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El derecho a la siesta

| El 17, Jul 2015

En el trabajo hay descansos y pausas, como por ejemplo para merendar o almorzar, según lo establecen los convenios colectivos. ¿Hay derecho a la siesta? En la declaración americana sobre derechos y deberes del hombre se reconoce a «toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico», que se plasma en las vacaciones y en las pausas entre jornada.

Las pausas en el trabajo y en la jornada laboral

No hace mucho se descubrió que algunas pausas incluso incrementan la productividad, por ejemplo jugar jueguitos, porque ayudan a distraernos y después estar focalizados en la tarea (y de paso pasarla mejor). Todo depende de la actividad. Pero no es causal que algunas empresas hayan instalado mesas de ping pong.

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Fuente: http://jardin.decocasa.com.ar/

Por eso también la prohibición de trabajar más de 12 horas, y de que las horas extras sean un supuesto excepcional. Ni hablar en ciertas industrias que requieren esfuerzo físico. Por ejemplo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo recomendó, para la actividad metalmecánica «establecer un programa de pausas activas a lo largo de la jornada que incluya ejercicios de estiramiento y relajación muscular».

El decreto reglamentario de la ley de jornada (decreto 16115/33, artículo 1°, último párrafo) dispuso que no se computará en el trabajo «los descansos normales intercalados y las interrupciones apreciables en el trabajo, durante los cuales no se les exija (a los trabajadores) ninguna prestación y puedan disponer de su tiempo» y que la empresa debe hacerlos conocer con carteles y demás.

El convenio colectivo de trabajo de comercio dispone que «todo el personal gozará en forma rotativa por la tarde de 15 minutos diarios para la toma de refrigerio y durante dicho lapso el empleado podrá hacer abandono del establecimiento u optar por tomarlo en la empresa, cuando ésta dispusiera de cafetería, comedor o lugar equivalente instalado». Para papeleros, el descanso es de 30 minutos. Y la ley que regula el trabajo de encargados de edificios establece que el trabajador gozará un descanso intermedio de cuatro horas corridas para aquellos trabajadores que realicen tareas en horas de la mañana y de la tarde, cuyo comienzo será fijado por el empleador. Hay que ver cada rama y convenio colectivo. Pero cualquiera sea, está el derecho a tomarse ciertas pausas.


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Ah, por una razón de salud, empresas de call center ni supermercados pueden limitar ir al baño. Ha pasado. Denunciar esto a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Ministerio de Trabajo y enviar telegrama con abogado/a…

¿Me pueden pagar por el descanso?

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dijo que los descansos transcurridos dentro de la jornada laboral, tales como las denominadas “pausas para alimentación” no integran la jornada laboral y no devengan retribución, sin perjuicio de que determinados convenios colectivos de trabajo contemplan expresamente la inclusión de las referidas pausas.

Por eso en otros casos también dijeron que los descansos no gozados (el caso del encargado que igual decidió laburar) no es compensable en dinero, porque tiene una finalidad higiénica, algo así como las vacaciones.

Una vez una empresa de bebidas gaseosas despidió a algunos trabajadores que estaban jugando a las cartas. Pero los jueces del caso entendieron que era durante el período de descanso y que por ende estaban mal despedidos. Al final, la empresa tuvo que indemnizarlos (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII, “S., Héctor O. y otros c. Coca Cola, S.A.”, 16/04/1982).

 

El derecho a la siesta

En Ador, municipio de Valencia, fueron un paso más allá porque el alcalde, Joan Faus Vitoria, oficializó el derecho a dormir la siesta. Aunque es una sugerencia y no una obligación, «no se trata de un decreto ni una obligación, simplemente una recomendación».ador

Según informó UPI, el decreto «requiere a los residentes que se mantengan en calma durante las horas de siesta y el alcalde recomendó que los niños se mantengan adentro de las casas para prevenir que el ruido llegue a otras residencias». Bueno, algo similar a la ley de ruidos de Argentina, que previene molestar en horarios de descanso.

En Argentina es costumbre en las provincias, y hace unos 20 años muchos locales de Buenos Aires también cerraban después del mediodía. En General Pico, La Pampa, una vecina inició acción legal contra un club porque en su vivienda «caen pelotas, que éstas rompen las plantas y ensucian la ropa, excitan a sus perros y afectan su privacidad. También “se cuelan personas con aviesas intenciones“». Los jueces ordenaron ampliar el muro divisorio y ratificaron que no puede hacer ruido en ciertos horarios. Allí ratificaron que el exceso a la “normal tolerancia” para hacer ruido no es algo que pueda definirse exclusivamente en base a decibeles sino según las circunstancias del caso.

