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Nueva ley de honorarios de abogados para la Ciudad de Buenos Aires

| El 17, Feb 2015

Cuáles son los mínimos que puede pedir un abogado. Una nueva ley fija escalas arancelarias mínimas para los profesionales del derecho, y esto ya genera polémica. Actualizado a mayo de 2017.

Honorarios del abogado

En el orden nacional (juzgados federales) hay una ley que regula los honorarios de abogados, con mínimos y máximos pero cada provincia tiene la propia. Y desde hace unos meses también la Ciudad de Buenos Aires. Esta nueva ley, en líneas generales, incrementa los honorarios de los profesionales del derecho que ejerzan en la Ciudad.

Desde ya, quien no pueda pagarle a un abogado/a igual tiene derecho a que el Estado le provea un defensor o patrocinio, y es el propio Colegio Público el encargado de organizar ese servicio. Por ley, los abogados tenemos esa carga pública. En este otro artículo cuento algo más del tema.

A continuación algunos puntos de la ley y algunos consejos prácticos a la hora de negociar los honorarios.

 

Abogados que laburan en relación de dependencia

Aunque hubo algunos avances, el abogado en dependencia suele firmar una cesión de honorarios, por escritura pública al ser un derecho litigioso, a favor del Estudio grande.  Estos convenios, en principio, son válidos e incentivan, en muchos casos, a retomar la profesión en forma independiente o a negociar algún bonus por el éxito de los casos que lleven.


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La ley de la Ciudad innova diciendo que los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en relación de dependencia con el Estado y/u organismos públicos, que deben ser pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable del profesional. Es decir, pasan a ser del abogado y no del Estado.

 

Actuación conjunta de abogados

Si dos abogados actúan en la misma causa, sus honorarios se dividen:

—Como en el juicio actuamos yo y mi socio, nos debe el doble de honorarios.

—Eso es ilegal, Doc. La ley arancelaria dice que se los reparten.

 

Escalas de honorarios

La nueva ley y esta resolución honorarios del Consejo de la Magistratura fijan las escalas de honorarios mínimos. Por ejemplo, para un divorcio por presentación conjunta el mínimo sería algo de $ 19.500.

Por redactar una carta documento, algo de $ 800. Por redactar un boleto de compraventa, algo de Redacción de boleto de compra venta, del 1 al 5 % del valor del inmueble, con un mínimo de $ 2.500 y así. Cualquier duda se puede consultar con el Colegio Público de Abogados. En la práctica, se incrementaron los honorarios profesionales, a pedido de esta entidad que nuclea a los matriculados.

 

 

lawyer

A quiénes se aplica la nueva ley

Según esta decisión reciente, la nueva ley se aplica a las regulaciones de honorarios para procesos en curso durante la vigencia de la ley anterior. En el caso, elevaron la suma de honorarios de $1.000 a $7.000 (valores aproximados). En este caso Honorarios puede verse la sentencia completa.

En disidencia, votó la Dra. Seijas quien dijo que no es aplicable la ley nueva a los juicios anteriores porque «de lo contrario se atribuiría a esa norma un alcance retroactivo que no resulta conciliable con la protección del derecho de propiedad del obligado al pago».

 

Honorarios en los juicios

En un juicio de daños y perjuicios, el máximo de honorarios es el 35%; sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio. En una sucesión, el abogado cobra (aprox.) 8% al 18% del valor real del inmueble (o 150% del valor fiscal) salvo pacto de honorarios. Para las jubilaciones y juicios de alimentos, el máximo es el 20%.

Para los juicios laborales, ver este otro artículo reciente acá.

En resumen, como consejos prácticos: firmar un convenio de honorarios con el abogado/a, pedir recibos de gastos y factura, intentar que los pagos sean por etapas, ver el expediente (es un derecho) y pedir copia certificada de originales (documentación original y demás).

La parte que pierde el juicio paga los honorarios que regule el juez, a favor de ambas partes, más los que haya pactado con su abogado/a. En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria (estimables en dinero), por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre el 11% y el 25% de su monto. Por ejemplo, en un juicio por cobro de alquileres en el que se reclama $50.000 de capital e interés, el juez podría regular $10.000 de honorarios, que es el 20%. Además, quien pierde el juicio debe pagar los costos de peritos, tasa de justicia y otros. Quien gana, debe pagar lo pactado a favor de su abogado/a, pues aquello que regule el juez lo paga la parte que pierde. Sobre lo primero, es posible regularlo por pacto privado, de ahí la importancia de negociar de antemano.

 

Desde la mirada del abogado

Viendo la cuestión en contexto, también debe entenderse la responsabilidad que implica hacerse cargo de un asunto legal. Hay reglas estrictas de disciplina, ética y responsabilidad profesional (si falla es mala praxis) al tomar un caso.

Además, implica delegar en un profesional, con conocimiento específico, todo un problema. «Okey, ya no tenés que preocuparte más del tema, tus problemas legales son ahora mis problemas», dijo un abogado Sam Glover al contar del tema. Por eso, todo depende de la contraprestación y de cuan bien se lleva un asunto. Y tener honorarios acordes implica garantizar eso: te pago bien, atendé bien mi caso (ver más del tema, acá).

