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La empanada y el fraude laboral: responsabilidad laboral del franquiciante

| El 09, Mar 2015

La Cámara Laboral obligó a una cadena de empanadas a resarcir a una promotora. A la promotora la había contratado la agencia para bailar disfrazada de empanada. Pero para la Cámara de Apelaciones, la cadena tenía directa responsabilidad porque organizaba el recorrido, horarios y demás. Así que juzgó que había fraude laboral y no solo le tuvo que pagar la agencia sino también del titular de la marca que se franquicia.

Empanadas_de_Carne

¿Y qué pasa con el resto de los empleados? ¿Hay responsabilidad de la cadena? ¿Hay o no responsabilidad laboral del franquiciante?

Según la ley, hay franquicia comercial cuando una empresa cede el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo su marca, y aparte le provee conocimientos técnicos y asistencia técnica o comercial; a cambio, el franquiciado le paga algo fijo o a comisión. Esto hacen, por ejemplo, varias cadenas conocidas. A veces, incluso, no nos damos cuenta de que es franquicia, y es la idea.

El nuevo código civil aclara que las franquicias son exclusivas para ambas partes, y por eso franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. Esto hace que el contrato deba aclarar si se pueden abrir otros locales cercanos o no…


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En cuanto al tema laboral, la ley aclara que ambas empresas son independientes, y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia:

a. el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario;

b. los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral;

c. el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia.

Antes, en caso de fraude, un trabajador podía hacer valer la responsabilidad laboral del franquiciante si hubiere empleo no registrado, en negro o cuando hay falta de pago al titular de la franquicia. Pero se discutía qué pasaba si la franquicia es genuina, cuando no era un disfraz y la empanada que decía ser empanada, también lo era en la práctica.

Ahora, el nuevo código civil impide el reclamo del laburante de la empresa chica a la grande, por decirlo de algún modo. Y solo podrá reclamarle a su empleador directo. Por ejemplo, si el “Café Grone SA” franquicia a Cacho SRL”, con  trabajadores no registrados.  Trabajadores de Cacho SRL no podrán reclamarle a Café Grone, salvo fraude.

¿Y cuándo habrá fraude laboral? Cuando la franquicia no sea tal y los trabajadores de Cacho SRL lo sean también de Café Grone, por ejemplo si reciben órdenes de la empresa madre. O cuando la relación laboral se disfraza de empanada pero tiene pasas de uva escondidas… Para el derecho del trabajo, importa la realidad y no los papeles.empanada

Ahora bien, sí subsiste la responsabilidad laboral de la empresa que explota la franquicia, y en su caso de los directivos a veces en forma personal y solidaria por empleo en negro. Es decir, el nuevo código civil parece modificar el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo en cuanto a la responsabilidad laboral del franquiciante. Las normas disponen:

Art. 30. — Subcontratación y delegación. Solidaridad.

Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir ademas a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250.(Párrafo incorporado por art. 17 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/09/1998)

Art. 31. —Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad.

Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

Para profundizar más sobre el tema, ver este compendio de sentencias sobre derecho del trabajo y solidaridad laboral.

En un caso, la empresa había puesto la marca para el local de medialunas (una cadena), entrenó, capacitó y actualizó al franquiciado (dueño del local) y a su personal en técnicas de procedimiento para el negocio. Además, la empresa de franquicia proveía  la materia prima.

Como la trabajadora sirve a las dos empresas, la empresa que da la franquicia también es responsable si el trabajador no está registrado. Es decir, la franquiciante debería haber controlado que esté registrada. Y la trabajadora le puede reclamar a ambos. Así que al final la indemnizaron … con muchas medialunas.

Una vez, una clienta dijo que no comía “empanadas de carne” y el mozo le respondió: “Esta carne sí comés”. Jueces convalidaron despido con causa.

Mientras tanto, a la chica que bailaba con el disfraz de empanada también la indemnizaron. Pero nada dijeron de que cuando el cocinero le enchufa aceituna  o pasa de uva a la empanada de carne, tiene que avisar (artículo 4º ley 24240, deber de información). A propósito, en una encuesta que hice, la mayoría voto que la ley pene como delito agregarle pasas de uva a la empanada. ¿Y vos qué opinás?

 

La fila del choripán.

Una foto publicada por Sergio (@derechoenzapatillas) el

 

 

 

 

Sentencias completas —>


 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, sentencia del 26/04/2012, “RRR, Irene. v. ADCA S.A. y otros”

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, abril 26 de 2012.

El Dr. Balestrini dijo :

I- La sentencia dictada a fs. 223/230 suscitó la queja de las partes co-demandadas Adca SA y actora a fs. 234/ 237 vta y fs. 240/240 vta., respectivamente.

La co-demandada Adca SA se agravió por la solución otorgada a la contienda, y en este sentido, por la condena solidaria en los términos del art. 30, LCT. Asimismo apeló las multas establecidas en los arts. 45, ley 25345, y 16, ley 25561.

Por su parte, la actora recurrió el rechazo del rubro horas extras.

Corridos los pertinentes traslados de ley, la parte actora contestó agravios a tenor del memorial obrante a fs. 242/244 y la co-demandada Adca SA hizo lo propio a tenor del escrito de fs. 245/245 vta.

A fs. 239 el perito contador apeló sus honorarios por considerarlos bajos, y la actora hizo lo propio a fs. 240 vta.

