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Las renuncias del trabajador

| El 19, Ago 2016

Las renuncias que un trabajador haga de sus derechos, como regla general, no valen. El objetivo es evitar que, mediante una supuesta renuncia no querida, se quiebre todo el sistema de protección legal. Es decir, la ley da derechos al trabajador. Sería muy fácil violarlos si una empresa pudiera decir, simplemente, que el trabajador “renunció”.

Por eso, para renunciar a un trabajo se envía un telegrama o se hace un SECLO, que es una conciliación ante el ministerio.

Por eso es que la ley dice claramente (artículo 12):

Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
En suma, una empresa siempre puede mejorar las condiciones de una ley o Convenio Colectivo, a favor del trabajador -por ejemplo si decide darle más días de vacaciones- pero nunca empeorarlas. Esto vale para: horas extras, indemnizaciones, vacaciones, condiciones de laburo que dice el Convenio y cualquier beneficio legal o de un Convenio Colectivo.

Hay pocas situaciones en que la renuncia del trabajador sí vale. Por ejemplo, la más típica es cuando hay un despido y, de mutuo acuerdo, se pacta la indemnización. Pero eso sólo es válido si se hace con un funcionario del Ministerio de Trabajo (en el SECLO que es una instancia de conciliación) y el trabajador está representado por su abogado y es un acuerdo razonable, justo, entre otros requisitos que la ley pone para proteger al trabajador (ver la ley, artículo 15).

El trabajador tiene derecho a ser representado por su abogado y no por otro que podría haber sido designado por la empresa. Si pasa esto último el acuerdo que el trabajador firma con la empresa, en el cual renuncia a sus derechos, no vale.team work2


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En este caso (ver abajo), mediante testigos, el trabajador pudo probar que fue un acuerdo forzado e impuesto, y que carecía de información para decidir, además de haber sido  negociado en forma irregular. Frente a ello, los jueces dijeron que la renuncia no vale y el trabajador recupera sus derechos para reclamar aquello que por ley le corresponde.

En este otro caso, se probó que al trabajador lo hicieron renunciar; es que lo acompañaron al correo, y era analfabeto. Los jueces se dieron cuenta y ordenaron indemnizarlo. Les terminó saliendo más caro.

Algo importante, y práctico para tener en cuenta: si bien las renuncias no valen, si el trabajador deja pasar cierto tiempo, se considera que hay desinterés en ejercer sus derechos y después no puede pedir aquello que le corresponde. Me refiero a la “prescripción”. En laboral, si pasan dos años desde que el trabajador tiene derecho a pedir algo (ejemplo, horas extras) y no lo hace (no envía ni siquiera un telegrama para exigir el pago) después podría no poder reclamarlo. Este plazo puede extenderse, pero en principio no conviene dejarlo pasar.

 

conciencia gremial mafalda

 

Anexo con sentencia completa

 

