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El fraude laboral en el empleo público

| El 08, Feb 2016

Dicen que el principal empleador en negro es el Estado, en sus diferentes niveles, nacional, provincial y municipal. La observación obedece a que hay muchos “contratados” o prestadores de servicios que en realidad ocultan una relación laboral, de empleo público. Si bien no toda locación de servicios encubre una relación laboral, hay que ver cada situación, sí es cierto que igual que lo que ocurre en el sector privado con el monotributo hay casos de fraude laboral por distintas razones. Cuáles son los efectos legales y derechos del empleado público.

 

La magnitud del empleo en negro en el Estado

Hay tres tipos de contratos, básicamente, aunque hay sub-variantes y los términos dependen de cada régimen y de cada resolución que los designa. Por un lado están los empleados de planta permanente, con estabilidad y derecho a conservar su empleo salvo sumario por mal desempeño. La cesantía, además, es apelable.

Después están los empleados de planta transitoria, designados así, con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y otros derechos equiparables. La diferencia con la categoría anterior es que como son contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales, carecen de estabilidad y derecho a indemnización cuando finaliza el plazo. (Si hay fraude con esto, sí podría reclamar).

Por último, encontramos a los empleados contratados, que ingresaron con un contrato de locación de servicios, o simplemente facturan como monotributistas o autónomos. Según la ley de presupuesto, son más de 60 mil trabajadores contratados. Pero entre provincias y municipios, ATE denuncia que la cifra de trabajadores en condición precaria afectaría al 35% de la fuerza laboral (unos 4 millones de personas).

Se ha llegado a dar la paradoja, denuncian, que los propios inspectores del ministerio de trabajo… ¡Son monotributistas!


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Las acciones legales por trabajador público en negro  – caso Ramos y la ley de empleo público, según la corte

La corte marcó un límite a estas prácticas en el paradigmático caso “Ramos“, en el que consagró la estabilidad laboral para empleados públicos contratados, cuando hubo renovación sucesiva de contratos. Así, la corte avaló el reclamo de un trabajador que, por más de 20 años, había prestado servicios en la Armada tras la actualización continuada de su relación por tiempo determinado.

Ramos comenzó su vínculo laboral en 1976 como locación de obra y a partir de 1981 fue encuadrado en el Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas. Le fueron prorrogando el contrato hasta abril de 1998, momento en que lo despidieron.

La sentencia explica que las tareas realizadas por el actor carecían de la transitoriedad que supone ese régimen de excepción, que era calificado y evaluado en forma anual, que se le reconocía la antigüedad en el empleo y que se beneficiaba con los servicios sociales de su empleador.
La demandada (el Estado) utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”, añade.
Así, en tales condiciones, asegura que “el comportamiento del Estado nacional tuvo aptitud para generar en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral, que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el ‘despido arbitrario’”, concluyó la corte.

Entonces, para que un contrato sea válido, debe ser por tiempo determinado, para servicios u obras de carácter transitorio o estacionales, que no sean las tareas normales y habituales del organismo y que no pueda ser cubierto por personal de planta permanente. En suma, debe ser algo excepcional, como un consultor externo.

Los derechos como empleado público

El empleado público tiene una serie de derechos, con independencia de la modalidad de contratación. Puede tener derecho a ser resarcido por el despido arbitrario, según lo marca el artículo 14 bis, o bien, según el régimen, a ser reinstalado en el puesto, aunque esto último es solo para aquellos que hayan adquirido estabilidad.

Para ponerlo con un ejemplo, “un trabajador con sólo tres años de antigüedad y un sueldo de $ 20.000 puede demandar al Estado por $ 180.000, a lo que hay que sumar costos que hacen que la cifra llegue a $ 230.000. En algunos casos, porque los estatales tienen estabilidad en su cargo, el juez puede ordenar que se los reinstale y se les paguen los sueldos no percibidos” (fuente). Según estimaciones privadas allí citadas, a un trabajador que estuvo tres años contratado le corresponderían unos $ 200.000 de indemnización.

 

Una historia de fraude laboral

El hombre laburó para el ejército ente 1987 y 1999 en tareas de mantenimiento general; le habían dado una vivienda y pudo probar esto por testigos.

Los jueces ratificaron que “habida cuenta de que el actor prestó servicios a las órdenes de la demandada, recibía órdenes de sus superiores, y que todo ello lo realizaba a cambio de una suma de dinero y se le proporcionaba vivienda, arribo a la conclusión de que la relación que existió ente las partes no era otra que una relación de trabajo (arts. 22 y 23 de la LCT), a la que no se adjudicó un régimen jurídico en su momento, por lo que corresponde encuadrarlo según lo establecido en el principio de primacía de la realidad“.

Además, agregaron que debe gozar de los beneficios constitucionales del empleo público y si no es así, debe al menos estar amparado por el régimen del empleo privado que según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional da estabilidad en el empleo o al menos indemniza el dspido sin causa. Así que los jueces ordenaron al Estado indemnizarlo como si se tratare de un despido privado, por empleo en negro, fraude laboral en la relación de empleo público. Abajo podés leer la sentencia completa.

 

También pasó en la Ciudad, por haber firmado sucesivos contratos de locación de servicio

Laburaba para una dependencia de la Ciudad de BA no le renovó el contrato de locación de servicios, por trabajos que venía prestando hacía 10 año.

Los jueces entendieron que “el Estado local disolvió en forma intempestiva el vínculo que lo unía con la actora (vgr. contrato de locación de servicios regido por el derecho público). En atención a la prueba producida en la instancia de grado se ha demostrado que se recurrió a una contratación transitoria más allá del ámbito admitido por la ley 471 para su utilización, esto es, la actora fue empleada en virtud de sucesivos contratos por tiempo determinado para prestar funciones que podían ser cubiertas por personal de planta permanente (v. arto39), conclusión a la que arriba la juez de primera instancia y no fue discutida por la demandada.”

Por eso, ordenaron indemnizarla según los lineamientos del caso “Ramos”, citado. Podés leer la sentencia completa abajo, y dejar tu comentario sobre casos similares que conozcas.

 

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La planta transitoria

Según lo publicó Iprofesional, los empleados de la planta transitoria también podrían tener derecho a ser indemnizados. El artículo dice así.

“La empleada era una recepcionista de la Universidad Nacional de Quilmes, quien prestaba servicios de lunes a viernes, durante 8 horas por día, desde 1994. Entre sus tareas, debía atender el teléfono, tomar nota, cobrar las cuotas del posgrado (que son una modalidad de entrada de dinero importante) que la UNQ dictaba en la Ciudad de Buenos Aires.

En el 2003, fue despedida sin causa y sin indemnización ya que era parte de la planta transitoria.  Tras casi diez años de contienda judicial, la Corte Suprema condenó al Estado al pago de una indemnización igual a la de los “contratados” al probar que el personal que estaba en planta transitoria ejercía tareas de quienes debían estar en planta permanente.

Además, el Estado deberá abonar una indemnización por despido equivalente a un mes de sueldo por año trabajado más 6 meses de preaviso. Todo actualizado por la tasa de interés activa. De esta forma, el máximo tribunal trató de evitar las diferencias y el abuso de la figura que, por estos tiempos, se da en el Estado con el personal transitorio, que convive y realiza las mismas tareas que el de planta permantente.

Hasta ahora, la Corte se había expedido a favor de indemnizar a los “contratados”(monotributistas que emitían facturas) pero esta es la primera vez que dictamina para uno de planta transitoria.” Acá podés leer la sentencia sobre indemnización en planta transitoria.

