugar
al art. 132 bis de la misma”, agosto 2003, T.XVII, DLE, nº 216, pág. 762).
XI- Cuestiona la quejosa el modo en que se ha calculado la
multa establecida en el art. 9 de la ley 24.013, y aduce que ha existido un
error aritmético al realizar los cálculos.
Adelanto que su pretensión de que sea modificado este punto
ha de tener favorable acogida, puesto que, desde el 15/06/2006 al
01/01/2010, el lapso a tenerse en cuenta es de 41,5 meses (5.809,91 x 41,5
% 25= 60.277,81).
Por lo antes expuesto, propicio la modificación del fallo en
este punto y elevar el monto de condena por tal concepto a la suma de $
60.277,81, más los intereses dispuestos en el considerando IV del presente
pronunciamiento.
XII- Cuestiona la agraviada el rechazo de condena solidaria
respecto de la codemandada Espisua dispuesta por la sentenciante
Primero deseo señalar que si bien dicha fundación sería una
asociación civil sin fines de lucro, ello no la dispensa de ser responsable
tanto ella como sus miembros de las irregularidades que puedan suceder con
sus empleados.
Al respecto creo oportuno mencionar lo señalado por
Miguel Angel Pirolo (ver su tratado “Aspectos Procesales de la
Responsabilidad Solidaria”, en revista de Derecho Laboral, tomo 2001 -1,
Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 408 “…la directiva del artículo 274 de la
LS referida a los directores de una S.A. también puede operativizar la
responsabilidad personal de los gerentes de una SRL o la de un
administrador de una sociedad en comandita por acciones –por vía de lo
establecido en el art. 157, tercer párrafo y del art. 316 de la L.S.-; e
incluso aplicando en forma analógica la solución que deriva de la norma, la
del administrador de cualquier otro tipo societario comercial o del
director de asociaciones civiles… La imputabilidad a los directores,
gerentes o administradores no parece discutible pues ellos son quienes
orientaron la actividad societaria hacia la realización de actos destinados
a defraudar, dañar o perjudicar a terceros…”. Así también ha decidido esta
Sala en su anterior integración in re “Valdez Fátima Isabel c/Sociedad
Española de Beneficencia Hospital Español y otro s/ despido”, SD Nº 36934
del 27 de agosto de 2003; ver además Karpiuk Héctor Horacio,
“Responsabilidad de los directores de distintas asociaciones civiles por
las deudas salariales de las personas que presiden”, comentario al mismo
fallo, publicado en Revista de Doctrina Laboral, Tomo XVII- Nº 220 –
Errepar-, diciembre 2003, pág. 1190).
Segundo destaco que el armónico juego de los arts. 59 y 274 de
la L.S., son muy claros en cuanto contempla la responsabilidad personal,
solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores
que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento
en relación a la normativa interna del ente societario, violen la
legislación vigente.
He señalado antes que ahora que la forma societaria es una
suerte de cobertura otorgada como técnica jurídica a la empresa y que la
misma la torna a esta última, un sujeto de derechos condicionado al
cumplimiento de sus fines y respeto de su objetivo social. En los últimos
tiempos se ha podido observar un alto índice de incumplimientos y, en
algunos casos, se puede advertir claramente el uso de las sociedades
comerciales, no orientadas a la realización de su objeto sino como medio de
incumplimiento de obligaciones laborales derivadas de leyes imperativas,
con un cierto desdén por el orden público.
El tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades hace
mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere
concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución
de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley,
el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y
determina que, en el caso se imputará directamente a los socios o a las
controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e
ilimitadamente por los perjuicios causados. Algunas veces no será fácil
demostrar que la sociedad fue utilizada con el fin de no cumplir o de
violar la ley. En rigor de verdad no sería necesaria la prueba de la
intencionalidad de utilizar la sociedad como escudo de incumplimiento, sino
que es suficiente por ejemplo, con la demostración de la violación de las
normas de orden público por parte de la sociedad. No es una transformación
de la obligación ni tampoco su novación sino una privación parcial de
efectos frente a terceros. La sociedad siempre seguirá siendo el sujeto
obligado sólo que se extiende la relación pasiva por un accionar abusivo
que hace caer su cobertura técnica condicionada que le proporciona esa
personalidad limitada (ver trabajo: Estela Milagros Ferreirós,
“Responsabilidad personal e ilimitada de Gerentes y Directores de
sociedades comerciales por créditos laborales” publicado en Doctrina
Laboral-Errepar, septiembre de 1999, pág. 700).
En el presente caso la conducta antijurídica fue: mantener una
relación laboral bajo otra denominación en fraude de la figura y tratando
de burlar el Orden Público Laboral, ya que como quedo analizado se trató de
un contrato de trabajo.
Teniendo en cuenta ello y todo lo expresado
precedentemente considero que corresponde la modificación del fallo en este
segmento (en sentido similar esta Sala VII S.D. 40.800 del 31/03/08) y
extender la condena dispuesta respecto a la codemandada ….[Directora de la empresa].
XIII- La solución que dejo propuesta impone realizar un
nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios (art. 279 del
Código Procesal), lo que torna de tratamiento abstracto cualquier recurso
interpuesto al respecto.-
Por ello, sugiero que las costas en ambas instancias sean
soportadas por ambas demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal).-
Consecuentemente, propongo regular los honorarios de primera
instancia en favor de la representación letrada de la parte actora, de las
demandadas y del perito contador en el 16%, 13%, 13% y 8% respectivamente,
a calcularse sobre el momento de condena con intereses (arts. 38 de la ley
18.345 y demás normas arancelarias).-
Sugiero se regulen honorarios de alzada a la
representación letrada de la actora y de la demandada en el 35% y 25%,
respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del
arancel de abogados y procuradores).-
LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO:
Luego de analizar los antecedentes de estos autos, adelanto que he de
adherir al voto de mi colega preopinante en lo principal que propone, con
excepción de los puntos referidos a los intereses aplicables al caso y a la
responsabilidad solidaria reclamada por la parte actora respecto de la co
demandada.
En primer lugar con relación al agravio de la parte demandada por el
incremento de la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2357 dispuesto en
primera instancia, debo señalar que esta cuestión ha sido objeto de debate
y decisión por parte de esta Cámara que tengo el honor de integrar,
conforme se desprende de las Actas CNAT Nº 2600 y 2601 del 7 y 21 de mayo
de 2014, respectivamente.
Tal como lo sostuve al participar del Acuerdo celebrado el dia 7 de
mayo de 2014, en mi opinión no existen razones fundadas que justifiquen la
revisión de lo establecido mediante Acta CNAT Nº 2357. En ese sentido,
advertí que las notas de asociaciones de abogados que solicitaban la
modificación de la tasa en cuestión eran de septiembre y octubre de 2013, y
no tenían en cuenta el incremento de la tasa activa del Banco Nación desde
enero de 2014.
También dejé constancia que la presentación efectuada ante esta Cámara
por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se basaba en el
índice de precios al consumidor de enero de 2014, el cual en mi opinión no
puede tomarse como referencia para una decisión como la que se pretende
adoptar, en tanto se trató de un momento particular influído por las
medidas que el gobierno debió adoptar como parte de la política cambiaria.
En todo caso, la evolución de dicho índice durante el resto del año
2014 y en los primeros meses de 2015 revela un descenso sustancial que deja
sin sustento la supuesta necesidad de modificar la tasa en cuestión.
Sin perjuicio de ello, no soslayo la decisión que por mayoría
destacada de los miembros de esta Cámara se adoptó respecto de los
intereses según Acta a la que se remite en el primer voto.
Por otra parte, según criterio que he sostenido reiteradamente en
casos sometidos a mi decisión, he considerado que la tasa activa prevista
en el Acta CNAT Nº 2357 resultaba suficiente como interés compensatorio y
moratorio, por ser equivalente en forma aproximada al costo que el
acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento de vencimiento
de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiere retenido, a la vez
que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de
aquél costo.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la doctrina de la Corte Suprema
de Justicia en los autos “Banco Sudameris c.Belcam S.A. y otro”, y lo
dispuesto por el art. 622 C.Civil, considero que en el presenta caso
corresponde atender parcialmente el recurso de la parte demandada,
disponiendo que los intereses devengados se calculen aplicando la tasa
activa prevista por el Acta CNAT Nº 2357 hasta el 31 de mayo de 2014, y
que a partir de ese momento se aplique la tasa establecida en primera
instancia.
También como lo anticipé he de disentir en la solución propuesta al
recurso de la parte actora que persigue la condena solidaria de la persona
física co demandada en autos.
En ese sentido, tal como lo he sostenido en casos análogos, en tanto
la demandada en autos es una asociación civil, en mi opinión no existe
norma alguna que contemple la responsabilidad solidaria de los integrantes
del órgano directivo de dichas asociaciones frente a terceros.
En efecto, las normas de la Ley 19.550, que son las invocadas en la
demanda como fundamento del reclamo, no resultan aplicables al caso en
examen, precisamente porque no se trata de una sociedad comercial, sino de
una asociación contemplada en el art. 33 del C.Civil, inc. 1) del párrafo
dedicado a personas de derecho privado.
Por ello, tampoco resultan aplicables al caso las normas contenidas en
los arts. 1713, 1720 y concs. del C.Civil, dado que no se trata de la
sociedad civil contemplada en el inc. 2) del art. 33 y arts. 1648 y
siguientes del C.Civil.
Por el contrario, siendo la demandada una asociación civil y ante la
ausencia de normas que autoricen a responsabilizar en forma personal a sus
administradores o directivos, considero que debe estarse a lo dispuesto por
el art. 43 del C.Civil, siendo entonces la persona jurídica la que responde
por los daños que causen quienes la dirijan o administren, en ejercicio o
en ocasión de sus funciones. Por lo expuesto, propongo entonces rechazar
el recurso intentado y confirmar al respecto lo decidido en la sentencia
apelada.
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I. Con relación a los intereses moratorios, considero que tienen por
función reparar los perjuicios ocasionados por el no uso del capital
adeudado desde la fecha en que fuera exigible (arts. 509 y 622 del Código
Civil).
El acreedor (en este caso el trabajador) no es un inversor financiero
que puede optar entre prestar el dinero a una entidad privada o prestárselo
al empleador demandado. Es una víctima del incumplimiento de éste último;
ha sido privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos
que no ha recibido en tiempo oportuno, que constituyen una prestación
alimentaria, y el mecanismo de aplicación de intereses no debe generarle
perjuicio ni menoscabo patrimonial sino justamente evitar el deterioro del
crédito reconocido cumpliendo de esa forma con la manda Constitucional que
garantiza la integridad del crédito laboral.
En consecuencia, toda vez que expresé mi voto afirmativo en el Acta
2.601 de la CNAT de fecha 21/05/2014, en la que se resolvió establecer que
la medida de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos
personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; y
que dicho rasero fuera aplicable desde que cada suma fuera debida respecto
de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de la resoluciónsin sentencia, adhiero sobre el particular, al voto de la Dra. Ferreirós.
II. Con relación a la posibilidad de extender la condena
en forma solidaria a la codemandada …, creo conveniente efectuar
las siguientes consideraciones.
En primer lugar, dicha codemandada revestía la calidad de Presidente
del Directorio al momento en que se desarrolló la relación laboral.
En segundo lugar, en el presente caso, ha quedado demostrado que la
demandada se vinculó con la actora durante más de veinte meses mediante la
instrumentación de una locación de servicios, sin embargo, se estaba
encubriendo en realidad una verdadera relación de dependencia, lo cual
constituye un fraude a la ley.
En este sentido, la conducta de la asociación consistente en
precarizar el contrato de trabajo, implica una actuación contraria a
derecho de la máxima autoridad del ente, en este caso la Sra. ….
en su carácter de Presidente, quien por acción u omisión posibilitó la
comisión del fraude.
Si bien coincido con el voto de la Dra. Fontana en tanto sostiene que
la ley 19.550 no resulta aplicable al caso, considero que más allá del
fundamento normativo, no existe ningún obstáculo que impida extender la
condena solidaria a la Presidenta, pues su accionar contraría el Art. 37
del Estatuto de la Sociedad …. que establece la
responsabilidad personal de los directores del ente ante faltas que ocurran
por negligencia o mala administración de los intereses sociales; y, a su
vez el artículo 44 que en su inciso 6º impone que el Presidente deberá
“velar por la buena marcha y administración de la Sociedad observando y
haciendo observar el Estatuto, reglamentos, las resoluciones de las
Asambleas y del Directorio.
Por otro lado, no podemos negar que nos encontramos frente a un abuso
de la personalidad diferenciada, que se circunscribe dentro de las
previsiones del art. 1071 C.C., que conlleva a prescindir de la misma y con
la consecuencia inmediata de la responsabilidad personal que incumbe a la
codemandada.
Por lo expuesto, adhiero al voto de la Dra. Ferreirós.
A mérito de lo que resulta del presente acuerdo el Tribunal RESUELVE:
1) Modificar parcialmente el fallo de acuerdo a las pautas que se indican
en los considerandos: VI, VII, IX, X y XIII del compartido primer voto. 2)
Confirmarlo en todo lo demás que decide. 3) Regular los honorarios de de
primera instancia en favor de la representación letrada de la parte actora,
de la codemandada Sociedad ….
Espisua y del Sr. Perito contador en el 16% (DIECISEIS POR CIENTO), 13%
(TRECE POR CIENTO), 13% (TRECE POR CIENTO) y 8% (OCHO POR CIENTO)
respectivamente, del monto de condena con intereses. 4) Regular honorarios
a la representación letrada de la actora y demandada en el 35% (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO) y 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente para
cada una de ellas, de los que resulten para la primera instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fecha de firma: 27/03/2015
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ INES FONTANA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR RODRIGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIAPoder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA VII
17.378/2011

