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“Hacer justicia” – la ideología de los jueces

| El 04, Ago 2016

Cómo y por qué decide un juez como decide ha sido motivo de debate filosófico desde hace rato. En esta oportunidad, acerco la visión del profesor Roberto Saba, sobre el rol de la llamada “ideología” en la decisión judicial, jueces textualistas, originalistas, formalistas y más. Cómo se interpretan las leyes, y de entre ellas la Constitución.

“Hacer justicia”

Por Roberto P. Saba*

Hace ya algunos años que se ha instalado en el debate público, sobre todo a
partir de la posición de actores políticos y sociales cercanos al gobierno nacional, la
idea de que no existe la posibilidad de ejercer una justicia neutral, independiente de
los intereses que entran en conflicto en la sociedad. Recuerdo un programa de
televisión en el que el tema en discusión era la reciente designación de jueces
laborales. En aquellos tiempos, el líder de la Confederación General del Trabajo
estaba muy cercano al gobierno y el rumor que circulaba era el de que esos nuevos
jueces estaban alineados con los intereses de los sindicatos.

El periodista que conducía aquel programa —abiertamente oficialista— dialogaba con su invitado, un conocido profesor de Derecho Constitucional —también cercano al gobierno— y le
preguntó por qué había tanta crítica asociada al hecho de que algunos jueces
laborales respondieran a los intereses de los sindicatos, si eso era —desde su punto
de vista— algo muy positivo, sobre todo porque —según el entrevistador— durante
tanto tiempo había habido jueces que comulgaban con los intereses de las empresas.
Su entrevistado estuvo plenamente de acuerdo con esta posición. Esta anécdota me
parece interesante porque, en un contexto en el que se cruzaban el debate lego
mediático con el técnico de índole académica, se defendía al unísono una posición
respecto del rol de los jueces y de su actividad principal, hacer justicia, en la que se
presuponía que los conflictos legales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la
aplicación de la Constitución y la vigencia de los derechos de las personas, se
solucionan adoptando una postura a favor o en contra de alguno de los intereses en
pugna en un litigio específico.

Se asume, así, que la actividad de los jueces no tiene
que ver con lograr soluciones justas fundadas en los mandatos del derecho y basadas
en principios, sino que esas decisiones dependen del alineamiento de los
magistrados con intereses particulares —en este caso, los de los empresarios o los
de los trabajadores—, salvo que se presuma que los intereses de los trabajadores se
corresponden siempre, a priori, con la solución justa que el derecho ordena. Esta
misma perspectiva se ha hecho extensiva también a la relación que debería existir
entre las decisiones judiciales y la voluntad mayoritaria del pueblo. Según esta
postura, los jueces no deberían embarcarse en la tarea inútil —por imposible— de
intentar encontrar la respuesta que exige la justicia expresada en la ley, sino que
deberían decidir de modo tal que su resolución del caso en cuestión sea consistente
con la voluntad de la mayoría del pueblo o, en otras palabras, no le oponga
obstáculos.

Además, esta perspectiva supone que esa voluntad mayoritaria que no
debe ser obstruida se corresponde con la de los sectores más pobres y vulnerables
de la sociedad, los cuales han sido históricamente subyugados. De este modo, se
traza una línea que separa a los jueces que están alineados con las mayorías
populares —y desaventajadas— de aquellos que responden a los intereses de las
minorías más aventajadas o a los factores de poder que las incluyen —empresas,
medios concentrados, terratenientes, etc.—.


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Esta postura ha recibido el apoyo extendido de sectores sociales, académicos
e incluso miembros del Poder Judicial. Ella expresa una posición filosófica acerca de
lo que significa hacer justicia en los tribunales y que podemos asociar con el
escepticismo o relativismo moral, la cual no sólo creo que está equivocada, sino que
considero tiene consecuencias muy negativas para la concepción del derecho y de la
justicia que se presenta a la sociedad, pues entiende que la ley no se funda en
principios, sino que es la expresión de crudos intereses.