II- Por cuestiones de estricto orden lógico me abocaré primeramente al estudio del agravio interpuesto por la co-demandada Adca SA referido a la condena solidaria impuesta en los términos del art. 30, LCT, adelantando que no recibirá favorable acogida.

Ello es así por cuanto los términos del segmento recursivo no logran conmover los fundamentos brindados en la sentencia dictada en origen, toda vez que no se advierten elementos de juicio idóneos para revertir la decisión.

Primeramente, cabe destacar la situación de contumacia procesal en la que quedara incursa la co-demandada Luis María Ramos a fs. 115 (art. 71, LO) y sin perjuicio de que en este punto resulta aplicable el criterio doctrinario y jurisprudencial que sostiene que en los casos de litisconsorcio pasivo las defensas opuestas por uno de los litisconsortes favorecen a los restantes, y aún teniendo en cuenta que atento a los términos de la contestación de la co-demandada Adca SA, a la actora incumbía la carga probatoria de acreditar los extremos que alega (art. 377, CPCCN), a mi juicio y, coincidentemente con lo resuelto en origen, la encuentro cumplida.

En efecto, la mera cita de antecedentes jurisprudenciales no detenta calidad de agravio alguno si no se logra señalar con qué elementos de prueba fehaciente se ha logrado acreditar la pretensión —en el caso la exención de responsabilidad en el contrato de trabajo y en las consecuencias indemnizatorias que de su extinción derivan—.

Tal como se advierte de la crítica, arriba incólume a esta instancia la circunstancia tenida en cuenta en el decisorio, en relación a que conforme la prueba testimonial adunada a la causa (Casarini a fs. 177, Reverberi a fs. 180 y Bursese a fs. 183), a la que considero evaluada en sana crítica (art. 386, CPCCN) se acreditaron las tareas que llevaba a cabo la accionante y las funciones que la co-demandada Adca SA ejercía en el local donde se desempeñaba la Sra. Rodríguez.

En efecto, quedó acreditado en autos —y sin perjuicio de la existencia del contrato de franquicia agregado a la causa celebrado entre ambas co-demandadas— que, la co-demandada Adca SA entrenaba al personal del franquiciado, que se constituía en el local donde laboraba la actora durante tres días y además entrenó, capacitó y actualizó al franquiciado y a su personal en técnicas de procedimiento para mantener e incluso incrementar la eficacia del negocio, a lo que se agrega que se reservaba la exclusividad en la provisión de materia prima, la que solo era cocida por la franquiciada.

En este contexto, las tareas llevadas a cabo en el local de ventas donde laboraba la Sra. Rodríguez fueron complementarias a las de Adca SA y conducentes a su finalidad, aprovechando éstas la actividad de la actora, resultando en consecuencia —por las circunstancias fácticas acreditadas en este caso particular—, inoponible el contrato de franquicia suscripto.

Concluyendo que, en la ponderación de las constancias obrantes en la causa en torno al rol que ambos desempeñaron en el marco de la relación habida, resulta insoslayable como matiz diferenciador del caso específico en análisis, la situación de absoluta clandestinidad en la que se desarrolló la prestación que llevaba a cabo el reclamante, aspecto que arriba firme a esta Alzada.

Tal como se advierte, frente a los extremos acreditados en autos, la codemandada ADCA SA se limita a oponer que comercializa logos y el nombre de fantasía de su propiedad “MMMMXXXX” con locales mediante contratos de franquicia (fs. 97/100), extremos que carecen de apoyatura alguna en elementos de juicio obrantes en la causa y que en el marco absolutamente indocumentado del vínculo bajo examen resulta alcanzado por la categoría prevista en el art. 26, LCT. En cuanto a las circunstancias que opone, eventualmente y de acreditarse los términos que meramente se invocaron, implicarían su responsabilidad frente a las derivaciones de la relación habida a partir de la cesión de la explotación al principal, de conformidad con el art. 30, LCT (en igual sentido esta sala in re “González Germán L. v. Castro Damián M. y otros s/despido” S.D. n. 17.690 del 23/3/2012).

Por dichas razones, propicio desechar la crítica expuesta en cuanto al fondo del asunto y confirmar lo decidido en origen.

III- Sentado lo anterior y abocándome al agravio deducido contra las multas derivadas de los arts. 45, ley 25345, y 16, ley 25561, adelanto que no correrán distinta suerte.

Ello es así por cuanto, en relación a la primera de las multas consignadas, y más allá de opinar en igual sentido que la magistrada anterior en torno a que resultaría abstracto la espera del plazo establecido en art. 3, dec. 146/2001 ante la injuria inferida a la trabajadora, lo cierto y relevante es que, en el caso particular se advierte de las piezas telegráficas obrantes a fs. 8/9 que la intimación resulta concomitante con el despido indirecto en el que se colocó la actora, por lo que habré de hacer lugar al agravio en este sentido.

Por tal motivo, y en el caso particular, propicio modificar este segmento del decisorio atacado y deducir dicho concepto del monto total de condena, liquidación que practicaré seguidamente y al término del estudio de los restantes agravios deducidos por las partes.

En cambio declararé desierta la queja impetrada contra la multa derivada del art. 16, ley 25561, toda vez que el fundamento se basa en la inexistencia de responsabilidad del apelante y en la circunstancia de que, por tal motivo no correspondería condenarla al pago de dicho agravamiento indemnizatorio, sin señalar con sustento jurídico alguno el yerro de la decisión anterior.