 


 

Anexo con las sentencias completas

Expte. 31013808/1999 – “MMM, Luis Alfredo c/ Estado Nacional – Ejercito Argentino s/reclamos varios” – CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA – SALA A – 23/12/2015

En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo de Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “MMM, LUIS ALFREDO c/ ESTADO NACIONAL -EJERCITO ARGENTINO s/RECLAMOS VARIOS” (Expte.: 31013808/1999), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la representación jurídica de la demandada en contra de la Resolución N° 104 de fecha 11 de Octubre de 2007 dictada por la entonces señora Juez Federal N° 3 de esta Ciudad, que en lo pertinente dispuso: “Hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. MMM Luis Alfredo, en contra del Ejército Argentino – Estado Nacional y, en consecuencia ordenó que se le abonen a la actora los haberes de junio, julio, agosto y septiembre de 1999, la indemnización por despido incausado del art. 245 LCT y arts. 232 y 233 LCT, vacaciones y SAC proporcional, indemnización de los arts. 8 y 15 de la Ley 24013 y salario familiar por el plazo de prescripción, con más intereses a la tasa pasiva promedio desde el 14/10/99 al 31/12/99, rubros que serán cancelados de acuerdo con las normas de consolidación vigentes (Ley 25.344, D.R. 1116/2000 y demás normas complementarias, con costas a la demandada, difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. A. N. (fs.- 187/190vta.).-

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: GRACIELA S. MONTESI – EDUARDO AVALOS – IGNACIO MARIA VELEZ FUNES.-

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a estudio y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la representación jurídica de la demandada en contra de la Resolución N° 104 de fecha 11 de Octubre de 2007 dictada por la entonces señora Juez Federal N° 3 de esta Ciudad, que en lo pertinente dispuso: “Hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. MMM Luis Alfredo, en contra del Ejército Argentino – Estado Nacional y, en consecuencia ordenó que se le abonen a la actora los haberes de junio, julio, agosto y septiembre de 1999, la indemnización por despido incausado del art. 245 LCT y arts. 232 y 233 LCT, vacaciones y SAC proporcional, indemnización de los arts. 8 y 15 de la Ley 24013 y salario familiar por el plazo de prescripción, con más intereses a la tasa pasiva promedio desde el 14/10/99 al 31/12/99, rubros que serán cancelados de acuerdo con las normas de consolidación vigentes (Ley 25.344, D.R. 1116/2000 y demás normas complementarias, con costas a la demandada, difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. A. N. (fs. 187/190vta.).-

II.- La recurrente al expresar agravios, manifiesta en primer término que lo resuelto por el A quo en la sentencia recurrida, importa una decisión arbitraria que causa un gravamen irreparable a los intereses de su representada.-
Señala que se equivoca el Inferior al encuadrar la relación que ligaba al actor con el Estado en la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto ello implica un desconocimiento de las normas que regulan el empleo público, toda vez que debería haber quedado circunscripta conforme lo normado por el Estatuto y Reglamento para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas.-
En segundo lugar, y subsidiariamente para el caso que se entendiera procedente encuadrar la presente causa en lo establecido por la Ley 20.744, corresponde el rechazo de la demanda por ausencia probatoria respecto a la dependencia técnica, jurídica y económica con el Estado Nacional alegada por el accionante. A su vez, refiere que no existe acto administrativo alguno de incorporación del señor MMM a las Fuerzas Armadas, por lo que considera que las tareas de mantenimiento, plomería, electricidad y albañilería desarrolladas por el señor MMM en el Batallón de Comunicaciones 141, eran realizadas como trabajador independiente y no inserto en la figura de personal del Ejército. Entiende que el accionante, no cumplía horarios ni estaba subordinado a directivas de superiores, por lo que mal puede hablarse de “falta de registración” y/o “falta de pago de haberes”.-
En tercer término, se queja por cuanto el Inferior omitió considerar la prueba aportada por su representada, basando su decisorio solamente en la declaración testimonial prestada en autos, sin respaldo en otro elemento probatorio.-
Manifiesta que si bien la sentencia ordena la aplicación de las leyes de consolidación, a su vez erróneamente dispone que se aplique la tasa pasiva para el cálculo de los intereses, en contradicción con lo establecido en el art. 13 de la Ley 25.344.-
Considera que tratándose de una deuda de causa anterior a la fecha de corte establecida -aún en el caso que su cobro sea gestionado con posterioridad-, corresponde la entrega de títulos públicos por el valor nominal de la acreencia, al cual se le adiciona el interés propio de los Bonos de Consolidación creados por el mencionado plexo normativo.-

III.- Previo a ingresar al estudio de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que el señor Luis Alfredo MMM –hoy fallecido- inició formal demanda ordinaria con fecha 16 de Diciembre de 1999 en contra del Ejército Argentino persiguiendo el pago de una suma de dinero en concepto de las indemnizaciones de los arts. 246, 232 y 233 de la LCT, los haberes correspondientes a los meses de Junio a Septiembre de ese mismo año, proporcional de SAC y de vacaciones e indemnizaciones de los art. 8 y 15 de la Ley 24.013. Expresa que ingresó a trabajar en relación de dependencia económica jurídica laboral para los demandados en el mes de abril del año 1987, realizando tareas de mantenimiento que prestaba en el Batallón de Comunicaciones 141 y en el Barrio Militar, donde le fue asignada una vivienda como parte integrante del sueldo, localizada en la ex panadería militar del Parque Sarmiento. (ver escrito de demanda de fs. 2/3vta.).-
Corrido el traslado de la demanda, la representación jurídica del Estado Nacional lo contesta mediante escrito de fs. 11/13, planteando las excepciones de falta de acción y de prescripción. Diligenciada la prueba ofrecida, a fs. 180/183vta. y fs. 184/185vta. obra los respectivos alegatos de ambas partes y a fs. 187/190vta. la Resolución de fecha 11 de octubre de 2007 que recurrida por la demandada es materia de análisis en esta Alzada.-

