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Un Comentario

leyes contra la discriminación

| El 10, Jun 2015

Actualizado al 27 de junio de 2016. Qué dicen las leyes en contra de la discriminación en la Argentina, cómo están penados os actos discriminatorios, qué se considera discriminación y cómo se prueba, adónde acudir en caso de discriminación por edad, sexo y más causales.

Como suele suceder, el marco normativo argentino es equiparable al de los países escandinavos. El tema es cuánto de esto se cumple. En esta oportunidad, la Ciudad de BA acaba de sumar una nueva ley a las leyes contra la discriminación en Argentina. Para eso, harán falta recursos y demás políticas de Estado, porque al igual que la  ley contra la violencia de género, requiere un rol activo del Estado.

 

Nueva ley local contra la discriminación

La nueva ley presenta algunos lineamientos interesantes, como los “pretextos discriminatorios”, que antes enunciaba la ley nacional (podés leer ambas abajo y acá algunas sentencias relativas a casos laborales), y que ahora amplía la ley local.

Entre esos “pretextos”, la ley menciona a la etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, img-thingconvicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

¿Y cómo se prueba la discriminación? Los jueces venían diciendo que la carga de la prueba es dinámica, corresponde probar a quien mejor condiciones tenga para hacerlo. Ahora, según la nueva ley, cuando una persona alegue haber sufrido discriminación y exponga motivos que “prima facie sean idóneos para inducir su existencia“, entonces, según la nueva ley porteña, corresponderá a la parte demandada (sindicado como discriminador), “a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación“. Es decir, en ciertos casos, parece invertir la carga de la prueba y pesa sobre el denunciado, por ejemplo, una empresa, probar que no discriminó. ¿Esto es razonable? Abro el debate y podés dejar tu comentario.


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Existen grupos vulnerables, tradicionalmente discriminados, a los que la ley intenta proteger. ¿Cómo? Según las leyes contra la discriminación, esa conducta de distinción o exclusión por alguno de los motivos prohibidos o irrazonables, abre varios procesos, el administrativo, por la denuncia ante el INADI o, ahora, el gobierno porteño, el proceso civil para reparar el daño, y el penal o contravencional. En este último caso, las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de querellantes. A continuación el texto completo de la ley.

 

Se trata una nueva ley a nivel nacional

La comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados trata un proyecto que sintetiza el de los diputados Larroque, Conti y Carlotto, según informó la Fundación Vía Libre.

El texto amplía el concepto de acto discriminador y suma entre los sujetos obligados por la ley a los medios de comunicación y sitios de internet, en particular, todos aquellos que cuenten con espacio para contenidos producidos por usuarios tales como foros y redes sociales: «son páginas, blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y otros sitios de internet que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios». Acá el texto que se debate: DICTAMEN-ACTOS-DISCRIMINATORIOS-Final

Ahhh, y si te dicen «Gracias, guachín» hay que responder «Eh, altashanta, todo piola» (resolución INADI ; ) Pero la ley no dice que no debe hablarse más de «agujeros negros» sino de «agujeros opacos», y tampoco amenaza con multas astronómicas… Ampliaremos.

 

Adónde acudir en caso de discriminación

El lugar adonde acudir depende del tipo de discriminación, peor en general:

-El INADI puede orientar y emitir un dictamen que, sin capacidad de sancionar, puede servir de prueba

-acción penal, como agravante, para pedir el cese y una condena penal

-acción civil para obtener un resarcimiento por el hecho discriminatorio

Si la discriminación se presenta en un trabajo, seguramente se dilucide en el ámbito de la justicia laboral. En toda causa de discriminación, la prueba es esencial, por lo cual los testigos, documentos, videos, SMS y mensajes, mails y demás son claves.

 

Presentan proyecto de ley a nivel nacional

Según publicó el portal Parlamentario, los senadores nacionales Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath redactaron un proyecto de ley nacional para la prevención, sanción y erradicación de los actos discriminatorios que amplía el espectro de los hechos discriminatorios y modifica la ley actual.

Entre los principales aportes de la iniciativa, se encuentra la extensión de los pretextos discriminatorios, que se fundamenta en lo establecido por convenciones, tratados, legislaciones y fallos de carácter internacional sobre Derechos Humanos. De esta manera, la ley nacional de actos discriminatorios se adecuaría a la legislación internacional. Además, el proyecto incorpora el principio pro-persona, es decir, que de existir ambigüedad prevalece la interpretación que más favorezca la protección de los derechos y la dignidad de la persona afectada.

Otra de las novedades es que invierte la carga de la prueba en las causas judiciales sobre actos discriminatorios. Esto implica que le corresponde al victimario la responsabilidad de demostrar la inexistencia de la discriminación denunciada por la víctima. Esta inversión de la carga de la prueba también vale para el Estado.

A su vez, el proyecto establece que pueda existir la intimación al cese entre las disposiciones de sentencias judiciales que sancionen actos discriminatorios. Esta disposición, que puede aplicar tanto para privados como para el Estado, tiene efectos significativos en la ley de contrato de trabajo porque implica que, por ejemplo, un empleado que haya sido despedido por discriminación pueda recuperar su puesto, más allá de la indemnización integral que pueda recibir por el daño que se le causó.

Finalmente, el proyecto de ley propone establecer agravantes por discriminación para todos los delitos del Código Penal, lo que implica la posibilidad de que se aumenten las condenas en aquellos casos que se compruebe que el móvil para la comisión del delito sea de carácter discriminatorio.


Anexo con leyes contra contra la discriminación en Argentina

LEY N.º 5261 Buenos Aires, 9 de abril de 2015 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único: Objeto

Artículo 1°.- Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por objeto: a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas. b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano. c) sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Art. 2°.- Tipología. A los efectos de esta Ley, el término “discriminación“ incluye, en particular: a) Discriminación de jure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los derechos. La discriminación de jure puede manifestarse directa o indirectamente: i) Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción o menoscabo. ii) Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida. b) Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente.

Art. 3°.- Definición. Se consideran discriminatorios:

a) Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o segregación.

c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales.

En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características de la persona afectada. Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como discriminatorias. Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para su realización.

Artículo 4°.- Acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla para promover la igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran discriminatorias. No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas y/o académicas que versen sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados dogmas a debate. Art. 5°.- Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.

TÍTULO II MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Capítulo I: Acciones judiciales y/o administrativas

Art. 6°.- Reparación.- La persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal. La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con consentimiento del o los afectados o aun sin su consentimiento cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

Art. 7°.- Cese del acto discriminatorio. La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización. En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos. La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de los actos discriminatorios denunciados.

Capítulo II: Procedimiento Art. 8°.- Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales. Las acciones que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo a las disposiciones específicas que emergen de la presente Ley.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de autoridades del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al poder de policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro caso que correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho, acto u omisión denunciada. Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás aplicables también las disposiciones de esta Ley.

Art. 9°.- Acciones Administrativas. La promoción y tramitación de las denuncias administrativas que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N°1510/97).

Art. 10.- Legitimación. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.

Art. 11.- Legitimación penal. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas mencionados en el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción penal en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que tramiten en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas acciones que dependan de instancia privada y o sean acciones privadas conforme el artículo 71 del Código Penal. Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de querellantes. En todos los casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.

Art. 12.- Amicus Curiae. Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as técnicos/as, peritos u otras formas que disponga el tribunal.

Art. 13.- Carga dinámica de la prueba. En los procesos promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria, resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir su existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal o contravencional.

Art. 14.- Intervención de la autoridad de aplicación. En los procesos judiciales o administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que ésta se expida sobre la existencia o no de un acto discriminatorio.

Capítulo III: Sentencia

Art. 15.- Reparación del daño colectivo. Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que exista una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del daño colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan. La reparación del daño deberá contener una o varias de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio: a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la discriminación. b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación. c) Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo discriminado. d) Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado. e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.

Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados, desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.

Art. 16.- Sensibilización, capacitación y concientización. La condena por discriminación, tanto en procesos individuales como colectivos, deberá contener medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán consistir en: a) asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación; b) realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia, vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena; c) cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y principios de esta Ley. El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes.

TÍTULO III PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN

Capítulo I: Prevención de actos discriminatorios

Art. 17.- Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad. Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como, espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple. El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos. Capítulo II: Difusión Art. 18.- Difusión por medios gráficos y audiovisuales. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando las problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones, pretextos y formas de discriminación.

Art. 19.- Difusión en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios para difundir en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la presente Ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante actos u omisiones discriminatorias.

Art. 20.- Difusión en la administración pública. Las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno, considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación, arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios.

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Capítulo Único: Autoridad de Aplicación Art. 21.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo. Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo – Pérez.

 

 

Ley 23.592
PENALIZACION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

Ley 23.592

PENALIZACION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS.

BUENOS AIRES, 3 de Agosto de 1988

BOLETIN OFICIAL, 05 de Septiembre de 1988

Vigentes

GENERALIDADES

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 4

TEMA

DERECHOS HUMANOS-DISCRIMINACION-DISCRIMINACION RACIAL O

RELIGIOSA-DISCRIMINACION POR MOTIVOS IDEOLOGICOS, POLITICOS O

GREMIALES-DISCRIMINACION POR CONDICION ECONOMICA O

SOCIAL-PROPAGANDA DISCRIMINATORIA-PENA-AGRAVANTES DE LA PENA

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

artículo 1:

ARTICULO 1.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja ode algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitariasde los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, adejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realizacióny a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmentelos actos u omisiones discriminatorios determinados por motivostales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opiniónpolítica o gremial, sexo, posición económica, condición social ocaracteres físicos.

Ref. Normativas: Constitución Nacional (1853)Constitucisn Nacional

artículo 2:

ARTICULO 2.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio elmáximo de la escala penal de todo delito reprimido por el CódigoPenal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución uodio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto dedestruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial oreligioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de laespecie de pena de que se trate.

Ref. Normativas: Código PenalCsdigo Penal

artículo 3:

ARTICULO 3.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres añoslos que participaren en una organización o realizaren propagandabasados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de ungrupo de personas de determinada religión, origen étnico o color,que tengan por objeto la justificación o promoción de ladiscriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren oiniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos depersonas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideaspolíticas.

artículo 4:

*ARTICULO 4.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en elingreso a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público,en forma clara y visible el texto del artículo 16 de laConstitución Nacional, junto con el de la ley.

Modificado por: Ley 24.782 Art.1Incorporado. (B.O. 03-04-97).

Ref. Normativas: Constitución Nacional (1853) Art.16

artículo 5:

*ARTICULO 5.- El texto señalado en el artículo anterior, tendráuna dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) de ancho,por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente.En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado conla siguiente leyenda:”Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrira la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienestienen la obligación de tomar su denuncia.

Modificado por: Ley 24.782 Art.2Incorporado. (B.O. 03-04-97).

artículo 6:

ARTICULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FIRMANTESPUGLIESE – MARTINEZ – BRAVO – MACRIS.

 

patito

Comentarios

  1. Actualmente qué ley hay en vigencia que aplique a toda la provincia de Buenos Aires (no solo CABA)? Gracias!

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