¿Patente para bicicletas?

Ante los distintos robos de bicicletas, se presentaron varios mecanismos que tienen a paliarlo. El proyecto del concejo deliberante de La Plata –aunque promisorio y bien intencionado- nos plantea algunos interrogantes y dudas sobre su efectividad, y muestra como los titulares de prensa tergiversan su significado.

 

Comenzando por cómo se edita la noticia, y pese a la precaución periodística del “encomillado”, la palabra patente es una interpretación que no se condice con la denominación de “Registro Único de Bicicletas” del proyecto.

Tanto el sentido común como las definiciones etimológicas diferencian claramente “registro” y “patente”. La aclaración es válida en función que la idea de “patentar bicis” es el sueño incumplido de quienes pretenden igualar un auto con una bici.

Desde la Asociación de Ciclistas Urbanos, el licenciado en accidentología y seguridad vial, Nestor Sebastián, mencionó que “Desde la ACU nos oponemos a cualquier tipo de ciclopatentamiento”.

Esta entidad manifestó lo siguiente: Si el “Registro Unico de Bicicletas” de la ciudad de La Plata es VOLUNTARIO puede significar una herramienta eficaz, como parte del objetivo de disminuir las posibilidades de robo –algunos muy violentos- tras el notorio aumento de los mismos en La Plata y el sur del conurbano bonaerense  generando la movilización de grupos y entidades ciclistas, que culminó con una masiva marcha el 6 de marzo último.

Siendo una aplicación novedosa en nuestro país es prematuro opinar sobre los detalles del sistema, pero seguramente una vez puesto en marcha habrá oportunidad de evaluación sobre la calidad del sistema, la aceptación de la comunidad ciclista y la experiencia empresarial y/o gubernamental de gestión.

Es desde luego un aliciente para el abaratamiento de las pólizas de robo de bicicletas, hoy todavía fuera del alcance -por su precio y por desconocimiento del producto- de gran parte de los usuarios.

La ACU también argumentó que la implementación del Registro tendrá un costo y saber la fuente de financiamiento es un tema central ¿Empresa proveedora mediante publicidad? ¿Subsidio del Estado Municipal? ¿Usuarios a través del pago de una tasa? Tomando como fuente las notas periodísticas este ítem no está aclarado.

Sin justificar de manera alguna las conductas dolosas y muchísimo menos el “in-accionar” policial o judicial, no se puede soslayar el costo relativamente bajo de una bicicleta en función de la “inversión” (dinero, tiempo, trámites, etc.) de los ciclistas y del Estado en protección / prevención y en relación al bien a proteger.

Para devolver un elemento robado no basta la buena voluntad policial o el registro fotográfico. Debe participar un juzgado que entregue la bici a su dueño, legalmente acreditado. Esto implica trámites inevitables (registro / denuncia / identificación / juzgado / transferencia, etc.) y… que primero se recupere la bicicleta y “esclarezca” el hecho.

Si bien muchos ciclistas identifican “ferias” o “desarmaderos” desde donde se ofrecen las bicis robadas, no es menor la oferta desde canales “legales” y menos sospechosos: internet y bicicleterías.

Y en todos los casos se cuenta con la complicidad del comprador, que –y esto escrito sin ironía- podría concurrir al futuro Registro y anotar su “nueva” bici. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de los ciclistas no ha pedido factura de compra o no la conserva.

Entendemos que todas estas cuestiones se deberán tener en cuenta al momento de legislar, para no “simplificar” y exigir de un registro más de lo que puede dar. Este podrá ser eficaz en la medida que los ciclistas colaboren con los “tramites”, las aseguradoras bajen el valor de las cobertura por robo/hurto y…los funcionarios (policías, jueces, miembros del ejecutivo) pongan de manifiesto su voluntad (con acciones concretas) de evitar los robos de bicicletas.

Y los ciudadanos no adquieran productos robados.”

Fuente de la ACU.

 

---