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¿es legal la prostitución en Argentina?

| El 25, Ago 2015

Actualizado al 15 de mayo de 2016. ¿Es legal la prostitución en Argentina? ¿Qué leyes regulan la profesión de cobrar por sexo? ¿Qué leyes piden quienes ejercen la prostitución?

Hay varios mitos acerca de esto, sobre todo porque hace unos años el poder ejecutivo emitió un decreto que prohibía los avisos clasificados de oferta sexual (ver abajo). Pero como dice Carlos Maslatón, al igual que con el cierre de la confitería donde se encuentran oferentes y demandantes, el mercado va a migrar hacia otro lado.

Algo parecido a lo ocurrido con la prohibición del rubro en los avisos clasificados, de oferta sexual y la creación de una comisión de monitoreo… ahora casi todo está en Internet. ¿O acaso es posible pensar que porque el Estado la prohíba la prostitución dejará de existir?

Desde ya que el proxenetismo y la trata de personas es un delito, y que superado eso hay diferentes grados de libertad; no es lo mismo una trabajadora sexual que necesita darle de comer a su familia que una vedette que se ofrece a empresarios. Como un humorista dijo alguna vez: «Recuerdo la primera vez que tuve sexo. Conservo la factura». Entonces, ¿es legal la prostitución en Argentina?

 

La prostitución de la mano de la trata de personas

«En la actualidad, la prostitución cuentapropista es una rareza. En efecto, el imaginario de que la prostituta decide de manera libre e informada dedicarse a vender sexo por dinero, es simplemente eso, un imaginario. La prostitución siglo XXI va de la mano de la marginalidad, la pobreza y el crimen organizado», dice Camila Blanco. «A la prostitución se llega a partir de un estado de necesidad, a partir de la desesperación», agrega.


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El delito de trata de personas está en el código penal de la forma siguiente: «El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años, aunque mediare el consentimiento de la víctima». Y el artículo 127 reprime «con prisión de cuatro a seis años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima». Algunos proponen derogar esta figura. Pero en contrapartida debe ir acompañado de otras políticas: «El abolicionismo considera permitir la prostitución, pero exige al estado que persiga el proxenetismo y proporcione opciones de vida alternativas», describe Diana Maffia.

Acá podés ver las políticas en distintos países; por ejemplo, en Costa Rica les piden ser mayores de 18 años y tener libreta sanitaria. Nevada es el único Estado de USA que permite la prostitución, y la mayoría de los broteles se concentra en Las Vegas.

Como en Argentina, en Brasil la prostitución es legal, pero es ilegal explotar una casa de alterne. Un caso curioso es el de Suecia, que persigue a los clientes, los meten presos, mientras que la prostitución es legal. Una vuelta un tipo andaba con una señorita cuando cayó la policía… Y se lo llevó. El Estado apunta sus esfuerzos contra quien consume. Ese modelo fue copiado por Noruega, Islandia y Canadá.

Ahora se armó revuelo en Alemania por una ley que obliga a las prostitutas a registrarse…

 

En Alemania, la prostitución está permitida con determinadas condiciones

In Deutschland ist Prostitution unter bestimmten Bedingungen erlaubt

Según el portal Zenzu, la prostitución solo está permitida a partir de los 18 años.

  • Las mujeres y los hombres que acuden a prostitutos/as deben tener al menos 18 años. También los/as prostitutos/as deben tener al menos 18 años.
  • Los jóvenes menores de 18 años tienen prohibido acudir a lugares en los que se ejerce la prostitución, como por ejemplo a bares o clubes nocturnos.
  • Está prohibido ejercer la prostitución en las cercanías de una escuela, una vivienda u otros lugares donde haya niños y jóvenes menores de 18 años.
  • Las ciudades y los municipios pueden establecer áreas en las que la prostitución esté permitida.

Las mujeres y los hombres solo pueden prostituirse si lo hacen voluntariamente. Obligar a alguien, mediante violencia física o psicológica, a prostituirse constituye un delito.

 

En Alemania, los/as prostitutos/as tienen derechos y obligaciones

Los/as prostitutos/as tienen derecho a

  • rechazar clientes
  • rechazar determinados tipos de sexo si no quieren hacerlo
  • dejar la prostitución en cualquier momento, si así lo desean

Los clientes no tienen derecho a exigir a los/as prostitutos/as la devolución del dinero si no han quedado satisfechos con el servicio.