 


 

Anexo con normativa y convenios colectivos de sanidad – derechos de los médicos

 

Convenio Colectivo
Médicos. Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Capital Federal

Nº 619/11

CAPÍTULO UNO
PARTES INTERVINIENTES – VIGENCIA
Art. UNO: Son partes de este convenio colectivo de trabajo:
Por la representación empresarial: Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA)
Por la representación sindical: Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) Personería Gremial 1721.
Art. DOS: Este convenio colectivo de trabajo tendrá una vigencia de cinco años a partir del primero de febrero de 2011. Sin perjuicio de ello las partes se reunirán con una periodicidad como mínimo anual a los fines de revisar los salarios establecidos en el presente convenio, acordando expresamente que la próxima revisión salarial deberá efectuarse como máximo para el mes de setiembre de 2011.
Habida cuenta que el presente es el primer convenio colectivo que regula la actividad del personal comprendido en el mismo en el ámbito territorial pactado entre las partes, las mismas acuerdan crear una comisión integrada por dos integrantes por cada parte signataria que será la encargada de analizar los casos de personal cuyo vínculo jurídico con las empresas comprendidas en el presente, reúna características que dificulten la calificación de su naturaleza, a los fines de determinar en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia de este convenio, si corresponde la incorporación de dicho personal al presente.
En ese sentido, ambas partes acuerdan en establecer que la incorporación en condición de empleado en relación de dependencia de médicos que pudieron haber prestado servicios para la misma empresa con anterioridad bajo la modalidad de locación de servicios profesionales, no importará reconocimiento expreso o tácito de que los servicios prestados por el médico con anterioridad revestían naturaleza laboral.
CAPÍTULO DOS
ÁMBITO TERRlTORIAL Y PERSONAL DE APLICACIÓN
Art. TRES: Esta convención tendrá jurisdicción dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. CUATRO: Esta convención colectiva comprende a todos los médicos que trabajen en relación de dependencia en Clínicas y Sanatorios y otros establecimientos asistenciales con o sin internación que sean explotados por personas físicas o personas jurídicas de carácter privado a que se refiere el artículo 33, segundo apartado del Código Civil, o entidades de derecho público no estatal, con exclusión de establecimientos geriátricos, establecimientos psiquiátricos, y Hospitales de Colectividad, sitos dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. CINCO: Se excluye expresamente del ámbito personal de aplicación del presente convenio a las siguientes personas:
a) Los médicos que ocupen cargos de conducción: Gerente, Sub-Gerente, Director, Director Asociado, Administrador; Subadministrador de Establecimientos asistenciales y cargos equivalentes a los mismos, cualquier fuere su denominación o los que desempeñen jefaturas que no estuvieren expresamente contempladas en este convenio.
b) Médicos que ejerzan su actividad como trabajadores autónomos, vinculados por una relación de locación de servicios
c) Médicos que presten servicios en consultorios externos por un lapso semanal inferior a 20 (veinte) horas.
CAPÍTULO TRES
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
Art. SEIS: Se describen a continuación las funciones pertenecientes al personal involucrado en la presente convención:
6.1 MÉDICOS DE GUARDIA: Son aquellos que cumplen sus tareas con características de disponibilidad permanente y atención no programada, en horario prolongado y concentrado, para atención de pacientes internos o externos.
6.2 MÉDICO COORDINADOR GENERAL DE LAS GUARDIAS: Es el médico que supervisa y coordina la actividad de los médicos de guardia del establecimiento.
6.3 MÉDICO DE PLANTA: Es el que presta servicios en el establecimiento de su empleador, evalúa y controla a los pacientes internados cuya atención le resulta asignada por el titular del establecimiento donde presta sus servicios, confecciona y/o actualiza las Historias Clínicas, y, en su caso, prescribe los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y de rehabilitación necesarios y controla el cumplimiento de los mismos.
6.4 MÉDICO DE CONSULTORIO EXTERNO: Es el profesional que realiza la atención de pacientes ambulatorios por consultorio externo, que requieren atención programada con asignación de turnos previa o atención por demanda espontánea. También comprende a los profesionales que realizan atención primaria de la salud. Se considerará excluido de la presente categoría y de este convenio aquel profesional que:
– Contrate la locación por cuenta propia y mediante el pago de un precio en dinero de un consultorio o área de trabajo
– Brinde sus servicios profesionales a terceros (pacientes) por su propia cuenta y orden
– Brinde sus servicios profesionales a pacientes de financiadores que carezcan de contrato con la Institución donde brinda dichos servicios.
6.5 MÉDICO DE AUDITORÍA MÉDICA: Es el profesional que realiza actividades no asistenciales en el área de auditoría médica, referidas a la autorización de prestaciones médico asistenciales y/o actividades de contralor de prestaciones médico asistenciales o de contralor de facturación de prestaciones médico asistenciales que efectúan los prestadores.
Los médicos comprendidos en esta convención podrán desempeñar una o más funciones de las precedentemente enumeradas, dentro de su jornada de trabajo. En ningún caso podrá solicitarse al médico la realización de tareas ajenas a su profesión, salvo toda aquella tarea administrativa vinculada a la atención del paciente por parte del profesional.
Los empleadores no tendrán obligación de cubrir todas las categorías previstas precedentemente.
Art. SIETE: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:
Además de los emergentes del Capítulo VII de la ley de contrato de trabajo, y demás normativa vigente, y de los derechos que se reconocen expresamente en otros artículos de esta convención, se reconoce a los médicos comprendidos en la presente, los siguientes derechos:
a) A la capacitación, incluyendo la participación en las actividades de capacitación en los términos de la normativa vigente y de lo previsto en el presente convenio.
b) A la participación, por medio de la AMAP, en la regulación de sus condiciones de empleo y salariales.
c) A la información y consulta, por medio de la AMAP signataria del presente convenio, en los términos de la normativa vigente.
Asimismo, los médicos deberán adecuar su conducta en su relación laboral a las pautas y principios establecidos para los trabajadores en la ley de contrato de trabajo, debiendo dar cumplimiento entre otros deberes:
– respetar las normas de secreto médico;
– registrar las atenciones de los pacientes y actualizar las historias clínicas de aquellos pacientes atendidos personalmente
Art. OCHO: JORNADA LABORAL: La Jornada semanal completa del médico es de 24 (veinticuatro) horas semanales, a todos los efectos legales.
Se admite la realización de una jomada semanal normal y habitual superior a las 24 horas y hasta un máximo de 48 horas. En este caso, las horas trabajadas en exceso de la jornada de 24 horas y hasta las 48 horas no serán abonadas como horas extras.
La guardia se realizará en jornadas de veinticuatro (24) horas corridas, de doce (12) horas, 8 (ocho) y 6 (seis) horas corridas, según modalidades de cada empresa.
Se considera hora extra aquella que se realiza en exceso de la jornada semanal normal y habitual de trabajo de cada médico, salvo cuando dicho exceso obedezca a la cobertura de servicios de otro trabajador, de conformidad entre ambos y con autorización de su empleador. En este caso será considerada hora extra aquella que exceda las 48 horas semanales. Las horas extraordinarias serán abonadas con los recargos que establece la ley de contrato de trabajo, salvo los casos expresamente contemplados en este convenio colectivo en que serán de aplicación las previsiones convencionalmente establecidas.
Art. NUEVE: PAUSAS DURANTE LA JORNADA LABORAL:
La empresa deberá conceder las siguientes pausas durante la jomada de trabajo, para refrigerio:
a) En caso de médicos de guardia, se concederán pausas para el almuerzo, cena, desayuno y merienda, en lapsos de 30 minutos (almuerzo y cena) y de 15 minutos (desayuno y merienda), cuidando de no afectar las necesidades del servicio. Se cumplirán entre los horarios de 7 a 9 horas, desayuno, de 12 a 14 horas, almuerzo, de 16 a 18 horas, merienda y de 20 a 22 horas, cena.
Cada empresa proveerá los alimentos y bebidas correspondientes, los que deberán ser de calidad adecuada.
b) Todo médico que cumpla una jornada diaria de ocho (8) o más horas tendrá derecho a un descanso de 20 minutos, dentro de su jornada de trabajo, destinado a refrigerio.
Art. DIEZ: REEMPLAZOS DE PROFESIONALES DE GUARDIA:
10.1 REEMPLAZOS EN AUSENCIAS PROGRAMADAS: Las guardias que no sean cubiertas por los médicos que hacen uso de las licencias o inasistencias de cualquier tipo consignadas en la presente convención, deberán ser cubiertas por médicos reemplazantes designados por la empleadora. Estas licencias y/o inasistencias deberán ser notificadas al empleador con 72 horas de antelación, como mínimo y fehacientemente justificadas. La empleadora podrá aceptar sugerencias de reemplazos propuestas por el médico.
10.2 REEMPLAZOS EN AUSENCIAS NO PROGRAMADAS: Concluido el horario de guardia y ante la ausencia de relevo, el médico que cubra guardias deberá permanecer en su lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas, notificando fehacientemente este hecho, cumplido el plazo antedicho, cesa el deber de permanencia, salvo el propuesto de abandono de persona. En el caso del médico que cumpla guardias de doce o más horas, y fuese el único médico de guardia en ese horario, el deber de permanencia se extenderá hasta tres horas.
En todos estos casos el médico tendrá derecho al pago de las horas trabajadas en exceso de su jornada habitual, abonando estas horas con el recargo correspondiente a horas extraordinarias.
Se aclara que es deber de la empresa proveer el reemplazo del médico de guardia y que la permanencia del mismo luego de su horario de tareas en las circunstancias antedichas deberá ser de carácter excepcional y no habitual.
Art. ONCE: TRABAJO EN DÍAS FERIADOS: Se aplicarán las normas emergentes de la ley de contrato de trabajo sobre la materia
Art. DOCE: DÍA DEL MÉDICO: El 3 de diciembre de cada año se celebrará el día del médico. El personal médico que deba cumplir sus tareas en ese día percibirá su remuneración con un ciento por ciento (100%) de recargo.
CAPÍTULO V
LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES
Art. TRECE: Licencia anual ordinaria
Se aplicarán las previsiones de la ley de contrato de trabajo, salvo las modificaciones que se establecen seguidamente:
a) Teniendo en cuenta que los médicos comprendidos en esta convención pueden trabajar uno o varios días a la semana, se considerará como días hábiles a los fines del cómputo del plazo mínimo de días de servicio anuales (art. 151, LCT), aquellos días en que el médico debe normalmente prestar servicio.
b) Los plazos de licencia previstos en la LCT se otorgarán en días corridos.
c) Ante un pedido expreso del médico comprendido en esta convención colectiva, la empleadora concederá entre el cincuenta por ciento y el ciento por ciento de su licencia anual entre el 1 de mayo y el 30 de setiembre del año siguiente, en forma ininterrumpida, siempre que por la cantidad de médicos que lo solicitasen no se afecte el funcionamiento del servicio. Para ello, las solicitudes se deberán presentar por escrito antes del 1 de octubre de cada año.
d) En los casos de médicos unidos en matrimonio o convivencia de hecho permanente, que se desempeñen para la misma empresa, las vacaciones se otorgarán en forma conjunta y simultánea.
e) Cuando por razones de servicio o causas no imputables al médico, no sea posible otorgarle la licencia anual en la fecha que le correspondiere, no perderá su derecho a la misma, la que deberá serle otorgada dentro del año calendario y en lo posible en la fecha que determine el interesado.
Art. CATORCE: Licencias con goce de sueldo: Se otorgarán a los médicos las licencias con goce de sueldo que se detallan a continuación:
1) Por casamiento del interesado (este permiso puede agregarse a la licencia ordinaria) 14 (catorce) días corridos.
2) Por paternidad: 3 (tres) días corridos
3) Maternidad: Sera de aplicación el régimen legal vigente sobre prohibición de trabajo durante y después de la fecha de parto.
4) Por adopción: 3 (tres) días hábiles y, en el caso de la mujer, treinta días corridos adicionales.
5) Por fallecimiento de cónyuge o de la persona a la cual estuviere unido en aparente matrimonio, padres o hijos; 5 (cinco) días corridos.
