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Detalles del proyecto de ley sobre responsabilidad penal de sociedades

| El 27, Sep 2017

Avanza ahora el proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concreto, se propone innovar en la posibilidad de que las sociedades y entidades también puedan cometer delitos y ser penalizadas. Los detalles.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Hay distintas posturas sobre el punto. Carolina Bressia resenó en Pensamiento Penal algunas.

“Hay una expresión latina que es societas delinquere non potest, con la cual se indica que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Mucha parte de nuestra doctrina piensa así y sostiene que la legislación argentina no recepta la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Esta postura se basa en que todo delito es una conducta humana.

El derecho penal de acto garantiza que no se sancione a las personas por lo que son o por lo que piensan, sino por acciones humanas que afecten bienes jurídicos de terceros. En consecuencia, entienden que las sociedades comerciales no son capaces de conducta y apoyan esta afirmación en normas de jerarquía constitucional (arts. 18, 19, 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y arts.11, 2° párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humano; el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Uno de los principales sostenedores de esta postura es el juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, quien en el precedente Fly Machine (voto en disidencia) descartó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues “la capacidad penal de una sociedad implica la derogación de los principios que rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena”. Culpabilidad significa reprochabilidad a quien eligió lesionar bienes jurídicos de terceros cuando podía y tenía la libertad de no hacerlo. Por eso no se le puede reprochar penalmente a la persona jurídica el hecho de sus dependientes o de cualquier otro que actúe en su nombre.


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Pese a estos fundamentos, desde hace casi un siglo que tenemos varias leyes –algunas en vigencia, otras no– que aplican penas o sanciones a personas jurídicas por ciertos delitos. Ejemplos: ley 11.210 de represión de la especulación y de los trusts, la ley 23.554 de defensa nacional, ley 20.680 de abastecimiento, ley 19.359 de régimen penal cambiario o el código aduanero (ley 22.415). Se trata de leyes especiales (pues no integran el Código Penal) que prevén expresamente las acciones típicas (delitos) que pueden cometer las personas jurídicas y los tipos de pena que les son aplicables. Sin embargo, no existe acuerdo en la jurisprudencia en cuanto a los alcances de esa responsabilidad.

En la propia Cámara Nacional en lo Penal Económico existen dos posturas distintas: la Sala A, respecto del art. 887 del Código Aduanero, entiende que el Código Procesal Penal de la Nación no prevé el procesamiento de una persona jurídica, siendo esa medida de utilidad únicamente respecto del embargo que se dicte en la causa a efectos de garantizar el cumplimiento de las penas pecuniarias que pudieran aplicarse a las personas físicas que al menos actúen en su nombre. Por su parte, la Sala B de esa Cámara admite la responsabilidad de una persona jurídica incluso en los casos en que no existe una sanción a una persona física.”

 

 

El nuevo proyecto de ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas

El nuevo proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurídicas implica una innovación. Así por ejemplo, penaliza con multa de entre el uno por ciento (1%) y el veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión total o parcial de actividades, y suspensión del uso de patentes y marcas, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.

La norma incorpora el concepto de compliance entendido como lo definió el Comité de Basilea: “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”)”. Esto se enmarca en la lucha contra la corrupción según standards de la OCDE.

Según Nicolás Durrieu, socio de Durrieu Abogados, la comisión de Justicia y Penal del Senado aprobó un dictamen la semana pasada y que hoy se aprobaría en pleno que contiene estos puntos:

– El proyecto pasó de abarcar todos los delitos del código, a limitarlo a los más importantes contra la administración pública (de corrupción) tales como el cohecho local y extraterritorial y balances falsos. De esta manera vuelve al proyecto original del PEN. Hubiera sido mejor que incluyeran a otros delitos que suelen concurrir, tales como el delito de lavado de activos y otros vinculados con el crimen organizado.

– Se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública (de corrupción) que agregó el Massismo en diputados. Hubo consenso de todos los bloques ya que generaría una inseguridad jurídica que vulneraría el principio constitucional de ser juzgado en un plazo razonable (art. 8, inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Justamente, si queremos que los procesos no sean interminables, esto lo hubiera fomentado ya que el juez no tendría plazo para investigar. El foco debe darse en exigirle a los jueces que actúen con celeridad y no darles un plazo indefinido. La justicia lenta no es justicia (estudios demuestran que duran un promedio de 14 años), y cuanto más pasa el tiempo la prueba desaparece y los testigos fallecen.

– Se establece una prescripción única y especial de 6 años para las personas jurídicas, la cual resulta mayor y diferente –ya que depende del máximo de cada delito, art. 62, inc. 2 del CP)- a la establecida por el código penal para las personas físicas. Se dejó a salvo la aclaración que se aplica la suspensión o interrupción de la prescripción establecida en el código penal. Cabe destacar que el art. 67, segundo párrafo, del Código Penal establece que se suspende la prescripción (es decir se comienza a contar desde) hasta que todos los funcionarios públicos involucrados en el hecho dejen su función.

– Se establece una multa de 2 a 5 veces el valor de la ganancia. En el proyecto girado por Diputados la multa se basó en el 10% de los ingresos brutos obtenidos por la sociedad en el ejercicio anterior, lo cual puede llegar a sumas siderales y que en el plano jurídico se la cuestionó ya que el monto no tiene relación con el hecho, vulnerándose así derechos constitucionales

– Se agregó que el pago de la multa puede ser fraccionado durante 5 años si peligran los puestos de trabajo.

– Se agregó la necesidad que las sociedades que contratan con el Estado Nacional tengan un programa de integridad adecuado.

– Se mantuvo el acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal

– Se eliminó la responsabilidad solidaria de la persona jurídica controlante por hechos cometidos por la sociedad local. (art. 4 del proyecto girado por diputados). Ello no quita que de todas maneras la persona jurídica pueda ser responsable en razón de los principios de autoría y participación criminal del Código Penal (art. 45 y 46).

– Se eliminó la responsabilidad de la persona jurídica por los hechos cometidos en el marco de acuerdos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso. Ello no quita que de todas maneras la persona jurídica pueda ser responsable en razón de los principios de autoría y participación criminal del Código Penal (art. 45 y 46).

– Se agregó como exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la sociedad haya realizado una autodenuncia de manera “espontánea”, que devuelva el beneficio obtenido y que tuviera un programa de cumplimiento adecuado. Espontáneo se refiere a que no sea como consecuencia de una denuncia, inspección o requerimiento de alguna autoridad pública. La inclusión de una denuncia espontánea de la empresa para que se extinga su responsabilidad, es una propuesta de mi autoría ante los asesores de los Senadores (yo fui asesor allí el año pasado).

De esta manera se le dan incentivos a la empresa para que colabore con las autoridades antes que se inicie un proceso penal. Recordemos que antes se establecía una responsabilidad objetiva y automática de la persona jurídica por hechos de sus dependientes, y no se le daba posibilidad de que se excluyera su responsabilidad si había hecho las cosas debidamente. Además de esta manera se muestra que los controles internos funcionaron si detectaron el hecho ilícito de un empleado. Esta posibilidad ya se encuentra establecida en el art. 16 de la ley 24.769 (penal tributaria).

 

«¿Cómo que no hay más sanguches de miga?»

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