Es por ello que, propicio desestimar la queja referida a la viabilidad de la multa derivada del art. 16, ley 25561. Así lo voto.

IV- Ahora bien, corresponde abocarme al recurso impetrado por la parte actora en torno al rechazo del rubro horas extras, adelantando que la desestimaré.

A fin de fundamentar el anticipo, no emerge de la crítica —que arriba huérfana de razonamiento concreto y razonado en este punto—, la medida ni el interés recursivo, toda vez que se refleja una disconformidad dogmática y subjetiva con la decisión que le resultó adversa sin indicar el error de hecho y/o de derecho en el que hubiese podido incurrir la magistrada, limitándose a señalar los testigos que a su juicio acreditaron el extremo pretendido, sin lograr controvertir el segmento de decisorio que alude a que no se ha logrado acreditar en autos, el horario de trabajo cumplido efectivamente por la accionante, sin perjuicio de destacar que el cumplimiento de horas extras se acreditará través de cualquiera de los medios probatorios diseñados por la ley procesal.

De todos modos, lo cierto, es que resulta insoslayable que el reclamo global del objeto pretendido —en el punto horas extras— no permite tener por interpuesta en debida forma la pretensión (art. 65, incs. 4 y 6, LO).

En dichos términos propicio confirmar la decisión anterior también en este punto de embate.

V- Como corolario de la modificación propuesta en el consid. III, y teniendo en cuenta los conceptos y parámetros que arriban firmes a esta instancia, corresponde deducir del monto de condena la suma de $ 5306,34 en concepto de multa derivada del art. 80, LCT, lo que totaliza un monto de condena de $ 24.163,23 ($ 29.469,57 – $ 5306,34) con más los intereses que arriban sin cuestionamiento a esta instancia.

VI- Resta abocarme a los recursos deducidos contra los honorarios que fueron regulados en la instancia de grado, impetrados por el perito contador a fs. 239 y actora a fs. 240 vta —segundo agravio— por considerarlos bajos que, estimo en virtud de la calidad, mérito y cantidad de las tareas llevadas a cabo en la instancia anterior, los regulados a favor del perito contador actuante en autos, resultan exiguos, motivo por el cual propicio elevarlos al 6% del monto total de condena (conf. art. 38, primera parte, LO, dec.-ley 16638/57 y ley 24432).

En cambio, el recurso impetrado por la parte actora carece de interés recursivo toda vez que se interpuso en calidad de letrado apoderado de la parte actora y no por derecho propio.

VII- En virtud del modo de resolverse las cuestiones traídas a esta instancia, y en atención a los vencimientos parciales y mutuos (art. 71, CPCCN) impónganse las costas de alzada en el orden causado, y a tal fin, regúlanse los honorarios a favor de las partes actora y co-demandada Adca SA en el 25 % para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la instancia de grado.

El Dr. Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Corach: no vota (conf. art. 125, LO).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal resuelve :1) Modificar la decisión anterior exclusivamente respecto de la multa impuesta en los términos del art. 80, LCT, y reducir el capital de condena a la suma total de $ 24.163,23 con más los intereses establecidos en la instancia de grado que arriban firmes a esta alzada. 2) Confirmar la sentencia de la instancia anterior en todo lo demás que decide y fuera materia de recursos y agravios 3) Imponer las costas de esta alzada en el orden causado. 4) Regular los honorarios a favor de las partes actora y co-demandada Adca S.A. en el 25% para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y previa notificación al Fiscal devuélvase.

 


 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IV, “BBB, c. Franquicias Argentinas S.A.” 29/08/2008

2ª Instancia.— Buenos Aires, agosto 29 de 2008.

El doctor Guisado dijo:

I) A fs. 143/144 la demandada apela la sentencia de primera instancia de fs. 138/142 que hizo lugar a la demanda.

II) La recurrente se agravia, ante todo, porque la sentencia “de modo totalmente arbitrario concluye que la prestación de servicios promocionales alegada por la accionante realmente existió y que mi mandante es responsable en los términos del art. 30 LCT por los créditos reclamados por aplicación del art. 705 del Código Civil…”. Aduce que “la incongruencia de la sentencia recurrida es manifiesta, pues tal como ha quedado trabada la litis el tema en debate fue la presunta existencia de una relación de trabajo entablada en forma directa entre la actora que la invocó en el inicio y mi mandante que la negó en el responde”.

La recurrente tiene razón en que el pronunciamiento vulneró el principio de congruencia, ya que, efectivamente, la demanda se fundó en la existencia de un vínculo directo y no en una hipotética solidaridad respecto de obligaciones de presuntos contratistas. Así lo destaca incluso la propia actora en su contestación de agravios, donde insiste en que no prestó servicios para ningún dueño de local sino que lo hizo derechamente para la demandada, quien la contrató “en forma directa” (cfr. fs. 152/152 vta.).

Sin perjuicio de ello, anticipo que —a mi juicio— el recurso no debería prosperar, pues, tal como lo destaca la actora en el citado memorial, la prueba rendida acredita la existencia de ese vínculo directo (de carácter claramente laboral) con la demandada.