6) Por fallecimiento de suegros, yerno o nuera: 1 (un) día.
7) Por fallecimiento de hermanos: 2 (dos) días corridos.
Las licencias previstas en los incisos precedentes se otorgarán cuando el evento se produzca el día en que deba prestar servicio el profesional, o con una anterioridad a esa fecha que no sea superior al plazo de licencia previsto en cada caso.
8) Por enfermedad grave de cónyuge o hijos debidamente comprobada, se concederá al médico que no tenga otros familiares que convivan con él o estos no sean mayores de 16 años, hasta un máximo de diez (10) días corridos por año calendario. A los efectos que anteceden, a pedido del médico, los facultativos de la empleadora podrán certificar la gravedad de la enfermedad denunciada.
9) Por exámenes para estudios universitarios de medicina y/o post-grados universitarios de medicina, dos (2) días corridos por examen, hasta un máximo de diez (10) días corridos al año y/o de tres guardias por año. El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación de un certificado emitido por el establecimiento. Para acceder a este beneficio el examen debe coincidir con el día en que se preste servicios o rendirse el día inmediato posterior.
Las ausencias previstas en este artículo deberán ser justificadas fehacientemente por los profesionales mediante los comprobantes o certificados que corresponda en cada caso.
Art. QUINCE: INASISTENCIAS CON GOCE DE SUELDO:
Se considerarán los siguientes motivos para autorizar inasistencias totales o parciales con goce de sueldo procediendo de acuerdo con el apartado anterior:
a) Efectuar trámites judiciales o policiales, siempre que se justifique carga pública, denuncia, urgencia o impostergabilidad del mismo y su coincidencia con el horario habitual de labor debidamente comprobado.
b) Donación de sangre: un (1) día laborable en cada oportunidad, hasta dos veces al año siempre que se presente la correspondiente certificación extendida por establecimiento médico reconocido.
d) Mudanza: Dos (2) días corridos hasta una vez por año.
El médico deberá dar aviso con antelación debida de su ausencia y presentar el certificado correspondiente.
Art. DIECISÉIS: LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO:
16.1 Los médicos con una antigüedad mayor de cinco (5) años, tendrán derecho a licencia sin goce de sueldo por el término máximo de (1) un año, para realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, mejorar su preparación técnica o participar en reuniones de ese carácter, en el país o en el extranjero.
Este beneficio será acordado de una sola vez o fraccionado en el transcurso de cada decenio. El lapso no utilizado no podrá ser acumulado al decenio siguiente. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco (5) años entre la terminación de una y la iniciación de la siguiente.
16.2: Los médicos con una antigüedad superior a cinco (5) actos que fueran becados por Instituciones científicas o culturales, nacionales o extranjeras, podrán solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo, en base y de acuerdo con lo previsto en este convenio para las licencias para Estudios y Reuniones Científicas.
Para acceder a los beneficios establecidos precedentemente la capacitación profesional deberá guardar relación con la actividad que el profesional desempeñe para su empleador.
16.3: Todo médico comprendido en este convenio, podrá solicitar licencia sin goce de sueldo para ausentarse del país acompañado de su cónyuge cuando este fuera designado por el Gobierno para cumplir una misión oficial en el extranjero, mientras dure la misión encomendada, o para acompañarlo en el caso que aquel hubiere obtenido una beca en el extranjero, por un máximo de un año.
16.4: Las licencias contempladas en este apartado no se tendrán en cuenta a los fines de la antigüedad, ni a los beneficios que de ella correspondiera.
Art. DIECISIETE: Licencias por Enfermedad y Accidentes: Los médicos que se vean impedidos de prestar servicios con motivo de sufrir enfermedades inculpables, tendrán derecho a la licencia y reserva de puesto de trabajo en los términos de los artículos 211 y 212 de la ley de contrato de trabajo.
En las licencias por accidentes de trabajo se aplicará lo establecido por la legislación vigente (L. 24.557), sujeto a la verificación médica que disponga la empleadora.
Art. DIECIOCHO: Licencias por cargos públicos o gremiales:
18.1 Al médico electo o designado para desempeñar cargos públicos electivos en el orden nacional, provincial o municipal, se le concederá licencia sin goce de haberes mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al empleo dentro de los treinta días de finalizado el mismo, computándose la antigüedad correspondiente como si hubiera laborado.
18.2 Los médicos efectos para desempeñar cargos directivos en la AMAP y los miembros de las Comisiones Internas tendrán derecho a gestionar una Licencia Gremial sin goce de haberes mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse dentro de los treinta días de finalizados los mismos, computándose su antigüedad como si hubiesen laborado.
CAPÍTULO VI.
HIGIENE Y SEGURIDAD:
Art. DIECINUEVE: MÉDICO DE GUARDIA: Para el conjunto de médicos que cumplan tareas de guardia se pondrá a su disposición una habitación con baño privado para su descanso e higiene.
Las habitaciones deberán cumplir con las disposiciones oficiales en cuanto a su cubaje, ventilación, etc. Los servicios sanitarios instalados serán completos, con comodidades para el aseo personal y con ducha de agua fría y caliente durante todo el año. Asimismo, se deberá asegurar un adecuado sistema de climatización que resguarde de los rigores de temperaturas extremas.
Las habitaciones serán aseadas diariamente por el personal de servicio del establecimiento, quien procederá a colocar ropa de cama limpia, proveer elementos de higiene.
En caso que el personal de guardia este integrado por más de un profesional, el establecimiento deberá contar con alojamiento separado por sexos.
Deberá proveerse al personal médico de un espacio apropiado para cambiarse de ropa, que deberá estar dotado de un sistema de cuidado de su vestimenta y objetos personales, mientras permanezca en el establecimiento.
Art. VEINTE: Preservación de la Salud: A los efectos de lograr el mayor grado de prevención y protección de la vida e integridad psicofísica de los trabajadores, se constituirá una Comisión integrada por tres (3) miembros de la representación empleadora y tres (3) miembros de AMAP, con la finalidad de mantener vigentes las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias para prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos profesionales de los lugares de trabajo, como medio más eficaz de lucha contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tendrá facultades para establecer la periodicidad y características de los exámenes médicos a realizar al personal comprendido en la presente convención. Los representantes de la entidad gremial que en ella se desempeñen carecerán de cualquier derecho o prerrogativa que la ley o el presente convenio establezca para los representantes gremiales, siendo la incumbencia solo de carácter técnico.
La empleadora deberá implementar las medidas de protección previstas en las normas vigentes para la prevención de los riesgos físicos y químicos a que pudieren estar expuestos los profesionales comprendidos en este convenio, de acuerdo a las características de la actividad que desempeñen en cada caso, como así también dar cumplimiento a las normas de bioseguridad que se encuentren vigentes.
Los profesionales comprendidos en esta convención deberán adecuar su comportamiento a las normas de bioseguridad, utilizar los elementos de protección que le sean suministrados y colaborar con la empleadora en el cumplimiento de lo precedentemente establecido.
CAPÍTULO VII
VESTIMENTA Y ÚTILES DE LABOR
Art. VEINTIUNO: Respecto de la ropa de trabajo, se acuerda lo siguiente:
21.1. MÉDICO DE GUARDIA Y DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS: A cada médico de guardia o que preste servicios en áreas de cuidados intensivos o intermedios, se le entregará por parte de la empleadora, dos ambos o dos guardapolvos de calidad y condiciones dignas, por año calendario, para ser utilizados durante el desarrollo de su actividad profesional para la empleadora.
La limpieza y el cuidado de la ropa de trabajo estarán a cargo de cada médico, que no puede ser responsabilizado de los deterioros que sufran esos equipos por el desempeño de las tareas que le son propias.
La ropa de trabajo será reemplazada por la empleadora, sin costo alguno, en caso de rotura o deterioro ocasionados sin culpa del profesional.
La ropa de trabajo provista, será reintegrada por el médico al finalizar su relación laboral.
21.2. En el caso que la empleadora determine que los médicos que presten servicio fuera de las áreas individualizadas precedentemente deban utilizar determinado tipo de guardapolvo, los mismos serán suministrados por la empleadora. En lo demás se aplicarán las previsiones establecidas en el punto anterior.
Art. VEINTIDÓS: ÚTILES DE LABOR: Los elementos indispensables para realizar la tarea básica de la modalidad contratada, deben ser puestos a disposición por el establecimiento para su utilización sin limitaciones por parte de los médicos, durante su horario de trabajo.
CAPÍTULO VIII
TRABAJO DE MUJERES:
Art. VEINTITRÉS: Las médicas de sexo femenino no tendrán ninguna diferencia de trato respecto del sexo masculino salvo en lo referente a la protección de la maternidad (art. 177 y ss., LCT). No obstante y dentro de esa premisa, no podrá asignarse tareas a las embarazadas en áreas de radiología o diagnóstico por imágenes y a partir del sexto mes en las áreas cerradas o de cuidados intensivos sin que ello signifique modificación salarial ni horaria de ninguna naturaleza.
CAPÍTULO IX
REMUNERACIONES
ARTÍCULO VEINTICUATRO: Los salarios que se establecen en esta convención son los mínimos que deberá abonar la parte empleadora por la actividad de los médicos comprendidos en este convenio, sin que ello impida el pago de sumas superiores por cualquier concepto.
Asimismo, los salarios y conceptos establecidos en este convenio absorben hasta su concurrencia a aquellas sumas que la parte empleadora abonaba a los médicos incluidos en el presente convenio con anterioridad a su entrada en vigencia, cualquiera sea la denominación de los rubros a los cuales dichas sumas se hallaran imputadas. Si producida dicha absorción, quedara una suma remanente a favor del profesional, la misma se liquidará como “Excedente CCT AMAP/ADECRA”
24.1 SUELDO BÁSICO: El sueldo básico de los médicos comprendidos en esta convención es mensual y surge de multiplicar el valor establecido por hora médica por la cantidad de horas de trabajo que componen la jornada habitual de trabajo del profesional en la semana.
24.2 VALOR HORA BÁSICO: Se acuerda la suma de $ 25 (pesos veinticinco) de valor hora básico a partir del 1 de enero de 2011.
Con carácter excepcional y transitorio se establece que de ese importe, la suma de $ 5 (pesos cinco), así como los valores resultantes de la incidencia sobre dicho importe que generan los adicionales establecidos en esta convención será de carácter no remunerativos. Sin perjuicio de ello, dichas sumas serán computadas a los efectos del pago de los aportes de los trabajadores, y de las contribuciones a la Obra Social a cargo de los empleadores. La excepción transitoria establecida regirá hasta el 31/12/2011 y a partir de esa fecha automáticamente y de pleno derecho, las referidas diferencias e incrementos tendrán carácter remunerativo a todos los efectos. Para su mejor individualización dichos conceptos se liquidarán en el recibo de sueldo con el rubro cláusula 24.2 CCT ADECRA – AMAP –
24.3. ADICIONAL POR TAREAS EN ÁREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS o ÁREAS CERRADAS: A los médicos que presten servicios en áreas cerradas o de cuidados intensivos, se les abonará un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el valor hora básico, por cada hora trabajada en tal condición.
24.4 ADICIONAL POR JORNADA CONTINUA: A los médicos que presten servicios como médicos de guardia se les abonará un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el valor hora básico, por cada hora trabajada en tal condición
24.5. ADICIONAL POR ATENCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS: A los médicos que presten servicios en consultorios externos se les abonará un adicional del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor hora básico, por cada hora trabajada en tal condición
24.6. ADICIONAL POR PERMANENCIA: A todos los médicos comprendidos en este convenio colectivo de trabajo, se les abonará un adicional por permanencia mensual conforme la siguiente escala:

ANTIGÜEDAD

PORCENTAJE SOBRE BÁSICO

5 años hasta 10 años

5%

Más de 10 años hasta 15 años

10%

Más de 15 años hasta 20 años

15%

Más de 20 años

20%
A los fines de la liquidación del presente adicional solo se computará la antigüedad devengada por el profesional desde dos años anteriores a la entrada en vigencia de este convenio.
24.7 ADICIONAL POR ESPECIALIDAD: A todos los médicos comprendidos en este convenio colectivo de trabajo que acrediten debidamente su condición de especialista en una especialidad médica reconocida por la Autoridad de Aplicación y que se relacione con la actividad que el médico desempeña para su empleador, se les abonará un adicional del diez por ciento (10%) sobre el valor hora básico. En caso que el médico posea más de una especialidad este adicional se abonará exclusivamente sobre una especialidad
24.8 ADICIONAL POR JEFATURA DE GUARDIA: A todos los médicos que cumplan funciones como JEFE DE SERVICIO DE GUARDIA o COORDINADOR GENERAL DE GUARDIA se les abonará un adicional del treinta por ciento (30%) sobre el valor hora básico.
24.9 ADICIONAL POR JEFE DE GUARDIA DE DÍA: El médico de guardia que cumpla funciones de jefe de día, percibirá un adicional del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor que debe abonársele por cada guardia.
24.10 ADICIONAL POR TRABAJO EN DÍAS SÁBADOS O DOMINGOS: Se abonará un adicional, del veinte por ciento (20%) sobre el valor hora básico fijado en esta convención, por las horas de trabajo de los médicos que presten servicios entre las 8:00 horas del sábado y las 8:00 horas del lunes.
24.11 ADICIONAL POR TRABAJO NOCTURNO: Se abonará un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el valor hora básico fijado en esta convención, por las horas de trabajo de los médicos que presten servicios en horario nocturno, entendido como aquel que se desarrolla entre las 21:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente. Este adicional compensará hasta su concurrencia el recargo por trabajo nocturno previsto en la ley de contrato de trabajo y concordantes.
24.12 GUARDERÍA: Las médicas comprendidas en esta convención, que cumplan una jomada semanal no inferior a las 24 horas, y que cuenten con hijos entre 45 días y dos años de edad, tendrán derecho a la cobertura de guardería para los mismos. Si el establecimiento no contare con guardería se le deberá abonar una suma no remunerativa equivalente a diez horas según el valor hora fijado en esta convención.
CAPÍTULO X
DERECHOS SINDICALES:
ARTÍCULO VEINTICINCO:
25.1. REPRESENTACIÓN: La representación empleadora reconoce a la AMAP como la asociación gremial representativa de los médicos que prestan servicios para las empresas comprendidas en esta convención, en el ámbito de aplicación de la misma.
25.2. REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA: Las partes pactan que la representación sindical en la Empresa será ejercida por la AMAP en los términos del artículo 45 de la ley 23551 por una Filial por Empresa (cualquiera sea el número de establecimientos de la misma) que será integrada por un Consejo Directivo compuesto por cinco miembros a saber: a), un Presidente, b) un Secretario, c) un vocal titular, d) dos vocales suplentes. Dichas Filiales se constituirán en aquellas Empresas que cuenten con cincuenta o más médicos afiliados a la AMAP.
25.3. INFORMACIÓN SINDICAL – SALA DE REUNIONES:
Cada empleador, deberá posibilitar la colocación de una vitrina, en lugar accesible a los destinatarios, donde se informe sobre cuestiones relacionadas con AMAP, la Federación Médica Gremial de la Capital Federal a la que está adherida AMAP y las Filiales de la AMAP.
Cada empleador deberá posibilitar a los representantes gremiales de la AMAP ejercer libremente actividad sindical dentro de los establecimientos, siempre que no se altere su normal funcionamiento. Asimismo, de contarse con filial de AMAP en la empresa, deberá facilitar un espacio físico para el ejercicio de la actividad gremial, en los términos del artículo 44, inciso 1) de la ley 23551 que permanecerá cerrado cuando no sea utilizado, dentro del establecimiento donde los médicos toman servicio de guardia o en alguno de ellos en el caso que hubiera más de uno.
25.4. CUOTA SINDICAL: Cada empleador deberá actuar como agente de retención de la cuota sindical que cada médico asociado a AMAP, que asciende al dos por ciento (2%) de los haberes de los afiliados. Las sumas que se retengan se depositarán en forma mensual en la cuenta que oportunamente informara AMAP por medio fehaciente.
25.5. CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD: Se acuerda en establecer para todos los beneficiarios de este convenio colectivo, un aporte solidario y obligatorio equivalente al 1,5% (uno con cincuenta) por ciento de la remuneración integral mensual a partir de la vigencia de este convenio colectivo.
Este aporte estará destinado entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar por la AMAP, en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos y al desarrollo de la acción social. Los empleadores actuarán como agentes de retención del aporte solidario y realizarán el depósito correspondiente en forma mensual en la cuenta que oportunamente informará AMAP por medio fehaciente.
Los médicos afiliados a la AMAP estarán exentos del aporte solidario establecido en esta cláusula.
Esta cláusula tendrá vigencia hasta la renovación de este convenio colectivo de trabajo.
25.6. PERMISO HORARIO PARA LA ACTIVIDAD GREMIAL: Ambas partes coinciden en destacar la importancia de la actividad gremial para un adecuado tratamiento de las cuestiones laborales y la problemática propia de la actividad profesional. En este orden de ideas y en las empresas donde se cuente con Filiales, cada empleador concederá un permiso de seis horas semanales para el conjunto de representantes gremiales de la AMAP para el desarrollo de su actividad gremial.
La utilización del horario para el desarrollo de la actividad gremial no generará disminución en la remuneración. Las horas no utilizadas en una semana no serán acumulables. Para el goce de dicho crédito los representantes gremiales deberán solicitar autorización previa al empleador, de manera tal de permitir la reorganización de los servicios, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobado
25.7 OBRA SOCIAL: La empleadora deberá efectuar los aportes y contribuciones de obra social de los médicos comprendidos en esta convención a la Obra Social de los Médicos de la Ciudad de Buenos Aires (OSMEDICA) RNOS 1-26908, depositándolos de manera y oportunidad que fijen las disposiciones vigentes. Lo acordado es sin perjuicio del ejercicio del derecho de opción de cambio de obra social que puedan ejercer los trabajadores de conformidad con lo previsto en las leyes de obras sociales y normas reglamentarias de aplicación.
CAPÍTULO XI
FORMACIÓN PROFESIONAL:
Art. VEINTISÉIS: Se considerará auspiciosa la promoción e incentivación de la actualización y formación profesional de los médicos. El médico que asista a cursos de formación profesional por disposición de la empresa en la que presta servicios y que estén relacionados con la actividad de la misma, tendrá derecho a la adecuación de su jornada laboral a las exigencias horarias de dichos cursos.
26.1 Los médicos comprendidos en esta convención colectiva, con antigüedad mayor de 1 (un) año en una misma Empresa podrán solicitar licencia con goce de sueldo para asistir a Congresos o Jomadas Profesionales hasta un máximo de tres guardias o siete días de trabajo por año calendario con los siguientes requisitos:
26.1.1 El congreso debe relacionarse con la especialidad que desempeñe el solicitante en la Empresa y ser organizado por Universidades Nacionales o Privadas reconocidas, o Entidades Gremiales Médicas o Entidades Científicas representativas de esa Especialidad
26.1.2. El Jefe Inmediato, deberá indefectiblemente emitir su opinión sobre:
Ratificación del requisito mencionado en 27.1.1
Condiciones y aptitudes para mejoramiento científico del postulante
Utilidad y/o beneficio para el servicio del Temario del curso
26.1.3. El pedido debe ser formulado con una antelación no menor de 30 (treinta) días del inicio del congreso
26.1.4. El empleador concederá esta licencia siempre que por la cantidad de profesionales que lo solicitan simultáneamente no se afecte el servicio.
CAPÍTULO XII
COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN DEL CCT.
Art. VEINTISIETE: Una vez homologado el convenio colectivo de trabajo se constituirá una Comisión Paritaria permanente integrada por cuatro miembros en representación del sector empleador y cuatro miembros por la AMAP, para el tratamiento de los siguientes temas:
a) Interpretar el presente convenio a pedido de cualquiera de las partes signatarias.
b) Considerar los diferendos que puedan suscitarse entre las partes, con motivo del presente Acuerdo.
c) Establecer los mecanismos de información y proponer los procedimientos que mejor se adapten a esta actividad, así como la debida y adecuada reserva de los datos.
d) Establecer su propio reglamento de funcionamiento.
La Comisión Paritaria Permanente podrá utilizar los servicios de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las partes, a su cargo. Con acuerdo de ambas partes los asesores podrán actuar con voz pero sin voto en cada reunión.
Las decisiones de esta Comisión solo tendrán validez cuando se hubieren adoptado por unanimidad de los presentes.
CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO VEINTIOCHO: Sin perjuicio del sometimiento de las partes a lo establecido en la legislación laboral vigente que determina la relación de dependencia, el médico se haya sometido a las disposiciones legales relacionadas con la reserva y el secreto médico y deberá cumplir, sin que ello afecte su relación, con lo establecido en el Código de Ética de la COMRA, respetando además el empleador su criterio profesional independiente.
Lo establecido en la presente convención no excluye a aquellos Acuerdos superiores vigentes en las empresas a la firma del presente Acuerdo.
Art. VEINTINUEVE: Los beneficios que establece la presente convención no excluyen a aquellos superiores vigentes a la fecha en la relación laboral, provenientes de disposiciones normativas o acuerdos de parte.
CAPÍTULO XIV
PEQUEÑA EMPRESA
Se acuerda el siguiente régimen para pequeña empresa.
Art. TREINTA: A los fines de este capítulo, pequeña empresa es aquella que reúne las condiciones a que se refiere el artículo 83 de la ley 24467.
30.1 En todo lo no modificado en el presente capítulo, las relaciones laborales entre los médicos y la empresa se regirán por las demás disposiciones del presente convenio colectivo de trabajo.
30.2 La empleadora podrá disponer el pago del sueldo anual complementario, para todo el personal comprendido en este convenio, hasta en tres cuotas anuales.

