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Requisitos del matrimonio en el nuevo código civil

| El 17, Sep 2015

¿Cuáles son los requisitos del matrimonio en el nuevo código civil?

Para casarse hay que tener 18 años pero los padres pueden autorizarlos si son más chicos. Y sis los padres se oponen, el juez… Eso sí, ambos deben estar presentes y la promesa anterior de casamiento no da acción legal en el derecho argentino, pero si hay una ruptura súbita (con las invitaciones al casamiento ya impresas) el novio o novia puede tener que resarcir el daño moral. También hay que hacerse los exámenes médicos y pagar la tasa. Pero si alguien carece de recursos, puede zafar.

unique-wedding-cake-toppers-photoEl nuevo código civil incorpora el matrimonio a distancia que es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este Código en las normas de derecho internacional privado.

Es un mito que cualquiera pueda entrar al acto de matrimonio en el registro civil (no son jueces sino funcionarios) y oponerse. Solo lo pueden hacer algunos parientes y la fiscalía. Pero sí puede denunciar a la fiscalía si conoce algún impedimento, por ejemplo que el novio ya estuviera casado…

Pasó hace poquito que el hombre estaba casado pero estaba tramitando el divorcio, aún no estaba divorciado, no había salido al sentencia. El juez entendió que el registro nunca debió haber celebrado el nuevo matrimonio y que por eso debía resarcirla con nás de $30.000 en concepto de daño moral. Fundamentó la decision en que el Estado “contrae la obligación de prestar un servicio y lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución”. Esto es acorde con la nueva ley de responsabilidad del Estado.


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Anexo con las normas del nuevo código civil

ARTÍCULO 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio: a. el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; b. el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo; c. la afinidad en línea recta en todos los grados; d. el matrimonio anterior, mientras subsista; e. haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges; f. tener menos de dieciocho años; g. la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial.
ARTÍCULO 404.- Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del inciso f) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado. La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas de la administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 inciso d).

ARTÍCULO 410.- Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley. La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedimentos debe ser rechazada sin más trámite.
ARTÍCULO 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete: a. al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio; b. a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo;

al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 412.- Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público, para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los artículos 413 y 414.
ARTÍCULO 413.- Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al oficial público del Registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de: a. nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente; b. vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes; c. impedimento en que se funda la oposición; d. documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la tiene; si no la tiene, el lugar donde está, y cualquier otra información útil. Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquél no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.

ARTÍCULO 414.- Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presentados y suspende la celebración del matrimonio. El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público.
ARTÍCULO 415.- Cumplimiento de la sentencia. Recibido el testimonio de la sentencia firme que desestima la oposición, el oficial público procede a celebrar el matrimonio. Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matrimonio no puede celebrarse. En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispositiva de la sentencia al margen del acta respectiva.