IV.- Aclarado ello, e ingresando al análisis de la primera cuestión planteada, referida al marco normativo que corresponde darle a la cuestión aquí debatida, considero apropiado señalar que las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo no resultan aplicables a la relación habida entre las partes, por hallarse fuera del ámbito del empleo privado.-
Al respecto, cabe señalar que la demandada integra el Poder Ejecutivo de la Nación y parte de la Administración Pública Nacional (conf. Art. 99 y 100 de la Constitución Nacional), por lo que las relaciones de dicho organismo con su personal civil son típicas de empleo público y por ende comprendidas dentro del derecho administrativo.-
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha entendido que no resulta admisible sostener que la relación de empleo se rige por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes del organismo estatal y a la limitación del art. 2 inc. a) de la LCT, en cuanto a los dependientes de la administración pública, salvo que por acto expreso se los incluya en él o en el de las convenciones colectivas de trabajo (CSJN, 28-2-89 “Gil, Carlos R. c/ U.T.N. s/ nulidad del acto administrativo, indemnización y daños y perjuicios” G.242 XXII; y 300-4-91 “Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en D.T. LI-B, pág. 1847).-
En relación al alcance de tal concepto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “…están comprendidos tanto los supuestos de incorporación permanente a los cuadros de la administración, como aquellos del personal contratado y temporario (F:320:216), marco éste ajeno al derecho privado -laboral o no laboral- y propio de la normativa administrativa (F:320:74)” (C.S.J.N., 5-10-99, “Castelluccio, Miguel c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Despido” C567 XXXIV).-
En el caso de autos, no se ha invocado acto expreso de la administración pública que incluya la relación laboral de que se trata en el ámbito de la propia LCT o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. La actora no invocó ni individualizó convenio alguno aplicable a la relación con la accionada por lo que creo evidente la inaplicabilidad de la norma citada (LCT) en sustento de la pretensión al vínculo sobre cuya base se reclama porque entre las partes no ha mediado un contrato de trabajo.-
Ahora bien, en la hipótesis de que se considerara que la contratación de los servicios del señor MMM por los cuatro meses que reclama (Junio a septiembre de 1999) haya sido efectuada por parte de las Fuerzas Armadas de un modo irregular, o acaso la circunstancia de que no se haya incorporado a la contratada al régimen de beneficios propios del empleo público, no implicaría que el vínculo haya quedado regido por el derecho privado (cuando no se han dado las condiciones previstas en el citado art. 2 de la LCT). En tales supuestos, la protección que otorga la Constitución Nacional al trabajo en sus diversas formas no debe buscarse en un plexo jurídico extraño a aquel dentro del cual se desenvolvió la relación, sino en el marco del derecho administrativo destinado a regular las relaciones que establezca el Estado con las personas. En ese sentido ha resuelto la C.N.A.T.,, Sala IV, 30-12-85, sent. 55.195 “Recloux c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro”.-
Así las cosas, teniendo en cuenta que el reclamo de autos tiene fundamento en una norma de derecho privado que resulta inaplicable, no probada la existencia del contrato de trabajo en el que se intentó sustentarlos, la pretensión deducida deviene improcedente y en consecuencia la demanda debe ser rechazada en todas sus partes.- No obstante lo expuesto y a mayor abundamiento cabe destacar que además estamos en presencia de un reclamo carente de sustento probatorio lo que impide a todas luces su procedencia.-
De las copias agregadas a fs. 24/29 se desprende que mediante Resolución de fecha 27 de Diciembre de 1989, dictada en el Expte N° C/57/87, caratulado: “MMM, Luis Alfredo c/ Ejército Argentino – Ordinario (Ley 18.345) se ordenó al Ejército Argentino el pago al señor Luis Alfredo MMM de la indemnización tarifada por la Ley 9688 en concepto de incapacidad parcial y permanente del 23% de la T.O. establecida, con más intereses y costas. De dicha sentencia se desprende que el señor MMM ingresó a trabajar con fecha 20 de Octubre de 1980 desempeñándose a las órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército en el Hospital Militar “Comodoro Rivadavia” en Chubut siendo trasladado a Córdoba en el año 1984 hasta su desvinculación laboral en abril de 1987.-
Asimismo, de las misivas obrantes a fs. 32/33, 36/37 surge el reclamo del accionante de regularización de su situación laboral con posterioridad a abril de 1987 y el correspondiente rechazo por parte del Ejército al respecto.-
De las testimonial brindada a fs. 57 y vta. por el señor Jorge Pedro Suárez surge que al señor MMM tenía asignada vivienda dentro del predio militar hasta 1993 o 1994 y que luego se fue a vivir a otro lugar. Asimismo, refiere que realizaba tareas de plomería y mantenimiento en general hasta 1997/1998. A fs. 58 el deponente Antolín Quiroga hace alusión a la vivienda que le fuera prestada y a las tareas desempeñadas por MMM, aclarando que en 1997 viaja a Chipre en misión de paz por un año, afirmando que a su regreso las relaciones entre el actor y la fuerza se distanciaron, así que a partir de allí lo veía esporádicamente. A su vez, las declaraciones del señor Julio Mamaní a fs. 79/80 y del señor Jorge Alberto Condori a fs. 81/82 resultan contestes en relación a las tareas desarrolladas por el actor ello, pero sin poderse establecer que haya sido durante el período de junio a octubre del año 1999 que se reclama en estos obrados.-
De la informativa requerida al Hospital Militar Córdoba surge que no existen antecedentes del señor MMM en su Historia Clínica en el año 1994 (ver fs. 95) y del Informe suscripto por el General de Brigada, Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, no obran en el Batallón de Comunicaciones 141 antecedentes y/o documentación sobre la relación laboral que sostiene el actor haber comenzado en la mencionada fuerza en el mes de abril de 1987 (fs. 86).-
Asimismo, del informe elaborado por el perito contador oficial Miguel Ángel Leiguarda, se acredita la relación laboral del señor MMM desde Diciembre de 1980 y abril de 1987, no encontrándose en las planillas auditadas, constancia alguna de pago de haberes del período que reclama (fs. 114/115). Igualmente, de los recibos acompañados a fs. 130/154 se acredita el vínculo laboral existente entre febrero de 1984 y abril de 1987 -no controvertido en estos obrados-, pero no existe prueba en relación a los meses que van desde junio a septiembre de 1999 que motiva el presente reclamo ni que las tareas que pudo haber efectuado lo hubieran podido ser por ejecución de órdenes impartidas por la demandada, encubriendo una relación irregular.-
No hay ningún elemento que sirva para corroborar la supuesta relación laboral alegada por el accionante. De la testimonial brindada, se desprende de manera genérica que el señor MMM desarrolló las tareas de plomería, albañilería y mantenimiento en general en años anteriores y que fueron ya objeto de reconocimiento al dictarse la Resolución de fecha 27 de Diciembre de 1989, en el Expte N° C/57/87, caratulado: “MMM, Luis Alfredo c/ Ejército Argentino – Ordinario (Ley 18.345) antes aludido.-
En definitiva y por los argumentos dados estimo corresponde rechazar la demanda interpuesta por el señor Luis Alfredo MMM –hoy fallecido- y continuada por sus sucesores, señores Hilda Teresa MMM y Manuel Alfredo MMM, revocando la Resolución N° 104 de fecha 11 de octubre de 2.007, dictada por la entonces señora Juez Federal N° 3 de esta Ciudad.-

V.- Conforme el resultado arribado se dejan sin efecto la imposición de costas dispuesta por el Inferior, las que se fijan conjuntamente con las de esta instancia a la perdidosa (art. 68, 1 párrafo y 279 del C.P.C.C.N.), difiriendo la cuantificación económica de los honorarios de los letrados intervinientes por su labor profesional en la Alzada, hasta tanto se encuentren liquidados los emolumentos correspondientes a la instancia de grado.-

ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Que analizadas detenidamente las constancias de la causa, en especial, los testimonio rendidos, arribo a una conclusión diferente de la propuesta por la señora Jueza de primer voto, doctora Graciela Montesi.-
Por razones de brevedad, doy por reproducida la pormenorizada relación de causa elaborada por la referida Magistrada. Ahora bien, entiendo que la distinta solución que habré de proponer obedece a que -a diferencia del análisis efectuado por la señora Juez preopinante- tengo para mí plenamente acreditada la existencia de la relación de trabajo que da sustento a la pretensión incoada. Doy razones: El actor en este pleito denuncia haber trabajado en relación de dependencia económica y jurídica para la demandada desde el mes de abril de 1987, realizando tareas de mantenimiento en el Batallón de Comunicaciones 141 y en el Barrio Militar General Deheza. Expone que como parte integrante de su sueldo, le fue asignada una vivienda localizada en la ex panadería militar emplazada en el Parque Sarmiento. Explica que todas sus tareas las realizaba por expresas instrucciones de su empleador. Que se le adeudan haberes de los meses de junio a septiembre de 1999 e indemnización por despido indirecto, y demás rubros, por cuanto su empleador se negó a regularizar su situación de trabajo.- Del análisis de la prueba testimonial, extraigo que los hechos denunciados se encuentran acreditados. En primer lugar, a fs. 57 de autos depone el señor Jorge Pedro Suarez, quien al responder a la pregunta segunda, manifiesta que “lo conoció (al actor) en el año 1989, en una instalación cedida por el Jefe de la unidad, dentro de la Unidad que era el batallón de Comunicaciones 141, en la Avda. Richieri, sin número de la ciudad de Córdoba, que había sido el edificio de la ex Panadería militar.”. Al responder a la última pregunta, manifestó “Que el actor realizaba tareas varias de mantenimiento (plomería, electricidad, albañilería, pintura, etc.) que las realizaba por orden del Jefe y a veces con la ayuda de otros soldados”.- Por su parte, a fs. 58 declara el señor Antolín Quiroga, quien manifiesta que el actor “…vivía en una instalación donde había funcionado la Panadería Militar, y que desde que el dicente lo conoció al actor en el año 1991, él vivía en ese lugar, dentro de la Unidad que era el Batallón de Comunicaciones 141” Agrega al responder a la pregunta quinta, “que lo conoció al actor desde el año 1991, en que el señor MMM ya trabajaba para el Ejército realizando tareas de plomería y mantenimiento varias, dentro de la Unidad militar…Que además hacía tareas de electricidad. Albañilería, etc., es decir todo lo referido a la construcción. Que lo sabe porque lo vió trabajar, que el testigo es sargento ayudante del Ejército Argentino y desempeñaba sus tareas en la misma unidad, donde lo hacía MMM.” A la octava, expresa que “después de trabajar en el Batallón, el actor pasó a trabajar al Comando del Tercer cuerpo, que no recuerda exactamente la fecha.” A fs. 79 hace lo propio el señor Julio Mamani. Expresó “que lo conoce al actor como empleado del batallón 141 de COMUNICACIONES, que trabajaba con el dicente, ya que el compareciente era el encargado de las tareas de mantenimiento de construcciones”.- Preguntado “Para que diga si trató o vio al actor desde el año 1987 o después” (Pregunta Quinta, a tenor del pliego de fs. 56), dijo “Que, si lo vio a partir de ese mismo año y por cuatro años trabajó con el dicente haciendo arreglos de construcción, plomería y todo lo que fuera mantenimiento y construcción dentro del batallón…” finalmente expuso que el “compareciente y el actor trabajaban para la Unidad y dentro de la unidad para el Cuartel. QUE CUMPLIAN ORDENES DEL JEFE DEL BATALLON, Y EL CONTROLABA LOS TRABAJOS. Que el compareciente recibía un sueldo de las fuerzas armadas, pero con referencia a MMM no sabe como le pagaban”.- A fs. 81 declara el señor Jorge Alberto Condorí, quien manifestó ser encargado de mantenimiento. Expresó “Que el compareciente lo conoce al actor desde principios del año 1995, cuando llega al comando y hasta el día en que se fue en el año 1999. Que el actor se fue por problemas de contrato, es decir estaba sin contrato trabajando…” (Pregunta Segunda). Al responder la pregunta quinta, expresó “que el dicente llegó a fines del año 1994 y el actor empezó a trabajar con el comando del tercer cuerpo a fines de 1995, ya que venía del batallón 141 del parque SARMIENTO. Que el actor era plomero y gasista y hacía trabajos de mantenimiento en el edificio del Comando del tercer cuerpo.- Que el actor estaba bajo sus órdenes y del ejército” y agrega al referirse al señor MMM, “Que se fue porque le pagaban en negro y entonces el ejército dijo que todo el personal que no estaba contratado se tenía que ir y por eso dejó de trabajar. Que le pagaban mensualmente, en negro. Que muchos años antes el actor era efectivo del ejército, pero después entró en negro” ( pregunta novena). Finalmente manifestó “…que los trabajos que ellos realizaban los controlaba el jefe del cuartel general” (pregunta décima).-