 


 

anexo con sentencia completa sobre el cumplimiento de la ordenanza 45241 sobre derechos del médico

“2014 – Año de las letras argentinas”
Juzgado Nº 22 Secretaría Nº 43
Nombre del Expediente: VIRAVICA VIRGINIA Y OTROS C/ GCBA S/
EMPLEO PUBLICO (NO CESANTIA NI EXONERACION)
Número: 42699/0
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DE MAYO DE 2014
VISTO el expediente mencionado en el epígrafe, elevado a despacho a los fines
de dictar sentencia, del que RESULTA:
I.- Los Sres. Virginia VIRAVICA, Diego Ariel AMAYA, Ana María TROC,
Placida CARI, y María Angélica GONZALEZ, en el carácter de agentes del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, con el patrocinio letrado de las Dras.
Liliana H. Beli, Teresa B. Pablovsky y Ana C. Chorroarin, inician demanda contra el
GCBA (con fecha 6 de octubre de 2011), reclamando el “cobro de diferencias
salariales de acuerdo a lo prescripto en la Ordenanza 45.241, publicada en el Boletín
Municipal 19.168. arts. 1 inc. H), art. 2º primera parte, con el objeto de obtener el
cobro de las sumas provenientes de la distribución del 40% ingresado en el hospital en
concepto de fondos recaudados por el área de Servicios Asistenciales a los afiliados de
las Obras Sociales y/o Mutuales y/o Aseguradores de Riesgo de Trabajo y/o Compañías
de Seguros y otros entes asegurados o de terceros responsables de la atención, que
determinará la pericia contable desde la entrada en vigencia de la normativa hasta su
efectivo cobro, desde que cada suma es debida más sus intereses. Sin perjuicio de lo
expuesto, se deberá tomar los últimos cinco años, tomando como fecha de interrupción
de la prescripción la de iniciación de la demanda”. (v. fs. 1 vta.).
Asimismo, solicitan se ordene el pago de los importes que resulten en el futuro y
que recaudara el Hospital demandado, ello a partir del dictado de la sentencia,
incorporando al sueldo en forma permanente la distribución de las sumas resultantes de
la ordenanza en cuestión.
Manifiestan la innecesariedad de agotar la vía administrativa (conf. Art. 5
CCAyT).Los actores afirman desempeñarse como agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, desarrollando tareas en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, cumpliendo en todos los casos una jornada completa de trabajo.
Alegan que la ordenanza Nº 45.241, se encuentra vigente sin embargo es
cumplida parcialmente, dado que se distribuye exclusivamente la proporción que
corresponde al hospital y a la Secretaría de Salud: es decir, “el único ítem que de la
ordenanza en cuestión, que no se cumple es el 40% destinado a distribuir entre los
empleados.-”. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utiliza asiduamente como
argumento, que no se puede aplicar la distribución a los trabajadores, porque la norma
no es operativa y no se halla reglamentada, sin embargo este argumento es
jurídicamente insostenible”. “Pues conforme lo expresado mas arriba, la totalidad de
la ordenanza se encuentra vigente, atento a que se perciben los aranceles a las Obras
Sociales, Prepagas y terceros que tengan obligación de pago, destinando el 10% a la
Secretaría de Salud, el 50% al hospital y en cambio el 40% que debía integrar el
salario de los trabajadores, no se aplica, alegando el Gobierno únicamente, en este
caso que no es operativa.” (fs. 3 vta.).
Los actores tildan a la norma citada como operativa, por lo que no necesitaría –
afirman- reglamentación alguna a los efectos de su aplicación “…resulta que los arts. 1º
y 2º, vinculados al estímulo al personal de los hospitales, no enuncian reglamentación
alguna, para su implementación y cumplimiento, en cambio los arts. 6º, 7º y 8º,
requieren en forma expresa de una actividad del Ejecutivo.- Razón por el cual a todas
luces, el artículo 1º en lo pertinente al estímulo al personal y art. 2º son normas
operativas y no programáticas.” (fs. 3 vta.).
Señalan atinada la decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 en los autos “Mazzaglia, Cayetano y otros c/ GCBA s/
Cobro de pesos” (Expte. 242/0), en tanto reconoce el derecho de los actores a percibir el
beneficio salarial en cuestión.
En cuanto al modo de distribución del 40% de los fondos recaudados por el
establecimiento hospitalario, la parte actora adopta la postura del Juez de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires a “2014 – Año de las letras argentinas”
cargo del Juzgado Nº 1 (in re “Mazzaglia, Cayetano c/ GCBA s/ cobro de pesos”) en
cuanto a los criterios de distribución (“a. por partes iguales sobre bases igualitarias y
entre todos los agentes; b. personal de cada establecimiento, significa que se repartirá
lo recaudado en cada establecimiento entre el personal de esa unidad; c. contracción al
trabajo manifestada y valorada según dedicación horaria, de lo que resulta que la
valoración debe realizarse según dedicación horaria de cada agente.-”).
Solicitan se disponga la inmediata distribución de los fondos que en concepto de
estímulo debían haber percibido los trabajadores de cada uno de los establecimientos
hospitalarios, conforme la Ordenanza Nº 45.241, determinándose las diferencias
salariales adeudadas más sus intereses, sugiriendo que el modo de distribución de las
sumas dinerarias adeudadas se realice “por partes iguales, pero en proporción a la
carga horaria efectivamente cumplida o en la forma que la interpretación de V.S. según
su buen saber y entender considere procedente”. (fs. 7 vta.).
Por todo lo expuesto, reclaman el pago de las sumas adeudadas, con la
correspondiente actualización e intereses incorporando en forma permanente al sueldo
las sumas que se devenguen en el futuro, fundan en derecho su pretensión, ofrecen
prueba y solicitan se haga lugar a la demanda, con costas.
II.- A fs. 57, y previo Dictamen del Ministerio Público Fiscal, se tiene por
habilitada la instancia judicial en el presente proceso.
III.- Que dispuesto el traslado de la demanda, a fs. 58/66 se presenta el GCBA,
por apoderado y, contesta la acción solicitando su rechazo con costas.
Allí reconoce que los actores son o fueron agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que desarrollan o desarrollaron tareas en el ámbito del Ministerio de
Salud, y que nunca se liquidó ni pagó el adicional estímulo implementado por la
Ordenanza Nº 45.241. Niega, sin embargo, que los actores cumplan o hayan cumplido
la modalidad horaria que indican en el escrito de inicio, que los mismos hayan
ingresado en las fechas indicadas, y que corresponda el pago de las diferencias salariales
reclamadas en autos, por considerar que la Ordenanza mencionada carece de vigencia
en cuanto a sus aspectos salariales. A su vez, entiende que la norma carece de
operatividad inmediata.En primer lugar, explica, que la reglamentación debería determinar si la totalidad
del fondo común ha de distribuirse de manera igualitaria entre la totalidad de agentes
que integran las plantas de personal permanente, o si el reparto debería efectuarse por
establecimiento; en segundo lugar, para establecer con que periodicidad (mensual,
trimestral, semestral, etc.); y por último, que alcances y cómo se valoriza la contracción
al trabajo y la dedicación horaria establecida (teniendo en cuenta que los agentes
registran distintas cargas horarias, regímenes de licencias, inasistencias y faltas de
puntualidad). En suma entiende, que se trata de una norma programática e incompleta.
Afirma luego que la reglamentación no se llevo a cabo debido a que la
Ordenanza Nº 45.241, habría quedado derogada a partir del dictado de los Decretos Nº
3544/1991, Nº 670/1992, Nº 671/1992 y Nº 677/1992 que establecieron el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa (SIMUPA, en adelante) y el nuevo régimen
salarial al que fueron incorporados varios de sus dependientes, entre ellos, los actores.
La derogación operó -dice- el 1º de abril de 1992.
Alega –subsidiariamente- la inexistencia de un derecho adquirido, por el carácter
precario de los adicionales.
Por último, se opone a la pericial contable ofrecida por la actora y plantea
cuestión constitucional y caso federal.
III.- A fs. 74 se celebró la audiencia prevista por el art. 288 del CCAyT y se
produjo la prueba ofrecida, ordenándose tener por agregada la documental, y el
libramiento de los oficios requeridos por la parte actora.
A fs. 209 se tuvo por recibido en este tribunal el expediente de marras, y se hizo
saber el juez que iba a conocer, resolución que quedó firme con fecha 3 de junio de
2013.
A fs. 213/214 se certificó la prueba producida por las partes.
A fs. 217 se colocaron los autos en secretaría, a fin de alegar sobre el mérito de
la prueba producida.
A fs. 220 se dejó constancia que las partes no hicieron uso de su derecho a
alegar, llamándose autos a sentencia con fecha 17 de marzo de 2014; y “2014 – Año de las letras argentinas”
CONSIDERANDO:
I.- Que, el presente decisorio se emitirá con arreglo a los términos de la litis,
pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y correspondiente conteste, en
función de las probanzas arrimadas a la causa sobre los hechos que sustentan la acción;
ello, en los términos del art. 145, inc. 6) del CCAyT.
De conformidad a como las posiciones de las partes han quedado planteadas y
han sido detalladas, cabe precisar -ante todo- que los jueces no se encuentran obligados
a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos, ni a hacer referencia a la
totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean “conducentes”
para la correcta composición del litigio (art. 310 CCAyT; CSJN Fallos 272:225,
287:230, entre otros).
De conformidad con lo expuesto, el objeto de la demanda es que se condene al
GCBA a pagar a los actores las diferencias salariales resultantes del incumplimiento de
lo prescripto en el artículo 2 de la ordenanza Nº 45.241, que establece la distribución
del 40% de lo recaudado -en concepto de prestaciones de servicios asistenciales a los
afiliados a las Obras Sociales y/o Mutuales y otros entes aseguradores o terceros
responsables de la atención-, entre el personal de cada establecimiento asistencial.
Reclaman las sumas que dice, les son adeudadas por el período de cinco años
anteriores a la fecha de interposición de la demanda, y las que se devenguen en el
futuro.
De los términos del debate planteado por las partes, surge que las cuestiones a
decidir en orden lógico son las siguientes:
a) vigencia del artículo 2 de la ordenanza Nº 45.241;
b) de encontrarse vigente, su operatividad y el carácter de la misma, y
c) de poder aplicarse sin reglamentación, procedencia y cuantía de las
diferencias reclamadas.
II.- Con relación a la vigencia de la norma alegada como fundante del derecho
invocado por los actores y cuestionado, por la demandada, entiendo que resulta
necesario su contextualización dentro del orden jurídico, a los efectos de evaluar su pertenencia o no al sistema vigente, es decir si ha mediado la derogación tácita alegada,
en virtud de la existencia de normativa posterior.
Dicha norma (Ordenanza N° 45.241) en su artículo 1ro dispone: “Los fondos
recaudados por las unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de salud en
concepto de prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las Obras
Sociales y/o Mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la