 

Prostitución porteña

En la Ciudad de Buenos Aires, dos chicas, la Sra. María Rachid, esta como legisladora, le pidieron a un juez que levante la clausura de su domicilio y se les permitiera ejercer allí la actividad de trabajo sexual. Solicitaron que se declarase en forma expresa la inconstitucionalidad de la omisión legislativa y reglamentaria a fin de que se ordenare al demandado incluir al “trabajo sexual” dentro de las categorías de la actividad laboral  autónoma registrable, con todos los derechos laborales, previsionales y de seguridad social que nuestro país reconoce a los trabajadores autónomos.

Para la jueza, las amparistas no mostraron que una norma obligue al gobierno a legalizar la prostitución. Y por eso la rechazaron. Finalmente, en cuanto a los posibles excesos o abusos de las autoridades competentes en ocasión del ejercicio de las facultades legales de control, el juez sostuvo que tienen otras vías. Acá la sentencia sobre la clausura del lugar de prostitución.

 

La historia del “privado” y una vieja ley de profilaxis

Resulta que la Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires investigó anuncios publicitarios en paradas de colectivos. El poder judicial ordenó tareas de inteligencia para identificar a los titulares de los números telefónicos y enviar a una persona a tocar el portero eléctrico del departamento privado para descubrir que cobraban $80 la media hora, y hasta $200 la hora aproximadamente. Allí encontraron «un mini bar con bebidas, piezas con baños individuales y más al fondo a la derecha de la segunda puerta había otra barra con bebidas … había aparatos sexuales». Y cerca de uno de los teléfonos un listado que decía el precio de los servicio.

El juez consideró que no estaba probado que era un lugar de prostitución y que podía ser una casa de masajes, tal como se promocionaba, que no se verificó infracción al código de faltas. Es que además, la prostitución ejercida voluntariamente por una persona en un ámbito privado es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas, dijo la Cámara del Crimen.

Sin embargo, la ley de profilaxis, que exime de todo impuesto a lo que sirva para prevenir enfermedades venéreas, también sanciona con multa de mil pesos moneda nacional a «los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia».

Pero quizás el caso más llamativo se haya producido en Australia, cuando un cliente no satisfecho radicó una denuncia… ¡Y en defensa del consumidor! Parece que la foto del aviso no se compadecía con lo real. Pero en esa audiencia, ella también se defendió. Podés imaginar como.

 

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Anexo: Sentencia completa sobre legalidad de la prostitución – departamento privado

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

“2014. Año de las letras argentinas” Causa nº 12916-00-00/13, “RRR, Marcela s/inf. Art(s). 4.1.1,  Ausencia de habilitación y Desvirtuación de rubro – L 451” Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de

2014, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo

Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente

causa.

VISTOS:

A fs. 81/87 obra resolución del Controlador Administrativo de Faltas Nº 134 Dr. Ricardo Goldchluk- que resuelve declarar la validez del acta de comprobación  Nº 300470545 y sancionar a Marcela RRR con multa de tres mil Unidades Fijas con más clausura sobre la actividad servicios personales directos con uno o más gabinetes (masajes corporales en habitaciones privadas) en el inmueble sito en la calle XXX 1° piso de esta ciudad hasta tanto se acredite ante esa Unidad Administrativa que cuenta con habilitación debidamente otorgada a nombre del actual titular de la explotación comercial para funcionar como servicios personales directos con uno o más gabinetes, de conformidad con la normativa legal vigente.

En desacuerdo con aquel decisorio la encausada solicita el pase de las

actuaciones a este fuero, conforme lo previsto en los arts. 23 y 24 del Anexo de la ley 1217 (fs. 89).

Ingresado el sumario a sede judicial y corrida la pertinente vista, el Sr. Defensor se presenta, ofrece prueba y solicita el oportuno archivo (fs. 106/109).

El Sr. Fiscal de Primera Instancia –Dr. Blas Matías Michienzi-, por su parte, en los términos del art. 41 de la ley de rito manifestó su decisión de intervenir en estos actuados (fs. 111/112). Luego de transitar las etapas pertinentes, el Sr. Magistrado –Dr. Norberto Luis Circo- resolvió ABSOLVER a la Sra. Marcela RRR en orden a la conducta detallada en el acta de comprobación nº 3-00470545, sin costas. (fs. 148/151).

