Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Arriba

Sin Comentarios

El abogado SECLO – la relación con tu abogado

| El 20, Jul 2015

Al referirme a las acciones por empleo en negro (INADI!) se tocaron algunos consejos prácticos para elegir el abogado. Ahora van 5 puntos para que la relación vaya mejor, a propósito de un caso en que a un trabajador la empresa le puso el abogado, lo cual no solo es ilegal sino que genera una contingencia y un riesgo para la empresa. ¿Qué deberes tiene el abogado SECLO y los abogados en general?

El abogado SECLO

Como en cualquier caso, quien designa el abogado es el interesado, no un tercero y menos la contraparte porque tiene un conflicto de interés y de allí justamente intereses contrapuestos. El abogado no puede patrocinar cuando haya intereses contrapuestos, sea a dos de la misma pareja que se pelean o al trabajador y a la empresa. Por ley de ejercicio profesional, debe apartarse, excusarse, en estos casos.

En el caso de abajo pasó que el trabajador llegó para firmar un acuerdo de desvinculación laboral con la empresa y se encontró que tenía abogado (chan). El acuerdo se hace ante el SECLO (Ministerio de Trabajo) e implica plasmar por escrito la propuesta de la empresa y a cambio el trabajador renuncia a reclamar un peso más. Ahora bien, esto debe ser homologado, convalidado por el SECLO, cosa que en el caso no pasó. ¿Por qué no lo convalidaron?Screenshot-2

Allí dijeron que «la presencia de un profesional ante el SECLO no es un mero requisito
profesional, no se trata de un evento ‘pro bono’ al que se acompaña al trabajador para preguntarle si está de acuerdo, sino de un acto jurídico en el que el trabajador puede perder el ejercicio de parte de sus derechos laborales o previsionales, por lo cual la ley exige que un abogado lo patrocine e informe de sus derechos y controle en que medida se alcanza ‘una justa satisfacción de los mismos». En otras palabras, el trabajador debe tener su propio abogado.

Acá terminaron multando al abogado que fue designado por la empresa. En estos casos, debe recurrirse al colegio público de abogados para informar y que investiguen. Para las empresas también es un riesgo porque si se descubre la matufia se anula todo y debe pagar  un juicio o un nuevo reclamo.


PUBLICIDAD

 

Tres consejos prácticos para la relación con el abogado

1. Presupuesto de honorarios.

Aparte de que sea elegido y de confianza, pedir antecedentes, el abogado puede hacer un presupuesto o convenio de honorarios. Mejor saber de antemano cuánto se le pagará. No subestimes su actuación. Le estás delegando a un profesional un asunto importante, te estás sacando un problema de encima. ¿Cuánto pagarías por eso? El honorario debe retribuir sus servicios. Si se conoce de antemano suele ser mejor porque así se evitan líos después. Las opciones son variadas: por hora, por tarea, un plus de éxito (success fee) y demás. Mientras esté dentro de los rangos de la ley de aranceles y honorarios, todo ok. Para poner un ejemplo, una sucesión suele costar entre el 11 y el 20% del valor de los bienes, esto lo regula un juez. Con un convenio de honorarios, se podría pactar el porcentaje exacto.

2. Pedir información, información, información.

El abogado debe informar todas las opciones y sus chances, para que el cliente tome la decisión lo más informado posible. Digo “chances” porque garantizar un resultado es irresponsable e i-legal! ® Siempre es posible saber cómo marcha un asunto, en qué estado está, qué se hizo y demás. Si se trata de un juicio, el abogado puede sacar copias (a costa del cliente) o si prefiere ver la causa personalmente en tribunales.

3. ¿Cambiar de abogado?

Guarda con los poderes que firmás al principio, los alcances, leé bien la letra chica. Chequeá que esté matriculado. Y salvo una urgencia, no te apures en elegir abogado, es tu derecho y la confianza es fundamental. Si perdiste la confianza o las ganas de seguir, siempre se puede cambiar. El nuevo profesional tiene el deber ético y legal de avisarle, y el anterior debe facilitar el traspaso. En el convenio de honorarios, siempre conviene anticipar esto y poner qué pasa con los honorarios en estos casos de cambio de mando. El organismo de control es el colegio público de abogados, allí se puede consultar cualquier cosa.