atención serán reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados
a la normal atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al
mantenimiento y adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así
como también a la optimización de los servicios que se presten y estímulo a su
personal. Todo ello de acuerdo a los siguientes objetivos: (…) h) Participación del
personal de cada establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos”.
Por su parte, el artículo 2º establece que “el porcentual del 40% de dicha
recaudación será distribuido en partes iguales entre el personal de cada
establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada y valorada según
dedicación horaria establecida. El 60% restante será afectada conforme pautas
determinadas más adelante”
Entiende la demandada que la normativa posterior resultó derogatoria de la
Ordenanza base de la litis, ello con fundamento en los Decretos N° 3544/91, N° 670/92
y N° 671/92, que implementaron el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa.
Al respecto debe, en principio, recordarse que lo que la demandada pretende es
que se entienda por vía interpretativa la eliminación parcial de la Ordenanza (artículo
2do) -derogación-, en virtud de una supuesta incompatibilidad con el sistema
implementado por el SIMUPA.
Todo análisis deberá partir de determinados presupuestos; tales son la existencia
de una norma o cuerpos normativos de rango igual o superior que posean regulación en
idéntica materia, referida a iguales destinatarios donde, sin mediar pronunciamiento
expreso se produzca la abrogación (supresión total) o derogación (eliminación parcial),
por mediar disposiciones incompatibles en forma insuperable con la nueva norma. “2014 – Año de las letras argentinas”
Para ello se requiere en principio que la norma posterior sea de igual o superior
jerarquía.
Por lo tanto el rango legal de la normativa derogatoria invocada obsta a la
consideración favorable del planteo de la demandada.
III.- Al respecto ha resultado conteste la Jurisprudencia de las Salas del Fuero al
entender que, no solo la Ordenanza N 45.241 (promulgada por Decreto 4756/91 BM
19.168) resulta posterior al Decreto 3544/91 (BM 19.298), sino que su rango normativo
impide la viabilidad de la derogación tácita invocada, sea por el mismo, o por decretos
posteriores regulatorios.
En tal sentido la Sala I ha considerado que “…Por otro lado, ni el decreto
3.544/91 ni los decretos 670 y 671/92, reglamentarios del decreto 3544/91, pudieron
dejar sin efecto la ordenanza en cuestión, toda vez que esta última tiene rango legal
siendo evidente que una norma infralegal (como los decretos citados) no pueden dejar
sin efecto una ley ni expresa ni implícitamente. Así lo manifestó la Corte Suprema al
destacar que ‘Las ordenanzas emanan de un órgano de gobierno elegido por el
sufragio popular; es, como la ley, una expresión ¨soberana¨ de la voluntad popular, de
la voluntad comunitaria organizada’ al tiempo que advirtió que a su respecto ‘cobran
plena vigencia las reglas generales de ¨lex posterior derogat prior y lex sepcialis
derogat generalis’’ (cf. CSJN, “Promenade SRL c/ Municipalidad de San Isidro s/
demanda contencioso-administrativa”, 24/08/1989, T. 312, P. 1394). En consecuencia y
tal como lo ha puesto de resalto la señora Fiscal de Cámara en su dictamen de fs.
185/7, la ordenanza 45.241 sólo pudo ser derogada por el mismo poder que le dio
origen, a través de la sanción de una norma del mismo rango o de un rango superior.
Lo hasta aquí expuesto permite desestimar el agravio sostenido por la recurrente en
cuanto a la existencia de una derogación tácita de la ordenanza 45.241 con sustento en
los decretos 3544/91, 670/92 y 671/92” (sentencia de fecha 14/2/2005 dictada en los
autos caratulados “Romero Eva y otros contra GCBA sobre Empleo Público (no
cesantía ni exoneración)”, EXP. Nº 14.938). Criterio reiterado en; MORINIGO ELSA
D Y OTROS c/ GCBA. 23-02-2011. Causa Nº 9192-0, entre muchos otros). En idéntico sentido la Sala II entendió que el rango y la jerarquía de las normas
en juego resultaban obstáculo insalvable para la viabilidad del planteo articulado,
afirmando que “…ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos
“Promenade S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ demanda contenciosoadministrativo”, sentencia del 24 de agosto de 1989 (ED, 135: 643), que al hacer suyo
el dictamen de la Procuradora Fiscal, Dra. María Graciela Reiriz, sostuvo que las
ordenanzas municipales constituyen actos normativos de sustancia legislativa, respecto
de las cuales cobran plena vigencia las reglas generales de ley posterior deroga ley
anterior y ley especial deroga ley general. …En cambio, el reglamento, si bien
materialmente legislativo, emana de un órgano que ejerce actividad esencialmente
administrativa, mediante un cauce formal distinto según un procedimiento que tiene por
característica la organización jerárquica. El reglamento que en la estructura municipal
es producto de la voluntad de los órganos ejecutivos (intendente, secretarios, y
funcionarios dependientes), pertenece a la esfera de la «administración», que es una
organización instrumental de gestión, tiene carácter vicarial y subordina
permanentemente su voluntad a las normas dictadas por los representantes directos del
pueblo (conf. García de Entrerría, Eduardo, Legislación delegada. Potestad
reglamentaria y control judicial, Tecnos, Madrid, 1970, pp. 8 y ss.).”(ANTUNES
CLAUDIA ROSANA Y OTROS c/ GCBA. 19-06-2012. Causa Nº 27277 /0;
GUARRIELO MARIA FLORENCIA Y OTROS c/ GCBA Y OTROS. 20-12-2012.
Causa Nº 27926-0, entre muchos otros). Consideraciones estas en un todo aplicables al
Decreto 986/GCBA/2004.
Por último la Sala III en un reciente pronunciamiento reitera que “…la
Ordenanza 45.241 solo pudo quedar derogada por el mismo poder que le dio origen, a
través de la sanción de una norma del mismo rango o de un rango superior…” (Conf.
“ARENA, Paula y Otros C/ GCBA”, Expte. Nº 35828/0, de fecha 12 de junio de 2013).
Por lo expuesto los decretos invocados por el Gobierno local, desde la óptica de
la prelación jerárquica, no pueden considerarse derogatorios de la Ordenanza N°
45.241, dado su carácter normativo y rango. “2014 – Año de las letras argentinas”
IV.- En nada modifica lo expuesto el dictado de la Ley N° 471, ella prevé en su
artículo 66 el mantenimiento de la vigencia de los Estatutos particulares, dentro de los
cuales, encuadra la Ordenanza N° 45241. Obvio es entonces que cuando una norma
posterior regula idéntica materia deberá evaluarse si media incompatibilidad o
contradicción con el texto anterior, al respecto la derogación o abrogación no expresa se
opera solamente si la nueva norma resulta manifiestamente contraria.
Las normas deben interpretarse y correlacionarse de forma armónica y coherente
con el ordenamiento jurídico y su contexto, por lo tanto la interpretación derogatoria
pretendida sólo debe propiciarse cuando el mantenimiento del texto cuestionado lleve a
una incoherencia del cuerpo.
En tal sentido ha entendido nuestro Máximo Tribunal que “… sólo puede haber
derogación tácita en la hipótesis de que una norma posterior contenga disposiciones
incompatibles con la anterior y en consecuencia le reste toda eficacia…” (CSJN
Fallos: 321:2413).
En el caso es la propia Ley N° 471 la que reconoce la vigencia de las normas
previas (art. 66) al igual que el Decreto 986/2004.
V.- Lo expuesto bastaría para aventar toda duda interpretativa sobre la
eliminación del texto cuestionado y, si bien, el Juez no se encuentra obligado a seguir a
las partes en su derrotero argumental, entiendo que, aduna lo expuesto, la clara conducta
de la demanda al reconocer reiteradamente la vigencia temporal de la Ordenanza.
En este marco, la Resolución N° 438/92 de la Secretaría de Salud –dictada el
10/06/1992 y publicada en el BM 19.308 del 19/06/1992, con posterioridad a la
publicación de las normas reglamentarias del SIMUPA en el BM 19.298 del
04/06/1992– estableció que “la reinversión de fondos provenientes de hospitales
nacionales transferidos a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ‘se llevará
a cabo teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la Ordenanza 45.241’ (cf.
art. 5)” (v. voto del Dr. Casás en autos “Iriarte, Hilda y otros c/ GCBA s/ empleo
público (no cesantía ni exoneración)”, EXP 7559/10, sentencia del 16/03/2011).
El Decreto Nº 568/97 (verificación de acreencias en el marco del Dto. 255-
GCBA-96), en sus considerandos señala que “en relación a un número importante de acreencias presentadas a verificación, correspondientes al Área de Salud, en virtud de
haberse contraído tales obligaciones dentro del marco de regímenes especiales como el
establecido por la Ordenanza Nº 45.241 (…) carecen de los elementos de juicio y
antecedentes necesarios que posibiliten la efectiva verificación de los procedimientos
seguidos en su oportunidad y la legitimidad de las acreencias reclamadas”. En otro
considerando, se establece que “se deberán confeccionar y girar a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas (…) los créditos que cada Unidad Hospitalaria mantenga
exigibles por las prestaciones de servicios Asistenciales a los afiliados de las Obras
Sociales y/o mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables, efectuados en
el marco de la Ordenanza N º45.241”.
También la Resolución N° 2672/MSGC/2007 (referida a los aportes por
prestaciones médicas que tengan origen en sentencias judiciales, multas impuestas en
los términos del art. 39 del CCAyT, y sumas dispuestas por los Juzgados CAyT en las
respectivas sentencias con destino a establecimientos asistenciales) hace referencia a la
ordenanza en cuestión. En su artículo 2º dispone que “Las sumas previstas en el
artículo precedente, resultan excluidas de las previsiones del artículo 2º y concordantes
de la Ordenanza Nº 45.241”.
A su vez, el Decreto Nº 986/2004, reglamentario de la Ley N° 471, hace
referencia a la Ordenanza en cuestión. En el artículo 1º establece que “El presente
escalafón será de aplicación a los agentes de Planta Permanente comprendidos en el
escalafón general del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SI.MU.PA.)
que integran la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad (…) excluyéndose
expresamente (…) a los profesionales de Salud comprendidos en la Carrera de
Profesionales de Salud (Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias)”.
La vigencia es entonces reconocida por la propia demandada, y así lo han
entendido la distintas Salas de la Cámara; la Sala I ha resaltado que diversas normas
posteriores a la ordenanza en cuestión, hacen referencia a la misma, lo que significa que
continua vigente. Afirmando “Nótese que, tanto el decreto 568/97 así como la
resolución 2672/MSGC/2007, aluden claramente a la ordenanza 45.241. Ello
demuestra que dicha ordenamiento se encuentra aún vigente. Más todavía, la “2014 – Año de las letras argentinas”
resolución, al disponer que quedan exceptuados de ingresar a la distribución impuesta
por el art. 2 de la ordenanza los fondos provenientes de sentencias o multas judiciales,
pone de manifiesto que dicho marco normativo no ha perdido vigencia. Aduna también
a favor de lo señalado precedentemente, el hecho de que en la página de Internet oficial
