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Cuando la tercerización o intermediación sirve al fraude laboral

| El 13, Mar 2016

A continuación dos historias de trabajadores que se replican en algunas empresas. Como se idearon varios artificios para reducir el costo laboral, la ley también tiene herramientas anti fraude, en particular por empresas prestadoras de personal supuestamente “eventual”.

Ambas historias tienen en común que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que la relación que unió a la empresa y el trabajador fue un contrato por tiempo indeterminado porque no se probó que las tareas eran eventuales. Y tanto la empresa proveedora del personal como la que aprovechó sus servicios se consideraron responables de pagarle las indemnizaciones al laburante.

 

La empresa usuaria es responsable de las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo.

Todo comenzó cuando la típica empresa de personal eventual contrató al trabajador para que prestara tareas para otra, como trabajador en una empresa de plásticos de la zona norte, para lo cual alegaron una contratación eventual.

Sin embargo, la regla general que la ley 20744 establece es que todo contrato es por tiempo indeterminado (art. 90 LCT); por ende, la empresa que contre trabajo eventual debe probar los hechos que justificaran esa contratación excepcional (algo extraordinario, ej. aumento de ventas por el “día del padre”).
El caso en cuestión encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la LCT en cuanto dispone como regla general que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a otras empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”.

El último párrafo del citado art. 29 de la ley econoce una excepción cuando la contratación se efectúa a través de una empresa de servicios eventuales. Pero para esto es indispensable que la empresa esté registrada ante el Ministero de Trabajo con ese carácter y que las prestaciones efectuadas por el trabajador sean de naturaleza eventual.


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Los magistrados destacaron que de la prueba, no surgía que el trabajador suscribiera un contrato de trabajo eventual que cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos por las prescripciones previstas en los arts. 29 y 29 bis de la ley de contrato de trabajo.

 

Responsabilidad solidaria

Cuando lo que se suministra es la prestación por parte del trabajador de servicios que en sí mismos son permanentes, la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra: se establece una relación directa y permanente con el empresario que utilizó los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario. Lo de “solidaria” no es porque ayude, sino porque es también responsable.

Sobre el punto cabe resaltar que el trabajador prestó servicios para la segunda empresa ininterrumpidamente durante un casi ocho años aproximadamente, y excedió ampliamente el plazo máximo autorizado por el art. 72 de la ley 24013 para las contrataciones eventuales. Y además, hizo las mismas tareas, en el mismo lugar de trabajo, con los mismos días y horarios e idéntica remuneración.

 

almacén

 

Se juzga fraudulenta la intermediación de otra empresa

En otro juicio laboral, los jueces condenan solidariamente a empresa intermediaria y a la empleadora. Declaran que la empresa que aprovechó los servicios es la verdadera “usuaria” del trabajador.

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró que existieron distintos e independientes vínculos del trabajador con cada empresa, desempeñándose primero como empleado de una de ellas para luego ser “proporcionado” a la segunda para realizar esporádicamente un servicio de mantenimiento especializado.
Según los jueces, existió fraude en la contratación del actor, porque aún cuando la empresa que figuró como empleadora es una empresa debidamente constituida, con estructura y personal propio, lo cierto y concreto es que, no sólo no se comprobó que tenga otros clientes a quien le preste también los servicios que ofrece, sino que además, el actor fue contratado por ésta, en un supuesto de intermediación sobreviniente en los términos del art. 29, segundo párrafo, LCT, para introducirlo en el proceso productivo de otra empresa, que se benefició y dirigió la prestación.
No obstante la “tercerización” aludida por las demandadas, se advierte en la causa que no se contrató un servicio sino al actor individualmente considerado, por la experiencia que éste tenía en mantenimiento y reparación de las maquinarias. Trabajó en beneficio de la segunda empresa, realizando las mismas tareas en forma ininterrumpida, sin solución de continuidad, y sin observarse modificaciones en sus condiciones de trabajo, desde el 1/11/1997 y hasta su egreso en noviembre del 2006, con la única variante de que figuró, en lo formal, otro empleador.
El informe pericial técnico y las declaraciones de los testigos permitieron corrobar que las tareas realizadas por el trabajador estaban insertas en la organización empresaria de la codemandada (la segunda empresa), en su proceso productivo.
Los salarios del actor eran abonados, desde el inicio del vínculo, por la primer empresa, beneficiándose económicamente en virtud del contrato comercial que mantenía con la segunda, por lo cual, en definitiva, sólo se evidencia un intercambio monetario que torna a ambas empresas responsables por los pagos al trabajador.

