Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Arriba

Sin Comentarios

El despido por adoción

| El 27, May 2016

Las leyes protegen a la mujer embarazada, dándole prioridad en las filas bancarias y del supermercado, mediante la cobertura de la prepaga, obra social o del sistema público de salud (en este último, tiene derecho a todos los exámenes, en forma gratuita), e incluso la ley reciente promueve la posibilidad de tener un tratamiento de fertilidad. ¿Qué pasa con la mujer qué adopta? ¿Se protege contra el despido por adopción? ¿Y qué otras leyes promueven la la «protección integral de la familia» y su vivienda, como marca la Constitución?

La familia en el trabajo y el despido por adopción

¿Y qué pasa con la protección de la maternidad, con la posibilidad de tener familia? En un caso, a la trabajadora no le respetaron los horarios de lactancia, que son dos espacios de media hora, y la obligaban a trabajar la jornada completa.

Así que se consideró despedida y la tuvieron que indemnizar. Lo probaron con testigos y con los informes de horarios, de lo cual resultó que «en ningún momento se respetó la jornada reducida». Además de la protección de la trabajadora embarazada, la Constitución también protege a quien quiera adoptar. Como no hay ley expresa, igual que en los casos de despido por razón de paternidad, la discriminación tiene que se probada, lo que se puede logar con testimonios o incluso indicios que lleven al juez a esa convicción.

Varios convenios colectivos equiparan las licencias de quien adopta a quien tiene un hijo biológico. Por ejemplo el de trabajadores de clubes de campo, barrios cerrados y urbanizaciones (countries), el de maestranza o el de instituciones deportivas. Pero a veces es necesario recurrir judicialmente. En un caso, la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Bariloche, hizo lugar a un amparo y les permitió a la pareja tener el mismo régimen de licencias y asignaciones familiares que los previstos para los casos de maternidad biológica. Así la trabajadora pudo gozar de licencia por maternidad por haber recibido la guarda de un chico con fines de adopción.

Qué es la adopción, la guarda, quién la puede pedir y qué tipos hay

El código civil permite dos tipos de adopción, en los que siempre debe intervenir un juez. En la adopción plena, que es irrevocable, el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes.

En cambio, la adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el adoptado y el adoptante y como regla, los derechos y deberes que resultan del vínculo de origen no quedan
extinguidos por la adopción; sin embargo, el ejercicio de la responsabilidad parental ssí se transfiere al adoptante. Siempre, la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que sea contrario al interés superior del niño.


PUBLICIDAD

Además, en la adopción siempre el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no puedan proveérselos y si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, pueden solicitar se mantenga el apellido de origen.

Para adoptar, la persona debe tener al menos veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente cumpla con este requisito. No pueden adoptar el ascendiente a su descendiente ni un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.

Se prohíbe expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. Solo lo puede hacer el juez, previa resolución, y como una etapa del juicio de adopción, en el cual siempre interviene la Asesoría Tutelar que es como el abogado del niño/a que pone el Estado.

La nueva ley aclara y se expide a favor del derecho de identidad del chico: «El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó
su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos

El nuevo código civil pretende agilizar los trámites de adopción porque le da al juez un plazo de 90 días para que el juez decida si el chico puede ser adoptado (situación de adoptabilidad), le permite saber su identidad y regula la adopción conjunta o unilateral, por una sola persona.

Florida tenía una ley que obligaba a la mujer que quería adoptar a publicar en el diario los últimos 5 hombres con quien tuvo sexo. Luego fue vetada. (fuente)  :O

 

 

Anexo con sentencia completa sobre despido por adopción – Historias y casos de despido por adopción

En un precedente se reconoció que la despidieron por haber adoptado cuatro chicos. Parece que la trabajadora pidió licencia para ir a El Dorado, Misiones, adonde un juez la dio la adopción.

Cuando volvió a la empresa la despidieron. Alegaron razones operativas. Para los jueces, igual que con la maternidad biológica, debe presumirse que el despido se debió a la maternidad de la trabajadora cuando la desvinculación se produce dentro del plazo de siete y medio (7 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha –en este caso- en que fue otorgada la guarda de los menores. Es decir, reconocieron que fue un despido por adopción, y que como tal es ilícito, es discriminatorio y debe indemnizarse.

