¿La prioridad de paso de quien conduce por la derecha es relativa?

Actualizado a enero de 2016. ¿De quién es la prioridad de paso al circular? ¿Cuáles son las consecuencias legales de un choque y cómo se determina la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito?

Un francés chofer de ambulancias se casó con una chica argentina. Por su trabajo, estaba acostumbrado a zigzaguear por el tránsito para llegar a tiempo. Se mudaron fuera pero cada tanto, al venir con ella a visitar a la familia, no dejaba de sorprenderse por el modo en que los conductores argentinos saben entenderse y evitar colisiones, pese a la velocidad a la cual atraviesan encrucijadas sin semáforo. Como las hormigas que chocan las antenas, los choferes argentinos deben tener una tecnología especial de comunicación inalámbrica muy avanzada, presume mi amigo.

La posta sobre la prioridad de paso en la ley de tránsito

¿Y si alguien circula por una avenida pero viene otro auto por la calle, por la derecha, qué vehículo tiene prioridad de paso, según la ley nacional de tránsito?

Hoy Diario judicial publicó un caso interesante sobre la prioridad de paso. Me han preguntado por Twitter y yo no quise responder porque si bien hay una regla tiene bocha de excepciones y un compoenente principal: la seguridad. Primero que nada, hay que frenar o disminuir la marcha. En calles, máxima 30 km/h o 20 km/h o detenerse si hay cartel de STOP. Dar paso al peatón, incluso distraído y con celulitis (según el diccionario, «sust. f., Dícese de la mirada atenta al celular mientras se camina por la vereda o calzada. Ej. “Eh, ten cuidado, Manolo, que ahí viene un transeúnte con esto de la celulitis“»). Así que a tener cuidado.

La ley es clara y no fija excepciones para quien circula por una avenida. Fijate: “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: 

a) La señalización específica en contrario;

b) Los vehículos ferroviarios;

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha;

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;

f) Las reglas especiales para rotondas;

g) Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una vía de tierra a una  pavimentada; 2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;  3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. 

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no».

¿Avenida mata calle?

Entonces, en teoría, quien va por una avenida sin semáforo debería darle el paso al de la calle que quiere entrar por la derecha. Sin embargo, este caso fue distinto. Resulta que un día del 2009 (el juiicio tardó más de 5 años…) a las las 7:40 de la mañana Ford Falcon modelo 1968 conducido por el Sr. Juan Carlos se desplazaba por la Avda. 60 de la ciudad de La Plata (asfaltada, de doble mano, con rambla central) de  29 a 27. Al llegar a la intersección con la calle 28 (asfaltada, de un solo sentido de circulación), colisiona con un automóvil Fiat Palio, conducido por el Sr. Carlos Ezequiel —que viajaba en un coche escuela habilitado, como instructor, quien no tomó las medidas de cuidado y previsión que el cruce de calle imponía (art. 39 inc. b, ley 24.449)— que se desplazaba por la calle 28, de 61 a 59 (por la derecha). La colisión se produjo entre la parte frontal del Fiat Palio y la parte trasera del lateral derecho del Falcón a la altura del guardabarro trasero y rueda trasera de ese lado. Por efecto del impacto lateral recibido, el Ford Falcón desvió su marcha hacia la derecha colisionando con un rodado Renault Kangoo que se encontraba estacionado, según cuenta la sentencia.

Según el juez el conductor del automotor Ford Falcon no debió acometer el cruce frente a la presencia del Fiat Palio que tenía prioridad de paso, ya que sólo podía avanzar cuando no constituyera un obstáculo para el otro vehículo. ¿Y por qué no se aplica la regla de quien arribó primero? El juez explicó que «comprobar tal circunstancia impondría -en los hechos- la colocación de sensores para constatarlo».

En cambio, otro juez entendió que «el vehículo Ford Falcon que se encontraba circulando por la avenida fue embestido por quien pretendía cruzar la misma proviniendo de su derecha. La regla de la prioridad de paso debe ceder en este supuesto, priorizando a quienes transitan por la avenida por cuanto ésta tiene circulación en ambos sentidos.» Además, resaltó que la «prioridad de paso no constituye un valor absoluto de interpretación, sino mejor un principio general de referencia que ha de jugar en función de las circunstancias de cada caso.»

Y dijo que «en casos como el de autos debe prevalecer quien circula por una avenida, pues de su espíritu trasciende como idea central que ante vías de distinta jerarquía debe tener prioridad quien circula por la de mayor entidad, lo que fue corroborado con la posterior modificación normativa….Cierto es que, además, el riesgo que conlleva en sí mismo el ingreso a una calle de mayor tránsito –como lo es de una avenida- lo que hace inobjetable que se requiera un grado más elevado de prudencia al proceder de su entrada o cruce.»

Así que al final, el que iba por la calle, lo tuvo que indemnizar al que iba por la avenida.

 

¿Y la prioridad de paso de motos? ¿Calle mata vereda?

En Rafaela, una moto se incorporó a la circulación desde la vereda, cuando un automóvil la embistió.  El motoquero reconoció que inició su marcha sobre la vereda -vereda oeste- e ingresó a la calzada cuando el automóvil se encontraba a unos cincuenta metros de distancia. Los jueces consideraron que el conductor de la moto arriesgó el cruce pese a la presencia del otro vehículo.

Por esto, determinaron que la culpa debía ser compartida, y que el conductor del auto (o su seguro) no debían abonarle toda la indemnización en el juicio de daños y perjuicios por el choque.

Al respecto, consideraron que los conductores de motocicletas se encuentran obligados a dar cumplimiento con lo dispuesto en la ley de transito puesto que el ingreso a una vía de circulación constituye una maniobra riesgosa, susceptible de obstaculizar la normal circulación y fluidez del tránsito. Además, la ley de tránsito presume la responsabilidad en un choque de quien ha violado una norma de tránsito, por lo tanto, redujeron la indemnización del motoquero.

 

Por inseguro, ilegal conducir con ojotas (ley de tránsito). Descalzo, dudoso. Chancleta con media: inconstitucional.

— Derecho enZapatillas (@dzapatillas) January 23, 2015

Con semáforo amarilllo o luz intermitente

Como la moto pasó rápido con el semáforo intermitente y encima la chica conducía sin registro, los jueces entendieron que el taxi no era responsable. Al taxi embistente le hubiera costado caro, porque además circulaba sin seguro por no haber pagado las cuotas. En concreto, los jueces dijeron que se presumía la responsabilidad del taxi pero que como demostró que no tuvo responsabilidad, entonces no era responsable.

“Los dos aspectos referidos en cuanto al lugar de la bocacalle donde se produce la colisión y calidad de embistente de la motocicleta de la actora, aunados a elementos probatorios colectados en esta causa, permiten establecer que el suceso fue producto de la imprudencia o impericia de la víctima fracturaria del nexo causal atribuible al riesgo del automóvil ( art. 1113 2do párrafo, segunda parte CCivil de Vélez ref. por ley 17711)”

Es decir, el hecho fue producto de la impericia del motociclista y por ende el taxi no es responsable. Es un mito legal que siempre el del auto sea responsable civilmente del choque, hay que ver en cada caso.

Para seguir leyendo y sobre todo, si tenés seguro, qué tener en cuenta, mirá este otro artículo. Comentarios, como siempre, bienvenidos.

 

 

Anexo con la sentencias completas sobre la prioridad de paso en la ley de tránsito

En la ciudad de Rafaela, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J.M. Macagno, Beatriz A. Abele y Alejandro A. Román, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo C.C.y Laboral de la 4a.Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 93- año 2013 – DDD, …….c/ ……………a s/ Ordinario”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr.Román; segundo, Dr. Macagno; tercera, Dra. Abele.-

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión el Dr.Román dijo:

1. El recurso de nulidad, interpuesto en forma conjunta con el de apelación a fs. 187, no ha sido sostenido en la Alzada. No obstante, advierto que no existen vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio.

Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa.

Así voto.

A esta primera cuestión, los Dres.Macagno y Abele dijo que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Dr. Román, votaba en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Dr.Román dijo:

2.El actor promovió demanda con el objeto de obtener reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en un accidente de tránsito ocurrido el 25 de marzo de 2008 en la calle América, a la altura del N° 560, de esta ciudad (fs.9/10). Dirigió su pretensión contra MMMM, en su carácter de propietario de uno de los vehículos participantes del siniestro, y contra NNNN, como conductora.

A esa pretensión se opusieron los demandados negando el derecho del reclamante (fs. 35/36). Reconocen las circunstancias fácticas en cuanto al accidente (día, hora, lugar y partícipes) pero niegan la mecánica del mismo y solicitan su rechazo con imposición de costas.

A su turno, se dicta la sentencia de primera instancia (fs. 180/186), donde se analiza detalladamente las pruebas producidas y la configuración de los presupuestos de responsabilidad para concluir que cabía admitir la demanda y condenar a los accionados a abonar la suma de $6.722,- con más intereses desde la fecha del siniestro hasta su efectivo pago. Impone, asimismo, las costas del proceso a la vencida y difiere la regulación de honorarios hasta tanto se practique liquidación.

Contra esa decisión, la parte demandada interpone -como señalé en el Punto 1 anterior- recursos de nulidad y apelación (fs. 187). Radicados los autos ante esta Sede (fs. 195), expresa sus agravios la recurrente (fs. 200/201), los que son replicados por la contraria (fs. 204/205), oponiéndose.

3. El recurrente critica la sentencia en cuanto tiene por acreditado los extremos alegados en el escrito inicial; concretamente, que es la motocicleta la que embiste y desestabiliza el Ford Ka.

Señala, al respecto, que un vehículo de menor porte no puede nunca desestabilizar el rodado de mayor tamaño; y que la motocicleta no tiene daños en su parte frontal.Se queja que la A quo admite la mecánica del siniestro invocada por su parte pero que igualmente se la condenó.

Se agravia porque la condena vulnera -en su opinión- lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Tránsito. Insiste en que el automotor es el embistente y el que arrastra la motocicleta. Afirma que la conductora del auto transitaba ajena a las circunstancias de tránsito, ya que pudo pasar por el resto de la calzada libre, sin necesidad de embestir a la motocicleta. Agrega que en su declaración dice que para evitar arrastrar la motocicleta se desplazó hacia la derecha, lo que acredita que la parte derecha de la calzada se encontraba expedita. Y, también, que después del accidente la moto quedó parada en la vereda oeste, lo que demuestra -en su opinión- que la moto fue embestida y arrastrada por el automotor, que fuera de control terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la vereda oeste.