Según los magistrados la práctica constituye un fraude a la ley con el objeto de trasladar a un tercero las responsabilidades laborales consiguientes, por lo que debe considerarse a la primer empresa como sujeto interpuesto en la relación laboral (una intermediaria en los términos del art.29 de la LCT), debiendo responder solidariamente con la segunda por todos los créditos laborales reclamados y motivo de condena.

 

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Anexo con la  sentencia completa

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala/Juzgado: VI, 5-nov-2015, “GGGG, Raúl Fernando c/ M… Particulares S.A. s/ despido”

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015,

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI DIJO:

I. Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 1230/1234, interpusieran la demandada …Particulares S.A. y la parte actora a tenor de los memoriales obrantes a fs.1237/1242 y 1253/1255, respectivamente.

También apela a fs.1235 (perito ingeniero) y fs.1256vta. (representación letrada de la parte actora, por su propio derecho).

Corrido el pertinente traslado, contestan a fs.1256/1258vta. (parte actora) y fs.1262/125 (parte demandada M… Particulares S.A.).

II. El magistrado de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por Raúl Fernando GGG y condenó solidariamente a las codemandadas …Particulares S.A. y M… S.A. a abonarle la suma de $77.116 (pesos setenta y siete mil ciento dieciséis), con más intereses dispuestos. Consideró que la real empleadora del actor había sido la codemandada Massalin Particulares S.A., en tanto …S.A. había actuado como una mera intermediaria a la que había acudido para ocultar la identidad del verdadero empleador. En ese contexto, estimó justificada la causa de la ruptura de la relación y otorgó las indemnizaciones tarifadas por despido, a cuyo fin computó como período laborado el que corre del 1 de noviembre de 1997 al 22 de noviembre de 2006 y una retribución devengada de $1.480. Asimismo, condenó a abonarle días de noviembre laborados, vacaciones proporcionales, SAC por el período no prescripto y diferencias salariales entre lo percibido y la categorización de acuerdo al convenio colectivo de la actividad.También prosperaron las indemnizaciones del art.2 de la ley 25.323, como las multas de los arts.8 y 15 de la ley 24.013 y del art.16 de la ley 25.561; y, finalmente, ordenó entregar los certificados del art.80 de la L.C.T. En cambio, rechazó el reclamo de las horas extras. Impuso las costas a las codemandadas vencidas y reguló honorarios (ver fs. 1230/1234).

III. Por razones de orden metodológico daré tratamiento, en primer lugar, a los reparos recursivos de la codemandada MM… Particulares S.A. en orden a que, como se dijo, el sentenciante de grado consideró que fue la real empleadora del actor, mientras que Matzger S.A. había actuado como una mera intermediaria en los términos del art. 29 de la LCT.

Analizada la causa, en el marco de las alegaciones formuladas mediante el escrito recursivo, señalo que las breves consideraciones que se exponen a fs. 1237vta./1239, son meras afirmaciones dogmáticas que no constituyen agravios en el sentido técnico del instituto y, por ende, considero que resultan claramente insuficientes para modificar la decisión adoptada en la sede de origen (art. 116, segundo párrafo, de la ley 18.345).