II.- De la lectura de los testimonio que me he permitido transcribir para una mejor ilustración, infiero que se trata de declaraciones congruentes y concordantes entre sí y que dan por acreditada la plataforma fáctica denunciada por el actor en su demanda como fundamento de su reclamo, esto es: la existencia de una relación de trabajo para la demandada ente 1987 y 1999, la índole de las tareas caracterizadas como de mantenimiento en general; que las mismas se realizaban bajo relación de dependencia, que se le había proporcionado una vivienda y que el accionante trabajó “en negro”; aspecto este último que se ve corroborado con el informe pericial contable de fs. 114/115 en el que se consigna la falta de registración alguna del accionante desde abril de 1987.-
En este caso particular, y habida cuenta de que el actor prestó servicios a las órdenes de la demandada, recibía órdenes de sus superiores, y que todo ello lo realizaba a cambio de una suma de dinero y se le proporcionaba vivienda, arribo a la conclusión de que la relación que existió ente las partes no era otra que una relación de trabajo (arts 22 y 23 de la LCT), a la que no se adjudicó un régimen jurídico en su momento, por lo que corresponde encuadrarlo según lo establecido en el principio de primacía de la realidad.-
De tal manera no puede obviarse, la vigencia del artículo 14 bis de la C.N.- Merced a él, “el trabajo goza de la protección de las leyes” y no deja lugar a dudas, la lectura de estas actuaciones, de que el actor trabajó para el Ejército Argentino y como tal, debe gozar de los beneficios constitucionales del empleo público y si no es así, debe al menos estar amparado por el régimen del empleo privado.-
Así entonces, privado el agente de la estabilidad que le consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional, por no existir acto administrativo alguno de incorporación ni la firma de instrumento contractual, me parece justo y equitativo, en las particulares circunstancias del caso, aplicar analógicamente las normas que reglamentan la garantía menos intensa de protección contra el despido arbitrario y, por lo tanto, reconocerle una indemnización idéntica a la que un trabajador privado, en sus mismas condiciones, hubiera obtenido al extinguirse la relación de trabajo sin su culpa, tal como lo ha decidido el juez de primera instancia.-
En particular, se ha dicho que “resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, sin encuadramiento en el régimen jurídico de empleo público, ya sea permanente o transitorio, ni inclusión expresa en la LCT o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. En este cuadro de situación, el trabajador afectado queda al margen de la estabilidad del empleado público, y tampoco goza de la protección contra el despido arbitrario. De ahí que resulta justo, prudente y razonable aplicar analógicamente las normas que reglamentan de modo menos intenso la protección constitucional contra el despido arbitrario y reconocerle las indemnizaciones similares a las que percibiría un trabajador regido por la LCT en caso de despido incausado o intempestivo. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría, CNAT Sala V Expte n° 34595/02 sent. 68377 28/4/06 “González Dego, María c/ Ministerio de Trabajo y otro s/ despido” [Fallo en extenso: elDial.com – AA35C6]).-
Que a mayor abundamiento, debo agregar que la figura adoptada en el caso para regir la relación entre las partes, deviene carente de legitimidad alguna por tratarse de una contratación fraudulenta (art. 14, L.C.T.) que tiene como claro y único objetivo la desprotección de los dependientes, por lo que debe recurrirse a salvaguardar los derechos de éste, consagrados en la Constitución Nacional. (art. 14 bis., ver CNAT, SALA VII “Wozniuk, Esteban Rubén otro c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Secretaría de Cultura Teatro Municipal Gral. San Martín” 30/3/2004)”.-
En otro precedente similar, se ha resuelto que “cuando el Estado, despojándose de las prerrogativas que le corresponden a su condición de persona de derecho público, contrata con particulares la provisión de prestaciones personales, debe acudirse a la normativa que regula la actividad privada, más exactamente el régimen de contrato de trabajo, para evitar la desprotección de los agentes” (C.S.J.N. “Zacarías, Aníbal y otros c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro” (Fallos 310: 464), oportunidad en la que se expresó que la sola celebración de un contrato ad hoc no convierte por ese solo hecho al empleado en un empleado público, puesto que su prestación debe corresponder a las actividades comprendidas en el régimen normal de la función o empleo público y sujetarse a los requisitos que establece la reglamentación respectiva; máxime cuando no se advierte la necesidad del Estado de prevalerse de prerrogativas inherentes a su personalidad pública sustrayéndose así al plano de igualdad propia del régimen legal común. Asimismo, que lo dispuesto en el art. 2° inc. a) de la LCT no constituye obstáculo para considerar que la relación se rige por el derecho privado, si no fue examinada la posibilidad de que la suscripción de los contratos y la creación de una relación con subordinación técnica, jurídica y económica como la reconocida en el caso, pudo haber constituido en sí misma una de las diversas formas de incluir a los dependientes en el régimen de la citada ley.-
Por lo expuesto, opino debe confirmarse el fallo apelado en cuanto admite la pretensión del actor.-

III.- En base al resultado que propugno, debo abordar además el agravio de la demandada referido al cómputo de intereses. Al respecto, entiendo que debe ser rechazada esta queja, a poco que se repare en la lectura de la sentencia, que en consonancia con el régimen de la ley 25.344 manda a pagar intereses según la tasa pasiva hasta el 31-12-99 justamente por tratarse de una deuda consolidada. Efectivamente, lo que este régimen legal prohíbe es el computo de intereses posteriores a la fecha de corte, puesto que ya los títulos de deuda que se entreguen en pago, devengan su propio régimen de amortización de capital y servicios de intereses. Pero en el caso de autos, nada de eso ocurre, ya que el juzgador ha aplicado correctamente la solución legal, según surge del respectivo considerando y de la parte resolutiva del decisorio. Por lo tanto, debe desestimarse el planteo efectuado.- IV.- En conclusión, debe confirmarse el fallo apelado, en todo lo que dispone y ha sido motivo de agravio; con costas en esta Alzada a la perdidosa (art. 68 del CPCN), difiriéndose las regulaciones de honorarios para cuando exista regulación de primera instancia.-

ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo :

I.- Luego de un detenido y meditado análisis de la cuestión sometida a estudio del suscripto, diré que comparto la solución propuesta por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Avalos, en el sentido de que corresponde confirmar en todos sus términos la sentencia recurrida que hizo lugar a la demanda entablada por el actor, ordenando a la accionada a que le abone los haberes de junio, julio, agosto y setiembre de 1999, la indemnización por despido incausado del art. 245 de la L.C.T. y arts. 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, vacaciones y SAC proporcional, indemnización de los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013 y salario familiar por el plazo de prescripción, todo con más intereses legales pertinentes, con costas a la demandada.-
En efecto, tal como se destaca en el voto precedente a cuya lectura me remito en honor a la brevedad, de una lectura armonizada y correlacionada de las testimoniales rendidas en la causa por los señores Jorge Pedro Suárez (fs. 57), Antolín Quiroga (fs. 58), Julio Mamani (fs. 79) y Jorge Alberto Condorí (fs. 81), se observa que los mismos son en líneas generales contestes en señalar y dejar entrever la relación laboral y de dependencia que tuvo el actor para con la accionada entre los años 1987 y 1999, aún cuando la misma no hubiese sido reconocida expresamente por esta última por su falta de registración.-
Esto es, haciendo valer en este caso particular y concreto ante la duda los principios de primacía de la realidad y del “in dubio pro operario”, me permito concluir que en autos existió una relación de trabajo en los términos de los arts. 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual debe ser remunerada ante su conclusión intempestiva, resultando por otro lado razonable, lógico y equitativo tomar como parámetro de indemnización la que cobraría un trabajador privado que se hubiese encontrado en las mismas condiciones laborales que el señor Luis Alfredo MMM, ya que de otro modo se lo dejaría sin protección pese a haber prestado servicios “en negro” a favor del Estado Nacional – Ejército Argentino durante el tiempo antes señalado.-