Por otro lado, es importante reforzar el “acceso a la justicia”, esto es que los colegios profesionales no solo defiendan su interés gremial sino además den asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a favor de la comunidad, como marca la ley.

 

_¿Cuáles son tus honorarios como abogado?

_US$1.000 las tres preguntas.

_Faaa, medio caro, no?

_No, ¿Y tu tercera pregunta?

La crítica de Bloque Constitucional – se perjudica al ciudadano

Para algunos, fijar honorarios mínimos no solo viola derechos sino que genera el efecto contrario al buscado. Desde Bloque Constitucional dicen:

Con la mejor intención se suele presentar el carácter de orden público de los mínimos arancelarios como una herramienta de fomento para el profesional de reciente graduación o que ejerce individualmente, por oposición al abogado supuestamente más próspero que trabaja en grandes firmas o al servicio de clientes económicamente poderosos. El orden público no es una herramienta que necesariamente beneficie al pequeño cuentapropista.

Éste suele ser atractivo para quienes demandan servicios porque, además de ofrecer la calidad que su cliente pretende, lo hace a cambio de un honorario atractivo gracias a que puede operar con una estructura modesta y por ende con menores costos. Si el orden público le impide competir con los grandes por precio, pareciera que será perjudicado y no beneficiado al quitársele esa ventaja competitiva.
El Proyecto regula los pactos de cuotalitis, sobre los que establece, esta vez, sólo honorarios porcentuales máximos (art. 6).

No dice expresamente que esa forma de contratación deba considerarse una excepción a la prohibición general de renunciar a todo honorario futuro (art. 5) de modo que el abogado pueda pactar un honorario igual a cero si el resultado del pleito es adverso. Pareciera que esa autorización está implícita porque indica que superado cierto porcentaje de honorarios pactados el abogado deberá hacerse cargo de los gastos y costas del pleito, lo que indicaría una naturaleza totalmente asociativa en esa contratación, pero es tan sólo una deducción y algo forzada. Los honorarios contingentes, además de ser habituales, legítimos y éticamente admisibles, son aplicados también por abogados que ejercen individualmente como una forma de atraer clientela. Esa clientela a veces no tiene la capacidad económica necesaria para financiar un pleito mediante adelantos de honorarios. Poner en dudas con esta confusa técnica legislativa los límites de su licitud puede funcionar como otra barrera de acceso a la justicia.

Determinar si el orden público es bueno o malo para los abogados, para los clientes de los abogados y para la sociedad en su conjunto es un tema que compete analizar a la Economía y no al Derecho. Entre los economistas existe una desarrollada especialidad que estudia los mercados regulados; qué le ocurre a los oferentes y qué le ocurre a los demandantes cuando se pasa de un sistema de precio libre a un sistema regulado o de tarifa, o al revés. Y esos efectos ocurren con independencia de que el intérprete sea partidario del libre cambio o de una mayor intervención regulatoria.

No tenemos autoridad profesional para opinar desde la Economía pero sí sabemos a qué se dedica. Entre otros fenómenos, estudia los efectos del llamado excedente del consumidor (la diferencia entre el precio que el demandante paga hoy por un bien y el precio mayor que estaría dispuesto a pagar), el excedente del productor (la diferencia entre el precio que el oferente estaría dispuesto a aceptar y el precio mayor que el consumidor hoy le paga), la elasticidad (la medida en que aumenta o disminuye la demanda de un servicio al aumentar o disminuir su precio) y la sustitución (en virtud de la cual al aumentar un precio los consumidores tienden a reemplazarlo en alguna medida por otro que pueda cumplir funciones similares, como los abogados internos de empresa). No hemos encontrado evidencia alguna de que las organizaciones profesionales que impulsan el Proyecto hayan tenido en cuenta estudios al respecto o, en caso de haberlo hecho, que hayan debatido sus conclusiones.

Además, lo valoremos bien o mal, la prestación de los servicios profesionales cada vez es más difícil de ser encorsetada a través de una regulación que tenga en cuenta un criterio territorial, dado el fenómeno de la deslocalización de actividades propio de la sociedad de la información. Respecto de las tareas tradicionales de representación y patrocinio judiciales existe un punto de conexión territorial muy fuerte porque se prestan con relación a un caso que se tramita en determinada jurisdicción, que fija la norma aplicable para determinar los honorarios. Pero esa concepción se vuelve cada día más anacrónica a medida que crecen las posibilidades de encomendar determinadas fases de la labor a abogados que no necesariamente se encuentran en la misma jurisdicción donde tramita un proceso.

Es creciente la utilización de los servicios de tercerización de procesos legales (LPO, por sus siglas en inglés) que prestan abogados a empresas y estudios jurídicos de otros países, en especial de habla inglesa, y que también abarcan el apoyo a la gestión contenciosa. Por ejemplo, según un estudio de 2010 el número de firmas de tercerización de procesos legales en India creció de 40 a fines de 2005 a 140 en 2009, los ingresos generados en esta actividad habían aumentado un 38% en dos años y, en función de la tendencia, superarían los 1.000 millones de dólares anuales en 2014. 17 Sólo hay que dividir ese importe por el honorario promedio que los abogados indios cobran por hora para ver cuánta demanda incremental se ha generado en aquel país. Esa demanda ha permitido dar trabajo a una cantidad de abogados equivalente al que tendrían, sumados, muchos estudios jurídicos nuevos de cientos de abogados cada uno. El fenómeno de deslocalización ocurre ya en Latinoamérica, especialmente en servicios jurídicos internos de empresas multinacionales (también en algunas de origen argentino), y no tardaremos en ver cómo se generaliza entre distintas jurisdicciones de un mismo país y entre distintos países en el ejercicio privado de la profesión.