SENT.DEF.Nº: 20086 EXPTE Nº: 17.184/2010 (29.475)
JUZGADO Nº: 58 SALA X
AUTOS: “O….A C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”
Buenos Aires,
El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:
1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el
pronunciamiento de fs. 433/438 interpusieron –en forma conjunta- las codemandadas
Santander Río Servicios S.A. y Banco Santander Río S.A. a tenor del memorial obrante a fs.
446/464, el cual mereció la respectiva réplica adversaria (fs. 466/472). Asimismo la perito
contadora (fs. 439/440) apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos
reducidos.
2°) Se agravia la demandada por cuanto la señora juez que me ha precedido
consideró nulo el acuerdo extintivo celebrado por las partes ante el SECOSE
-homologado mediante resolución dictada por el SECLO- con base en las declaraciones
de los testigos deponentes en la causa.
El análisis de la totalidad de los testimonios receptados me lleva a coincidir con
lo resuelto por la magistrada de grado en orden a que de dicho convenio no puede surgir
efecto alguno.
Así el testigo Lambardi (fs. 238/239) manifestó “que conoce a la actora porque
primero fue compañera del testigo y luego el testigo fue jefe de la actora. Que conoce al
Banco Santander Río S.A. porque trabajó allí y que conoce a Santander Río Servicios
porque era empleado de esa empresa (…) que la actora prestó servicios hasta fines del año
2007, noviembre de 2007. Que la actora dejó de trabajar porque la desvincularon. Que la
decisión de esa desvinculación la tomó la compañía, el Banco con Orígenes (…) Que esa
desvinculación se instrumentó de la siguiente forma: le avisamos a la gente que iba a ser
desvinculada, y la llevamos a Suipacha 1111, al estudio Grondona, Pires Alatti, y no
recuerda quien otro mas, era un estudio de abogados. Que de la firma de ese convenio
participaron: supervisores, vendedores, gerente del sector, y gerente departamental de
ventas, más la representante legal del banco. Si no firmaba este convenio, los
desvinculaban de Orígenes y de Santander. Que no hubo negociación, era una suma
estipulada de acuerdo a la cantidad de años, era lo que se pagaba, no hubo posibilidad de
negociar nada. Que lo sabe, porque el testigo era jefe del sector (…) que una vez que
estaban firmando el convenio en el estudio de abogados, se enteraron de la suma que les
abonaron. Que no contaban con patrocinio letrado. Que si no firmaban, los desvinculaban
(…) que cuando el testigo manifestó que no hubo representación letrada, se refirió que no
hubo ningún abogado representándolos”.
En forma coincidente el deponente Perez (fs. 236/237) refirió que “en
noviembre de 2007 se desvincularon del Banco Santander, cuando el Banco Río vende
Orígenes al grupo ING, holandés, que sabe que la actora se desvinculó porque todos
tuvieron que concurrir a una unidad de mediación (…) y les dijeron que llevaran el DNI,
fueron acompañados por supervisores y el gerente de marketing, Adrián Tallarico, y
fueron obligados a firmar o eran despedidos de Orígenes y obviamente de Santander
(…) que donde firmaron era en Suipacha y Santa Fe, que fueron acompañados por
supervisores y gerente de marketing de Orígenes, que los obligaron a firmar, en la
oficina de mediación (…) que la firma del convenio llevó entre dos o tres horas de todo
el grupo, que el grupo eran 60 personas aproximadamente, los que se negaron a firmar
la terminación del contrato con el Banco Río fueron desvinculados en los días
posteriores, que era a cambio de $500/1000 pesos estipulados por ellos, que no era un
arreglo, que posteriormente los desvinculaba de Orígenes AFJP, los despedían sin
causa, que el monto del convenio lo fijaba el Banco Santander Río, venía de arriba esto,
que nadie los asesoró para la firma del convenio, que no había asesoramiento en el
momento de la firma del convenio, o se hacía o se iban”.
En similar sentido el testigo Weber (fs.208/209) manifestó “Que de la firma de
esto participó el gerente de Orígenes Talarico, un abogado de Santander, la persona del
Ministerio de Trabajo, y al que lo echaban. Que de telemarketing, eran, más o menos 60
personas, y después eran los vendedores (…) si no firmaban ese convenio, como toda
empresa privada, si uno no firma esos papeles, uno tiene miedo a perder el trabajo. Que
las sumas de ese convenio no se negoció, era una suma fija (…) que en el caso del testigo le
dieron $500”.
3°) La prueba testimonial referenciada, a la luz de lo normado por los arts. 90
L.O. y 386 C.P.C.C.N., se revela convictiva ante la debida razón de sus dichos –máxime si se
toma en cuenta la participación personal de los deponentes en los hechos relatados y su
condición de compañeros de trabajo de la actora- extremo que me lleva a coincidir con la
magistrada de la instancia precedente en cuanto a las circunstancias en las que desarrolló
la desvinculación aludida.
En efecto, de las precedentes declaraciones se evidencia la imposibilidad de
negociar las condiciones de la extinción del contrato de trabajo ya que la misma fue