El derecho a la siesta está también acá, y varios ya piden una reforma constitucional para incorporarlo expresamente.

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Anexo con sentencia completa sobre derecho al descanso y prohibición de hacer ruidos

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, “MMM, Liliana Beatriz c. Club Sportivo … “,


2ª Instancia.— General Pico, febrero 4 de 2009.

La Cámara dijo:

I. El proceso: a) Liliana Beatriz MMM inició proceso sumarísimo contra el “Club Sportivo RRR”, con el fin de que se ordene “el cese de las molestias causadas por el ejercicio de las actividades de paddle en su sede que perturban el sueño, la tranquilidad, o de cualquier otra molestia que repercuta o resienta en la vida normal en el ámbito de la propiedad de la actora, más el resarcimiento de los daños irrogados” (demanda de fs. 42/45).

Dijo ser propietaria y vivir en el inmueble ubicado en cale España 1643, de RRR, que linda al norte y al oeste con la propiedad de la demandada, y que esta última ha instalado, sobre la misma calle, “dos canchas de paddle que tienen como frontón la pared norte” de su casa. Ello le acarrea “serios trastornos (…) pelotazos, ruidos, inmisión lumínica, gritos de los jugadores”, cuyo cese reclama. Agregó que en su vivienda caen pelotas, que éstas rompen las plantas y ensucian la ropa, excitan a sus perros y afectan su privacidad. También “se cuelan personas con aviesas intenciones”. Asimismo, entre el galpón donde se juega a las bochas y la pared de su inmueble “hay una pila de ladrillos y losetas rotas, y una reja apoyada que facilitan el acceso” a su casa.

Sostuvo que lo actuado por la demandada viola diversas disposiciones municipales, invocó los arts. 2618, 512, 902 y concordantes del Código Civil, afirmó que sus derechos eran anteriores a la construcción de las canchas mencionadas y fundó su pretensión resarcitoria. Pidió, finalmente, que se cite a la Municipalidad de RRR con los alcances del art. 88, C. Pr.

b) El “Club Sportivo RRR” contestó la demanda a fs. 60/65 y solicitó su rechazo, con costas.

Negó que el juego del paddle cause molestias a la accionante, y que su familia viva en la propiedad referida en la demanda; también le negó su calidad de dueña. Afirmó que las canchas están instaladas desde “mucho antes de que la actora eventualmente viviese en sus cercanías”, y que su derecho a reclamar “está prescripto”. También negó que “las canchas de paddle tengan frontón” y “que haga las veces de frontón la pared norte del inmueble”. Distinguió al paddle de la “pelota a pelota” o “pelota vasca”, y destacó que las canchas de ese deporte tienen “cerramientos, pero no frontones”. El paddle, agregó se juega “en forma semejante al tenis”.

Negó también la demandada estar en infracción con las normas municipales, que no prohíben practicar dicho deporte.

c) La Municipalidad de RRR compareció a fs. 68/72, contestó la demanda y pidió su rechazo, con costas.

Entre otras muchas negativas, rechazó que las instalaciones de paddle de la demandada perturbaran la tranquilidad de la actora y que el juez debiera decretar “la cesación de las actividades del club”. Negó también que el municipio debiera haber clausurado las canchas o suspendido la actividad deportiva. Sostuvo, por otra parte, que la demandante no agotó la vía administrativa, por lo que debe desestimarse su citación. Agregó que ella no le formuló ningún reclamo. Afirmó, por último, que “la práctica del paddle está permitida” y que ella, eventualmente, sólo podría “adoptar medidas para neutralizar efectos negativos”.

d) En la audiencia de fs. 113/116 se abrió a prueba, y el período se clausuró a fs. 251.

La actora alegó a fs. 254/258, la demandada a fs. 260/262 y la municipalidad a fs. 265.e) La sentencia de fs. 270/274 hizo lugar a la demanda, en forma parcial, y condenó a la accionada “a modificar la protección existente en las canchas de paddle ampliando su altura de modo que se evite eficazmente el paso de pelotas al predio de la actora”. Las costas fueron impuestas por su orden.

La actora pidió aclaratoria (fs. 278), que fue desestimada (fs 285).

f) Los autos llegan a esta instancia apelados por: 1. la demandante: expresión de agravios de fs. 299/303, contestada a fs. 308/313 y 316/317; 2. los Dres. M. S. S. de T. y A. J. T. S., por sus honorarios (fs. 304).

