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El impuesto a las ganancias del jubilado

| El 14, Feb 2016

Un tribunal declaró que el jubilado no debe pagar el impuesto a las ganancias. De esa manera, la ANSES deberá pagarle la jubilación sin retenerle ese impuesto. Para los jueces, se trató de un supuesto de doble imposición. Y es el primer precedente del país. Actualizada al 22 de mayo de 2017.

Es ilegal retenerle el impuesto a las ganancias al jubilado

El poder judicial de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, declaró que retenerle al jubilado el impuesto a las gananciases inconstitucional. La sentencia benefició a un ex empleado de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), ahora pasivo, que demandó a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para los jueces, el beneficio jubilatorio no es ganancia en los términos de la ley tributaria, sino un débito social que se cumple reintegrando aportes efectuados al sistema previsional. Y al http://zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/0/924/924122_1.jpgconsiderar la jubilación como un reintegro o débito social, aplicar el impuesto sobre los aportes efectuados en vida activa y repetir la tributación sobre los mismos aportes al devolverlos en forma de beneficio previsional, produce agravio a garantías constitucionales afectando la naturaleza integral del beneficio y el derecho de propiedad por doble imposición, con el carácter confiscatorio.

En sus palabras:

“resulta contrario a los principios constitucionales de integralidad del haber previsional su reducción por vías impositivas; ciertamente, toda vez que ya se abonara dicho impuesto al encontrarse en actividad, existe una evidente doble imposición a la actividad desarrollada”

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendría otro criterio al respecto. En 2014 un fallo del máximo tribunal avaló la potestad de la AFIP de gravar con el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios.


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En esa sentencia revocó la decisión de la Cámara Federal de Corrientes consideró que en la causa “Dejeanne Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo”, que también había considerado que los haberes jubilatorios no eran ganancia, sino una prestación de otra naturaleza, que constituye el pago de un débito que la sociedad tiene con el jubilado y que, como tal, no puede ser pasible de tributo alguno debido a su carácter alimentario.

Sin embargo, para la corte, los jueces no pueden expedirse “la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal“. La corte rechazó el amparo que había promovido el jubilado para que se declare la inconstitucionalidad del art. 79 inc. C, de la Ley 20628 de Impuesto a las Ganancias.

En concreto ponderó que los jubilados reclamantes no logran demostrar que el actuar estatal adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ni cuál es el perjuicio concreto que les produce en su esfera de derechos. Además, señala que los montos cobrados a los actores son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la mencionada normativa, y agrega que la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público.

Aunque la Cámara Federal de Paraná tuvo en cuenta ese antecedente, también consideró que, a diferencia del caso “Dejeanne”, en esta causa “Cuesta” no se trata de un amparo. Veremos qué dice la corte ahora, entonces. Si finalmente se le retiene o no ganancias a los jubilados, y cuánto, o a partir de qué escala.

 

fuente: http://archivoimagenes.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/03/02/_jubilados_81b9ce76.jpg

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Anexo con la sentencia completa sobre descuento de ganancias al jubilado

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE PARANÁ FPA 21005389/2013/CA1
///raná, 29 de abril de 2015. Y VISTOS: Estos autos caratulados: “CUESTA, JORGE ANTONIO CONTRA AFIP SOBRE ACCION DE INCONST (SUMARÍSIMO)”, Expte.
N° FPA 21005389/2013, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y; CONSIDERANDO: I.- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 111/vta. por la accionada, contra la resolución de fs. 105/108 que hace lugar a la acción deducida, declara para el caso concreto la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc “c” y cctes de la ley 20628 y de la Resolución 2347/2000 de la AFIP; dispone que la accionada proceda a reintegrar al actor en el término de diez (10) días de notificado, a partir de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago los montos que se le hubieren retenido en tal concepto, más tasa activa del BNA, cesando para el futuro y a su respecto la aplicación del impuesto a las Ganancias en relación a sus haberes previsionales; impone las costas en el orden causado, difiere la regulación de honorarios y tiene presente las reservas del caso federal. El recurso se concede a fs. 112, se expresan agravios a fs. 120/133, son contestados a fs. 136/143 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 148 vta.