impuesta por la empleadora como condición para conservar el vínculo laboral que cada
uno poseía con Orígenes A.F.J.P., a cambio de un monto fijado unilateralmente y en
ausencia total de asesoramiento letrado para los dependientes incluso en oportunidad
de firmar el acuerdo (art. 90 L.O.).
Por lo tanto, como ya lo ha expresado esta Sala en diversas oportunidades, el
valor y fuerza probatoria de un testimonio depende de que su análisis integral, realizado
conforme los principios de la sana crítica, autorice a formar convicción sobre los hechos
que interesan al proceso. Precisamente, en el caso los testimonios en los que la
sentenciante basara su fallo lucen categóricos y convictivos (conf. art. 90 L.O. y 386
C.P.C.C.N.), sin que medien elementos de juicio que lleven a afirmar que los testigos
faltaron a la verdad o que sus dichos estuvieran condicionados por un especial interés en
beneficiar a la actora, motivo por el cual deben ser desestimadas las articulaciones
tendientes a descalificar la validez de sus declaraciones y cabe mantener lo decidido en
este punto en el pronunciamiento anterior.
Nótese además que conforme surge del acta del SECOSE (ver fs. 172) el letrado
que representó en dicha ocasión a Santander Río Servicios S.A. constituyó domicilio en la
calle Suipacha 1111 piso 18 de C.A.B.A., sitio señalado tanto por la actora (ver fs. 17/vta.)
como por los testigos Lambardi y Perez como lugar donde se concretó la firma del
acuerdo resolutorio, circunstancia de la cual puede inferirse al menos un comportamiento
particular y llamativo de la empleadora que optó por formalizar el acto en cuestión en el
estudio jurídico de su propia asistencia letrada, cuando según sus propias afirmaciones
se trató de una extinción laboral acordada con los trabajadores.
Sobre tal base y si bien de acta del acuerdo conciliatorio objeto de análisis se
desprende la presencia del Dr. Gastón Pérez Lloret en calidad de letrado de la actora (ver
fs. 172) lo relevante es que en el caso (conf. declaraciones antes citadas) el convenio
invocado por la demandada presenta un ‘vicio instrumental trascendente’ ya que en virtud
de las circunstancias en las que se desarrolló el acto, surge que la trabajadora no tuvo la
posibilidad de negociar válidamente las condiciones de la extinción, ni fue asistida
legalmente del modo querido por el legislador, lo que lleva a concluir que la
suscripción del mismo no respondió a un accionar voluntario y libre de su parte, sino a
un acto viciado e impuesto como se sostuvo en el fallo recurrido, todo lo cual hace que el
mismo deba ser invalidado, careciendo, por lo tanto, de toda eficacia como para poner
punto final a los derechos emergentes de la relación laboral que uniera a las partes (ver en
igual sentido, S.D. N° 14.847 de esta Sala X del 14/12/06 “in re” “Rodríguez Jorge Alberto
c/Orígenes S.A. y otros s/despido” y S.D. Nº 19.056 del 18/10/2011, en autos “Gorod Juan
Alberto c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ diferencias de salarios”).
Por los motivos expuestos no puedo más que coincidir con lo resuelto por la señora
juez de primera instancia en cuanto a que resulta nulo el acuerdo celebrado entre las
partes en sede administrativa, sin que puedan surgir los efectos legales que la recurrente
pretende, ya que se trató de un despido encubierto.
Tampoco resulta atendible el segmento de la queja que señala la omisión de la actora de
agotar -previamente a la promoción de las presentes actuaciones- la vía procesal
administrativa (conf. disposiciones de la ley 19.549) para impugnar la homologación del
acto celebrado por cuanto, tal como ha sostenido esta Sala en diversas oportunidades, la
nulidad del acto administrativo puede ser declarada mediante resolución judicial cuando –
como en el presente caso- ha quedado probado un vicio sustancial del mismo (esta Sala X
S.D. Nº 13.584 del 29/4/05 in re: “Blumin, Norberto R. y otros c/ Peugeot Citröen Argentina
SA s/ despido” y S.D. Nº 14.225 del 30-3-06, en la causa “Benedetto, Jorge O. y otros c/
Peugeot Citröen Argentina SA).
Con la exclusiva finalidad de abundar y conforme a los términos en los que fue
planteado el agravio –en el cual se solicita la aplicación subsidiaria del supuesto previsto
por el art. 241 L.C.T. 3er. párrafo- señalo que el hecho que la actora hubiese guardado
silencio por el lapso señalado en el memorial en análisis, en modo alguno obsta a sus
pretensiones, conforme lo expresamente establecido al respecto por los arts. 12 y 58 de la
L.C.T., toda vez que –reitero- se trata en el caso de un despido impuesto –en forma
encubierta- por la empleadora.
Cabe, pues, desestimar los agravios vertidos en los aspectos aquí
considerados.
4°) Incluso no tendrá favorable tratamiento el segmento de la queja que
cuestiona el monto de la base salarial considerado por la magistrada de grado para el
cómputo de la liquidación practicada en el fallo.
Me explico. No existe controversia en punto a que la actora fue contratada por
la codemandada Santander Río Servicios S.A. “en relación de dependencia” (hecho