En efecto, la recurrente se limita a citar, en primer lugar, y a fin de cuestionar la condena solidaria dispuesta en los términos del art.29 de la L.C.T., un antecedente jurisprudencial, el cual, cabe poner de resalto, contiene aristas diferentes al caso de marras, pues se trató de personal de maestranza que había sido contratado para realizar tareas que excedieron las necesarias para la limpieza del establecimiento, e intervinieron como un engranaje decisivo del proceso de producción.Asimismo, y a modo de sobreabundar, el fallo que se trae a colación, aparentando un dato útil para evaluar la causa, está citado de modo parcial, en un intento claro de desviar el resultado del litigio, omitiendo un dato fundamental, la solución definitiva resuelta en aquella oportunidad no es disímil a la que aquí se cuestiona (ver, CNAT, Sala IX, Sentencia Definitiva Nº 9621, del 24 de abril de 2002, en autos “Carrizo Victor Eduardo y otros c/ Emsel S.A. y otro s/ diferencias de salarios” ).

Asimismo, en esa misma orfandad argumental, la apelante no proyecta su escrito recursivo en los elementos probatorios adjuntados a la causa, los que seguidamente analizaré, a fin de otorgar elementos que permitan modificar la solución de grado.

Cabe memorar que rige en la especie el principio de primacía de la realidad, que se encuentra en contradicción con las formas adoptadas para encuadrar el vínculo habido.

La realidad formal, en cuyo marco pretende la demandada declinar la acción, es en la existencia de distintos e independientes vínculos del actor con cada empresa. Así, se advierte que, en ese aspecto, el trabajador se desempeñó como empleado de Changing Point S.A. y Matzger S.A., sucesivamente, desde el 1/11/1997, para ser proporcionado a la empresa Massalin Particulares S.A., empresa dedicada, como la misma afirma en el conteste, a la “.compraventa, manufactura y distribución de tabacos.” (ver fs.28, fs. 30vta.y fs.33vta.), con el objeto de realizar “esporádicamente (.) un servicio de mantenimiento especializado de instrumentos de medición y control” (ver fs.31y fs.32vta.), hasta el distracto acaecido en noviembre de 2006.

Empero, y no obstante la “tercerización” aludida por las demandadas, se advierte en la causa otra realidad, no se contrató un servicio sino al actor individualmente considerado, por la experiencia que éste tenía en mantenimiento y reparación de las maquinarias utilizadas en Massalin Particulares S.A., y lo cierto es que laboró en beneficio de ésta, realizando las mismas tareas en forma ininterrumpida, sin solución de continuidad, y sin observarse modificaciones en sus condiciones de trabajo, desde el 1/11/1997 y hasta su egreso, con la única variante de que figuró, en lo formal, otro empleador, y que el actor vistió distinta indumentaria para cumplir con su débito laboral.

Al respecto, es la propia codemandada Massalin Particulares S.A. quién reconoció que empleó directamente al actor, en el área de mantenimiento de la planta sita en Ruta 7 Km.32.50, Merlo, Pcia. De Buenos Aires (ver fs.30vta.) desde 1/11/1997 hasta Noviembre de 2006, cuando se produjo el distracto, y si bien podría haber sido asignado a cualquiera de las empresas con quienes podrían tener contratos Changing Point S.A., primero, y Matzger S.A., después, en modo alguno quedó configurada esa hipótesis y mucho menos que esa labor haya sido “esporádica”, como invocó la demandada Massalin en el conteste.

En primer lugar, el informe pericial técnico obrante en autos, a mi juicio, revela en forma contundente que las tareas desempeñadas por González estaban insertas en la organización empresaria de Massalin Particulares S.A.,en su proceso productivo.

Así, comenzó su informe explicando que “En la manufactura del cigarrillo se distinguen dos procesos principales:El primario, que consiste en hacer el tratamiento adecuado a la lámina y la vena para producir la picadura de óptima calidad; y el secundario, en donde se elabora el cigarrillo y se empaca para su posterior distribución al mercado” (ver fs.1087).

