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El mapa de medios de comunicación

| El 26, Jul 2017

Se habla de “convergencia”, que un medio tienda a ofrecer distintos servicios, como telefonía, TV, streaming y más. Pero cómo es el mapa de medios en Argentina. Se reproduce una nota de José Crettaz publicada originariamente en Media Telecom.

Crece en Argentina la competencia en telecomunicaciones

Por José Crettaz*

En la Argentina de 2017 hay un sólo proveedor relevante de triple play –acotado a una franja del área metropolitana de Buenos Aires, Telecentro–; hay prácticamente un sólo operador de TV satelital directa al hogar –DirecTV–; por la puerta de la mayoría de los ocho millones de hogares conectados a la TV de paga pasa sólo una red de cable –Cablevisión, Supercanal o alguna de las otras 700 empresas medianas y pequeñas que escasamente superponen sus redes–; las dos compañías de telefonía básica surgidas de la estatal privatizada en 1989 prácticamente conservan su presencia en las que fueron sus respectivas zonas exclusivas, Telecom y Telefónica –algo que se desreguló en 1998.

Y las tres empresas de celulares se reparten el país casi de la misma forma en la que lo hacían cuando operaban en áreas exclusivas de hecho o por derecho: Claro de América Móvil, que compró la operación de CTI Móvil (la empresa que surgió para dar telefonía celular en las provincias), es fuerte en el Centro y Norte del país; Movistar y Personal lo son respectivamente en el Sur y Norte y concentran su pelea en la gran metrópoli rioplatense (Telefónica Movistar tiene mayor presencia porque adquirió en 2004 Movicom, la compañía fundadora de la movilidad en la capital argentina). Por si fuera poco, la venta conjunta de servicios fijos, móviles y de TV (estrategia usada por las telefónicas y DirecTV durante algún tiempo) fue prohibida judicialmente, y a Cablevisión nunca se le asignó la numeración requerida para dar telefonía fija, cuando ese servicio todavía tenía demanda.

Por razones regulatorias, caprichos políticos y conveniencias económicas, en la Argentina no hay competencia en el mercado de las comunicaciones convergentes. De hecho, ese mercado convergente aún no existe como tal (el usuario, a cuyo hogar llegan al menos dos redes de acceso fijas y una móvil, se ve obligado a comprar distintos servicios a distintas empresas por valores que sumados superan lo que por prestaciones de mayor calidad se consiguen en otros mercados). El kirchnerismo –que gobernó el país entre 2003 y 2015– profundizó ese esquema (y no sólo en el sector de telecomunicaciones) con la creencia de que podía controlar precios y productos amenazando a los ejecutivos de pocas compañías privadas, dependientes de recursos o decisiones públicos como el espectro o las licencias.

En este contexto, podría decirse que la única competencia seria se dio estos años entre tecnologías en el ámbito de las redes fijas: el cablemodem venció ampliamente al ADSL en la oferta de acceso a Internet de banda ancha y convirtió a Cablevisión (ahora escindida de Grupo Clarín, con la que conserva accionistas controlantes) en líder en ese mercado. Y en el servicio de TV de paga, donde sólo el satélite compite a escala nacional con el cable.


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La falta de inversión en redes de fibra óptica dejó a las telefónicas –enfocadas en reconstruir sus operaciones móviles– muy atrás en ese capítulo central de la infraestructura básica de comunicaciones. La explicación que estas empresas dan ahora para justificar ese hecho (que hasta hace pocos meses no reconocían) es que regulatoriamente estaban impedidas de dar televisión y por eso era imposible argumentar sobre planes de inversión ante los accionistas. En frente, Cablevisión (al igual que otras compañías medianas, pymes y cooperativas) siguió expandiendo su red de fibra aún en medio de la manifiesta animosidad del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).

Como hemos señalado en otras oportunidades, en los últimos 15 años, la Argentina pasó de los primeros lugares en la oferta de conectividad y comunicaciones en América Latina a modestas posiciones en la mitad de la tabla e inventó categorías nuevas en la lista de tragedias dentro de este campo: el apagón móvil masivo provocado por la saturación de las redes 3G, por ejemplo. Tras la licitación de espectro para 4G de 2014, las fuertes inversiones ad hoc de los operadores y el rápido despliegue de las nuevas redes, esa crisis de los servicios móviles está superada. Pero hay otra que asoma en el frente: la saturación de la pobre infraestructura fija. Menos de 3 por ciento de los hogares argentinos tiene fibra directa al hogar (FTTH), lo que pone al país a la cola de la región en acceso a este tipo de red. Ese porcentaje ni siquiera varía en las zonas más acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano Norte, áreas que muestran los mejores indicadores socioeconómicos del país.

De manera sinuosa, con engendros regulatorios, marchas y contramarchas, la administración del presidente Mauricio Macri –que gobierna con minorías parlamentarias en ambas cámaras– se encamina a alcanzar el objetivo que se había trazado en este ámbito al inicio de la gestión: crear un mercado convergente eliminando las barreras políticas y regulatorias que lo impidieron durante más de 15 años. Y empujar así la competencia para generar las inversiones necesarias que construyan la infraestructura aún inexistente.