Contra dicho resolutorio, el Sr. Fiscal -Dr. Patricio Maissonnave- a fs. 156/159 interpuso recurso de apelación, que fue concedido a fs. 160/161 y mantenido por la Sra. Fiscal de Cámara -Dra. Sandra Verónica Guagnino- a fs. 170/171.

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- De la admisibilidad:

Se observa, en lo que hace a los requisitos formales de estructuración de la vía, que ha sido articulada contra una sentencia definitiva, por escrito fundado, ante el Tribunal que la dictó y por quien tiene derecho a deducirla -art. 57 de la Ley 1217-, por lo que resulta procedente a la luz de la norma citada.

En lo atinente al análisis de admisibilidad sustancial, estimamos -en sentido coincidente con la opinión del Sr. Juez de grado vertida a 160 vta.- que los agravios del presentante pueden encuadrarse en la causal de arbitrariedad prevista en el art. 56 L.P.F. De este modo, debe meritarse superada la evaluación de las demandas de interposición.

II.- De la resolución impugnada:

Cabe primeramente puntualizar la conducta descripta en el acta Nº 3- 00470545, a saber: “…funcionar y desarrollar la actividad de masajes corporales en habitaciones privadas, siendo rubro de inspección previa.” (fs. 1). Con respecto a la tópica, la Sra. RRR manifiesta al formular defensa en esta sede que: “Va de suyo, que la instalación o funcionamiento de casas de tolerancias se encuentra prohibida por el art. 15 de la ley 12.331, de lo que se concluye naturalmente que tal actividad no resulta habilitable, al encontrarse expresamente prohibida por la citada norma. De tal guisa, el labramiento del Acta de Comprobación Nº 300470545 y la clausura de la actividad `servicios personales directos con uno o más gabinetes (masajes corporales en habitaciones privadas), desarrollada en el inmueble de referencia …´, constituye un mero eufemismo o esfuerzo dialéctico, para tratar de encasillar una actividad que se encuentra expresamente prohibida por la ley 12.331, como si se tratase de una actividad presuntamente lícita y habilitable, a la luz del Código de Habilitaciones y Verificaciones del GCBA (arts. 1.1.1. 2.1.8), lo que constituye un auténtico absurdo y un accionar administrativo contrario a las leyes de la lógica y de la sana crítica racional. Resulta claro, que si en el inmueble de la calle XXX se estaba desarrollando una actividad en presunta infracción a la Ley 12.331, no resulta posible tramitar una habilitación como erróneamente propugna el Sr. Controlador en la resolución en crisis, ya que se trataría de una actividad presuntamente ilícita y como tal `inhabilitable´, por lo que respetuosamente se entiende que corresponde el archivo de las actuaciones” (fs. 106/109).

En tal sentido se observa que mientras en el documento infraccionario de fs. 1, en el informe de inspección de fs. 3/4 y en el acta circunstanciada de fs. 5, se hace referencia a la existencia de la actividad de “masajes”; al prestar declaración testimonial en la audiencia de Debate Oral y Público el Sr. Mariano YYY – quien dice desempeñarse en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional y haber participado del procedimiento del 12 de septiembre de 2012 en Calle XXX 1º piso- declara que en el lugar había “un mini bar con bebidas, piezas con baños individuales y más al fondo a la derecha de la segunda puerta había otra barra con bebidas … había aparatos sexuales… En cuanto a cómo eran las habitaciones refiere que los cuartos consistían en una cama de dos plazas con sabanas, almohadas y el baño tenía jacuzzi y otros sistemas de duchas que variaban… Las características del lugar que allanó se adecúa a la ley de profilaxis. Comenta que en el lugar había profilácticos en unos recipientes que estaban en el lavamanos de cada habitación. Recuerda que había cerca de uno de los teléfonos un listado que decía el precio de los servicios … Refiere que había dormitorios en el lugar, no camillas. … La cantidad de profilácticos era poca cantidad en las habitaciones pero en el lavadero y en la azotea se encontraron gran cantidad en las alacenas” (fs. 159).