Con el abogado se labura en equipo, y es fundamental que haya coordinación para que las cosas salgan bien.

 

kayak

 

 


 

Anexo con sentencia completa sobre abogado SECLO – multa

Poder Judicial de la Nación – CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL –
SALA V
5931/2014 – XXX Y OTRO c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
DE CAPITAL FEDERAL s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO
Buenos Aires, 2 de julio de 2015.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos
Fedriani, dijeron:
I.- Que a fojas 128/129 la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal (CPCAF) aplicó al Dr. …. (To xxx Fo xxx)
la sanción de multa, contemplada en el inciso c) del artículo 45 de la Ley No
23.187, la que fue fijada en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).
Para así decidir, indicó que “…el expte No 125883/09 del registro del SECLO
resultó iniciado con fecha 11.12.2009, a solicitud de la firma Granja Dos
Cuñados S.A, a través de su apoderada, abogada M. M., con el fin de llevar a
cabo una audiencia espontánea a los efectos de lograr la desvinculación del
empleado OOO, siendo asistido éste por el abogado P., procediéndose a
abonarle en concepto de indemnización la suma de $ 3.091 (v. fs. 35 vta.), sin
embargo dicho acuerdo no resultó homologado por la autoridad de
aplicación (v. fs. 47)”. Además, precisó que “[e]l aquí denunciante, ya con
otro patrocinio letrado, inició las actuaciones judiciales ‘OOO, José
Damián c/ [empresa NNN] S.A’ –cuyas copias corren por cuerda– por
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo No 42 por no haber
logrado una real composición de sus derechos al no estar representado
debidamente en el acuerdo suscripto ante el SECLO, así como también por
supuestas diferencias salariales reclamando en consecuencia la suma total de
$ 48.389, habiéndose a la postre arribado a un acuerdo en el cual se le
reconoce a favor del Sr. OOO la suma de $ 10.000…”.
Luego, sostuvo que las explicaciones ensayadas por la defensa del sumariado,
relativas al modo de vinculación con el aquí denunciante en dependencia del
SECLO, lejos estaban de atenuar la falta que se le reprochaba. Al respecto,
afirmó que “…se advierte la desprotección jurídica del requirente en
oportunidad de ser asistido por el abogado P., recordemos que el acuerdo en
cuestión no resultó homologado por la autoridad de aplicación, toda vez que
la presencia de un profesional ante el SECLO no es un mero requisito
profesional, no se trata de un evento ‘pro bono’ al que se acompaña al
trabajador para preguntarle si está de acuerdo, sino de un acto jurídico en el
que el trabajador puede perder el ejercicio de parte de sus derechos
laborales o previsionales, por lo cual la ley exige que un abogado lo patrocine
e informe de sus derechos y controle en que medida se alcanza ‘una justa
satisfacción de los mismos”. Además, resaltó que la actuación del profesional
debía revelar un tratamiento prolijo y ético de las cuestiones encomendadas
u ofrecidas, lo cual –a la luz de las constancias de la causa– no había sido
cumplido por el matriculado al momento de vincularse con el Sr. OOO.
Por último, expresó que había quedado demostrada la falta disciplinaria en la
que incurrió el Dr. P., quien con su accionar vulneró las disposiciones del
artículo 6o inciso e) de la Ley No 23.187 y de los artículos 10 inciso a) y 19
inciso a) del Código de Ética. Por lo tanto, concluyó que correspondía aplicar
una sanción de $ 5.000 (pesos cinco mil). a tenor de lo normado por los
artículos 26 inciso b) y 28 inciso b) del código citado, para lo cual consideró
que el letrado no registraba sanciones.
II.- Que contra dicha decisión, el letrado apeló y expresó agravios a fojas
135/138.
En su escrito recursivo, sostuvo que en la causa no existían pruebas que
acreditaran que hubiese existido connivencia con la Dra. M. para patrocinar
al Sr. OOO ante el SECLO. Asimismo, afirmó que no hubo daño alguno para
el denunciante debido a que el acuerdo firmado no le impedía continuar con
su reclamo en sede judicial.
En subsidio, cuestionó el monto de la multa impuesta. Al respecto, expresó
que el Código de Ética se refería a la “situación personal de abogado
afectado”, lo cual debía ser especialmente valorado debido a que de la
prueba documental aportada surgía que se encontraba desempleado y en
una grave situación económica. Asimismo, afirmó que debía ser tenida en