Anexo con la sentencia completa

AUTOS Y VISTOS: La presente causa N° 25.391 caratulada “NNN C/
MINISTERIO DE GOBIERNO – REGISTRO PERSONAS S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”,
en trámite por ante este Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
La Plata a mi cargo, de la que –
RESULTA:-
1. Que a fs. 14/21 se presenta la Sra. NNN., con patrocinio letrado,
promoviendo acción contencioso administrativa contra la Provincia de
Buenos Aires -Dirección Provincial del Registro de las Personas-, en los
términos del artículo 12 inciso 3 del C.C.A, para obtener el resarcimiento
de los daños y perjuicios -que ascienden a la suma de pesos cuarenta y dos
mil ciento diez ($ 42.110), con más intereses y costas-, ocasionados como
consecuencia de la omisión por parte del funcionario interviniente, en
verificar el estado civil de los contrayentes con carácter previo a la
celebración del matrimonio, que luego debió ser anulado por existencia del
impedimento de ligamen. –
Relata que el día 18-III-2002, contrajo matrimonio con el Sr. B.
Rodríguez, ante la Delegación La Plata Sección 1° del Registro Provincial
de las Personas, para lo cual, previamente, presentaron la documentación
requerida al efecto, declarando como estado civil “solteros”, condición
que no fue debidamente verificada por el funcionario que celebró el acto.
Indica que cuatro años después de haber contraído matrimonio, tomó
conocimiento de que el Sr. ….se hallaba tramitando un proceso
judicial para obtener su divorcio de Sra….., con quien había
contraído matrimonio el día 30-VIII-1993 en la Delegación Los Hornos.–
Sostiene que la Dirección Provincial del Registro de las Personas es
responsable en los términos de los arts. 512, 1109, 1112 y 1113 del Código
Civil, por la omisión en su deber de verificar el estado civil de los
contrayentes del matrimonio declarado nulo por impedimento de ligamen, y
por la consiguiente celebración del acto en tales condiciones. –
Reclama el resarcimiento por daño material, psicológico, psiquiátrico y
moral, los cuales estima en la suma de pesos cuarenta y dos mil ciento
diez ($ 42.110). –
Finalmente, funda en derecho su pretensión, ofrece prueba, plantea la
existencia de cuestión federal y peticiona se haga lugar a la demanda, con
más intereses y costas. –
2. A fs. 23 se dio curso a la acción contencioso administrativa, y en
virtud de tratarse de un supuesto de demandabilidad directa se confirió
traslado de la demanda por el término de cuarenta y cinco días (art. 38
del CCCA), siendo ésta contestada a fs. 72/82 por la Dra. Rosario M.
Echevesti, abogada apoderada de la Fiscalía de Estado, quien alega
respecto de la improcedencia de la acción deducida en autos y solicita su
rechazo. –
Luego de realizar una negativa general y particular de todos los extremos
de la pretensión, así como de la autenticidad de la documentación
acompañada, sostiene que no puede responsabilizarse al Estado Provincial
por hechos que le resultan totalmente ajenos. –
Efectúa una detallada descripción de la legislación vigente para la
celebración del matrimonio civil, y señala que de acuerdo a lo dispuesto
por los arts. 186 y 187 del Código Civil quienes declaran sobre la
identidad y habilidad nupcial de los contrayentes son los testigos del
acto, y no el oficial público que representa al Estado. –
Agrega que en el Formulario 2 “solicitud para contraer matrimonio” los
futuros contrayentes proveen información personal con carácter de
declaración jurada, y por lo tanto considera que no puede imputarse al
Estado Provincial las falacias vertidas por un particular en una
declaración de ese tipo. –
Concluye que los supuestos daños sufridos por la actora, son imputables
pura y exclusivamente a aquellas personas cuyos hechos guardan adecuada
relación de causalidad, es decir, al Sr. B. R. y/o a los testigos de la
celebración del acto. –
Impugna por desproporcionados los rubros reclamados, ofrece prueba, funda
en derecho su defensa, plantea la existencia de cuestión federal y
peticiona el rechazo íntegro de la demanda, con costas. –
3. A fs. 91 se celebró la audiencia preliminar prevista en el art.
41 del CCA. Producida la prueba y agregados los alegatos presentados por
las partes (fs. 156/160 y 163/167), a fs. 170 se llaman autos para
sentencia y-
CONSIDERANDO:-
1. El ámbito de la contienda. –
Que en autos se demanda a la Provincia de Buenos Aires –Registro
de las Personas-, el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados
como consecuencia de la falta de verificación del estado civil de los
contrayentes con carácter previo a la celebración del matrimonio, luego
declarado nulo por impedimento de ligamen. –
De tal modo, la cuestión central traída a debate radica en determinar la
existencia de la responsabilidad extracontractual del Estado Provincial
por la falta de servicio en el ejercicio de las funciones del Registro de
las Personas.-
2. La responsabilidad estatal por la falta de servicio. –
2.1. En atención a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial Ley
26.994 (B.O. 08-X-2014), corresponde aclarar que en autos se aplicará la
legislación de fondo vigente al momento del evento dañoso (Código Civil
Ley 340 y sus modif.), por tratarse de hechos consumados bajo el amparo de
dicha legislación. –
2.2. Al respecto, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, desde antiguo ha reconocido, la responsabilidad del Estado
cuando no se cumple de modo regular la prestación de un servicio, con
fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código
Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las
omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones,
por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que
les están impuestas, señalando que “quien contrae la obligación de prestar
un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin
para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que
causare su incumplimiento o su irregular ejecución” (Fallos: 306:2030,
“Vadell”; 307:821, “Hotelera Río de la Plata S.A.”; y 315:1892, “García,
Ricardo Mario y otra”), criterio que fuera receptado por el art. 3 inciso
d) de la Ley 26.944, como uno de los requisitos de la Responsabilidad del
Estado por su actividad ilegítima. –