II. El fallo. Sus principales conclusiones son las siguientes: a) la actora es propietaria y vive con su esposo y una hija menor en España 1643 de RRR; los dos hijos mayores no están allí continuamente, porque estudian en Córdoba; b) la pared medianera de la vivienda no es utilizada como frontón para la práctica del paddle; c) no se demostró que al patio de la actora hayan ingresado personas extrañas; d) es irrelevante, a los fines del juicio, que la actividad desarrollada por la demandada haya contado con autorización municipal; e) la municipalidad local no prohibió la actividad deportiva en cuestión, por carecer de normas que lo prevean; f) las molestias alegadas existieron y existen, pero disminuyeron luego de promovido el juicio, g) los ambientes contiguos a las canchas de paddle son el garaje y el patio, que se ocupan ocasionalmente; h) las barreras levantadas por la demandada no son eficaces para evitar que las pelotas pasen al inmueble de la accionante, por lo que deben ser modificadas y ampliadas.

III. El recurso de MMM: a) el resultado pretendido. Con su apelación, pretende que se revoque la sentencia en cuanto fue materia de recurso, “se haga lugar a la cesación de las molestias ocasionadas” y se la indemnice por los daños sufridos, con costas de ambas instancias. Como los agravios son variados, conviene dejar en claro, desde un comienzo, que lo que pretende la recurrente es que “cesen las molestias”, pero ni en su demanda ni en su apelación pidió concretamente que se le prohíba a la demandada la práctica del paddle, o paddle, según la denominación castellanizada que utilizan las entidades deportivas que lo rigen (fs. 301 v.). Un reclamo tan drástico debió ser motivo de una pretensión clara e indubitable, sin que quepa inferir que la solicitud de cese de las molestias importó requerir lisa y llanamente el cese de la actividad; una interpretación semejante afectaría el derecho de defensa de la apelada, por lo que debe ser descartada de plano. Como sostiene Kiper, “el actor al demandar deberá precisar muy bien qué es lo que pretende” (“Código Civil Comentado”, T. II, p.40, ed. 2004).

Como consecuencia de ello, carece de relevancia, a los fines de este juicio, decidir si la Municipalidad de RRR debió o no permitir la práctica del paddle; si no ejerció debidamente el poder de policía de que está investida, ello podrá en todo caso acarrearle alguna consecuencia jurídica disvaliosa, pero ésta no es una cuestión a decidir en el presente pleito. Está claro, por otra parte, que en estos autos el municipio no podría ser condenado, porque la actora no lo pidió cuando a fs. 45v. requirió su citación (art. 88, C. Pr.); la sentencia, entonces, la afectará “como a los litigantes principales”, pero su condena es descartable.

¿Cuáles son, entonces, las “molestias” cuyo cese se pretende con la apelación? En el escrito de fs. 299/303 se mencionan los ruidos (pelotazos, rebotes, insultos, gritos, rechinar de zapatillas, el timbre), el ingreso de chicos, la inmisión lumínica, los bichos, la alteración de las perras y la rotura de plantas. Todo ello será motivo de examen más adelante.

b) La prioridad en el uso. Afirma la apelante que fue prudente al ubicar su vivienda próxima a un solar baldío, donde había álamos añosos, y resalta que del club le pidieron permiso para utilizar la pared de su casa (fs. 300).

Parece indudable, frente a las pruebas invocadas, suministradas por los testigos ofrecidos por la demandada, que la “prioridad en el uso” a que se refiere el art. 2618, Cód. Civil, con respecto a las canchas de paddle, le pertenece efectivamente a MMM, pero que cuando ésta construyó su vivienda el “Club Sportivo RRR” ya ocupaba el terreno aledaño y poseía una “vieja cancha de básquet” (fs. 300), por lo que era previsible que en algún momento esta práctica se reactivara o fuera reemplazada por otra; así cabe esperarlo cuando se trata de una entidad deportiva. Entonces, la prioridad que invoca la apelante es relativa, pues en definitiva ella construyó al lado de un club que tenía por finalidad que sus asociados u otras personas practicaran actividades deportivas, las que siempre pueden generar algún tipo de ruidos o molestias para los vecinos. De todos modos, el juez, al condenar a la demandada a modificar y ampliar la protección existente, implícitamente admitió que la vivienda fue anterior a las canchas de paddle. c) Las pelotitas invasoras. Como se acaba de mencionar, el fallo impuso al club que levantara barreras más eficaces para evitar que las pelotas con las que se juega invadan la propiedad de la actora.