La reacción a esta postura se articuló en torno a una segunda perspectiva
respecto de la relación entre jueces y mayorías democráticas que se ubica en el otro
extremo de este debate. Según ella, los jueces no deben responder a ningún interés,
ni mayoritario ni minoritario, ni popular ni corporativo, sino que ellos deben
defender el mandato de la Constitución desde un punto de vista imparcial,
entendiendo por tal, la aplicación pura de su letra contra cualquier interés particular,
en la convicción de que es posible separar la política de la justicia. Esta posición se
asocia generalmente al formalismo jurídico, el cual sostiene que la labor de los jueces
es centralmente la de realizar operaciones lógicas, silogismos, subsumiendo
premisas generales a casos particulares y encontrando soluciones despojadas de
toda carga valorativa a los conflictos que llegan a sus estrados. El formalismo confía
en la aplicación ascética del texto de la ley o de la Constitución confiando en la
separación radical del derecho de la moral y de la política.

Asumiendo que estas dos posturas fueran honestamente argüidas por sus
partidarios, considero que ambas están equivocadas; descarto todo recurso
estratégico, retórico y cínico a ellas a los fines del argumento que desarrollo en esta
columna. En otras palabras, creo que ninguna de las dos perspectivas refleja
correctamente qué es lo que los jueces deberían hacer en una democracia
constitucional de corte liberal (en el sentido político del término que se le da, por lo
menos, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, pasando por nuestra
propia Revolución de Mayo). Los primeros defienden su perspectiva a partir de la
adopción de lo que podríamos llamar escepticismo moral radical, al cual no sólo
considero equivocado sino también peligroso para la vigencia efectiva de los valores
universales que subyacen a los derechos humanos y al constitucionalismo liberal.
Los segundos adoptan una postura textualista en materia interpretativa que, si es
sinceramente defendida, pecaría, al menos, de ingenua, aunque muchos
sospechamos que lejos de ser ingenuos, aquellos que la defienden en verdad ocultan
posturas conservadoras bajo el camuflaje de la aplicación pura de la voluntad del
constituyente —como si fuera un solo y coherente individuo—, lo cual resulta
imposible a la luz de un número importante de razones que no puedo desarrollar
aquí.

Atribuyo a los primeros una postura escéptica radical en materia moral en el
sentido de que, según ella, niegan toda posibilidad de justificar la existencia de un
valor de justicia único y universal, subyacente al texto de la Constitución. Para ellos,
el texto constitucional no expresa ese valor universal, sino que encierra tantos
significados como intérpretes de ese texto existan y, por lo tanto, será el significado
atribuido por la mayoría del pueblo representado en el gobierno, el que debería
imponerse. Su escepticismo moral los convierte en relativistas morales, lo que,
trasladado a la teoría interpretativa se convierte en una especie de relativismo
interpretativo que vacía de contenido el texto constitucional. No habiendo un único
significado atribuible al texto de la Constitución, deberíamos someternos al
significado que le asigna el pueblo, entendido como su mayoría. La implicancia de
esta postura es que sería prácticamente imposible diferenciar el significado de la
constitución de la voluntad mayoritaria, lo cual nos conduce a la paradoja de la
irrelevancia radical del texto constitucional.

Si se supone que la voluntad mayoritaria está sometida al límite de la constitución en una democracia constitucional, y si el significado del texto que expresa ese límite es definido por la propia voluntad de la mayoría, entonces el límite es definido por el limitado. Así, el límite se desvanece y, con él, se desarma el propio régimen democrático constitucional, convirtiéndose en una democracia a secas, voluntad de mayorías sin límite. Pura voluntad popular. Los
segundos, los formalistas, atacan a los primeros, los escépticos, argumentando que el
límite no puede ser manipulado por la mayoría limitada constitucionalmente, y
sostienen que el texto constitucional tiene un significado autoevidente e inequívoco
que los jueces deben aplicar incluso contra la voluntad de la mayoría si esta voluntad
fuera contraria a ese límite. En otras palabras, desde esta segunda postura, los jueces
no serían enemigos del pueblo y amigos de las minorías, las corporaciones o los
factores de poder cuando fallan contra la voluntad de la mayoría, sino que ellos sólo
estarían desarrollando su aséptica tarea de aplicar la Constitución tal como es,
negando que exista siquiera una mínima duda sobre el significado del texto
constitucional.