Prosiguió detallando la existencia de otras acciones relativas al mantenimiento preventivo, dividida en dos períodos, el que se realiza sábados y domingos con las líneas paradas y sobre aquellas instalaciones y equipos que así lo requieran o esté previsto, y el efectuado durante la semana sobre máquinas que no necesitan estar detenidos o sólo sea por períodos cortos (ver fs.1091, punto 2, párr.2do y 4to.). Asimismo, resaltó que “la empresa cuenta con una estructura propia (aproximadamente 300 personas) para el Mantenimiento de las instalaciones, equipos y máquinas que actúa indistintamente en forma preventiva, de acuerdo a un plan de mantenimiento preventivo, como así también en casos de roturas” (ver fs.1091, punto 2, párr.3ro.).

Finalmente, se expidió sobre la relación comercial entre Massalin Particulares S.A. y Metzger S.A., refirió a las notas de pedido emitidas por la primera, todas por términos de 12 meses, y a las facturas formuladas por la segunda. Sobre

estas últimas, destacó que “las facturas referenciadas y que se anexan tienen numeración consecutiva desde los nros. 510 a 550, lo que pondría de manifiesto que la facturación de Metzger S.A. tendría en éste período como único cliente a Massalin particulares S.A.” (ver pág.1091vta.y 1092, pto.5).

A partir de la documentación antes referida, expresó que las tareas realizadas por González dentro del establecimiento de la demandada “corresponden al mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación del sistema de iluminación de emergencia de la planta industrial y la iluminación perimetral, y el mantenimiento preventivo y correlativo del instrumental de las maquinarias de producción y servicios”, y que aquéllas encuadraron dentro de las “categoría de mecánico o mecánico electricista” (ver fs.1092, pto.6).

En este contexto, para la adecuación al organigrama descripto del caso específico en análisis, resultan insoslayables las declaraciones brindadas por los testigos que depusieron a tal fin, a propuesta del actor, y que permiten corroborar que las tareas efectivamente realizadas por el accionante, de conformidad con lo anteriormente enunciado, estuvieron insertas en la organización empresaria de la demandada, realizando las labores propias de su industria y con el fin de cumplir con su objeto social, bajo las órdenes e instrucciones del personal del mismo (ver testimonios de Frassoni Juan Carlos, fs.471/472; Revetria Luis Alberto, fs.476; Díaz Alberto, fs.972/973). Éstos en modo alguno son desvituados por los que ofreció la parte demandada Massalin (ver Oriolo Gerardo Mario, fs.968/969; Novellino Jorme Omar, fs.976; Eirin Daniel Alberto, fs.977).

No obsta a lo expuesto que los salarios del actor fueran abonados, desde el inicio del vínculo, por Metzger S.A., por cuanto la misma se beneficiaba econ ómicamente en virtud del contrato comercial que mantenía con Massalin Particulares S.A., por lo cual, en definitiva, sólo se evidencia un intercambio monetario que no impide atribuir a ésta última la calidad de empleadora del accionante.

A mayor abundamiento, no paso por alto que el perito contador “.no pudo constatar que el actor figure como parte del personal proporcionado por Metzger S.A. y por no llevar Massalin Particulares S.A.registro del personal tercerizado, tampoco pudo verificar los períodos en que el actor fue proporcionado como trabajador dentro de la planta industrial Massalin” (ver fs.1195, pto.9).

En tal contexto, aún cuando Metzger S.A. sea una empresa debidamente constituida, con estructura y personal propio, lo cierto y concreto es que, no sólo no se comprobó que tenga otros clientes a quien le preste también los servicios que ofrece, sino que además, en el caso bajo examen, el actor fue contratado por ésta, en un supuesto de “intermediación sobreviniente” en los términos del art.29, segundo párrafo, para introducirlo en el proceso productivo de otra empresa Massalin Particulares S.A., que se benefició y dirigió la prestación, sin perjuicio de que la remuneración fuera abonada por Metzger S.A. y al amparo de un convenio colectivo distinto.

