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Un Comentario

El derecho a la propia imagen

| El 01, Abr 2015

Actualizado al 6 de agosto de 2015

Hay bienes a los que se les otorga un valor y el derecho protege ese valor, en este caso al propio retrato, sea selfie o sacado por un fotógrafo. Si encima la foto es sacada por alguien, habrá dos personas que tengan derecho. Quien sacó la foto, durante 20 años desde la fecha de su publicación, y el retratado, a que no se exponga sin permiso. Veamos

Derecho a la propia imagen

Como regla general, no se puede publicar la foto de nadie. Esto se discutió cuando una persona armó el sitio web «chicas bondi. Sin pose y sin permiso» que apuntaba a capturar a chicas inadvertidas en el colectivo. ¿Es arte, es parte del espacio público?

La ley nº 11723 dice que «el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público»·

Algo parecido pasó cuando a un señor, en un municipio de la Costa, le sacaron una foto en la playa y le dijeron “Sonría”. Después apareció sonriendo en un folleto turístico en el que se invitaba a la gente a pasar algunos días en la playa. Los demandó y ganó.


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En un trabajo

Algo similar pasa en un trabajo aunque a veces no es fácil el reclamo mientras se quiera seguir allí… Como regla general, la compañía no puede publicar fotos de sus empleados. En un caso, pasó que sacaron foto de un call center, y los jueces dijeron «No cabe duda del carácter lesivo de la intimidad del actor que se atribuye al comportamiento de la demandada (toma fotográfica en la que aparece la imagen del accionante en el área de trabajo de “Telecom”, denominada “call center” o “centro de llamadas”), en la medida que se ha violado la voluntad de aquél de no autorizar la publicación fotográfica de su fisonomía, es decir, de poner en conocimiento de los demás un aspecto de su vida privada, de soledad total o en compañía que legítimamente podía sustraer a la difusión pública». Al final, lo tuvieron que resarcir.

Algo parecido pasó en una aerolínea, cuando en la sentencia se afirmó que «la conformidad prestada por la aeromoza para la toma fotográfica no implica el consentimiento expreso para su publicación en la revista de la aerolíneas».

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Figuras públicas

Las figuras públicas también tienen un espacio de intimidad. Por eso California tiene una ley especial anti-paparazzi. No los pueden retratar en su vida privada. Incluso más, aunque no sean ellos, tampoco pueden usar su imagen para otras cosas sin su permiso.

En un caso, se usó la figura de Joaquín Cortés, un bailaor de Flamenco, pelo negro, lacio y hasta los hombros, torso desnudo, pantalones ceñidos de color negro, pero no era él, pero sí se asemejaba. El tribunal ordenó indemnizarlo: «constituyen la imagen más conocida del bailarín, y su figura «trasciende de sus propios espectáculos para pasar a ser la que el mismo interesado ofrece además, como creación propia y plenamente identificatoria, distinta de la de los otros bailarines, cuando explota comercialmente su imagen, la cual de este modo llega a todo tipo de público, y no sólo al aficionado al baile que ejecuta profesionalmente, convirtiéndose en notoria». Algo parecido sucedería con la silueta de Chaplin.

¿Y en Internet? Algunas acciones para exigir el derecho

Las fotos que publicamos en Facebook o Twitter están sujetas a la licencia de cada sitio, la famosa letra chica que nadie lee y que si alguien leyera rajaría corriendo. Según esos términos se les da una licencia para usarlas en esos lugares, pero no para que un medio comercial las tome sin permiso. Por ende, si vale retuitearlas pero ni un diario (ni impreso ni online) puede publicarlas sin permiso, que puede incluir una compensación. De mínima, además, hay que citar al autor y no vale poner como crédito “Twitter” (ha pasado). Esto mismo vale para fotos de perfil de Facebook, Instragram, ICQ …¿?

Y si fueran menores, hace falta un permiso especial de los padres. No vale publicar fotos de Facebook o Twitter alegremente en los noticieros. Al menos eso dice la ley que fue aplicada en varios casos, a favor de quien tiene el derecho a la propia imagen.

En caso de que haya una infracción, el fotógrafo puede pedir al usuario que la remueva, hacer un reporte mediante el mecanismo de denuncia de Twitter o Facebook o pedir una mediación extrajudicial, que es donde habitualmente se resuelven estos casos (con una transacción que involucra una suma económica) o sino sigue un juicio civil, como los que veíamos.

Los modelos y modelas

Como en materia de derechos de autor no hay derecho de cita, ni tampoco para los retratos, vale una regla básica: todo lo que el autor o retratado no ceda lo conserva. Por eso, lo que la empresa no ponga a su favor, es un derecho que queda para el autor. Por ejemplo, si Pepe Lápiz escribe un cuento y lo licencia para que se publique en la web, no pueden publicarlo impreso. Toda cesión o permiso debe ser expreso.

Para instrumentarlo, se hace un contrato o carta oferta aceptada que en el cual dice, entre otras cláusulas que «las imágenes, filmaciones y/o retratos en general podrán ser difundidas por la agencia publicitaria, anunciante y/o cesionarios donde estos designen, sea en Argentina, o en el exterior, en medios públicos y/o privados (incluyendo pero no limitado a revistas, Internet, folletos, etc.)».

Con las modelos pasa algo parecido. En el contrato para una campaña debe estar bien clarito los límites, qué uso se le va a dar, si hay un plazo y demás. Porque si después la empresa le da otros usos, que exceden el contrato original, deben indemnizarla, que es lo que pasó en el caso de abajo.

Allí dijeron que el daño material «resulta de la relación directa con la publicación ilícita de la imagen para fines publicitarios y su cuantificación se determinará según el lucro cesante derivado de la frustrada posibilidad de obtener una retribución para otorgar la autorización. En el caso de artistas, deportistas o modelos publicitarios ese daño se fija sobre la base del “cachet” estimado y no percibido para casos similares, y en el caso de personas no dedicadas a publicitar su imagen, el monto será fijado a criterio razonable del tribunal». En el caso, la indemnizaron con $100.000.