Es indudable, entonces, que la accionada, que consintió la condena impuesta, deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que ese hecho se produzca, y que la actora podrá ejercer las acciones legales que correspondan a fin de hacer efectiva la protección dispuesta.

En consecuencia, si las pelotitas de paddle ya no invadirán el inmueble de MMM, nadie tocará el timbre para ir a buscarlas, ni menores o mayores ingresarán en forma subrepticia para recuperarlas , ni se romperán las plantas del jardín, ni las perras se excitarán.

Esto significa que muchas de las molestias invocadas desaparecerán como consecuencia inevitable e imperiosa de la condena impuesta por el a quo, de modo que el análisis se restringirá a las restantes. d) Los ruidos. Esta es la principal molestia invocada, la que provoca el mayor desarrollo argumental en la expresión de agravios.

Sostiene la recurrente que los ruidos que producen las pelotas de paddle al impactar, a toda hora, sobre la pared de su casa, exceden la “normal tolerancia”, pues se juega “también a la siesta en invierno y hasta altas horas de la noche en verano”.

Discuten las partes si las canchas de paddle tienen “frontones” o sólo “cerramientos”; aunque los reglamentos consultados, que los litigantes no aportaron, mencionan la existencia de “frontones”, lo que importa no es la denominación que reciban las paredes que rodean las canchas, sino la función que cumplen en el transcurso del juego. Desde luego que el paddle no es igual que la pelota a pelota, pero tampoco es idéntico al tenis o a otros deportes en los que se utiliza una paleta o raqueta para golpear a una pelota. En el paddle, que la pelota golpee sobre las paredes situadas a espaldas de cada jugador (los discutidos “frontones”) es una circunstancia normal y previsible del juego, ya sea que ello ocurra como consecuencia del golpe que le aplicó el participante situado al otro lado de la red, ya sea que el jugador próximo a la pared haga rebotar la pelota contra ella para enviarla de ese modo al campo contrario. En este último caso, el golpe será notablemente más fuerte que en el otro, pues tendrá por objeto introducir la pelota en el campo opuesto y comprometer al jugador que lo ocupa. La frecuencia y violencia con que las pelotas golpean contra las paredes de los fondos (“frontones”) es naturalmente variable, y depende de las características de los jugadores y su potencia para golpear la pelota. Actora y demandada aceptan como veraces los testimonios de Francisco Anonio Leone (fs. 206/208) y Ana María Bertello (fs. 209/210), en cuanto afirman que el primero, “cuando se construyó la cancha de paddle” y estaba en construcción la casa de la actora, pidió permiso a ésta para utilizar la pared medianera, el que fue concedido, pues de otro modo “no hubiéramos construido las canchas” (fs. 300, 302 y 308 v.). Es indudable, pues, que la accionada, pese a su negativa de fs. 60 v., sabía perfectamente quien ocupaba el inmueble lindero a las canchas. Es inútil, asimismo, discutir si las pelotas golpean efectivamente sobre la pared medianera, pues desde un principio se supo que así ocurriría. Basta con mirar las fotografías de fs. 16 y 17 para apreciar que la demandada pintó con un tono oscuro el espacio destinado a que impacten las pelotas para estar en juego, lo que desde luego no obsta a que, de hecho, algunas o muchas golpeen más arriba. La circunstancia de que la actora haya admitido que se utilizara la pared medianera con tal propósito no afecta su derecho de reclamar el cese de las molestias cuando ellas exceden los límites de la normal tolerancia. Al conceder el permiso, no autorizó a la entidad deportiva vecina a provocarle, de cualquier forma y en cualquier tiempo, todo tipo de molestias, aún las intolerables, sino que el permiso debe considerarse otorgado dentro de los parámetros propios de la buena fe y la buena vecindad.

“Determinar cuándo el ruido excede la normal tolerancia es cuestión de hecho `teniendo en cuenta las condiciones del lugar¿ y `según las circunstancias del caso” (Mariani de Vidal, “Curso de Derechos Reales”, Vol. I, p. 322, ed. 1973), de modo que ello depende de la apreciación judicial, en cada caso (CNCiv., sala A, La Ley, 2002-A-609; C. 1a. Ap. M. del Plata, sala II, LLBA 2000-896; CNCiv., sala C, ED 61-323; La Ley, 1975-C, 33; sala B, JA 1979I-623). “Es el juez quien dirá cuál es esa `normal tolerancia¿ en cada caso concreto que se le presente” (“Código Civil Comentado”, Kiper, T. II, p. 39).