El concepto mismo de radicación o domicilio es cada vez más débil como criterio para determinar adónde se ejerce la profesión de abogado. Los avances en materia de comunicaciones hacen que ya no sea condición para ello disponer de una oficina, elemento que resultaba imprescindible cuando el abogado debía trabajar sobre la base de información almacenada en papel que, además, debía conservar obviamente en archivos físicos. Cualquier disco rígido o servicio de almacenamiento en la nube permiten hoy guardar mucha más información que la que podía almacenar el fichero tradicional de un estudio jurídico, con posibilidad de un procesamiento más eficiente y por un costo despreciable.

Eso hace más agresiva a la competencia dentro de la profesión, más flexible la posibilidad de trabajar en red entre profesionales de distintas organizaciones y ubicados en distintos lugares (el modelo del estudio jurídico no es ya la única forma de ejercicio posible) y muy poco útil a las regulaciones para mitigar los efectos de esa dinámica competitiva, sea ésta o no del gusto de quien la interprete. (fuente)

 

 


Valor UMA -Escala arancelaria para abogados CABA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 5134, de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actuación Nº 8009/16 y según la Resolución Presidencial Nº 437/16. Se fijó el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($1.225) a partir del mes de julio de 2016.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 5134, de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actuación Nº 8009/16 y según la Resolución Presidencial Nº 437/16. Se fijó el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) en la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS ($1.323) a partir del mes de noviembre de 2016.

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2014.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

 

HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TITULO I.-
Disposiciones generales.-

CAPITULO 1. Ámbito y presunción.-

Artículo 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial y/o extrajudicial y/o administrativa, y/o trámite de mediación, que actuaren como patrocinantes o como apoderados, cuando la competencia correspondiere a los tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así toda actividad profesional desplegada en esta jurisdicción, se regularán de acuerdo con esta ley cuya aplicación es de carácter obligatorio para los Magistrados intervinientes.

Artículo 2°.- Los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de dependencia en calidad de abogados, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, salvo prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario y en consecuencia es personalísimo, sólo embargable hasta el veinte por ciento (20%) del monto a percibir y gozan de privilegio especial. En el supuesto caso que la regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, será inembargable.

El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado.

CAPITULO 2. Contrato de honorarios y pactos de cuota litis.-

Artículo 4°.- Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en la presente ley, así como la forma y oportunidad de su pago, ya sea por su actividad judicial o extrajudicial y sin otra limitación que lo dispuesto en el artículo 5. El contrato será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios, de haber suscripto el mismo.

Los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de la condena en costas que correspondiere abonar a la contraria.

En ningún caso, el convenio celebrado ex post será oponible a los letrados que hubieren intervenido en el proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco podrán ser homologados judicialmente.

Artículo 5°.- Toda renuncia anticipada de honorarios, pacto o convenio que genere competencia desleal o precio vil, será nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se pactare con ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge o hermanos del profesional.

El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o pactado honorarios que generen competencia desleal o por precio vil, siempre que así lo determine una resolución firme no apelada o confirmada judicialmente de la autoridad de defensa de la competencia o sentencia judicial firme según sea el caso, será considerado incurso en falta de ética y será pasible de suspensión en la matrícula de seis meses a un año. La mencionada resolución o sentencia judicial deberá ser notificada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En caso que hubiere reclamado el pago u honorarios superiores a los pactados, según fuere el caso, la sanción podrá elevarse al doble del tiempo según lo disponga el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el sistema sancionatorio de la Ley Nacional N° 10.996 y sus modificatorias para el caso de los Procuradores.

Es facultativo de los letrados y sus clientes presentar los convenios en el expediente judicial, sin perjuicio de su validez entre ellos. Aquella parte y/o letrado que pretenda que el magistrado regule los honorarios del modo pactado en el convenio, deberá presentarlo en los actuados, y se aplicará siempre que el convenio o pacto no genere competencia desleal y/o estipule un precio vil, de conformidad con lo prescripto en el segundo párrafo del presente artículo. En cualquier otro supuesto y en caso de duda sobre la legalidad del instrumento, sus firmas, su contenido o en caso de simple ausencia del instrumento, el juez no podrá apartarse de los parámetros establecidos en esta ley.