En efecto, la testigo Becerra (fs. 66/67) conoce a la actora porque trabajó junto con ella para la firma demandada. Explicó que uno de los lugares donde se encontraban era Av. San Martín y Cuenca, aunque “también se encontraban en la calle Leiva, que allí es la central de ‘Solo Empanadas’ y también a veces en un garaje de Monte Castro…y de allí los llevaban a distintos lugares y allí iban a hacer el show…ellos les deban el disfraz de empanada, cuando dice ellos se refiere al coordinador que eran dos, se llamaban uno Cristian que era el que los cuidaba en la calle, y el otro se llama Diego Gorostegui, que es quien les daba las órdenes, las zonas que tenían que hacer y el que les pagaba cada semana…la dicente estuvo una semana como empanada y un año como promotora, como empanada bailaban en los semáforos disfrazadas, la actora también, y después la pasaron como promotora que era con el uniforme rojo con el logo de ‘Solo Empanadas’…el uniforme se lo entregaba Diego Gorostegui…la actora también trabajó como empanada y como promotora, que lo sabe porque la vio”. Puntualizó que fue entrevistada por el mencionado Diego Gorostegue en la mencionada sede de la calle Leiva (cerca de las vías del Ferrocarril de Chacarita). Añadió que ellas hacían para la demandada “la publicidad de todos los locales, las llevaban hasta La Plata…la última inauguración que tuvo la dicente fue en Del Viso”.

Los dichos de esta testigo aparecen respaldados por los de Sánchez Valdivia (fs. 115/116), ex compañera de estudios de la actora, quien sabe que ésta trabajaba para la demandada “porque cada vez que iban a estudiar la pasaba a buscar por la Av. San Martín…trabajaba de promotora, que lo sabe porque estaba disfrazada de empanada…vio a la actora a mediados del año 2002 en San Martín y Cuenca y todo el año 2003 que fue lo que la dicente asistió a inglés…la dicente la pasaba a buscar después del mediodía, alrededor de las 15.00 hs…sabía que trabajaba en otros lados pero la dicente la iba a buscar allí…vio a la actora vestida de empanada, repartiendo volantes y hacía una escenografía en la esquina de la calle…”.

Destaco que las dos testigos dieron adecuada razón de sus dichos, dado que ambas vieron trabajar a la actora y la primera fue además compañera de trabajo de ésta. Las dos describieron circunstanciadamente la modalidad de trabajo de Benítez, en forma coincidente con el relato de la demanda. A ello cabe agregar que la demandada en ningún momento observó sus declaraciones, ni en la oportunidad del art. 90 de la L.O. ni en la del art. 94. Tampoco aportó la accionada ningún testigo (sucesivamente desistió o se le dio por decaído el derecho de producir toda la prueba testifical, ver fs. 80, 97, 98 y 117) ni elemento alguno que desvirtuara la versión de las declarantes.

Por todo ello, considero que cabe otorgar a sus dichos plena eficacia suasoria y, en su mérito, tengo por probado que la accionante trabajó en forma directa para la demandada (y no para ninguno de los franquiciados) promoviendo los productos de la marca de ésta conocidos por el nombre de fantasía “Solo Empanadas”, que recibía órdenes de representantes de la demandada (los mencionados coordinadores Cristian y Diego Gorostegui), que realizaba sus tareas de promoción en la vía pública o en diversos locales de franquiciados, con disfraces o uniformes proporcionados por la demandada, y que uno de los puntos de encuentro era la sede de la apelante en la calle Leiva (lugar que coincide con el domicilio real de ésta, cfr. fs. 24).

De ese modo, y tal como anticipé, se encuentra fehacientemente acreditado el vínculo laboral directo entre la actora y la demandada, extremo que torna inoficiosa toda la argumentación vertida en el memorial recursivo acerca del art. 30 de la LCT y su eventual aplicación a los contratos de franquicia comercial, dado que —insisto— la actora no era (ni dijo haber sido) empleada de una empresa franquiciada, sino que invocó (y demostró de manera fehaciente) que era dependiente directa de la franquiciante (esto es, de la demandada).

Por todo ello, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso y 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los letrados de ambas partes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La doctora Ferreirós dijo

Adhiero al voto del Dr. Guisado por los mismos fundamentos dados.

Por ello el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso y 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los letrados de ambas partes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.— Estela M. Ferreirós.— Héctor C. Guisado.


 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, ….c. Palerva S.A. y otro”, 23/04/2008

2ª Instancia. — Buenos Aires, abril 23 de 2008.

El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar, parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la codemandada Empírica SRL a abonar al accionante los rubros salariales, indemnizatorios y sancionatorios reclamados. Rechazó, en cambio, la demanda deducida contra Palerva SA.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. A su vez, la perito contadora dedujo recurso de apelación contra la regulación de sus honorarios profesionales efectuadas en la sentencia.

Al fundamentar el recurso, la actora discrepa -básicamente- con la conclusión de la Juez a quo al rechazar la acción contra Palerva SA.

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita que se revoque la sentencia recurrida y, en definitiva, que se condene solidariamente a la codemandada antes mencionada.

En principio, creo necesario puntualizar que, a mi entender, el recurso de apelación sub-exámine, en la medida que constituye una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, reúne el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO. Ahora bien, habida cuenta que se debe tener por cumplida la referida exigencia procesal, seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por la recurrente.

