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El autodespido como último recurso

| El 27, Abr 2016

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo corrigió el monto indemnizatorio en un caso de despido indirecto, que es cuando el trabajador se da por despedido ante un incumplimiento de la empresa.

La historia empezó en el año 2006 cuando un trabajador solicitó el goce de licencia paga por enfermedad. Ya recuperado, se reincorporó a jornada reducida y luego a completa en el 2007. Un año después sufrió un nuevo episodio y tuvo que pedir una nueva licencia hasta septiembre del 2008.

A raíz de estos hechos, la empresa le comunicó que a partir del 11/9/2008 comenzaba a correr el plazo de reserva del puesto (art. 211 LCT), según el cual el empleador debe mantenerlo por un año pero no está obligado a continuar con el pago de la remuneración.

El trabajador respondió que sus médicos le dieron el alta limitada a jornada reducida y evitando traslados, por lo que tranquilamente podía reincorporarse a las actividades, pero, en ejercicio de su derecho de control (art. 210 LCT), la empresa lo sometió a la revisión de un médico propio, quién entendió que no se encontraba en condiciones de retomar tareas. Cómo consecuencia, inició un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo para que resuelva el entredicho entre profesionales.

 

Despido indirecto o autodespido

El trabajador entendió la actitud de la empresa como negativa de tareas y abandono de persona, se consideró despedido el día 30/12/2008, teniendo en cuenta además que no le pagaban un peso desde el mes de septiembre del mismo año.


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Los magistrados explicaron que

“…no resulta necesaria un alta médica definitiva sino simplemente el certificado médico que acredite que el trabajador, si bien padece una disminución de su capacidad laborativa, está en condiciones de realizar tareas de acuerdo a la misma”.

Como la empresa no logró demostrar sus argumentaciones basadas en la discrepancia entre los médicos, las autoridades estimaron que correspondía el pago de la indemnización establecida por el art. 245 de la LCT, de conformidad con los términos emergentes del art. 212, tercer párrafo del mismo cuerpo normativo.

Total a pagar, o una liquidación

A la hora de calcular el monto de la indemnización, los jueces explicaron que el pago de “conceptos no remuneratorios” debía ser incluido dentro de la base remuneratoria, aunque fueran suscriptos en acuerdos salariales anteriores.

El Convenio Nro. 95 de la OIT sobre la protección del salario en su artículo 1 dispone que “… el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por una empleador a una trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.”

No corresponde aceptar por imperio de un acuerdo sindical que se atribuya carácter no remunerativo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, presenta carácter indisponible, sin que la posterior homologación purgue un acto viciado.”

Explicaron que es inadmisible que una prestación que es consecuencia del contrato de trabajo y que implica para quien la percibe una ganancia, caiga fuera del alcance de las denominaciones “salario” o “remuneración”.

 

Ojo con la intermediación

El trabajador argumentó haber ingresado a trabajar para la demandada en abril de 1994 a través de la intermediación de otra empresa de personal eventual hasta el 30 de septiembre del mismo año, fecha en la que es incorporado a su empleadora actual. La argumentó que hubo un aumento de la activididad que requería más trabajadores. Pero como no pudo probar esto, la empresa usuaria se tuvo que hacer responsable (art. 29 de la ley 20744).

Abajo podés leer la sentencia y comentar.

 

bici

 

 


 

Anexo con la sentencia completa

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA VI

SENTENCIA DEFINITIVA N° 67975

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 13262/2010

(Juzg. N° 23)

AUTOS: “XXX MARIA CARMEN C/ INC S.A. S/ DESPIDO”

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta en lo principal, viene en apelación la parte actora a tenor del memorial recursivo obrante a fs. 344/353, contestado a fs. 357/359.

Asimismo, el perito contador a fs. 343, cuestiona los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

En primer lugar examinaré los términos expuestos en la queja presentada por la accionante, la cual básicamente se agravia por el rechazo de los rubros indemnizatorios derivados del despido indirecto en que se colocara; del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 1 de la ley 25323; por la base remuneratoria tomada en consideración; por la imposición de costas y; finalmente, por la regulación de honorarios.

En el presente caso, la actora invoca haber gozado de licencia paga por enfermedad en el año 2006 (entre el 10/7/2006 y el 27/11/2006) reincorporándose con jornada reducida el 4/12/2006, y a partir de febrero del año 2007 con jornada completa; asimismo, en el año 2007 sufre otro episodio, gozando en tal oportunidad de una licencia paga por el término de diez meses (desde el mes de octubre de 2007 hasta septiembre de 2008).