Las circunstancias expuestas permiten verificar que, en el caso concreto, Metzger S.A. se comportó como una mera intermediaria de las previstas en el art. 29 de la LCT, lo que no obsta a que, frente a otras empresas “clientes”, aunque no se haya comprobado en marras como anteriormente se resaltó, brinde servicios tercerizados.

Esta práctica, es obviamente, un actuar en fraude a la ley con el objeto de trasladar a un tercero las responsabilidades laborales consiguientes por lo que, Metzger S.A., en la causa, debe considerarse un sujeto interpuesto en la relación laboral que responde, consecuentemente, solidariamente, con Massalin Particulares S.A. por todos los créditos laborales reclamados y motivo de condena.

Por lo expuesto, propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto determina que la verdadera empleadora del accionante fue, en todo momento, la codemandada Massalin Particulares S.A., y que Metzger S.A. resultó ser, en el caso concreto subexámine, una mera intermediaria en los términos del art.29 de la LCT, por lo que las mismas resultan responsables en forma solidaria.

Despejados estos aspectos esenciales que me llevan a propiciar la confirmatoria del fallo de primera instancia, en lo que decide, sobre estos puntos, observo que hubo justa causa para la ruptura de la relación. Por tanto, también se confirmará el fallo en ese punto.

Por lo demás, en lo relativo a la aplicación de la indemnización agravada del art. 2º de la ley 25.323 considero que tampoco asiste razón en este aspecto a la demandada, desde que las indemnizaciones correspondientes al despido dispuesto no fueron abonadas y obligaron al actor a que, previa intimación fehaciente al pago, deba iniciar el presente litigio para que le fuera satisfecho su crédito.

Lo expuesto precedentemente torna abstracto el tratamiento de las quejas dirigidas a cuestionar la remuneración determinada por el magistrado de grado, la obligación de hacer entrega de los certificados y constancias del art.80 de la L.C.T., la procedencia de las multas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y la del art.16 de la ley 25.561, desde que las argumentaciones expuestas por la apelante están sujeta a la suerte del primer agravio y que, de acuerdo deje propuesto anteriormente, corresponde su inadmisibilidad.

Por lo demás, no advierto motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota establecido por el art.68 del C.P.C.C.N., por tanto, propicio también la confirmación del fallo en este aspecto.

IV. Seguidamente, trataré el recurso de apelación del trabajador, interpuesto contra el rechazo de las horas extras peticionadas. Sostiene -en su defensa- que en su demanda detalló la extensión de la jornada desempeñada, la que superaba el máximo previsto en el convenio colectivo aplicable.Refiere, también, que no se valoró lo informado por la perito contadora en cuanto a la falta de exhibición de las planillas horarias; señala, asimismo, que las declaraciones testimoniales de Luis Alberto Revetria (fs.476 y sgtes.) y Juan Carlos Frassoni (fs.471) demuestran el horario cumplido semanalmente (ver fs. 1253/1254).

Adelanto que la queja no tendrá favorable

Hago tal afirmación en virtud de las siguientes consideraciones:

A mi juicio, y contrariamente a lo sostenido, el apelante incurre en contradicciones constantes al exponer los hechos de la demanda, lo que impide al suscripto determinar la versión fáctica en la que pretende fundar su pretensión.