La Dra. M. S. I. de G. Ch. concluyó en su pronunciamiento que no se verifican los presupuestos para considerar a las codemandadas como responsables solidarias en los términos previstos en el art. 30 de la L.C.T.; y rechazó la pretensión para que sea extendida de ese modo la condena a la codemandada Palerva SA. ya que, a su entender, ambas codemandadas se vincularon a través de un contrato de franquicia. Señaló la a quo que la supervisación del local en el que trabajó el actor por parte de la franquiciante lo fue en interés de proteger el prestigio de su marca y que la franquiciada también comercializaba otros productos -bebidas y helados- que nada tenían que ver con Palerva SA (ver fs. 392 in fine y 393).

El recurrente cuestiona la sentencia en cuanto no viabiliza la extensión de responsabilidad en forma solidaria a la codemandada Palerva SA. Se agravia porque la sentenciante de grado consideró que la relación que tuvieron ambas codemandadas fue un contrato de franquicia porque, con base en el fallo dictado en autos “Rodríguez Juan R c/ Cía Embotelladora Argentina SA. y otro” concluyó que el art. 30 de la L.C.T. no resulta aplicable al caso de autos. Reseña que del informe de la Inspección General de Justicia (fs. 375 no objetado por la demandada) resulta que el objeto de la codemandada Palerva SA es elaborar, industrializar, fraccionar… -al por mayor y/o por menor- alimentos para el consumo humano como son las empanadas conocidas masivamente por los consumidores como “El Noble Repulgue”. Cita jurisprudencia de este Tribunal referida a casos análogos en los que se ha condenado solidariamente a la empresa franquiciante. Puntualiza que la codemandada Empírica SRL se encuentra incursa en la situación prevista por el art. 71 L.O.; y que Palerva SA reconoció -en el responde- que la venta de las empanadas que elabora se efectúa por terceros franquiciados (como Empírica SRL). Señala que Palerva SA se reserva la propiedad de la marca “El Noble Repulgue”; el uso y la facultad de otorgar licencias; establece las zonas en la que puede vender el franquiciado y que debía controlar que el personal de Empírica SRL se encuentre registrado. En tal marco, sostiene que la condena solidaria a Palerva SA -más allá de la rebeldía de la codemandada Empírica SRL- resulta inequívocamente del incumplimiento de sus obligaciones conforme al art. 17 de la ley 25.013 y de la vinculación entre ambas demandadas -además del contrato de franquicia- por la venta de bienes de uso, la utilización de la marca y la explotación del negocio sito en la calle Charlone de San Miguel, Pcia. de Bs. As. Discrepa con la judicante en cuanto ésta afirmó que el franquiciado (Empírica SRL) “revende” las empanadas porque, a su entender, de las declaraciones testimoniales y del contrato de franquicia se desprende que se trata de una relación de absoluto control y supervisación permanente en cabeza de Palerva SA que distribuye las empanadas que elabora, que entrega la cantidad según el rendimiento de la zona asignada a la franquiciada, que fija sus precios y/o bonificaciones. Considera irrelevante que Empírica SRL haya comercializado productos complementarios (bebidas o helados) porque, a su entender, la prueba testimonial demostraría que estos productos constituían un aspecto accesorio del objeto principal consistente en hornear y/o freir (bajo pautas precisas dictadas por Palerva SA) y vender empanadas de “El Noble Repulgue” (marca registrada por Palerva SA, ver fs. 372). Por último, señala el recurrente que las cláusulas que hayan pactado las demandada respecto a la exculpación anticipada del personal de Empírica SRL, resultan inoponibles al actor, como dependiente subordinado “no registrado”.

Sobre los cuestionamientos introducidos en esta Alzada, analizadas las circunstancias de la causa respecto del tema en debate, adelantó opinión en sentido favorable a la posición recursiva.

En primer lugar, cabe puntualizar que ninguna de las partes criticó en forma concreta y razonada la conclusión de la a quo según la cual, habida cuenta que la co-demandada Empírica SRL no compareció a contestar la demanda dentro del plazo previsto en el art. 68 de la LO; correspondía tenerla por incursa en la situación prevista en el art. 71 de la LO (ver fs. 156). Tampoco se cuestionó la conclusión de la magistrada que -luego de analizar las constancias probatorias reunidas en la causa- tuvo por acreditado que el actor comenzó a trabajar bajo las órdenes de Empírica SRL en marzo de 2004, que se desempeñó en el local ubicado en San Miguel cocinando empanadas que eran provistas por Palerva SA. También se admitió en el fallo de grado que todos los empleados de “Empírica SRL” trabajaban “en negro”. Los testimonios de Pereyra (fs. 198/199), Morales (fs. 202/203) y Scherjman (fs.231/232) -quienes afirmaron haber sido compañeros de trabajo de …-, corroboran la existencia de los hechos expuestos en la demanda pues, de la valoración conjunta de dichos elementos probatorios, se desprende que el actor, efectivamente, trabajó para Empírica SRL y que dicha empresa se dedica principalmente a comercializar los productos alimenticios (empanadas) que elabora la co-demandada Palerva SA; así como que el actor se desempeñó en la tarea de cocción de empanadas en el marco de esa actividad empresaria.

La Juez a quo también en su pronunciamiento que el desconocimiento de la relación contractual efectuado por Empírica SRL -en respuesta la intimación que el enviara su empleado-, constituyó una injuria suficiente en los términos del art. 242 como para impedir la continuidad del contrato; y en esa inteligencia admitió su derecho a las indemnizaciones que reclamó ….