II.- a) Que, la apelante, relata los antecedentes de la causa y sostiene que le agravia la omisión de analizar y expedirse en relación a las cuestiones introducidas como previas por esa parte, a saber: la omisión de cursar comunicación judicial previa a la Procuración del Tesoro de la Nación, la falta de agotamiento de la vía administrativa y no merituar los fundamentos de esa parte en relación a la vía elegida. Agrega que también le causa agravio que el sentenciante considere que no resultan de aplicación los precedentes jurisprudenciales citados por esa parte y que tramitaron por la vía de amparo. En tercer lugar, expresa que le agravia que el fallo en crisis sostenga que el haber jubilatorio no constituye ganancia cuando -dice- responde a la definición del art. 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y a la aplicación del art. 79 inc. c). Cita al respecto el fallo “Dejeanne Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo” de la CSJN. Finalmente, manifiesta que existe una errónea interpretación de la normativa aplicable. Mantiene, también, la reserva del caso federal. b) Por su parte, la actora, al contestar los agravios formulados solicita -por sus fundamentos- el rechazo de la apelación planteada y que se confirme el fallo recurrido. III.- Que, la presente acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue promovida en razón de las sumas que le han sido retenidas de sus haberes previsionales en concepto de impuesto a las ganancias. Dentro de dicho marco pide la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 79 –inc. c) y cctes. de la Ley 20628 y el cese de dicha percepción fiscal a partir de la promoción de la presente. El a quo admitió dicha pretensión y, contra dicha decisión, se alza la apelante. IV.- Que, en primer lugar y, en atención a los agravios vertidos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121). Dicho ello, este Tribunal considera que el presente recurso queda limitado al agravio relativo a la cuestión de fondo, esto es, si resulta o no inconstitucional e inaplicable el régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc “c” y cctes de la ley 20628 y de la Resolución 2347/2000 de la AFIP. Que, en tal sentido, cabe advertir que no resultan de aplicación los antecedentes o citas jurisprudenciales sobre los que argumenta el recurrente. Ciertamente, aquellos tramitaron conforme el procedimiento de amparo normado por la ley 16986 y fueron rechazados por no resultar la vía idónea. Además, y puntualmente en relación al fallo “Dejeanne” D.248.XLVII, se debe aclarar que la pretensión del accionante -en dicha causa- fue la impugnación de un tributo tachado de violatorio del derecho de propiedad por confiscatorio.