Y no solo obligaron a pagarle la indemnización a la empresa sino a los directivos que participaron en la decisión. ¿Qué indemnización? La agravada de 12 sueldos que establece la ley de contrato de trabajo: «La equiparación de la madre adoptiva con la biológica conlleva a la aplicación de la indemnización prevista en el art. 182 LCT que repara los perjuicios ocasionadas
por la desvinculación de una trabajadora como consecuencia de su maternidad», dijeron los jueces en la sentencia de abajo.

En otra causa, la empresa despidió a la chica un día antes de que ella notificara a la empresa que iba a tener la guarda. Pero como ella no había retirado el telegrama del correo, entonces consideraron que el despido fue después de que ella avisara fehacientemente de la adopción y así de seguro tenía la misma protección que la trabajadora embarazada (ver más acá).

En dichos términos, encuentro que la adopción está equiparada jurídicamente a la maternidad, como lo reconoce la ley No 24.714 de Asignaciones Familiares, al establecer una asignación por adopción, por lo que entiendo que debe ser acogido el reclamo de la indemnización especial peticionada con fundamento en los arts. 178 y 182 de la L.C.T. toda vez que la accionante puso en conocimiento de su empleadora que había obtenido la guarda con fines adoptivos de un niño”, dijeron los jueces.

Por ende, consideraron que el despido se proujo por la adopción, fue discriminatorio y la empresa debía resarcirla como si ella hubiera estado embarazada, una indemnización extra (además de la del despido) equivalente a doce meses de sueldo.

*             *           *


Anexo con sentencias completas sobre despido por adopción y discriminación laboral

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, SENTENCIA DEFINITIVA No. 43.816, CAUSA
No 8.854/08, -SALAVII– JUZGADO No 49 – Despido por adopción

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de setiembre
de 2011, para dictar sentencia en los autos: “S., M. I. C/ LL
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. y otros S/ DESPIDO”, se procede a
votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I.- A fs. 5/40 se presenta la actora e inicia demanda
contra “LLLCompañía General de Seguros S.A.”, NNN en procura del cobro de las indemnizaciones y multas a las que
se considera acreedora con invocación de las disposiciones de la
ley 20.744.
La Sra. S. refiere haber trabajado bajo relación de
dependencia laboral desde el 1/12/05 para “Liderar Cía. General de
Seguros S.A.” realizando tareas en la categoria “Grupo I Administrativo”.

Afirma que el 27/6/06 el Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de la ciudad de El Dorado (Prcia. de Misiones)
dispuso la entrega en guarda de los cuatro menores cuya adopción
peticionara, por lo cual solicitó licencia a la accionada.
Relata que efectivizada la entrega de los menores,
regresaron a Buenos Aires el 31/7/06 y se presentó en la oficina
de la demandada a fin de consultar acerca de una licencia por
maternidad, la cual fue otorgada por 45 días a partir del 26/6
hasta el 10/9.
Esgrime que al presentarse a retomar tareas el 11/9 es
citada a la oficina de personal donde le proponen que renuncie y
se quede en su casa a cuidar a sus cuatro hijos, e incluso le
recriminan haber pensado en ella y no en la empresa.
Arguye, que como la accionada no consiguió que aceptara
renunciar la despide intentando encubrir un
despido discriminatorio bajo la apariencia de un despido sin causa.
Describe el intercambio telegráfico.

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes.

A fs. 53/59 responden los Sres. N. y B.. Oponen excepción de transacción y pago.
Asimismo contestan demanda negando la existencia del
despido discriminatorio invocado e invocando, arguyendo que la
desvinculación de la actora obedeció a razones operativas de la
actividad.
Afirma que la licencia que gozara la actora no puede
asimilarse a la licencia que en protección de la maternidad
establece la LCT.
Además sostiene que el otorgamiento de la misma fue una
liberalidad de la accionada, basada en razones humanitarias,
debido a que no existía obligación legal de acceder a la licencia
otorgada.
Impugna la liquidación practicada y solicita el rechazo
de la demanda con costas.
Liderar Compañía General de Seguro contesta a fs.
67/72. Opone excepción de transacción y pago.

Manifiesta que el despido de la Sra. S. obedeció a
razones operativas y no a que la accionante adoptó a cuatro
menores. Impugna la liquidación practicada y solicita el rechazo
de la demanda con costas.