Algo parecido pasó a otra modelo que hizo una campaña de electrodomésticos y exhibieron su imagen después del plazo fijado en el contrato. La sentencia está abajo.

selfies y otras yerbas

Quienes no tienen derecho alguno son los animales, ni siquiera como fotógrafos. Eso lo resolvió un juez inglés al negarle el derecho a un mono que se habia sacado una selfie… Pero en Argentina, sí le hicieron lugar a una acción de hábeas corpus a favor de una orangutana. El expediente judicial se caratulo: «Sandra, Orangutana s/hábeas corpus».

Algo más sobre el tema en esta exegesis-del-derecho-a-la-propia-imagen, artículo muy completo.

 

Fiaca peluda.

A photo posted by Sergio (@derechoenzapatillas) on

 

Anexo con sentencias completas sobre el derecho a la propia imagen y retrato personal

Sentencia completa en el caso “NNN c/Aguas Danone de Argentina S.A s/ Daños y Perjuicios” – CNCIV – SALA I – 03/03/2015

ACUERDO En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de marzo de dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los autos “NNN, c/AGUAS DANONE de ARGENTINA S.A s/ Daños y perjuicios”, respecto de la sentencia corriente a fs. 1038/1053 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. MOLTENI, CASTRO y UBIEDO. Sobre la cuestión propuesta el Dr. MOLTENI dijo: 1º.- La sentencia dictada a fs. 1038/1053, admitió parcialmente la demanda impetrada por NNN contra “Aguas Danone e Argentina S.A”, condenando a este último a pagar la suma total de cien mil pesos ($ 100.000), con más sus intereses y costas. Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de la actora, quien expresó agravios a fs. 1068/1072, persiguiendo el incremento del monto de la condena. Asimismo, se queja del rechazo del daño moral. El demandado, a su turno, expresó agravios a fs. 1077/1090, donde afirma que el “a quo” ha violado el principio de congruencia, al encuadrar el conflicto en el ámbito contractual, cuando fue la propia actora quien iniciara el reclamo por la vía extracontractual. Entiende que la accionante no reclamó en función del contrato que había finalizado hace más de nueve años y para el cual se había acordado la jurisdicción en sede comercial, sino en función de un acto ilícito cuyo competencia corresponde al fuero civil. Sostiene que la actora le imputa un obrar antijurídico ajeno al contrato, invocando el art. 31 de la ley 11.723 y el artículo 1071 bis del Código Civil, y que más allá de haber transcripto las cláusulas contractuales, las citas jurisprudenciales transcriptas se corresponde a casos donde se debatía la responsabilidad aquiliana. A partir de ello, solicita a la Alzada que resuelva la prescripción, y que solamente se computen los daños ocasionados por el uso indebido de la imagen de NNN desde que fuera notificado, esto es, del 20 de mayo de 2009. En segundo lugar se queja de la responsabilidad atribuida a su parte y del resarcimiento dispuesto en la instancia de grado en concepto de “daño emergente y lucro cesante” por la publicación de dos spots publicitarios en el sitio web y por la existencia de un cartel publicitario con la imagen de la accionante en un comercio. Manifiesta que la Sra. NNN. no ha sufrido ningún perjuicio económico, toda vez que el spot publicitario se encontraba en la página junto al resto de los comerciales de la marca, que ello no representaba un uso comercial y había sido convenido por la cláusula quinta del contrato suscripto por las partes. Agrega que dichos comerciales se encontraban en la propia página web de la actora y en otras páginas. Respecto del cartel, señala que el tamaño y la imagen de la modelo era insignificante, su ubicación era anti estratégica y que sólo debe computarse el período de constatación que hizo la actora y la que realizó su parte, cuando ya había sido retirado. Asimismo, sostiene que la sentencia hizo caso omiso a la titularidad del cartel y a la colocación del mismo por parte de un tercero, por el cual no debe responder. Finalmente se queja de la condena en costas dispuesta en la instancia de grado. 2°.- La presente acción persigue el resarcimiento de los perjuicios sufridos por NNN, a raíz de la difusión indebida de dos spots publicitarios en el sitio web del demandado y de la exhibición de un cartel publicitario en un comercio de esta ciudad, más allá de lo estipulado en el contrato publicitario. Refiere la actora que si bien el 31 de diciembre del año 2000 venció el plazo por el cual cedió su imagen, tomó conocimiento, que a la fecha de febrero de 2009, el demandado continuaba utilizando su imagen sin su autorización en un local comercial de esta ciudad y en dos spots publicitarios cargados en la página web del demandado www.villavicencio.com.ar. A partir de ello, solicita el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 3°.- Por razones de método, en primer orden habrán de evaluarse las quejas introducidas por el demandado, relativa al principio de congruencia y al plazo de prescripción establecido en la instancia de grado. En primer lugar, cabe destacar que el principio “iura novit curia” que consagra el artículo 163 del Código Procesal, esta referido a la potestad del Juez de establecer las normas jurídicas aplicables a la situación de hecho con prescindencia del mencionado por las partes, sin modificar la causa pretendi. La circunstancia de que la actora no hubiera reclamado de manera clara la responsabilidad contractual, no obsta a su aplicación, toda vez que el principio mencionado permite encuadrar encuadrar correctamente la cuestión y la circunstancia de que su decisión se base en razones de derecho que no fueron invocadas, representa el ejercicio de una atribución propia del magistrado a cargo de la causa (conf. C.S.N, “Fallos”: 247:380) que, más que una prerrogativa, importa un deber a su cargo (conf. voto del Dr. Calatayud en causa 55.454 del 18-10-89, con cita de Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado , 3a. ed., t. 1 pág. 795 nº 37). El demandado entiende que al reclamar en su libelo de inicio en el fuero civil -declinando la jurisdicción comercial acordada en el contrato-, al invocar el art. 31 de la ley 11.723 y el artículo 1071 del Código Civil y al transcribir las citas jurisprudenciales, pareciera que el enfoque jurídico pretendido se sustentara en la responsabilidad extracontractual (art. 4037 del Código Civil) por la comisión de un ilícito ajeno al contrato, y no desde la óptica contractual (art. 4023 Código Civil) como así lo hiciera la sentencia de grado. Frente a la índole de las quejas esbozadas por el demandado, es conveniente aclarar que más allá de que las partes hayan convenido los tribunales comerciales para dirimir un eventual conflicto, ello no implica que, al haber iniciado el reclamo en sede civil -la cual fuera consentida por su parte al contestar la demanda,- no lo haya hecho en función del incumplimiento