Que, al respecto se concluye que nada de lo atinente a la jurisprudencia invocada y reclamada por el apelante resulta aplicable al presente, tramitado como acción declarativa de inconstitucionalidad. V- Que, adentrándonos entonces al fondo de la cuestión y, frente al cuadro fáctico-jurídico del actor, puede adelantarse que resulta contrario a los principios constitucionales de integralidad del haber previsional su reducción por vías impositivas; ciertamente, toda vez que ya se abonara dicho impuesto al encontrarse en actividad, existe una evidente doble imposición a la actividad desarrollada, gravar -con el mismo- el posterior beneficio. Que, la naturaleza integral del beneficio -no pasible de ser afectada en su monto ni desarrollo progresivo- ha sido determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú”, Sentencia de 28 de febrero de 2003, donde se receptara ello, en base al artículo 26 de la Convención, exponiéndose que “….Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social…” (Sic).
Que, es así que en ciertos casos -como el de autos- el mandato constitucional del art. 14 bis no se limita al legislador, sino que también se proyecta a los otros órganos estatales para que, dentro de su área de competencia, hagan prevalecer el espíritu de la Constitución “dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia”, siendo a cargo de los jueces la interpretación y control constitucional, aplicando la Constitución en las causas en que están en juego los derechos que emergen del art. 14 bis. La interpretación y aplicación de las leyes previsionales debe hacerse de tal forma que no conduzca a negar los fines superiores que se persiguen y debe armonizarse en preceptos específicos con el conjunto de normas en un ensamble que concuerde con las garantías constitucionales.- Que, en el cumplimiento de ese deber y optando por la primacía del mandato del art. 14 bis de la C.N. es que cabe descalificar como inconstitucional la norma aplicable al actor –art. 79 inc. c) de la ley 20.628- pues la misma afecta lo establecido por los arts. 14 bis, 16, 17, 31, 75 inc. 22 y conc. de la Constitución Nacional, art. 26 de la Convención Americana, artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con ello su supremacía. Que, en similar sentido se ha expedido la jurisprudencia nacional al respecto. Así, cabe traer lo resuelto por la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la causa “Castañeira, Darma Emilia c/ ANSES s/ ejecución previsional” de fecha 11 de octubre de 2007 y sus similares “Galliano, Gregorio c/ ANSES” de fecha 4 de abril de 2008 y “Pagani Pedro José c/ ANSES s/ dependientes: otras prestaciones” (punto IV- d), de fecha 22 de diciembre de 2008. Que, tales criterios son compartidos en lo pertinente en tanto afirman que al ser una prestación de naturaleza previsional, queda claro que la jubilación no es una ganancia, sino el cumplimiento del débito que tiene la sociedad hacia el jubilado que fue protagonista del progreso social en su ámbito y en su época; que consiste en hacer gozar de un jubileo, luego de haber transcurrido la vida activa y en momentos en que la capacidad laborativa disminuye o desaparece. La jubilación es una suma de dinero que se ajusta a los parámetros constitucionales de integridad, porque la sociedad lo instituyó para subvenir a la totalidad de las necesidades que pueda tener la persona en ese período de vida. Por ello, la prestación no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando el sentido de la misma.

Consecuentemente, y por las razones apuntadas deberá rechazarse el recurso de apelación de la accionada en los términos precedentes. Las costas serán a cargo de la vencida, conforme al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN). Regúlanse los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Jorge Antonio Cuesta en  un 30 % de los que, oportunamente, se regulen a la parte en la instancia a quo y firmes que sean –art. 14 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-. Por todo lo expresado,

SE RESUELVE: FALLO: Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas al apelante (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Jorge Antonio Cuesta en  un 30 % de los que, oportunamente, se regulen a la parte en la instancia a quo y firmes que sean –art. 14 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-. Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.
DANIEL EDGARDO ALONSO   CINTIA GRACIELA GOMEZ   MATEO JOSE BUSANICHE
ANTE MÍ HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ SECRETARIO

 

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Precedente – sentencia de la corte sobre retención de ganancias al jubilado