II.- También comparto que se rechace el agravio de la accionada referido al cómputo de intereses de la tasa pasiva promedio desde la fecha reconocida como del distracto (14/10/99) y hasta el 31/12/99, por tratarse la presente de una deuda consolidada en los términos de la Ley 25.344.-

III.- Las costas de la Alzada se deben imponer a la perdidosa conforme se propicia, difiriéndose la fijación de honorarios de los letrados actuantes para cuando se hayan realizado las de primera instancia.-

ASI VOTO.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE: POR MAYORIA:

1.- Confirmar la resolución dictada con fecha 11 de octubre de 2007 por la entonces señora Juez Federal N° 3 de Córdoba en todo lo que dispone y ha sido motivo de agravios- 2.- Imponer las costas de la Alzada a la perdidosa (art. 68 del CPCCN), difiriéndose las regulaciones de honorarios para cuando exista regulación de primera instancia.- 3.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

Fdo.: EDUARDO AVALOS – IGNACIO MARIA VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI (EN DISIDENCIA)
EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA

 

ejercito

 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Tributario de la CABA, Sala III, “….CONTRA CCBA SOBRE COBRO DE PESOS”, EXP 3499010

En la Ciudad de Buenos Aires, el ;lo de octubre de 2015, reunidos en acuerdo los señoresjueces de la Sala IIIde la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en el recurso de apelación judicial interpuesto por la parte actora en los autos “c……l GCBA sI COBRO DE PESOS”, EXP 34990/0, contra la sentencia de fs. 549/558 vta. el tribunal estableció la siguientecuestión aresolver:

¿Se ajusta a derecho la sentenciaapelada?

A la cuestión planteada GABRIELA SEIJAS dijo:

l. La señora VVV interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objeto de reclamar la suma de ochenta mil quinientos ochenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos ($80587,94) en concepto de indemnización por despido en los términos del Estatuto del Periodista Profesional (ley 12908),el convenio colectivo 301/75 y las leyes de Contrato de Trabajo

y de Empleo (v. fs. 1/15).

En los antecedentes del caso, relató que había ingresado a trabajar en LS1 Radio de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2000 como encargada de la difusión de las actividades de la radio. Precisó que su vinculación con el GCBA fue a través de contratos de locación de servicio que se firmaban en forma trimestral hasta enero de 2006 y luego anual hasta diciembre de 2007, cuando se le informó que no se renovaría su contratación. Sostuvo que el 30 de enero de 2008 intimó por carta documento a su empleador para que regularizara su situación laboral bajo

apercibimiento de considerarse despedida.

Manifestó que cumplía una jornada laboral de treinta horas semanales (6 horas diarias de lunes a viernes) y que recibía órdenes de distintos directores y gerentes de programación. Remarcó que su remuneración ascendía a la suma de mil pesos

($1000) mensuales, que eran depositados en una cuenta bancaria abierta por el GCBA en el Banco Ciudad.

Ofreció prueba, fundó en derecho, planteó el caso federal y solicitó que se hiciera lugar a la demanda, con costas.

11. El 19 de abril de 2013 la juez Patricia G. López Vergara hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó al GCBA a abonar a la señora VVV una indemnización consistente en la suma que surja de la liquidación a practicarse oportunamente de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 2182/03, más los intereses calculados: a) desde el 30 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009, conforme a la tasa pasiva que percibe el Banco Central de la República Argentina (cf. arto622 del Cód. Civil); y b) desde ello de enero de 2010 hasta el efectivo pago, el que surja de aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Finalmente, difirió la regulación de los honorarios para el momento en que se encuentre aprobada y firme la liquidación.

Para así decidir, sostuvo que de la prueba producida surgía que la figura contractual utilizada por el GCBA había sido empleada para violar la estabilidad en el empleo público que correspondía a la actora a tenor del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Remarcó que si bien el artículo 39 de la ley 471 prevé las contrataciones temporarias, la demandada no había alegado tal circunstancia, lo que impedía su aplicación. Subrayó que si bien tanto la Constitución de la Ciudad como la ley 471 imponen que el ingreso de los agentes sea por concurso, ello no podía interpretarse ni cumplirse en desmedro de otras partes de su articulado en las que se asegura la estabilidad del empleado.

En cuanto a la norma aplicablepara calcular la indemnización, indicó que la Ley de Contrato de Trabajo resultaba inaplicable en virtud de lo establecido por su artículo 2°.Luego, señaló que toda vez que la actoratenía derecho a ser indemnizada en función del quebrantamiento de la estabilidad que le correspondía en los términos del artículo 14 bis de la CN y 43 de la Constituciónde la Ciudad,correspondía resarcir a la señora VVV en base al imperativo constitucional y no en base a las leyes laborales.

Por aplicación del principio de interpretación extensiva (cf. arto 16 del Cód. Civil), consideró que debía acudirse a alguna norma análoga dentro del derecho administrativo local. En tal orden de ideas es que estimó aplicables a los 11y 12 del decreto 2182/03 en tanto preveían la indemnización que corresponde otorgar en casos de disponibilidad de agentes públicos.

111. La sentencia de primera instancia fue apelada por la parte actora (v. fs. 565). Las críticas expresadas, en síntesis, se vinculan con: a) la aplicación de los lineamientos establecidos en el decreto 2182/03 para calcular la indemnización; b) la insignificancia que tendría la suma derivada de la utilización de tales parámetros; y c) la tasa de interés establecida, a la que cuestionó por no cubrir la depreciación monetaria sufrida en los últimos años (v. fs. 583/586vta.).

La señora Fiscal de Cámara, doctora Daniela Ugolini, destacó que las cuestiones relativas a la existencia de “fraude laboral” y la procedencia del pago de una indemnización a favor de la actora se encontraban firmes. Por tanto, sólo debía determinarse cuál es la norma aplicable al efecto de calcular la cuantía del resarcimiento y la tasa de interés aplicable. Al respecto, estimó que debía confirmarse la sentencia apelada en cuanto aplicaba el régimen indemnizatorio previsto en el decreto 2182103 y, asimismo, correspondía calcular los intereses en base a las pautas establecidas el 31 de mayo de 2013 por la Cámara del fuero en el plenario “Eiben, Fracisco el GCBA si empleopúblico”, EXP 30370/0 (v. fs. 590/592).

Realizado el sorteopertinente, se ordenó el pase de autos al acuerdo.

IV. En lo concerniente a la cuantía de la resarcimiento, la’actorasostuvo que toda vez que había quedado demostrado en autos la índole periodística de las tareas que desempeñara, las indemnizaciones correspondientes debían calcularse teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 12908 de Estatuto del Periodista Profesional (v. [s. 583/585).

No se encuentra controvertido que la señora VVV prestó servicios como “…. de prensa” en la Dirección General de LS 1 Radio de la Ciudad desde ello de septiembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2007 y que el GCBA para instrumentar el vínculo recurrió, en forma fraudulenta, a sucesivos contratos de locación de servicios (v. fs. 222/244). Los testigos … coincidieron en señalar que las tareas concretamente desarrolIadas consistían en “prensa y difusión” y que la actora reportaba como contratada a la Dirección General sin que pudieran advertirse diferencias con respecto a los empleados de planta permanente de la radio (v. fs. 341/341 vta., 343/344, 354/355 Y357/358 vta.).

En cuanto a quien fuera el empleador de la señora VVV, cabe destacar que LS 1Radio de la Ciudad (antes denominada “L8 1Radio Municipal”, cf. dec. 470/02) es un organismo sin personería jurídica dependiente del GCBA, cuyos agentes -por tanto-, en principio, se encuentran alcanzados por el régimen de empleo público local (cf. arto 10de la ley 471).

Parte de la doctrina y de la jurisprudencia ha interpretado que, al efecto de determinar el ámbito de aplicación personal del Estatuto del Periodista Profesional, sólo resulta determinante el ejercicio de labores de índole periodístico por parte del

trabajador y carece de relevancia el carácter público o privado del empleador (v. en tal sentido: Nelson Domínguez y Marina I. Domínguez, “Régimen del trabajo periodístico”, en: Ricardo A. Foglia (director), Regímenes laborales especiales, La Ley, Buenos Aires, 2012, 1. I1, pp. 165/168; CNAT, Sala IX, “Taire, Marcos M el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, del 25/10/2001, en Abeledo Perrot n° 30001875; entre otros).