El exceso a la “normal tolerancia” no es, por otra parte, algo que pueda definirse exclusivamente en base a decibeles, pues en determinadas circunstancias son otros los motivos por los cuales un ruido puede tornarse insoportable. No es lo mismo, por de pronto, el que se produce en horas del día, cuando los vecinos, enfrascados en sus propias actividades, pueden no verse perturbados, que el que ocurre en las horas destinadas al descanso. En el silencio de la noche, ruidos menores —la gota de agua que cae rítmicamente de una canilla, el golpeteo de una ventana mal cerrada, el ladrido persistente de un perro, etc.— pueden afectar seriamente el sueño de una persona y convertirse en una molestia intolerable y perturbadora de su descanso. Es también cierto que “la conclusión a que llegue una persona que escuche los ruidos durante breves momentos, puede cambiar si durante meses o años los oye en forma permanente” (CNciv., sala D, ED 61-335), pues a menudo lo intolerable es la repetición y no el sonido aislado.

No es necesario, por cierto, que el ruido impida en forma absoluta que el vecino llegue a dormirse, como parece haberlo entendido el a quo a fs. 273: si la actora se durmió, el ruido no es intolerable, fue la simplista conclusión, justamente criticada a fs. 302 v. Ni del texto ni de su interpretación razonable resulta que la molestia, para que corresponda disponer su cese, deba llegar al nivel de una tortura que definitivamente impida conciliar el sueño. El hecho de que las molestias hayan disminuido luego de la promoción del juicio, según refirió el a quo a fs. 273, sin cuestionamientos de las partes, tampoco es razón suficiente para que la sentencia eluda una decisión. La actora no demandó para que las molestias cesaran únicamente durante el proceso, sino con la aspiración de que ellas no se produjeran tampoco una vez finalizado, y respecto de esta pretensión es que deben pronunciarse los jueces, cuya tarea consiste en dirimir los conflictos y no en dejarlos irresueltos. Las pruebas que demuestran la intensidad de las molestias son principalmente las declaraciones testimoniales de fs 132/135, 136/139 y 140/142, pues el reconocimiento judicial de fs. 163 fue de escasa o nula utilidad y ni siquiera se ajustó a los puntos propuestos a fs. 45.; era evidente, por de pronto, que si se realizaba a las diez de la mañana (fs. 149) no serviría para apreciar la inmisión lumínica invocada. Aquellos testimonios, si bien en algún caso lucen como exagerados o excesivamente dramáticos —en especial teniendo en cuenta que la actora convivió con los canchas de paddle, sin quejas conocidas de su parte, durante más de quince años, como mínimo—, ilustran suficientemente sobre la existencia de molestias que, en algunos casos, deben considerarse intolerables. Esto ocurre con las que afectan el descanso de la actora, que es la primera y principal preocupación expuesta en la demanda, a fs. 42 (“molestias…que perturban el sueño”…). Aunque la vida en sociedad impone soportar ciertas perturbaciones causadas por otras personas, ello ocurre dentro de ciertos límites, a definir en cada caso por los jueces, que deben disponer su cese en la medida en que sea necesario para evitar que ellas, apreciadas con un criterio objetivo (el de las personas comunes) se conviertan en insoportables. En este caso, sería excesivo impedir en forma total la práctica del paddle en instalaciones de la demandada (lo que, se reitera, no fue pedido por la apelante), pero ello no significa que esa actividad, que provoca con su práctica diversos ruidos molestos, pueda practicarse a cualquier hora, en desmedro del legítimo derecho de los vecinos de descansar y dormir. Debe coincidirse, entonces, y el concepto es trasladable a nuestro caso, que “el juego de bolos, por su relación con la economía general, no merece prioridad sobre las necesidades de descanso de los seres humanos, ni respecto al derecho a la tranquilidad en la vivienda propia” (CJ Salta, La Ley, Rep. XXXVII-416, cit. en “Código Civil Anotado”, Llambías-Alterini, T. IV-A, p. 428, ed. 1981).