del Gobierno de la Ciudad, en particular en el Boletín Oficial, la ordenanza en cuestión
no figura como derogada…. ” (sentencia de fecha 14/2/2005 dictada en los autos
caratulados “Romero Eva y otros contra GCBA sobre Empleo Público (no cesantía ni
exoneración)”, EXP. Nº 14.938).
La Sala II, en idéntico sentido ha resaltado que “…el Decreto 568/97 (BOCBA
N° 199 del 19/05/1997), que modificó el procedimiento administrativo para la
verificación de las acreencias presentadas en el marco del Decreto 225/96 y –en dicho
contexto– se refirió a los créditos originados en obligaciones asumidas en virtud del
régimen especial establecido mediante Ordenanza N° 45.241… Tales puntualizaciones
indican que al emitirse este decreto –ciertamente con posterioridad al 3.544/91, 670/92
y 671/92– se tuvo por vigente el sistema implementado por la Ordenanza 45.241….Por
su parte, la Resolución 2672/MSGC/2007 regula los aportes por prestaciones médicas
que tengan origen en sentencias judiciales, multas impuestas en los términos del artículo
39 del CCAyT y sumas dispuestas por los Juzgados Contenciosos Administrativos y
Tributarios locales en las respectivas sentencias con destino a establecimientos
asistenciales. Tal disposición establece en su artículo 2º que “Las sumas previstas en el
artículo precedente, resultan excluidas de las previsiones del artículo 2º y concordantes
de la Ordenanza Nº 45.241”. (conf. Sala II GUARRIELO MARIA FLORENCIA Y
OTROS c/ GCBA Y OTROS. 20-12-2012. Causa Nº 27926-0, entre muchos otros)
La Sala III ha concluido que “…dicha Ordenanza se encuentra aún vigente…”
(Conf. “ARENA, Paula y Otros C/ GCBA”, Expte. Nº 35828/0, de fecha 12 de junio de
2013).
Por las razones expuestas y la jurisprudencia citada, según reiterados
precedentes (v. TSJ, in rebus “IRIARTE, Hilda y otros c/ GCBA s/ empleo público (no
cesantía ni exoneración)”, EXP 7559/10, sentencia del 16/03/2011; “MAZZAGLIA,
Cayetano y otros c/ GCBA s/ cobro de pesos” (EXP 4804/06, 16/12/2006); “MORINIGO, Elsa y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”
(EXP 8356/11, 03/05/2012), entre otros), resulta que la Ordenanza N° 45.241 se
encuentra vigente.
VI.- Si bien lo dicho al presente resulta, a criterio de la suscripta, suficiente para
arribar a la conclusión acerca de la vigencia de la norma cuestionada, a mayor
abundamiento y teniendo en cuenta que la demandada alega la incompetencia del
órgano legislativo local para el dictado de la Ordenanza, y la supuesta violación de
competencias propias del Ejecutivo de la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, resulta necesario destacar que la Ordenanza en cuestión no deviene
violatoria de las funciones y competencias entonces asignadas al Ejecutivo.
Debe por ello resaltarse que todo orden jurídico posee una estructura jerárquica
y sus normas se distribuyen sobre ese esquema, su violación, la alteración de las
regulaciones constitucionales (en el caso sobre la competencia, como invoca la
demandada) traen aparejadas la afectación de la norma y su inconstitucionalidad.
La validez, entonces de la Ordenanza dependerá de que ella no haya conculcado
el diseño constitucional y las reglas que de él dimanan, en el caso si dicho diseño
permitió, por medio de reglas (de cambio y de adjudicación conf HART, H. L. A., El
concepto de derecho, p. 139, traducción de Genaro R. Carrió, Abeledo – Perrot, Buenos
Aires, 1998.) al entonces Intendente introducir y modificar regulaciones a las ya
existentes, privando de tal facultad o alterando las correspondientes al órgano
deliberativo.
Habida cuenta de lo anterior, entiendo (como claramente ha considerado la
Jurisprudencia) que las facultades del Concejo Deliberante no generaron invasión
alguna de las competencias del Ejecutivo Local. Así se afirmó que “…el decreto-ley
nacional nº 19.987 —mal llamada “Ley” Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires—, todas ellas sobre las atribuciones y deberes del Intendente
municipal (art. 31): -establecer la estructura y organización funcional de las
reparticiones que dependan del Departamento Ejecutivo (inc. d) -presentar al Concejo
Deliberante, antes del 31 de octubre el proyecto de presupuesto de gastos y recursos y
los de Ordenanza Fiscal y Tarifaria. El Concejo Deliberante no podrá crear empleos “2014 – Año de las letras argentinas”
ni aumentar sueldos que no sean propuestos por el Departamento Ejecutivo (inc. k) –
ejercer la superintendencia del personal dependiente del Departamento Ejecutivo (inc.
n) Sin embargo, tal como ha entendido esta Sala por unanimidad en autos “Iriarte,
Hilda y Otros c/GCBA s/Empleo Público (no cesantía ni exoneración)”, expte. 14.937,
sentencia del 26/2/2010, “Ninguna de estas normas permiten suponer, como se
pretende, que la ordenanza 45.241 invadió las competencias del ejecutivo municipal,
pues esta última no hacía ni a la estructura y organización funcional de las
reparticiones; ni creaba empleos o aumentos de base presupuestaria sino, y por el
contrario, una distribución de los fondos recaudados en concepto de prestaciones de
servicios asistenciales ingresadas de las obras sociales, mutuales u otros entes.
Tampoco se relacionaba, claro está, con el ejercicio de la superintendencia del
personal”. (conf. Sala II; ANTUNES CLAUDIA ROSANA Y OTROS c/ GCBA. 19-
06-2012. Causa Nº 27277 /0, en idéntico sentido Sala I. MORINIGO ELSA D Y
OTROS c/ GCBA. 23-02-2011. Causa Nº 9192-0)
En toda aquella inteligencia, entonces, es que no ha mediado un ejercicio
inconstitucional de competencias por parte del Consejo Deliberante, en el dictado de la
Ordenanza Nº 45.241.
VII.- Por todo lo expuesto a la primera de las cuestiones traída a esta instancia se
concluye con la vigencia de la Ordenanza N° 45.241.
VIII.- Por lo expuesto hasta el presente, ninguna duda cabe sobre la pertenencia
de la norma cuestionada (Ordenanza Nº 45.241), no solo al sistema jurídico (entendido
como la totalidad de las normas que conforman un derecho) sino también al orden
jurídico, que hace a su reconocimiento temporal.
El problema se centra entonces, en principio, en establecer si dicha Ordenanza,
sobre la que afirman su derecho los actores, recién integrará el orden jurídico desde la
implementación de un sistema de distribución como regla de reconocimiento (HART,
H.A.L., obra y opinión citada. p. 99 y siguientes).
La norma entonces define su ingreso al orden jurídico de acuerdo a las reglas
que el propio sistema fija y dependerá de él que se la considere vigente, es decir
obligatoria, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos.En el caso, o la norma no resultaba operativa temporalmente debido a la
necesidad de reglamentación, o tal reglamentación resulta conveniente pero no
imprescindible, gozando la norma de una operatividad directa.
IX.- Con relación al segundo punto en cuestión, es decir la operatividad de la
norma invocada por los actores, la parte demandada sostiene que el referido artículo 2
de la Ordenanza Nº 45.241 no puede aplicarse sin el dictado de una reglamentación que
defina y precise: a) si la totalidad del fondo común ha de distribuirse igualitariamente
entre la totalidad de los agentes de las 34 unidades asistenciales o si el reparto debe
hacerse por establecimiento y alcanzando a los agentes de cada unidad exclusivamente,
cualquiera sea el nivel de ingresos aportado por los establecimientos; b) la periodicidad
y forma de instrumentación de la distribución; y c) los alcances y la manera de valorizar
la contracción al trabajo y la dedicación horaria establecidos como parámetros para la
distribución.
Como criterio general interpretativo, las normas que consagran derechos, en
principio, deben entenderse como operativas.
En este sentido, el art. 10 in fine de la Constitución local señala que “…Los
derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia
de su reglamentación y esta no puede cercenarlos”.
En el presente el problema se plantea sobre el carácter operativo, no de una
cláusula constitucional, sino de la Ordenanza que estableció la distribución de ingresos
como un sistema de “redistribución” a determinados efectores del sistema de salud
pública.
Ella plasmó la forma para vehiculizar la participación de determinados sujetos, y
lo hizo, no como una mera manifestación de una “filosofía política” del Estado o
estructura directriz, (cf. SAGÜES, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional,
op. cit., T. I, Astrea, Buenos Aires, 2003 p. 95), sino de modo tal de generar un derecho
subjetivo de operatividad directa implementando la obligación de éste.
El derecho ha sido por lo tanto reconocido, y lo ha sido con absoluta claridad,
fijando pautas mínimas para que el Estado cumpla con sus obligaciones, como luego se
verá.“2014 – Año de las letras argentinas”
Pero aún en el supuesto de entender que sería deseable mayor precisión, el
planteo de la demandada no poseería mejor suerte, resultando aplicable lo expuesto por
el profesor Bidart Campos, en cuanto sostuvo que “…todo derecho que por estar
formulado programáticamente reclama desarrollo ulterior (sea mediante normas
subconstitucionales, sea mediante estructuras materiales y organizativas de
funcionamiento), tiene un contenido mínimo imposible de desconocer, aún a falta de
ese desarrollo infraconstitucional. Hay que esmerarse por encontrar tal contenido
mínimo para asegurarle la inmediatez aplicativa de la fuerza normativa de la
constitución, y para no demorarla a la espera de que la supuesta condición suspensiva
se cumpla” (v. BIDART CAMPOS, Germán, El Derecho de la Constitución y su fuerza
normativa, Ediar, Buenos Aires, 1995, p. 223), y en el caso, ninguna duda cabe de que
los parámetros están diseñados claramente en la Ordenanza.
a) Reitero, en el presente, y así lo han entendido las distintas Salas de la
Cámara del fuero, nos encontramos frente a normas con operatividad directa, por
detallar expresamente la forma en que los recursos deben ser distribuidos (conf. Sala II
“MAZZAGLIA Cayetano y otro c/ GCBA s/ cobro de pesos”, Exp. 242/0, del 14/12/05;
y “GARCÍA Marta Alicia y otros c/ GCBA s/ empleo público”, Exp. 14938/0, sentencia
del 17/06/10).
Así se expuso “ciertamente de la propia literalidad de la Ordenanza Nº 45.241
no existe ningún precepto del que corresponda colegir su carácter no operativo, tal
como ya sostuvo esta Sala por unanimidad en autos ‘Mazzaglia, Cayetano y otros
c/GCBA s/Cobro de Pesos’, expte. 242, sentencia de fecha 14 de diciembre de 2005 e
‘Iriarte, Hilda y Otros c/GCBA s/Empleo Público (no cesantía ni exoneración)’, expte.
14.937, sentencia del 26/2/2010. En rigor, si una norma concede un derecho al
particular y contiene, como ocurre en la especie, descripciones lo suficientemente
concretas de los supuestos que abarca que hacen posible su aplicación inmediata, es
operativa. Es decir, cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede
operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deban establecerse (Conf.
mutatis nutandi CSJN, Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros, de fecha
07.07.92, publicado en LL 1992-C, 543). Es de la propia redacción del artículo 2º de la Ordenanza citada que se sigue que la misma está destinada a regir una situación
concreta, en la cual no parece configurarse un supuesto de ‘programicidad’. En efecto,
el legislador no determinó que la suma reconocida al personal sea implementada