Sin embargo, lo cierto es que el Estatuto carece de normas que prevean el supuesto de autos. Sostener una interpretación de los términos de los artículos 1° Y20

del Estatuto que comprenda sin más dentro de su ámbito de aplicación personal a todos los periodistas profesionales que ejerzan dicha actividad en la totalidad del territorio

nacional implicaría soslayar la naturaleza pública del vínculo celebrado entre las partes.

Por su parte, la ley nacional 20744 excluye de su ámbito de aplicación a los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto

que por acto expreso fueran incluidos en ella o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (cf. arto2°, inc. a). Esta última alternativa es descartada por la ley local 471, en cuanto prevé que no es aplicable a los trabajadores comprendidos en la norma el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (v. arto4°, segundo párrafo).

En sentido concordante, se ha señalado que “[n]o es de aplicación el estatuto

del periodista profesional, ley 12.908, a una relación de empleo público, ya sea el empleador la Administración Pública Nacional, la provincial o la municipal. Rigen respecto de ellos las normas del derecho administrativo laboral con sus notas

distintivas y características, siempre, claro está, que por un acto expreso la administración no incluya a sus respectivos dependientes dentro del ámbito de aplicación de la LCT (art. ]O, LCT) o no se rija la relación laboral de ellos por el

régimen de convenios colectivos de trabajo” (v. en tal sentido, Miguel A. Sardegna en: Antonio Vázquez Vialard (director), Tratado de derecho del trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1985, 1.6, pp. 304/305, ~ 360; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala

IV, “Dibman, Diana el Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, del 11/04/73, en Derecho del Trabajo, 1. XXXIII, pp. 741/742; Sala V, “Morero, Sergio y otros el

Municipalidad de Buenos Aires si despido”, del 6/12/96; Sala X, “Tcherkaski, José el Estado Nacional y otros”, del 27/08/02, en La Ley Online (ARlJUR/4419/2002); Sala I, “Pereyra, Hernán José el Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires si despido”,

expte. 39115/94, sen1. 77543, del 16/02/01).

Por tanto, es necesario examinar si el GCBA “-Clentro de sus facultades

reservadas (cf. arts. 121, 122, 129 y concordantes de la Constitución Nacional)- adhirió

a las leyes nacionales 12908 o 20744, o bien si celebró convenios colectivos con

asociaciones que representen a empleados públicos locales.

Si bien la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UPTBA)

informó que -conforme a sus registros- los trabajadores de prensa que pertenecen a

medios de radiodifusión estatales se encuentran amparados por el Estatuto del Periodista

Profesional, lo cierto es que al respecto sólo acompafió constancias de la homologación de un acuerdo celebrado con el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado – Unidad de Negocios “Radio Nacionaf’ (v. fs. 327/330 vta. y 331, punto g). Sobre ello cabe mencionar que el Estatuto Social de ésta -anexo JI del dec. 94/01 (BO del 25/01/2001)- en su artículo 10 in fine determinaba que “[r]especto a las relaciones laborales, la Sociedad se regirá de acuerdo al régimen legal establecido por la Ley N0 20.744,. y sus modificatorias o la que en el futuro las sustituya”. La ausencia de una norma similar referida al ámbito local que comprenda a la radio en la que revistaba la actora impide considerar que se trate de situaciones análogas.

Por otra parte, en sentido concordante, el sindicato en cuestión también precisó que ni la actora ni la demandada figuraban registradas en sus archivos (v. fs. 331, punto b).

Así las cosas, en las presentes actuaciones no se ha acreditado que el Estatuto del Periodista Profesional se encontrara vigente como “estatuto particular” para el personal que desarrolla sus labores en LS 1 Radio de la Ciudad, en los términos de los artículos 50 y 66 de la ley 471. Es decir, no se probó que el GCBA incorporara al derecho público local las disposiciones de la ley nacional 12908 o disposiciones análogas derivadas de un convenio colectivo suscripto para el ámbito en cuestión.

Por consiguiente, debe rechazarse el planteo de la actora de que resultaban aplicables las disposiciones del Estatuto del Periodista Profesional.

V. La señora VVV también cuestionó que la magistrada de primera instancia estableciera el resarcimiento de conformidad con lo dispuesto por los artículos

11 y 12 del decreto 2182/03. En tal sentido, tras demandar la aplicación del Estatuto del Periodista, subsidiariamente, peticionó que se utilizara “cualquier otro método

indemnizatorio pero no el fijado por el A Quo”, por considerar irrisoria la suma resultante (v. fs. 585).

En primer lugar, cabe advertir que la indemnización de los’ perjuicios ocasionados en supuestos como el de autos carece de tratamiento expreso en el ordenamiento legal.

En atención a 10expuesto en el considerando precedente, no corresponde la aplicación de las indemnizaciones establecidas en el Estatuto del Periodista Profesional ni tampoco las precisadas en los artículos 231 (sustitutiva del preaviso) y 245 (antigüedad) de la ley nacional 20744, toda vez que sus previsiones la excluyen en forma expresa (v. arto2, inc. a). Por consiguiente, tampoco resultan aplicables otras indemnizaciones previstas en normas cuyo alcance sólo abarca a los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (vgr. arts. 9°y 15 de la ley 24013, entre

otras).

La contratación de servicios personales que un ente público llevare a cabo en forma irregular, es decir, sin respetar las normas propias del derecho administrativo inherentes a este tipo de contratación, no determina la aplicabilidad a esa relación de las normas del contrato de trabajo (cf. CNAT, Sala n, “Quesada. Paulo César el Esta,do Nacional – Ministerio de Economía y Producción”, del 11/03/11, en La Ley, 1. 2011-E,

p.294).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado como principio que cuando por el modo en el que se desenvolvió la relación a 10largo de los años, el tipo de tareas desempeñadas y las figuras contractuales utilizadas- se desprende que las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado, y se trata de la reparación por la conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución debe buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo {cf. CSJN, en los autos “Ramos, José Luis el Estado Nacional (Min. de Defensa-ARA) s/ indemnización por despido”, del 6/04/1O,en Fallos, 333:311; entre muchos otros). Asimismo, ha dicho que “la ratio decidendi de ‘Ramos’ alcanza a todos los trabajadores que se encuentren

ligados por un vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la Administración Pública nacional, provincial, municipal o, como en el presente caso, la especifica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (CSJN, en “Cerigliano, Carlos Fabián el GCBA U Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif y Control”, del

19/04/11,en Fallos, 334:398).

Para que un caso no previsto o un caso no claramente incluido en la ley sea resuelto con una norma general explicitada por analogíajurídica, es necesario que esa norma análoga se busque en el mismo ordenamientojurídico en que se produce el caso no previsto (cf. Juan F. Linares, Caso administrativo no previsto, Astrea, 1976,p. 60). A fin de encontrar la solución al caso, cabe examinar en primer lugar las normas de derecho público que, en virtud de nuestra organización federal, revisten carácter local (cf. argo arts. 121 y 129 de la Constitución Nacional). Sólo una vez verificada la ausencia de leyes locales análogas se justificaría recurrir a principios sistemáticos generales que pueden extraerse de normas de derecho común, en el caso, las correspondientes a la regulación del trabajo prestado en relación de dependencia en el ámbito privado.

En este marco, advierto que, en principio, no se dan en estas actuaciones los presupuestos necesarios para recurrir a la aplicación analógica de normas previstas para el despido incausado en la Ley de Contrato de Trabajo y el Estatuto del Periodista Profesional. Ahora bien, ello no impide advertir que la norma de derecho público local, cuya aplicación dispuso Patricia López Vergara, ha sido prevista para un supuesto diferente al de autos.

En efecto, la indemnización prevista en el artículo 11del decreto 2182/03 se otorga a quienes hubieren agotado el período máximo (cf. arto10) bajo el régimen de disponibilidad por haber sido suprimido el cargo, función u organismo donde prestaban servicios, por razones de reestructuración, o por haber sido calificados en forma negativa en la evaluación anual de desempeño (ines. a y b del arto57 de la ley 471). Cabe señalar que, durante dícho plazo ~uya extensión varía según la antigüedad calculada en base a los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito de la Ciudad-, el agente percibe su remuneración.

