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Responsabilidad por mascotas

| El 04, Jun 2015

Le pidió al paseador que le dé una vuelta a su perro de raza Rotweiller que se llamaba “Bruma”. El perro murió por culpa del collar que le había puesto el paseador (“compatible con ahorcamiento o con golpe de calor”). Los jueces atenuaron la responsabilidad por el el exceso de peso del animal y la alta temperatura, pero la tuvieron que resarcir con lo que saldría tener otro, los gastos incurridos y una suma extra por el daño moral.

perro

 
En otro caso, llevó su perrita a la peluquería. La perra se murió por las condiciones en que el animal fue transportado, por un lado y como consecuencia de un “golpe de calor” por el otro. Además, no probaron haberle dado asistencia veterinaria adecuada. El hecho de que al otro perro transportado en el mismo acto no le haya ocurrido lo mismo, seguramente porque sus condiciones físicas para resistir la temperatura eran diversas, no tiene ninguna incidencia para resolver el caso. Al final, el “Pet Shop” tuvo que resarcir los daños materiales y morales. Las sentencias abajo, que comparto para estar alertas, y tener cuidado a quién/es dejamos una mascota y qué recaudos debe tomar…

Por ejemplo, para paseadores, una ley de la Ciudad de Buenos Aires ley dice que, como máximo, pueden sacar a ocho perritos.

 


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Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C

Fecha: 13/11/2007

Buenos Aires, noviembre 13 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Díaz Solimine dijo:

La actora promueve demanda contra Cesar A. Alves Machado y PPP RRR por el cobro de la suma de $ 40.000.

Afirma que en su carácter de propietaria de la perra Rotweiler llamada “Bruma”, contrató desde junio de 1999 con el codemandado XXX un paseo diario de dos horas de 10:00 a 12:00 hs. en invierno y de 8:00 a 10:00 hs. en verano, pagándose una suma por dicha prestación de $ 80.

Sostiene que el 12/1/2000 la mascota que había sido retirada de su domicilio por el coaccionado PPPRRR para su paseo diario a las 9:30 hs., falleció por asfixia por ahorcamiento a consecuencia de la presión ejercida por un collar de ahorque que aquél le colocó en reemplazo del habitual.

La sentencia recurrida hizo lugar parcialmente a la demanda, determinando la corresponsabilidad de las partes.

La misma es recurrida por la actora a fs. 655, agraviándose a fs. 681/720 replicados a fs. 738/741; los accionados apelan a fs. 666, expresando agravios a fs. 724/726, que fueran contestados a fs. 729/736.

Ambas partes se quejan de la determinación de responsabilidad efectuada por la a quo que fuera fijada en un 33% a los accionados ya que considera que existieron tres factores desencadenantes del hecho: la alta temperatura, el exceso de peso y la utilización indebida del collar de ahorque.

La dicotomía efectuada por la sentenciante a fin de juzgar la responsabilidad que le cupo a cada uno de los partícipes, resulta correcta ya que determinó que con respecto al coaccionado Alves Machado la cuestión debía dilucidarse dentro de la órbita contractual -vínculo jurídico admitido por el citado- y en relación al codemandado RRR la responsabilidad es de naturaleza extracontractual.

Bajo tales pautas debe dilucidarse la cuestión sometida a examen.

El rezongo de los demandados se centra en la deficitaria apreciación de la prueba efectuada por la a quo para tener por acreditado la utilización del collar de “ahorque”.

Corresponde en esta etapa examinar la prueba producida a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. art. 386 XXX , CPCCN.).

A fs. 549 de los presentes corre agregado el informe emanado del Centro Médico Veterinario de Cuidados Intensivos y Emergencias S.R.L. En el mismo se señala que del informe médico clínico surge que “Bruma” fue atendida por signos clínicos claramente compatibles con un golpe de calor asociado a un posterior semiahorcamiento que culminó con un estado terminal de coagulación intravascular diseminada.

El mismo no fue materia de impugnación por falsedad en los términos del art. 403 XXX , CPCCN., lo que le otorga valor como elemento de convicción.

En otro orden, a fs. 432/435 luce la experticia efectuada por el veterinario que al responder sobre las probables causas del deceso de la perra “Bruma” concluye que no existen evidencias en autos que permitan llegar a un diagnóstico definitivo sobre las causas de muerte. En el informe del Centro Médico Veterinario figura como diagnóstico presuntivo “asfixia por ahorcamiento”, aclarando que la temperatura ambiental por sí sola no produce golpes de calor de no estar acompañada por factores predisponentes, problemas cardiorrespiratorios, encierros o interferencias con el jadeo. Asimismo destaca como conclusión que el ahorcamiento severo y persistente, aunque no haya temperaturas elevadas puede ocasionar los signos que presentaba el animal.

En el final del dictamen -ver fs. 435, párr. final- expone que teniendo en cuenta el único informe veterinario existente en autos, el conjunto de signos y síntomas que presentaba la perra “Bruma” era compatible con ahorcamiento o con golpe de calor, no pudiendo determinar con seguridad, ante la ausencia de estudios histopatológicos o informe de necropsia, si alguna de las dos patologías o las dos actuando conjuntamente le causaron la muerte.

Debo señalar que este informe no ha merecido impugnación de las partes, por lo cual no existiendo elementos de similar idoneidad que mengüe o desvirtúe las conclusiones arribadas por el experto acepto en los términos del art. 477 XXX , CPCCN., las conclusiones de aquél.

A fs. 395 vta./399 depone como testigo Mara, quien se desempeña como adiestrador canino, la cual señala que conoce a ambos demandados, respondiendo sobre el tema que nos ocupa, al contestar la pregunta veintitrés que conocía la causa de la muerte de Bruma. Declara que se encontraba sacando el otro perro de la actora y “…MMM el socio de AAAA me pregunta si esa perra era de la loca de la vuelta… Ahí me dijo que esta Sra. tenía un Rotweiler que palmó con nosotros y le pregunté ¿Cómo que palmó? Y me contestó que palmó de un cogotazo…”. Asimismo, señala que el collar de ahorque se utiliza solamente para adiestrar, y para paseo deben utilizarse collares fijos -ver respuesta a la pregunta 25-.

Estos hechos que han sido debidamente probados son hitos o indicios que si bien aisladamente carecen de un sentido final, unidos por simientes lógicas permiten llegar a la conclusión de qué hecho aconteció, es decir, que se utilizó el collar de “ahorque”, derivado de la fuerza de convicción que establecen las distintas secuencias expuestas ut supra y que se encuentran ligadas en forma inescindible. Estos indicios se trasuntan en presunciones, que al decir de Alsina, “son la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de los caracteres comunes de los hechos” (“Tratado”, t. III, p. 683).

El art. 163 inc. 5, determina que “las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando `los indicios’ (el encomillado me pertenece) por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”.

Los hechos referidos en el examen, revisten la calidad de precisos (inequívocos), graves (alto grado de probabilidad) y concordantes, es decir, debidamente entrelazados por puntos de inferencia y concurrentes hacia una determinada conclusión: esto es, como se ha indicado haberle colocado a “Bruma” un collar de “ahorque”.

Ahora considerando probada la utilización por parte del accionado RRR del collar de “ahorque”, debe meritarse el grado de causalidad entre ello y el deceso de la perra, propiedad de la actora.

La pericia veterinaria a que se ha hecho referencia ut supra explicita que el uso de un collar de ahorque en forma imprudente puede ser un factor predisponente para desencadenar un golpe de calor, ya que interfiere con el mecanismo más importante de eliminación de calor que tienen los caninos que es el jadeo, además en casos más extremos pueden originar patologías como sofocación o ahorcamiento ya que pueden interrumpir el normal flujo de aire por las vías respiratorias a los pulmones o interrumpir el normal aporte sanguíneo al encéfalo, sin tener esta patología relación con la temperatura ambiental.

La conducta desplegada por el accionado RRR es demostrativa de la falta de diligencia en el cuidado de la perra “Bruma”, pues no actuó en las circunstancias de acuerdo a la naturaleza de la obligación y a lo que las circunstancias de tiempo y lugar le imponían.

En efecto, de la propia documentación adunada a estos obrados por los demandados -que corre a fs. 99/108- se desprende que tenía conocimiento de los peligros del golpe de calor en los animales, como así también la agravación del riesgo en perros excedidos de peso.

Este conocimiento resulta destacado por los accionados en su responde donde en forma expresa señalan que “…se descompuso producto de la alta temperatura del día, situación ésta muy habitual en animales de gran porte, poca movilidad, de piel oscura y más aún excedidos de peso, características éstas que encuadran perfectamente en la naturaleza del can que nos ocupa…”.

Este último hecho -exceso de peso de la perra “Bruma”- resulta probado con el informe de fs. 479/480, que no fuera impugnado por falsedad (conf. art. 403, CPCCN.).

Como correctamente lo destaca la a quo la falta de diligencia en el accionar de RRR aparece en forma clara y palmaria, pues se encontraba con la guarda de una perra propensa a padecer golpes de calor y excedida de peso y a pesar de ello le colocó un collar de ahorque que predispone -como lo destacó el perito veterinario- que el animal padezca situaciones como la que ocurrió. La responsabilidad -en grado de culpa- se ahonda aún más por tratarse de una persona que tenía como profesión habitual “pasear perros”.

De conformidad con lo normado por el art. 902, CCiv., cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos, lo cual lleva a considerar que la causación del hecho fue originada en forma sustancial por el accionar culposo, existiendo otros elementos concausales como el exceso de peso y la alta temperatura -ver informe de fs. 494 del Servicio Meteorológico Nacional donde indica que la sensación térmica al momento del hecho ascendía a 35- circunstancias ambas que morigeran su accionar. Sin perjuicio, cabe concluir que por lo expuesto, debe graduarse la responsabilidad del accionado RRR en un 70% del total por ser su conducta la mayor de las causas eficientes del evento.

En razón de lo señalado, y en virtud de lo establecido precedentemente, la sentencia se hará extensiva contra el codemandado Alves Machado en la misma proporción y en forma concurrente.

Bajo tales consideraciones, por ende, cabe acoger parcialmente el agravio de la actora y rechazarse el rezongo de los accionados.

Corresponde analizar a continuación el resto de los agravios articulados.

Daño moral

En relación al rubro mentado, la actora como los demandados se agravian por el monto indemnizatorio fijado, solicitando su modificación.

De conformidad con los arts. 522 y 1078 , CCiv., considero que se trata de un daño resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar el padecimiento moral que debió soportar la damnificada como consecuencia de la abrupta e inesperada muerte de su mascota, procurándole una satisfacción o compensación.

No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuanto sufrió por el hecho que nos ocupa, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (conf. Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, p. 187; Brebbia, Roberto, “El daño moral”, n. 116; Mosset Iturraspe, Jorge, “Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad”, LL 1978-D-648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (conf. Fischer, Hans A., “Los daños civiles y su reparación”, p. 228).

En relación a la queja formulada por los demandados en cuanto ante la falta de daño psicológico de la actora se le concede un monto excesivo por daño moral, la misma deviene improcedente.

La confusión entre daño psíquico y daño moral es inadmisible, pues son conceptos diferentes. Uno es patrimonial y constituye un menoscabo patológico de la salud psíquica, que integra el concepto de incapacidad sobreviniente, mientras que el otro es extrapatrimonial y repercute en los sentimientos o en la interioridad del damnificado, lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física. (conf. C. Nac. Civ., sala C, 16/2/1999, “Gruzca de Chester M. v. Microómnibus Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”).

Sentado ello, corresponde destacar que es indudable que el sufrimiento de la actora a partir del presente hecho originó un daño de la naturaleza indicada, destacando que el quantum indemnizatorio se compadece con los establecidos por esta sala. Bajo tales parámetros, corresponde confirmar el monto indemnizatorio, desestimándose los agravios formulados.

Daño patrimonial

Rezonga la actora por la falta de acogimiento del valor económico de reposición de “Bruma”.

No puedo dejar de soslayar que el ítem tratado no aparece debidamente delineado y expresamente reclamado en el escrito introductorio de la instancia.

A fs. 83 -pto. f, Determinación económica de los rubros- señala la actora en forma confusa y mezclando los diversos reclamos bajo el acápite “daño patrimonial” aparece entre ellos “el valor de la mascota a la fecha de compra”.

Los accionados no han visto cercenado su derecho de defensa pues al responder la demanda tratan el presente -ver fs. 125, párr. 5º-.

Bajo estas premisas, considero que corresponde tratar el rezongo formulado.

En el informe proveniente del criadero “Von Das Rote Wil” se señala que el valor de un ejemplar de la calidad de “Bruma” puede rondar entre los $ 1000 a $ 1200.

De conformidad con ello, acreditado el daño (pérdida de la perra) y su relación concausal con el hecho, el mismo debe ser reparado, lo cual de conformidad con el informe examinado y las facultades contempladas por el art. 165, CPCCN., debe acogerse por la suma de $ 1100, acogiéndose el agravio impetrado.

Asimismo ambas partes se quejan del monto otorgado en concepto de “pérdida de chance”.

El reclamo se centra en la expectativa que tenía la actora respecto de la perra fallecida y en esencia con la posibilidad de comercializar las futuras lechigadas.

En la chance lo que se indemniza es la privación de una esperanza para el sujeto y no en sí mismo el beneficio esperado. Está en juego una oportunidad que el causante del daño impide. La chance frustrada no importa más que privar a alguien de la oportunidad de participar de un hecho o un evento de resultado incierto, aunque probable; importa la imposibilidad de entrar en el evento, se hubiera definido o no la obtención del beneficio, de ahí que el monto por el daño (cuantía) se determina por la pérdida de la oportunidad, que es sustancialmente menor al daño cierto.

En autos se encuentra acreditado el pedigrí de la perra “Bruma” -ver fs. 513 informe de la Federación Cinológica Argentina-, pero como correctamente lo señala la a quo no se ha probado en autos que la misma haya sido o fuese a ser presentada en torneos, como así tampoco se acredita el entrenamiento debido a tal fin.

En el dictamen médico-veterinario se señala que un animal destinado a reproducción puede gestar un promedio de seis crías durante su vida con un promedio de siete cachorros por camada -en este sentido igual el informe de fs. 488- con un valor que oscila entre $ 300 y $ 900.

Si bien “Bruma” al momento del deceso contaba con más de 3 años de edad -la cual hay que considerarla perra adulta- no se acreditó que haya sido sometida a reproducción.

Asimismo de la totalidad de la posible camada de cachorros, a la propietaria de “Bruma” le hubiese correspondido un porcentaje de aproximadamente un 60% ya que el resto es del propietario del macho reproductor, no existiendo constancia que sería sometida a fertilización asistida.

A fin de cuantificar el perjuicio, considerando lo expuesto, no escapa a mi criterio que no se efectuó la inscripción de “Bruma” en la Federación Cinológica Argentina (Registro genealógico), lo cual acreditaría la calidad genética de los posibles cachorros, que podría redundar en su mayor precio de venta.

En mérito a todo ello, considero que el monto indemnizatorio fijado por la sentenciante de grado resulta acorde a las pautas fijadas, lo cual lleva a desestimar los agravios propuestos por los quejosos.

Gastos de medicamentos

Ambas partes se agravian del tratamiento dado por la a quo al rubro, solicitando su modificación.

La accionante sostiene que debe elevarse ya que no ha contemplado la totalidad de los gastos efectuados, mientras que los accionados peticionan su desestimación ante la falta de acreditación de su erogación.

El informe de fs. 549 determina, ante el pedido de la actora, que el costo total que debió pagar por el tratamiento brindado a “Bruma” asciende a $ 515, que incluyó el retiro de los restos y su ulterior cremación.

A ello debe adicionársele el costo de los honorarios por $ 40 informados a fs. 481 y percibidos el día 12/1/2000, fecha del deceso de “Bruma”, por la primera atención dispensada a la misma.

Estos informes, ya se ha indicado, no fueron materia de impugnación por ninguna de las partes en los términos del art. 403 CPCCN.

Debo destacar que la sentenciante acogió el rubro al hacer referencia a ambos informes por la suma indicada en el último ($ 555).

De conformidad con lo reseñado, el rubro debe ser confirmado, desestimando los agravios tanto de la parte actora como la demandada, que no logran conmover los argumentos expuestos en la sentencia de grado en crisis.

Lucro cesante

Se agravia la actora por la desestimación del rubro del acápite, solicitando su acogimiento.

La sentenciante ha hecho debido mérito de las pruebas colectadas, en particular la testimonial, las cuales refieren las tareas desempeñadas por la actora y el tiempo de indisponibilidad a consecuencia del hecho, no son reveladoras de las ganancias dejadas de percibir. Dicha demostración de la cual sólo cabrá dispensar a quien formule el reclamo cuando concurran supuestos que lo vuelvan, sino imposible, al menos de dificultosa prueba.

El lucro cesante exige la prueba efectiva de utilidades frustradas, posibilidades económicas factibles, y no una mención imprecisa de esperanzas y consecuencias, imposibles de valorizar (C. Nac. Civ., sala D, 19/2/1998, “Guardo, M. v. Romero J. s/daños y perjuicios”).

Es por estos argumentos que los agravios no logran conmover lo resuelto por la a quo, lo cual lleva a la desestimación del rezongo.

Daño psicológico

Se agravia la actora por el rechazo del rubro, solicitando que sea acogido.

La existencia del daño, y consecuentemente su prueba, es un elemento esencial de la responsabilidad civil, sin el mismo no puede tener favorable acogida el reclamo (conf. art. 1067, CCiv.).

El perito psicólogo actuante en los obrados -ver dictamen de fs. 474/76- determina que al momento de la peritación el estado psíquico de la actora es bueno, no detectándose indicadores de angustias ni depresión como así tampoco de alteraciones emocionales, que generen incapacidad psíquica, ni tampoco la necesidad de tratamiento alguno.

Dichas conclusiones merecieron las impugnaciones de fs. 501/503 por parte de la actora -a pesar que se indica en el escrito “parte demandada”- las cuales merecieron el responde a fs. 543.

La actora pretende descalificar las aseveraciones formuladas por la experta, las cuales se encuentran debidamente fundadas y no existe elemento que descalifique a las mismas. El mero disentimiento no es razón suficiente para desconocer el valor probatorio de la experticia (conf. arts. 386 y 477, CPCCN.).

Por lo cual, el corolario al cual arribó la jueza de grado encuentra sustento en los argumentos reseñados, lo cual lleva a la confirmación de la misma, rechazando los agravios.

Compra de otra perra

El acogimiento del presente rubro, pese al agravio sostenido, importaría una doble indemnización por un mismo concepto, como es la reposición de la perra fallecida y que fuera acogido ut supra, lo cual lleva a la desestimación.

Costas de la excepción de falta de legitimación

Se agravian los demandados de la imposición de las costas de la excepción articulada por ellos, considerando que le asistía razón para hacerlo.

La a quo condenó a los agraviados basándose en el principio objetivo de la derrota. De acuerdo a lo normado por el art. 68, CPCCN., el juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.

Los accionados no podían dejar de desconocer el carácter de propietaria de la actora, pues como lo señala la misma en el escrito introductorio de la instancia, contrató los servicios de los requeridos a partir de junio de 1999, habiendo trascurrido desde esa fecha y hasta el hecho que nos ocupa más de seis meses, período durante el cual la perra era retirada habitualmente por los coaccionados.

En otro orden el certificado expedido por la Federación Cinológica Argentina no reviste la calidad de registro oficial por lo cual no es constitutivo, ni siquiera declarativo del vínculo jurídico con el animal, circunstancia que por su profesión de paseadores los accionados no pueden dejar de desconocer.

Es por ello que resulta ajustada a derecho la sentencia en la determinación de la imposición de las costas de la excepción, lo cual lleva a proponer el rechazo del agravio.

Con relación al agravio sustentado por la actora respecto a que se ha omitido en el fallo incluir la condena en costas por el presente incidente, le asiste razón, por lo cual debe ser acogido.

Diferente debe correr la queja formulada en el mismo pto. 6, párr. 4º, por cuanto la resolución del incidente de nulidad -ver fs. 316/317- ha quedado firme ya que no ha sido materia de recurso de apelación, debiendo señalarse que sin perjuicio de ello la a quo hizo expresa referencia a la imposición de las costas.

Costas

Se agravian los demandados de la imposición de costas, sosteniendo que se acogió parcialmente la demanda, solicitando su modificación.

Aunque se declare la existencia de responsabilidades concurrentes, las costas tratándose de una demanda de daños y perjuicios, corresponde que se abonen por la demandada, en virtud del carácter resarcitorio que posee la condena, pues al resolver lo contrario se retacearía la indemnización otorgada a la damnificada.

Siguiendo esta línea argumental se ha destacado: “En cuanto a las costas, aunque la demanda no haya prosperado en su totalidad, de acuerdo al principio de la reparación integral, corresponde aplicar las costas a los perdidosos” (conf. C. Nac. Civ., sala L, “Folgar G. v. Bodetto H. s/daños y perjuicios”).

Bajo tales conceptos el rezongo impetrado no tiene idoneidad para descalificar el tema tratado por el a quo sobre el punto, lo cual lleva a desestimar el agravio.

Intereses

Cabe decir que la expresión de agravios debe importar una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Esta crítica representa un ataque tendiente a la destrucción del fallo en la parte que el apelante entiende que lo perjudica. Ello necesariamente importa que los mismos deben contener fundamentos y una explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión.

Como resume la mejor doctrina, representada por la jurisprudencia y la existencia de una norma legal expresa (art. 265, CPCCN.), ha de presentarse una crítica precisa de cuáles son los errores que la resolución contiene, ya sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (Areal y Fenochietto, “Manual de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t. II, p. 577).

El escrito de fs. 724/727, pto. 6, no constituye en los términos del art. 265, CPCCN., una crítica razonada, solamente alude a “Los intereses”, y no es menos cierto que el agraviado ha omitido realizar un ataque directo y pertinente a la fundamentación de la sentencia en crisis. La misma debía atacar, necesariamente, el desarrollo expuesto por el a quo en los considerandos, demostrando que el corolario de lo arribado era erróneo en su construcción y no meramente disentir con la determinación. Carece de efectividad la expresión de agravios en la demostración del eventual error in iudicando, es decir la ilegalidad e injusticia del fallo (conf. C. Nac. Civ., sala K, 18/12/1989, “Arfuso, C. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, LL diario del 9/5/1990).

Por ello, si mi voto fuera compartido propongo declarar desierto el recurso, en este punto.

Por lo tratado y si mi voto fuera compartido propongo: 1. Modificar la sentencia recurrida, determinando la responsabilidad de los accionados en un 70%. 2. Acoger el valor de reposición de “Bruma” por la suma de $ 770, cifra que corresponde al 70% del total. 3. Imponer las costas del incidente de excepción de falta de legitimación a los accionados. 4. Confirmar el resto de la sentencia que fue materia de agravios. 5. Las costas de la alzada se imponen en un 80% a los accionados y un 20% a la actora atento el resultado obtenido (conf. art. 68, CPCCN.).

Los Dres. Álvarez Juliá y Cortelezzi adhirieron al voto que antecede.

Por la votación que instruye el acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada, determinando la responsabilidad de los accionados en un 70%.

Acoger el valor de reposición de “Bruma” por la suma de $ 770; suma que corresponde al 70% del total.

Imponer las costas del incidente de excepción de falta de legitimación a los accionados.

Confirmar el resto de la sentencia que fue materia de agravios.

Las costas de la alzada se imponen en un 80% a los accionados y en un 20% a la actora atento el resultado obtenido.

Ponderando las tareas realizadas, mérito, valor e importancia de éstas, etapas cumplidas, monto en juego, proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, de conformidad con lo prescripto por los arts….CPCCN.; se regulan los honorarios de la …..; y los de los peritos ingeniero Tilo R. …, psicólogo José ….y veterinario Juan M. …., en la suma de $ … para cada uno.

Por la labor en la alzada, se regulan los honorarios de la Dra. ….en la suma de $ … y los de la Dra. ….en la de $ …, todos los que deberán abonarse en el plazo de 10 días corridos.

Notifíquese y devuélvase.- Omar L. Díaz Solimine.- Luis Álvarez Juliá.- Beatriz L. Cortelezzi. (Sec.: Juan Perozziello Vizier).

 

 


 

 

Tribunal: Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba
Fecha: 17/11/2006
Partes: NNN, María P v. Veterinaria Pet XXX.

TEXTO COMPLETO
Expediente: 485.405/36
2ª INSTANCIA.- Córdoba, noviembre 17 de 2006.
1ª.- ¿Procede el recurso de apelación de la demandada?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión.- El Dr. Barrera Buteler dijo:
1.- La demandada ha apelado la sentencia que la condenó a indemnizar a la actora el daño material y moral provocado por la muerte de su perra que, a pedido de ésta, había sido retirada de su domicilio por personal dependiente de la demandada para efectuar el servicio de peluquería a los fines de presentarla en una exposición canina.
La apelante se agravia porque se le atribuye responsabilidad por el hecho dañoso y porque se incluye en la indemnización la reparación del daño moral.
2.- Para cuestionar la atribución de responsabilidad a su parte que contiene la sentencia apelada, la apelante afirma que la causa de la muerte del animal obedeció a que éste fue transportado con bozal y collar de ahorque como condición impuesta por la propia actora y, en tales circunstancias, el caso queda regido por el art. 177 CCom. que prevé la franquicia en favor del transportador cuando el cargador ha sido quien corrió con las operaciones de carga.
Pero tal argumentación debe ser descartada, en primer término porque no se trata en el caso de un contrato de transporte, sino de un contrato innominado en el que el transporte del animal constituye un accesorio del servicio contratado. Por otra parte, no se ha demostrado que se haya pactado la franquicia que pretende invocar la demandada, ni que haya mediado insistencia de la actora en efectuar el traslado en tales condiciones, ante la negativa a hacerlo de parte de aquélla en los términos del art. 178 CCom.
Debe tenerse especialmente en cuenta que la actora no ha contratado con un transportista, ni con un simple proveedor de servicios de peluquería canina, sino con una firma que en su giro comercial actúa bajo la denominación de “veterinaria” y que, en su publicidad ofrece a sus clientes “calidad y seguridad en todos sus servicios y productos” (fs. 42) y dice contar “con personal capacitado para brindarle los servicios que ud. y su mascota merecen” (fs. 43).
Se trata, sin lugar a dudas, de una relación de consumo en la que la actora, como consumidora, se encuentra amparada por las disposiciones del art. 42 CN. y su ley reglamentaria 24240 , de las que surge como una obligación contractual asumida por el proveedor del servicio, el deber de seguridad que, por otra parte, es asumido como cláusula explícita del contrato, en atención a los términos arriba transcriptos de la publicidad con que la demandada ofrece sus servicios, términos estos que se deben tener por incluidos en el contrato con el consumidor (arts. 4 , 8 19 y CCiv., ley 24240 ).
Este derecho constitucional del consumidor a la seguridad es de los que Bidart Campos denomina ambivalentes, en tanto son oponibles tanto al proveedor del servicio, cuanto al Estado cuyas autoridades están obligadas a proveer a su protección y es claro que entre tales autoridades están los jueces (Bidart Campos, Germán; “Manual de la Constitución Reformada”, t. II, Ed. Ediar, 1998, p. 95/96).
De ahí que un importante sector de la doctrina se prona explícitamente sosteniendo que para cumplir adecuadamente con el mandato del nuevo art. 42 CN., los jueces deben aplicar el principio de la responsabilidad objetiva como uno de los presupuestos jurídicos básicos para la debida protección del consumidor (Dromi, José R. y Menem, Eduardo, “La Constitución Reformada”, Ed. Ciudad Argentina, 1994, p. 148; con cita de Torres Lana José y Cabanillas Mugica, Santiago, “Código de Derecho del Consumo”; Corriente Córdoba, José, Cascajo Castro, José , Yagüer, Ricardo, Martín Retortillo, Lorenzo, Torio López, Ange,l Díaz Alabart, Silvia, Ortega Álvarez, Luis y Embid Irujo, José, “Estudios sobre Derecho del Consumo”; Reyes López, María, “Derecho de consumo. La protección del consumidor en los contratos de compraventa de viviendas, de arrendamientos de obra y financiación”).
En el caso de autos, cuando guiado por la publicidad el consumidor contrata con una veterinaria para que retire del domicilio a su mascota, le haga el servicio de peluquería y la restituya al domicilio, no es dudoso que el prestador del servicio ha asumido contractualmente, junto a la obligación principal, la de cuidar al animal y devolverlo sano y salvo, además de limpio y con la peluquería hecha y no puede estar en duda que dichos cuidados incluyen la atención médica imprescindible, desde que el contratante es, precisamente, una “veterinaria”, por lo que no vale como excusa que el hecho haya ocurrido en horario en que no funcionaba el consultorio.
Aún cuando el servicio de peluquería no es una práctica profesional veterinaria, como lo ha dicho en su resol. 337/2005 el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba (fs. 178/180), por lo que en principio no resultaba imprescindible la presencia de un profesional en el acto, al ser contratado con una “veterinaria”, es razonable que la actora haya podido verosímilmente entender de buena fe (art. 1198 CCiv.) que el establecimiento contaba, como indica la publicidad, con elementos y personal capacitado, tanto para saber si podía ser transportada o no la mascota en las circunstancias concretas que se daban (excesivo calor, alta excitación, etc.) y, en su caso, en qué condiciones, como así también para poder proporcionarle, dada una emergencia como la que ocurrió, los primeros auxilios elementales, con la posibilidad de efectuar una consulta inmediata y urgente a tal fin, mientras pudiera ser atendida directamente por un profesional. Es lógico entender que la condición de “veterinaria” con que se publicita la firma demandada ha debido incidir en la elección del consumidor para prestar el servicio, precisamente por esa razón.
Por las razones expuestas considero que la demandada debe responder en virtud del deber de seguridad que ha asumido contractualmente, sea que se entienda como el tribunal a quo que asumió una obligación de resultado, sea que se entienda que sólo asumió una obligación de medios, es decir de poner en práctica toda la prudencia y diligencia que puede esperarse de una organización montada y dirigida con criterio profesional médico.
En el primer caso resulta obvia la responsabilidad de la demandada, porque las indicaciones de la actora en cuanto al bozal y collar de ahorque hechas a quien se supone personal capacitado, no eximen de responsabilidad al prestador del servicio y no se ha probado la existencia de ninguna patología preexistente, ni otra circunstancia que pueda interrumpir el nexo causal entre el tiempo insumido por el traslado y las condiciones en que el animal fue transportado, por un lado, y su muerte como consecuencia de un “golpe de calor” por el otro. El hecho de que al otro perro transportado en el mismo acto no le haya ocurrido lo mismo, seguramente porque sus condiciones físicas para resistir la temperatura eran diversas, no tiene ninguna incidencia en la determinación del nexo causal que nos ocupa.
Pero, aún descartando la calificación de obligación de resultado, es claro que la falta de asistencia oportuna ha tenido decidida incidencia causal en el proceso que culminó con la muerte de la mascota de la actora. Así se desprende del informe del perito oficial (fs. 142), cuando dice que “Una vez que los síntomas del golpe de calor se presentan, evoluciona rápidamente hacia un desenlace fatal. Se puede remediar con una intervención veloz por profesionales capacitados para detectar el problema, cosa que en este caso no ocurrió por no hallarse presente el veterinario”.
En mi opinión, el hecho de que no estuviera presente el veterinario en el momento, de que el personal no tuviera a quién efectuar una consulta urgente e inmediata sobre el modo de proceder en la emergencia y, sobre todas las cosas, que el personal no estuviera capacitado para proporcionar sin dilación los primeros auxilios elementales frente a una situación que, para esa época del año, no resulta imprevisible, constituye un incumplimiento negligente a las obligaciones contraídas en virtud del deber de seguridad que la demandada asumió contractualmente. No bastaba la derivación a otra veterinaria y el correspondiente traslado del animal, con el tiempo que ello implicaba y en las mismas condiciones que habían desatado el cuadro de “golpe de calor”. Eso es evidente porque en ese lapso se produjo su muerte.
Por tanto, sea que se considere que la obligación asumida por la demandada era de resultado o de medios, nos encontramos frente a la responsabilidad del prestador del servicio por incumplimiento de su obligación contractual de seguridad y, por esa razón, es acertado el criterio del tribunal a quo cuando decide responsabilizar a la demandada por las consecuencias dañosas derivadas de tal incumplimiento, por lo que el agravio debe ser rechazado.
3. El segundo agravio tampoco puede ser recibido porque no basta para fundar el recurso la mera pretensión de descalificar el sentimiento de dolor que dice la actora le ha provocado la muerte de su mascota, tildándolos de “pusilanimidad” y falta de entereza de ánimo. Una expresión de ese tipo no merecería siquiera ser considerada.
La experiencia común indica que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad traba una relación afectiva con los animales que adopta como mascotas y nadie puede saberlo mejor que quienes, como la demandada, han encontrado que esos sentimientos generan una necesidad suficientemente generalizada, como para montar un emprendimiento comercial tendiente a darle satisfacción.
En consecuencia, no puede ponerse en duda que la muerte de una mascota incide de manera fuertemente negativa en el ámbito espiritual de la persona que la ha tenido a su cuidado y esa afectación constituye daño moral indemnizable en los términos del art. 522 CCiv. y el monto en que ha sido fijada la condena por este rubro luce razonablemente proporcionado al sufrimiento espiritual que tal hecho es susceptible de provocar.
4. Las razones arriba expuestas me conducen a votar por la negativa a la 1ª cuestión.
ostas a la apelante, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Luis F. Gallo por su labor en la alzada en la suma de $… (arts. 34 …de la ley 8226).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Guillermo E. Barrera Buteler.- Julio L. Fontaine.- Beatriz Mansilla de Mosquera.

Comentarios

  1. Hernán

    No hay nada legal para hacerle a un vecino que larga sus 5 perros a la calle y ensucian la vereda de excremento? ( obviamente no las levanta no)

    • Hola, Hernán. La municipalidad debería multarlo. Podrías vos enviarle una carta documento, también. Un saludo.

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