Causa: “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/amparo (Recurso Extraordinario)” Corte Suprema de Justicia de la Nación, D.248.XLVII, 10/12/13. Suprema Corte:
– I –
A fs. 107/1 08 vta., la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al revocar lo resuelto por el juez de primera instancia (fs. 60/60 vta.), hizo lugar a la presente acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad del art. 79, inc. c), de la ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modificatorias) en cuanto alcanza con el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios de los actores.
Consideró que la vía propuesta por los amparistas resultaba practicable, debido a que la cuestión planteada es de puro derecho, que no requiere de mayor debate y prueba, y porque surgen con claridad lesiones a los derechos reconocidos por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Con relación a las retenciones en concepto del impuesto a las ganancias sobre los haberes cobrados por los jubilados, con cita de jurisprudencia, indicó que éstos no son una ganancia, sirio una prestación de otra naturaleza, que constituye el pago de un débito que la sociedad tiene con el jubilado y que, como tal, no puede ser pasible de tributo alguno debido a su carácter alimentario.
Afirmó que el art. 79 de la ley del impuesto, al gravar las rentas del trabajo personal, pretende alcanzar el producto económico de la actividad humana, sea en dinero o en especie, circunstancia que no acaece en el sector pasivo de la sociedad.
-II-
A fs. 113/132, el Fisco Nacional presentó recurso extraordinario, impugnando la sentencia referida, el cual fue concedido mediante el auto obrante a fs. 141/142.
En primer término, sostuvo que lo resuelto por la cámara le agravia, puesto que la vía procesal del amparo fue tenida por válida siendo que no resulta procedente ni idónea para tratar una cuestión como la que le fue sometida a ese tribunal, y que -contrariamente a lo sostenido por éste- no se trata de una cuestión de hecho y prueba, ya que los actores alegaron que el tributo resultaba confiscatorio de sus haberes, circunstancia que amerita cierta amplitud de debate y prueba.
Con relación al fondo del asunto debatido, expresó que el impuesto sobre las jubilaciones es una opción política del legislador, que no puede ser revisada por el Poder Judicial, sin que se hubiera aportado prueba concreta alguna que permitiera tener por acreditadas las lesiones constitucionales invocadas.
– III –
El primer agravio de la recurrente finca en cuestionar la decisión de la cámara en cuanto declaró procedente la vía utilizada para tratar la cuestión debatida en el sub lite, referida -en síntesis- a la gravabilidad de los haberes jubilatorios de los aquí actores, y que le llevó a considerar inconstitucional el art. 79, inc. c), de la ley 20.628.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha declarado, reiteradamente, que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba. Dichos extremos, cuya demostración es decisiva para su procedencia, V.E. los ha calificado de imprescindibles (doctrina de Fallos: 319:2955 -con sus citas- ; 321:1252 y 323:1825, entre otros).
Por eso, la existencia de una vía legal adecuada para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo, pues este medio no altera el juego las instituciones vigentes (Fallos: 303:419 y 422), regla que ha sustentado la Corte cuando las circunstancias comprobadas en la causa evidencian que no aparece nítida una lesión cierta o ineludible causada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o el asunto versa sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual invalidez del acto (doctrina de Fallos: 303:422).
En este mismo orden de ideas, el Tribunal ha señalado, al delimitar la acción prevista: en la ley 16.986, que si bien ella no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Fallos: 307:178).
Debo mencionar que la doctrina sobre el alcance y el carácter de esta vía excepcional no ha sido alterada por la reforma constitucional de 1994, al incluirla en el art. 43, pues cuando éste dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo “, mantiene el criterio de excluir dicha vía en los casos que por sus circunstancias requieran mayor debate y prueba y, por tanto, sin que se configure la “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración, como se dijo, es imprescindible para la procedencia de esa acción (Fallos: 306:788; 319:2955 y 323: 1825, entre otros).
Pues bien, sobre la base de tales pautas interpretativas, según mi criterio, asiste razón a la recurrente cuando afirma que la vía utilizada por los actores para cuestionar, en suma, que el impuesto a las ganancias grave sus respectivos haberes previsionales y que en el caso importe un despojo confiscatorio de ellos es claramente improcedente porque, a mi modo de ver, no demostraron que el actuar estatal adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta ni cuál es el perjuicio concreto que les produce en su esfera de derechos.
En efecto, cabe recordar que el art. 2º de la ley 20.628 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o erriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación” (texto según ley 25.414, vigente al momento de la retención del impuesto; el subrayado me pertenece).