contractual, máxime si se tiene en cuenta que las cláusulas del contrato de publicidad han sido transcriptas en el libelo de inicio. Por otro lado, cabe destacar que en la especie, conforme ha sido reconocido y acreditado, la actora ha prestado su consentimiento para el uso de su imagen y su voz en comerciales publicitarios y piezas gráficas por el período de 12 meses, contados desde el día 1 de enero de 2000. Asimismo, se convino que “Villavicencio podrá utilizar el material que se obtenga, aún vencido el plazo de vigencia del presente acuerdo, como muestra para su exhibición en dependencias de Villavicencio y/o en las dependencias del productor del Agua Mineral Villavicencio” (ver. cláusula quinta de fs. 102). De allí que a mi juicio, más allá que algunas de las citas jurisprudenciales de la actora se correspondan con la responsabilidad aquiliana con sustento en la violación del derecho a la imagen, debe distinguirse cuidadosamente la situación de las personas que no hacen profesión de su uso, de aquellos que utilizan profesionalmente su propia imagen, por cuanto -como lo sostiene Emery- existen normas específicas que regulan ésta hipótesis y el artículo 31 de la ley 11.723 sólo puede tener carácter subsidiario “en la medida en que no se contraponga con los caracteres esenciales que rigen la contratación profesional en que la imagen se encuentra involucrada”, por cuanto la ley 11.723 tuvo en mira supuestos esencialmente distintos, donde el consentimiento para la difusión de la imagen implica, al mismo tiempo, consentir la intromisión en la esfera íntima de la persona (conf. Emery, Miguel Ángel, “Propiedad Intelectual”, ed. Astrea, 1° reimpresión, 2001, coment. art. 31, nº 7, pg. 173/4, conf Sala E, 20/4/2012, “Salem, Nicolás c/ Nomar Textil S. A. s/ Daños y perjuicios”, LL Online, cita: AR/JUR/13072/2012).- En el mencionado contrato, las partes habían acordado que el material podía ser utilizado luego de vencido el contrato, únicamente en las dependencias de Villavicencio y en las dependencias del productor del Agua Mineral Villavicencio.- A partir de ello, resulta claro que de acuerdo a los términos en que se planteó la demanda, la actora reclama por el incumplimiento contractual celebrado con Villavicencio, basado –como bien señala la sentencia de grado- en la responsabilidad postcontractual, que es la que emerge después del contrato.- Al respecto, Leiva Fernández considera postcontractual a la responsabilidad en la que se incurre por alguno de los ex co-contratantes con posterioridad a la satisfacción de las prestaciones principales de un contrato, sea que se origine en un hecho posterior o anterior a dicha satisfacción. Será de naturaleza jurídica contractual si encuentra su causa en la violación de un deber legal, o en las previsiones tácitas del contrato que frustan las ventajas obtenidas al celebrarlo, y extracontractual en los demás casos (conf. Leiva Fernández, Luis F. P “La responsabilidad postcontractual”, publicado en la Revista Juridica Argentina , Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Parte General, Tomo I , páginas 1019/1031).- El art. 1258 del Cód. Civil Español proporciona un concepto sumamente útil a esta idea en cuanto expresa que los contratos perfeccionados “no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. La relación con el contrato -mediata o inmediata- es relevante para establecer su carácter contractual, cuando la obligación no está prevista expresamente en el contrato (conf. Leiva Fernández, Luis F. P, op. cit. , t. 1, p. 1025).- El citado autor agrega que para determinar la naturaleza jurídica, debe ponderarse la presencia de los elementos de la responsabilidad civil, y en caso de verificarse, la responsabilidad postcontractual será de naturaleza contractual, porque la satisfacción de ese deber deviene necesario para que uno de los ex cocontratantes no frustre la ventaja otorgada y obtenida en el contrato (conf. Leiva Fernández, Luis F. P, op. cit. , t. 1, p. 1027).- La post-eficacia de las obligaciones constituye, un deber lateral de conducta de lealtad, en el sentido de que la buena fe exige, según las circunstancias, que los contratantes, después del término de la relación contractual, omitan toda conducta mediante la cual la otra parte se vería despojada o esencialmente reducidas de las ventajas ofrecidas por el contrato. Esos deberes laterales de lealtad se consustancian primordialmente en deberes de reserva en cuanto al contrato concluido, deberes de secreto de los hechos conocidos en función de la participación en la relación contractual y deberes de garantía de la fruición por la contraparte del resultado del contrato concluido (conf. Mota, Mauricio J “La post-eficacia de las obligaciones”,. publicado en: RCyS 2003, 192).- Todo ello, me lleva a compartir el criterio seguido por el colega de grado para rechazar la excepción de prescripción de la demandada, toda vez que en el caso de autos resulta claro que las partes previeron la hipótesis de la utilización de la imagen de la profesional -sólo dentro de las dependencias de Villavicencio- luego de finalizado el convenio. Por lo tanto, al haber publicitado los spots en la página web y la imagen en un comercio particular, entiendo que el demandado ha incumplido con una obligación de no hacer prevista en el contrato, por lo que su responsabilidad debe analizarse desde la esfera contractual, cuyo el plazo de prescripción es de diez años (art. 4023 del Código Civil).- 4°.- Cabe entonces abordar ahora el tratamiento del agravio de la demandada, relativo a la responsabilidad que en el caso le fue atribuida.- La apoderada de Aguas Danone S.A, insiste en no haber utilizado de manera ilegitima la imagen de la profesional con posterioridad al vencimiento del plazo. Manifiesta que el cartel publicitario resulta ser un hecho aislado cuyo responsable es el dueño del comercio, quién colocó el cartel y no le dió la baja al finalizar el contrato. Respecto de los spots subidos a la página web, señala que se trata de dos publicaciones antiquísimas, que no tenían fin publicitario y cuyo uso estaba permitido en el contrato. Agrega que al momento de iniciar el reclamo, la propia V. M. tenía cargados los spots publicitarios en su sitio oficial, donde se promocionaba y vinculaba con la marca Villavicencio, por lo que mal podría pensarse que esa asociación le provocó algún perjuicio.- Los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (art. 377 del Código Procesal).- La noción de la carga de la prueba ha sido diseñada como una regla de juicio dirigida al juez, que le indica cómo resolver frente a hechos insuficientemente probados, a fin de evitar el “non liquet”. Indirectamente indica a cuál de las partes le interesa la demostración y por lo tanto, asume, el riesgo de la falta de evidencia (conf. Lorenzetti, Ricardo, “Carga de la prueba en los procesos de daños”, LA LEY, 1991-A, 998). Por ello, el citado art. 377 comienza diciendo que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido.- La actora, sobre quien pesaba el “onus probandi”, ha logrado acreditar por medio de las dos actas labradas por la escribana Gabriela Rúa Peñavera -sin que ello fuera desconocido por el demandado- que en la fachada del comercio sito en la calle Luis María Drago 302 esquina Julian Álvarez sobresalía una marquesina con la publicidad de Villavicencio, en la cual V. M. era la figura principal. Asimismo, también corroboró que en la página www.villavicencio.com.ar, en la solapa “institucional”, en el botón “publicidades”, estaban cargados los dos spots publicitarios, que tenían a V. M. como protagonista (ver. actas notariales de fs. 110/122 y fs. 124/126).- En coincidencia con lo señalado en la instancia de grado, entiendo que la exhibición de dos sptos publicitarios de V. M. en la solapa “publicidades”, de un sitio web de una sociedad comercial cuyo fin es lucrativo, no puede ser amparado con la excepción informativa o cultural que hace referencia el art. 31 de la ley 11.723. Asimismo, tampoco puede considerarse que el sitio web de la demandada fuera una dependencia virtual, cuya autorización de uso estaba permitida por la cláusula quinta del contrato.A partir de ello, entiendo que la actora acreditó debidamente el presupuesto de hecho invocado en la demanda, esto es, el uso indebido de su imagen luego de finalizado el contrato, por parte del demandado. Por otro lado, tampoco cabe hacer lugar a la queja que realizara el demandado en torno a la responsabilidad del tercero Fabián Fiorese, en lo que respecta a la responsabilidad que le cabe, por entender que es el dueño del local y quien había solicitado la habilitación del letrero al Gobierno de la Ciudad.- De las constancias de autos no surge que la cuestión atinente a la responsabilidad del tercero, haya sido introducida por el demandado con anterioridad a los agravios en examen, por lo que resulta de aplicación al caso el art. 277 del Código Procesal que establece que el Tribunal de alzada no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. En esa inteligencia es dable recordar que el ámbito de conocimiento de la alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior, y no por lo resuelto por éste en su decisorio (conf. Palacio – Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 6º, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 441 y Farsi – Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 2, Ed. Astrea, pág. 500/501).- En consecuencia, entiendo las quejas introducidas por el demandado respecto a la responsabilidad, también deben ser desestimada.- 5°.- Establecido ello, habré de evaluar las quejas abordadas por las partes, en torno al monto fijado en concepto de “lucro cesante-daño emergente” ($100.000).- La actora se queja en tanto entiende que la suma por la cual ha sido condenada Aguas Danone S.A, no se compadece con las circunstancias de la causa, esto es el plazo en que se utilizó la imagen, el valor de la imagen y el cachet profesional. Entiende que de los $250.000 estipulados por el contrato, $150.000 se corresponden a los días de trabajo en que se realizaron las filmaciones y tomas fotográficas de la modelo, y que la suma de $100.000 se corresponden por el uso de esa imagen. En función de ello, reclama la suma de $100.000 por cada año de uso indebido.- Por su parte, el demandado sostiene que el sentenciante de grado siguió un camino errático y antojadizo para llegar a esa suma. Entiende que debe tenerse en cuenta que la profesional también decidió vincularse a Villavicencio, con los mismos elementos y los mismos métodos, al cargar los spots publicitarios en su propia página. Finalmente, agrega que los informes, pericias y testimonios acompañados, dan cuenta que la imagen de la profesional perjudicaba la reputación de Villavicencio, aún cuando estaba vigente el contrato.- El daño material resultará de la relación directa con la publicación ilícita de la imagen para fines publicitarios y su cuantificación se determinará según el lucro cesante derivado de la frustrada posibilidad de obtener una retribución para otorgar la autorización. En todos los supuestos, deberá acreditarse el daño material y su cuantía como en cualquier supuesto resarcitorio. En el caso de artistas, deportistas o modelos publicitarios se fijará en base al “cachet” estimado y no percibido para casos similares, y en el caso de personas no dedicadas a publicitar su imagen, el monto será fijado a criterio razonable del tribunal, pudiendo el criterio de una relativa analogía servir, pero entendiéndose que todo perjuicio material que se acredite con nexo causal estará comprendido (Conf. Gregorini Clusellas, Eduardo L., “La violación del derecho a la propia imagen y su reparación”, LL, 1996-D, 136).- En autos no se encuentra discutido que Villavicencio por intermedio de Vamagra S.A contrató a la profesional para: 1) intervenir en la filmación de hasta dos (2) comerciales publicitarios para los productos “Agua Mineral Villavicencio” para que sean difundidos en la República Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. 2) intervenir en hasta dos (2) sesiones de fotografía para la producción de material fotográfico que será utilizado en medios gráficos, vía pública, material de promoción y/u otros que Villavicencio determine para la publicidad de sus productos 3) intervenir con su voz en la grabación de comerciales a ser difundidos por medios radiales, para la publicidad de los productos (ver. fs. 99 punto 1.1).- Asimismo, en las condiciones y prestaciones, Vamagra S.A y la profesional cedieron a Villavicencio todos los derechos de voz e imagen de los comerciales publicitarios y piezas gráficas objeto del presente contrato, conforme los términos de la cláusula quinta (ver. fs. 99 punto 1.2).- Por su parte, Villavicencio se comprometió abonar a Vamagra S.A, la suma de pesos doscientos cincuenta mil más IVA ($250.000) como contraprestacón única y total, por su intervención en los comerciales publicitarios de los productos, en las grabaciones de voz y las sesiones fotográficas a realizarse para la utilización de su imagen (ver. fs. 99/100 punto 2.2).- En la cláusula quinta, acordaron que Villavicencio podrá utilizar el material que se obtenga, aún vencido el plazo de vigencia del presente acuerdo, como muestra para su exhibición en dependencias de Villavicencio y/o en las dependencias del productor del Agua Mineral Villavicencio (ver. fs. 102).- Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, la actora ha demostrado que luego de vencido el contrato, el demandado aún tenía cargado en su página web los dos spots publicitarios que fueron parte del objeto del contrato, y que una imagen de la profesional, aún se encontraba en un letrero de un local comercial.