reconocido expresamente por dicha litigante a fs. 74) para la promoción de productos
pertenecientes al Banco Santander Río S.A. y que la demandante paralelamente se
encontraba trabajando para Orígenes AFJP S.A -también en tareas de promoción y
captación de afiliaciones- conforme surge de los escritos constitutivos.
Obsérvese que la codemandada Santander Río Servicios S.A. asevera que la
actora dedicaba “una pequeña porción de su jornada laboral” para las tareas de promoción
de productos del Banco Santander Río S.A, motivo por el cual resultaba justificado que su
remuneración consistiera únicamente en el pago de comisiones por ventas concertadas por
cuanto su actividad principal la desarrollaba para Orígenes AFJP. Por ende correspondía a
dicha parte –dado el carácter excepcional de la modalidad contractual invocada- acreditar
dicho extremo, aunque de las constancias de la causa no surge que la recurrente haya
logrado tal objetivo.
En efecto, en cuanto a la prueba testimonial el deponente Lambardi (238)
refiere “que la actora vendía productos de Orígenes AFJP y Santander Río y Santander Rio
Servicios (…) Que se comercializaban todos los productos juntos, se llamaba para hacer
traspasos, vender paquetes, tarjetas, cuentas, lo que se le podía vender, se vendía. Que la
remuneración era variable, porque estaba sujeta a la cantidad de ventas que realizaban
básico no había”.
En similar sentido el testigo Perez (236) dijo “que vendieron productos del Río,
trabajando para Orígenes (…) que en la venta del Banco Santander ocupaba en ese tiempo
el 90 por ciento del tiempo, que el dicente habla del año 2007, de las 12 horas que uno
tenia acreditado para vender, que la remuneración del Banco Santander estaba compuesta
solo por comisiones, que no había sueldo, que la actora vendió desde el año 1994 hasta que
se desvincularon”.
Finalmente el declarante Weber (208) expresó “Que la actora, vendía los
productos de Santander, y el traspaso de AFJP. Que los productos que vendía la actora,
correspondían a Santander y los traspasos por Orígenes. Que no sabe como distribuían el
tiempo para la venta de los productos”.
De las citadas declaraciones no surge ningún elemento que permita corroborar
la postura sostenida por la demandada en torno a la forma en la cual la actora distribuía su
jornada laboral (art. 377 C.P.C.C.N.).
Tampoco resulta idóneo a tales fines el planteo formulado por la recurrente en
torno a que de los anexos del informe pericial surge que los montos percibidos por la
demandante en concepto de comisiones por ventas concertadas revelarían que solo habría
vendido unos escasos productos del Banco Santander Río S.A. a lo largo del vínculo laboral.
Lo relevante es que la pericia contable no aporta tal información (ver fs. 286/403) y además
la experta informa que la demandada no ha exhibido a su requerimiento ningún tipo de
constancia o documentación laboral correspondiente a los períodos de vigencia del
contrato de trabajo habido con la actora (ver fs. 396/vta.), lo que torna aplicable la
presunción contemplada por el art. 55 L.C.T., máxime cuando dicho dictamen pericial no ha
merecido cuestionamiento alguno por parte de la recurrente.
Por tales circunstancias coincido con la juez que me ha precedido en cuanto
consideró adecuada la remuneración denunciada por la actora en el inicio –a falta de otros
elementos probatorios- como base para el cálculo de los rubros reclamados, puesto que la
misma resulta ajustada y equitativa a las condiciones en que se desarrolló la relación
laboral y no se aprecia excesiva ni irrazonable en función del trabajo cumplido, la
antigüedad en el empleo y el nivel remuneratorio imperante a la época que aquí interesa
(conf. arts. 56 L.O. y 56 L.C.T.).
Lo resuelto sella la suerte de los cuestionamientos atinentes al cálculo de la
indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso practicado en el fallo de grado,
así como el de las diferencias salariales, por cuanto contrariamente a lo señalado por la
recurrente, no surge del informe pericial el pago a la actora de suma alguna en concepto
de comisiones (conforme lo explicitado en el párrafo anterior), ni de ninguna otra
constancia de la causa que permita sostener que dicho concepto fuera abonado durante el
período reclamado en el inicio –diciembre 2006 a noviembre de 2007- del modo exigido
por el art 138 de la L.C.T., mientras que el monto percibido por la disolución del vínculo
($1.000) ha sido debidamente descontado conforme surge del fallo apelado (ver
liquidación de fs. 437) , por lo que corresponde confirmar lo decidido en la anterior
instancia.
5°) Igual suerte correrá el agravio planteado en torno al progreso de la
indemnización por vacaciones no gozadas del año 2007, por cuanto la extinción del vínculo
laboral se produjo en noviembre de ese año -encontrándose pendiente aún el goce del
descanso proporcional correspondiente a dicho período- y conforme lo dispone
expresamente el art. 156 de la L.C.T. corresponde a la trabajadora la percepción del
concepto en tratamiento tal como lo dispone la sentencia recurrida.