Así las cosas, la empleadora le comunica a XXX que a partir del 11/9/2008 comenzaba a correr el plazo de reserva del puesto (art. 211 LCT).

Por su parte la trabajadora invoca tener alta médica, otorgada por sus médicos tratantes, limitada a jornada reducida y evitando traslados (ver certificación de fs. 87).

Frente a dicha situación la demandada en ejercicio de su derecho de control (art. 210 LCT) sometió a la trabajadora a la revisión del Dr. Troglio quien –según la versión de la accionada- entendió que la actora no se encontraba en condiciones de retomar tareas. Al respecto, cabe destacar que las conclusiones del médico de la patronal han sido negadas por la actora, y en autos no han sido probados tales extremos (ver lo decidido a fs. 317 en relación a la caducidad de la prueba informativa dirigida al Dr. Troglio).

Asimismo, surge que la demandada inició un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo, delegación San Isidro, en orden a la invocada discrepancia entre profesionales, en virtud del cual la actora solicitó turnos para concretar los estudios requeridos en un hospital público, obteniéndolos –según invoca- para el mes de marzo del año 2009. Frente a esta situación –entendida por la actora como negativa de tareas y abandono de persona- XXX, en consideración a dichas circunstancias y al hecho de no tener remuneración desde el mes de septiembre del año 2008, se consideró despedida el día 30 de diciembre de dicho año.

En este sentido, considero que este caso y dadas las particularidades que el mismo presenta, debe resolverse el mismo partiendo de la base del valor de la certificación médica aportada por la actora.

Ello así en el entendimiento de que no existe un método arbitral o jurisdiccional que resuelva las discrepancias entre el médico de cabecera del trabajador y el de control empresario –la Ley 21297 eliminó el sistema establecido en el texto original de la L.C.T.- por lo que, en principio, es razonable privilegiar la opinión del primero de ellos, que es el profesional a cargo del tratamiento y, por ello, el mejor conocedor del estado y aptitud del trabajador. En el sub lite el argumento defensivo argumentado por la demandada no ha sido objeto de demostración puesto que tal como lo he destacado, la prueba informativa al Dr. Troglio (médico de la demandada que según ésta argumentaba la falta de aptitud de la actora para cumplir tareas en jornada reducida) fue considerada caduca (fs. 317).

En orden al tema debatido en autos, considero que a los efectos de la reincorporación del trabajador al desempeño de tareas dentro de la empresa (ya sean las habituales o las acordes a su capacidad física disminuída) no resulta necesaria un alta médica definitiva sino simplemente el certificado médico que acredite que la trabajadora si bien padece una disminución de su capacidad laborativa, está en condiciones de realizar tareas de acuerdo a la misma, tal como sucedió en el caso de autos.

En efecto, surge debidamente acreditado que la actora al momento de solicitar el otorgamiento de tareas por parte de su empleador, se encontraba en condiciones de realizar tareas livianas conforme surge del certificado obrante a fs. 87, y por el contrario, la demandada no ha logrado demostrar sus argumentaciones basadas en la discrepancia entre el médico tratante y su propio profesional médico.

En consecuencia, estimo que la actora resulta acreedora a la indemnización establecida por el art. 245 de la LCT, de conformidad con los términos emergentes del art. 212, tercer párrafo del mismo cuerpo normativo.

Previo a efectuar al cálculo de los distintos rubros indemnizatorios, me adentraré en el recurso vertido por la actora en relación a la base remuneratoria a ser considerada.

En este orden de ideas, de lo informado por el perito contador (ver anexo “B” fs. 190) surge el pago de conceptos no remuneratorios según los acuerdos salariales del año 2008 ($ 470 correspondiente al mes de agosto del año 2008).

En este sentido, adelanto que la queja en examen tendrá favorable acogida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional.

El Convenio Nro. 95 de la OIT sobre la protección del salario en su artículo 1 dispone que “… el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

No corresponde aceptar por imperio de un acuerdo sindical que se atribuya carácter no remunerativo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, presenta carácter indisponible, sin que la posterior homologación purgue un acto viciado.

De conformidad con la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el caso “Pérez, Aníbal c/ Disco S.A.” (sentencia de fecha 1-9-2009) y González c/ Polimat S.A. y otro), resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de las denominaciones “salario” o “remuneración” una prestación que entraña para quien la percibe, inequívocamente, una “ganancia” y que solo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato de empleo.