Cuando los textualistas o formalistas argumentan que la justicia
constitucional tiene un significado único y evidente, que toda pregunta sobre lo que
es justo, constitucionalmente hablando, tiene una respuesta única correcta y que ella
se expresa con claridad indubitada en el texto constitucional, los escépticos morales
reaccionan sosteniendo que no existe una única respuesta correcta en materia de
interpretación constitucional, sino que esa respuesta depende de cada sujeto y que,
si el sujeto es el juez, entonces la respuesta a la pregunta de qué es lo justo, depende
del juez particular que así lo exprese y, por ello, no sería una verdad externa al sujeto
que la trata de encontrar.

El formalista/textualista, por su parte, intentará defenderse de la acusación
de ser parcial y de ocultar detrás de su supuesta neutralidad al aplicar la
Constitución, una postura parcial generalmente asociada con las minorías no
populares. Así, sostendrá que el significado de lo que es justo está expresado en el
texto constitucional y que el significado de ese texto es evidente. Para los
textualistas, es posible afirmar que existen respuestas correctas en materia de
interpretación constitucional y que ellas no dependen del sujeto (del juez) que
interprete el texto constitucional. Ellas se desprenden prístinamente del texto. El
juez desde esta perspectiva sería una especie de burócrata cuya actividad casi
autómata se limita a aplicar silogismos ignorando la influencia de sus propias ideas,
prejuicios o identidad.

La postura de los escépticos conduce a dos consecuencias preocupantes para
la democracia liberal. Por un lado, si la respuesta respecto de lo que es justo depende de cada juez, entonces será necesario que, al momento de cubrir vacantes en el
Poder Judicial, no importe si se está de lado del pueblo o de las minorías poderosas,
se designen jueces que compartan la visión de justicia del grupo en pugna al que uno
pertenezca. Hacer justicia desde los tribunales se reduciría, así, a decidir de acuerdo
con el interés que representa cada juez, lo cual implica que los jueces ya no
aplicarían el Derecho sino la voluntad de aquellos que, de algún modo, representan.

Esta visión nos conduce, en palabras de Owen Fiss, a la muerte del Derecho. Por otro
lado, si el significado de lo que es justo depende de quién es el que lo sostiene, y si lo
que justifica el predominio de la perspectiva de la mayoría es sólo el número de
votos, la justicia ya no respondería a valores universales, como por ejemplo aquellos
que subyacen al reconocimiento de los derechos humanos, sino que podría expresar
valores radicalmente opuestos como, por ejemplo, aquellos que niegan los derechos
humanos, si es que la mayoría los comparte. ¿De dónde provendría la legitimidad de
los sujetos que contradigan a la mayoría respecto de lo que debe entenderse por
justicia si lo que es justo no responde a un valor universal? Si todas las visiones de lo
que es justo tienen una validez equivalente, entonces los escépticos morales
sostendrán que en una democracia es la voluntad del pueblo la que debería
determinar lo que es justo, incluso si esa voluntad fuera ofensiva respecto de valores
que algunos considerarían universales, como aquellos valores liberales que justifican
el respeto por los derechos humanos.

Por su parte, los formalistas/textualistas cometen otro error peligroso para
la democracia constitucional de corte liberal. Asumiendo que el significado del texto
constitucional es evidente, sofocan cualquier debate disparado por la duda o la
discrepancia interpretativa motivada en ese texto. Puede ser que ellos sostengan que
siempre tienen certeza sobre el significado de la Constitución, dado que ese texto
tiene un significado evidente, pero sabemos que en materia interpretativa, y sobre
todo en cuanto a la interpretación de la Constitución, no hay certezas a priori y que el
significado de la Constitución depende, por un lado, de la teoría interpretativa que se
adopte y, por el otro, de las razones que justifican la adopción de una teoría
interpretativa y no de otra.

En nuestro país, esta postura textualista no ha sido
articulada en forma explícita por los jueces, como sí ha sido el caso de los
académicos y magistrados más conservadores de los Estados Unidos, y sobre todo
los jueces de la Corte Suprema, quienes escudándose en un supuesto originalismo
—que es una versión de textualismo—, reclaman imponer su visión de la
Constitución como única y evidente, aunque sostienen que ellos sólo aplican la
voluntad de los constituyentes originarios. Por su parte, algunos académicos y jueces argentinos responden a los escépticos morales (partidarios de una justicia
denominada democrática) con el argumento de que ellos sólo aplican la
Constitución, como si con ello lograran rebatir el argumento de los escépticos que les
achacan falta de parcialidad.