En contraste, en estas actuaciones el Estado local disolvió en forma intempestiva el vínculo que lo unía con la actora (vgr. contrato de locación de servicios regido por el derecho público). En atención a la prueba producida en la instancia de grado se ha demostrado que se recurrió a una contratación transitoria más allá del ámbito admitido por la ley 471 para su utilización, esto es, la actora fue empleada en virtud de sucesivos contratos por tiempo determinado para prestar funciones que podían ser cubiertas por personal de planta permanente (v. arto39), conclusión a la que arriba la

juez de primera instancia y no fue discutida por la demandada.

Así las cosas, la aplicación aislada de las previsiones del artículo 11 del

decreto 2182/03 no constituye “una medida equitativa” que “repare debidamente los

perjuicios sufridos” por la actora en este caso (v. en tal sentido, CSJN, “Ramos”, citado), toda vez que, al brindar una respuesta parcial e incompleta a la cuestión, la colocaría en una situación comparativamente peor que los trabajadores de la Ciudad en

disponibilidad, cuya baja se dispone legítimamente en virtud de no haber sido posible su reubicación. En tal sentido, si la actora hubiese cumplido los recaudos necesarios para pasar al régimen de agentes en disponibilidad habría percibido su sueldo durante otros seis meses (cf. arto 10 del dec. 2182/03), antes de cobrar la indemnización en cuestión.

En ese orden de ideas, una remisión limitada a la indemnización prevista en

el artículo 11 del decreto 2182/03, se desviaría -en el caso de autos- de la aplicación

integral de la ley vigente, en la medida que dejaría sin compensación alguna la falta de pago de los haberes de disponibilidad. Cabe señalar que las tres Salas de la Cámara del

fuero han sido contestes en sostener que el resarcimiento previsto en el artículo en

cuestión no repara debidamente los perjuicios sufridos (v. Sala 1: “Vicenzi, Mónica Si/via el GCBA si amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 29555/0, del 31/05/10, “Vi/ker, Norma Delia el GCBA si cobro de pesos”, EXP 33243/0, del 26/09/12; Sala II:

“Penchansky, Ruth Diana el GCBA si cobro de pesos”, EXP 27333/0, del 10/05/12; y Sala IlI: “Cucchetti, Laura Susana y otros el GCBA si cobro de pesos”, EXP 28536/0,

del 25/03/14).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado el criterio que expresaran en “Ramos” los ministros Fayt, Maqueda y Zaffaroni en cuanto a

que, dado el carácter intempestivo de la ruptura contractual, corresponde adicionar una

suma equivalente a la que se seguiría del período de disponibilidad que hubiera

resultado aplicable (v. CSJN, “Maurette, Mauricio el Estado Nacional- Ministerio de Economía – Subsecretaría de Normalización Patrimonial s/ despido”, Exp. M.892.XLV, del 7/02/2012, y “Martínez, Adrián Omar el Universidad Nacional de Quilmes s/ despido”, Exp. M.1948.XLII, del 6/11/2012). Asimismo, la postura del Alto Tribunal ha sido adoptada por las Salas 1y II de la Cámara del fuero en causas análogas, abandonando éstas su anterior posición favorable a la aplicación analógica de la Ley de Contrato de Trabajo (v. Sala 1: “Otaño, Claudia Elena el GCBA s/ cobro de pesos”,

EXP 34149/0, del 26/03/13, y más recientemente, “Menutti, Pascual Vicenté el GCBAy otros s/ cobro de pesos”, EXP 32187/0, del 2/12/13; y Sala II: “Mancusa, Ana Graciela el GCBA s/cobro depesos”, EXP 33234/0, del 3/09/13).

En consecuencia, para dar un tratamiento adecuado a una situación que resulta distinta de aquella para la que fue prevista, deberá otorgarse a la actora una

indemnización consistente en un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses -septiembre de 2000 hasta enero de 2008, inclusive-, reducida en un cincuenta por ciento (50%) y tomando como base la remuneración normal, regular y permanente del nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondieran según la última situación de revista (cf. arto 12 del dec. 2182/03). A ella deberá adicionársele una suma equivalente a la que se seguiría de percibir el haber de disponibilidad durante el período correspondiente a la antigüedad de la señora VVVV a

la fecha de la extinción del vínculo (vgr. siete años y cinco meses, es decir, los seis meses de salarios de disponibilidad antes mencionados [cf. arto 10 del dec. 2182/03 D.

Así, para definir la cuantía concreta de la indemnización, se adoptan parámetros afines a los dispuestos por las normas a las que recurriera la CSJN en casos

análogos (vgr. arto 11 de la ley nacional 25164 de Marco de Regulación de Empleo Público Nacional).

VI. Con respecto a la tasa de interés aplicable, cabe indicar que el 31 de mayo pasado en la causa “Eiben, Francisco el GCBA s/empleo público”, EXP 30370/0, la Cámara en pleno, por mayoría, resolvió: “/) Fijar la tasa de interés a partir de

acuerdo plenario en caso de ausencia de convención o leyes especiales que establezcan

una tasa especial. l/).Aplicar a los montos reconocidos en los decisorios judiciales el

promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290). Ello, desde el momento de la producción del daño o inicio de la mora y hasta el efectivo pago (cumplimiento de la sentencia). Con excepción de aquellos supuestos en los que los jueces fijen indemnizaciones a valores actuales, en los que deberán aplicar una tasa pura del 6% anual por elperíodo comprendido entre la mora y lafecha de la sentencia y, a partir de allí, el promedio de tasas que resulte conforme a la operación que, por mayoría, aquí se establece”. En consecuencia, deberían calcularse desde el 30 de enero de 2008 – fecha de extinción del vínculo laboral – hasta el efectivo pago, aplicando el

promedio de tasas establecido en la primera parte del punto II transcripto

precedentemente.

En punto a esta cuestión, como no es posible determinar a priori si el

resultado de aplicar el criterio indicado arrojará un resultado más o menos favorable para la apelante que el establecido en la sentencia de grado y, toda vez que la demandada ha consentido las pautas establecidas en la anterior instancia, su

modificación sólo es viable en tanto resulte más beneficiosa para ella.

VII. En cuanto a las costas de esta instancia, si bien la fórmula que se

propone para el cálculo involucra un aumento en el monto de la indemnización correspondiente, la aplicación del Estatuto del Periodista hubiera implicado uno mayor. Por consiguiente, en atención a que mediaron vencimientos parciales y mutuos,

corresponde que sean distribuidas en el orden causado (cf. arto65 del CCAyT).

VIII. Por los argumentos expuestos y, en caso de que mi voto fuere

compartido, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte

actora y, en consecuencia, disponer que se eleve el resarcimiento conforme a las pautas

expresadas en el considerando V de este voto; 2) Modificar la tasa de interés en los

términos expuestos en el considerando VI de este voto; 3) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (cf. arto65 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:

Adhiero al relato de los hechos efectuado por la Dra. Seijas, así como también a la solución propuesta con las siguientes consideraciones.

Con relación a la cuestión indemnizatoria aquí planteada ya tuve oportunidad de expedirme como integrante de la Sala II al votar en la causa “Mancuso Ana Graciela cl GCBA sI Cobro de Pesos”, EXP. 33234/0, sentencia del 03-09-2013, a cuyos fundamentos me remito en razón de la brevedad.

Así voto.

A la cuestión planteada, el Dr. RUGOR. ZULETAdijo:

l. Adhiero al relato de los hechos efectuados por la Dra. Seijas en los Considerando s I a III de su voto y a lo propuesto con relación a la tasa de interés aplicable. Disiento, no obstante, en cuanto tratamiento de los restantes agravios. Corresponde, por tanto, expedirme respecto de las normas aplicables a los efectos de calcular la indemnización debida a la actora.

11. Existen dos regímenes de empleo: el público y el privado. Mientras el primero está normado por la Ley 471, el último, en el caso concreto, está normado por el estatuto del periodista.

l. En cuanto al régimen público de empleo, vale destacar lo previsto en el Decreto 2182/03, reglamentario del régimen de disponibilidad para trabajadores estipulado en la ley 471:

Su artículo 10 establece que “[l]os agentes alcanzados por las situaciones [allí] previstas [… ] serán transferidos al RAD donde revistarán por un período máximo que se fija según la antigüedad en base a los años de servicio prestados efectivamente en

el ámbito de la Ciudad Autónoma, con arreglo a la siguientes escala: de 1a 10 años: seis

(6) meses; más de 11 y hasta 20 años: nueve (9) meses; más de 21 años: doce (12) meses”.