El propio Fiscal –Dr. Patricio Maissonave- señala a fs. 158 vta. que los lugares donde se desarrollan masajes en gabinete, son definidos por la Real Academia Española como “habitaciones más reducidas que la sala, donde se recibe a las personas de confianza”. A contramano de ello, de la declaración testifical precedentemente citada resulta que el inmueble de autos en cambio de reducidos gabinetes, cuenta con habitaciones con cama matrimonial con ropa de cama y baño privado, sin camillas (con aparatos sexuales y profilácticos en cada habitación), cuyas características se adecúan a la ley de profilaxis.

En suma, el testigo no menciona elemento alguno que permita presumir la actividad lícita de “casa de masajes”, sino antes bien, la de ejercicio de la prostitución, que según viene sosteniendo la Cámara Nacional de  Apelaciones en lo Criminal y Correccional, constituye una acción privada. Y cuanto al caso atañe, es una acción privada que no se encuentra reglamentada ni reconocida como actividad comercial, motivo por el cual mal podría decirse que infringe norma alguna del extenso cuerpo normativo de faltas de esta Ciudad (conforme ya ha sostenido esta Sala en la causa Nº 39490-00/2010 “UUU Feliz, A. s/infr. art.(s) 4.1.1.2, Habilitación en infracción L 451”). Por lo expuesto, no resulta suficiente para fundar una condena en instancia judicial, como pretende la Fiscalía, forzar el encuadre de la conducta en la figura tipificada en el art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones, ya que dicha solución implicaría multar a la Sra. Marcela RRR por un comportamiento que no se encuentra prohibido, ni reglado.

Va de suyo que lo contrario lesiona el principio de legalidad (aplicable en el régimen de faltas) consagrado en el art. 18 C.N. que establece: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”, en el art. 13 inc. 3º C.C.A.B.A.: “La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes reglas… Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado por la ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieren obtenido como resultado de los mismos…” y en el de reserva del art. 19 C.N.: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Obsérvese asimismo la copia del contrato de locación celebrado por la Sra. Marcela RRR (en calidad de locataria) que acusa el destino de “Vivienda particular” del inmueble (fs. 12/16, en especial cláusula quinta de fs. 13); la copia del acta de constatación notarial de la que resulta que en dos de las habitaciones duermen, respectivamente, la mencionada Sra. RRR y la Sra. YYY, constatando el escribano interviniente en su interior ropas y efectos personales, que las citadas indican como de su propiedad (fs. 21/22); y los certificados de domicilio glosados a fs. 25/28.

En el caso -entonces- tanto la declaración testimonial citada cuanto los constancias aportadas por la enjuiciada a fs. 12/16 y 21/28 lograron conmover el valor convictivo del que goza el Acta de Constatación glosada a fs. 1 en los términos del art. 3 de la ley 1217, no correspondiendo aplicarse, como dijimos, la regla del art. 5 de la ley de forma, y por ende, no resultando el acta plena prueba de los hechos imputados, toda vez que no se encuentra configurada la figura del art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, toda vez que el mismo se refiere visiblemente a establecimientos del tipo “Salón de belleza, casa de baños, sauna y masajes, en la medida que cuenten con dos (2) o más gabinetes o re cintos individuales de tratamiento” que en nada pueden equipararse al thema decidendum.

Incluso, dicha conclusión surge del juego de los arts. 1º de la ley 451, 1.1.1, 2.1.1 y el ya citado 2.1.8 del Código de Habilitaciones, toda vez que mientras que el primero prescribe “El régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires sanciona las infracciones a: a) las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, al desenvolvimiento de actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad b) las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional en el Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación”, los últimos sostienen: “Para el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según corresponda” y “Las actividades a que se refiere el artículo 1.1.1 de este Código están sujetas al presente régimen de habilitaciones, de acuerdo con las normas municipales que reglamentan su ejercicio”, toda vez que en todos ellos se hace referencia a una “actividad comercial”, que según lo que venimos exponiendo no puede tenerse por acreditada.

Por lo dicho, no habrá de tener favorable acogida la apelación introducida por el Sr. Fiscal, ya que se reunieron elementos de prueba suficiente como para concluir que no se explotaba en el inmueble de autos la actividad lícita de masajes corporales en habitación individual que dio origen al labrado del acta.