Insiste que la motocicleta circulaba delante y nunca pudo embestir al automotor sino que fue el Ford Ka el que la embiste con su lateral derecho. Insiste, también, que en la moto solo se constataron rayaduras y raspones en cachas y cubrepiernas del lado izquierdo.

Disiente con el fundamento de la condena pues opina que no guarda relación con los hechos invocados en la demanda. También, que se haya considerado el lugar del accidente como zona de alto flujo vehicular pues ello no es así, se trata de una zona en la que solo transitaban las partes.

En síntesis, arguye que en autos no se han acreditado los extremos invocados en la demanda, esto es que la motocicleta ha embestido al Ford Ka, ni que el impacto ha desestabilizado el automotor conducido por Ceresole, pero que no obstante, la demanda fue admitida, sin fundamento fáctico ni jurídico, en agravio a los demandados.

4.Al ingresar al tratamiento de los cuestionamientos reseñados, confrontados con la sentencia impugnada y luego de analizar detenidamente las constancias de la causa puedo expresar que, pese al esfuerzo que trasunta el escrito recursivo, la queja de los demandados no puede ser atendida.

En efecto, de lo actuado surge sin hesitación -y, así lo reconoció el conductor del motovehículo involucrado en siniestro- que pese a advertir la presencia de un automóvil que se acercaba, acometió o prosiguió su maniobra de ingresar en la calle desde la vereda. Esa actitud, calificada por la imprudencia, como lo es aquella resultante de interferir con su conducido la normal circulación de quien circulaba correctamente, se erige en la causa eficiente del encuentro de los dos móviles.

Véase que, tal como lo señala la Sra. Jueza, el codemandado MMMM reconoce que inició su marcha sobre la vereda -vereda oeste- e ingresó a la calzada cuando el automóvil del actor se encontraba a unos cincuenta metros de distancia (posición 3, fs 106). Repárese, además, que con dicha confesión del propio conductor surge claro que en definitiva arriesgó el cruce pese a la presencia del otro vehículo.

Por ello, comparto plenamente con la Sra. A quo su opinión respecto a que

“el conductor del motovehículo obró de manera antijurídica pues vulneró la prohibición establecida por el art. 39 de la Ley 24.449 por cuanto inició su circulación fuera de la calzada en la vereda ” (fs. 183). Para mas fundamentación, en la sentencia se indica que los “conductores de motocicletas se encuentran obligados a dar cumplimiento con lo dispuesto en la ley de transito puesto que el ingreso a una vía de circulación constituye una maniobra riesgosa, “susceptible de obstaculizar la normal circulación y fluidez del tránsito por lo que debe ser

emprendida una vez verificado que se encuentran la condiciones necesarias para efectuar la maniobra y concluirla sin provocar un siniestro ” (fs.183).

Así entonces, el relato recursivo trasluce solo la mera disconformidad con las razones dadas en la sentencia, lo que por cierto sella per se la suerte del recurso, a punto que los demás argumentos ensayados pierden todo sustento al no haberse comprobado que la conductora del Ford Ka transitara ajena a las circunstancias de tránsito, no siendo posible imputarle a ésta las consecuencias de una falta de previsibilidad que en todo caso y conforme lo que aquí se ha visto, debían condicionar más a quien irrumpía con su moto desde la vereda, aún percatándose de que un vehículo se aproximaba, que a la propia conductora del automóvil.

De allí que las atinadas premisas que sustentaron el pronunciamiento permanezcan inalterables pese a la queja.

5. Por todo lo expuesto, me expido en favor de confirmar el decisorio de primera instancia. Y propicio, por ello, el rechazo de la apelación.

En conclusión: ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A esta segunda cuestión, los Dres.Macagno y Abele dijo que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Dr. Román, votaba en igual sentido.

A la tercera cuestión, el Dr.Román dijo que: Como consecuencia del estudio realizado a la segunda cuestión, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución:

1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los demandados. Por lo tanto, cabe confirmar la sentencia venida en revisión en cuanto ha sido materia de recurso.

2) Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada.

3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Así voto.

A esta cuestión, los Dres.Macagno y Abele dijeron que votaban en el mismo sentido que lo propuesto por el Dr.Román.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL,

RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los demandados. Por lo tanto, cabe confirmar la sentencia venida en revisión en cuanto ha sido materia de recurso. 2) Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada. 3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

 

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(De la siguiente me hubiera gustado arreglar el interlineado, pero no se puede hacer automáticamente).

Causa n°: 118034

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Registro n° :

PODER JUDICIAL  REG. SENT. NRO. 265 /14, LIBRO SENTENCIAS LXX. Jdo.

En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de Diciembre de dos

mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala

Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López

Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el señor Presidente del

Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 ley 5827), para dictar

sentencia en los autos caratulados: “SSS, JUAN CARLOS

c/MMM SRL Y OTRO s/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LESIONES

(EXC. ESTADO)” (causa 118.034), se procedió a practicar el sorteo que

prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del

Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el

doctor Sosa Aubone.

LA EXCMA. CAMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES

CUESTIONES:

1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 247/254, aclarada a fs. 259?

2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone

dijo:

I. Antecedentes.

1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera

instancia:

1°) Haciendo lugar parcialmente a la demanda por indemnización de

daños y perjuicios deducida por Juan Carlos… en contra de

Ezequiel … y …. S.R.L., y en su mérito condenó al

demandado a pagar a la actora dentro del plazo de diez días de encontrarse

firme la cantidad de $ 6.500 -monto al que habrá de descontarse la

proporción del 70% en que ha concurrido causalmente la víctima al provocar

el accidente-, con más un interés a la tasa que pague el Banco de la

Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días,

desde el hecho dañoso -29/4/2009- y hasta el efectivo pago;

2°) Haciendo extensiva la condena a la citada en garantía COPAN

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

3°) Imponiendo las costas a la demandada en la medida que fuera

vencida.

1.2. Apeló el Dr. Stefanizzi (fs. 255), quien expresó agravios a fs.

270/271 vta., los cuales fueron contestados a fs. 273/275.

II. Aclaración preliminar.

2. Si bien el Dr. Stefanizzi es el apoderado del actor y en tal carácter

actúa en estos actuados, en las presentaciones aludidas no indica a quien

representa en infracción a lo normado por el art. 118 del C.P.C.C. y arts. 1 y

3, Acuerdo S.C.B.A. 2514/92. Pese a ello es indudable que actúa en nombre

del actor y así habré de entenderlo (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 1, C.P.C.C.).

III. Los agravios

3. El recurrente se queja de la interpretación que hizo la magistrada

de origen en orden a la prioridad de paso que tenía la actora con sustento en

la doctrina legal de la Suprema Corte provincial que surge de la causa Ac.

79.618, del 8/6/2005.

IV. Análisis de los agravios.

4. Liminarmente corresponde destacar, frente al pedido de fs. 273,

punto 2.1, que la expresión de agravios presentada por el accionante,

analizada con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en

juicio, supera el test de admisibilidad, por lo que no cabe declararla desierta

(arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).

4.1. Cuestiones no controvertidas.

No se controvierte que el día 29 de abril de 2009, siendo

aproximadamente las 7:40 hs., un automóvil Ford Falcon modelo 1968,

conducido por el Sr. Juan Carlos…. , se desplazaba por la Avda. 60

de la ciudad de La Plata (asfaltada, de doble mano, con rambla central) de

29 a 27. Al llegar a la intersección con la calle 28 (asfaltada, de un solo

sentido de circulación), colisiona con un automóvil Fiat Palio, conducido por

el Sr. Carlos Ezequiel … -que viajaba en un coche escuela

habilitado, como instructor, quien no tomó las medidas de cuidado y

previsión que el cruce de calle imponía (art. 39 inc. b, ley 24.449)-, que se

desplazaba por la calle 28, de 61 a 59 (por la derecha). La colisión se

produjo entre la parte frontal del Fiat Palio y la parte trasera del lateral

derecho del Falcón a la altura del guardabarro trasero y rueda trasera de ese

lado. Por efecto del impacto lateral recibido, el Ford Falcón desvió su marcha

hacia la derecha colisionando con un rodado Renault Kangoo que se

encontraba estacionado sobre la misma mano de la Avda. 60, unos metros

más adelante. El perito expresó que no dispone de elementos para

determinar con precisión la zona de impacto, pero estima que la colisión

debió producirse en algún punto cercano a la intersección del eje imaginario

de la calle 28 con el eje imaginario de la mano descendente de la Avda. 60

por la que circulaba el actor (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).

Tampoco llega controvertido lo expresado por la magistrada de

origen, en cuanto a que “si bien es cierto que el automóvil Palio conducido

por el demandado tenía al momento del hecho la prioridad absoluta de paso,

no lo es menos que su conductor es quien embiste con la parte delantera de

su automóvil al actor en el lateral derecho trasero, y que la zona de impacto

en la calzada demuestra que el Ford Falcon estaba efectivamente realizando

el cruce de la calle 28 cuando es embestido. A ello se suma que Ezequiel

… se encontraba trabajando, y como instructor (ver posición 6ta. y

8va. fs. 232) en un coche escuela de la empresa demandada (que

presupone doble comando) (ver fs. 127), por lo que entiendo que no tomó

las medidas de cuidado y previsión que el cruce de la calle imponía (art. 39

inc. b Ley 24.449, Ley 13.927)” (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).

4.2.1 Responsabilidad.

4.1.2.1. En primer lugar, destaco que el encuadre que realiza el Sr.

Juez de primer grado en el art. 1113 del Código Civil es correcto, ya que cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o

vicio, el dueño o guardián responde de manera objetiva. Por lo tanto, la

culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos

exigidos por el precepto para realizar la imputación. Aun cuando se probase

la falta de alguno de tales supuestos, ello carece de incidencia para impedir

su responsabilidad, porque deben acreditar la concurrencia del supuesto

previsto en la última parte del segundo párrafo de la norma del art. 1113

citado, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero haya

interrumpido total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño

(S.C.B.A….).