La decisión a adoptar, que compatibilice en la medida de lo posible el derecho de la actora con la actividad deportiva desplegada por el Club Sportivo RRR, debe diferenciar la situación de las dos canchas de paddle, pues sólo en la situada sobre la calle España se utiliza la pared de MMM en la forma descripta (fotografías de fs. 16). Respecto de ella, la protección ha de ser mayor que la acordada en relación con la otra cancha, la interior, donde no se produce esa situación, por más que la actividad deportiva también genere ruidos y molestias de menor envergadura (gritos, golpes de las pelotas en otras paredes, etc.). Por tal razón, debe disponerse el cese de la práctica del paddle, en la cancha lindera a la medianera, entre las 22.00 y las 8.00 horas del día siguiente, y entre las 13.00 y las 15.00 (horario de siesta). En cuanto a la otra cancha, resulta razonable establecer que el cese debe ocurrir entre las 23.00 y las 8.00 horas, como así también durante el horario de siesta, ello en razón de que, según las declaraciones de los testigos propuestos por la demandada, la práctica del paddle no excede de la hora de inicio de la veda (fs. 203, 206 y 209), lo que significa que no se causará un perjuicio indebido a la entidad deportiva. Desde luego que, al cesar la práctica del paddle, deberán apagarse las luces.

Sin perjuicio de lo que se disponga judicialmente, es menester exhortar a las partes a que, en aras de la buena convivencia, sean ellas mismas quienes, a la brevedad posible, convengan en qué horarios se practicará el paddle en el “Club Sportivo RRR”, conciliando de manera razonable la práctica deportiva con las necesidades de descanso y tranquilidad de la demandante.

e) La inmisión lumínica. La medida precedente evitará a la actora las molestias que puedan provocarle las luces, en los horarios nocturnos indicados. Por otra parte, la prueba testimonial recogida, pese a algunas expresiones poco verosímiles de las personas propuestas por la actora, no demuestra con suficiencia que la iluminación de las canchas de paddle cause molestias de la magnitud pretendida. Las luces tienen por objeto iluminar las canchas, no las propiedades vecinas, de manera que se orientan hacia abajo, como declararon los testigos Cerrato (fs. 201), Chiari (fs. 203) y Leone (fs. 206), para que la iluminación no se disperse. Su ubicación, por otra parte, impide que afecten directamente a los dormitorios de la casa de MMM (fotografías de fs. 16/18 y croquis de fs. 181), lo que por otra parte no se alegó ni se demostró que ocurriera. Difícilmente esas lámparas puedan molestar a la actora más que la iluminación pública, habida cuenta de que los dormitorios tienen frente a la calle España.

En cuanto a los insectos o bichos que pueden ser atraídos por las luces instaladas en las canchas, no se probó en forma convincente que se trate de una molestia excesiva o intolerable. En primer lugar, porque ellas atraen a los insectos hacia sí mismas, no los proyectan a distancia; en segundo lugar, porque si para los jugadores de paddle, que actúan debajo mismo de las luces, la molestia provocada por “los bichos” no es intolerable, no se entiende por qué tendría que serlo para quienes se encuentran en una casa vecina, a varios metros de distancia. Finalmente, el cese de la iluminación a las horas indicadas corta de raíz el problema, a partir de entonces.

f) Los daños. En la demanda se reclamó “el resarcimiento de los daños irrogados” (fs. 42), sin indicación de monto ni referencia concreta a la naturaleza y entidad de los perjuicios. No se dijo, por de pronto, si el inferido era un daño material o moral. Retomando la cita de Kiper, “el actor al demandar deberá precisar muy bien (…) cuáles son los daños que ha sufrido o sufre en su propiedad” (T. II, p.40). La demandante no lo hizo y recién ahora, al expresar agravios, expresa que pretende que se le resarza el daño moral (fs. 302 v.).

El sentenciante, con cita de Borda, consideró que el art. 2618, Cód. Civil, ofrece una “alternativa”, no una “acumulación”, de modo que el juez puede “disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias”, pero no adoptar ambas decisiones (fs. 271). La apelante sostiene que la doble sanción es admisible (fs. 302), sin efectuar una crítica profunda a la postura opuesta. Se trata de una cuestión opinable. Según Mariani de Vidal, la letra de la ley parece apoyar el criterio de Borda, no obstante lo cual sostiene que “si se han producido daños materiales, ellos deben ser indemnizados, por aplicación de los principios comunes” (ob. cit., Vol. I, p. 323/4). Kiper coincide en que “a pesar del empleo de la conjunción disyuntiva `o¿ cabe entender que el juez puede disponer ambas cosas, sin tener que optar por una de las soluciones”, (ob. cit., T. II, p. 40/41). Alterini, luego de referir la controversia, introduce un elemento digno de consideración: “como puntualizan Valdés y Orchansky, el resarcimiento o la compensación de los daños y perjuicios sólo caben desde la demanda, porque se considera que si hasta entonces el actor toleró en silencio las molestias, hasta esa fecha las consintió” (“Código Civil Anotado”, Llambías-Alterini, T. IV-A, p. 426). En este caso, la actora ni siquiera indicó en qué fechas, o a partir de qué momento, sufrió el daño moral cuya indemnización pretende, más allá de que tampoco, en su demanda, expresó cuál era el perjuicio extrapatrimonial sufrido. En realidad, se refirió en especial, en forma más o menos concreta, a su derecho de propiedad, supuestamente afectado (fs. 44), lo que haría suponer que el daño padecido ocurría en el ámbito patrimonial (por ejemplo, una pérdida del valor venal o locativo de su vivienda).