Así, la Argentina está configurando un nuevo mercado de comunicaciones, que ya no tendrá grandes exclusiones –todos podrán competir contra todos– y que empezará a concretarse el 1° de enero de 2018 cuando por fin todas las empresas puedan ofrecer servicios empaquetados de televisión, banda ancha y telefonía fija y móvil. A esos paquetes, dichas compañías podrán sumar propuestas OTT de diverso tipo y servicios de seguridad, salud y educación ahora inexistentes. Eso, sin contar la potencialidad que se observa en el ámbito del hogar conectado, la ciudad inteligente y la creciente demanda de conectividad para productos como el video de calidad 4K, entre muchos otros. Los precios deberían bajar, expresión que las empresas no quieren escuchar y que –en un contexto inflacionario, que aunque a la baja se mantendrá hasta 2019– podrían contra ofertar con servicios de mayor calidad. Como los que cualquier argentino encuentra cuando visita a familiares o amigos después de diez horas de vuelo o aquí nomás, en países limítrofes.

Como es frecuente observar en el resto de los países desarrollados (y también en la mayoría de las economías emergentes latinoamericanas), habrá en la Argentina tres grandes operadores privados de telecomunicaciones convergentes –aún resta saber si podrán combinar tecnologías, como el satélite, 4G y fibra o si una vez más se impondrán exclusiones regulatorias arbitrarias.

Pero la Argentina muestra una particularidad que otros mercados no tienen: 30 por ciento de su población vive en 70 por ciento del territorio, que es atendido por unas mil pequeñas empresas y cooperativas de telecomunicaciones. Allí, en localidades de menos de 80 mil habitantes seguirán operando esas empresas (protegidas regulatoriamente), cuyo proveedor mayorista empieza a ser principalmente la empresa estatal Arsat. Algunas de esas pymes –que impulsaron el despliegue de FTTH y generaron alianzas innovadoras con grandes proveedores de contenidos, como el acuerdo HBO-Colsecor– son muy competitivas en sus áreas de cobertura y se preparan para ingresar en esas mismas zonas con servicios móviles –recurriendo a distintas estrategias, que incluyen formatos puros de MVNO o híbridos con redes locales propias.

La Argentina tendrá finalmente una nueva estructura de mercado que le permitirá a los usuarios acceder por primera vez en su historia a distintos oferentes de productos y servicios de comunicación, y a una mayor competencia. La fusión Telecom-Cablevisión, la más anticipada de la historia económica reciente del país –con antecedentes de casi una década–, le pone a Telefónica y Claro de América Móvil una presión competitiva que nunca habían tenido en el mercado argentino, en el cual estuvieron mayormente cómodas durante el kirchnerismo.

Por primera vez, la filial argentina de Telefónica de España verá disputado el primer lugar entre los operadores y, casi de inmediato, tendrá a la filial local de Claro de América Móvil (que tiene más fibra tendida de la que aún pudo iluminar) peleándole también el segundo puesto. Ambas mantienen desde hace años discretas conversaciones para adquirir a los cableoperadores medianos que hay en el país, propiedad de ex dirigentes políticos devenidos en empresarios como el ex presidente peronista de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri (Telecentro), y el también peronista ex ministro José Luis Manzano (Supercanal), entre otros. Todo eso sin considerar que el segundo mayor operador de televisión de paga del país –y prácticamente el único satelital– es DirecTV de AT&T (con 30% del mercado).

La operación entre Fintech (David Martínez) y Cablevisión Holding también obligará a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a trabajar sobre una de las mayores fusiones recientes, en un mercado que ya vio fusionarse dos cableoperadores (Cablevisión y Multicanal) en 2006 y dos operadores móviles (Unifón y Movicom) en 2004 –ambas operaciones redundaron en mejoras para los usuarios. Y que tuvo un papel controvertido en 2010, cuando autorizó el ingreso de Telefónica de España en el holding europeo Teco, accionista de Telecom Italia, controlante de Telecom Argentina, situación que cesó en 2015.

La CNDC –que según la ley 25.156 de 1999 debió haber sido reemplazada por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia– ha sido un órgano operativo del Poder Ejecutivo nacional. A tal punto, que cuando asumió el gobierno la alianza Cambiemos, en ese ente había más empleados que escritorios, y más escritorios que computadoras, y no es broma. Con el nuevo gobierno (que prevé enviar al Congreso una nueva ley antitrust), la autoridad de la competencia ya mostró los dientes al romper con el cuasimonopolio que un consorcio de bancos tenía en el mercado de las tarjetas de crédito y avanzar en varios procesos de análisis en sectores clave. En telecomunicaciones, el problema no es que haya menos competencia. La clave es cómo lograr que por primera vez haya competencia convergente efectiva.