Que a su vez, entendió que dicha responsabilidad no es indirecta toda vez
que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para
el desenvolvimiento de sus fines debe ser considerada propia de éste, por
lo que debe abandonarse la doctrina legal que recurría, a veces
supletoriamente, al artículo 1113 del Código Civil en lo relativo a la
responsabilidad indirecta del principal por el hecho de otro para
abastecer la responsabilidad extracontractual del Estado como poder
público (conf. Fallos 306:2030; 312:1656; 317:1921; 321:1124, entre
otros). –
Sin embargo, esta posición no implica adscribir en forma automática a la
tesis que sostiene que, ante los daños provocados por la acción u omisión
de los agentes estatales, la responsabilidad debe recaer íntegramente
sobre el Estado, sino que debe responder en forma directa y objetiva
frente a la víctima de un daño -cuando ella no tenga el deber jurídico de
soportarlo-, mas ésta responsabilidad no excluye la del funcionario. De
modo que corresponde valorar y distinguir en cada caso, la falta de
servicio de la falta personal del agente, en cuyo caso se podrá imponer a
este último la obligación de contribuir, en todo o en parte, a cubrir la
carga de la reparación. –
En síntesis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la
configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado por su
actividad ilícita en principio debe reunir los siguientes requisitos: a)
el Estado debe incurrir en una falta de servicio (conf. art. 1112 del
Código Civil), b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe
existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal
impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos 328:2546, “Ramos,
Graciela Petrona”, sent. del 28-VI-2005). –
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, ha señalado que: “Se exige en términos generales, para que
se concrete la responsabilidad del Estado, a) imputabilidad del acto o
hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus
funciones; b) falta de servicio por cumplir de manera irregular los
deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el
reglamento; c) la existencia de un daño cierto; d) la conexión causal
entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular.”
(SCBA, Ac. 89545, “González, Marcelo Adrián C/ Municipalidad de Vicente
López S/ Daños y perjuicios”, Sent. del 8-III-2007).
2.3. Ahora bien, aquel sistema de responsabilidad directa y objetiva del
Estado por el cumplimiento defectuoso de las funciones propias de sus
órganos, estructurado sobre la noción de falta de servicio público,
incluye también a la omisión, siendo el Estado responsable por su conducta
omisiva cuando incumple una obligación expresa o razonablemente implícita,
que surge de una norma jurídica. –
Siguiendo a Gordillo, considero que el art. 1112 del CC es la fuente de
atribución de responsabilidad por omisión al funcionario público, y que la
obligación que este debe cumplir, no es la de llevar a cabo un hecho
específico y exigido por una norma sino que está compuesta por los hechos
que, sin estar forzosamente expresos, son necesarios para el correcto
desempeño de la función asignada. De tal modo, la omisión que genera
responsabilidad del funcionario no existe con referencia a una “obligación
de cumplir el hecho omitido” (art. 1074 del C.C.), sino a una “regular
ejecución de las obligaciones legales” (art. 1112 del C.C.), lo que puede
darse aunque no haya habido omisión de un hecho expresamente ordenado por
una norma jurídica. Señala el autor, que en ambos casos se trata de
obligaciones legales, pero en el primer caso la obligación debe serlo del
hecho concreto que se ha omitido, mientras que en el segundo caso se trata
de la omisión de un hecho no especificado ni previsto expresamente por la
ley, pero que resulta necesario para llenar correctamente la función
asignada (Cfr. Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, 9ª
ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, T. II, cap.
XIX, pp. 13/15).–
Para determinar la existencia de responsabilidad estatal por omisión, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que la atribución de
responsabilidad por la falta de servicio entraña una apreciación en
concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de
que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el
grado de previsibilidad del daño. Agregando que cuando la falta de
servicio está dada por una omisión, la “determinación de la
responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos
indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la
ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias
generalizables de la decisión a tomar” (CSJN causa “Mosca”, Fallos,
330:563, sent. del 6-III-2007). –
En ese orden, creo importante recordar el criterio expuesto por la Dra.
Aida Kemelmajer de Carlucci respecto de los factores que determinan la
responsabilidad estatal por omisión, en el conocido caso “Torres,
Francisco c. Provincia de Mendoza” (Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Mendoza, sent. del 4-IV-1989, La Ley 1989-C-512), donde
sostuvo que el Estado responde cuando existe un interés normativamente
relevante y cuando concurre una necesidad material de actuar en tutela de
ese interés, dada la mayor utilidad obtenida en tal accionar respecto del
sacrificio que el mismo comporta. –
2.4. Sobre dicha base doctrinaria y jurisprudencial habrá de resolverse el
caso de autos, esto es, aplicación del sistema de responsabilidad estatal
con imputación directa, factor de atribución objetiva, y con sustento en
la noción de falta de servicio, comprensiva de la omisión antijurídica
generadora de responsabilidad. –
3. La normativa que regula el servicio público de registración del estado
civil de las personas en la Provincia de Buenos Aires. –
3.1. Sentado ello, cabe recordar que el matrimonio de la actora fue
celebrado en la Delegación La Plata, Sección 1° el día 18-III-2002, por un
Oficial Público dependiente del Registro de las Personas, quien consideró
a ambos cónyuges hábiles para contraer matrimonio, pese a que el co-
contrayente de la actora había contraído matrimonio con anterioridad ante
otra delegación muy próxima del mismo registro -Delegación Los Hornos-. –
3.2. A fin de determinar si en el supuesto de autos ha existido una falta
de servicio generadora de responsabilidad, es menester analizar la
naturaleza de las funciones en cabeza de la demandada, de conformidad con
el régimen normativo vigente al momento en que los cónyuges contrajeron
matrimonio con el impedimento de ligamen. –
3.3. Al respecto, el Decreto-Ley 10072/83 atribuyó al Registro de las
Personas competencia sobre todos los actos de registración de las
circunstancias de nacimiento, matrimonio, defunción, estado civil,
capacidad, identificación personal y estadística, precisando que “la
registración del estado civil y la capacidad comprenderá todos los actos y
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad
de las personas” (art. 8). –
Para el cumplimiento de aquella misión, se instituyó la conformación de un
Fichero General que “tendrá como función clasificar en forma permanente y
constante, en fichas individuales, todos los hechos, actos y
circunstancias que se refieran a la capacidad y al estado civil de las
personas, que se hayan registrado en la Repartición” (art. 20), y se
atribuyó carácter de orden público a “la inscripción en el Registro de las
Personas de hechos y actos jurídicos que den origen, alteren o modifiquen
el estado civil, la filiación y la capacidad de las personas” (art. 23). –
3.4. A su turno, el Decreto Ley 1360/72, reglamentario de la Ley Orgánica
del Registro Provincial de las Personas (Decreto Ley 10072/83 y Decreto
3662/84), dispuso que: “Los Delegados remitirán al Departamento de
Estadística Demográfica y Fichero General, fichas donde constarán en forma
extractada, todos los datos que se consignen en cada inscripción. Las
fichas correspondientes a las inscripciones efectuadas cada mes, serán
remitidas del día primero al diez del mes siguiente. Además, remitirán al
Registro Nacional de las Personas las fichas a que se refiere el artículo
15º del Decreto-Ley Nacional 8204/63” (art. 79), “La Dirección proveerá
los medios para que, cuando esté en condiciones para hacerlo, se
correlacionen todas las inscripciones correspondientes a una misma
persona, por medio de notas complementarias a colocarse en la de
nacimiento, debiendo además colocarse en las inscripciones de matrimonio
notas de correlación con las inscripciones de defunción de los cónyuges”
(art. 83)
Finalmente, establecía que “Los futuros contrayentes deberán presentarse
ante el oficial público con la documentación completa, con quince días
hábiles de antelación por lo menos, a la fecha en que deseen contraer
matrimonio … Cuando el Director lo disponga, luego de que se halle en
pleno funcionamiento el fichero centralizador a que se refiere el art. 15
del Decreto Nacional 8204/63, se exigirá la acreditación por parte de los
futuros contrayentes, mediante certificación emanada del Registro Nacional
de las Personas, de que su estado civil actual le posibilita contraer
matrimonio” (art. 124). –
3.5. Por su parte, el citado Decreto Nacional N° 8204/63 instituía en su
art. 15 que la inscripciones realizadas por los respectivos registros
provinciales y nacional, “deberá ser registradas, además, en fichas que se
remitirán al Registro Nacional de las Personas, y a la Dirección General,
a fin de formarse un fichero centralizado”, que “toda modificación del
contenido de las inscripciones, se registrará mediante acta de referencia,
correlacionándola con sus antecedentes” (art. 26), y que “todo acto o
hecho que implique una modificación del estado civil y en consecuencia una
alteración de los documentos que lo certifiquen, será comunicado por el
oficial público interviniente a la Dirección General del lugar donde se
encontrasen los respectivos registros y al Registro Nacional de las
Personas, a los efectos de las notas de referencia correspondientes” (art.
74). –
4. La irregular prestación del servicio público por parte del Registro
Provincial de las Personas. –
4.1. De la normativa antes descripta, se desprende con claridad que el
Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires ostenta
indudables y concretas obligaciones respecto de los actos inherentes a la
registración de los matrimonios celebrados dentro de su jurisdicción. –
4.2. No obstante, la demandada alega la ausencia de responsabilidad del
Estado Provincial por entender que el funcionario interviniente procedió
tal como indicaba la legislación vigente, requiriendo a los esponsales
nada más -y nada menos- que lo allí establecido. –
En ese sentido, aduce que el Código Civil (Ley 340 y sus modif.)
establecía como únicos requisitos para la celebración del acto matrimonial
los siguientes: a) la presentación de una solicitud -con carácter de
declaración jurada- en la cual debía indicarse, entre otros datos, “si
antes han sido casados o no, y en caso afirmativo, el nombre y apellido de
su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución”
(art. 186 inc. 6 del C.C.), y b) la presencia de “dos testigos que, por el
conocimiento que tengan de las partes, declaren sobre su identidad y que
los creen hábiles para contraer matrimonio” (art. 187 inc. 3 del C.C.). –
4.3. Planteada así la cuestión, y a fin de establecer si el servicio
público objeto de autos, ha sido prestado de modo regular por el Registro
Provincial de las Personas, corresponde recurrir a la aplicación de los
denominados “estándares de rendimiento medio del servicio”, para cuya
estimación deben ponderarse factores que varían en cada época según el
grado de sensibilidad social y de desarrollo efectivo de los servicios
públicos. Por tratarse de un concepto jurídico indeterminado, corresponde
a los jueces evaluar los niveles mínimos de calidad del servicio y fijar
esos estándares medios exigibles, a los cuales la administración deberá
ajustar la prestación del servicio. En tal sentido, se ha dicho que debe
resaltarse “el papel reservado a la jurisprudencia en orden a la
incorporación por esta vía de las demandas sociales en un contexto, como
el actual, en el que el individuo depende cada vez más de la actividad
prestacional de los entes públicos. De ese modo… se ejercita un saludable
control sobre el funcionamiento administrativo, imponiéndole positivamente
la carga de una diligencia funcional medida bajo sanción de
responsabilidad patrimonial” (García de Enterría, Eduardo y Fernández,
Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T II, Ed. Civitas, 1993, 4°
ed., págs.. 389/391). –
4.4. Bajo tales lineamientos, considero que el mero cumplimiento de los
recaudos mínimos previstos en los arts. 186 y 187 del CC -que fueran ya
establecidos hace más de un siglo por la Ley de Matrimonio Civil N° 2393,
sancionada el 2-XI-1888-, no basta en la actualidad para reputar como
eficiente y adecuado al servicio público de registración del estado civil
de las personas que brinda en el Registro de las Personas de la Provincia
de Buenos Aires. –
Por el contrario, dado el estado actual de avance tecnológico y la
disponibilidad para el Estado de las herramientas técnicas necesarias para
la modernización de los sistemas registrales, deviene inaceptable la falta
de informatización, sistematización y correlación de todos los actos de
registración que –con carácter exclusivo- desarrolla el Registro
Provincial de las Personas en la Provincia de Buenos Aires, pese a
encontrarse legalmente obligado desde hace tiempo a proveer los medios
necesarios para que “se correlacionen todas las inscripciones
correspondientes a una misma persona” (art. 83 del Decreto Ley 1360/72, ya
citado). –
A lo cual cabe agregar, la omisión reglamentaria en torno a la exigencia
del certificado de aptitud nupcial, no obstante encontrarse en pleno
funcionamiento el fichero centralizador del Registro Nacional de las
Personas, a que alude el art. 124 Decreto Ley 1360/72. –
No debe olvidarse, que la existencia misma del citado Registro tiende a
satisfacer la necesidad social de acreditar de modo seguro y fidedigno las
condiciones de capacidad y estado civil de las personas. De manera tal,
que deben adoptarse todas medidas necesarias para garantizar que las
mismas sean registradas bajo un sistema que reúna las exigencias de
seguridad suficientes para asegurar la veracidad y exactitud de la
información registral.–
Más aun teniendo en consideración que su deficiente funcionamiento
compromete derechos fundamentales de carácter inmaterial que atañen a la
propia dignidad del ser humano, cuya afectación ocasiona –como en el caso
de autos- daños de muy difícil reparación, dado su contenido moral y
esencialmente extrapatrimonial. –
Resultando incluso más reprochable la omisión estatal, si se advierte en
la Provincia de Buenos Aires la actualización y modernización de otros
sistemas registrales -como los del Registro de la Propiedad Inmueble-,
vinculados a la protección de derechos individuales de neto contenido
patrimonial. –
4.5. Al respecto, es pertinente recordar que las deficiencias del sistema
registral del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires,
han quedado claramente expuestas luego de la inundación acaecida en la
ciudad en el año 2013 (véase causa Nº 27.068 “Rodriguez Sandra Edith c/
Poder Ejecutivo s/ Habeas Data”, en trámite ante este Jugado, sent. del
25-IV-2014, en particular sus apartados 7.2. y 7.5.), habiéndose
constatado un sinnúmero de irregularidades vinculadas a la registración de
las defunciones, e incluso varios casos de doble registración,
correspondiente a una misma defunción, entre otras graves falencias que
presenta el sistema de registración en la Provincia. –
4.6. Tales insuficiencias, impiden a cualquier interesado conocer
cabalmente la información registral vinculada al estado civil y capacidad
de las personas, y los actos que a su respecto se realicen dentro de la
jurisdicción provincial. –
Desde esta perspectiva, ha señalado el superior Tribunal provincial “que
la información registral y esencialmente su veracidad, constituye una
parcela de los llamados derechos del consumidor”, que ha recibido rango
constitucional a partir de la reforma del año 1994 (conf. art. 42 de la CN
y doct. SCBA, causa Ac. 67.882, “Irisarri, Gilberto Vicente y otra contra
Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”, sent. de fecha
14-III-2001). –
Bajo tal andarivel, el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos
Aires se encuentra obligado por la legislación específica a brindar a los
usuarios del servicio, la información registral de modo veraz, detallado,
eficaz y suficiente (art. 12 inc. 5 de la CPBA, 2 y 4 de la Ley 24.240), a
fin de asegurar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio
público para el cual fue investido de autoridad. –
4.7. En el caso de autos, la falta de informatización, sistematización y
correlación de los asientos registrales, impidió al oficial público
interviniente conocer la aptitud nupcial de los contrayentes y ejercer
adecuadamente el control de legalidad que le compete sobre el acto
jurídico matrimonial, circunstancia que hubiera prevenido la configuración
del daño, cuya reparación se reclama en el presente. –
De tal modo, la actuación irregular de la demandada ha permitido -con
evidente negligencia- la celebración del matrimonio de la actora con una
persona que ya había contraído matrimonio apenas unos años antes en otra
delegación cercana del mismo registro. –
Es así que, pese a contar con información suficiente y fácilmente
disponible, el registro demandado no adoptó siquiera las diligencias
mínimas para evitar la producción del daño, celebrando un matrimonio
inválido, registrando actos jurídicos contrarios entre sí, atribuyendo
diferente estado civil a una misma persona y expidiendo en consecuencia
documentación errónea e inexacta, con el agravante de que la misma reviste
carácter de instrumento público (arts. 24 de la Ley 14.068 y 23 Ley
26.413). Todo lo cual, hubiera podido evitarse fácilmente mediante una
simple consulta en el Fichero General del propio Registro. –
En tal sentido, el Superior Tribunal ha señalado que se habilita la
declaración de responsabilidad estatal “cuando mediare desatención
negligente o irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad
pública o si se acreditare que ésta tenía conocimiento de la existencia de
concretas situaciones dotados de clara potencialidad dañosa y, no
obstante, la autoridad pública descuida (omite) adoptar los mínimos
recaudos para prevenirlos o evitarlos“ (SCBA, Ac. 81.917, “Carabajal”,
sent. del 30-IV-2003; Ac. 90.965, “Pais”, sent. del 30-XI-2005, entre
otras). –
4.8. En función de lo expresado, cabe concluir que en autos se encuentra
debidamente acreditado el presupuesto fáctico previsto en el art. 1112 del
CC, por cuanto se ha constatado que el Registro de las Personas de
Provincia de Buenos Aires ha brindado de modo deficiente el servicio
público de registración que le compete. –
5. Conexión causal entre la conducta y el daño.-
5.1. Encontrándose acreditada la falta de servicio, la procedencia de la
presente acción requiere, a su vez, la verificación de la relación de
causalidad entre la omisión administrativa y los perjuicios sufridos por
la actora. –
5.2. Al respecto, la Fiscalía de Estado sostiene que no se encuentra
configurada la relación de causalidad entre el daño sufrido y el actuar
del Estado provincial, por cuanto la causa adecuada y eficiente del daño
reposa en el obrar del Sr. Rodríguez y de los testigos del acto, quienes
dieron fe de la inexistencia de impedimento nupcial alguno. –
5.3. No comparto la solución que propone la demandada, por cuanto en el
caso de autos, la fuente de responsabilidad estatal emerge de la propia
prestación irregular del servicio por parte del Registro Provincial de las
Personas, que –como quedara expresado- cumplió de manera defectuosa las
funciones que le son propias (art. 1112 del C.C). –
Aun cuando existieran otros sujetos responsables -el Sr. R. o los testigos
del acto-, ello no excluye la responsabilidad estatal, ni exime a la
Provincia demandada de las omisiones o incumplimientos que se le endilgan,
y se encuentran acabadamente comprobados en la causa. –
Por lo que cabe concluir, que el deficiente servicio brindado por el
Registro Provincial de las Personas, fue ordinariamente apto para provocar
el daño ocasionado a la actora. De modo tal, que reputo a dicha omisión la
calidad de causa adecuada del daño. Ello por cuanto, a criterio del
infrascripto, es la teoría de la causa adecuada la que mejor satisface la
interpretación normativa (artículos 901 a 907 del Código Civil), de allí
que sea preciso establecer la vinculación de causa a efecto entre dos
sucesos, realizando un juicio retrospectivo de probabilidad, para
determinar si la acción u omisión que se juzga es o no apta para provocar,
regular o normalmente, esa consecuencia. –
De tal modo, la teoría de la causalidad “adecuada” permite efectuar un
reproche a la conducta sub examine, máxime cuando –como lo recuerda el Dr.
Barra in re “Lanatti” (Fallos 314:661)- no puede soslayarse el principio
contenido en el art. 902 del Código Civil, especialmente aplicable cuando
el obligado por “el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de
las cosas” es la misma Administración Pública a través de sus agencias
especializadas. –
5.4. Por ello, juzgo que corresponde admitir la pretensión incoada, por
cuanto se comprueba la existencia de una relación causal adecuada entre la
omisión estatal y el perjuicio cuya reparación se persigue. –
6. La reparación. –
Decidida la cuestión de la responsabilidad, corresponde ahora ingresar en
el análisis de los rubros del resarcimiento. –
6.1. Daño material. –
Bajo el título de “daño material”, la actora demanda el pago de los daños
ocasionados por la compra de indumentaria para sí y su familia, por la
suma de $ 5.000; los descuentos sufridos en su sueldo como empleada de la
Policía Bonaerense, desde enero de 2006 hasta enero de 2012, por aportes a
la Obra Social IOMA, por la suma de $ 4.000 y los gastos en la tramitación
del proceso de nulidad de matrimonio, por un total de $ 11.110. –
Al respecto, cabe señalar que el rubro “indumentaria adquirida”, no ha
merecido actividad probatoria alguna tendiente a su comprobación. Mientras
que el rubro “descuentos por aportes al IOMA”, ha sido expresamente negado
por el propio empleador, de acuerdo con el informe producido a fs. 116 por
el Ministerio de Seguridad, en el cual ha informado que “no hay constancia
donde se le haya descontado el concepto 302, en relación al aporte a
cónyuge a cargo de la Obra Social IOMA”. –
Con relación a los “gastos de tramitación del proceso de nulidad”,
advierto que de acuerdo a la sentencia obrante a fs. 12/13 integraron las
costas del proceso, que fueron impuestas al Sr. R. en su condición de
demandado vencido, por lo que su restitución debe reclamarse en el marco
de dicho pleito.-
En virtud de ello, observo que no obran en la causa elementos que
aconsejen el reconocimiento de los rubros reclamados en concepto de “daño
material”, por lo que no encuentro motivos suficientes para apartarme de
los presupuestos que rigen la responsabilidad del Estado, entre los cuales
figura la existencia del daño (C.S.J.N., “Fallos”, 312:1657; 318:1539;
cfr. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo “, Bs. As.,
1973, t. IV, p. 708), cuya prueba debe ser practicada en el juicio y -en
principio- a instancias de quien lo invoca. El daño debe ser cierto, y
para adquirir este grado de certeza debe observarse la carga procesal del
artículo 375 del C.P.C.C. (SCBA 44.760 “Baratelli”; DJJ. 17 de octubre de
1994). –
Al no concurrir ese recaudo sustancial, se habrá de desestimar este
aspecto de la demanda incoada. –
6.2. Daño psicológico y psiquiátrico.-
Bajo este rubro, la actora reclama la reparación de las afecciones de
índole patológica y los gastos que demande el tratamiento aconsejado por
el perito para que desaparezcan, en la medida de lo posible, las secuelas
del suceso que se ventila en autos, el cual estima en la suma de $
12.000.-
Con relación a la primera cuestión, es preciso señalar que el perjuicio
reclamado, no constituye un supuesto diferenciado del daño moral, pues en
ambos casos habría un desequilibrio espiritual; de modo que su admisión
implica la ponderación de las mismas circunstancias que se han de tener
cuenta para tasar el agravio moral. Por ende, la incidencia espiritual del
hecho corresponde valorarla al establecer la indemnización por éste último
rubro, puesto que de lo contrario se presenta el riesgo de duplicar el
resarcimiento (CNCiv, Sala L, sent. del 10-IX-99, “Soraire”, RCyS 2000-
623; y Sala G, sent. del 24-II-99, “Lugones”, ED 186-163).-
Por ello, este padecimiento será abordado en el apartado 6.3., como parte
integrante del daño moral o extrapatrimonial. –
No obstante, es indudable que quienes sufren afecciones psíquicas tienen
derecho a ser indemnizados de todos los gastos de curación o tratamiento,
pero como daño emergente, según los términos del artículo 1086 del Código
Civil, en su anterior redacción según Ley 340 y sus modif. Esa derivación
del suceso de autos supone erogaciones futuras que constituyen un daño
cierto indemnizable (Fallos 325:1277, “Vergnano de Rodríguez”).-
Así, de la pericia psicológica practicada a la Srta. C. obrante a fs.
135/137, surge la necesidad de la psicoterapia durante el lapso de un año,
habida cuenta el daño psicológico diagnosticado a la actora. Asimismo, la
experta aconseja una frecuencia de una sesión semanal y establece el valor
promedio de la sesión entre $ 200 y $ 300 pesos. Con dichas pautas, el
costo del tratamiento asciende a la suma de pesos catorce mil
cuatrocientos ($ 14.400) por lo que dicho monto es el que por tal concepto
habrá de reconocerse a la Srta. C. (artículos 474 y 384 del CPCC).-
Tratándose en la especie de un “gasto futuro”, la suma fijada liquidará
los intereses respectivos, a contarse desde el día de la presente
sentencia, en lo que a este rubro se refiere (cfr. doctrina de Fallos:
321:1117, considerando 7°). –
Por su parte, el daño psiquiátrico no surge comprobado en autos, puesto
que la pericia médico psiquiátrica producida a fs. 145/149, concluyó que
“no se detecta la existencia de signo sintomatología, para el diagnóstico
de un trastorno psiquiátrico actual ligado al hecho de autos” y por lo
tanto “no se objetiva en la actora la existencia de patología médico
psiquiátrica de grado incapacitante y por ende que requiera algún tipo de
tratamiento específico”. No advirtiendo razones suficientes para apartarme
de dicho dictamen, se habrá de desestimar en este aspecto la demanda
instaurada. – 6.3. Daño moral.-
En concepto de daño moral, la actora pretende el pago de la suma de $
10.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. –
Al respecto, es dable señalar que sobre la base de lo normado por los
artículos 522, 1068 y 1078 del Código Civil, se han definido los contornos
normativos del daño moral, que consiste en la privación o disminución de
bienes fundamentales de la vida del hombre como son la paz, la libertad,
la tranquilidad, el honor y los afectos (conf. Zavala de González “El
concepto del daño moral” J.A. 1985-I-726; Mosset Iturraspe y Cifuentes,
Mario “El daño moral”, etc., todos citados en Revista del Derecho Privado
y Comunitario- “Daños a la persona” I -pág. 22- Ed. Rubinzal-Culzoni Sta.
Fe- Oct. 1992; Acuña Anzorena, Arturo, Estudios sobre la Responsabilidad
Civil, Ed. Platense, 1963, Pág. 64). Sin embargo, no existen reglas claras
sobre la forma y los supuestos en que dichos padecimientos requieren
acreditación, toda vez que en ciertos supuestos, puede resultar in re ipsa
(Conf. SCBA, A y S 1994-III-190), y en otros, requerir su prueba (causa B
49.741 sent. del 27-II-1990). Es decir, que la condena indemnizatoria debe
hallar correspondencia con la alegación e identificación que del perjuicio
formule el reclamante, y su acreditación, en los casos en que su
existencia no surja de las reglas de la experiencia o del contenido mismo
del acto u obrar que se señale como fuente generadora del daño.-
En el caso de autos, tengo para mí que, en atención al tipo de conducta
antijurídica que se imputa al Estado no es posible aplicar, al caso, la
regla que presupone la existencia del daño in re ipsa y, por lo tanto,
debo ponderar la prueba rendida en autos con relación al menoscabo
espiritual que la accionante dice haber padecido como consecuencia de la
omisión estatal. –
En cuanto a su comprobación, de la pericia obrante a fs. 135/137 surge que
el relato de la actora “permite dar cuenta de la angustia que aún perdura,
vigente y atemporal como un resto no tramitado de la experiencia
traumática a que la que estuvo expuesta. Este resto se puede objetivar en
síntomas que se mantienen estables tales como: ansiedad, sentimientos de
tristeza, retracción social, inseguridad. Asimismo perdura un sentimiento
referido al perjuicio a su persona que asocia a ideas de haber quedado en
el imaginario como una ‘tonta’, burlada, engañada; sin lograr revertir
estas vivencias y depositarlas en el afuera”, en virtud de lo cual
concluye que los padecimientos vividos por la Sra. C. “al saberse casada
con un bígamo, la repercusión en lo social y entorno de trabajo en la
temática, produjo en su persona un conjunto de signo-sintomatología cuyo
origen fue estas vivencias traumáticas”. –
De tal modo, sin mayores esfuerzos es posible concluir que el hecho ha
provocado y provoca en la actora verdaderos trastornos, angustias y
padecimientos, comprensivos del daño aquí solicitado. En atención a ello,
conforme lo normado por el artículo 165 del CPCC, fijo el monto a reparar
por tal concepto en pesos veinte mil ($ 20.000).-
Cabe aclarar que si bien dicho monto supera el expresado en la demanda,
ello fue sólo a los efectos del cumplimiento del recaudo incial de
cuantificar el daño, sin que el establecimiento de montos mayores, viole
la congruencia procesal, cuando -como en autos- dicho monto se deja
librado a “lo que en mas o en menos” resulte de la prueba a producirse
(conf. fs. 14 vta). –
6.4. De tal modo, la condena de autos asciende a la suma de pesos treinta
y cuatro mil cuatrocientos ($ 34.400), monto que considero justo y
razonable en virtud de las circunstancias del caso. –
6.5. Respecto de la tasa de interés aplicable, es conocida la doctrina de
la Suprema Corte local que aplica la tasa que pague el Banco de la
Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al
inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que
no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual
tasa (Causas Ac. 43.448, “Cuadern”, sent. del 21-V-1991; Ac. 49.439,
“Cardozo”, sent. del 31-VIII-1993; L. 80.710, sent. del 7-IX-2005, C.
101.774, “Ponce” y L. 94.446, “Ginossi”, ambas sentencias del 21-X-2009,
entre otras); doctrina que, por evidentes razones de economía y celeridad
procesal, los restantes tribunales han aplicado. –
No obstante, es evidente que la aplicación de esa tasa de interés genera
un importante detrimento en el capital objeto de condena, favoreciendo en
muchos casos la especulación del deudor, a quien implícitamente beneficia.

Es por ello que en estos últimos años se verifican pronunciamientos
judiciales que, sin apartarse de la citada jurisprudencia, aplican la tasa
de interés para depósitos a treinta días en el sistema de banca internet,
o “Banca BIP”, para operaciones de depósito a través de internet (Tribunal
de Trabajo N° 7 de San Isidro, “Czernecki Jorge Alberto c/ Rezagos
Industriales S.H.S. s/ Despido” Expte. N° 6597-2012, y por la Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II en los autos
“Rojas Orocimbo c/ Delio Cristian s/ Daños y Perj”, sentencia del 4-IX-
2014 y “Avila Rosa Agustina c/ Transportes 25 de Mayo SRL y ot. s/ Daños y
Perjuicios”, sentencia del 9-IX-2014); dado que en la actualidad resulta
mayor que la tasa pasiva tradicional. –
En un reciente pronunciamiento, la Suprema Corte local convalidó
la aplicación de esta tasa pasiva “digital” de interés, dado que no
provoca un apartamiento de la doctrina fijada en las causas citadas (SCBA:
Causa L 118.615 “Zócaro”, del 11-III-2015). –
Así, conforme al art. 767 del Código Civil, y a fin de resguardar el valor
del crédito, considero que corresponde aplicar la tasa de interés prevista
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las operaciones de
depósitos a treinta días, prevista para las operaciones electrónicas, en
aquellos períodos en los que tenga vigencia y siempre que fuere mayor a la
tasa pasiva tradicional; ello desde el evento dañoso, es decir el 18-III-
2002, hasta su efectivo e íntegro pago.-
7. Costas. –
En este sentido, corresponde señalar que en diversas sentencias me he
pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de la reforma introducida al
art. 51 del CCA por la Ley 13.101 (vgr. Causas: Nº 1488 “Nitti”, Sent. del
4-V-06, Reg. Sent. 109/06; Nº 726 “Adamo”, Sent. 15-VI-06, Reg. Sent.
237/06; y “Montes de Oca”, Sent. del 1-IX-2006, Reg. 583/06, entre otras,
de este Juzgado a mi cargo), al considerar –entre otros aspectos- que las
costas integran el derecho sustantivo, y que el sistema de costas en el
orden causado genera en el vencedor un detrimento patrimonial, que resulta
contrario a los principios constitucionales de igualdad y propiedad; toda
vez que una condenación de ese tipo a la accionante constituye un
detrimento inadmisible al derecho de propiedad reconocido por la presente
sentencia, en la medida en que la indemnización que se reconoce consiste
en una suma fija de pesos.-
Que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La
Plata, ha revocado el citado criterio (causas, “Grassi”, Sent. del 19-IX-
2008; y “Montes de Oca”, Sent. del 8-III-2007, entre muchas otras); y en
sentido coincidente se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires (SCBA, A. 68.418, “Asenjo, Daniel Horacio y
otros”, sent. del 15-IV-2009, entre otras), por considerar que aquel
sistema no es discriminatorio ni lesiona el derecho de propiedad.-
Que finalmente la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley 14.437, retornando al originario sistema de costas a la
parte vencida en el proceso, tal como era previsto por la Ley 12.008, de
modo que corresponde imponer las costas a la demandada vencida, de
conformidad a lo establecido en el art. 51 inc. 1 del CCA, en su actual
redacción.-
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, lo normado por
los arts. 50 del C.C.A. y art. 163 del C.P.C.C.-
FALLO: –
1. Haciendo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por M.
F. C. contra la Provincia de Buenos Aires – Registro de las Personas-, a
quien se condena a abonar la suma de treinta y cuatro mil cuatrocientos
pesos ($ 34.400), con más los intereses previstos por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, en las operaciones electrónicas de depósitos a
treinta días, en aquellos períodos en los que tenga vigencia y siempre que
fuere mayor a la tasa pasiva tradicional. Ello desde la fecha del evento
dañoso, es decir el 18-III-2002, hasta su efectivo e íntegro pago, con la
salvedad dispuesta en el apartado 6.2. respecto del daño psicológico. –
La condenada deberá cumplir con el pago de la indemnización en el plazo de
sesenta (60) días contados a partir de que adquiera firmeza el presente
decisorio (artículo 163 de la CPBA). –
2. Imponiendo las costas a la demandada en calidad de vencida
(art. 51 del CCA, según Ley 14.437); eximiéndola del cumplimiento de la
Tasa de Justicia y contribución sobretasa por encontrase exenta (art. 285
inc. 1 del Código Fiscal T.O por Res. 120/04). –
3. Postergando la regulación de los honorarios para la oportunidad
prevista por el art. 51 del Decreto Ley 8904.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. –

LUIS FEDERICO ARIAS
Juez
Juz.Cont.Adm.Nº1
Dto.Jud.La Plata

 

 

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