Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Arriba

2 Comentarios

Accionó legalmente para cuidar la plaza y ahora el Gobierno la demanda a ella

| El 20, May 2017

Una vecina presentó un amparo para preservar la plaza de Recoleta. Ahora, el poder ejecutivo de la Ciudad le inició una acción judicial millonaria en su contra por daños y perjuicios. Abajo podés escuchar un audio con la entrevista. Actualizado al 14 de junio de 2017.

Los espacios verdes y el subte

La extensión del subte H, estación Facultad de Derecho, se iba a construir en un área que la ley no había aprobado, parte de la plaza Intendente Alvear. La paisajista demandó para que se localizara frente al Centro de Convenciones.

La plaza que comunmente se llama “Plaza Francia” fue diseñada en 1897 por el paisajista Carlos Thays e integra un área de protección histórica (APH), por lo que estaba prohibido excavarla y alterar su diseño y talar su arbolado de años.

Por eso el poder judicial ordenó suspender la obra mediante una medida cautelar. Tiempo después, el gobierno porteño relocalizó la estación de subte en la plaza República Federativa de Brasil, junto a la Facultad de Derecho. Pero éen noviembre de 2014 el Gobierno de la Ciudad demandó por daños y perjuicios a Berjman, Pusso y Basta de Demoler por la suma de $ 24.000.000.

“Siempre luché por la defensa del patrimonio histórico de Buenos Aires. Pero nunca imaginé que por ejercer mis derechos de ciudadana iba a ser demandada por el Gobierno. Todavía sigo sin entenderlo”, dice Sonia Berjman al Diario Perfil (Claudio Corsalini publicó la nota).

Quien presentó la acción de amparo tiene vastos antecedentes, es doctora en Historia del Arte y Paisajismo Urbano, tiene doctorados en la UBA, la Sorbona de París, y un posdoctorado de Harvardy es la primera porteña demandada por un gobierno comunal. En este caso, porque presentó un amparo que resultó en la relocalización de las obras de la estación Plaza Francia de la línea H del subte, que el Ejecutivo había comenzado en la plaza Intendente Alvear (parte de esa área verde) de Recoleta, en 2012, que frenó las obras.


PUBLICIDAD

Ella explicó que la decisión de instalar la estación en esa plaza violaba un área de protección histórica y hasta la misma ley del subte H (la 317) determinaba el nombre de la estación como Plaza Francia, pero decía que su ubicación debía ser cercana a la Facultad de Derecho”, asegura Berjman en su charla con el diario Perfil.  Y prosigue:

“De haberse instalado donde el Gobierno pretendía, la plaza hubiese recibido un gran caudal de gente que iba a terminar afectando todo el entorno de ese espacio verde histórico diseñado por Carlos Thays en 1897” . “Nunca me opuse al subte, al contrario. Sólo pedía que reubicaran la estación frente a la Facultad de Derecho, donde finalmente lo hicieron”.

Aunque el año pasado el GCBA le propuso desistir en la demanda por $ 24 millones, que incluye además a la ONGBasta de Demoler, Berjman no aceptó el arreglo. Si la causa, que hoy está a la espera de una instancia superior, prospera Berjman debería pagar unos $ 3 millones en costas judiciales. “Aceptar ese acuerdo sería admitir que cometí un ilícito. No fue así: sólo defendí un espacio verde histórico”, señala.

Argumentos. La demanda fue presentada en septiembre de 2014 por el Ejecutivo porteño, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Procuración de la Ciudad. Lo hizo en respuesta a los amparos presentados en 2012 por Berjman y la ONG Basta de Demoler –representada por su vicepresidente, Santiago Pusso–, que frenaron por casi un año las obras de la estación Plaza Francia de la línea H.

En la acción judicial, la Ciudad reclamó un resarcimiento por daños y perjuicios de casi $ 24 millones. Según el expediente de la causa, los amparistas actuaron “con el solo propósito de obstruir una obra pública destinada a la prestación de un servicio” y tenían como finalidad “impedir o entorpecer la gestión del gobierno (…), ya que luego abandonaron voluntariamente el litigio en lugar de seguir defendiendo el derecho presuntamente violentado por la obra”.

Mientras la obra estuvo demorada, la Legislatura determinó la relocalización de la estación cabecera cerca de la Facultad de Derecho y del Centro de Convenciones. “Mi error fue firmar el amparo como persona física. Si lo hubiera hecho como parte de la ONG me hubiese ahorrado unos cuantos disgustos. Tras recibir la demanda, lloré dos años seguidos”, agrega.

“El daño que se iba a infringir al patrimonio paisajista de Buenos Aires hubiese sido similar a querer construir una estación de subtes en medio del Central Park o en los Jardines de Luxemburgo, en París”, explica. Su caso, sin precedentes en el país, llegó al exterior, desde donde recibió muestras de apoyo. Entre ellas, una petición en Change.org, que lleva recolectadas unas 2.300 firmas en 46 países.

 

 

Las opiniones sobre la causa

“La voluntad de acordar está firme”. La causa se encuentra hoy en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad a la espera de ser enviada a una instancia superior. Andrés Gil Domínguez, abogado de Berjman, explicó que “no hicieron lugar a las excepciones que interpusimos, tanto por el monto de la demanda como por la inconstitucionalidad de la misma”. “(Berjman) es titular de un derecho colectivo y, a su vez, tiene derecho a defender el patrimonio urbano de la Ciudad como cualquier vecino”, agrega el representante.

El gobierno porteño, en tanto, reconoce que, si bien impulsó un acuerdo para no seguir con el juicio, ese acuerdo no se concretó por “diferencias a la hora de determinar quién afrontaba” las costas judiciales.