Al interpretar una disposición similar contenida en el art. 1º de la ley 11.682, el Tribunal señaló que si bien los réditos o rentas no presentan en sí mismos rasgos distintivos, existen signos o caracteres objetivos tales como la periodicidad, la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación que permiten reconocerlos con relativa seguridad. La idea de periodicidad está claramente expresada, pues el tributo recae sobre una entrada que persiste o es susceptible de persistir. Así el fruto que produce el árbol o la cosecha que da la tierra, el arrendamiento, el salario o el interés de un capital (Fallos: 182:417).
Esa periodicidad del rédito, precisó aún más V.E., induce la existencia de una fuente relativamente permanente que subsiste después de producirlo, la cual se debe también “mantener y conservar”, pues
sólo haciéndolo así se podrán “mantener y conservar” los réditos como lo requiere la definición de la ley (criterio reiterado en Fallos: 209:347). Ello es así porque, para configurar el gravamen sobre las personas físicas, nuestro legislador hizo suya la denominada “teoría de la fuente”, “teoría clásica de la renta” o “renta-producto”, que la ley adopta durante el período de la litis para las personas físicas y sucesiones indivisas (cfr. art. 2º de la ley 20.628, ya transcripto), tal como lo recordó V.E. hace poco en la causa D.1.148, L.XLII, “De Lorenzo, Amelia Beatriz (T.F. 21.504-1) c/DGI”, sentenciada el 17 de junio de 2009.
A mi modo de ver, los montos cobrados por los actores en virtud de sus respectivas jubilaciones son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la ley 20.628 reseñados, a lo que cabe agregar que la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro, sino que sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional (arg. Fallos: 223:233; 318:676, entre otros).
En ese orden de ideas, tal como lo recordó el Tribunal en los precedentes de Fallos: 328:2567 y 332:1571, para impugnar un tributo por los motivos esgrimidos en la demanda ha de demostrarse que, en el supuesto en concreto llevado ante la justicia -por las peculiaridades que éste pueda mostrar-, hay una violación al derecho de propiedad debido a que el gravamen adquiere ribetes que lo tornan confiscatorio. Sin embargo, la acreditación de este aserto está rodeada de rigurosas exigencias de prueba tendientes a poner en evidencia su acaecimiento (confr. Fallos: 193:369; 194:283; 200:128; 201:165; 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255; entre muchos otros), extremos que no condicen con que pueda ser admitido, como ocurrió en la sentencia recurrida, que trató la cuestión como de puro derecho, , y sin que los actores hayan aportado en su momento prueba alguna que permita tener por configurada, siquiera indiciariamente, la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad endilgada al accionar del Estado.
Por ende, estimo que tampoco por ese argumento cabría acceder a lo peticionado en su momento por los actores en el sub lite, máxime cuando ellos dirigieron sus embates contra las retenciones mensualmente realizadas sobre sus cobros, sin haber indicado cuál es el monto del impuesto que, en definitiva y anualmente, deben abonar ni al total de sus emolumentos, sin mencionar la posible existencia o no de otras rentas o ingresos -de la categoría y naturaleza que fuere- que pudieran tener, de manera tal que posibilitara ingresar en el estudio de los efectos confiscatorios denunciados.
A modo de colofón de lo hasta aquí expresado, creo necesario destacar que tales consideraciones no importan abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión, sustancial de los amparistas en orden al derecho que entienden que les asiste, la cual podrá ser discutida y atendida, como adelanté, por la vía pertinente.
En tales condiciones, considero que corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar el amparo.
– IV-
Por lo aquí expuesto, considero que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario de fs. 113/132, revocar la sentencia apelada, y rechazar el recurso de amparo.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011. Laura M. Monti. Procuradora Fiscal.
Considerando:
Que la cuestión relativa a la vía del amparo planteada por la recurrente ha sido adecuadamente tratada en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.
Por ello, de conformidad con el referido dictamen, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca  la sentencia pelada. Con costas. Notifíquese y devuélvase. CARLOS  S. FAYT. ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO. E. RAUL ZAFFARONI. JUAN CARLOS MAQUEDA. CARMEN M. ARGIBAY.
DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
Que el recurso extraordinario no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se rechaza el recurso extraordinario. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 

Comentarios

  1. desposito armando rafael

    de acuerdo a lo leido, por la cuestion que es una jubilacion, pues es por aportado durante 42 años y estos momento me descontados el impuesto a las ganancias en los meses junio, julio y agosto. Esto no es sueldo ganado sino la devolucion de algo aportado durante años

  2. David Alberto Florencio Sánchez

    A mi entender, la jubilación es una retribución social que el Estado le hace a una persona, tras haber finalizado su etapa laboral, que ha aportado religiosamente mientras estuvo activa. Por lo tanto, el haber jubilatorio no puede ser considerado ganancia. Es como si se gravara lo que se aportó durante tantos años, como una suerte de “impuesto al esfuerzo o al trabajo”. ¡¡¡LA JUBILACIÓN ES UNA RETRIBUCIONES SOCIALES, Y COMO TAL, SON SAGRADAS!!!

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