cuenta la poca antigüedad en la matrícula, como así también la circunstancia
de que no registraba antecedentes disciplinarios. Por consiguiente, solicitó
que se revocara la multa impuesta y en subsidio, que se morigerara el monto
de la sanción aplicada.
III.- Que siendo formalmente admisible el recurso incoado (v. dictamen del
Sr. Fiscal General Subrogante de fs. 151), a fojas 162/167 el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal respondió el traslado conferido a fojas
153.
En su presentación, luego de reseñar los antecedentes del caso, sostuvo que
el Tribunal de Disciplina analiza conductas desde el punto de vista ético,
motivo por el cual no se encuentra constreñido o limitado a probanzas
puntuales. Sin perjuicio de ello, alegó que en el caso había sido plenamente
acreditado el estado de indefensión en que se encontró el Sr. OOO con el
patrocinio jurídico del Dr. P..
Asimismo, afirmó que la multa impuesta había sido aplicada teniendo en
cuenta la calificación de la falta cometida, como así también se habían
ponderado las circunstancias particulares del caso y las pautas fijadas por los
artículos 26 inciso b) y 28 inciso b) del Código de Ética. En consecuencia,
solicitó que se rechazara el recurso interpuesto y se confirmara la resolución
sancionatoria, con costas.
IV.- Que en este estado de la causa, corresponde ingresar al análisis del
recurso interpuesto por el accionante.
IV.1.- En primer lugar, conviene recordar el marco normativo aplicable al sub
lite. Al respecto, la Ley No 23.187 dispone: “Son deberes específicos de los
abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo
siguiente: (…) e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el
desempeño profesional” (art. 6o). En cuanto al Código de Ética, el artículo 10o
establece: “Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: a) Utilizar las
reglas del derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los
principios de lealtad, probidad y buena fe”. Además, el artículo 19 prescribe:
“Deber de fidelidad: El abogado observará los siguientes deberes: a) Decir la
verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las
dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y
atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación”.
Cabe destacar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del
CPACF remiten a la definición como injustos de faltas puramente
deontológicas. Esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente
dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si
bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en
una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo una relación
de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la
organización, como por la cercanía moral de los titulares del órgano
sancionador, pares del inculpado; interpretando un sistema ético que los
envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico
concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es
como principio resorte primario de quien está llamado, porque así lo ha
querido la ley, a valorar los comportamientos que precisamente pueden dar
lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión
judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte
manifiestamente arbitraria (conf. Sala I, in re: “Vitolo, Daniel, sentencia del 1-
2-93; Sala V, in re: “Alvarez, Teodoro”, sentencia del 16-8-95).
IV.2.- En el presente caso, el Tribunal de Disciplina consideró que la conducta
del Dr. P. vulneraba lo establecido en el artículo 6o inciso a) de la Ley No
23.187 y en los artículos 10 inciso a) y 19 inciso a) del Código de Ética.
La comisión de la infracción fue conocida por la institución en virtud de la
denuncia presentada por el Sr. José Damián OOO el 30 de agosto de 2010
(v. fs. 3). En dicha ocasión, el denunciante expresó que “[c]on fecha 02 de
Diciembre de 2009 la empleadora decide poner fin sin causa alguna a la
relación laboral mantenida con mi mandante, comunicación que realiza en
forma verbal, convocándome a una audiencia espontánea en el SECLO el día
11 de diciembre de 2009, con la promesa de que me sería abonada la
totalidad de los rubros indemnizatorios correspondientes”. Continuó
diciendo que “[c]oncurrí al SECLO sin asistencia letrada, ignorando mis
derechos, y allí la Dra. S. M. M., inscripta al To xxx Fo xxx del CPACF, me hizo