Esta doctrina se difunde -vale recordar- a partir del pronunciamiento

de la S.C.B.A. en la causa Ac. 33.155, del 8/4/86 (autos “Sacaba c/Vilches”).

Tal como apunta el Dr. de Lázzari, en su voto -que si bien no hizo

mayoría, su opinión en este punto no ha sido cuestionada- como Juez de la

Suprema Corte bonaerense, en la causa C. 100.905, del 9/09/2009, “Rua,

Héctor Antonio c/Buss, Horacio Felipe s/Daños y perjuicios”, desde el 1 de

enero de 2009 rige en el ámbito provincial la ley 13.927 que dispone la

adhesión a la ley nacional 24.449 (llamada Ley Nacional de Tránsito). Este

precepto, en su art. 41 establece que la prioridad de paso en una

encrucijada corresponde al que proviene desde la derecha en forma

absoluta, perdiéndose -en lo que nos interesa- sólo ante vehículos que

circulan por una semiautopista (inc. d). Esto es: la nueva norma exhibe un

cuadro de excepciones aún más reducido que la antigua ley 11.430, pues no

hay aquí enumeración alguna que pudiera originar disputas interpretativas.

En consecuencia, la prioridad de paso de quien proviene desde la derecha

no cede por el hecho de hallarse por cruzar una avenida.

Siendo que los demás Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires, no propiciaron una interpretación diferente del

art. 41 de la ley 24.449, sino que se limitaron a realizar su análisis sobre la

normativa que regía con anterioridad (ley 11.430), dicha opinión constituye

un antecedente importante, por más que no constituya doctrina legal del

Máximo organismo local.

La crítica del recurrente tiene como piso de marcha la doctrina legal

sentada por la Suprema Corte respecto de la ley de tránsito 11.430, que

regulaba la prioridad de paso del que viene por la derecha en forma diferente

a la ley 24.449, que es la norma aplicable al accidente objeto de este

proceso conforme lo dispuesto por la ley provincial 13.927, que tiene un

contenido diferente en orden a la prioridad de la derecha, por lo que las citas

de lo resuelto por la Suprema Corte local en las causas Ac. 79.618, del

8/6/2005 y Ac. 78.088, del 8/6/2005, y lo demás argumentado en orden a lo

normado por una ley que no se aplica, son inhábiles para modificar lo

resuelto (arts. 161, inc. 3 “a”, Const. Prov.; 260, 261 y 384, C.P.C.C.).

Sin perjuicio de que la solución legal es criticable, debiendo de lege

ferenda incorporarse a las avenidas en la excepción legal, observando el

principio de división de poderes, considero que no corresponde apartarse del

criterio sentado por el legislador por no tratarse de una norma

infraconstitucional.

Con tal piso de marcha, no es ocioso destacar que el demandado, al

transitar proveniente desde la derecha -a bordo del automóvil Fiat Palio-

contaba con prioridad de paso frente al actor -quien conducía el vehículo

Ford Falcon- por no encontrarse éste circulando por una de las “vías de

mayor jerarquía” que enumera el precepto, sino por una avenida -en el caso,

la designada como 60- (arts. 5 inc. “s” y 41 inc. “d”, ley 24.449).

Por otra parte, tal extremo no puede ser meritado aisladamente sino

en conjunción con las demás constancias de autos, aunque de las mismas

sólo se puede extraer el carácter de embestidor del vehículo del demandado

cuando el Ford Falcon estaba efectuando el cruce, y la conclusión firme del

sentenciante de origen de que el conductor del Fiat Palio no tomó las

medidas de cuidado y previsión que el cruce de calle imponía (arts. 1, 36, 39

incs. “b” y “d”, 41 y 64, ley nacional 24.449, aplicable conforme ley provincial

13.927; 384, C.P.C.C.).

Cabe destacar que no se ha probado la versión de que el Fiat Palio le

cedió el paso y luego avanzó (arts. 375 y 384, C.P.C.C.).

Si bien es cierto que el vehículo del actor había traspuesto más de la

mitad de la calzada en el momento en que se produjo la colisión y que dicho

vehículo se divisaba correctamente, no lo es menos que el Fiat Palio

también debió ser visto por el conductor del otro vehículo, quien -conclusión

que arriba firme a esta instancia- avanzó sin tomar las medidas de cuidado y

previsión que el cruce de calle imponía.

Siguiendo lo expresado por la Suprema Corte provincial en la causa

C. 108.063, del 9/5/2012, la prioridad de paso del que viene por la derecha

impone al conductor que llegue a la bocacalle desde la izquierda la

obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al

vehículo que se presente a su derecha, sin discriminar quién fue el que

arribó primero a dicho sitio (conf. Ac. 72.652, 30/8/2000; Ac. 81.595,

17/12/2003; entre muchas otras).

Dicha regla que, en principio, es absoluta, no puede ser evaluada en

forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las

normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la

simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también con los

preceptos específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por

daños (S.C.B.A., Ac. 94.337, 12/3/2008; C. 108.063, 9/5/2012).

Tal criterio, vale señalar, resulta coincidente con la doctrina sentada

por la Suprema Corte provincial, según la cual la prioridad del que viene por

la derecha no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada (conf.

Ac. 58.668, 11/3/97; Ac. 64.363, 10/11/98; C. 108.063, 9/5/2012).

En consecuencia, el conductor del automotor Ford Falcon no debió

acometer el cruce frente a la presencia del Fiat Palio que tenía prioridad de

paso, ya que sólo podía avanzar cuando no constituyera un obstáculo para

el otro vehículo. Si se hubiera detenido y lo hubiera dejado, el accidente no

habría ocurrido.

No está demás destacar, como se dijo en el fallo de la Suprema Corte

provincial (causa Ac. 58.668), que “… Se imponía así una obligación a todo

conductor que enfrenta una encrucijada o bocacalle: disminuir sensiblemente

la velocidad, que en buen romance significa casi detener la marcha. Ello

apareja una obligación adicional a quien se presenta por la izquierda: la de

ceder el paso. A contrario de lo que sostiene la alzada tales obligaciones no

están condicionadas al arribo simultáneo, desde que comprobar tal

circunstancia impondría -en los hechos- la colocación de sensores para

constatarlo…”.

Tal como lo explicitara el Dr. Roncoroni en las causas Ac. 76.418, del

12/3/2003 y Ac. 81.595, del 17/12/2003, la norma que otorga el derecho de

paso en las encrucijadas no debe ser desvalorizada por un casuismo

excesivo que contribuirá, en definitiva, por tornar cada vez mas inviable la

convivencia ordenada vehicular en las arterias de la ciudad, acentuando y

potenciando los riesgos que, precisamente, esa prioridad estatuida por el

legislador busca neutralizar. En el escenario de las ciudades multitudinarias

y de gran parque automotor -como la nuestra- la presencia preponderante,

invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos preñados de

velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la comunidad una

serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de

comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo

posible, aquéllos riesgos. Algunas normas de este tipo, que hacen a la

seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito

y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia saben exteriorizar sus

destinatarios- un celoso cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a

su violación. La solidaridad y las necesidades de defensa y preservación de

una sociedad organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno

y que actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas pueden

hacerla desbordar en daños, así lo requieren. La norma que consagra la

regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la Ley 5800; art. 57 inc. 2, ley

11.430; 70 inc. 2, Dec. 40/2007; 41, ley nacional 24.449, a la cual se adhirió

la provincia mediante la ley 13.927) juega como cuña del civismo en el

desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente exige

que quién llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo

vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla

de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en

todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el

desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada

esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de

las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta

salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y resulta

impactado, se libera de culpas o, agrego ahora, por la no menos peligrosa

de que quién primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches.

En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto en la

instancia de origen (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375, 384,

401, 456, 473 y 474 C.P.C.C.; 512, 901, 903, 1113 y cctes., Código Civil; 1,

36, 39 inc. b, 41, 50 y 64, ley nacional 24.449, aplicable conforme ley

provincial 13.927).

Voto por la AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:

I. En las presentes actuaciones veo reeditada, con algunas variantes,

la discusión sobre la prioridad de paso de quien, proveniente desde la

derecha, pretende ingresar en una Avenida y que, con voto del entonces

ministro Roncoroni, zanjó nuestro Superior Tribunal resolviendo que el cruce

de éstas últimas era una excepción a la regla (S.C.B.A. Act. 79618, sent.

8/6/2005 autos “Salinas M c/Cao s/ d y perjuicios”).

En virtud de la excelente redacción del fallo, que he leído y meditado

largamente, me permitiré una transcripción del mismo lo suficientemente

extensa para traer al caso que nos ocupa las razones que entonces

definieron el debate.

Cabe señalar que el actor del caso “Salinas” circulaba en una bicicleta

por una avenida de doble mano en tanto que el demandado lo hacía desde

la derecha, cruzando la avenida por una calle de una sola mano. Se discutía

entonces si la preferencia de paso del demandado se había perdido para

este último en virtud de lo normado por el art. 57 inc. 2. ap. 3 de la ley

11.430. Esta norma en la redacción que entonces tenía, establecía en su

inciso “c”: “El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en

toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha

hacia su izquierda, por una vía pública transversal.

Esta prioridad es absoluta y sólo se pierde cuando: ……. c) Circulen

vehículos por una vía de mayor jerarquía: Autopistas, semiautopistas, rutas y

carreteras. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha.

(Texto según ley 11.768).

He obviado el detalle del articulado, que incluía otros casos

excepcionales.

Ulteriormente la cláusula en cuestión fue modificada por la ley 13.604

(publ. 09/01/2007) que agregó a las “avenidas” en la enumeración de las

“vías de mayor jerarquía”.

Para completar el cuadro, transcribo la actual disposición de la ley

24.449: ARTÍCULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder

siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta

prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:

a) La señalización específica en contrario;

b) Los vehículos ferroviarios;

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su

misión;

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o

cruzarla se debe siempre detener la marcha;

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o

en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el

vehículo si pone en peligro al peatón;

f) Las reglas especiales para rotondas;

g) Cualquier circunstancia cuando:

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;

2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a

nivel;

3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este

artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su

derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo

que éste lleve acoplado y el que asciende no.