- Por su parte, la pericia informática ofrecida por el demandado, da cuenta que el sitio web www.villavicencio.com.ar tuvo durante el período de 2010 a 2011, un promedio de 84 visitas diarias (ver. fs. 599vta). Asimismo, las actas de constatación llevadas a cabo por el escribano para constatar la medición de ingresos a la página web, dan cuenta que del 11/5/2010 al 12/5/2010 ingresaron 166 usuarios y que del 12/5/2010 al 13/5/2010 lo hicieron 93 usuarios (ver. fs. 225/226).- Asimismo, del acta de constatación realizada por el escribano en agosto de 2009 (ver. fs. 221), se desprende que las dos publicidades protagonizadas por la profesional con la marca Villavicencio, se encontraban cargadas de manera completa en el sitio web oficial de la actora www….. en un blog que lleva el nombre de la profesional www. y en www.youtube.com, donde en el día de la fecha aún se puede seguir visualizando.- A partir de ello, tengo por acreditado que la demandada utilizó de manera indebida y por un tiempo prolongado dos spots publicitarios y un letrero comercial –de escasa relevancia publicitaria- con la imagen de la actora, quien ciertamente fuera una modelo profesional de importancia y destacada trayectoria. Asimismo, ha quedado demostrado que el sitio web www.villavicencio.com.ar no tenía un gran caudal de visitas y que los spots publicitarios no se encontraban en la portada principal, sino que para poder visualizarlos había que entrar en el botón comerciales ubicado dentro de la solapa institucional (ver. copias certificadas de fs. 119/121).- Ahora bien, a fin de cuantificar el lucro cesante padecido por la actora, cabe destacar, como bien apunta el Sr. Juez de grado, que la profesional no logró demostrar –sin que ello sea motivo de agravios- que la vinculación con Villavicencio, le haya frustrado la posibilidad de realizar una campaña publicitaria para la marca de agua mineral Cachantum de la República de Chile. Ello, sumado a que fue la propia actora quien utilizó los spots publicitarios en su página oficial hasta el año 2009, me permiten concluir que la profesional no ha sufrido un supuesto lucro cesante que pueda ser vinculado con la pérdida de posibilidades de emprender otra publicidad de similar producto.- En contraposición, en lo que si ha incurrido el demandado al exhibir los spots publicitarios en su página web y en el letrero del local comercial sin abonar el estipendio correpondiente, es en un enriquecimiento indebido, que es paralelo al empobrecimiento que sufriera la demandante, y que consiste en haber experimentado un menoscabo patrimonial por la ausencia de retribución durante un lapso prolongado de nueve años (daño emergente).- En función de esos extremos y haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, juzgo equitativo confirmar, a tenor de los valores vigentes a la fecha de la sentencia apelada, la partida concedida concepto de “daño emergente”. 6°.- Con relación al daño moral que pretende la actora, creo que resulta correcta la decisión desestimatoria implementada por el Sr. Juez “a-quo”, porque contrariamente a lo expresado en los agravios, resulta imposible encontrar la fuente del daño moral en el uso indebido de su imagen luego de vencido el término contractual, cuando fue la propia actora -bajo su condición de modelo profesional-, quien aceptó que la demandada utilizara su imagen a través de diferentes canales de difusión. El daño moral por el incumplimiento de un contrato está regulado por el art. 522 del Código Civil, que no confiere tal agravio como un derecho estricto, sino como una posibilidad de que el juez haga funcionar una atribución que la ley ha remitido a su prudencia y discreción. En este sentido se ha expresado la jurisprudencia al señalar que no todo incumplimiento contractual trae aparejado daño moral, dependiendo la reparación respectiva de la libre apreciación del juez acerca del hecho generador del perjuicio y de las circunstancias del caso, dado que no puede sustentarse en cualquier molestia que se origine en la satisfacción de las prestaciones contractuales, ni los conflictos de orden puramente económicos pueden por sí solos estar vinculados a la perturbación de las afecciones legítimas (conf. C.N.Civ., Sala “E”, E.D. t. 59, p 129; id., Sala “C”, J.A. 26-1975-212; id., Sala “F”, J.A. 25-1975 ind. 39; id., Sala “A”, L. Nº 284.105 del 11-10-00; Llambías,J.J. ,”Código Civil anotado”, t. II-A,p. 177 y ss. ,coment. art. 522;etc.).- Por ello, entiendo que en el caso de autos resulta aplicable el criterio seguido por la Sala “A”, en mi voto libre n° 616.735 del 04/06/2013 “Maiorana, Analía c/ MAB S.A s/daños y perjuicios”, toda vez que la circunstancia que la actora se desempeñara como profesional en el uso de su imagen y que la difusión se utilizara en el mismo sentido que el convenido en el contrato publicitario, tornan impensable que esa conducta pueda llegar a configurarle una lesión espiritual, que confiera sustento al reconocimiento de una suma por el padecimiento moral que refiere en sus agravios.- Su eventual preocupación por el uso en demasía de las imágenes en cuestión, se ven compensadas con la referida retribución económica fijada en el apartado anterior.- 7°.- Por último, se agravia la demandada por la imposición de costas a su respecto efectuada.- Al tratarse de un juicio donde se discutió la responsabilidad civil de los demandados, resulta de aplicación la jurisprudencia reiterada que hace soportar la totalidad de las costas al responsable, aún cuando alguno de los renglones no fueron acogidos, porque en esa inteligencia se sostiene, que como las costas forman parte de la indemnización y su cuantía es acorde al monto de la condena (excluidos los rubros desestimados), es al emplazado a quien debe imponérsele estos accesorios (conf. esta Sala, libres n° 35.574 del 21/3/88 y n° 35.317 del 25/4/88, etc.).- Por ello opino que debe confirmarse este aspecto de la controversia.- 8°.- En definitiva, propongo, que se confirme la sentencia recurrida, en todo lo que fuera motivo de apelación.- Las costas de alzada, en atención a la suerte de sendos recursos, deberían imponerse en un 20% a cargo de la actora, y el restante 80% a cargo de la demandada (art. 71 Cód. Proc.).- Las Dras. CASTRO y UBIEDO adhieren a los fundamentos del Dr. Molteni. Con lo que terminó el acto. Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N. MARIA LAURA RAGONI SECRETARIA Buenos Aires, 3 de marzo de 2015. Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia recurrida, en todo cuanto fuera objeto de apelación.- Las costas de alzada, en atención a la suerte de sendos recursos se imponen en un veinte por ciento (20%) a cargo de la actora, y el restante ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada.- Los honorarios serán regulados una vez fijados los de la instancia anterior.  