MMM no formuló ningún reclamo formal con anterioridad a su demanda, del 7/6/07 (fs. 45v.), pues a los fines del reclamo por daño moral es irrelevante la reclamación efectuada por su esposo (fs. 13), por tratarse el alegado de un perjuicio personal de aquélla. Y, luego de iniciado el juicio, según sus dichos, cesaron las molestias a la hora de la siesta y los horarios “se reacomodaron un poquito” (fs. 196/197), con lo que el eventual daño extrapatrimonial se diluyó aún más.

Por otra parte, no cualquier “molestia” genera un “daño moral” indemnizable. “Molestia” y “daño” no son sinónimos, ni en el lenguaje común ni en el jurídico. Como se dijera en el exp. 17/94 (r. C. A.), “no cualquier dolor ni molestia es generador de un daño moral indemnizable; la propia palabra `daño¿ es indicativa de un padecimiento de cierta magnitud”; “el derecho no resarce, a través del daño moral, cualquier dolor, humillación, aflicción o padecimiento, sino aquéllos donde se agravian verdaderos intereses extrapatrimoniales, como la salud, la integridad física, la intimidad, el dolor, el secreto, etc.” (CNCiv., sala A, JA 1988-I-447); “no cualquier disgusto, desagrado, contrariedad o aflicción encuadra en el concepto jurídico del agravio moral, sino que es menester que revista cierta entidad, que tenga alguna prolongación en el tiempo y que lesione sentimientos espirituales” (CNCiv., sala E, LA LEY, 1990-C, 46). Como sostiene Borda, “las simples `molestias¿ no son indemnizables” y es tarea librada a los tribunales establecer “cuándo la `molestia¿ pasa a ser daño moral” (Obligaciones, T. I, No. 148, p. 150 y nota 332 bis; ed. 1971).

Debe tenerse asimismo en cuenta que “el daño moral debe ser probado, al igual que los restantes presupuestos de la responsabilidad civil, en tanto y en cuanto la ley no consagre una presunción legal de daño” (Zavala de González, “Daños a las personas”, 2a- p. 486). “Lo que sucede a veces es que la magnitud de los hechos acreditados permite inferir, conforme a las reglas de la experiencia, la existencia de un dolor o sufrimiento configurativo de daño moral. Si, por ejemplo, alguien se quiebra una pierna, no hacen falta más elementos para admitir la existencia de dolores y sufrimientos” (exp. 17/94, r. C. A.). Como expresa Cifuentes, “se ha considerado que en principio, salvo presunción de daño, el perjuicio moral debe ser probado, pero en la mayoría de las hipótesis esta prueba no será necesaria, toda vez que surja la existencia del daño in re ipsa o sea por el hecho mismo y sus consecuencias” (“Código Civil Comentado y Anotado”, T. I, p. 803). “La víctima debe arrimar elementos que convenzan al juez de la existencia del daño moral, de la alteración disvaliosa del espíritu; del dolor, sinsabores o sufrimientos; amarguras o desazones. Sin dejar de lado que tales alteraciones, en ciertos casos —muerte de un ser querido, un pariente próximo—, pueden presumirse, admitiendo, claro está la prueba en contrario” (Mosset Iturraspe-Piedecasas, “Código Civil Comentado”, art. 1078, ed. 2003).