6°) Serán desestimados los agravios vertidos por la codemandada Banco
Santander Río S.A. en orden a la decisión de la magistrada de grado de condenarla
solidariamente en los términos del art. 30 de la L.C.T.
La recurrente pretende revertir este aspecto de la condena argumentando en
su queja que las tareas desempeñadas por la actora en la promoción y comercialización de
sus productos bancarios son totalmente ajenas a la actividad normal y específica de dicha
entidad bancaria y que tampoco se corresponden con una actividad coadyuvante, más lo
cierto es que dicha afirmación no resulta corroborada por las constancias de la causa.
Así, en sus respectivos escritos constitutivos las propias codemandadas han
reconocido la existencia de una relación comercial entre ellas por la cual Banco Santander
Río S.A. contrató los servicios de Santander Río Servicios S.A. para la promoción de
diversos productos que la entidad bancaria vuelca en el mercado y que para llevar a cabo
esta tarea la segunda contrató a un grupo de personas entre las que se encontraba la
actora (ver fs. 45 y 73 vta. y 74), circunstancias corroboradas además por la totalidad de la
prueba testifical.
De las declaraciones de los testigos Weber, Perez y Lambardi surge que la
actora vendía los productos del Banco Santander Río S.A. entre ellos tarjetas de crédito,
cuentas de ahorro y corriente, “Supercuentas 1,2,3 y dentro de las supercuentas, American
y Visa” (ver declaraciones de fs. 208, 236 y 238 respectivamente).
De acuerdo con lo que surge de lo hasta aquí reseñado, las codemandadas
poseían una vinculación que tenía como objetivo promocionar y vender productos
comercializados por Banco Santander Río S.A. atinentes a los servicios bancarios que ella
presta y a los cuales estuvo afectada la reclamante, los cuales constituyen parte de su
actividad normal y específica propia. En estos términos, si la contratación se refiere al
objeto empresario, es decir un medio del que se vale la empresa para la explotación de su
industria –tal como acontece en la especie-, no existen dudas sobre la aplicación de la
solidaridad contemplada en el art. 30 de la L.C.T.
Solo a mayor abundamiento, señalo que respecto al tema que nos ocupa
adhiero al criterio amplio que extiende la solidaridad en los casos de actividades que se
hallan integradas en forma permanente al establecimiento, sean éstas la principal
prestación del mismo o no. Por actividad normal no sólo debe entenderse aquella que
atañe directamente al objeto o fin perseguido por la demandada, sino también aquellas
otras que resultan coadyuvantes y necesarias, de manera que aún cuando fueran
secundarias, son imprescindibles e integran normalmente –con carácter principal o auxiliarla
actividad, debiendo excluirse solamente las actividades extraordinarias o eventuales (en
igual sentido CNAT esta Sala X in re: “Hermida Eugenio Héctor c/ Videlu SRL y otro s/
accidente ley 9688”).
En virtud de las consideraciones que anteceden, estimo que debe confirmarse
la condena dispuesta solidariamente sobre ambas demandadas con los alcances del art. 30
de L.C.T.
7°) También será desechada la queja que cuestiona la fecha de ingreso al
empleo de la actora considerada en la instancia anterior.
En este sentido resultan concluyentes los testimonios de Lambardi y Perez
que ubican el comienzo de prestación de servicios de la actora para la codemandada Banco
Santander Río S.A. en la fecha denunciada en la demanda (conforme declaraciones de fs.
236 y 238, a las que me remito por razones de brevedad).
Ello sumado a que del informe pericial surge que la única constancia sobre el
inicio del vínculo laboral es una certificación con membrete del Santander Río Servicios S.A.
(obrante a fs. 9), donde se consigna que el mismo se produjo con fecha 02/05/1994 –tal
como lo sostiene la demandante-, debido a la renuencia de las demandadas a exhibir los
libros contables, ni ninguna otra documentación laboral correspondiente a los períodos
solicitados por la actora que avalen su postura (ver fs. 395/vta., 396, 400/vta., 401, 402),
tornan aplicable la presunción contemplada por el art. 55 de la L.C.T., máxime cuando dicho
informe, no ha merecido cuestionamiento alguno por parte de las recurrentes y –lo reiterola
fecha invocada por la actora ha sido ratificada por los testigos citados, por lo que cabe
confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.
En atención a la solución propuesta habré de desatender el planteo formulado
en torno al progreso del agravamiento indemnizatorio previsto por el art 1° de la ley
25.323, por cuanto de lo expuesto precedentemente surge que se encuentran
debidamente acreditados en autos los presupuestos de admisibilidad que requiere la
aplicación de la referida norma (falta de registración o registración defectuosa del
contrato), por lo que cabe sostener lo decidido en primera instancia.
8°) Será desestimada la crítica vertida por la demandada en orden a la admisión
de la indemnización del art. 2° de la ley 25.323 en la medida en que la actora intimó a su
