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La continuidad de la prepaga y la obra social

| El 05, Mar 2017

A continuación dos casos sobre el derecho a la salud, sobre todo la posibilidad de afiliarse, continuar afiliado o ejercer la opción pese a la negativa de la entidad. Además de la vía administrativa, dos casos judiciales exitosos y rápidos.

 

Ordenan afiliar a una niña con asma a la Obra Social del marido de su madre

Por Ezequiel Martitegui

A fines de 2016, una madre presentó un amparo contra la Obra Social de su marido con el fin de poder afiliar a su hija quien desde muy temprana edad padecía asma, enfermedad que requiere controles médicos periódicos.

La niña, hasta el momento era atendida en Hospitales Públicos y también por una médica particular pero por cuestiones económicas no podían seguir afrontando sus honorarios. Vale la pena destacar que la niña no contaba con ayuda económica de su padre biológico.

En reiteradas ocasiones se había solicitado la afiliación de la niña pero la Obra Social demandada denegó la misma sosteniendo que no se ajustaba a su reglamento de afiliaciones.
Ante la negativa recibida es que la madre de la niña no tuvo otra alternativa más que promover una acción de amparo contra la entidad con el objeto de lograr la afiliación ante la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires.


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Afortunadamente el juzgado de primera instancia falló a favor de la niña valiéndose de la figura del “progenitor afín”, incorporado por el nuevo Código Civil y Comercial (quien es el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente y por ser tal tiene el deber de cooperar en la crianza y educación de los hijos de otro) y en la Ley Nacional de Obras Sociales 23.660 la cual incluye como beneficiarios al grupo familiar primario del trabajador donde se encuentran incluidos tanto el cónyuge como el hijo del cónyuge. En dicho fallo se sostuvo que

“… lo dispuesto por la obra social -excluir de la cobertura a la niña- restringiría el contenido de leyes jerárquicamente superiores y no se compadecería con lo normado por aquéllas. Ello, en tanto definiría de manera restrictiva al grupo familiar primario e incluiría condicionantes o requisitos no exigidos por la normativa citada anteriormente…”.

De esta manera, puede tener la cobertura médica buscada, en cumplimiento del derecho a la salud.

 

 

La continuidad de la obra social o prepaga del jubilado, libre opción

Un trabajador pidió se le permita ejercer el derecho a la libre opción de obra social y continuar adherido a una prepaga tras su jubilación.

La jueza hizo lugar al reclamo de un trabajador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se le permita ejercer el derecho a la libre opción de obra social, y continuar adherido a una prepaga, una vez concluídos los trámites jubilatorios iniciados, y resolvió que la normativa que establece que la afiliación y cobertura de los jubilados y pensionados de la administración pública local quedará a cargo de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires es inconstitucional e inconvencional.

El artículo 1º de la Ley Nº 3.021 que asegura la libre opción de obra social para todos aquellos que presten servicios en relación de dependencia para la Ciudad, y se destaca que el “mencionado derecho a la libre opción queda acotado a los trabajadores estatales activos” al establecer en el artículo 3° que “la afiliación y cobertura de todos los jubilados y pensionados comprendidos en la Ley N° 472 quedará a cargo de la ObSBA”.

La magistrada destacó además la garantía de la igualdad expresa en la Constitución Nacional y local, y el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad que prohíbe discriminar en razón de la edad. “No surge explicitado en el texto del artículo 3º de la ley nº 3.021 las motivaciones que aporten razonabilidad a la discriminación allí consagrada”, afirmó López Vergara, sumando que no se encuentra “sustento en pautas objetivas que acuerden validez a la restricción impuesta a los pasivos”.

“En tales condiciones, a la luz de la especial protección reconocida al amparista, aquél contraviene el principio que alojan los artículos 28 de la Constitución Nacional y 10 de la carta local y por ende, conculca la garantía de la igualdad amparada por el bloque constitucional. Por último, el frontal choque con este derecho tiene su correlato en la afectación de otros mandatos constitucionales, tales como el deber de la Ciudad de velar por el pleno goce de los derechos de las personas mayores (artículo 41 de la Constitución local), el derecho integral a la salud (artículo 33 de la Constitución Nacional …, expresó la jueza, declarando la inconstitucionalidad del artículo 3º de la ley nº 3.021 en tanto excluye al sector pasivo del derecho de opción de obra social, y de su reglamentación dispuesta en el artículo 3º del Decreto nº 377/09.

Finalmente, señalando “la obligación en cabeza de los magistrados de ejercer el control de convencionalidad, mediante la evaluación del respeto al plexo internacional de derechos de las normas aplicadas en cada caso”, la magistrada declaró la inconvencionalidad de la norma cuestionada por vulnerar el derecho a la igualdad, a la salud integral, y a la seguridad social garantizados en numerosos tratados internacionales, según publicó Ijudicial.

“En síntesis (…) se concluye en la definitiva inconvencionalidad de la norma en juego y su reglamentación en tanto desnaturalizan el derecho a la igualdad que encuentra protección en las normas supranacionales antedichas. Ello en íntima conexión con el derecho a la salud integral, a la seguridad social y a una protección especial durante la ancianidad”, sentenció.

 

 

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