La codemandada Palerva SA no ha producido prueba que desvirtúe las afirmaciones del actor relativas a la fecha de ingreso, salario mensual y circunstancias que rodearon a la extinción del vínculo que se han tenido por acreditadas. Además, las características esenciales del vínculo que estableció con Empírica SRL y la finalidad a la que estaba dirigida su tarea vinculada a la elaboración de empanadas ha quedado suficientemente acreditada por vía de las concordantes declaraciones de los testigos más arriba mencionados; y, en la medida que se ha tratado de una única relación jurídica laboral (y que sólo queda analizar la posible responsabilidad solidaria de Palerva SA), no cabe sino concluir que la existencia de los hechos antes descriptos debe tenerse por acreditada con relación a todos los litisconsortes pasivos demandados en autos. Ahora bien, de las concordantes declaraciones de los testigos antes mencionados y de la de Rodríguez Alcaraz (fs. 196/197) y Duda ( 200/201) se desprende que la demandada Empírica SA se dedicó a comercializar los productos alimenticios (empanadas) que elabora Palerva SA que se identifican en plaza como “El Noble Repulgue”. De las declaraciones testimoniales analizadas se desprende -además- que el personal de Empírica SRL llevaban ropa con la identificación de “EL Noble Repulgue”; y que Palerva SA se ocupaba del armado de los locales en los que se comercializaban las empanadas por ella elaboradas y que supervisaba la cocción de dicho producto así como la limpieza del local. Duda -que afirmó haber trabajado en relación de dependencia para la codemandada Palerva SA- explicó que se desempeña en el sector de “imagen de franquicias” y que desarrolla tareas generales de infraestructura consistentes en el armado de locales desde instalaciones y preparado de infraestructuras tales como hornos, equipamientos y, marquesinas (ver fs. 200). Rodríguez Alcaráz -quien también se atribuyó el carácter de empleado de Palerva SA- dijo que los productos se controlaban a través de supervisores que, semanalmente, supervisaban la higiene y el orden, con respecto a la maquinaria la temperatura y el “ceteo”, del horno, y controlaban la temperatura del producto (ver fs. 197). De los testimonios analizados también se desprende que los empleados de Empírica SRL eran capacitados por personal de Palerva SA. Los términos del responde de la co-demandada Palerva SA dejan en claro que es una empresa dedicada a la elaboración de empanadas en fresco y que es titular de la marca “El Noble Repulgue”. Que el mencionado producto es fabricado en las instalaciones que tiene en la localidad de Garín, Pcia. de Bs. As. y que, desde allí, es distribuido diariamente para su cocción y venta al público (ver fs. 119). Como se ha visto más arriba, de las declaraciones testimoniales de Pereyra, Morales y Scherjman surge claramente evidenciado que la función del actor consistía en la cocción de las empanadas que -si bien eran comercializadas por Empírica SRL- elaboraba Palerva SA, por lo que es evidente que esta última resultaba beneficiaria indirecta de su actividad. Por otra parte, de los dichos de Rodríguez Alcaraz y Duda; y del contrato que adjuntó la codemandada Palerva SA al contestar la demanda (ver, por ejemplo, fs. 103 art. 1 en la que se dispone la entrega por parte de Palerva SA de un manual de operaciones a Empírica SRL y la facultad del franquiciante de efectuar modificaciones y agregados a dicho manual y fs. 107 pto. 5.3 en que se acuerda que Palerva SA fija el precio de venta) surge evidente que era esta empresa (y no Empírica SRL) la que definía las condiciones y modalidades bajo las cuales debían comercializarse las empanadas y, en definitiva, la que dirigía la política comercial a seguir por Empírica SRL. Desde esa perspectiva, creo evidente el Empírica SRL carecía de autonomía para fijar esa política. Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los elementos reseñados (conf.art.386 CPCCN y 90 LO), no se tarda en advertir que Palerva SA contrató (mediante el otorgamiento de una franquicia) a la co-demandada Empírica SRL para la colocación en el mercado de las empanadas que elaboraba, en condiciones aptas para el consumo; y que, tanto la política de comercialización como las condiciones de venta a los clientes captados a través de la gestión de esta última, era decidida e impuesta por aquélla. A mi entender, a la luz de las pruebas mencionadas, resulta claro que la actividad que despliega en este caso concreto la franquiciada o comercializadora no sólo se corresponde con la normal y específica propia del establecimiento de Palerva SA (aunque no lo haga “dentro” de ese establecimiento) sino que, además, se encuentra controlada y dirigida por ésta. En otras palabras, los servicios prestados por el accionante en favor de Empírica SRL y los que ésta, a su vez, brindó a Palerva SA coinciden con la actividad normal y específica propia de esta última pues están dirigidos, precisamente, comercializar y distribuir las empanadas que ésta elabora en su establecimiento en condiciones aptas para su ingesta (ver fs. 118 vta. y 119). Tal comercialización, como se vió, no sólo coincide con la actividad de la comitente principal, sino que, además, se lleva a cabo bajo el poder de organización y control ejercido por ésta en forma directa por lo que, a la luz de lo establecido en el art.30 LCT, es indudable que Palerva SA resulta solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con … por la restante co-demandada. La situación difiere de la analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora” porque en ese caso no existía coincidencia entre el objeto de una y la actividad desplegada en el establecimiento de la otra; mientras que, en la presente causa, la empleadora llevó a cabo una actividad de cocción y de comercialización de las empanadas que elaboraba Palerva SA en su propio establecimiento a esos fines. Sólo a mayor abundamiento agregaré aquí que, dadas las características especiales del contrato aludido entre las codemandadas, es indudable que la franquicia no se limitó a la mera concesión del uso de una marca o logo, o de un “know how”, ni a una modalidad en la cual el franquiciante no tuviera ningún grado de intervención ni de participación en la actividad desplegada por el franquiciado. Por el contrario, está claramente evidenciado a través de los elementos de juicio precedentemente reseñados que la franquiciante tenía injerencia y participación directa en la actividad de la franquiciada pues, ésta debía comercializar en forma primordial las empanadas producidas por Palerva SA bajo las condiciones establecidas y controladas por ésta. En otras palabras, la actividad de la franquiciada, más allá de su derecho al uso de una marca, o logo, no era absolutamente ajena a la actividad productiva de Palerva SA, a punto tal que estaba obligada por el contrato de franquicia a comercializar las empanadas producidas por la franquiciante en las condiciones fijadas por ésta. Desde otra perspectiva, puede decirse -sin lugar a dudas- que la actividad de la franquiciada constituía uno de los canales de comercialización para colocar en el mercado los productos elaborados por la codemandada Palerva SA en condiciones de ser ingeridos por el público.