Por las razones expuestas, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal,

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 148/151. Tómese razón, notifíquese bajo constancia en autos a la Fiscalía de Cámara

y devuélvase a la primera instancia interviniente donde deberán practicarse las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.-


Ley de profilaxis en Argentina

Ministerio del InteriorLey N° 12.331.Ministerio. — Organizando la profilaxis de las enfermedades venéreas en todo el territorio de la Nación.POR CUANTO:

El Senado y la Camara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
LEY:

Artículo 1.° — La presente ley está destinada a la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas, y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la Nación.

Art. 2.°— Créase en el Departamento Nacional de Higiene una sección denominada “Profilaxis de las enfermedades venéreas, la que estará a cargo de un médico de reconocida autoridad en la materia, quien dirigirá y organizará la lucha antivenérea en todo el territorio de la República.

Art. 3.°— La Dirección del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ejercer la superintendencia general y la coordinación de servicios venereológicos en hospitales, dispensarios, laboratorios, etcétera, sean nacionales, provinciales, municipales o particulares;

b) Hacer la distribución económica y metódica de medicamentos y material de propaganda y divulgación científica;

c) Ocuparse del estudio médico y social de las enfermedades venéreas aconsejando a las autoridades las mejores medidas a tomar; proyectando modelo de Leyes y ordenanzas; organizando conferencias, congresos y todo aquello que contribuya al esclarecimiento y estudio de estas enfermedades;

d) Hacer la investigación y publicación científica y estadística y estudio epidemiológico de las enfermedades venéreas;

e) Organizar el servicio de asistencia social ejercido por un cuerpo de agentes diplomados en las escuelas del país y que habrán de recibir con este objeto una enseñanza especializada en venereología;

f) Mantener relaciones con todas las sociedades de socorros mutuos y demás entidades de cualquier orden que presten asistencia médica a enfermos, o se interesen por la asistencia y educación social, a fin de orientar, vigilar y asegurar el mejor éxito a las actividades que desarrollan;

g) Procurar que se multipliquen en todo el país el número de los dispensarios antivenéreos que funcionan en conexión con el servicio social y perfeccionar constantemente esos servicios.

Art. 4.° — El Instituto de Profilaxis propenderá al desarrollo de la educación sexual en todo el país, directamente o por medio de las entidades oficiales o no a quienes corresponda llevar a cabo esta enseñanza.

Art. 5.° — Todo hospital nacional, municipal o particular deberá habilitar al menos una sección a cargo de un médico especialmente destinada al tratamiento gratuito de las enfermedades venéreas y a propagar la educación sanitaria.

Toda institución o entidad, cualquiera sea su índole, en que el número de socios, empleados u obreros, sea superior a cincuenta personas, deberá crear para las mismas una sección de tratamiento gratuito de instrucción profiláctica antivenérea, si el Instituto de Profilaxis lo considera necesario. Si el número de personas pasa de cien, el Instituto podrá exigir que ese servicio sea atendido por un médico. Dichos servicios serán gratuitos, pudiendo cobrarse únicamente los medicamentos a precios de costo.

Las instituciones que infringieran este artículo serán pasibles de una multa de pesos cien a quinientos moneda nacional; en caso de reincidencia de la, pérdida de la personería jurídica u otros privilegios de que gozaren.

Art. 6.° — En los locales que el Instituto de Profilaxis determine, es obligatorio tener en venta los equipos preventivos para profilaxis individual venérea, de la clase y precio que el instituto establezca como asimismo entregar gratuitamente instrucciones impresas relativas a la lucha y educación antivenéreas.

Art. 7.° — Toda persona que padezca enfermedad venérea en período contagioso, está obligada a hacerse tratar por un médico, ya privadamente, ya en un establecimiento público.
Los padres o tutores de un menor que padezca enfermedad venérea, están obligados a cuidar el tratamiento de su hijo o pupilo.

Art. 8.° — Cuando las personas que padezcan enfermedades venéreas estén aisladas, o sean desvalidas, menores, detenidos o presidiarios, o formen parte del personal dependiente de los ministerios de Guerra y Marina, el Estado será el encargado de procurarles la debida asistencia médica.

Art. 9.° — Las autoridades sanitarias podrán decretar la hospitalización forzosa para todo individuo contagioso que, agotados los recursos persuasivos no se someta con regularidad a la cura y para aquellos cuyo tratamiento ambulante durante la fase de máximo contagio, pueda constituir un peligro social.