“Es un juicio que recién empezaba, y en el que ni siquiera se contestó la demanda. Si desde la Ciudad se impulsa dejar de litigar, es lógico que cada una de las partes se haga cargo de los honorarios de sus abogados”, aseguraron fuentes de ese organismo porteño. “De todas maneras, el tema sigue abierto y no lo damos por perdido. La vocación de acordar está firme y esperamos que esas diferencias se puedan superar”, señalaron fuentes de la Procuración de la Ciudad a PERFIL.

“La demanda es un acto de amedrentamiento a la sociedad civil”, indicó Gil Domínguez en su charla con este diario. “Hay que tener en cuenta que al amparo que presentó Sonia le dieron curso dos jueces. Hizo una petición y fue demandada. No tiene razón de ser”, sostuvo.

Para el abogado Gil Domínguez, “la única salida sería que el Gobierno desestime la causa”. “Si bien asumieron que la presentación fue un error, no quieren correr con las costas judiciales. Por eso ofrecieron un acuerdo en el que sostenían que Berjman debía hacerse cargo de los mismos. Algo que no va a ocurrir”, señaló por último el representante legal de la historiadora.

Roberto Gargarella, doctor en Derecho, dijo que “el gobierno debería darle las gracias a Basta de Demoler en lugar de sancionarla económicamente. A esa y a todas las ONG que lo ayudan a pensar las medidas que toma”. También consideró que la demanda “puede llegar a afectar derechos ciudadanos”.

Voceros oficiales sostuvieron que la causa “en absoluto busca desalentar la participación ciudadana. Responde a medidas infundadas que perjudicaron el interés público en materia de transporte y generaron daño económico por los gastos extra”.

Fuentes: LN, Perfil y Wikipedia

 


 

Nota en radio Belgrano, programa de Pablo Duggan

 

 

 

Y ahora el cine Urquiza

Según informa el sitio Observatorio de la Ciudad, ahora demandan a vecinos del Cine Urquiza. Se reproduce la nota:

Desde el año 2013, la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza[1] venimos pidiendo que el Cine Teatro Urquiza no sea demolido a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, de acciones de amparo y de manifestaciones ciudadanas.

Esta semana a integrantes de la Asamblea les llegó una carta documento citándolos a una mediación. Es la instancia previa para iniciarles un juicio por daños y perjuicios. La empresa que inicia esta persecución judicial es “Establecimientos Campana S.A.”, propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza.

Esta empresa quiere demoler el Cine Teatro Urquiza para construir un edificio de más de 30 m de altura.

El 16 de enero de 2017, La Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecúa a la ley. También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

La Ley Nacional N° 14.800 establece en su Art. 2º que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Asimismo, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio.

El proyecto presentado apuntaba a una construcción de una “sala” de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro era de 1.114,40 m2 y la propuesta de la empresa es de 208,30 m2. Surge con claridad que el proyecto no se ajusta a lo prescripto por el art. 2º de la Ley Nacional Nº 14.800 ni al art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.
Ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar a los integrantes de la Asamblea.

Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, como es el caso de Basta de Demoler o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinxs de Roccatagliata, o ha tercerizado en ONGs afines al PRO como fue “la Asociación Los Verdes” contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad[2]. Una vez más, los ciudadanos que defienden los bienes comunes de los porteños, su historia y su cultura son perseguidos por los que ven la ciudad sólo como un espacio para hacer negocios.

Para frenar con esta persecución y no permitir que empresarios amedrenten a ciudadanos le pedimos a la Legislatura porteña que en forma urgente aprueben estos proyectos de ley para que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.

1. Proyecto de Ley N° 385-P-2016: Presentado por lxs vecinxs. Tiene por objeto catalogar con nivel de Protección Estructural el Cine Teatro Urquiza. (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Planeamiento Urbano)
2. Proyecto de Ley N° 1794-F-2016: Presentado por Alejandro Amor Defensor del Pueblo de la Ciudad que tiene por objeto Catalogar con nivel de protección Cautelar, autorizando en la sala teatral y en la fachada solo el grado de intervención N° 1. (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Planeamiento Urbano)
3. Proyecto de Ley N° 828-P-2017: Tiene por objeto declarar de utilidad pública al Cine Teatro Urquiza, disponer su expropiación y su puesta en valor. Cuenta con el apoyo de 13 bloques de los 14 de la Legislatura porteña (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Cultura)

(fuente: http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=134)

Comentarios

  1. Martín

    Estás contando la historia de un sólo lado Sergio. Gracias a esta buena señora que no debe tener que viajar en subte, tuvieron que reubicar la estación en un lugar menos conveniente, y ahora la línea H no va a ir por Libertador hasta Retiro como era el proyecto original (MUCHO más útil para todos los que viajamos que la traza que se inventaron, después de tener que desviar para reubicar la estación, por la Villa 31 y el puerto – y que probablemente nunca hagan-). Porque se ve que toda la gente del Buenos Aires Design/Hard Rock, etc. No afecta a la plaza.

  2. Nicolas

    “una petición en Change.org, que lleva recolectadas unas 2.300 firmas en 46 países.”, se jugaron, che… 2300 firmas. Conseguís más likes en facebook en 5 minutos. No entiendo el artículo, la idea es marcar a una heroína que luego el malvado gobierno quiere sacarle plata? Si la demandada hizo una denuncia es mayor de edad y es suficientemente responsable de sus actos, para bien y para mal. Si es realmente inocente y no cometió ilícito, la justicia la absolverá y listo. Hay un sistema judicial, la justicia por clicks en un sitio web por suerte no existe.

Dejar un comentario