firmar un convenio en el que aparezco patrocinado por un letrado
desconocido para mí, y presente en ese acto, el Dr. M. A. P., inscripto al To
xxx Fo xxx del CPACF, para simular ante el citado organismo que mis derechos
como trabajador habían sido resguardados”. Finalmente, alegó que “…ha
mediado una clara violación al orden público laboral, una vulneración de mis
derechos y aprovechamiento de mi necesidad, al convocarme ante el SECLO
para convenir mi desvinculación, sin asistencia letrada, imponiéndome un
abogado contratado, que se prestó a dicha simulación y traído a ese fin por la
propia empresa”.
A fojas 13 se encuentra agregada el acta en la cual el Sr. OOO ratificó la
denuncia efectuada y agregó que “…nunca contrató al encartado [en
referencia al Dr. P.], que este fue puesto por la empresa, que no lo conoció
hasta el momento de la audiencia. A esa audiencia llegó la abogada M. y ya
estaba el letrado denunciado, pero como este no lo conocía la abogada de la
empleadora lo llamó y dijo, que el iba a ser como un intermediario y que me
iba a representar”.
A fojas 29/48 lucen copias del Expediente SECLO No xxx. Allí, obra el
Convenio de Conciliación suscripto por el Sr. OOO, con el patrocinio
letrado del Dr. Pxxx y la representante de la firma “[empresa NNN] S.A”
en el que “…la parte trabajadora, RECLAMA EN CONCEPTO INDEMNIZATORIO
CONFORME ART. 245 LCT (INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, PREAVISO,
SAC PROPORCIONAL, SA / PREAVISO INTEGRACIÓN MES DE DESPIDO, Y
VACACIONES PROPORCIONALES, POR LA SUMA DE PESOS TRES MIL
NOVENTA Y UNO”. También se convino que “La parte trabajadora, manifiesta
que una vez percibido el mismo nada mas tendría que reclamar a la parte
empleadora por ningún concepto. Manifestando expresamente que desiste
de toda acción civil y/o laboral por enfermedad laboral denunciada y/o
cualquier otra causa que pudiere reclamar contra la empleadora en el futuro”
(v. fs. 35).
Luego, el Departamento de Asuntos Legales del SECLO dictaminó que “… de
los elementos acreditados, no se evidencia, que se haya alcanzado una justa
composición de los derechos e intereses de las partes involucradas, por lo
que se aconseja denegar la homologación del acuerdo de referencia, en la
forma de estilo” (v. fs. 45/46). En consecuencia, el Director del SECLO
dispuso: “Denegar la homologación del acuerdo espontáneo pactado
directamente por las partes y ratificado ante un funcionario autorizado,
celebrado entre JOSE DAMIAN OOO, por la parte trabajadora y [una empresa] S.A, por la parte empleadora…” (v. Disp. SECLO No 14811
obrante a fs. 47).
Con posterioridad, en los autos “OOO José Damián c/ [empresa NNN] S.A y otro s/ despido” se resolvió: “Atento que mediante el presente acuerdo
se ha logrado una justa composición de los derechos e intereses de las
partes, HOMOLOGASE el mismo con al alcance del art. 15 L.C.T y 69 L.O.
Téngase por imputada la suma de $ 10.000 a indemnización por despido y
por desistido al actor de la acción y del derecho respecto de los restantes
rubros” (v. fs. 82).
Los elementos precedentemente descriptos constituyeron la prueba de cargo
que permitió al Tribunal de Disciplina tener por acreditada la infracción de
que se trata. En este sentido, resultan improcedentes las manifestaciones del
recurrente referidas a la falta de pruebas que acreditaran que hubiese
existido connivencia con la Dra. M. para llevar a cabo el patrocinio letrado del
Sr. OOO ante el SECLO, ya que el tribunal a quo reprochó una conducta
distinta, que consistía en que la actuación del profesional sancionado había
dejado jurídicamente desprotegido a su cliente en la conciliación, la cual se
encontraba comprendida en las normas reseñadas en el subconsiderando
IV.1.
En efecto, el desempeño profesional del Dr. P. en la audiencia de conciliación
lejos se encontró de cumplir con los deberes de lealtad, probidad y buena fe
establecidos en la Ley No 23.187, al defender en forma deficiente los
derechos de su cliente, lo cual es coincidente con la denegatoria de la
homologación del acuerdo por parte de las autoridades del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar que la manera en que el
profesional se relaciona y actúa con el cliente no es algo que deba ser
juzgado por este Tribunal si es que se cumple –de manera satisfactoria– con
las disposiciones reglamentarias y éticas que se establecen al respecto. La
determinación de tal cumplimiento depende de una valoración profesional