II. Las razones de la “nueva doctrina”.-

En el citado caso “Salinas”, el señor Juez doctor Roncoroni reparó en

la posición sostenida hasta entonces por la Corte, “según la cual la ley de

tránsito no incluye a las “avenidas” entre las “arterias de mayor jerarquía” y

que quedan taxativamente limitadas a las mencionadas expresamente en el

citado precepto: “autopistas, semiautopistas; rutas y carreteras” sin que

norma alguna autorice la asimilación o incorporación de las avenidas dentro

de las mismas.

El primer argumento del Dr. Roncoroni para superar esta

interpretación se fundó en que el mismo legislador había admitido

excepciones a la regla y que, entre estas excepciones, estaban las de las

“vías de mayor jerarquía”. Luego el legislador había enumerado algunas de

ellas pero que tal enumeración no agotaba los supuestos: “Lo primero que

se nos ocurre desde las fronteras de lo gramatical es que es muy distinta

una redacción que otra y que el emplazamiento de una regla o principio

excepcionante no puede agotarse en el elenco ejemplificativo. El sentido, la

ratio legis o el espíritu del precepto ha de estar en la regla y no en los

supuestos que se desprendan de ella. Y la regla dice que la preferencia cede

frente a las vías de mayor jerarquía”.

Reparando luego en casos conocidos señaló que “No dudo ni siquiera

desde el miraje literal o gramatical que las avenidas de doble mano y

generalmente de nutrido y abigarrado tránsito en las urbes actuales

(pensemos en las calle 7 y en la 520; en las calles diagonales 74, 79 u 80 de

esta ciudad en los tramos que ellas carecen de semáforos; en algunos

sectores de la Avenida Colón, Martínez de Hoz o Independencia de Mar del

Plata) poseen una mayor jerarquía que las arterias o calles de una sola

mano que se asoman o desembocan en ellas”.

Destacó el Ministro que “lo relevante para desentrañar el verdadero

sentido del precepto excepcionante al principio general” no finca solamente

en la “jerarquía arquitectónica urbanística”. “Dicho sentido, su significado o

ratio legis ha de buscarse de la mano de la lógica que en nuestra faena es la

lógica de lo justo y lo razonable dentro del contexto sistemático en que tal

norma se integra y, en el cual, tanto esta como el principio al que

excepciona, se entrelazan en forma coordinada y armónica en pos de

satisfacer el interés o las bases fundantes del sistema al que pertenecen. En

nuestro caso la ley 11.430 en su interrelación, por supuesto, con los pilares

de nuestro ordenamiento jurídico positivo…. Precisamente buscando el

sentido de la preferencia de paso en las encrucijadas que consagra la regla

“derecha primero que izquierda” que entroniza el primer párrafo del inc. 2º

del art. 57 de la ley 11.430 como antaño lo hiciera el art. 71 inc. 2º de la ley

5800 hemos sostenido que la subsistencia de una sociedad depende de la

existencia de un proyecto vital común, sentido y compartido como tal, que

requiere, necesariamente, de la ordenada y, en lo posible, armónica

convivencia de sus integrantes. … Esto es el ordenamiento jurídico de una

comunidad. Y como tal, así entendido, el ordenamiento jurídico como cada

una de sus normas expresa un proyecto coexistencial…. Todas y cada una

de ellas sirven a esa armonía y entendimiento del vivir en conjunto. Y desde

ya que entre esas todas, se encuentra la norma que otorga el derecho de

paso en las encrucijadas. Por ello, cuando en mis anteriores fallos de

Cámara me he referido a cómo juega dicha norma en tales circunstancias de

lugar, estoy poniendo en foco ni más ni menos que en la necesidad de ese

entendimiento vital común que debe ser compartido y respetado y que tiene

su cuota de realismo en cada momento de la convivencia. Necesidad que en

el supuesto que nos ocupa tiende a ser satisfecha por lo que llamamos una

norma de prevención”.

Pero para mejor comprender todo ello y nuestra postura ante el tema

creo conveniente reiterar la línea argumental que venimos insinuando desde

nuestros tiempos de juez de primera instancia y más luego en la Cámara

donde se nos escuchara decir: “en el escenario de las ciudades

multitudinarias y de gran parque automotor como la nuestra la presencia

preponderante, invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos

preñados de velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la

comunidad una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas

de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo

posible, aquellos riesgos.

Algunas normas de este tipo, que hacen a la seguridad y educación

vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito (entre nosotros

antiguamente la ley 5800 y hoy la ley 11.430) y reclaman…. un celoso

cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a su violación. …

Convencido de que precisamente una de estas normas es aquélla que

consagra la regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la ley 5800 y 57

inc. 2º de la ley 11.430) he dicho de ella que juega como cuña del civismo en

el desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente

exige que quien llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso

a todo vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa

regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en

todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el

desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada

esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de

las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta

salvaje, cual la de que quién llega primero al punto de colisión y resulta

impactado, se libera de culpas (28 IV 1983 RSD 136 bis/1983; íd. c. 190.838

del 18 X 1984 RSD 258/1984) o, agrego ahora, por la no menos peligrosa de

que quien primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches.” (Cam.

1a. Sala III.; La Plata, Reg. sent. 267/84).”

Como se evidencia, no trataba el Dr. Roncoroni de manifestar su

predilección por la regla general, sino de afirmar la conveniencia de reglas

que convengan a la seguridad. Así continuó diciendo: “Si como afirma Oliver

W. Holmes, la suerte del ser humano se encuentra permanentemente

acicateada por el peligro y la incertidumbre (“The Path of de law”, Harvard

Law Rview, t. 10, pág. 466), no debe sorprender que como juez encuentre

necesario, en casos como el que nos ocupa, priorizar el valor seguridad,

entendido precisamente como protección frente a esos riesgos. El mundo

circundante es un mundo de riesgos y, en particular, lo es el tránsito

vehicular que se integra en su realidad, el cual debe ser asegurado con

normas como las del art. 57 inc. 2º, segundo párrafo de la ley 11.430…. Para

ello, precisamente para saber a qué atenerse en las relaciones con los

demás en las situaciones que los vehículos generan en las bocacalles, está

dada la norma de preferencia de paso en las mismas, que con el equilibrado

juego de expectativas mutuas que despierta en sus destinatarios está

marcando, en cada caso concreto, los deberes de actuación de cada uno: “el

conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en toda

circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia

su izquierda, por una vía pública transversal” (art. 57 inc. 2º, ley cit.)”.

III. El principio de la seguridad.

Sentado que el principio que inerva la normativa por entonces vigente

es la seguridad, se desplaza el argumento hacia las consecuencias de tal

principio. En palabras del Dr. Roncoroni: “…el mismo legislador, a renglón

seguido y luego de resaltar el carácter absoluto de tal prioridad, se encarga

de señalar particulares situaciones en que la misma se pierde y, entre las

cuales, se encuentra la que nos ocupa en el presente: “cuando circulen

vehículos por una vía de mayor jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas y

carreteras. Antes de ingresar o cruzarla debe siempre detener la marcha”.

“Es obvio que a través de la excepción el legislador ha tratado de

privilegiar, nuevamente, el valor seguridad y dotarnos de una norma que

asegure el entendimiento vital común entre los automovilistas en

determinadas y precisas situaciones que el principio general: “derecha

primero que izquierda”, los ponía en crisis, entorpeciendo y dificultando la

fluidez del tránsito vehicular de las arterias de mayor y más rápida

circulación. De allí que frente a las vías de mayor jerarquía ordene a todo el

que intente ingresar en ellas o cruzarlas detener siempre su marcha. Y esto

con el objeto de que dichos conductores, obrando con la cautela y prudencia

que aconsejan las circunstancias y la densidad del tránsito en las vías de

mayor jerarquía, decidan su ingreso o intenten el cruce sin entorpecer la

circulación de vehículos en aquellas arterias y sin poner en riesgo la vida y

los bienes suyos y de sus semejantes”.

“Esta misma conducta, como esos mismos riesgos a evitar con ella,

es la que cabe exigir cuando se intenta ingresar o cruzar desde una calle de

una mano una avenida ciudadana de doble mano y, sobre todo, en aquellas

que no existe una rambla divisoria que permita el cobijo del vehículo que

surcó la primera mano y se encuentra con automotores que ruedan por la

segunda mano. Y esto quiero decir la adopción de esta conducta de

prudencia es tan válido como necesario para aquellos conductores que

lleguen a la Avenida y se presenten para su ingreso tanto frente a la mano

de aquélla que esté situada a su izquierda, como a su derecha.”

IV. La doble mano en las avenidas.

El Dr. Roncoroni añadió en su análisis un argumento basado en su

sentido realista y en la lógica del tránsito que encuentro convincente frente a

cualquier disposición legal: si admitimos que quienes crucen las avenidas

prioricen su paso cuando provienen por la derecha, la regla se aplicará a una

de las manos de avance de la avenida, pero no podrá aplicarse en la

“contramano” pues necesariamente allí los que circulan por la avenida

vienen por la derecha y por ello con la prioridad de paso. Transcribo su

exposición del punto:

“La trascendencia de la regla de prioridad de paso que estatuye el art.

57 inc. 2º de la ley 11.430 no puede biseccionarse o fraccionarse en su

aplicación y actuación para el conductor de un rodado que circulando por

una calle de una sola mano, ingresa a una avenida de doble mano en la que

los vehículos que corren sobre la primera mano a surcar se presentan a su

izquierda. En nuestro parecer no es razonable la pervivencia del principio

general que llevaría a sostener, por ende, que aquél goza de la prelación al

surcar la primera mano de la bocacalle. Pues bajo el hilo conductor de tal

razonar, pierde esa preferencia al llegar al centro de la calzada y

encontrarse con la otra mano de la Avenida que le presenta, ahora, los

vehículos por su derecha, obligándolo a detenerse en la mitad de la

encrucijada, obstruir la circulación y erigirse en fuente segura de daños y

accidentes (así lo sostuve en Cám. 1ª, Sala III, en causa 216.132, Reg. sent.

272/1993).”

V.- He de señalar ahora que, frente a la ley 24449 a la que esta

Provincia adhirió, no encuentro diferencias sustanciales que indiquen que la

interpretación habrá de ser distinta aunque, en razón de la actual redacción

de la norma, habré de considerar algunos otros aspectos.