Este tipo de planteos dicotómicos no son problemáticos necesariamente
porque las posturas en pugna sean falsas —muchas veces, como en este caso, ambas
encierran algo de razón—, pero exhiben una cierta falta de riqueza en la
comprensión del fenómeno en debate —en este caso, el Derecho— que es producto
de la sobre-simplificación, quizá exigida por el discurso mediático, que impide
vislumbrar la complejidad y profundidad de las posiciones en conflicto. Tampoco
permite internarnos en la real diversidad de todas las posibles perspectivas que
siempre van más allá de la limitada presentación binaria. El debate académico
jurídico, político y mediático, así como también el mantenido por la sociedad civil, en
torno al lugar que le corresponde ocupar a los jueces en nuestra democracia
constitucional no es ni original ni privativo de nuestro país. Todas las democracias
constitucionales sofisticadas del mundo se han embarcado en esta discusión que,
además, nunca se cierra, aunque, como toda discusión moral racional, aspira a
ampliar los consensos para acercarse a algo así como una respuesta provisoria al
problema objeto del debate.

Estoy en desacuerdo con ambos extremos de este debate. A diferencia de lo
que sostienen los escépticos, yo sí creo que hay una respuesta correcta a la pregunta
acerca del significado y contenido de la justicia constitucional. Sin embargo, a
diferencia de lo que piensan los formalistas/textualistas, creo que esa respuesta no
es evidente ni se desprende con facilidad de la lectura de la Constitución. El
significado de la Constitución se corresponde, en parte, con el texto en el que ella se
expresa, pero se completa con la interpretación de ese texto. El texto no es superfluo,
pero tampoco es suficiente para identificar el significado de la justicia constitucional
que ese texto expresa. Si, como sostienen los escépticos, hay tantos significados de la
Constitución como intérpretes —y ellos agregarían que por eso debería aplicarse la
interpretación que refleja y acompaña a la voluntad popular—, entonces lo que se
escurre entre los dedos como granos de arena es la propia Constitución y la noción
de que ella es un límite a la acción del gobierno y de los particulares que atentan
contra los derechos reconocidos en la Carta Magna.

Si la Constitución puede decir
muchas cosas a la vez, incluso contradictorias, entonces no hay una constitución. Por
otro lado, la posición del textualista, asume —como creo que es correcto— que la
Constitución tiene un solo significado, pero mientras éste sostiene que aquél es
evidente e incontestable, yo creo que ello es inaceptable hoy para cualquier
estudiante de grado de la carrera de abogacía. Todo texto requiere de interpretación
para poder asignarle un significado, y mucho más un texto tan poroso e
indeterminado como es el de la Constitución. Es por ello que creo que esta discusión,
planteada en estos términos dicotómicos: escépticos (o demócratas radicales) vs.
formalistas/textualistas (o ingenuamente constitucionalistas contramayoritarios),
no es constructiva. Peor aún, no es una discusión surgida a partir de posturas
consistentes con una visión de la democracia (constitucional) ni de la Constitución
(como práctica y no como texto).

Propongo, entonces, explorar la posibilidad de salir del corset en el que nos hemos metido con este debate infértil y que exploremos la posibilidad de que la Constitución tiene en verdad un significado único que nos resulta altamente elusivo y que, para poder hallarlo, se requiere de una compleja deliberación entre todos los actores que tienen la responsabilidad de realizar sus
aportes a la construcción del significado constitucional, así como los autores de
Dworkin contribuyen a la redacción colectiva de una novela encadenada o los
arquitectos de Nino aportan generación tras generación a la construcción de la
catedral medieval.

Ni las mayorías expresan la única verdad interpretativa posible, ni
los jueces pueden evadir la labor interpretativa con la excusa ingenua de que sólo
aplican el texto tal como es. Todos debemos trabajar juntos como una verdadera
comunidad de intérpretes en la construcción de una práctica constitucional que le dé
sentido a nuestro derecho.

*                             *                         *

*El autor, Roberto Saba, es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Master y Doctor en Leyes por la Universidad de Yale. Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en las Facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo. Decano de esta última desde 2009. En twitter, @rpsaba.

Publicado originalmente en la Revista EN LETRA – año II, número 3 (2015), tomo II
SABA, R. (2015) “Hacer justicia”, pp. 6-12. Se reproduce con permiso del autor. Las notas de otros autores no necesariamente coinciden con la postura editorial de este medio.

 

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