En este caso, no sólo la actora omitió explicar en su demanda en qué consistía el daño moral cuya reparación requería —lo que de por sí constituye un fuerte obstáculo a su pretensión—, sino que la prueba testimonial rendida no acreditó que ella, en forma personal, hubiera sufrido dolores o padecimientos tan severos como para justificar que se la indemnizara por este concepto. Cabe agregar, aunque ello ya resulta de los antecedentes expuestos, que su esposo no es parte en este juicio, ni efectuó ningún reclamo indemnizatorio. En definitiva, MMM padeció molestias injustas, que explican que se disponga su cese, pero no alegó en forma precisa, ni tampoco probó, que su magnitud fuera tal que derivaran en un verdadero daño moral. El agravio, por lo tanto, debe ser rechazado.

g) Conclusión. Por todo lo expuesto, debe hacerse lugar a la apelación en forma parcial, limitándose el horario de la práctica del paddle en la forma indicada en casa caso y exhortándose a las partes a que convengan entre ellas, como buenos vecinos, el que resulta más beneficioso para ambos. En cuanto a las costas, el juez las impuso en el orden causado (fs. 274), sin agravios concretos por parte de la recurrente, razón por la cual, teniendo en consideración que el recurso procede sólo en parte, se seguirá el mismo criterio en esta instancia.

IV. Recurso de los abogados. Los profesionales de la actora apelaron la regulación de honorarios efectuada a su favor ($ 500 en forma conjunta), por considerarla exigua en relación con las pautas legales aplicables, la naturaleza de la cuestión jurídica planteada, la calidad de su trabajo y la investigación doctrinaria y jurisprudencial realizada (fs. 305). Los abogados de la demandada y del municipio consintieron, en cambio, sus respectivas regulaciones.

Por más que se trate de un asunto no susceptible de apreciación económica, en la medida en que la actora no expresó cuál era la indemnización que pretendía, y que el desarrollo de un proceso sumarísimo no es similar al de un proceso ordinario, debe convenirse en que los honorarios fijados son escasos. Se tiene en cuenta para llegar a esta conclusión la naturaleza del asunto, sobre el cual existen pocos antecedentes semejantes (exp. 3048/05, r. C. A.), el mérito de la labor profesional (calidad y extensión de los trabajos) y la trascendencia moral de la sentencia para el cliente, en cuanto lo libera de molestias e intranquilidades. Por ello, ponderando también el éxito parcial alcanzado y la inexistencia de estimación por parte de los apelantes, se estima razonable elevar los honorarios de primera instancia a la suma conjunta de Dos mil pesos; sin costas, ante la ausencia de oposición. Corresponde, en consecuencia, hacer lugar a los recursos interpuestos, con los alcances indicados.

Por todo ello, la Cámara de Apelaciones resuelve: I) Hacer lugar, en forma parcial, al recurso de apelación deducido a fs. 278 y disponer que el Club Sportivo RRR, además de cumplir con lo dispuesto en el punto I de la sentencia de fs. 270/274, limite la práctica del paddle y la iluminación de las canchas a los horarios establecidos en la presente, sin perjuicio de exhortar a las partes a que convengan entre ellas lo que resulte más conveniente para ambas. Costas en el orden causado. II) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 279 y elevar los honorarios de primera instancia de los Dres. M. S. S. de T. y A. J. T. S., en conjunto, a la suma de Dos mil pesos ($ 2.000), más el IVA si correspondiere. Sin costas. III) Regular los honorarios de los Dres. M. S. S. de T., A. J. T. S., J. R. B., H. A. C. y S. F., por su actuación en la alzada, en el 30% de los que les corresponden por la primera instancia, más el IVA en caso de que estén inscriptos.— Alejandro Pérez Ballester.— Hugo C. Rodríguez.

Comentarios

  1. (anónimo)

    Muy interesante entrada.

    Quisiera exponer mi caso: sufro de una cefalea crónica que se agudiza hacia la 1pm – 2pm, lo que me obliga a hacer siesta por recomendación médica.

    No obstante, esta recomendación no es considerada válida por los empleadores que he tenido por lo cual he estado y estoy impedido de trabajar las habituales jornadas de 8 horas. Esto afecta obviamente a mi desarrollo personal.

    Tengo 41 años . Soy soltero. Soy varón. Sin hijos. Trabajo por producto y no me alcanza la remuneración como para realizar mi proyecto de fundar una familia. Estoy en el subempleo. No tendré, por ende, una pensión de jubilación.

    Cualquier idea, sugerencia, es bienvenido. Vivo en …

    (Disculpen mi opción, pero prefiero mantener el anonimato, debido a la discriminación social de mi entorno).

    • Hola, debés entrevistar abogado/a del lugar, para evaluar chances. Si hay recomendación y certificados médicos, estos deberían ser considerados, es un tema para analizar. Un saludo.

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