acerca de qué es lo que requiere un correcto ejercicio de la abogacía. Para
ello sin duda están calificados los miembros de la matrícula que integran el
Tribunal de Disciplina (esta Sala, in re “O ́Connor Eduardo Horacio c/ CPACF”,
del 18/08/2010). Por ello, dicho tribunal, como intérprete del Código de
Ética, puede sin duda fijar estándares de actuación profesional que
prevengan conductas disvaliosas que afectan la abogacía en su conjunto. En
el caso de autos, la valoración realizada por el Tribunal de Disciplina se
encuentra dentro de su margen de apreciación, la cual no se vislumbra como
arbitraria o irrazonable.
En tales condiciones, encontrándose acreditado el incumplimiento de las
obligaciones inherentes al ejercicio de la profesión de abogado, corresponde
tener por configurada la infracción, en los términos de artículo 6o inciso e) de
la Ley No 23.187 y de los artículos 10 inciso a) y 19 inciso a) del Código de
Ética.
Tampoco son atendibles los agravios vertidos acerca de la falta de daño, en
tanto que en esta materia –Derecho Administrativo Sancionador–
predominan las infracciones formales, “constituidas por la simple omisión o
comisión antijurídica que no precisa ir acompañada de un resultado lesivo”
(Nieto Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos,
2000, pág. 349). Ello es así, por cuanto esta rama del Derecho “es un Derecho
preventivo en cuanto persigue las infracciones, dado que de éstas es de
donde se deducen (o pueden deducirse) ordinariamente los resultados
lesivos” (ibid., pág. 350).
IV.3.- Por último, es menester destacar que la determinación y graduación de
las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que
solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso,
Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27/05/1997). Al
respecto, no resulta exigible una exacta correlación numérica entre la multa y
la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación
realice una apreciación razonable de las diferentes circunstancias tenidas en
cuenta para justificar la sanción.
En el presente caso, el Tribunal de Disciplina consideró que la falta cometida
por el letrado no podía ser considerada como leve, en tanto que había
infringido deberes y obligaciones que eran de trascendental importancia para
el correcto ejercicio de la abogacía. Asimismo, graduó el monto de la sanción
aplicada, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 26 inciso b) y 28
inciso b) del Código de Ética. Por consiguiente, en mérito de las pautas
utilizadas por el Tribunal de Disciplina para la graduación de la sanción,
corresponde confirmar la multa aplicada, en tanto que no se presenta
manifiestamente arbitraria o irrazonable.
V.- Que por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de
apelación interpuesto por el Dr. P. y confirmar la resolución apelada. Las
costas se imponen al recurrente vencido, por no existir razones para
apartarse del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
Por último, resta efectuar la regulación de los honorarios profesionales de la
representación letrada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
En atención a la naturaleza y monto del proceso, el resultado obtenido y la
extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por el Dr. D. Á.
B., corresponde fijar sus honorarios profesionales en la suma de $ 1.050
(pesos mil cincuenta), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37 y
38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se aclara que dicho
importe no incluye suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado,
el cual deberá adicionarse en caso de que el profesional acredite su condición
de responsable inscripto.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, adhiere en lo sustancial al voto
que antecede.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. P. y confirmar la
resolución apelada; 2) Imponer las costas al recurrente vencido (art. 68 del
CPCCN); 3) Regular los honorarios profesionales del Dr. D. Á. B. en la suma de
$ 1.050 (pesos mil cincuenta), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6,
7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432, con la
aclaración efectuada en el considerando V respecto del IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
GUILLERMO F. TREACY – JORGE F. ALEMANY – PABLO GALLEGOS FEDRIANI

 

Screenshot-1

Dejar un comentario