Art. 10. — El médico procurará informarse, a los efectos exclusivamente sanitarios, de la fuente de contagio, transmitiendo a las autoridades sanitarias las noticias que en este orden pudieran interesar a aquéllas.

Art. 11. — El Instituto de Profilaxis propenderá a que se fabriquen en el país, en establecimientos oficiales o no, los medicamentos destinados a la curación de las enfermedades venéreas.
El Instituto procurará que los precios de venta de los remedios contra las enfermedades venéreas sean lo más reducidos en lo posible.

Art. 12. — Solamente los médicos serán los encargados de la asistencia de los enfermos venéreos. Les queda prohibido el tratamiento de las enfermedades venéreas por correspondencia y los anuncios en cualquier forma de supuestos métodos curativos.

Art. 13.— Las autoridades sanitarias deberán propiciar y facilitar la realización de exámenes médicos prenupciales. Los jefes de los servicios médicos nacionales y los médicos que las autoridades sanitarias determinen, estarán facultados para expedir certificados a los futuros contrayentes que los soliciten. Estos certificados, que deberán expedirse gratuitamente, serán obligatorios para los varones que hayan de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio las personas afectadas de enfermedades venéreas en período de contagio.

Art. 14. — Queda liberada de todo impuesto aduanero y de impuestos internos la importación o fabricación de remedios que a juicio de las autoridades sanitarias sean necesarios para la lucha antivenérea. Los hospitales particulares que cumplan la obligación establecida por el artículo 5, quedarán liberados de todo impuesto nacional.

Art. 15. — Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella.

Art. 16. — Las infracciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 12, serán penadas con multa de pesos cien a quinientos moneda nacional. En la misma pena incurrirán los oficiales del Registro Civil que autorizaren un matrimonio sin exigir el certificado que establece el artículo 13. En caso de reincidencia se les doblará la pena y serán exonerados.

Los diarios o periódicos que inserten publicaciones en que alguien se presente como especialista en enfermedades venéreas por medios secretos o métodos rechazados por la ciencia o prometa plazo fijo curaciones radicales, u ofrezca cualquier tratamiento sin examen del enfermo, o anuncien institutos de asistencia sin hacer figurar el nombre de los médicos que los atienden, recibirán por primera vez la orden de retirarlos y en caso de reincidencia serán pasibles de una multa de cien a mil pesos moneda nacional.

Art. 17. — Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero.

Art. 18. — Será reprimido con la pena establecida en el artículo 202 del Código Penal, quien, sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona.

Art. 19. — Sin perjuicio de otras asignaciones de la ley de presupuesto, destínase para el Instituto de Profilaxis y Tratamiento de las Enfermedades Venéreas, la suma anual de pesos trescientos moneda nacional. Mientras esa suma no se incluya en el presupuesto, se tomará de rentas generales, con imputación a la presente ley.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 21. — Esta ley comenzará a regir ciento ochenta días después de su promulgación.

Art 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a 17 de diciembre de 1936.

JULIO A. ROCA                                         CARLOS M. NOEL
Gustavo Figueroa                                     Carlos G. Bonorino
Registrada bajo el N.° 12.331

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1936.

POR TANTO:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

                                                                                     JUSTO
RAMON S. CASTILLO

 

 


 

Decreto que prohíbe publicar avisos de oferta sexual

PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES

Decreto 936/2011

Promuévese la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

Bs. As., 5/7/2011

VISTO las Leyes Nros. 26.364 y 26.485 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.364 de PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

Que el artículo 4º de la Ley precitada, determina que existe explotación —entre otros supuestos— cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.

Que, por su parte, la Ley Nº 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, declara de Orden Público sus disposiciones y determina su aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.

Que en virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como objeto promover y garantizar, entre otros extremos la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, la mencionada norma establece que los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.

Que, por la Ley Nº 26.485 quedan especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.

Que, entre las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia mediática, definida como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Que también la Ley Nº 26.485 en su artículo 3º, garantiza todos los derechos reconocidos por la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y por la Ley Nº 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Que, en tanto, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —”CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ”—, ratificada por la Ley Nº 24.632, establece el compromiso de los Estados Parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.

Que en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nº 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h) y m), respectivamente, establece para los mencionados servicios y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

Que asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12, inciso 19), que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL tendrá entre sus misiones y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes y Tratados Internacionales en los contenidos emitidos por los servicios de comunicación audiovisual.