Por ello, y con apoyo en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referenciada, reconozco no solo el carácter salarial de las sumas pactadas como no remunerativas sino que estas constituyen una segregación artificiosa del salario, por lo que corresponde de prosperar mi voto, establecer la mejor remuneración en la suma de $ 2.994,81 (ver informe contable a fs. 190 y fs. 191).

A mayor abundamiento la Corte Federal se expidió en igual sentido analizando específicamente las asignaciones calificadas como “no remunerativas” introducidas por vía de la negociación colectiva y lo hizo en el precedente “DIAZ, Paulo Vicente vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.” del 04/06/13 declarando la inconstitucionalidad de la cláusula convencional mediante la cual se pactó el “Anticipo Acta Acuerdo Nov. 2005” en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen extraído textual del considerando Nº 12, mientras que en el voto diferenciado de los Dres. Zaffaroni y Maqueda se lee similar conclusión en el considerando Nº 7.

La línea trazada por el alto Tribunal destaca dos conceptos claves que señalan el rumbo que debe tener la legislación y los convenios: El trabajador como sujeto de tutela preferencial, y fundamentalmente el salario como remuneración en efectivo debida por un empleador a un empleado como contraprestación nacida de un contrato de Trabajo.

Seguidamente, corresponde adentrarse en el reclamo vinculado con la antigüedad de la actora.

Ello así por cuanto la accionante argumenta haber ingresado a laborar para la empleadora (en dicho momento Casa Tía SA) a través de la intermediación de Tiempo Real, agencia de personal eventual, hasta el 30/9/1994 en que es incorporada a su empleadora.

Esta circunstancia está reconocida por la demandada (ver fs. 69 vta.) argumentando al respecto que las tareas cumplidas por la actora en dicha ocasión se debieron a un incremento de la actividad de la empresa que requería en forma ocasional y extraordinaria un mayor número de trabajadores, extremo que no ha sido demostrado en autos.

Por tanto, considero que asiste razón a la quejosa en este aspecto y, en consecuencia, entiendo que el período en el cual existió la intermediación de Tiempo Real, la real usuaria de los trabajos dependientes de la actora fue Casa Tía, en los términos del art. 29, 1er. Y 2do párrafos, LCT; por lo que cabe considerar como fecha de ingreso de la actora el 11/4/1994.

En conclusión, en atención a la fecha de ingreso (11/4/1994), fecha de despido (31/12/2008, ver prueba informativa al Correo a fs. 237) y una remuneración de $ 2.994,81; la indemnización por antigüedad se fija en la suma de $ 44.922,15.

La indemnización sustitutiva del preaviso en la de $ 5.989,62, más $ 499,13 en concepto de SAC; el salario del mes de diciembre 2008 $ 2994,81; las remuneraciones de octubre y noviembre en la suma de $ 5.989,62; las vacaciones no gozadas en $ 3.354,12 más $ 279,51 en concepto de SAC, y el SAC 2do semestre año 2008 en la suma de $ 1.497,40.

Asimismo, y en atención a lo decidido en relación a la remuneración, corresponde recalcular la multa prevista por el art. 80 LCT en la suma de $ 8.984,42.

En atención a lo decidido en relación a la fecha de ingreso, y de conformidad con las previsiones del art. 1 de la ley 25323, corresponde condenar por tal concepto por la suma de $ 44.922,15.

Asimismo, corresponde hacer lugar al reclamo basado en los términos del art. 2 de la ley 25323, puesto que habiéndose dado cumplimiento a los recaudos previstos por la misma, y en consideración a que la actora se vio obligada a iniciar las presentes actuaciones para poder percibir los distintos rubros indemnizatorios derivados del despido, corresponde establecer dicho incremento en la suma de $ 25.705,45.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se establezca el nuevo monto de condena en la suma de $ 145.138,38; la cual llevará intereses de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ACTA 2601 CNAT del 21/5/2014) desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, según la “…tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses…”.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

Estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el 15%, 11%, y 6% respectivamente, del monto de condena con intereses, por la actuación profesional en grado.

Asimismo, fijo los emolumentos de los presentantes de fs. 344 y fs. 357 en el 25 % de lo regulado por la instancia anterior.

Ello así en atención a la naturaleza y mérito de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, dto. 16638/57).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la Ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $ 145.138,38 y que llevará intereses de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ACTA 2601 CNAT del 21/5/2014) desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, según la “…tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses…”. III) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN). IV) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el 15%, 11%, y 6% respectivamente, del monto de condena con intereses, por la actuación profesional en grado. V) Fijar los emolumentos de los presentantes de fs. 344 y fs. 357 en el 25 % de lo regulado por la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Conste que la vocalía uno se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA
 

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