cuando la administración lo considere pertinente u oportuno. Todo lo contrario,
estableció un suplemento a favor de los actores y pautas objetivas para su distribución,
de las cuales la administración no puede prescindir…Por lo tanto, creada la asignación
remunerativa que menciona la Ordenanza 45.241, a la administración sólo le quedaba
cumplir con los preceptos de la norma conforme las pautas objetivas que establece. (in
re “García Marta Alicia y otros contra GCBA sobre empleo público (no cesantía ni
exoneración), EXP. Nº 14.938, del 17/06/2010, GUARRIELO MARIA FLORENCIA Y
OTROS c/ GCBA Y OTROS. 20-12-2012. Causa Nº 27926-0)
En sentido concordante los pronunciamientos de la Sala I (in re “ROMERO
EVA y otros contra GCBA sobre empleo público (no cesantía ni exoneración), EXP. Nº
15.387, del 23/02/2011), y la Sala III (in re “PRIETO SANDRA MARCELA c/ GCBA.
09-04-2013. Causa Nº 37427-0.).
Concretamente la Ordenanza N° 45.241, dispone (artículo 1º) que: “[l]os fondos
recaudados por las unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en
concepto de prestaciones a los afiliados de las Obras Sociales y/o Mutuales y otros
entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán reinvertidos” (énfasis
añadido) para -entre otros fines- “la optimización de los servicios que se presten y
estímulo a su personal… de acuerdo a los siguientes objetivos: …h) Participación del
personal de cada establecimiento en la distribución de los ingresos” .
El artículo 2º, en su parte pertinente, establece: “el porcentual del 40% de dicha
recaudación será distribuido en partes iguales entre el personal de cada
establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada y valorada según
dedicación horaria establecida”.
Por lo tanto puede inferirse que de la interpretación armónica de los dos artículos
transcriptos resulta:
a) el mandato de distribuir los fondos en cuestión entre el personal de las
unidades asistenciales de la Ciudad,“2014 – Año de las letras argentinas”
b) la fijación de un parámetro de igualdad: todos los empleados de cada
establecimiento,
c) el establecimiento del porcentual a distribuir (el 40%) y,
d) la fijación de la pauta de distribución, a saber la contracción al trabajo
manifestada y valorada según la dedicación horaria (pauta objetiva cuantificada según la
dedicación horaria)
Por lo tanto, a criterio de la suscripta surge nítidamente de la norma la
posibilidad de efectuar la distribución, no resultando la inexistencia de regulación
específica sobre la forma de instrumentar el derecho o cuantificar según la dedicación
horaria de los beneficiarios que implementara, obstáculo para la viabilidad de la
pretensión.
Por lo expuesto, en el caso se ha configurado una omisión ilegítima, y en
consecuencia, el agravio relativo a la falta de operatividad de la norma también debe ser
rechazado.
Debiendo por ello proceder el Ejecutivo local a la distribución de lo recaudado
(el 40% correspondiente a los períodos consignados en la litis), al actor, en los términos
de la Ordenanza N° 45.241.
Ahora bien, la operatividad originaria no obstaría a la modificación de los
parámetros fijados ya que, como claramente fue expuesto (Sala I in re MORINIGO
ELSA D Y OTROS c/ GCBA. 23-02-2011. Causa Nº 9192-0) ,“…podrían …
establecerse para el futuro- por esta vía mecanismos más precisos para su aplicación, e
incluso determinarse la incidencia de otros factores cualitativos ponderables, entre los
distintos pormenores y detalles que en definitiva sirvan a la mejor implementación de lo
prescripto por el artículo 2 de la ordenanza en ciernes -conf. doctrina de Fallos
148:430 entre otros-. Dichos actos, mientras no vulneren elementales parámetros de
juridicidad, razonabilidad, igualdad, equidad y buena fe, gozarán de la presunción de
legitimidad y fuerza ejecutoria que les confiere el ordenamiento -conf. Fallos 305:1489,
306:400, 315:2771, 315:1361, 320:2509, 325:28 327:5118, 332:1060 entre muchos
otros y art. 12 del dto. 1510/97-. … en ningún caso dicha facultad puede configurar un
impedimento o un eximente legítimo para que la administración efectúe la debida distribución conforme lo prescripto por el precitado artículo 2 de la ordenanza,
máxime, cuando el dictado de la referida reglamentación resulta de su exclusivo
resorte. …”
X.- De la prueba producida resulta que los actores:
A) Prestan servicios en el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”.
La dirección del mencionado Hospital, informó las fechas de inicio de prestación
de servicios en el nosocomio (fs. 203), siendo en los casos de las Sras. Placida CARI y
María Angélica GONZALEZ anteriores a los cinco años, teniendo presente la fecha de
inicio de la demanda. Por otra parte, los actores Virginia VIRAVICA, Diego Ariel
ANAYA, y Ana María TOC, ingresaron en el mes de enero del año 2007. Teniendo en
cuenta que la demandada no ofreció prueba, ni cuestionó aquella producida por la
actora, se considerará como fecha de ingreso de los actores la informada por el
nosocomio.
Conforme surge de fs. 203, se ha acreditado la carga horaria de los actores.
B) En cuanto a la percepción por el establecimiento hospitalario de los ingresos
susceptibles de distribución, de la prueba producida en autos resulta la facturación que
realizó el Hospital de General de Agudos “Carlos G. Durand” a las Obras Sociales entre
los años 1995 y 2012 (fs. 196 y vta.). A su vez, del mismo informe resulta que el
nosocomio deposita el total de lo recaudado en la Cuenta de Ingresos Nº 210015/9, y
que una vez depositados los fondos, la contaduría acredita sólo el 90%. Por otra parte, la
empresa Agrupación Salud Integral (ASI), a fs. 91/187 informó lo recaudado por las
distintas obras sociales desde enero de 2010 respecto del Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand”.
C) En lo que se refiere a la percepción por parte de los actores de las sumas
reclamadas, la demandada ha reconocido que nunca les abonó el adicional (fs. 60 vta.).
Asimismo, obran agregados copias de los recibos de haberes, en los cuales
figuran los descuentos y adicionales correspondientes a cada uno de los actores (fs.
11/15), no resultando que se les haya abonado suma alguna en virtud de la norma
alegada como incumplida. “2014 – Año de las letras argentinas”
XI.- Por lo expuesto ha quedado acreditada la prestación laboral de los actores
en el establecimiento hospitalario, su carga horaria, la percepción de importes en forma
directa e indirecta de las sumas correspondientes al hospital y la no percepción de los
agentes de importes imputados al cumplimiento de la Ordenanza N° 45.241, durante los
períodos reclamados.
XII.- Atento ello entiendo que debe condenarse a la demandada a abonar las
sumas que correspondan, en concepto de participación de lo recaudado por el Hospital
en los términos de los artículos 1º y 2º de la ordenanza Nº 45241, por los períodos no
prescriptos, (calculados desde los 5 años previos a la interposición de la demanda conf.
art. 4027 inc. 3 del CC) y hasta que la presente quede firme.
En consecuencia, y conforme lo sostuvo la Sala II (in re “IRIARTE, HILDA y
Otros c/GCBA s/Empleo Público (no cesantía ni exoneración)’, Expte. 14.9-37,
sentencia del 26/2/2010”) para el cálculo de las sumas adeudadas en concepto de
recaudación deberá computarse en el caso: “(i) el 40 % del monto de los ingresos reales
del Hospital Durand que hubiesen sido recaudados como consecuencia del art. 1 de la
Ordenanza Nº 45.241, durante los períodos no prescriptos -cinco años desde la
interposición de la demanda- y hacia el futuro, desagregados por mes; (ii) las horas
efectivamente laboradas por la totalidad de los empleados de ese hospital durante el
período de tiempo remarcado en el punto anterior y, una vez más, mes a mes y (iii) las
horas efectivamente trabajadas por el demandante en cada uno de esos meses.
Es decir, que con los datos así obtenidos, se dividirá el ingreso mensual (i) por la
cantidad total de horas mensuales (ii): el resultado se multiplicará, cada mes, por las
horas de trabajo del actor (iii).
Para el supuesto de que los actores hubiesen dejado de prestar efectivas
funciones en el nosocomio mencionado, la liquidación corresponderá se practique hasta
dicha fecha, conforme resulte oportunamente en la etapa de ejecución de sentencia.
La declaración de operatividad de la Ordenanza base de la presente litis y la
fórmula de cálculo prevista no empece al ejercicio futuro de las facultades del órgano
Ejecutivo, conforme lo expuesto en el Considerando IX in fine.Atento el carácter alimentario de los créditos reclamados, las sumas a abonar en
cumplimiento del decisorio serán pasibles de la aplicación de las previsiones contenidas
en el art. 395 del CCAyT.
En función de lo anterior, la demandada deberá abonar a los actores dentro de
los sesenta (60) días de la aprobación de la liquidación definitiva, el importe que de ella
surja, y hasta el límite que establece el segundo párrafo del mencionado art. 395, el que
se fijará conforme lo determinado en el art. 98 de la CCABA.
XIII.- Respecto a los intereses, los mismos se devengarán desde que cada suma
resultare exigible (5º día hábil del mes subsiguiente), aplicándose el criterio empleado
en el acuerdo plenario de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, en autos
“Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, del 31 de
mayo de 2013. En virtud de ello, deberá aplicarse a los conceptos que se reconocen en
este decisorio, y desde que cada diferencia es debida, intereses que deberán calcularse
aplicando un coeficiente que resulte del promedio de (i) la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a 30 días, del Banco de la Nación Argentina y de (ii)
la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta
el efectivo cumplimiento de la sentencia.
XIV: En punto a la condena en costas, entiendo que corresponde se impongan a
la demandada vencida, por no hallar razones que me indiquen apartarme del principio
objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT).
Por todo lo expuesto a lo largo de la presente, FALLO:
1º) Haciendo lugar a la demanda incoada, en consecuencia, declarando la
operatividad del artículo 2do de la Ordenanza N° 45.241.
2°) Condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos a abonar a Los Sres.
Virginia VIRAVICA, Diego Ariel AMAYA, Ana María TROC, Placida CARI, y María
Angélica GONZALEZ las diferencias salariales que resulten de la liquidación definitiva
a practicarse, en concepto de participación de lo recaudado por el Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand” en los términos de la Ordenanza Nº 45.241 (art. 1º y 2º),
conforme las pautas establecidas en los considerandos XII y XIII.“2014 – Año de las letras argentinas”
3º) Fijando los intereses que devengaran las sumas resultantes de acuerdo a lo
dispuesto en el considerando XIII.
4º) A los fines de la ejecución de sentencia, atento el carácter alimentario deberá
estarse a lo dispuesto en el Considerando XII.
5°) Imponiendo las costas del proceso a la demandada vencida (artículo 62
CCAyT).
6º) Difiririendo la regulación de honorarios hasta el momento de practicarse
liquidación definitiva.
7º) Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, al Fiscal en su despacho y
oportunamente archívese.

 

Dejar un comentario