Recordemos que el art. 41 de la ley citada, que ya hemos transcripto

totalmente, dice: “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por

la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:… d) Los vehículos que circulan

por una semiautopista… “. De este modo, el legislador ha incorporado

excepciones entre las cuales no se menciona la anterior clase “vías de

mayor jerarquía” que permitía incluir supuestos no previstos.

Sin embargo, el caso, en lo fundamental, no difiere. Antaño, frente a la

regla “derecha antes que izquierda” debió expandirse el número de

excepciones en honor al principio general de la “seguridad del tránsito”.

La situación actual de la normativa es similar: se ha fijado una norma

general de prioridad en los cruces y se han enumerado supuestos en los que

la regla no habrá de aplicarse. En tales supuestos subyace el principio que

promueve normas claras y adecuadas a la naturaleza de las cosas, de modo

que el tránsito ciudadano sea funcional a las necesidades urbanas: seguro y

rápido.

VI.- Conforme lo antedicho, me pregunto si en un cruce con una

Avenida corresponde aplicar el criterio de excepcionalidad de la regla del art.

41.)

a) Tal como aparece la norma en la nueva redacción legal, el principio

que privilegia a quien viene por la derecha en las “encrucijadas” ha sido

exceptuado solamente en los siguientes supuestos:

1) cuando hay señales viales que expresamente lo indican (art. 41 inc.

a);

2) para el paso de vehículos públicos en situación de emergencia (art.

41 inc. c), prioridad que en sentido estricto se aplica a cualquier situación en

que éstos participen (art. 61).

3) cuando se accede desde una calle de tierra a una vía pavimentada

( art. 41 inc. g, apartado 1):

4) cuando quien llega por la izquierda está saliendo de un paso a nivel

(art. 41 inc. g, apartado 2)

5) cando se cruza una semiautopista (o se ingresa a ésta).

Los restantes supuestos no tratan de “encrucijadas”, sino de

situaciones distintas en las que circular por la derecha no aparece como

elemento fundante de la regla de tránsito que ha de aplicarse. Así se

observa:

1) que la “excepción” se da cuando hay un cruce con vías férreas por

los que circulan vehículos “ferroviarios” o bien cuando se cruzan sendas

peatonales por los que circulan “peatones”.

2) Las “rotondas” no pueden considerarse como “encrucijadas” ya que

son modos de circulación en los que estrictamente no hay “cruce”.

3) los supuestos previstos en el art. 41 inc. g puntos 3 y 4 responden

a otros criterios: a) quien se detuvo ha cedido el paso y debe ser

consecuente con esa actitud; b) los animales o vehículos de tracción a

sangre se privilegian por sus limitaciones para la maniobra.

Llama la atención que la norma no se haya ocupado de las múltiples y

complejas “encrucijadas” que ostentan, como queda dicho, particularidades

especiales.

Toda vez que “por encima de lo que las leyes parecen decir

literalmente es propio de los jueces indagar lo que ellas dicen jurídicamente

y en esta interpretación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero

tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y

sistemática así lo requiere (CS 10/3/1983 in re “De la Rosa Vallejos”, LL

1983-C-553 con nota de N. González), estimo que corresponde, y así lo

propongo, una aplicación integrativa y analógica de la norma. Integrativa

pues como, arriba lo señalé, se hace indispensable evaluar la situación

particular de las Avenidas que, una vez más, han sido omitidas en el texto

legal. Analógica por cuanto la ley señala casos en los que, por la naturaleza

propia de las cosas, se excepciona en las encrucijadas el principio general.

Son ellos: el caso de la calle de tierra frente a la pavimentada, el de quien

sale del paso a nivel, de los que ingresan a otras vías y el de cruce de una

semiautopista.

Me detendré en un análisis brevísimo de cada uno de ellos:

El ingresante desde una calle de tierra a una pavimentada bebe ceder

el paso a quienes transitan por ésta última, pues es natural que éstos, que

circulan por el asfalto, lo hagan a mayor velocidad. Idéntico criterio se aplica

en el caso de las semiautopistas. Quien sale de un paso a nivel debe tener

prioridad frente al que circula paralelo a las vías pues sería peligroso que el

primero quedara detenido en el cruce con las vías donde podría ser

embestido por un ferrocarril (que tiene prioridad de paso en razón de sus

características). Por último, y también jerarquizando la dinámica de la

circulación, se posterga a quien ya se detuvo y pretende retomar la marcha.

Se observa en todos estos supuestos que junto a la regla general de

cruce aparecen otros principios tales como la seguridad, la fluencia del

tránsito, la prudencia conforme las circunstancias de tiempo y lugar, etc. que

requieren, según el caso, el desplazamiento del principio “derecha antes que

izquierda” y que deben aplicarse a los casos previstos y a sus análogos.

Por ello, aún rescatando la trascendencia de hacer respetar la

prioridad de que goza quien circula por la derecha, ello no puede conducir a

una inteligencia omnicomprensiva, generalizante y puramente mecánica de

tal regla, pues es necesario verificar en cada caso las circunstancias

integrales, en particular la incidencia de otras normas de tránsito y los

principios generales de la responsabilidad civil.

Tampoco es admisible llegar a un infinito casuismo, pues como se

dijo, es fundamental dotar a tránsito urbano de reglas claras de circulación,

tan claras, al menos como sea posible. Por ello sostengo que las avenidas

deben ser admitidas como una excepción a la regla de prioridad de cruce.

VII.- En el caso que nos ocupa, el vehículo Ford Falcon que se

encontraba circulando por la avenida fue embestido por quien pretendía

cruzar la misma proviniendo de su derecha. La regla de la prioridad de paso

debe ceder en este supuesto, priorizando a quienes transitan por la avenida

por cuanto ésta tiene circulación en ambos sentidos.

Por ello propondré admitir el recurso y revocar la sentencia dictada,

admitiendo la demanda incoada por contra Exequiel … como

conductor del vehículo Fiat Palio HFC… y contra ….SRL en su

calidad de titular registral del mismo, haciendo extensiva la condena a la

citada en garantía Copan Seguros y confirmarla en todo lo demás.

Propondré asimismo distribuir las costas de segunda instancia en el orden

causado, habida cuenta de las particularidades del caso en debate (arts. 68,

260, 272, 273, 274, C.P.C.C.).

En atención al modo en que propongo resolver la cuestión y admitir la

demanda, corresponde analizar si, por el principio de apelación adhesiva, he

de atender otros cuestionamientos no formulados al recurrir.

Entiendo que no corresponde tratamiento alguno toda vez que el

actor, que en la instancia anterior fue beneficiado con el 70% de los rubros

reclamados, ha limitado el alcance de su recurso, mediante los agravios de

fs. 270/272, a la distribución de la responsabilidad.

En tanto, la demandada tampoco ha levantado recurso alguno contra

la condena que, aunque parcial, le alcanzaba, lo que implica una virtual

conformidad con la apreciación que en primera instancia se hiciera de los

rubros admitidos.

Consecuentemente, con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.

A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Presidente Dr.

Hankovits dijo:

I. Atento la disidencia planteada entre los distinguidos colegas de la

Sala I de esta Cámara, es que voy a emitir mi voto en las presentes

actuaciones (arts. 35 ley 5827; 168 últ. párrafo de la Const. Prov.).

En honor a la brevedad, y a fin de evitar repeticiones innecesarias, es

que doy por reproducidas las cuestiones de hecho y derecho que plantea la

causa en tratamiento y que fueron abordadas en las opiniones precedentes,

a la que en tales aspectos me remito.

II. A. Sobre el punto que concita mi intervención, cabe liminarmente

señalar que no existe doctrina legal (arts. 161 inciso 3° a) de la Const. Prov.;

279 y 289 del C.P.C.C.) que resulte atrapante en cuanto jurisprudencia

vinculante para resolver estos obrados. En efecto, la Suprema Corte de la

Provincia no ha emitido aún opinión sobre el tópico a la luz del nuevo

régimen vigente en materia de regulación legal del tránsito (ley 24.449, a

tenor de la ley provincial 13.927), aplicable a la especie.

En ese orden, es dable mencionar que sólo existe una opinión dada a

mayor abundamiento por el Señor Juez de Lázzari, en su voto en minoría, en

C. 100.905 –sent. del 9-09-2009- que no forma parte de la ratio decidendi del

pronunciamiento de marras.

B. Sentado ello, es importante señalar que en lo que hace a la

“prioridad de paso” no constituye un valor absoluto de interpretación, sino

mejor un principio general de referencia que ha de jugar en función de las

circunstancias de cada caso.

Cierto es que la ley 24.449 ha sido sancionada el 23-12-1994 (B. O.

10/02/1995), reglamentada por el decreto 179/1995 (B.O. 12-2-1995), y rige

desde entonces en el orden nacional; a diferencia de la que ocurre en el

ámbito provincial que rige desde el 1 de enero de 2009 (ley 13.927, art. 55).

En tal sentido, las Cámaras Nacionales ya han emitido opinión sobre

si la prioridad de paso cede frente a una avenida, en base a dicho régimen

legal.

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A -sent. del

12/05/2011- in re “Jaworsky Boddan y otro c. Montes, Cristian Daniel y otros

s/daños y perjuicios” ha destacado que –en lo que considero de interés para

el presente- “para organizar y asegurar el cruce de vías jerárquicamente

superiores accediendo desde las transversales relativamente secundarias,

las reglas de derecha-izquierda y del ingreso prioritario son insuficientes y

peligrosas, pues pueden llevar al usuario a ingresar sin precauciones en un

polígono conflictual completamente diferente al de vías similares y

someterse con ello a un intenso riesgo de colisión. Igualmente sería

inconcebible que la encrucijada quedara abierta y sin reglas organizativas de

la maniobra de cruce, de modo que quedan dos alternativas: señalizar todas

las intersecciones de vías de distinta importancia relativa, lo que resulta muy

oneroso, o estipular normativamente la prelación del tránsito de las mayores

sobre el de la menor (conf. Tabasso Cammi, Preferencia de la vía de mayor

jerarquía. Eficaz dispositivo de organización y seguridad vial, LL,

2001-F-1083; citado en: Aren, Beatriz A., Juicio por accidentes de tránsito,

1a. ed., Buenos Aires, Amuraba, 2006, vol. 2, pág. 535)”.