Artículo 6°.- Los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de cuota litis, por su actividad en uno o más asuntos o procesos, en todo tipo de casos, con sujeción a las siguientes reglas:

  1. Se redactarán en doble ejemplar antes o después de iniciado el juicio.
  2. No podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio.
  3. En los asuntos previsionales, de alimentos y de menores que actuaren con representante legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar el veinte por ciento (20%).
  4. Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente.
  5. El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el mismo se refiere.
    En cualquier momento, podrán requerir su homologación judicial.
  6. Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o procuradores inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o Colegio de Procuradores de la Capital Federal.
  7. En los asuntos laborales no será necesaria la ratificación del pacto en sede laboral.
  8. La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que aquella hubiese sido motivada por culpa debidamente probada en sede judicial del abogado o procurador, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si correspondiere.
  9. El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, puede apartarse del juicio voluntariamente en cualquier momento. En tal caso quedará sin efecto el contrato, salvo pacto en contrario y sus honorarios se regularán judicialmente.

Artículo 7°.- Todo recibo de honorarios, con imputación precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta del que corresponda según lo establecido por esta ley.

Artículo 8°.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal registrará a pedido de parte, los contratos de honorarios y pactos de cuota litis.

Artículo 9°.- Es nulo el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o procurador matriculado y otra persona que no detente dichos títulos.

Artículo 10.- Cuando se demanden honorarios convenidos provenientes de labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por la ley procesal, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario cuando el convenio se encuentre registrado ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o sus firmas fuesen certificadas por Escribano Público. La actuación judicial prevista en el presente artículo, no devengará tasa judicial ni sellado.

TITULO II.-
Naturaleza jurídica y modalidades del pago de honorarios.

CAPITULO 1. Obligación del pago del honorario.-

Artículo 11.- Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional, judicial y/o extrajudicial, y/o administrativa y/o mediación, podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se harán entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, y/o disponer su archivo y/o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en el Colegio pertinente.

Cuando de lo actuado surja la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas donde se realizó el trámite, deberán exigir la constancia de haberse satisfecho los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional notificado de conformidad con el último párrafo precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado. Es obligación del magistrado y/o autoridad administrativa interviniente velar por el fiel cumplimiento del presente artículo.

Artículo 12.- La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial – a su elección- de todos o de cualquiera de ellos.

Artículo 13.- Cuando un profesional se aparte de un proceso o gestión antes de su conclusión normal, puede solicitar regulación provisoria de honorarios, los que se fijarán en el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones cumplidas, sin perjuicio que al dictarse sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la actuación profesional. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva, cuando la causa estuviere sin tramitación por más de un año por causas ajenas a su voluntad.

El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionante representó o patrocinó, la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de repetir de conformidad al resultado sobre costas.

CAPITULO 2. Principios generales sobre honorarios.-

Artículo 14.- El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y gastos cuando su contrario resultase condenado en costas.

Artículo 15.- Cuando en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno y a la importancia jurídica de las respectivas actuaciones.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, el honorario se regulará considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. Los honorarios de los procuradores se fijarán en un cincuenta por ciento de los que por esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. Cuando el abogado actuare en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere correspondido a ambos.

Artículo 16.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad.

La mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido.

El profesional al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, debiendo el juez tener especial atención a la misma y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 17.- Cuando el objeto de un proceso no pueda ser evaluado por ningún procedimiento, se tendrá en cuenta al regular los honorarios:

  1. El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria.
  2. El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada.
  3. La complejidad y novedad de la cuestión planteada.
  4. La responsabilidad que, de las particularidades del caso, pudiera haberse derivado para el profesional.
  5. El resultado obtenido.
  6. La probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos.
  7. La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate.

En ningún caso podrán los jueces apartarse de los mínimos establecidos en el artículo 60 de la presente ley.

Artículo 18.- En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional podrá actuar como parte y/o peticionario en protección de sus derechos a la regulación de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga derecho de acuerdo al resultado del pleito o en protección a la ejecución del convenio y/o pacto celebrado con su cliente en los términos de lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 de la presente ley.

Artículo 19.- Los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema fijado para los profesionales en la presente ley.

TITULO III.-
Honorarios mínimos arancelarios.-

CAPITULO 1. De la unidad de medida arancelaria.-

Artículo 20.- Instituyese con la denominación de UMA (Unidad de Medida Arancelaria), a la unidad de honorarios profesional del abogado o procurador, que representará el uno y medio por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando las fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA.

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en el artículo 24 y siguientes, los honorarios mínimos que corresponde percibir a los abogados y procuradores por su actividad profesional resultarán de la cantidad de “UMA“ que a continuación se detallan:

  1. Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria.
    a. Divorcios contradictorios 30 UMA
    b. Divorcios por presentación conjunta o artículo. 214, CC 15 UMA
    c. Adopciones 30 UMA
    d. Tutela y curatela 20 UMA
    e. Insania y filiación 30 UMA
    f. Impugnación y petición de estado 30 UMA
    g. Tenencia y régimen de visitas 15 UMA
    h. Exclusión del hogar 15 UMA
    i. Veeduría 15 UMA
    j. Informaciones sumarias 3 UMA
    k. Incidente de excarcelación y/o exención de prisión 30 UMA
    l. Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba 15 UMA
    m. Acta de juicio abreviado 10 UMA
    n. Actuación hasta la clausura de la instrucción 30 UMA
    ñ. Actuación desde la clausula de la instrucción hasta la sentecia 30 UMA
    o. Acción colectiva 40 UMA
    p. Asuntos de Faltas 15 UMA
    q. Asuntos Contravencionales 20 UMA
    r. Asuntos Penales en general 30 UMA
    s. Todo asunto en lo Contencioso, Administrativo y/o Tributario que por algún motivo no pueda establecerse su valor en dinero 40 UMA
  2. Honorarios mínimos por la labor extrajudicial
    a. Consultas verbales 0,5 UMA
    b. Consultas con informe 1 UMA
    c. Redacción de cartas documento 1 UMA
    d. Estudio o información de actuaciones judiciales y/o administrativas 2 UMA
    e. Trámites administrativos ante la autoridad de aplicación 3 UMA
    f. Trámites ante la Inspección General de Justicia
    u organismos similares en el ámbito de la CABA 5 UMA
    g. Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos 3 UMA
  3. Honorarios por redacción de contratos
    a. Redacción de contratos de locación del 1 al 5 % del valor del contrato, con un mínimo de 2 UMA
    b. Redacción de boleto de compra venta del 1 al 5 % del valor del mismo, con un mínimo de: 3 UMA
    c. Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de asociaciones, fundaciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3 % del capital social, con un mínimo de 8 UMA
    d. Redacción de otros contratos del 1 al 5 % del valor de los mismos, con un mínimo de 3 UMA
    e. Para gastos administrativos de estudio, para iniciación de juicios 1 UMA
  4. Honorarios por redacción de denuncias penales (sin firma de letrado) 3 UMA.

CAPITULO 2. Honorarios de abogados en relación de dependencia con el Estado y organismos públicos.-

Artículo 21.- Los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en relación de dependencia con el Estado y/u organismos públicos, que deben ser pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable del profesional.- Podrán ser participados con otros abogados del mismo cuerpo del que dependan.

Artículo 22.- Los abogados y/o procuradores en relación de dependencia con el Estado y organismos públicos, no tendrán derecho en ningún caso a percibir honorarios de éstos cuando hubieren sido vencidos en costas, o tomare a su cargo los honorarios en virtud de transacción judicial o extrajudicial en los litigios que hubiere participado como actora, demandada o tercerista, o en cualquier otro carácter.

CAPITULO 3. Forma de Regular los Honorarios Profesionales. Abogados. Pautas generales.

Artículo 23.- En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su monto.

Cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. Las regulaciones no superaran, en total, el cincuenta por ciento (50%) que resulte de la aplicación de la respectiva escala arancelaria.

En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay una sola parte.

Monto del proceso.

Artículo 24.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios, la cuantía del asunto será el monto de la liquidación que resulte de la sentencia o transacción por capital, actualizado si correspondiere, e intereses.

La actualización monetaria y los intereses fijados en la sentencia o transacción, siempre deberán integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad.

Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, si ello fuere pertinente, disminuido en un cincuenta por ciento. Si del resultado el honorario a regularse fuere inferior a la escala arancelaria se aplicará esta última.

Para el caso que el honorario deba ser abonado por la parte que logró el rechazo de la demanda o reconvención, los honorarios regulados en la forma establecida en el primer párrafo, serán reducidos en un treinta por ciento (30%).

Artículo 25.- Sin perjuicio de la pauta general establecida en el artículo 23, cuando el monto de los procesos sea susceptible de apreciación pecuniaria, se determinará:

  1. Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en que se practique la regulación, incrementada en un cincuenta por ciento (50%). No obstante reputándose a ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a él o los obligados. En caso de oposición, el juez designará perito tasador. De la pericia se correrá traslado por cinco (5) días. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el o los obligados, las costas de la pericia serán soportadas por este último; de lo contrario, serán a cargo del profesional.
    Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la regulación de honorarios.
  2. Cuando se trate de bienes muebles o semovientes, se tomará como cuantía del asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de la posibilidad de efectuarse la determinación establecida en el inciso anterior.
  3. Cuando se trate de cobro de sumas de dinero provenientes de obligaciones de tracto sucesivo se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus accesorios, hasta el momento del efectivo pago.
  4. Para derechos creditorios: el valor consignado en los documentos respectivos, deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que justifique el interesado.
  5. Para títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier entidad bancaria oficial.
    Si por esta vía fuese imposible lograr la determinación, se aplicará el procedimiento del inciso a) del presente artículo.
  6. Para establecimientos comerciales, industriales o mineros: se valuará el activo conforme las normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve la contabilidad en legal forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez por ciento que será computado como valor llave.
  7. Para usufructo o nuda propiedad: Se determinara el valor de los bienes conforme el inciso a) de este artículo.
  8. Para uso y habitación: Será valuado en el diez por ciento (10%) anual del valor del bien respectivo, justipreciado según las reglas del inciso a) del presente artículo y el resultado se multiplicara por el número de años por el que se transmite el derecho, no pudiendo exceder en ningún caso el ciento por ciento de aquel.
  9. Para bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo.

Allanamiento. Desistimiento. Transacción. Caducidad.-

Artículo 26.- En caso de allanamiento, si se produjera antes de que se disponga la apertura a prueba, el honorario será el cincuenta por ciento (50 %) de la escala del artículo 23. En los demás casos, se aplicará el ciento por ciento (100%) de dicha escala.