En primer lugar, cabe consignar que, el actor denunció una jornada diaria de “ocho horas de lunes a viernes, alterándose de mañana (6.00 a 14.00) o la tarde (14.00 a 20.00 horas)” y una la semanal que se completaba hasta cumplir las “48 horas los sábados a la mañana” (ver fs.9, punto B.1. último párrafo), sin embargo, luego, al detallar expresamente el punto denominado “jornada de trabajo” (ver fs.9vta., punto B.5.), denunció que consistía en un horario laboral a desarrollarse de “lunes a viernes de 12.00 a 20.00 horas” y “horas extras o suplementarias (realizadas después del

horarios de lunes a viernes y sábado y domingo).; pero, en ningún pasaje del escrito inaugural explicó cómo es que arribó a esa consideración, lo que resulta indispensable para que su pretensión tenga basamento fáctico y jurídico. Además, tampoco indicó por qué período reclama, ni incluyó en la liquidación final el rubro en cuestión.

No se formuló, entonces, en el inicio una exposición precisa y circunstanciada de los presupuestos fácticos (de hecho) y normativos (de derecho) exigibles y en los que se fundó el pretendido reclamo.No aportó detalle alguno que permita determinar la cantidad horaria pretendida en concepto de jornada extraordinaria, en qué porcentaje (al 50% o al 100%), ni en qué período, necesario para cuantificar el reclamo, limitándose a las invocaciones antedichas sin describir en forma detallada.

Insisto, no surge del escrito de demanda la indicación del período respecto del cual se reclama la deuda en cuestión, ni la descripción del procedimiento tendiente a vislumbrar como se arribó a la suma peticionada (esto es, los cálculos realizados para arribar a la misma), como tampoco se indica concretamente la cantidad de horas extras totales que se reclaman ni los presupuestos de hecho y derecho que fundamentan la petición. Tampoco, como ya resalté, incluyó el rubro en la liquidación.

Lo expuesto, impide tener por cumplidos en el caso los requisitos formales que debe contener una demanda (art. 65 de la L.O.), en cuanto a que la cosa pretendida debe ser individualizada con precisión. No encuentro cumplida dicha exigencia -como pretende el recurrente- con la sola mención, recuerdo contradictoria, de que realizaba “horas extras”, toda vez que no hay un relato circunstanciado, que aporte datos fácticos, para poder determinar suma alguna por dicho rubro.

Esa ausencia de precisión, tanto en el relato de los hechos como en el cálculo de las horas reclamadas, afecta necesariamente la valoración de la prueba en virtud del principio de congruencia.

En este marco, y en la medida en que, en este peculiar caso, no existe elemento alguno que permita inferir que la jornada laboral de la empresa excedía los límites legales impuestos por la normativa al respecto, la sola circunstancia de que en el libro especial del art. 52 inc. G de la L.C.T. no se encuentre asentado el horario (doct. art. 55 de la L.C.T.), no permite -en mi criterio- modificar lo decidido, ya que si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que registrarse en dicho libro (ver, SD Nro.66.312 del 7/05/2014, “Albornoz Cristian Ariel c/ Oliden 2296 S.A. s/ Despido”).

Por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia de grado en este aspecto.

V. Finalmente, teniendo en cuenta las pautas arancelarias vigentes, la naturaleza, mérito y calidad de las labores desarrolladas por los profesionales intervinientes tendientes a la dilucidación de las cuestiones controvertidas, estimo equitativos los emolumentos cuestionados por el perito ingeniero, la parte demandada y la representación letrada de la parte actora; razón por la cual propicio su confirmación en esta instancia (cfr. arts. 38, L.O.; ley 21.839; ley 24.432).

VI. Por los motivos expuestos precedentemente, de prosperar mi voto, propongo confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio. Las costas de alzada serán impuestas a la demandada vencido (art. 68 CPCCN) y a ese fin, corresponde regular los honorarios a favor de las representaciones letradas intervinientes en esta Alzada por el actor y por la demandada en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponde por su actuación en origen (conf. art. 14 L.A.).

LA DOCTORA GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

Que por ello (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio. II. Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. III. Regular los honorarios a favor de las representaciones letradas intervinientes en esta Azada por el actor y por la demandada en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en origen.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Conste que la Vocalía uno se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA LUCIA CRAIG

JUEZ DE CAMARA

 

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