“De allí –se sostuvo- que no sorprende que la jurisprudencia se incline

a conceder prioridad de paso al conductor que circula por una avenida

teniendo en cuenta no sólo la anchura sino también la densidad de tránsito

(conf. CNCiv., Sala J, “Sandalina, Néstor Rodolfo y otro c/ Cajal, Humberto

Espirito y otros s/ sumario” y “Cajal, Humberto Espirito y otro c/ Sandalina,

Néstor Rodolfo y otro s/ sumario”, del 22/11/99, voto en primer término de la

Dra. Zulema Wilde).”.

A mayor abundamiento, se enfatizó en el voto del Juez preopinante

Dr. Li Rossi- “que el decreto 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la ley N°

24.449 dispone que:

Art. 41: PRIORIDADES. La prioridad de paso en una encrucijada rige

independientemente de quien ingrese primero al mismo. El incumplimiento

de cualquiera de los supuestos de este artículo tiene las sanciones

establecidas en el Anexo 2.

a) En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no

sanforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a través de la

señalización específica.

Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas

sobre la vía principal.”.

A la luz de lo dicho, -concluyó- “es claro que si bien en algún

momento no lo hacía de manera explícita, la lógica de la Ley de Tránsito y

Seguridad vial N° 24.449 analizada en su conjunto da cuenta de que en

casos como el de autos debe prevalecer quien circula por una avenida, pues

de su espíritu trasciende como idea central que ante vías de distinta

jerarquía debe tener prioridad quien circula por la de mayor entidad, lo que

fue corroborado con la posterior modificación normativa. De allí que las

quejas esgrimida al respecto carezcan de andamiaje y deban ser

rechazadas.”. (Fallo cit.).

Cierto es que, además, el riesgo que conlleva en sí mismo el ingreso

a una calle de mayor tránsito –como lo es de una avenida- lo que hace

inobjetable que se requiera un grado más elevado de prudencia al proceder

de su entrada o cruce (S.C.B.A., C. 99.141, sent. del 15/07/2009, voto de la

Dra. Kogan).

III. Compartiendo los criterios decisorios reseñados, y puesto que no

se han verificado los parámetros objetivos que revelen una actitud

reprochable en el actor para endilgarle, aunque sea, una cuota de

responsabilidad, adhiero al voto del distinguido colega Dr. López Muro y doy

el mío igualmente por la NEGATIVA.

A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone

dijo:

Atendiendo al Acuerdo alcanzado por mayoría, corresponde y así lo

propongo, revocar la apelada sentencia de fs. 247/254, aclarada a fs 259,

admitiendo la demanda en su totalidad y condenando a Exequiel MMM,

en su calidad de conductor del vehículo Fiat Palio … y a la firma

MMMM S.R.L., en su calidad de titular registral del mismo, a pagar al actor

Juan Carlos Saborido la totalidad de los montos que conforman la condena

dispuesta en la sentencia de primera instancia, lo que se hará extensivo a la

citada en garantía Copan Seguros y confirmarla en todo lo demás que ha

sido materia de recurso y agravios. Propondré asimismo distribuir las costas

de la instancia recursiva en el orden causado, habida cuenta de las

particularidades del caso en debate (arts. 68, 69 del C.P.C.C.).

ASÍ LO VOTO.

En un todo de Acuerdo, los doctores López Muro y Hankovits

adhieren al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo,

dictándose por el Tribunal la siguiente:

S E N T E N C I A

POR ELLO, y demás fundamentos del Acuerdo que antecede,

por mayoría, se revoca la apelada sentencia de fs. 247/254, aclarada a fs.

259, admitiéndose la demanda en su totalidad y condenando a Exequiel

MMM, en su calidad de conductor del vehículo Fiat Palio HFC404 y a la

firma…  S.R.L., en su calidad de titular registral del mismo, a pagar al

actor Juan Carlos Saborido la totalidad de los montos que conforman la

condena dispuesta en la sentencia de primera instancia, lo que se hace

extensivo a la citada en garantía Copan Seguros y se la confirma en todo lo

demás que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de la instancia

recursiva en el orden causado. REG. NOT. DEV.

 

 

---

 

Expte. N° JU-2951-2010 – …. Viviana c/ …..Ilda y Otro/A s/Daños y Perj. Estado (Uso Autom. c/Les. o Muerte)” – CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE JUNÍN (Buenos Aires) – 10/12/2015

/NIN, a los 10 días del mes de Diciembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y JUAN JOSE GUARDIOLA en causa Nº JU-2951-2010 caratulada: “….S/DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO AUTOM.C/LES. O MUERTE)”, a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Juan José Guardiola- Juan Manuel Castro Durán.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:

I.- En la sentencia dictada a fs. 494/498vta. se rechazó con costas la demanda que por daños y perjuicios entabló …. y se hizo lugar a la exclusión de cobertura por falta de pago opuesta por Liderar Cia. Argentina de Seguros SA, con costas a la actora y las demandadas.

Para resolver de esa forma la Sra. Jueza de Primera Instancia Dra. Morando evaluó en referencia al momento y lugar donde se produce el accidente de tránsito, que estando con luz amarilla intermitente los semáforos ubicados en la intersección de la calle Bartolomé Mitre y Av. Arias de esta ciudad, asistía prioridad de paso por arribar al cruce desde la derecha al taxi EVD….de propiedad de la …..conducido por su hijo Sr. ….que circulaba “hacia la ruta Nacional nro. 7” ( declaración testimonial de fs. 61vta IPP). Descartó que aquella se perdiera por haber intentado girar para tomar Rivadavia (continuación de Mitre) haciendo mérito del informe pericial mecánico, fotografías y el caso omiso que hizo la titular del Juzgado de Garantías del testimonio rendido por el Sr. Sartori. Puso de resalto por último que la Sra. ….no estaba habilitada para conducir el ciclomotor lo que hace presumir su falta de idoneidad para el manejo.

Previamente hizo lugar a la declinación de cobertura de la citada por ambas partes en garantía, señalando que a la fecha del hecho ( 28 de septiembre de 2007) correspondía que estuviera paga la cuota 6 de las 12 del plan del contrato de seguro y sólo figura registrado que se canceló la 5a. con fecha 14 de septiembre. Consideró que la exclusión en base al art. 31 de la LS no ha sido invalidada por la declaración del productor ….por falta de precisiones en su declaración ni porque el domicilio de pago haya sido la parada de taxi de la tomadora, toda vez que pesaba sobre los demandados la acreditación de la mora imputada al Productor. Hace soportar las costas en relación a esta defensa también a la actora, no obstante poder desconocer la ausencia de pago, por la postura que mantuvo a fs. 122.

II.- Apelaron los demandados con el patrocinio del Dr. Tessone a fs. 505 y el apoderado de la actora Dr. Itoiz a fs. 507.

Los primeros, a fs. 523/527, se disconforman de la exclusión de cobertura de la aseguradora, solicitando se rechace la excepción imponiéndole las costas de ambas instancias. Por un lado sostienen que siendo el pago de la primera cuota el 4 de junio de 2007, el 28 de septiembre debía estar abonada la 4ta. cuota – no la 5ta.- y dicho pago se produjo el 13 de septiembre con antelación al accidente. Por el otro afirman que se ha aplicado erróneamente el régimen de mora del art. 509 CCivil, ya que debiendo cumplirse la obligación – pago de la prima- en el domicilio del deudor, es la aseguradora quien debe realizar el esfuerzo probatorio para convencer que fue el productor quien concurrió a percibir la cuota.

El Dr. Itoiz en su memoria de fs. 528/531 se agravia también de la exoneración de responsabilidad de la compañía aseguradora por considerar que al haber concurrido en dos oportunidades a la audiencia de mediación sin que haya declinado su responsabilidad supone una aceptación tácita de la misma y porque entiende que el tercero ajeno a la vinculación contractual no puede ser perjudicado, debiendo la aseguradora abonar y luego repetir. Asimismo objeta la exoneración de responsabilidad de la demandada. Intenta desvirtuar la pericia señalando que el siniestro se produce en Arias y Rivadavia y no Arias y Mitre, lo que no es lo mismo ya que estamos en lugares distintos de la encrucijada. Refiere declaraciones testimoniales en tramos con resaltado de los que se infiere el propósito de destacar que el automóvil estaba doblando y que la motocicleta estaba más avanzada en el cruce. Señala contradicciones en la pericia (vgr. lado donde se encuentran los daños en el automotor) que sólo generan dudas de cómo fueron los hechos, por lo que la prueba testimonial (Sartori y Alvarez) adquiere particular relevancia para demostrar que la motocicleta fue embestida por el automotor.

Ejercieron el derecho a réplica los demandados a fs. 539/542 apuntando que el recurso es infundado conteniendo razonamientos truncos y sin argumentación eficaz para rebatir la motivación del fallo (arts. 260 y 261 CPCC). Sin perjuicio de ello manifiestan que el sobreseimiento en la causa penal no puede ser revisado en esta sede en cuanto al hecho principal descripto y sus circunstancias, esto es que el semáforo funcionaba con luz amarilla intermitente y que el suceso se produjo cuando el automóvil había transitado más de la mitad de la bocacalle y tenía prioridad absoluta de paso.

Por su parte el Dr. Itoiz a fs. 533 nada observa al cuestionamiento de los demandados a la exclusión de cobertura; y la Dra. Pelegrin en representación de la citada en garantía en sendos escritos de fs. 544/545 y 546/547 se encarga de contestar las impugnaciones de los demandados y la actora. Pone de resalto que aquellos carecen de perjuicio en relación a la eximición de cobertura al haberse rechazado la demanda, excepto en lo que hace a la imposición de costas y esto no fue específicamente cuestionado. No obstante destaca que según informe del perito contador debía abonada a la fecha del accidente la cuota 6 y sólo se registra el pago de la cuota 5. Observa también que la expresión de agravios de la actora carece de una crítica concreta y razonada y que la idea de una aceptación tácita de responsabilidad por concurrir a una mediación constituye una teoría sin asidero cuando el siniestro fue rechazado. Defiende también la sentencia en lo que hace a la responsabilidad atribuida, pese a considerarse ajena a responder por la endilgada a los demandados, al basarse en la pericia mecánica y la propia causa penal.

Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 548 se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)

III.- En esa faena, liminarmente digo que aunque resulta innegable que la crítica de la actora se presenta inconexa y desarticulada, con un mínimo de predisposición interpretativa se colige cuáles son los aspectos medulares del fallo sobre los que recae y el sentido o alcance de su disconformidad. Razón por la cual, en función del criterio amplio con que este tribunal se maneja para garantizar a ultranza el derecho de defensa y sin que ello implique arrogarse facultades revisoras que desborden nuestro límite decisorio, he de levantar la barrera de admisibilidad formal y proceder a su tratamiento (art. 260 CPCC)

Sentado ello coincido con lo expresado por los demandados en el sentido de que el hecho principal, las circunstancias fácticas del suceso, en que se basa el pronunciamiento recaído- sobreseimiento del Sr. ….- en sede penal de fs. 144/146 causa 04-00-061293-07 Denuncia Víctima Ruiz Mónica Viviana en fotocopias certificadas agregada, es irrevisable en esta sede ya que de lo contrario se violarían los principios de identidad y no contradicción, produciéndose un strepitus fori (doctr. art. 1103 CCivil de Vélez aplicable en todos los aspectos de la responsabilidad aquí en debate teniendo en cuenta la fecha del accidente art. 7 CCCN, sin perjuicio de lo cual destaco que esta interpretación no se ve alterada por el nuevo ordenamiento en función de lo dispuesto por los arts. 1776 y 1777). Así está fuera de discusión que las luces de los semáforos estaban con luz amarilla intermitente, que el automóvil había transitado más de la mitad de la bocacalle y que es embestido por la motocicleta. Sin embargo y aún cuando también es irrevisable que llegó al cruce desde la derecha, no participo de su apreciación de que ello alcance a la valoración que allí se efectuó de que le asistía prioridad absoluta de paso. El encuadre legal en materia de reglas de tránsito y las implicancias de ello no obliga al juzgador civil llamado a decidir sobre una responsabilidad y eximentes muy distintos.

Ello tiene en el caso relevancia en cuanto al marco normativo, no solo porque a la fecha del accidente regía el decreto 40/2007 sino porque particularmente el mismo disponía en su art. 75 respecto a vías semaforizadas que (inc. a) “los vehículos deben…4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el mismo con precaución”, con lo cual no resulta predicable sin más la regla de la derecha ( ver este tribunal Expte. Nº 43073 “Fare Roberto Carlos y Otro C/ Perez Roberto Mario y Otros S/ Daños y Perjuicios” LS 50 n° 25 sent. del 3/3/2009; Areán Beatriz A “Juicio por accidentes de tránsito” Hammurabi To. 2 p. 608 y jurisp. allí citada).

Sin embargo no es suficiente para modificar la suerte del litigio.

Los dos aspectos referidos en cuanto al lugar de la bocacalle donde se produce la colisión y calidad de embistente de la motocicleta de la actora, aunados a elementos probatorios colectados en esta causa, permiten establecer que el suceso fue producto de la imprudencia o impericia de la víctima fracturaria del nexo causal atribuible al riesgo del automóvil ( art. 1113 2do párrafo, segunda parte CCivil de Vélez ref. por ley 17711)

Pese al esfuerzo en tratar de desvirtuar la fuerza convictiva del informe pericial mecánico de fs. 374/5 (básicamente por el error de pluma de consignar “derecho” cuando es izquierdo lo que es aclarado a fs. 392 y resulta del informe de fs. 8 IPP 568/08 al que se remite y es evidente a tenor de las fotografías acompañadas) el mismo aporta datos sobresalientes respecto a la mecánica del accidente. Así, “que la motocicleta no superó la dirección previa de marcha del automóvil, quedando caída a la izquierda de éste”; que el automóvil “no registra daño frontal” y su velocidad “era adecuada a la reglamentaria. De no haber sido así no hubiera logrado el conductor detenerlo en la ubicación mostrada en croquis y fotografías referidas” y que fue “la ausencia de una frenada acorde a las circunstancias” y la “acción de giro evasiva, hacia el lado opuesto de aproximación del automóvil” lo que provocaron la fractura del miembro inferior derecho.

Las fotografías de fs. 64 y 65 son harto elocuentes, por la ubicación en la encrucijada donde quedaron los vehículos, de que la conducta de la motociclista de proseguir su marcha, colisionando al Peugeot, ha sido la única causa determinante de los daños que padeció.

Dichas piezas permiten también descartar la incidencia de un giro por parte del automóvil para tomar la calle Rivadavia, con el que actoralmente se pretende enervar la preferencia de situación por el incumplimiento del deber de respeto a la continuidad del flujo vehicular. Ningún elemento serio permite sostener esa hipótesis que aparece en la demanda (fs. 27) cuando no fue siquiera esgrimida en la denuncia penal de fs. 1 IPP 04-00-061293-07. Las intenciones de doblar a que alude el testigo Sartori (Fs. 81 IPP recién mencionada y 447 de estas actuaciones) son meras especulaciones, toda vez que el mismo declaró no haber visto la colisión ni por ende las trayectorias previas, a partir de que el automóvil quedó “con su trompa apuntada al edificio de la Municipalidad”. Sin embargo ello razonablemente puede obedecer bien al impacto mismo o al intento previo de una maniobra de giro hacia la izquierda que realizara para evitar ser impactado.

La falta de carnet habilitante para conducir de la actora (ver fs. 437) si bien como reiteradamente ha dicho nuestro superior constituye una infracción administrativa que no apareja por sí responsabilidad civil cuando no hay relación causal determinante del hecho dañoso, en el caso viene a apuntalar, al menos indiciariamente en cuanto a la falta de pericia conductiva ( ver Gamarra Jorge Tratado de Derecho Civil uruguayo To. XXII FCU 1990 p. 115) lo objetivamente comprobado en el examen retrospectivo de lo sucedido ( art. 901, 512 CCivil de Vélez.)

Considero en consecuencia bien rechazada la acción indemnizatoria incoada.

IV.- A. Pasando ahora al tópico de la declinación de cobertura de la aseguradora citada en garantía, estimo conveniente de inicio dar algunas precisiones.

En primer lugar el gravamen que provocó su admisión y que legitima recursivamente a los demandados no está configurado necesariamente por la suerte de la acción indemnizatoria, toda vez que tal cuestión sería incluso abordable por vía de adhesión implícita en el caso de que se hubiera revertido la solución, sino por la misma imposición de costas que por aquella se resolvió; no resultando ineludible un ataque puntual a este aspecto accesorio que sólo es su consecuencia objetiva (art. 274 del CPCC).

En segundo lugar si bien se ha entendido puede existir una renuncia tácita a invocar la suspensión de cobertura por la participación que hubiere tenida en una mediación previa en consonancia con la actitud guardada en relación a lo dispuesto por el art. 56 LS (ver CNCiv. Sala G “Albertoni Guillermo Rafael c. Malatesta Isabel y ot.” La Ley Online A/JUR/720/2009; idem Sala L “Ray Severino y otros c/ Castelli Carlos” La Ley Online AR/JUR/ 3480/2008), en el caso que nos ocupa al rechazo de cobertura ( ver fs. 101/102) se suma que conforme única constancia de fs. 110 IPP la aseguradora incompareció a la audiencia de mediación voluntaria dispuesta en sede penal conforme ley 13433.

Por último “Si bien el objeto del seguro de responsabilidad civil es mantener indemne al asegurado (art. 109, Ley de Seguros) y que no constituye una estipulación en favor de terceros (art. 504 Cód. Civil), no lo es menos que el damnificado puede ver resguardada la efectiva percepción de su crédito con la presencia de un legitimado solvente (no es deudor porque no lo es respecto del tercero), pero así como a raíz de la comparecencia de la aseguradora recibe un “beneficio” traducido en un privilegio sobre la suma asegurada (art. 118, Ley de Seguros citada), debe aceptar todos los términos del contrato aún aquellos que eliminen o restrinjan la garantía de indemnidad.” ( SCBA C 100299 S 11/03/2009).

“Entre el damnificado y la citada en garantía no existe ninguna relación obligacional, porque el contrato no constituye una estipulación en favor del tercero. Mediante la citación a juicio, el asegurador es convocado al pleito para cumplir con la prestación debida a su único acreedor, más no se convierte en acreedor de su acreedor, porque si el asegurado no es condenado a reparación pecuniaria alguna no media la correlativa obligación de mantenerlo indemne. ” (CCC QL Sala 110932 RSD-74-8 S 11/11/2008 “Alcorta, Georgina M. c/Melgarejo, Carlos O. s/Daños y perjuicios” Juba B2900638). En nada se modifica ello por la ley de defensa del consumidor.

B. Dicho esto vayamos al tema de la mora en el pago de la prima que da lugar a la suspensión de la cobertura a la fecha del siniestro, a tenor de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 17418, conforme la defensa opuesta y decisión adoptada.

Uno de los aspectos en los que se basa la impugnación es consiste en que la cuota correspondiente al período ya se encontraba paga. Este argumento, recién introducido al solicitar explicaciones al perito contador (ver fs. 354yvta), ya que al solicitar la citación en garantía y contestar la presentación de la aseguradora (ver fs. 73yvta. y 119/120) solo se adujo que el incumplimiento no le era imputable, carece de asidero.

Que la cláusula de cobranza del premio disponga que “En caso que el premio se pague en cuotas el pago de la primera de ellas dará lugar al comienzo de la cobertura” en modo alguno significa que recién cuando voluntariamente el tomador abone aquella se comenzaran a devengar las cuotas mensuales y consecutivas en que se fraccionó la prima. La exigibilidad de la misma se rige conforme lo dispuesto por el art. 30 LS y como se aclara a renglón seguido de esa condición particular 33 “Dicha cuota y las sucesivas, serán por importes y por períodos según el plan de pagos de la factura que se entregue con la presente póliza”. Y específicamente de los cupones (ver fs. 336 en particular) resulta que las ellas fueron establecidas a partir de la emisión de la póliza (10/04/2007 fs. 392), por lo que a la fecha del suceso tenía que estar cancelada la cuota 6 de vencimiento 10/09/2007. Y como fue informado en la pericia contable recién se había cumplido con el pago de la 5 en fecha 14 de septiembre (fs. 352 resp. 4)

C. La otra cuestión radica en si estaba incurso o no en mora, en función que, de acuerdo a la práctica contractual, el lugar de pago era la parada de taxi (art. 29 LS; declaración testimonial del productor Nieto a fs. 462)

La Sra. Jueza de la instancia anterior consideró que la carga de la prueba de acreditar que el acreedor no compareció a efectos del cobro, es decir que el incumplimiento material no le es jurídicamente imputable (art. 509 CCivil de Vélez ref. ley 17711) corre a cargo del asegurado. Los demandados sostuvieron e insisten que la colaboración del acreedor cuando el domicilio de pago es el del deudor, debe ser acreditada por quien alegó la configuración de la mora como presupuesto de la suspensión de cobertura.