En caso de desistimiento, transacción o caducidad se tendrán en cuenta las etapas procesales cumplidas en la causa para regular entre el once (11%) y el veinticinco (25%) por ciento del monto del proceso.

Profesional de la parte vencida.-

Artículo 27.- El honorario del profesional de la parte vencida en el litigio, se fijará tomando como base la escala general prevista en el artículo 23 y las pautas establecidas en el artículo 17.

Acumulación de acciones. Reconvención.-

Artículo 28.- Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención, se regularán por separado los honorarios que correspondan de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

CAPITULO 4. Etapas Procesales.-

Artículo 29.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas. Las etapas se dividirán del siguiente modo:

  1. Procesos Ordinarios: Los procesos ordinarios se consideraran divididos en tres etapas. La primera comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones; la segunda las actuaciones sobre prueba, o las declaratorias de herederos, o las actuaciones realizadas en los concursos hasta la verificación inclusive; y la tercera los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia o inscripción de bienes en caso de sucesiones. Todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente, deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal.
  2. Procesos Arbitrales: Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiese dispuesto seguir.
  3. Procesos Penales: Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de faltas cualquiera sea su competencia en razón de la materia, se considerarán divididos en dos etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura y la segunda los demás trámites hasta la sentencia definitiva.
  4. Procesos de Ejecución: Los procesos de ejecución de sentencia serán considerados individualmente como juicios independientes y divididos en 2 etapas. Su primera etapa se computará desde la demanda hasta la sentencia, si hubieran opuesto excepciones o no. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión.
  5. Incidentes: Los incidentes se dividirán en dos etapas. La primera se compone del planteo que lo origine sea verbal o escrito y la segunda, el desarrollo hasta su conclusión.
  6. Acciones Especiales: Las acciones especiales previstas en el Título XII del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Proceso Expropiatorio previsto en el Título V de la ley 238 y demás procesos especiales regulados por el Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no tramitaren por el procedimiento ordinario se consideraran divididos en dos etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, en las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.

Artículo 30.- Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regularán en cada una de ellas del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento (40%) de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que correspondan por las tareas cumplidas en la alzada.

Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el honorario de su letrado se fijará en el cuarenta por ciento (40%) de los correspondientes a primera instancia.

Recursos superiores.-

Artículo 31.- La interposición de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o ante la Corte Suprema de Justicia, de la especie que fueren, no podrá regularse en cantidad inferior a 20 UMA. Las quejas por denegación de estos recursos en no menos de 25 UMA.

Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren, se deberá regular un tercio de lo dispuesto en el artículo 23.

CAPITULO V.-
Forma de regular las etapas. Administrador judicial e interventor.-

Artículo 32.- Para la regulación de los honorarios del administrador judicial y/o interventor y/o veedor judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración y/o intervención y/o veeduría, con prescindencia del valor de los bienes.

Causas Penales.-

Artículo 33.- En las causas penales, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse en cuenta:

  1. Las reglas generales del artículo 17.
  2. La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso.
  3. La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por si o con relación al derecho de las partes ulteriormente.
  4. La actuación profesional en las diligencias probatorias, así como la importancia, calidad y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas.

En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios profesionales se fijarán entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) del monto del proceso, no pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 60 de esta ley.

La acción indemnizatoria que se promoviese en el proceso penal, se regulará como si se tratara de un proceso ordinario en sede civil.

Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.-

Artículo 34.- En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive, el honorario del abogado o procurador será calculado de acuerdo con la escala del artículo 23. No habiendo excepciones, el honorario se reducirá en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

Sucesiones.-

Artículo 35.- En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente a todos los herederos o interesados, su honorario se regulará sobre el valor del patrimonio que se transmite aplicando la escala del artículo 23 reducido en un veinticinco por ciento (25%); respecto a los bienes gananciales que correspondieren al cónyuge supérstite, se aplicará el cincuenta por ciento (50%) del honorario que correspondiere, reducido en un veinticinco por ciento (25%).

También integrarán la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro del país.

En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas.

Para establecer el valor de los bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 25.

Cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal, o la manifestación establecida en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 25 de la presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos de la regulación.

Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o particular a cargo del interesado.

El honorario del abogado o abogados partidores en conjunto, se fijará sobre el valor del patrimonio a dividirse, aplicando una escala del dos por ciento (2%) al tres por ciento (3%) del total.

Concursos y quiebras.-

Artículo 36.- En los procesos universales de concursos y quiebras los honorarios de los abogados y procuradores se regularán de conformidad a las disposiciones de la presente ley. Serán divididos en dos etapas, la primera comprenderá los trámites hasta la apertura del concurso preventivo, la homologación del acuerdo preventivo, del acuerdo preventivo extrajudicial o la declaración de quiebra, según sea su caso y la segunda comprenderá los trámites hasta la clausura del proceso.

En los pedidos de quiebra desestimados o en el levantamiento de quiebra sin trámite, se regulará la labor del abogado del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10 %) del monto que origina el pedido reclamado.