 

Expte. N° 56910/2011 – “E., D. C. c/ Philips Argentina S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios” – CNCIV – SALA M – 30/04/2015

ACUERDO. En Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril del año dos mil quince, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y Fernando Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos “E., D. C. c/ Philips Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, expediente n°56910/2011 del Juzgado Civil n°68, la Dra. De los Santos dijo:

I.- Que la sentencia de fs. 341/351 hizo lugar a la pretensión resarcitoria deducida por la actora con fundamento en el uso comercial indebido de su imagen por los demandados y, en su mérito, condenó a Philips Argentina Sociedad Anónima, Garbarino S.A.I.C.I. y Coto Centro Integral de Comercialización S.A. a pagar a la demandante la suma de $40.000, con más sus intereses a la tasa activa desde el 1/6/2009 (fecha de la primera constatación notarial) hasta el pago total de la condena y las costas del juicio.

Contra este pronunciamiento se alzaron la actora y los codemandados Philips, Garbarino y Coto, quienes fundaron sus apelaciones a fs. 393/394, 376/378, 381/384 y fs. 386/390 vta., respectivamente. Dichas presentaciones fueron respondidas por los accionados a fs. 402/vta., 407/408 y 409/vta. y por la actora a fs. 396/399.

II.- Precisiones fácticas preliminares:

La actora había firmado un contrato con la fotógrafa A. C. (v. fs. 330) el 23 de agosto de 2007, para la campaña publicitaria del televisor LCD Philips Black Diamond, por el cual cedió a Philips S.A. todos los derechos sobre su imagen mediante la utilización del material fotográfico que del rostro de la actora hiciera la fotógrafa mencionada, fijándose para tal uso una duración de 12 meses, que comenzaba a correr el 9 de octubre de ese año, concluyendo el 10 de octubre de 2008. Por dicha utilización comercial se pactó la suma de $13.500. Sin embargo, vencido dicho plazo, la accionante constató que tanto Philips S.A. como las restantes codemandadas continuaron utilizando dicho material con fines publicitarios y sin su consentimiento, lo que constituye la base fáctica de su pretensión indemnizatoria.

La demandada Philips invocó en su defensa que la distribuidora del material de la campaña publicitaria era la agencia Neo Pop, contratada para ese fin. Coto, por su parte, sostuvo que el daño se produjo por el hecho de un tercero –la codemandada Philips– por quien no debe responder, que en su página Web permite obtener mediante una clave la publicidad de sus productos y que dicha clave estaba disponible, no habiéndose hecho cesar su uso por quien debía hacerlo. La coaccionada Garbarino alegó estar autorizada por el distribuidor para la utilización de dicho material publicitario.

III.- Los agravios:

La accionada Philips se queja de la responsabilidad que se le atribuyó en la sentencia. Garbarino critica que se le haga extensivo el contrato entre la actora y Philips S.A. y por considerar excesiva la suma resarcitoria fijada. Por su parte, Coto cuestiona la sentencia porque le imputa responsabilidad y la cuantía del resarcimiento por considerarla excesiva.

La actora, por su parte, se queja del monto fijado en la sentencia por insuficiente y de la fecha de inicio del cómputo de los intereses.

Por razones estrictamente metodológicas me referiré en primer lugar a los agravios relativos a la responsabilidad que se atribuye a los codemandados, para analizar luego los agravios vinculados a la cuantía de las indemnizaciones y al cómputo de intereses.

IV.- Encuadre jurídico, análisis de la prueba y responsabilidad:

Atento su incidencia en la solución del caso y en el análisis de las quejas, corresponde precisar el encuadre jurídico que corresponde a la pretensión deducida en autos. Ello así con fundamento en el deber de los jueces de calificar autónomamente la realidad fáctica con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (conf. Fallos 324:2946, entre otros).

En ese orden de ideas, corresponde distinguir el derecho a la imagen como derecho fundamental y al que se le dispensa tutela en el art. 31 de la ley 11.723 y, por otro lado, el derecho o derechos sobre la imagen de índole patrimonial, como derecho de crédito, que es el caso que se plantea en autos.

En efecto, el art. 31 de la ley 11723 establece que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma o sus herederos. Sin embargo, la protección contra la utilización indebida de la imagen de las personas que hacen profesión de su uso encuentra fundamento y amparo en la normas que protegen a los intérpretes que se valen de su imagen a los fines de la realización de sus interpretaciones (conf. Emery, Miguel Angel, Propiedad Intelectual, Astrea, 1999, p. 175).

Conforme lo expuesto, en el caso de autos la protección por la utilización de la imagen de la actora, modelo profesional, encuentra tutela en el art. 56 de la ley 11.723 -que consagra el derecho de exigir una retribución por la interpretación difundida-, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, ratificada por ley 23.921 y en el Convenio Colectivo relativo a la publicidad (102/1990). En cuanto a la responsabilidad por la utilización comercial realizada por las accionadas, en autos no se discute la aplicación del art. 1113 del C. Civil realizada en la sentencia recurrida, que consagra la atribución objetiva de responsabilidad con fundamento en la doctrina del riesgo-provecho, pues quien lucra y se beneficia con una actividad debe asumir las consecuencias dañosas que la misma implica.

a) La accionada Philips se queja pues sostiene que la sentencia no valora adecuadamente la prueba, que da cuenta de que realizó las diligencias para evitar el uso indebido del material publicitario por ella distribuido. Expuso que en cada caso se indicaron los nombres y períodos de las campañas, que si se los permitían, retiraban el material de cada lugar cuando vencía el plazo y que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta, lo que la exime de responsabilidad, lo que evidencia la circunstancia de haber sido usada la publicidad aún con televisores que no eran de la marca Philips.

En ese orden de ideas invoca haber probado que la imagen de la actora habría sido usado contra la voluntad de Philips luego del vencimiento de la campaña publicitaria, que distribuye a través de Neo Pop y que dispuso medidas para evitar su uso posterior al plazo de vigencia, lo que la exime de responsabilidad en los términos del art. 1113, último párrafo.

Al respecto considero que no asiste razón a la recurrente. Si bien es cierto que las testigos Mercuri Dattilo (fs. 232/233), Isasi (fs. 234), Keller (fs. 235/vta.) y Montes (fs. 243/vta.) explicaron los resguardos que adoptan para que el material e imagen de la campaña no sean utilizados una vez concluido el plazo por el cual fue cedido el uso de la imagen de la modelo, es evidente que tales medidas resultaron insuficientes o inidóneas para evitar tal uso comercial, que se prolongó en el tiempo, como resulta de las constataciones notariales realizadas a pedido de la actora y agregadas en autos. La razón de ello tal vez pueda encontrarse en lo declarado por los testigos López Pell (v. fs. 238/239), Spahn (fs. 240/vta.) y Lemos (fs. 241/242). Si bien la testigo Montes, empleada de Philips (v. fs. 243/vta.), sostuvo que los sobres con la imagen de la campaña indicaban la fecha de duración y fundó su afirmación en haber visto “uno en la empresa”, así como que usualmente se retiran del punto de venta y los pasan a destrucción, siempre que el punto de venta les haga entrega de los mismos, lo cierto es que las propias contradicciones y puntos débiles de la operatoria dan cuenta de la necesidad de modificar los controles por parte de Philips, para evitar situaciones como la acaecida en autos.

Consecuentemente, no es suficiente con adoptar medidas para impedir el uso comercial cuando venció la campaña, ni con la invocación de que ello evidencia que fueron usadas contra su voluntad, para eximir a Philips de responsabilidad civil por el uso indebido que afecta los derechos de la actora.

Cabe puntualizar que el uso contra la voluntad es el realizado con oposición del dueño o guardián. No basta que haya sido usado sin autorización o en ausencia del responsable, sino que debe haber oposición, expresa o tácita. Mientras tal oposición no exista, subsiste la responsabilidad.

Ahora bien, para algunos sólo es uso contrario a la voluntad aquél que ha sido posible gracias a una acción violenta o irresistible (p. ej., un robo a mano armada). Para otros, en cambio, es una noción más amplia, que cubre los casos en que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta. Parecería que esta tesis amplia fuese la que responde al texto legal que admite la voluntad presunta; de lo contrario esta expresión quedaría vacía de contenido (conf. Mosset Iturraspe y Alterini, AA, sus ponencias en las II Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, 1971).

En la configuración de la voluntad presunta serán importantes el permiso anterior, la dependencia, el parentesco, o la amistad. El simple abuso, que no modifica sustancialmente el destino para el cual fue otorgado el permiso, no hace cesar la responsabilidad (Conf. Aída Kemelmajer de Carlucci en Bellluscio- Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 1984, t. 5, p. 571 y jurisprudencia allí citada).

La jurisprudencia nacional ha establecido que aunque el uso sea contrario a la voluntad, no cesa la responsabilidad si ha sido posible por un acto culposo del dueño o guardián (v. Kemelmajer de Carlucci, op. cit. y jurisprudencia allí citada), como sucede en el caso de autos, en que sólo la negligencia del guardián o sus dependientes, la inidoneidad del sistema adoptado para asegurar que no sea utilizada la imagen una vez vencido el plazo o el simple desinterés explican el uso indebido que se ha realizado de la imagen de la actora.

Coincido, en consecuencia, con el Sr. Juez “a quo” cuando sostiene que para liberar su responsabilidad no es suficiente haber dado instrucciones respecto de la campaña publicitaria, sino que era necesario haber llevado a cabo las diligencias necesarias para evitar que se exhibiera la imagen luego del plazo de vigencia de la cesión de derechos sobre la misma, vale decir, haber obrado con la diligencia debida, conforme las circunstancias de tiempo, persona y lugar (arts. 512 y 902 CC).

b) Garbarino se agravia del valor probatorio asignado a la constatación de la Escribana Sumay, critica que se le haga extensivo el contrato entre la actora y Philips S.A. Sin embargo sus críticas no resisten el análisis. Es cierto que las actas notariales de constatación en cuanto al objeto constatado no gozan de presunción de legitimidad en los términos del art. 993 CC y sólo constituyen un medio de prueba de los tantos de que pueden valerse las partes, asemejándose a una suerte de prueba testimonial extrajudicial y reconstituida, sujeto a la apreciación de su eficacia y susceptible de quedar enervada por pruebas opuestas (cfr. CNCom, sala B, “Cabal c/ Muras Carlos”, Revista del Notariado Nº 824, pág. 285 y LL 14-1-91, fallo Nº 89.114). Al respecto se ha sostenido que a la prueba que se ha tratado de preconstituir a través de actas notariales de comprobación debe en principio otorgársele una eficacia relativa, por provenir de quien está interesado en producirla a su favor y porque no se produce por circunstancias casuales, sino intencionalmente y a requerimiento de la parte comprometida en la constitución de dicha prueba (cfr. Alterini-López Cabana “Enciclopedia de la responsabilidad civil”, T. 1, pág. 147/150, edit. Abeledo Perrot, 1996).

Sin embargo lo decisivo para resolver la cuestión es que la quejosa ninguna contraprueba ha producido para neutralizar lo que resulta de las actas notariales, lo que conduce a tener por probado lo que es objeto de reclamo en autos, a la luz de las reglas de la sana crítica que establece el art. 386 CPCC.