En el régimen hoy sustituido, en abstracto, ambas posiciones tuvieron apoyo doctrinario y jurisprudencial. Excedería el objeto propio de una sentencia judicial hacer una detallada reseña de la doctrina y jurisprudencia, y los fundamentos respectivos. Simplemente recordemos que la Corte Suprema de Tucumán con voto de López de Zavalía (“Christiani de Zelarayán, Olga c/Ocaranza, María y otro”, S 19/3/1973, L.L. 152 – 491) y el Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (” Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Juan Carlas Ruiz y otra” S 21/3/1980 La Ley 1980-B,123) en forma coincidente con la recomendación 11 de lege lata del IV Congreso Nacional de Derecho Civil (con la disidencia de Jorge Mosset Iturraspe, Luis Ovsejevich y Horacio S. Cáceres), la opinión de Borda (“Un peligroso precedente” LL 1975-A-518), Wayar ( “Tratado de la mora” Capítulo VII), Bustamante Alsina (“La mora del deudor y la concepción dinámica del patrimonio” Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo I, 335; “Afirmación de una doctrina en materia de mora” La Ley 1982-D , 116 ) entre otros, dan sustento al criterio de la juzgadora.

La tesis opuesta -dejando a un lado aquellos que consideraron que no se configura la mora automática sino que requiere interpelación-, que sostenía que la carga de la prueba de la concurrencia en la fecha a recibir el pago corresponde al acreedor, contaba en sus filas a Moisset de Espanés (“La mora en las obligaciones” p. 259/267), Gagliardo (“La mora. Estructura y alcances” p. 164/173), Racciatti ( “Mora y las obligaciones que deben cumplirse en el domicilio del deudor” JA 1978-IV-635) para citar sólo algunos. A ella adscribió la doctrina legal de la SCBA: Ac 29284 “Prados” Ac. y Sent. 1980-III-24; voto del Dr. Mercader en “Conte, Daniel Osvaldo c/Municipalidad de General Pueyrredón s/Demanda contencioso administrativa” Ac. B 49803 sent. del 31/3/1992 y Ac. 53421 “Zajsek María Marta c/ Pollaroli Ethel Angela s/ Cumplimiento de contrato” 31/3/1998, al establecer que “es necesario que el acreedor demuestre que ha concurrido al domicilio de pago con intención de recibirlo y así dar por cumplida con la obligación que emergía del contrato”

Esa subsistente controversia era superada en la mayoría de los casos por la prueba concreta por parte de los litigantes de la mora accipiens o debitoris, por elementos presuncionales o por el juego de la carga procesal dinámica que permitían de acuerdo a las reglas de la sana crítica establecer si se trataba de un mero retardo o si el deudor estaba incurso en mora.

Sin embargo, el conflicto ha quedado definitivamente zanjado con el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994). El art. 888 del mismo (a diferencia del Proyecto de 1998: arts. 677, 1593, 1594, 1595 inc. b, 1596 y 1598) “es categórico al poner en cabeza del deudor la prueba de las circunstancias que hacen a su incumplimiento inimputable ‘cualquiera sea el lugar de pago de la obligación’ ” (Santarelli Fulvio G. “Extinción de las obligaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación” en CCCN Suplemento Especial La Ley Nov. 2014 p. 95; Pizarro Ramón D “La mora del deudor en el Proyecto de Código” La Ley 2012-E p. 883/885; “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” La Ley Julio C. Rivera – Graciela Medina Directores To. III p. 303/304).

¿Tiene esto alguna repercusión en las situaciones anteriores a su entrada en vigencia, como el caso que nos ocupa?

Estamos frente a uno de los problemas intertemporales que plantea la sanción del nuevo Código.

Las normas relativas a la constitución en mora son de carácter supletorio y en consecuencia están regidas por la última parte del art. 7 CCCN, lo que determina el efecto diferido del CCiv. de Vélez (Moisset de Espanés Luis “La irretroactividad de la ley y el nuevo Art. 3 Código Civil (derecho transitorio)” Univ. Nacional de Córdoba año 1976 p. 118/119; jurisprudencia reseñada en ED To. 36 año 1971 p. 743/744; Llambías-Raffo Benegas “Parte General” To. I N° 179 bis) para todas las cuestiones anteriores, máxime si se trata de un elemento cumplido, agotado (consumo jurídico) de una relación preexistente (Morello Augusto M. “Eficacia de la ley nueva en el tiempo” JA Serie Contemporánea 1969. To. 3 p. 109). No siendo una norma más favorable para el consumidor en la relación de seguro no se suscita tampoco el supuesto del párrafo final introducido. Cabe señalar sin embargo que para la opinión de Borda (Tratado Parte General To. I N°150bis), estaríamos en la materia ante una norma dispositiva que teniendo en miras el interés general (la dinámica de los negocios) debe aplicarse de inmediato.

Sin embargo “tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia” se han dado dos soluciones: según Moisset de Espanés (obra recién citada p. 110, aunque para otro supuesto, “la aplicación inmediata sólo sería admisible, a nuestro entender, por tribunales que ya estuvieran aplicando el criterio que ahora consagra… (aquí el art. 888)”. En cambio para Kemelmajer de Carlucci (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” Rubinzal-Culzoni N°V 43 y 57.1), reflexionando aclaro también para otros casos, en opinión que comparto “sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley”. Ello no sería aplicar retroactivamente el art. 888 sino “analizar el caso conforme a la legislación anterior, pero a la luz de la doctrina que propiciaba la misma solución a la que el luego el legislador adhirió”.

Ello ya había sido expresado a través del voto que emitiera como integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1 el 22/4/2003 in re March Molina Juan c. Fernández Gustavo y Ot. Ejec. típica (Cob. alq.) s/ Inc. Cas”: “entiendo que el juzgador debe resolver el caso a la luz de lo querido por el legislador y no apartándose de su mandato. A los sólidos argumentos dados por la doctrina y la jurisprudencia anterior a la sanción, antes citados, hoy se suma una ley que los ha ratificado.”

Agrego dos consideraciones que por vía analógica a mi modo de ver refuerzan ese criterio: tanto en el caso de leyes interpretativas como en el caso de normas procesales la aplicación es inmediata para casos no resueltos.

Obviamente no estamos frente a una ley interpretativa cuando se trata de un código que reemplaza al código civil ley 340 y sus modificatorias. Empero tal como se establece en los Fundamentos del Proyecto que acompañaran su elevación por parte de la Comisión redactora “… se precisa la eximición, disponiéndose que el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación ” (el resaltado me pertenece); es decir se considera que el régimen probatorio de la mora no se ha modificado sino que ha sido simplemente “determinado de modo preciso”, “obligado y sin excusas a ejecutar algo” (según acepciones del DRAE de precisar). Operaría en este sentido como una suerte de interpretación auténtica de la eximición por mora del acreedor.

Desde lo procesal, aun cuando que Roubier sustraía claramente del efecto inmediato a las leyes relativas a la prueba que se vinculan directamente al derecho de fondo, exigiendo o prescindiendo de determinado medio de prueba, entiendo que aquí al regularse el onus probandi en un aspecto que por lo controvertido los contratantes y litigantes no podían descansar en la creencia de un derecho, menos adquirido o amparado por garantías constitucionales, lo que en rigor se está fijando es una pauta de juzgamiento dirigida al juez, en ausencia de prueba, para el momento en que se produce dicho acto, también respecto a los casos anteriores todavía no finiquitados.

Independientemente de esto, existe una circunstancia fáctica muy diferente al precedente que invoca el Dr. Tessone y sella la suerte adversa de la eximición de su mora, incluso para cualquier alivio respecto a las costas:

No se trata propiamente del domicilio del deudor, sino de un tercer lugar, una parada de taxis, en que por la propia tarea del Sr. Greco que exige constantes desplazamientos, también él como deudor debía prestar su deber colaborativo – y acreditarlo- para realizar el pago, concurriendo a trabajar ese día – en horarios normales-, permaneciendo o dejando el dinero de la cuota a alguien encargado para hacerlo. Y apoltronándose en una supuesta no concurrencia del Productor – cuando con anterioridad a la fecha del siniestro pagó la cuota 5- no realizó el menor esfuerzo probatorio sobre tales recaudos. Si ambos extremos de la relación obligatoria están sujetas a idéntico deber, señala Padilla (“La mora en las obligaciones” N° 49 b) “frente a la clara preceptiva legal, no puede cuestionarse la configuración automática del estado moratorio del solvens, el que podrá desvanecer el aserto legislativo mediante la prueba pertinente”.

V.- Por todo ello propongo se confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de Alzada por la declinación de cobertura a la actora y los demandados y por la demanda de daños y perjuicios a la actora (art. 68 del CPCC).

ASI LO VOTO

El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, corresponde:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada en todas sus partes. Costas de Alzada por la declinación de cobertura a la actora y los demandados y por la demanda de daños y perjuicios a la actora (art. 68 del CPCC).

Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904)

ASI LO VOTO

El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:

Fdo.: JUAN JOSE GUARDIOLA – RICARDO MANUEL CASTRO DURAN

ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).

//NIN, (Bs. As.), 10 de Diciembre de 2015.

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada en todas sus partes.

Costas de Alzada por la declinación de cobertura a la actora y los demandados y por la demanda de daños y perjuicios a la actora (art. 68 del CPCC).

Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen

FDO.: JUAN JOSE GUARDIOLA – RICARDO MANUEL CASTRO DURAN

ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria)