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Un Comentario

Pesifican seguro de vida

| El 13, Sep 2016

Muchas veces se pacta un seguro en dólares, esto es válido. ¿Deben respetar la moneda de pago o pueden pesificarlo? En algunos casos los jueces optaron por lo segundo, aplicando la doctrina del esfuerzo compartido. Pero hay otros varios precedentes que favorecen al asegurado.

Con la colaboración del Dr. Juan Capacioni

La señora, beneficiaria de un seguro de vida en dólares (por U$S 122 mil), denunció el siniestro (fallecimiento del asegurado) por lo que percibió en diciembre de 2012 la suma de $368 mil. La cotización del dólar a la fecha del pago era de 4,85 pesos. Por lo tanto, la señora inició el juicio para cobrar lo que entiende como saldo impago del seguro.

La sentencia de primera instancia ordenó aplicar la teoría del esfuerzo compartido y rechazó la demanda; la devaluación la soportan parte y parte, por aplicación del precedente “Vaisman” de la CSJN, que remite a su vez al precedente “Longobardi”.

En consecuencia, declara la constitucionalidad de la normativa de emergencia (decreto 214/02 y ley 25561) y resuelve que el saldo impago (alrededor de US$ 75 mil) deberá convertirse a pesos con más el 50% de la brecha existente entre 1 peso y el valor del dólar actual (alrededor de $15). Por lo tanto, toma el saldo de US$ 75 mil a un valor de 7,50 pesos, aproximadamente. O sea, licúa en un 50% la acreencia de la asegurada.

La señora que demandó actuó con beneficio de gratuidad, dado que se le aplica la ley del consumidor al ser beneficiaria de un contrato de consumo.


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La doctrina del esfuerzo compartido, para la sentencia, se aplica aún en casos en los que haya disparidad de potencial económico entre las partes. “Por un lado, un simple vecino de clase media; por el otro, un megagigante multinacional experto en seguros. Se resolvió que ambos tenían que cargar con los avatares económicos del país”, opinó el letrado que patrocinó a la actora y que dijo apelará la resolución.

Es que justamente, en otros precedentes se decidió que la póliza debía pagarse en dólares. A modo de ejemplo, la justicia en lo Civil y Comercial Federal ordenó pagar íntegramente en dólares un seguro de retiro que la aseguradora pretendió pesificar e, incluso, rechazó para el caso aplicar la teoría del “esfuerzo compartido”, que divide entre las partes la diferencia entre el dólar pesificado y su cotización en el mercado libre.

Una mujer había firmado una póliza de seguro de retiro por  US$ 21.500 que durante la crisis de principios de 2002 fueron compulsivamente pesificados.

Pero la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio la razón a la mujer, ordenó que se le pagara en dólares y determinó que “la doctrina del ‘esfuerzo compartido’ -que es encuadrable en la teoría de la imprevisión no puede aplicarse”.

Pero la legislación sobre emergencia económica estableció que “las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar = un peso”.

En noviembre de 2002, diez meses después de firmado el contrato, la aseguradora le ofreció un menú de opciones a su clienta: “Mantener el ciento por ciento del valor de los dólares mas condicionando su pago al cabo de ocho años contados desde la aceptación de la propuesta o bien, el rescate de las sumas pactadas a un 60 por ciento del saldo existente en esa moneda antes de la ‘pesificación'”, y neto de los retiros parciales que hubiera efectuado entre ese momento y la fecha en que aceptare esta opción”.

La mujer rechazó la oferta y la póliza fue pesificada; pese a un cobro parcial, la asegurada hizo reserva para reclamar judicialmente por la diferencia. El fallo que le dio la razón a la asegurada se basa, entre otros argumentos, sobre un artículo del contrato firmado por las partes, que reza: “se deja expresa constancia que es voluntad de las partes efectuar los pagos emergentes de las obligaciones pactadas en el presente contrato en la moneda indicada en las Condiciones Particulares bajo la denominación Moneda del Contrato”.

Para el tribunal, “la letra es clara en cuanto define un universo de deudas alcanzado por la ‘pesificación’ y, por oposición, otro de deudas excluidas. Este último está integrado por aquellas obligaciones cuya causa es posterior a la fecha de corte establecida en la norma transcripta, esto es, el 6 de enero de 2002”.

 

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Anexo con la sentencia completa sobre seguro, pesificación y esfuerzo compartido

Expte. Nº 114481

Bahía Blanca, de septiembre de 2016.

Y VISTOS: estos autos caratulados “MMM María Cristina c/ BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. s/ Cumplimiento de contrato” (expediente nro. 114.481), de los que

RESULTA: Primero. María Cristina MMM, con el patrocinio letrado del doctor Juan Pablo Capaccioni, promovió demanda contra BBVA Consolidar Seguros S.A. pretendiendo el cobro del saldo correspondiente a un seguro de vida del que dijo ser beneficiaria.

Relató que el 3 de abril de 2000 Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. contrató con Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A. un seguro de vida colectivo, siendo la asegurada su hermana Alicia Susana MMM y ella –la actora- la única beneficiaria. Agregó que el monto ascendía a U$S 122.796,30 y entre las contingencias cubiertas estaba el fallecimiento de la asegurada, hecho que ocurrió el 9/6/2012. Continuó diciendo que cuando inició los trámites para el cobro de la cobertura se le informó que la aseguradora había sustituido al obligado al pago de la póliza -Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A- por BBVA Consolidar Seguros S.A. y que a ella debía dirigir su reclamo. Así lo hizo y, tras requerirle el envío de algunos documentos, la demandada le comunicó que el siniestro había sido liquidado y le depositó en su cuenta bancaria la suma de $ 368.539, informándole a su requerimiento que el importe había sido pesificado de conformidad con la legislación vigente en el momento del pago. Disconforme con esta explicación, intimó a la aseguradora a pagar el saldo correspondiente a la suma asegurada convertido a moneda de curso legal según la cotización oficial del dólar estadounidense. Aseveró que dicha intimación fue recibida por la demandada el 26/12/2012 pero nunca fue contestada.

Argumentó a continuación acerca del reconocimiento extrajudicial que importa el pago parcial efectuado por la accionada y destacó que el principio de integridad del pago impone a la aseguradora abonar el total de la suma comprometida más sus intereses, efectuando y manteniendo las reservas técnicas en la moneda de la póliza.

Con cita de jurisprudencia cuestionó la pesificación realizada unilateralmente por la demandada y sostuvo que la legislación de emergencia no resulta aplicable al caso. Descartó que la aseguradora pueda ampararse en la figura de la imprevisión y trajo a colación lo dispuesto por el art. 9 del decreto 905/02 que consagra una excepción a la aplicación de tal plexo normativo. A todo evento planteó su inconstitucionalidad.

Alegó que reviste la condición de consumidor y se extendió sobre la aplicación del respectivo estatuto a la actividad aseguradora. Sobre esta base solicitó que se le acuerde el beneficio de litigar sin gastos en los términos del art. 53 de la ley 24.240 y art. 25 de la ley provincial 13.133.

Ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

Segundo. A fs. 78/87 la doctora María Marta Monacelli contestó la demanda en representación de BBVA Consolidar Seguros S.A.

Opuso en primer término la excepción de falta de legitimación pasiva alegando que el importe reclamado en la demanda corresponde a la renta vitalicia previsional contratada con Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. (hoy Orígenes Cía. de Seguros de Retiro S.A.) y que su mandante –BBVA Consolidar Seguros S.A.- no tiene dentro de su objeto cubrir rentas vitalicias previsionales pues se dedica a la comercialización de seguro de vida previsional, vida colectivo y seguro de vida colectivo obligatorio.

Seguidamente negó los hechos alegados por la actora y dio su versión acerca de la relación jurídica invocada. Dijo que Alicia Susana MMM celebró con Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. (hoy Orígenes Cía. de Seguros de Retiro S.A.) un contrato de Renta Vitalicia Previsional por el que se emitió la póliza nro. 300649. A su vez, la mencionada aseguradora contrató con Z. Seguros un seguro de vida colectivo para sus rentistas, que luego pasó a BBVA Consolidar Seguros S.A.; ese contrato se plasmó en la póliza nro. 100.001 que tuvo vigencia hasta el año 2005, asignándosele luego el nro. 181.361. Aseveró que el pago efectuado al ocurrir el fallecimiento de la asegurada se corresponde con los importes informados por Orígenes Seguros de Retiro en función de los capitales asegurados.

Destacó que la suma asegurada se pesificó de la misma manera que se convirtió el importe de las primas sin que mediara objeción por parte de la asegurada, lo que a su entender implica el consentimiento de la aplicación de las normas de emergencia que ahora cuestiona.

Respondió el planteo de inconstitucionalidad de las leyes que dispusieron la pesificación, solicitando su rechazo.

Ofreció prueba y solicitó que se cite como tercero a Orígenes Cía. de Seguros de Retiro S.A.-

Tercero. A fs. 114/118 la actora respondió el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva propugnando su desestimación.

Tras reseñar las características del seguro de vida contemplado en la ley 17.418, explicó que en el contrato que nos ocupa Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. (luego Orígenes Cía, de Seguros de Retiro S.A.) es el tomador, contratante o promisario, mientras que BBVA Consolidar Seguros S.A. -la demandada- es el asegurador, promitente u obligado por haber sustituido en ese rol a Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A., resultando ser la obligada a satisfacer la pretensión ejercida en este proceso. Descartó que asista legitimación a Orígenes Cía. de Seguros ya que lo que se reclama es el pago del seguro y esta compañía no es la aseguradora sino la tomadora de la póliza.

Agregó que el contrato de renta vitalicia previsional al que hace referencia la demandada no se identifica con el contrato de seguro objeto del reclamo de autos. Manifestó que el primero fue celebrado el 2/2/2000 por su hermana Alicia Susana MMM con Consolidar Cía. de Seguros de Retiro -hoy Orígenes- en calidad de beneficiaria junto con su hijo, y cubría el fallecimiento del cónyuge de la nombrada con una renta vitalicia mensual; aseveró que tal contrato también derivó en un reclamo judicial de trámite ante la Justicia Federal.

Cuarto. A fs. 129 se abrió el juicio a prueba produciéndose a continuación las ofrecidas por las partes.

A fs. 352 se llamaron los autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra consentida.

Y CONSIDERANDO: Primero. Corresponde tratar en primer término la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada.

Al respecto cabe decir que el contrato de seguro de vida colectivo que constituye la causa de la pretensión se encuentra acreditado con la documentación obrante a fs. 16 y 17, que no fue objeto de desconocimiento por parte de la accionada (art. 354 CPC). Tales instrumentos demuestran que el 2/2/2000, mediante la póliza Nro. 300.649, Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. contrató con Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A. -ésta como aseguradora- la cobertura del riesgo de fallecimiento a favor de la asegurada Alicia Susana MMM, que designó beneficiaria a la actora.

Por su parte, la pericia contable de fs. 279/280, da cuenta de que el pago de $ 368.539 efectuado por BBVA Consolidar Seguros S.A. a la accionante -hecho no controvertido- corresponde a la póliza 300.649 originalmente contratada con Z. Iguazú por un seguro de vida colectivo que cubría el riesgo de muerte de Alicia Susana MMM (punto 7). El seguro de renta vitalicia que refiere la excepcionante es otro contrato tomado por Orígenes Seguros de Retiro S.A. mediante la póliza 181.361, vigente desde el 1/1/2005 con distinta cobertura, tanto en lo que se refiere a los riesgos como a la suma asegurada (punto 2 de la experticia).

Ello así, la demanda ha sido correctamente dirigida contra la accionada pues ella es la titular de la relación jurídica que motiva este proceso. En consecuencia la excepción de falta de legitimación pasiva no habrá de prosperar.

Segundo. Tanto el certificado de fs. 16, como las condiciones de la póliza (fs. 17) dan cuenta de que la suma asegurada mediante la póliza 300.649 era de U$S 122.796,30; la respuesta al punto 7 de la pericia contable corrobora esta circunstancia. Concretamente, el certificado de fs. 16 dice que “Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A. se obliga a pagar en su domicilio comercial -una vez constatado el cumplimiento de lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza- los beneficios acordados en la misma a los beneficiarios designados a continuación. Beneficiarios MMM María Cristina 100%. Cobertura: Fallecimiento, … Suma asegurada: U$S 122,796.3”. En las condiciones de la póliza (fs. 22) consta que “la cobertura finaliza el último día del mes indicado en el formulario que se le entrega y por el cual se toma conocimiento del capital asegurado”. No analizo los documentos de fs. 19/20, 27 y 72/77 porque se refieren a las pólizas 100.001 y 181.361 que -como quedó dicho- corresponden a otra cobertura; al menos ello es lo que surge del dictamen de fs. 279/280 y la demandada no ha arrimado elementos de prueba que abonen su versión en distinto sentido.

Vale recordar que, complementariamente con la Ley de Seguros, son de aplicación al caso las normas de la ley 24.240, ya que la beneficiaria de un seguro de vida se encuentra comprendida entre las personas amparadas por dicha ley en virtud de lo dispuesto por su art. 1°, segundo párrafo. En consecuencia pesaba sobre la aseguradora la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obraran en su poder y prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida (art. 53 LDC).

Reitero que el pago de $ 368.539 que efectuó BBVA Consolidar Seguros S.A. el 3/12/2012 se relaciona con la póliza 300.649, cuyo capital asegurado era U$S 122.796,30 y corresponde a un seguro de vida colectivo originalmente contratado con Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A. (punto 7 de la pericia contable). Este pago echa por tierra con la versión expuesta al contestar la demanda en el sentido de que esa póliza corresponde a un seguro de renta vitalicia previsional e importa un reconocimiento de la existencia del contrato de seguro de vida invocado por la actora.

Tercero. Acreditada la existencia del contrato, la cuestión se circunscribe a determinar la integridad del pago efectuado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado doctrina sobre la cuestión en el precedente “Vaismann” (Fallos 332:1082), de análogas características al que nos ocupa. Sostuvo allí el Máximo Tribunal “que con independencia de la naturaleza jurídica del contrato que aquí se trata, lo cierto es que éste ha quedado inserto en el régimen de emergencia cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que, a los fines de decidir la cuestión debatida en el sub examine basta señalar que, en razón de las circunstancias del caso, resulta aplicable -en lo pertinente- la doctrina de la causa “Longobardi” (Fallos: 330:5345)”. Con tal fundamento se condenó a la compañía de seguros demandada -por aplicación del principio del esfuerzo compartido- a pagar a los actores la diferencia entre lo ya percibido y la suma que resultara de aplicar al importe asegurado las pautas de conversión a pesos establecidas en el precedente “Longobardi”.

Contrariamente a lo que sostiene la actora, no es de aplicación al caso la doctrina de las causas “Benedetti” (Fallos: 331-2006) y “Alvarez” (Fallos: 332:253) ya que no cabe asimilar el seguro de vida con el de retiro o de renta vitalicia -situación ésta analizada por la Corte Suprema en esos fallos-, dada la naturaleza previsional de estos últimos y su vinculación con el sistema de seguridad social amparado por el art. 14 bis de la CN.

A diferencia de esas situaciones particulares, en casos como el que nos ocupa el Superior Tribunal ha aceptado la realidad de la situación de grave perturbación económica, social y política admitida por la ley 25.561 (Fallos: 327:4495; 328:690 y en las causas M.2771.XLI “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1570/01 y otro s/ amparo – ley 16.986” del 27 de diciembre de 2006), reconociendo la existencia de un derecho de emergencia originado por circunstancias excepcionales, ponderando su proyección a las relaciones entre particulares durante los períodos afectados y la necesidad de realizar el control constitucional de razonabilidad de las medidas dictadas para paliar los conflictos generados por la crisis (R.320.XLII “Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra” del 15 de marzo de 2007). Estas ponderaciones sustentan la constitucionalidad de las normas de emergencia en el caso de los seguros regulados por los arts. 128 y siguientes de la ley 17.418.

En razón de la autoridad del Tribunal y su condición de último intérprete de la Constitución Nacional entiendo que no cabe sino resolver en igual sentido la controversia planteada en estos autos.

Cuarto. La actora trae a colación lo dispuesto por el art. 9, último párrafo del decreto 905/02 que establece que en las pólizas pactadas en moneda extranjera que hayan sido garantizadas expresamente al tomador por la casa matriz del exterior, las obligaciones de los aseguradores emergentes de la póliza deberán cancelarse según los términos originalmente acordados entre las partes.

Considero que esta norma de excepción no es de aplicación al caso. No se ha acreditado que Z. Iguazú Cía. de Seguros S.A. tuviera en la fecha del contrato una casa matriz en el exterior; y, si así fuera, que ésta haya garantizado expresamente -como lo requiere la norma- a Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. la póliza contratada en moneda extranjera a favor de Alicia Susana MMM. Tampoco se ha demostrado que BBVA Consolidar Cía. de Seguros S.A. haya hecho lo propio al tomar las pólizas de Z., ni que la circunstancia de tratarse de un “grupo global” de servicios financieros haya tenido incidencia en tal contratación.

El argumento que para algunos justifica la aplicación de la norma citada aun cuando no hubiera garantía expresa de la casa matriz, radica en que no puede ampararse a quien incrementó su cartera de clientes colocándose a la hora de vender fuera del “riesgo argentino” dando a entender que su fortaleza era mayor que la de sus competidores nacionales, y luego, a la hora de cumplir con sus obligaciones pretende colocarse al nivel de empresas locales afectadas por el “riesgo argentino”. Quienes así opinan consideran que ello equivale a otorgar la garantía de la cual habla el artículo 9 del Decreto 905/02, “in fine” aunque ello no conste en la póliza. Al respecto debo decir que tampoco encuentro acreditado que las mencionadas circunstancias hayan incidido en la contratación del seguro tomado por Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. (hoy Orígenes Cía. de Seguros de Retiro S.A.) para cubrir el riesgo de fallecimiento de la asegurada.

Quinto. Por los fundamentos que vengo exponiendo la demanda habrá de prosperar parcialmente, aplicando la doctrina del esfuerzo compartido enunciada en el art. 8 del decreto 214/02. Ello así, para determinar el monto de la obligación corresponde convertir a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio —tipo vendedor— del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, previsto en las normas de emergencia económica (CER) arroje un resultado superior. El cálculo deberá hacerse según la cotización del día en que la demandada efectuó el pago de $ $ 368.539 para determinar la entidad del saldo deudor, y aplicar a éste las pautas referidas al momento de su efectivo pago.

Sexto. Para determinar la tasa de interés corresponde tener en cuenta que el art. 4 del referido decreto 214/02 prevé una tasa mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. La CSJN en la causa “Longobardi” -Que luego manda aplicar “en lo pertinente” al caso de los seguros de vida- fijó un interés el 7,5% anual no acumulativo, comprensivo de intereses compensatorios y punitorios en función de que se trataba de un préstamo dinerario. Por su parte, en el fallo “Massa” (M.2771.XLI) el Tribunal consideró adecuado fijar una tasa mínima del 4% anual para los depósitos.

El caso de autos no se identifica con ninguno de estos supuestos, por lo que corresponde determinar la tasa aplicable para el cálculo de los intereses, que son aquí exclusivamente compensatorios. A tal fin considero razonable fijar un interés del 5% teniendo en cuenta que el 7,5% adoptado en “Longobardi” comprendía intereses compensatorios y punitorios y que generalmente estos últimos se pactan en el 50% de los primeros.

Séptimo. Las costas deberán ser soportadas por la demandada que resulta vencida (art. 68 del CPC).

Por estas consideraciones y lo que dispone el art. 163 del Código Procesal FALLO esta causa seguida por MARIA CRISTINA MMM contra BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. haciendo lugar a la demanda y condeno a la demandada –por aplicación del principio del esfuerzo compartido- a pagar a la accionante la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por un dólar estadounidense, más el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio, tipo vendedor, del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización CER arroje un resultado superior, con más una tasa de interés del 5% anual, no capitalizable desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago, debiendo computarse como pago a cuenta la suma abonada por la demandada según lo expuesto en el considerando 5to.

Costas a la demandada. La regulación de honorarios se difiere hasta la oportunidad en que se practique la liquidación de la suma adeudada (art. 51 de la ley 8904). Notifíquese por cédula a las partes y al mediador designado (art. 135 inc. 12 del Código Procesal y 27 del decreto 2530/2010). Resérvese copia (Ac. 2514).

Comentarios

  1. Sergio

    Hola, excelente nota.

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