En tales condiciones y con base en el citado art.30 de la LCT, tal como lo he adelantado, Palerva SA debe ser alcanzada, en forma solidaria, por la condena de autos en cuanto se refiere a los créditos reconocidos en favor del actor.

Sin perjuicio del resultado adverso a la postura de la codemandada Palerva SA que más arriba propicio, corresponde puntualizar aquí que la confección y entrega del certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T. es una obligación que, a mi entender, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido la responsabilidad solidaria de la persona codemandada, aún cuando no han empleado en forma directa los servicios del accionante. Desde esa perspectiva, no correspondería considerar excluída a la mencionada obligación de la solidaridad que deriva de la aplicación del art. 30 de la L.C.T. respecto a la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo que el trabajador establece con la sociedad empleadora. Si bien con respecto a una cuestión referida a la responsabilidad que deriva del art. 30 de la LCT -que es idéntica y que guarda analogía con la aquí analizada-, esta Cámara, a través de algunas de sus Salas, se ha expedido en el sentido recién indicado (Sala VI, S.D. N°54.363 del 14-9-01 “Arcioni, Verónica c/ Sportservice SA y otro s/ despido”; S.D.N°57.048 del 30-3-04, “Miño, Raúl c/ Sancro SRL”; Sala VII, S.D.N° 37.148 del 12-11-03, “Storino, Claudio c/ Exiter SRL y otros s/ despido”), estimo que, de existir alguna duda acerca del alcance de esa norma, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con el criterio indicado pues es la interpretación de la que deriva una solución más favorable para la trabajadora (conf. art. 9 LCT, ver SD Nro. 95.305 del 16.10.07, in re “Ramírez Leonardo Héctor c/ Nadelimp SRL y otro s/ despido”, del registro de esta Sala). Sin perjuicio de lo expuesto -que lo ha sido con la finalidad de dejar a salvo mi opinión personal-, en un precedente de esta Sala, sobre el tema debatido y a través del voto mayoritario coincidente de mis distinguidos colegas, los Dres. González y Maza, se ha resuelto que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, toda vez que se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador, calidad que la codemandada Palerva SA no reviste. (ver voto de la Dra. Graciela A. González, in re, “Statuto Néstor Raúl C/ Bian Tours S.R.L. y otros s/ despido” S.D. 94.826 del 09.03.07 en el cual -en relación al punto de divergencia- el Dr. Miguel Ángel Maza adhirió a su posición). En tal marco, por cuestiones de economía procesal y en la inteligencia de que la opinión del suscripto no ha de ser aceptada, he de dejar propiciado que no se extienda la condena a la codemandada Palerva SA de hacer entrega del certificado mencionado; ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por las eventuales sanciones derivadas de los incumplimientos en los que la principal pudiere incurrir al respecto (en similar sentido, esta Sala, in re “Garro, Amilcar y otros c/Transportes Metropolitanos Gral San Martín y otro s/ despido”, expte. 10.355/99, SD 88921 del 26.12.00; in re “Segovia Hilda Beatriz c/ Compañía de Sepelios San Irineo SRL y otros s/ despido”, expte. 13.972/2005, SD 95098 del 3.7.07).

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación. En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de las codemandadas, en forma solidaria, por haber resultado vencidas en los aspectos principales de la controversia.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la parte codemandada Palerva SA 10%; y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la recurrente y de la codemandada Palerva SA, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 35 % y 30% de la suma que corresponde a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la instancia de grado anterior y extender a Palerva SA, en forma solidaria, la condena referida -exclusivamente- a los créditos dinerarios admitidos en autos. 2°) Dejar sin efecto la forma en que fueran impuestas las costas y las regulaciones de honorarios y proceder a su determinación en forma originaria. 3°) Imponer las costas de ambas instancias, a cargo de las codemandadas vencidas, en forma solidaria. 4°) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la actora y de la codemandada Palerva SA, por los trabajos realizados en ambas instancias, y los de la perito contadora, de conformidad con lo resuelto en los considerandos respectivos. 5°) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente. — Miguel Ángel Maza Miguel. — Ángel Pirolo.