Luego, para aquellos que no hubiesen sido reubicados en ese periodo establece una indemnización a favor del trabajador “equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción no inferior a tres (3) meses de antigüedad, en base a los años de servicio efectivamente prestados en la Ciudad, reducida en un cincuenta por ciento (50%), salvo que a la fecha de su transferencia al RAD necesitara menos de dos (2) años para acceder a la jubilación ordinaria, en cuyo caso la reducción será en un setenta por ciento (70%)” (art. 11). Esta es la única indemnización prevista en el régimen del

empleo público local. En tomo a este punto vale destacar, por último, que el máximo tribunal

estableció un criterio similar en un caso análogo. En autos que “Martínez Adrián Ornar

cl Universidad Nacional de Quilmes slrecurso de hecho deducido en los autos”, sentencia del 6/11/2012- dispuso que, en casos de rupturas intempestivas, ya fin de

garantizar el debido respeto del principio de suficiencia, a la indemnización por antigüedad prevista en el quinto párrafo del artículo 11 de Empleo Público Nacional había que adicionarle la prevista en su tercer párrafo, es decir, el monto correspondiente

a los salarios que debió haber percibido en situación de disponibilidad. La actora prestó servicios por siete años y cuatro meses en la radio de la

ciudad. En consecuencia, la indemnización de la cual sería acreedora es equivalente a

cuatro meses de sueldo (el 50% de ocho meses por antigüedad, conforme artículo 10),

con más la suma equivalente a 6 meses, atento el plazo que le habría correspondido

revistar en el RAD (artículo 11). 2. En cuanto al régimen privado, atento las funciones desarrolladas por la

actora, no cabe dudas de que resultarían aplicables las previsiones del estatuto del

periodista. Éste, claramente, fue diseñado teniendo en cuenta las particularidades de la

profesión. De aplicarle este régimen, la Sra. VVV sería acreedora de las sumas previstas en el artículo 43; cuatro meses de haberes en concepto de preaviso, ocho

meses en concepto de antigüedad y 6 meses en concepto de indemnización especial.

Nos encontramos, entonces, ante el hecho de que la indemnización debida calculada en base a la normativa del régimen público (diez meses de haberes) es un 44.44% menor a la que le correspondería mediante la aplicación de las normas del régimen privado (dieciocho meses).

Ahora bien, conforme la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de laNación, correspondeaplicar lasnormas que rigen en el ámbito del derecho laboral público a fin de calcular las indemnizaciones debidas a empleados estatales. No obstante ello, es esa misma doctrina la que destaca que es labor de losjueces comprobar que la indemnización de la que el trabajador es acreedor en virtud del régimen laboral público cumpla con la finalidad reparadora perseguida, a efectos de verificar la suficiencia del régimen (Fallos: 333:311,308:552).

El estatuto del periodista, tal como señalé anteriormente, fue confeccionado teniendo en cuenta las necesidades particulares de la profesión. En base a ellas se estableció un sistema indemnizatorio particulary agravado (no cuestionado en autos) en comparación con el régimen general previsto por la LCT. Al ser ello así, debe concluirse que la actora, en razón de su actividad específica, solo recibiría una reparación adecuada si ésta no fuera inferiora la que determinael mentado estatuto.

Por lo expuesto, entiendo que -en el caso- la indemnización prevista en el régimen público no cumple acabadamentecon la finalidadreparadora.En consecuencia, corresponde calcular la indemnización conforme lo estipulado por el estatuto del periodista.

III. En cuanto al resto de las sumaspeticionadas por la actora, cabe resolver lo siguiente:

1. Reconocer el derecho de la Sra. VVV j a percibir las sumas correspondientes al sueldo anual complementario proporcional a las sumas que deba percibir en concepto depreaviso.

2. No aplicar al caso de autos las multas que prevé el régimen del derecho privado peticionadas por la parte actora. Ello así por cuanto, si bien debe admitirse la aplicación por vía analógica de la normativa vigente en el ámbito de las relaciones de empleo privado -tal como autoriza laúltima parte del artículo 43 de la Constitución de la Ciudad- ello es así siempre que no se desnaturalicen las características propias de la

relación existente entre el agente público y la Administración.

IV. Por último, corresponde imponer las costas a la parte demandada, por

resultar sustancialmente vencida (art. 62 CCAyT). ‘

Así voto.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE

RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y, en consecuencia, disponer que’ se eleve el resarcimiento conforme a las pautas expresadas en el considerando V del voto de Gabriela Seijas;2) Modificar la tasa de interés en los términos expuestos en el considerando VI del voto de Gabriela Seijas; y 3) Imponer las

costas de esta instancia en el orden causado (cf. arto65 del CCAyT).

Regístrese. Notifíquese, a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.

Comentarios

  1. Richard

    Me explican las fotos de Mc Giver y soldados norteamericanos atrincherados?

  2. Muy buen aporte, en las Municipalidades abusan de la modalidad de contratos. Yo trabajé en una Municipalidad durante 12 años contratado hasta que renuncié (Si estuvo mal lo que hice, debería haber consultado un colega tuyo, pero bue, me fui porque estaba podrido y tenia un proyecto mejor).
    Es una buena data para los compa que quedaron.

  3. Martin

    Derecho en Zapatillas. Empleado Publico planta transitoria 8 años de antiguedad en forma ininterrumpida le corresponde indeminzación. Saludos

    • Hola, Martín. ¿Ante un despido, decís?

  4. una consulta soy empleado publico planta permanente,pedi copia de mi legajo y de mis notificaciones por la evaluacion de desempeño,ya que desde el 2008 no me notificaban,lo hice por nota dos veces la primera el 10 de diciembre de 2015,La Directora de Recursos Humanos jamas me respondio,a donde puedo recurrir,porque la via administrativa esta agotada, cabe el Habeas Data?
    Gracias

    • Hola, Horacio: ver abogado/a para evaluar acciones. ¿Lo necesitás eso por algo en particular?

      • horacio

        sufri acoso laboral por parte de l directora de Recursos Humanos, realize mediacion en INADI y me dijeron que para pedir reparacion por daño moral tenia que consultar con abogado

  5. Agustín

    Trabajé casi dos años en municipio por “pasantía” universitaria. Te obligaban a adherirte al monotributo y facturar para ellos. De esta manera encubrían relación laboral las dos partes tanto la Universidad como el municipio. Me consta que la cifra del 35% es la más cercana a la realidad. Todas las pasantías tienen este sistema perverso de contratación. Slds.

  6. DANIEL FACCIANO

    POR UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS FUI DURANTE CASI DOS AÑOS EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE UN CONSORCIO DE MUNICIPIOS DE TUCUMAN PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BASURA URBANA. EL CEAMSE TUCUMANO. HACE DOS MESE FINALIZO EL CONTRATO, Y NO ME LO RENOVARON, TAMPOCO RECIBI NINGUNA NOTIFICACION ESCRITA NI VERBAL DE LOS MOTIVOS. PREGUNTO? UN PARRAFO DEL CONTRATO DICE ” LA CONTINUACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS UNA VEZ OPERADO EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO NO IMPORTARA EN MODO ALGUNO LA TACITA RECONDUCCION DEL MISMO” . PUEDO RECLAMAR ALGO? GRACIAS.

    • Hola, Daniel. Ver colega abogado/a para que lo analice. A ver si es o no fraude. Y qué chances hay.

  7. Marcela

    Hola, trabajo en el mismo organismo estatal desde febrero de 1994 habiendo ingresado a la planta transitoria en octubre 1994 y permanezco en planta transitoria actualmente, cobrando aproximadamente 5000 pesos que los profesionales que realizan la misma tarea e ingresaron en noviembre 1993 a planta permanente. Que puedo hacer para regularizar mi situacion? Intenté concursar, pero no se habilitan los concursos, hablé con todas las gestiones, solicité por vía administrativa equiparacion salarias, todo sin exito Podras recomendar especialista en derecho administrativo?

  8. Pedro

    hola yo estaba por contrato monotributista facturando y cumpliendo horario con esos contratos de universidad de san martin (trabajo en negro encubierto) casi 3 años.

    De un dia para otro no me quisieron renovar contrato por no ser del “”palo”” de ellos (k) .

    esto fue hace como 3 años atras tengo todos los papeles facturas copia del contrato que me hicieron etc.

    Puedo iniciar acciones legales? en su momento no podia hacer nada, el gobierno estaba del lado de ellos

  9. Alejandra

    Quisiera saber cuando se deja de pagar el salario familiar? Un hijo cumple los 18 el 25 del mes y en el sueldo de dicho mes ya no liquidan el salario es legal o puedo reclamar el proporcional?
    Gracias

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