En los pedidos de apertura de concurso rechazados o si se produjere el desistimiento, se regulará del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del activo o pasivo denunciados, según el que fuere menor en el primer caso y mayor en el segundo. El honorario del abogado de cada acreedor, se fijará de conformidad a la escala del artículo 23, sobre:

  1. La suma líquida que debiere pagarse al reclamante en los casos de acuerdo preventivo homologado.
  2. El valor de los bienes que se adjudicaren o la suma que correspondiere abonar al acreedor, en los concursos o quiebras.
  3. En el proceso de revisión o de verificación tardía, el monto del objeto reclamado.

Por el incidente de revisión de créditos se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del reclamo. La acumulación de honorarios previstos en este inciso y el anterior, no podrá superar el máximo de la escala del artículo 23.

Por la exclusión de algún bien de la masa de acreedores, por el motivo que fuere, se regulará por esta labor entre el ocho por ciento (8%) y el diez por ciento (10%) del valor del bien en cuestión que resulte excluido.

Por los demás incidentes previstos por la ley específica, cualquiera sea el trámite impreso se regulará la escala del artículo 23 sobre el valor económico del litigio incidental. Por la presentación de un acuerdo preventivo judicial que resulte homologado, incluyendo la participación en eventuales oposiciones de acreedores, se
aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del acuerdo. Si se rechazara la homologación será del cincuenta por ciento (50%) de lo que le hubiere correspondido.

Artículo 37.- Los honorarios deberán ser regulados por el juez en las siguientes oportunidades: I) Al homologar el acuerdo preventivo o resolutorio; 2) Al sobreseer los procedimientos por avenimiento; 3) Al aprobar cada estado de distribución provisoria o complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado en ella; 4) Al finalizar la realización de bienes; 5) Al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso preventivo, acuerdo preventivo o extrajudicial o quiebra.

En el caso del apartado 2) los honorarios serán calculados sobre el activo realizado al que deberá adicionarse el valor de activo no realizado. En el caso de los apartados 3) y 4) la regulación de honorarios se efectuará sobre el activo realizado. En el caso del apartado 5), las regulaciones se efectuarán, cuando se clausure el procedimiento por falta de activo o se concluya en quiebra por no existir acreedores verificados, y se regularán teniendo en cuenta la labor realizada, no pudiendo ser inferiores a 30 UMA y cuando concluya la quiebra por pago total se aplicará lo señalado en los apartados 3) y 4).

Para la justa retribución de todos los abogados intervinientes, se pueden consumir la totalidad de los fondos existentes en autos, luego de atendidos los privilegios
especiales en su caso, y demás gastos del concurso.

Artículo 38.- Los honorarios del abogado de la sindicatura podrán ser abonados por el síndico y/o la masa común de acreedores a elección del profesional.

Medidas cautelares.-

Artículo 39.- En las medidas cautelares, ya sean que éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, el honorario se regulará sobre el monto que se tiende a asegurar, aplicándose como base el veinticinco por ciento (25%) de la escala del artículo 23; salvo casos de controversia u oposición, en que la base se elevará al cincuenta por ciento (50%).

Acciones posesorias, interdictos, división de bienes.-

Artículo 40.- Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la escala del artículo 23. El monto del honorario se reducirá en un veinte por ciento (20%) atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 25 si fuere en el sólo beneficio del patrocinado, con relación a la cuota o parte defendida.

Alimentos.-

Artículo 41.- En los juicios de alimentos el monto será el importe correspondiente a dos años de la cuota que se fijare judicialmente, conforme el artículo 23 de esta ley.

En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte del monto de la sentencia por el término de dos años, aplicándose la escala de los incidentes.

Desalojo.-

Artículo 42.- En los procesos de desalojo se fijará el honorario de acuerdo con la escala del artículo 23, tomando como base el total de los alquileres del contrato. Para el caso de que la locación a desalojar sea comercial tal monto se reducirá en un veinte por ciento (20%).

Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso que éste no pudiera determinarse exactamente o se tratase de juicios de intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble, para lo cual el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que lo determine, abonando los gastos de este último quien estuviere más lejos del monto de la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de homologación de convenio de desocupación y su ejecución, el honorario se regulará en un cincuenta por ciento (50%) del establecido en el párrafo primero del presente artículo.

Ejecución de sentencia.-

Artículo 43.- En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 23 sobre el monto ejecutado mas intereses.

Gestión.-

Artículo 44.- En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que beneficien a terceros acreedores o embargantes que concurran, el honorario se incrementara en un dos por ciento (2%) de los fondos que resulten disponibles a favor de aquéllos, a consecuencia de su tarea.

Causas laborales.-

Artículo 45.- En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales de trabajo, se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en todas las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada, según corresponda.

En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del juicio el cincuenta por ciento (50%) del último salario normal, habitual y mensual que deba percibir según su categoría profesional por el término de dos (2) años.

Administrativas.-

Artículo 46.- Por la interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa se aplicará la escala del artículo 23 y se seguirán las siguientes reglas:

  1. Demandas contencioso-administrativo: Si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria se aplicara lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la presente ley.
  2. Actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado, entes descentralizados, autárquicos: En esos casos, si el procedimiento está regulado por normas especiales, el profesional podrá solicitar la regulación judicial de su labor, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso 1) del presente artículo, con una reducción del cincuenta por ciento (50%).
  3. En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a cinco (5) UMA o siete (7) UMA, según se trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o actuaciones administrativas, respectivamente.