empleadora en procura del pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin justa
causa del cual fue objeto (ver fs. 7) e inició las presentes actuaciones a fin de procurar el
cobro de sus derechos, por lo que cumplimentó el recaudo previsto por la normativa en
análisis.
En tal sentido, como ya ha sido sostenido por esta Sala en su integración
anterior, para eximirse total o parcialmente la demandada del pago de la multa establecida
por el citado art. 2° –conforme a lo establecido en su segundo párrafo- debió demostrar
que intentó abonar a la actora las indemnizaciones generadas por su despido, lo que no
acontece en el caso concreto, en el que tampoco se advierte en el responde alguna
justificación atendible de la conducta adoptada que la pudiera habilitar para no cumplir con
el incremento legal (ver en este sentido del registro de esta Sala S.D. Nº 12.843 del
12/7/04 en autos “Dohle, Ingrid c/ Desler SA s/ despido”, por lo que propicio la
confirmatoria de este tramo del fallo.
9°)El agravio de la demandada dirigido a revertir lo decidido en grado en torno a la
condena a entregar los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. y el agravamiento
indemnizatorio dispuesto por el art. 45 de la ley 25.345, no puede progresar.
Digo ello en tanto la recurrente afirma que puso a disposición de la actora en
tiempo oportuno el certificado de trabajo y la certificación de servicios previstas por el art.
80 L.C.T., no obstante, tal circunstancia no ha sido acreditada en autos.
Por otro lado, la quejosa argumenta que la actora no acreditó haber cursado
intimación en los términos previstos por el art. 3° del decreto 146/01, no obstante del
despacho telegráfico obrante a fs. 7 surge claramente que se dio adecuado cumplimiento a
la referida normativa.
Por último, es correcta también la condena a entregar las certificaciones aludidas, pues la
obligación prevista en el Art. 80 de la L.C.T. no ha sido cumplida por las demandadas.
Sin perjuicio de lo expuesto y ante los términos de la queja vertida por Banco
Santander Río S.A. señalo que en cuanto a la condena solidaria a la entrega del certificado
de trabajo, la recurrente omite considerar que la solidaridad legal se encuentra referida a
las obligaciones contraídas con los trabajadores y la seguridad social, con motivo de la
contratación o subcontratación de tales servicios, entre las que obviamente se encuentran
las obligaciones cuyo incumplimiento sanciona el señalado artículo. Por otra parte, la
recurrente soslaya por completo que tales incumplimientos de su subcontratista son
consecuencia directa, a su vez, de los incumplimientos en que incurriera la propia apelante,
quien se encontraba legalmente obligada a exigirle a aquélla el adecuado cumplimiento de
las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social (art. 30 L.C.T), por lo
que mal puede agraviarse ahora de la condena que, en definitiva, son consecuencia de su
propio incumplimiento.
Por los motivos expuestos corresponde confirmar en este tramo la sentencia
recurrida.
10°) Al haber resultado las demandadas vencidas no encuentro mérito para
apartarse del principio general de la derrota contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. por lo
que también en este aspecto propongo la confirmatoria del fallo apelado.
11°) En atención al mérito e importancia de la labor desarrollada por la
representación letrada de la actora y por la perito contadora, facultades del art. 38 de la
L.O. y normativa arancelaria vigente estimo razonables los porcentuales asignados en la
anterior instancia por lo que sugiero mantenerlos (arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57).
Propongo asimismo imponer las costas de alzada en forma solidaria a cargo
de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) y
regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes por su labor ante
esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir
por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).
Por lo expuesto de prosperar mi voto correspondería: l) Confirmar el fallo
apelado en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de
alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68,
primer párrafo, del C.P.C.C.N.) 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes
por las partes por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de
lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley
arancelaria).
El Dr. GREGORIO CORACH dijo:
Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.
El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: l)
Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios 2) Imponer
las costas de alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas en la contienda
(art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) 3) Regular los honorarios de los profesionales
intervinientes por las partes por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada
uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art.
14, ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 