 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, 21/09/2005

2ª Instancia. — Buenos Aires, septiembre 21 de 2005.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I) Apela la codemandada Franquicias Argentinas S.A. el fallo de primera instancia que la condenó en forma solidaria e hizo lugar a la demanda por despido incausado entablada con invocación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

II) Con denodado esfuerzo, la recurrente intenta oponer el contrato de franquicia como un elemento defensivo determinante que, a su modo de ver, permitiría apartarse del principio general en materia de solidaridad regido por el art. 30 de la L.C.T.

No veo le veo razón. Me explicaré.

En primer lugar, porque no ataca debidamente una conclusión esencial del fallo; allí se juzgó que la actividad propia de Franquicias Argentinas S.A. consiste en elaborar, producir, comercializar y distribuir alimentos para el consumo humano (siendo las empanadas de “Sólo Empanadas” uno de ellos). En tal sentido, en el recurso sólo se agravia por que la “a quo” no habría distinguido entre “objeto y actividad social”, sin mayores indicaciones acerca de cómo y en qué medida influiría tal diferenciación en el sentido final del decisorio (art. 116 de la LO).

Firme entonces esta conclusión del decisorio de grado, cabe colegir sin hesitación que -en el caso de autos- no se trata de un empresario que “suministra a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución…” (como sostuvo nuestra Corte Suprema en el mentado fallo “Rodríguez…” Fallos 316:713) sino que la venta por terceros de los productos que ella elabora (y de los que se reserva también la posibilidad de “comercializar y distribuir”) hace a su actividad propia y específica y al cumplimiento de ese objeto social para el cual fue creada Franquicias Argentinas SA: está entonces a la vista que ésta no se limita pura y exclusivamente a la fabricación de productos alimenticios sino que se concreta y nutre esencialmente con la comercialización de los mismos, sin los cuales -hasta parece obvio- no tendría ningún sentido producirlos (cfme. arg. art. 30 de la L.C.T.).

Admitir lo contrario implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial le permitiría a la apelante desentenderse de obligaciones que la legislación laboral y previsional ponían a su cargo (v. de esta sala, en: “Escalante, Patricia Susana c. Grupo Meflur S.A. y otro s/ Despido”; S.D. 37.545 del 19.05.04).

III) A fin de complementar el análisis de la cuestión traída a debate, quiero poner especial énfasis también en que —tal como se vislumbra del análisis del responde (v. fs. 36/40)— la coaccionada basó su estrategia defensiva en que, conforme el contrato de franquicia suscripto con el Sr. AAA, la mentada “comercialización y distribución” se habría plasmado sólo en la venta del producto al franquiciado para que éste procediera a su posterior comercialización (claro está, bajo determinadas pautas y condiciones establecidas previamente en el contrato de franquicia).

Sin embargo, no hay ninguna prueba de que tales operaciones comerciales se hacen concertado en la forma indicada (v. auto de fs. 181, consentido y firme, por el cual se dejó sin efecto el cometido del Sr. perito contador); ni siquiera de los términos de los propios contratos que intenta hacer oponibles (v. fs. 19/32) surge referencia alguna a quién, de qué forma, y cómo se plasmaba el suministro de la mercadería, sino que allí sólo se comprometen a “la comercialización exclusiva de los productos elaborados por el franquiciante” (sic, cláusula 4ta.), circunstancia que es bien distinta (art. 377 del Código Procesal).

De esta forma, su postura queda muy debilitada, y -a mi juicio- se torna estéril el argumento defensivo ensayado por el cual intentó demostrar cierta “ajenidad”, a partir de esa acusada y supuesta (lo destaco una vez más, no probada) “venta” de los productos al franquiciado (art. 386, Cód. Procesal).

IV) Tampoco se esgrimen fundamentos atendibles y convincentes por los cuáles deba disminuirse, en algún grado (que tampoco se precisa), la condena en lo inherente al incremento de las indemnizaciones según lo dispone la ley 25.561 y el dec. 264/02, ya que no está discutido que el distracto se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, y -tal como esta Sala tiene decidido- corresponde incrementar las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y TODAS (lo destaco) las derivadas de la extinción del contrato de Trabajo en razón de la normativa laboral vigente (S.D. 36.628 del 25.04.03; autos: “Machin, Rubén Darío c. Crocco Hermanos Soc. De Hecho Y Otros S/ Despido”).

Por lo expuesto, propongo la confirmación íntegra del fallo recurrido.

V) Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que las sumas reguladas en su favor en concepto de honorarios son adecuadamente retributivas, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y , arts. 3 y 6 del dec. ley 16.638/57).

VI) De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la codemandada Franquicias Argentinas S.A. (art. 68 del C.P.C.C.N.) y que se fijen a favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes intervinientes en el 25% de lo regulado, a favor de cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839 -modificada por ley 24.432-).

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Ruiz Díaz no vota (art. 125 de la ley 18.345 —modificada por ley 24.635—).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en favor de los Sres. profesionales intervinientes en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de la codemandada Franquicias Argentinas S.A. 4) Fijar los emolumentos de esta instancia en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes en el 25% de lo regulado, a favor de cada uno de ellos, por su actuación en la anterior. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2° del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. N° 6/ 05). — Néstor M. Rodríguez Brunengo. — Estela Milagros Ferreirós.

 

 

 


 

 

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