Por otra parte, la responsabilidad que se atribuye a la coaccionada Garbarino, obviamente no deriva del contrato suscripto entre la actora y Philips S.A., sino de las reglas que regulan la responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 512, 902, 1067, 1068, 1069 y 1113 del C. Civil.

c) Coto cuestiona la sentencia porque le imputa responsabilidad y porque no se ha valorado que la prueba acredita que no se les informó el plazo para la exhibición de la publicidad, debiendo haber sido retirado el material al finalizar la campaña publicitaria. Si bien sobre el punto las declaraciones de los testigos López Pell, empleado de Coto, y de Montes, empleada de Philips Argentina S.A. son aparentemente contradictorias sobre si obraba en el CD de la campaña LCD Black Diamond el plazo de vigencia de la misma, no puedo sino coincidir con el magistrado de grado en el sentido que incumbía a quienes exhibían las imágenes informarse sobre las modalidades de la campaña, circunstancia cuya omisión sella la suerte del recurso.

Por todo lo expuesto propongo con mi voto confirmar la sentencia en cuanto a la responsabilidad que atribuye a las accionadas.

V.- La cuantificación de la reparación:

Garbarino y Coto critican la cuantía del resarcimiento de $30.000 por daño material y $10.000 por daño moral por considerarla excesiva y la actora por insuficiente.

Los parámetros tomados por el Sr. Juez “a quo” para cuantificar el daño material son contestes con la naturaleza del daño causado a un derecho de crédito consistente en la retribución que corresponde a quienes lucran habitualmente con la utilización de la imagen pues la protección de esta utilización de la imagen encuentra tutela en el art. 56 de la ley 11.723, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes ratificada por ley 23.921 y en los Convenios Colectivos del sector.

Ahora bien, por la campaña de autos Philips S.A. pactó con la actora una retribución de $13.500 en el mes de agosto de 2007 (v. fs. 51) y los informes producidos durante el año 2012 a fs. 212, 213 y 254 de estos autos, dan cuenta de honorarios que oscilan entre los $10.000 y $25.000. Conforme tales pautas considero que por los años siguientes de uso indebido de la imagen de la actora la retribución fijada por el Sr. Juez “a quo” es razonable y debe ser confirmada.

En cuanto al daño moral, habiendo sido apelado únicamente su monto, no la procedencia del resarcimiento, considero que la suma fijada es razonable y complementa la reparación del daño material de modo adecuado, teniendo en cuenta las particularidades del caso y los fundamentos del resarcimiento del daño a la imagen como derecho creditorio.

En síntesis, propongo se confirme el resarcimiento total fijado en la sentencia.

VI.- Los intereses:

La actora cuestiona el inicio del cómputo de los intereses fijado en la sentencia en la fecha de realizarse la primera diligencia de constatación de la que da cuenta el acta de comprobación notarial de fs. 320.

Considero que le asiste razón. Cabe recordar que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos deben liquidarse desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación (Conf. CNCiv., en pleno, en autos “Gómez c/Empresa Nacional de Transportes”, del 16/12/58, L.L. 93-667), también que en materia de responsabilidad extracontractual el daño o menoscabo se produce desde el momento mismo del ilícito, pues las secuelas disvaliosas para la víctima se produjeron en forma coetánea con aquél (conf. CNCiv., Sala H, 30/10/03, L.L. 2004-B, 1024 y Sala K, 15/8/03, L.L. 2003-E, 947, entre otros).

Ahora bien, en el caso no se ha invocado ni resulta de la prueba que se hubiera suspendido el uso indebido de la imagen de la actora cuando venció el plazo de la campaña publicitaria, sino que las constancias de autos evidencian que dicho uso fue continuado hasta que se produjo el reclamo que es objeto de autos. Conforme tales premisas postulo modificar la sentencia en cuanto al inicio del cómputo de los intereses, que deben liquidarse desde que venció el plazo de cesión de la imagen, vale decir, desde el 9 de octubre de 2008.

VII.- Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y fue objeto de agravios, modificándola exclusivamente en cuanto al inicio del cómputo de los intereses sobre el capital de condena, que deben liquidarse desde la fecha indicada en el considerando VI (9/10/2008), e imponer las costas de Alzada a los accionados en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).

Los Dres. Elisa M. Diaz de Vivar y Fernando Posse Saguier adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí que doy fe.

Fdo.: MABEL DE LOS SANTOS – ELISA M. DIAZ de VIVAR – FERNANDO POSSE SAGUIER

MARIA LAURA VIANI
//nos Aires, abril 30 de 2015.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y fue materia de agravios, modificándola exclusivamente en cuanto a la fecha de inicio del cómputo de intereses, en la forma establecida en los considerandos. 2) Imponer las costas de Alzada a los demandados en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) Diferir la determinación de los honorarios por las tareas desplegadas en esta instancia, para una vez que se encuentren regulados los correspondientes a la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: Mabel De los Santos – Elisa M. Diaz de Vivar – Fernando Posse Saguier.

 

Anzuelo para ballenas

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Comentarios

  1. Leandro

    Como siempre, muy completo el artículo. Ahora bien, a partir de una discusión sobre el tema de las fotos publicadas en redes sociales me surgieron algunas dudas que no pude evacuar completamente a pesar de haber buscado un buen rato en internet.

    * Una persona toma una foto de un grupo de gente y la publica en Facebook, sin tener consentimiento escrito de todos los presentes.

    * Un fotógrafo toma una foto en la vía pública (donde aparecen personas conscientes de ser fotografiadas) y la presenta en un concurso.

    Entiendo que en ambos casos podría haber un conflicto legal que se resolvería en contra del fotografiante (palabra inventada). ¿Esto no abre la posibilidad al abuso? Sería relativamente fácil dejarse fotografiar, esperar a que se publiquen las imágenes y accionar judicialmente. ¿Puedo demandar a mi escuela, mi universidad, mis ex compañeros de trabajo?
    Por otro lado, como fotógrafo no puedo sacar una foto de un lugar público a menos que lo haga a las cinco de la mañana cuando está vacío?

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