En el fallo en cuestión (fs. 527/534) la [jueza de primera instancia] rechazo la demanda impetrada, ya que entendió que la accionante no
logró acreditar que la empleadora tuviera una especial
animadversión hacia las madres adoptivas.
El recurso a tratar llega interpuesto por la parte
actora a fs. 543/563, mereciendo la réplica de la contraria.
También apela el perito contador por considerar
reducidos los honorarios que le han sido regulados (fs. 536).
Asimismo los codemandados N. y B. apelan la forma en
que han sido impuestas las costas.
II.- Se agravia la accionante porque la sentenciante
habría incurrido en una serie de contradicciones y omitido la
valoración de la prueba obrante en la causa.
Además habría incurrido en errores en la valoración de
los elementos probatorios.
Manifiesta que la “a quo” no consideró la normativa de
la ley de contrato de trabajo a la que habría aludido la
accionante en su escrito de inicio.
También sostiene que se hizo una equívoca aplicación de
los principios que rigen la carga de la prueba.
Respecto a la falta de análisis de la normativa de la
ley 20.744 invocada por la accionante en su escrito de inicio
considero que le asiste razón toda vez que la judicante no se
expresó sobre este punto a pesar de que la actora a fs. 32
solicitó la condena de la accionada en base a lo previsto por el
art. 182 LCT e indicó que la situación de la madre adoptiva debe
asimilarse a la de la biológica ya que de lo contrario se
cometería una discriminación.
Sentado lo expuesto, me abocaré a analizar la
procedencia de la asimilación peticionada y he de adelantar que,
en el supuesto de autos, considero que se encuentran afectados los
derechos a la vida familiar y a la igualdad de trato que merecen
la madre biológica y la que asume ese mismo rol al recibir un niño
en guarda para adopción.
Sostengo ello, debido a que si bien es cierto que nos
encontramos ante una situación no contemplada expresamente por el
ordenamiento positivo, tal distinción es ciertamente violatoria
del derecho a la protección de la familia y al de igualdad que
surgen de la legislación vigente.
Nótese que una de las garantías fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico es la igualdad de los habitantes
ante la ley, prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional,
siendo también un valor consagrado en su art. 14 bis, en los
tratados de Derechos Humanos incorporados a partir de la reforma
constitucional de 1994 la protección del trabajo en sus diversas
formas, el amparo de la familia y el cuidado de los hijos, tomando
esto no solo como obligación de los padres sino con el carácter de
responsabilidad social, debiendo entenderse que el ámbito de dicho
ordenamiento no se limita a la familia biológica sino que se
extiende a los vínculos adoptivos.
Asimismo, existen numerosos tratados con jerarquía
superior a las leyes reconocidos en el art. 75 inc. 22 de nuestra
Carta Magna relativos a esta cuestión, a saber: art.10 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art.
11 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer; art. 18 Convención sobre los
Derechos del Niño.
También deben citarse los arts. 3 y 7 del Convenio No 156
sobre la “Igualdad de oportunidades de trato entre
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares”.
Por consiguiente no se puede ignorar la existencia del
derecho reclamado a que se aplique el mismo régimen indemnizatorio
contemplado para el caso de maternidad biológica.
Una decisión distinta significaría convalidar un acto
de discriminación contrario al principio de igualdad y a los
valores de equidad y justicia que deben guiar siempre las
sentencias de los jueces.
La equiparación de la maternidad biológica y la
adoptiva –a mi entender- no admite punto de discusión alguna desde
la lógica de la razón y el sentido común.
Ello, por otro lado, aparece como una consecuencia
necesaria teniendo en cuenta que la adopción confiere al adoptado
la posición de hijo biológico, con los mismos derechos y
obligaciones –de acuerdo a lo previsto por los arts. 323 y 329 del
Código Civil- (en similar sentido ver de la Cámara de Apelaciones
del Trabajo de Bariloche “M.V., M.C. y otro s/ Amparo” del
11/5/2006).
La equiparación propuesta, lleva a aplicar las
disposiciones de la ley 20744 que regulan la protección de la
maternidad (arts. 177/179) entre las que se encuentra el art. 178
que expresamente establece que debe presumirse que el despido se
debió a la maternidad de la trabajadora cuando la desvinculación
se produce dentro del plazo de siete y medio (7 1/2) meses
anteriores o posteriores a la fecha –en este caso- en que fue
otorgada la guarda de los menores.
Así, habiéndose producido el distracto dentro del plazo
mencionado correspondía a la accionada acreditar que el despido
obedeció a otra causal, lo cual –adelanto- no ha hecho.
Nótese que la única deponente ofrecida por ésta que se
refirió a la causa del distracto, esgrimió que el mismo se debió a
una reestructuración – Cabalero fs.227/228- cuando la accionada en
su contestación adujo razones operativas de la actividad.
Además, advierto que Cabalero es empleada de la
accionada, lo que habilitaría que su declaración sea tomada con
mayor estrictez y rigor crítico (en similar sentido ver de esta
Sala, “Insaurralde, Wilfrido Manuel c/ Wal Mart Argentina S.A. s/
despido” S.D. No 36.600 del 15/4/03), máxime cuando no obra en la
causa elemento alguno que convalide sus afirmaciones.
A lo expuesto cabe agregar que resulta imposible
considerar acreditada la existencia de razones operativas cuando
inmediatamente despues del despido de la Sra. S. se contrata a una
persona –la desvinculación se produjo el 2/10/06 y la contración
de S. el 1/12/06- para realizar las mismas tareas que realizaba la
actora –de acuerdo a lo declarado por U. (fs.366/368)-.
Lo expuesto, torna innecesario que me expida en torno a
la valoración de la prueba, las omisiones y contradicciones en que
habría incurrido la sentenciante.
Consecuentemente, propicio revocar este aspecto del
decisorio cuestionado y condenar al pago de la indemnización
agravada prevista por el art. 182 LCT por la suma de $16.250
(1.250 –cfrme. lo denunciado en el escrito de inicio y lo
informado por el experto contable a fs. 140- X13) que devengara
intereses, desde que cada suma fue debida y hasta el momento de su
efectivo pago, a la tasa de interés prevista en el Acta No 2.357,
conf. Resolución de Cámara No 8 del 30 de mayo de 2.002.
Cabe aclarar, que resultan condenados por el despido
“Liderar Compañía General de Seguros S.A.”, NNN
debido a que las personas físicas demandadas participaron en el
fraude.
En tal sentido, es indudable que tuvieron (cuando
menos, debieron haber tenido) conocimiento acerca de las maniobras