Liquidación de la sociedad conyugal.-

Artículo 47.- En la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se regularan honorarios al patrocinante y/o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo 23 calculado sobre el activo de la sociedad conyugal.

Escrituración

Artículo 48.- En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se aplicará la escala del artículo 23y lo normado por el artículo 25 inciso a), salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en cuyo caso se aplicará el valor establecido en este último.

Incidentes

Artículo 49.- Los incidentes y tercerías serán considerados por separado del juicio principal y el honorario se regulara teniéndose en cuenta:

  1. El monto que se reclame en el principal o en la tercería si el de esta fuere menor.
  2. La naturaleza jurídica del caso planteado.
  3. La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de la causa.

En los incidentes se aplicará de un veinte por ciento (20%) a un treinta por ciento (30%) de la escala del artículo 23 y en las tercerías, del ochenta por ciento (80%) al cien por ciento (100%) de la misma escala, no pudiendo ser inferior a cinco (5) U MA.

Expropiación.-

Artículo 50.- En los procesos por expropiación, se fijará el honorario de acuerdo con la escala del artículo 23, tomando como base la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparado en valores constantes.

Amparo y otros.-

Artículo 51.- Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, hábeas data, hábeas corpus, en caso que no pudiere regularse de conformidad con la escala del artículo 23, se aplicarán las normas del artículo 17, con un mínimo de veinte (20) UMA.

Exhortos, oficios ley 22.172.-

Artículo 52.- El honorario por diligenciamiento de exhortos y/u oficios ley 22.172 será regulado de conformidad a las pautas siguientes:

  1. Si se tratare de notificaciones o acto semejante, los honorarios no podrán ser inferiores a tres (3) UMA.
  2. Cuando se solicitare inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes, secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, y/o cualquier otro acto registral, el honorario se regulará en una escala entre diez (10) UMA y veinte (20) UMA.
  3. Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su producción o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor desarrollada, en una escala entre veinte (20) UMA y treinta (30) UMA.

Intereses.-

Artículo 53.- Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo pago y de pleno derecho, el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco Ciudad en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, que se calculará en la misma forma que el capital de condena.

Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera regulación correspondiente a cada instancia. Si el honorario apelado fuere confirmado o incrementado, los intereses se calcularan desde la fecha de la regulación recurrida.

TITULO IV.-
Del procedimiento para regular honorarios.-

Artículo 54.- Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el honorario respectivo de los abogados y procuradores de las partes. A los efectos de la regulación se tendrá en cuenta para la determinación del monto, los intereses, la actualización monetaria si correspondiere, frutos y accesorios, que integrarán la base regulatoria según lo establecido en los artículos 23, 24 y 25.

Artículo 55.- Los profesionales, al momento de solicitar la regulación de honorarios, podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la estimación se correrá traslado por el término de cinco (5) días a quienes pudieren estar obligados al pago.

Artículo 56.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio.

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, por el solo vencimiento del plazo establecido en los párrafos anteriores, quedara expedita la ejecución de los mismos.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al domicilio real o al que hubiere constituido en forma expresa a tal efecto.

La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia.

En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución.

Artículo 57.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, cuando el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 23, salvo respecto de las actividades comprendidas en el artículo 20, inciso 2. En ningún caso los honorarios a regularse podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que correspondería judicialmente según la pauta del párrafo anterior. El profesional deberá acreditar la labor desarrollada, acompañando toda la prueba de que intente valerse, acreditando la importancia de su labor y el monto en juego, de lo cual se notificará a la otra parte por el término de cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si hubiere oposición, la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes.

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia ni sellado por parte del profesional actuante.

Artículo 58.- Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados a sus beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o cualquier otro medio fehaciente, así establecido por la ley procesal aplicable. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso.

La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los treinta (30) días de recibido el expediente.

Todos los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los mismos.

Artículo 59.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesional podrá requerir el pago a su cliente, luego de treinta (30) días corridos del incumplimiento y siempre que el cliente esté debidamente notificado.

Artículo 60.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente:

en los procesos de conocimiento de diez (10) UMA en los ejecutivos de seis (6) UMA y en los procesos de mediación de dos (2) UMA.-

Artículo 61.- Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones “estudio jurídico“, “consultorio jurídico“, “asesoría jurídica“ u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el que fuere competente de conformidad al lugar donde se corneta la infracción, o de oficio y una multa de treinta (30) UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, que será destinada a los fondos de dicha institución.

Artículo 62.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.

CLÁUSULA TRANSITORIA: La presente ley será aplicable en los fueros que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos lo que lo integren en el futuro y en aquellos donde los jueces consideren pertinente su aplicación.

Artículo 63.- Comuníquese, etc.

CRISTIAN RITONDO

PABLO SCHILLAGI

LEY N° 5.134

Sanción: 06/11/2014

Promulgación: Decreto Nº 471/014 del 26/11/2014

Publicación: BOCBA N° 4531 del 27/11/2014

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