Además, puede ser que el gobierno del presidente Macri –confeso admirador de Arturo Frondizi, presidente desarrollista derrocado en 1962– encuentre atractiva la idea de que una empresa de capitales argentinos se convierta en un operador regional en telecomunicaciones (Cablevisión tiene presencia en Uruguay y Telecom en Paraguay). ¿Podría ser el próximo paso de la empresa fusionada adquirir una operación de televisión satelital en el Cono Sur? Horas después de anunciada la fusión, Telecom compró en Paraguay la filial local de la chilena TuVes HD, cuya oferta –mayormente de marca blanca– tiene pisada regional. Tal vez pueda ser esa una señal de lo que sigue, y de lo que entusiasma al componente corporativo de la actual administración (que no por casualidad suele ser acusado de “gobierno de los CEO”).

Analistas de estos sectores que tuvieron entre 2003 y 2015 un papel crítico más modesto, señalan ahora los inconvenientes que aparecen en el camino de la convergencia en la Argentina. Muchas de las asimetrías reales que asoman en el horizonte se produjeron en los últimos 15 años precisamente por los planteos retrógrados que muchos de ellos vienen sosteniendo y que, en función de las necesidades políticas provincianas, algunos gobiernos convirtieron en leyes y reglamentos. Aquellos analistas descubren ahora la necesidad de la competencia cuando está a punto de comenzar pero sin terminar de advertir que la tienen enfrente.

Es cierto que la nueva Telecom-Cablevisión tendrá que defender su fusión en algunas ciudades importantes, como la capital de la provincia de Córdoba, donde en servicios de banda ancha tendrá una fuerte preponderancia. Esos analistas se rasgan las vestiduras con esa realidad pero han ignorado los últimos 20 años que la mayoría de las localidades del interior del país (cientos de pueblos y ciudades) tuvieron y aún tienen de hecho un monopolio en ese servicio: el ADSL de baja calidad de la telefónica privatizada que corresponda a la zona, Norte o Sur. Ese monopolio fue moderándose en algunos lugares por la inversión de los cableoperadores, mayormente pymes y cooperativas, que hasta la reciente expansión de la estatal Arsat –un activo valiosísimo puesto en marcha por el kirchnerismo– estuvieron condicionados por los valores de la conexión mayorista, también principalmente a cargo de las incumbentes. La Argentina necesita más pensadores como aquellos “locos” solitarios que hace 30 años previeron en Estados Unidos lo que ocurre hoy y subrayaron ya por entonces la vinculación entre el acceso a las nuevas tecnologías (de la conectividad) y las oportunidades de desarrollo individual y social.

En Córdoba, donde la nueva Telecom-Cablevisión tendrá en banda ancha 95 por ciento del mercado (aunque deberá mejorar mucho la infraestructura aportada por la telefónica), hay una vitalidad extraordinaria en materia de comunicaciones con empresas cooperativas y pymes que rodean esa metrópoli del centro del país y que podrían –paradójicamente– ser aliados fuertes de los incumbentes fijos o móviles que planteen competencia.

El hecho de que Córdoba, la segunda ciudad del país, tenga sólo dos redes –el coaxil de Cablevisión y el cobre de Telecom, con alternativas de menor cobertura–es un indicador del atraso que hay en la Argentina en telecomunicaciones. Si los mecanismos del mercado (el atractivo de una ciudad densamente poblada con un gran conurbano en una zona económicamente pujante) no funcionan, el Estado tendrá múltiples herramientas para evitar una depredación de los usuarios, desde la obligatoriedad de un precio único nacional a distintos grados y formas de compartición de infraestructura.

Algunas de esas herramientas podrían evitar que se profundicen tendencias ya consolidadas en el país como los mayores precios que por peores servicios pagan quienes viven en lugares alejados de los grandes centros urbanos. Algunos advertimos esta situación durante el kirchnerismo, en 2011, 2012 y 2013. Baja disponibilidad, cara y lenta fueron los adjetivos que cada año hubo que aplicar a la banda ancha en la Argentina, a la que luego se le sumó el agregado de “más”: más cara y más lenta. Y fueron los más pobres quienes más sufrieron –y aún sufren– esas condiciones.

Una reciente encuesta de la Fundación UADE detectó que 80 por ciento de los argentinos está de acuerdo con que “el Estado facilite/fomente el acceso a nuevas tecnologías en la población”. A pesar del discurso que suele imponerse en el debate público, en las grandes discusiones sobre el desarrollo de las comunicaciones de los últimos años, los mayores ausentes fueron los usuarios, quienes en definitiva pagan precios altos por servicios acotados y no siempre de la calidad prometida.

Hoy la Argentina parece estar avanzando hacia un mercado que ofrezca esos mejores servicios, fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes, y tiene que acelerar el paso antes de que las redes fijas colapsen como lo hicieron las móviles entre 2011 y 2014.

Para empezar, hace falta un debate más informado, inteligente y enfocado en el desarrollo de las comunicaciones.

* El autor es periodista y MBA. Publicado originariamente en Media Telecom MX 

 

 

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