de fraude cometidas para con la actora, circunstancia que
justifica la condena solidaria y a título personal por la falta de
cumplimiento de las obligaciones asumidas –e incumplidas- en
nombre del ente social (arg. arts. 59 y 274 L.S.C. y 14 L.C.T.; en
similar sentido, esta Sala in re “Ghiglioni, Fabiana Graciela C/
Palma, Alejandro y otros S/ Despido”, S.D. nro.: 34.880 del
19/04/01; “Maineri…” ya cit.).
Por aplicación de las normas de la Ley de Sociedades
referidas, es justo que la condena se haga extensiva sobre quienes
resultaron responsables de lo que, en definitiva, puede calificarse
como una conducción irregular del ente de existencia ideal al
discriminar a la dependiente contrariando la legislación vigente.
Esto significó, sin más, la configuración voluntaria y
directa de conductas tendientes a desbaratar los derechos
laborales de una trabajadora que sin dudas se tradujeron en un
mero recurso para violar la ley (arts. 182 LCT y ley 23592), el
orden público laboral (arts. 7, 12, 13, y 14 L.C.T.), la buena fe
(que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio
de un buen empleador, art. 63 L.C.T.; en igual sentido, v. esta
Sala in re “Núñez, Gabriela Susana C/ Racing Ravel S.R.L. y o.
S/Despido”, S.D. nro.: 37.272 del 16.02.04; “Castillo, Ruben Omar
y otros C/ Tomasevich, Ricardo Alberto y o. S/ Despido”, S.D.
nro.: 41.326 del 31/10/08).
III.- Cuestiona la falta de consideración del daño
causado a la actora y solicita se haga lugar al pago de los años
que le restan a aquella para acceder al beneficio jubilatorio
teniendo en cuenta la asignación familiar y de la obra social.
En primer lugar respecto al daño moral reclamado, cabe
rememorar que “el daño moral consiste en una pretensión autónoma e
independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un
ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites
tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a
los principios generales del Derecho de Daños.” (Isidoro H.
Goldenberg: “El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo”, en “Daño
Moral”, pág. 265 “Revista de Derecho de Daños”, Rubinzal Culzoni
Editores, Santa Fe, 1999).
“En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor
o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias,
descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos
íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de
tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban
ligadas por un contrato de trabajo” (Goldenberg, loc. Cit.).
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala
III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor
Ricardo A. Guibourg, expresó: “Cuando –en ocasión de la ruptura
del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas
que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista
extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría
indemnizable – aún en ausencia de una relación laboral – tal
responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago
de la indemnización tarifada.
Encontrándose la conducta
genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del
Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo
que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la
responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de
la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los
incumplimientos contractuales” (El Derecho, 29-07-80).
“La valoración del daño moral no está sujeta a cánones
estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su
procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración
para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de
la responsabilidad” (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-
VIII-97:”Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/
Empleo Público”). Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág.
58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968,
a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo
segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe
(Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los
derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que
“esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido
social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del
economicismo como meta central de protección, que imperaba en
Alberdi y Vélez”.
Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la
sustitución del concepto de “daño moral” por el “daño a la
persona”, de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las
orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: “Daño
Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial.
Daño a la persona”, en loc. Cit. pág. 7 y ss).
La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la
posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el
Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma
Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema “ la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, cuyo Art. V
dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar”; ”la Declaración Universal de Derechos
Humanos”, cuyo artículo 2o – 1 reza: ”Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica o cualquier otra condición”, y otras normas de
específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).
La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la
Reforma Constitucional que: “El daño moral tiene carácter
resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el
daño material, pues no se trata de un accesorio de éste” (Autos:
“Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:”Bonadero Alberdi
de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos” 16/VI/88).
Ya la “Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre”, aprobada en 1948, destaca que los derechos
esenciales del hombre…tienen como fundamento los atributos de la
persona humana”, y en su artículo V impera que: “Toda persona
tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida familiar”.
Sentado lo expuesto, he de indicar que en el caso de
autos se vislumbra que el perjuicio provocado por el despido por
maternidad debe repararse con la indemnización agravada cuya
condena he dejado propuesta.
Ello, debido a que la equiparación de la madre adoptiva
con la biológica conlleva a la aplicación de la indemnización
prevista en el art. 182 LCT que repara los perjuicios ocasionadas
por la desvinculación de una trabajadora como consecuencia de su
maternidad.
Advierto que ninguna normativa impone la obligación del
empleador de abonar a los trabajadores despedidos –cualquiera sea
la causa de la extinción- los años que restan para que éstos
accedieran a los beneficios previsionales, ni al pago de la obra
social.
En consecuencia propongo confirmar este aspecto del
decisorio de grado. […]