 

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI, 22/06/2012, “NNN, JJJCCC. c. … Club Asociacion Civil
s/despido”
Buenos Aires, junio 22 de 2012.
El doctor Fernández Madrid dijo:
I. La sentencia de grado, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la parte actora y demandada a tenor de sus
memoriales de fs. 245/248 y de fs. 250/271, respectivamente, que recibieron réplica de sus contrarias a fs. 274/280 y
282/284.
Por su parte, la perito contadora apela los honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 242).
II. La parte demandada se agravia, en lo principal, porque el Juez a quo declaró la nulidad de la renuncia presentada
por el Sr. NNN, en el entendimiento de que el actor era analfabeto, y que en consecuencia desconocía los términos
de la misiva enviada a la demandada para poner fin al vínculo laboral. Al respecto, la recurrente sostiene que de los
elementos probatorios obrantes en autos se desprende que el actor tenía instrucción primaría y por lo tanto, pleno
conocimiento de las consecuencias de sus actos; crítica la valoración de la prueba rendida en autos y sostiene que la
parte actora no ha activado los medios probatorios idóneos para acreditar que el contenido de dicho telegrama
pertenece a Otero, lo que a su entender no puede ser suplido por el reconocimiento efectuado por terceros.
El agravio que trato requiere analizar las circunstancias fácticas en las que tuvo lugar la remisión de la renuncia al
empleo, ponderando específicamente, el grado de libertad, discernimiento y voluntad con que contaba el actor para
llevar adelante ese acto. En lo que tiene que ver con el nivel de instrucción del actor, comparto lo sostenido en la
instancia de grado, dado que los testigos resultan contestes sobre que no sabía leer ni escribir, y que tenía que ser
ayudado por sus compañeros para completar formularios, entre ellos los destinados a prestamos del sindicato (fs.
148). Curuchet (fs. 155), por su parte, agregó que la ropa del actor era identificada con su apellido y que se le
adicionaba un circulo para que el Sr. NNN la reconociera como propia. Frente a lo expuesto, deviene inoficioso el
contenido de la ficha individual obrante a fs. 176, por cuanto no fue completada de puño y letra por el actor ni fue
sometida a su reconocimiento; lo informado por el perito a fs. 178, en cuanto a que no se le exhibió el titulo escolar
primario; así como lo sostenido respecto a la imposibilidad de que el actor supiera firmar y en cambio no pudiera
identificar su nombre en la ropa que le entregaba la empleadora.
Por otra parte, de los testimonios de González (fs. 140/142), Giménez (fs. 148/151) y López Domínguez (fs. 152/154),
se desprende que el actor involuntariamente se había llevado a su domicilio el celular de propiedad de un socio, y
que había prometido reintegrarlo a los fines de ser entregado a su dueño. De ello se deriva que la rescisión del
vínculo tuvo lugar en un marco de conflictividad, que no pudo ser desconocida por la empleadora ni corresponde
circunscribirla a una cuestión personal entre OOOy el actor, como se pretende en el escrito de responde (conf. fs.
36).
Los dichos de los testigos en este aspecto lucen precisos, verosímiles y concordantes y se fundan en las experiencias
que han vivido con el actor, por ser compañeros de trabajo, y a mi juicio resultan eficaces para tener por acreditado
que el actor no sabía leer ni escribir.
Seguidamente, la demandada se agravia por la declaración de nulidad de la renuncia, y porque entiende que existen
a este respecto cuestiones oportunamente planteadas que no han sido resueltas por el Magistrado.
Cabe puntualizar que el actor se desempeñó durante 17 años bajo las órdenes de la demandada —sin haber recibido
sanción alguna—, hasta que tuvo lugar el envío del telegrama con fecha 30-01-2008. A ese respecto, los testigos
dieron cuenta de que el 30-01-2008 vieron trabajar al actor hasta el mediodía, y que Otero, en calidad de personal
jerárquico de la demandada, lo llevó a su domicilio a los fines de que entregue el celular de un socio que había
olvidado devolver (conf. fs. 150/151, 152/154). Ello fue ratificado por Giménez, quien dijo haber ido a pedirle
explicaciones a Otero y este le dijo “fue un bol… que se llevó cosas que no eran de el” y fue obligado, lo tuvo que
obligar a tomar la medida que tomó (fs. 148/151).
Los mismos testigos explicaron además que llegó a su conocimiento que Otero acompañó al actor a la sucursal de
Correo cercana a su domicilio y que le hicieron mandar una nota —léase un telegrama— y que el actor no sabía que
era su renuncia (conf. fs. 150 y 153). Giménez además manifestó que le preguntó a Otero las razones por las cuales lo
había despedido y este le dijo que podría haber tomado otra medida (fs. 150).
Frente a lo expuesto, la demandada objeta que la parte actora no haya instado la concurrencia de Otero en calidad
de testigo así como otros medios de prueba tendientes a acreditar que la grafía de dicha misiva era de su puño y
letra, pero lo cierto es que dicha circunstancia por si sola no refuta la validez que cabe otorgarle a los testigos que
concurrieron a declarar y expusieron aquello que conocían sobre los hechos aquí analizados.
Por otro lado, no corresponde hacer lugar a las objeciones formuladas sobre el valor probatorio de los testimonios
rendidos en autos, dado que han sido precisos en diferenciar aquellas cuestiones captadas por sus sentidos de las
otras que han sabido por comentarios de terceros, más específicamente del propio Otero.
Asimismo, reviste vital importancia la conducta observada por el actor quien, anoticiado de la maniobra de
desvinculación, procedió en forma inmediata a revocar la renuncia, impugnando el contenido del primer telegrama.
Asimismo, expresó su voluntad de continuar trabajando para la empleadora y explicó que había sido Otero quien lo
había engañado y llevado a presentar dicho telegrama (conf. fs. 6); y dicha conclusión sobre la que se funda el
decisorio de grado no fue debidamente refutada en el escrito que trato.
Cabe desestimar las manifestaciones vertidas por la demandada respecto a la existencia de contradicciones sobre el
modo en que tuvo lugar la rescisión, por cuanto se ha acreditado que en el marco de la situación de conflicto
suscitada por el celular de un socio, Otero lo llevó a su domicilio para que lo devuelva y luego a la sucursal de Correo
Argentino, donde se evidencia que el actor fue obligado a realizar un acto, contra su voluntad y cuyas consecuencias
desconocía.
Por todo lo expuesto, deviene abstracto expedirse sobre el reconocimiento de documental por parte de terceros así
como de la prueba que la parte actora no ha producido.
Por lo dicho, sobre la base de las pruebas producidas y teniendo especialmente en cuenta la