Que por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por las Leyes Nros. 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES y 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, anteriormente referidas.

Que dentro del marco precedentemente reseñado, resulta imperioso adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano, determinando la adopción de medidas eficaces en los planos nacional, regional e internacional.

Que se reconoce que la labor emprendida a nivel mundial para erradicar la trata de mujeres y niñas, incluida la cooperación internacional y los programas de asistencia técnica, requiere una fuerte voluntad política y la activa cooperación de todos los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino.

Que existe un alto grado de preocupación por el aumento de las actividades de las organizaciones de la delincuencia transnacional, así como de otras que lucran con la trata internacional de mujeres y niños aun sometiendo a sus víctimas a condiciones peligrosas e inhumanas en flagrante violación de las normas de derecho interno e internacional.

Que la trata de personas constituye un fenómeno global, más de CIENTO TREINTA (130) países han reportado casos, siendo una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) millones de personas, en un gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.

Que, en ese orden, se deben arbitrar las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación; y en especial, los avisos de la prensa escrita los cuales pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas.

Que lo consignado precedentemente determina la necesidad de reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas.

Que en tal sentido, se considera que los avisos publicados y/o transmitidos por los medios de comunicación que promueven la oferta sexual son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas.

Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar medidas al respecto, combatiendo las herramientas que puedan facilitar a las redes criminales la consumación del aludido delito, procediendo a la reglamentación de las aludidas Leyes Nros. 26.364 y 26.485, así como de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, del 9 de junio de 1994 y de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (C.E.D.A.W.), del 18 de diciembre de 1979, prohibiendo los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, teniendo como finalidad la prevención del delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.

Que, a tal fin, se dispone la creación de la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la que será Autoridad de Aplicación del presente, facultándose a la misma para verificar el cumplimiento de sus disposiciones, para monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual, así como para imponer o requerir las sanciones por incumplimientos.

Que, tendiendo al efectivo cumplimiento de las disposiciones de este acto, corresponde determinar el procedimiento de verificación de las infracciones y de sustanciación de las causas que de ellas se originen.

Que asimismo se establece que la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) y con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.

Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.

Art. 2º — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL, la que será Autoridad de Aplicación del presente decreto.

Art. 3º — La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL se encuentra facultada para:

a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este decreto.

b) Monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual.

c) Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida.

Art. 4º — La verificación de las infracciones a lo dispuesto en este acto y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:

a) Comprobada una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado, la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente dicha infracción.

b) Ante la primera comprobación de una infracción, el funcionario actuante notificará al presunto infractor e instará, en el mismo acto, a que en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas, el medio gráfico cese con la práctica incursa en infracción.

c) Si el medio gráfico incurriese nuevamente en una práctica vedada e hiciese caso omiso de lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario actuante labrará una nueva acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente la nueva infracción, como así también copia del acta labrada contemplada en el inciso a).

El presunto infractor, dentro de los CINCO (5) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere.

d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en los incisos a) y c) de este artículo, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.

e) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

f) Concluido el plazo contemplado en el último párrafo del inciso c) la Autoridad de Aplicación dictará resolución definitiva dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, notificando en el mismo acto al presunto infractor.

Art. 5º — La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 26.522, con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES atento las previsiones de la Ley Nº 26.485 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1011/10, y con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA.

Art. 6º — Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del régimen establecido por este acto.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

Comentarios

  1. JAVIER

    BUENAS TARDES , MI CONSULTA ES POR LO SIGUIENTE, TENGO UN AMIGO QUE HACE UPSKIRT, GRABA VIDEOS DEBAJO DE LAS POLLERAS DE LAS MUJERES, EN LA VIA PUBLICA, SIN QUE ELLAS SE ENTEREN, EL ARGUMENTA QUE ES COMO SI EL VIENTO LES VOLARA LA POLLERA Y VIESEMOS SU ROPA INTERIOR.
    ESTE ACTO ES ILEGAL? MUCHAS GRACIAS.

    • Hola, Javier. Es i-legal y puede ir preso por eso, incluso si no las publica. Un saludo.

  2. martin

    una pregunta, no me a quedado claro el articulo, es legal la prostitución (exceptuando la trata de blancas, explotación ,etc) de ser que fuentes puedo verificar para poner en un trabajo practico

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