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
Un tema extremadamente delicado y novedoso
resulta ser el de autos.-
En rigor de verdad, en el litigio planteado, el
debate versa concretamente sobre la existencia de un tipo o dos
tipos de maternidad.-
Uno debe preguntarse ¿son las madres adoptivas
distintas o iguales a las madres biológicas? ¿Cuál es el bien
jurídico protegido a partir del art. 177 y hasta el art. 179 de la
Ley de Contrato de Trabajo.-
Las respuestas a estos interrogantes son la
piedra basal de la solución del conflicto.-
No tengo dudas de que existe un solo tipo de
madres, aquéllas que se comprometen con la gestación o la elección
de un hijo y están dispuestas a llevarlos adelante.-
La protección del bien jurídico “maternidad” es
amplia, porque alcanza a la madre, al niño y, en todo caso, a todo
el grupo familiar.-
Es de advertir que la Ley de Contrato de
Trabajo establece una protección con indemnización agravada, que
encierra también el necesario respeto por el art. 16 de la
Constitución Nacional, en lo atinente a la igualdad.-
El despido, analizado como se presenta en
autos, no solo genera una discriminación entre madres biológicas y
madres adoptivas inaceptable y, a la vez, olvida la necesaria
valoración de los derechos del niño.-
Se están violando derechos no sólo instalados
en el Bloque Federal Constitucional, sino el marco de derechos
humanos irrenunciable que afecta directamente la dignidad humana,
en tiempos en que nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la
Nación viene señalando que la persona humana es sagrada.-
Todo lo expuesto hace que coincida con mi
distinguido colega y adhiera a la solución que propone.-
LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA: No vota (art. 125 de la Ley
18.345).
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el
Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo apelado y condenar
solidariamente a Liderar Compañía General de Seguros S.A.”, y NN.
NN. a pagar a S., M. I. dentro del 5to. día, la suma de $
16.250 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS) más intereses
establecidos en el considerando III. 2) Regular los honorarios por
las tareas realizadas en primera instancia a la representación
letrada de la parte actora, demandada, perito contador y perito
calígrafo en 16% (dieciseis por ciento), 14% (catorce por ciento),
7% (siete por ciento) y 7% (siete por ciento), respectivamente,
del monto de condena y sus intereses. 3) Costas de ambas
instancias a cargo de la parte demandada. 4) Regular honorarios a
la representación letrada de la demandada y a la de la actora en
el 25% (veinticinco por ciento)y 30% (treinta por ciento),
respectivamente de los determinados para la primera instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Screenshot-2

Dejar un comentario