antigüedad del Sr. Correo en su empleo, la ausencia de sanciones, su
condición de analfabeto, el grado de conflictividad que se había
generado en oportunidad del envío del telegrama rescisorio y la
revocatoria de la renuncia formulada por el actor, concluyo que se ha
disimulado una renuncia, y que por debajo de dicho ropaje subyace un
despido sin causa, que corresponde sea indemnizado por el
empleador, por lo que propongo en este aspecto que se confirme el
fallo apelado.
III. Seguidamente, la parte actora se agravia por el rechazo del reclamo en concepto de daño moral y de subsidio por
desempleo.
A ese respecto, cabe puntualizar que el contrato de trabajo, en tanto acuerdo de voluntad común, es fuente
generadora de derechos y obligaciones, conforme lo previsto en los arts. 499 y 1137 del Código Civil, los que se
encuentran específicamente enumerados en el articulado de la ley 20.744.
El despido sin causa no constituye un derecho y mucho menos una facultad que le otorga el ordenamiento jurídico al
empleador, sino que por el contrario resulta ser una acto ilícito civil, y violatorio del principio de continuidad previsto
en el art. 10 de la LCT —y del consiguiente derecho del trabajador de conservar el puesto de trabajo—, dado que no
se verifican ninguna de las supuestos que autorizan la rescisión del vínculo.
A mi modo de ver, la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT, fue implementada con el fin de compensar los
daños generados por la violación contractual del principio de continuidad, y si bien se pudo haber reglamentado un
régimen libre de reparación integral y concreta, lo cierto es que el legislador optó por un sistema tarifado o de
indemnización forfataria, en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la
cuantía de aquéllas (conf. cons. 6° CSJN “Vizzoti c/Amsa”).
Ahora bien, más allá de lo expuesto, lo cierto es que el sistema reparatorio previsto en el art. 245 de la LCT, no
resulta abarcativo de otros hechos que se dan en forma concomitantes, conexos, anteriores, e incluso posteriores
pero vinculados con la finalización del vínculo y que a mi entender deben ser valorados a los fines de determinar si
corresponde repararlos en forma autónoma.
En ese sentido, se ha acreditado en autos que el Sr. Otero en calidad de personal jerárquico de la aquí demandada
llevo al actor hasta la oficina de correo y lo instó a presentar su telegrama de renuncia —sin que tuviera
conocimiento de las consecuencias de dicho acto—, aprovechándose de su falta de instrucción. Dichos
acontecimientos fueron puestos en conocimiento de la empleadora, quien se limitó a desconocerlos, ratificando la
aceptación de la denuncia (fs. 36vta.).
En la materia, debe atenderse a la conducta del empleador frente a la particular situación de extrema vulnerabilidad
del dependiente, y atendiendo a los bienes que deben protegerse en casos como el presente, no me cabe la menor
duda de que corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien
debe estar debidamente protegido frente a conductas de abuso como las llevadas adelante por el Sr. Otero en
calidad de dependiente de la demandada.
Los hechos descriptos resultan abiertamente violatorios del deber de buena fe y solidaridad (conf. art. 62 y 63 de la
LCT y 1198 del CC), los que revisten naturaleza contractual, y a mi juicio deben ser objeto de una reparación
adicional, porque su configuración fáctica y la ponderación de sus presupuestos de procedencia se realizan con
prescindencia de la continuidad del vínculo y refieren a circunstancias de hecho que nada tienen que ver con las
previstas en el art. 245 de la LCT.
El caso exige efectuar una lectura de los hechos más allá de su expresión literal, en concordancia con el principio de
la primacía de la realidad, comprendido dentro del derecho protectorio respecto del cual juega como un
complemento a fin de que éste no pueda ser marginado en los hechos mediante la adopción de algunas figuras
jurídicas que disimulan la realidad, guiada por los principios generales del derecho del trabajo y valorando la vigencia
del principio de progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que se reconocen en diferentes
instrumentos y especialmente en el art. 2.1 del PIDESC, así como del principio pro homine que determina que el
intérprete deba escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana
(Cardozo, Fallos: 329:2265, 2272/2273, y Madorrán, p. 2004).
A ello se añade que la determinación de la procedencia y cuantía de la reparación, requiere tener en cuenta su
contenido alimentario y que se devenga, generalmente, en situaciones de emergencia para el empleado (CSJN
“Carrizo”, considerando 5° y su cita, entre otros).
De conformidad con lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar al reclamo en concepto de daño moral por
la suma de $ 50.000 (conf. art. 1078 CC) y la suma de $ 7.200 en concepto de daño material, que por analogía cabe
fijarlo en la suma reclamada en concepto de subsidio por desempleo que se ha visto privado de percibir.
Asimismo, corresponde hacer lugar a la multa prevista en el Art. 45 de la ley 25.345, toda vez que la demandada con
fecha 31.01.08 procedió a poner a disposición del actor los certificados previstos en el Art. 80 de la LCT y lo cierto es
que no ha acreditado haber cumplido con la confección de los mismos (conf. fs. 25). Al respecto, cabe puntualizar que
la obligación prevista en dicho dispositivo legal, se cumple con la confección y puesta a disposición del certificado de
trabajo así como del de remuneraciones y servicios, por lo que ante la falta de confección de este último,
corresponde modificar lo resuelto y diferir a condena la suma de $ 8.541,33 en concepto de indemnización Art. 45
Ley 25.345.
IV. En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de
aplicación estimo que corresponde mantener los porcentajes de honorarios fijados en origen, calculados sobre la
base del nuevo monto de condena (Art.38 L.O., 279 CPCCN y normas concordantes).
Por lo hasta aquí expuesto, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (conf. Art. 68
CPCCN), a cuyo efecto propicio que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les
corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.
La doctora Craig dijo:
Adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal resuelve: Modificar la sentencia
apelada, fijando el monto de condena en la suma de $ 158.844,49; II) Imponer las costas de alzada a cargo de la
demandada vencida (conf. Art. 68 CPCCN). III) Regular los honorarios de los letrados actuantes en el 25% de lo fijado
para la instancia anterior. Regístrese, notifíquese y vuelvan.— Juan C. Fernández Madrid.— Graciela L. Craig.

[nombres cambiados]

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