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Un Comentario

La guerra entre lo preventivo y lo penal

| El 20, Mar 2017

En esta oportunidad, se publica una nota acerca de la relación entre las leyes penales y su efectividad para lograr los objetivos de transparencia. Endurecer las penas puede no ser una solución eficiente, plantea el autor.

“La guerra eterna entre lo preventivo y lo penal”

Por Juan Nesis*

Los gobiernos nacionales y provinciales, de acuerdo al contexto económico nacional e internacional, a las demandas de la sociedad y a las personas, utilizan distintos métodos para proveer bienes y servicios a la comunidad y, en lo posible, para ser progresivos en materia de derechos de la ciudadanía.

Es decir, que los gobiernos difieren en infinitos aspectos tales como medidas económicas, la relación con distintos sectores sociales o inclusive en su forma de comunicar e informar sobre sus propias medidas. Sin embargo, hay un rasgo en común (y al parecer indispensable) que está presente en la gestión de cada uno de los partidos políticos que llega al poder: la necesidad de incurrir a “soluciones penales” para problemáticas que necesitan claras “soluciones preventivas”.

Resulta muy habitual dentro de los medios de comunicación, entre los mismos funcionarios públicos o simplemente dentro de la opinión pública, creer que grandes problemas que afectan diariamente a la ciudadanía pueden ser resueltos con la ayuda del Código Penal y las condenas y prohibiciones que este establece.

Un ejemplo que resalta abruptamente esta confusión está presente en los casos de corrupción: diariamente vemos a funcionarios públicos en distintos medios de comunicación, mostrando a las denuncias penales hechas contra otros funcionarios públicos como ” grandes avances” en materia de corrupción y transparencia. Inclusive, estamos acostumbrados a oír a propios funcionarios públicos quejarse de la lentitud de los procesos judiciales relacionados a causas de corrupción.


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De esta forma, termina instalándose en la sociedad, que el endurecimiento de las penas a los culpables y el aumento de la velocidad de los procesos judiciales contra los participes de actos corruptos, son “la gran solución” al problema estructural de la corrupción en la Argentina.

Pocas veces se va a escuchar entre personajes provenientes de la política o inclusive entre periodistas, hablar del precario sistema de contrataciones públicas en la Argentina, que al funcionar con una Ley de 1947 hace imposible el correcto y transparente proceso de licitaciones públicas y contrataciones directas. Y que si bien tuvo posterior reglamentación, el sistema aún adolece de fallas.

Otros ejemplos actuales pueden facilitar la comprensión de esta problemática existente a la hora de buscar soluciones. Por ejemplo: frente a una nueva “oleada” de conflictos de interés dentro del gobierno actual, se han escuchado soluciones por parte de distintos partidos opositores, relacionadas a penas a empresarios pertenecientes a la cúpula del gobierno. Inclusive, surgió una propuesta relacionada a la prohibición del ingreso de empresarios a cargos públicos. Sin embargo, poco se escuchó a diputados, senadores y a organismos públicos, hablar de la necesidad de una seria reforma de la Ley de Ética de la Función Pública, que acabaría con cualquier posible conflicto de interés.

Pero no solo en materia de corrupción “gobiernan” las ideas relacionadas a soluciones penales. En el año 2009, el ex presidente Nestor Kirchner citando en ese entonces a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigía la baja de la edad de imputabilidad, en un contexto de alto nivel de reincidencia en las cárceles y aumento de hechos de inseguridad. Lo mismo sucedió dentro del gabinete del actual presidente Mauricio Macri a fines del año 2016, generando un fuerte debate dentro los medios de comunicación sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Mejorar las contrataciones permitiría que los reclusos tengan un mejor nivel de vida, además de reducir la corrupción como un fin en sí mismo. Esto a su vez podría implicar una menor tasa de reincidencia.

Pensar en soluciones preventivas a problemáticas sociales o económicas graves es sinónimo de “largo-plazo”, es decir, de resultados que benefician a la comunidad a futuro, probablemente luego de uno o varios cambios de gobierno.

Una solución preventiva está caracterizada por no darle frutos al gobierno que las genera. En contraste, la solución penal, es la solución atractiva y rápida y por ende, la que no genera cambios mayores. ¿Quién no escuchó alguna vez a un político en campaña, hablando sobre la “puerta giratoria”, en vez de proponer un fin a la constante violación de derechos humanos presente en las cárceles, que derivaría en el fin de la reincidencia de los reclusos, como sucedió en Holanda?

Todo esto no significa que el Código Penal con sus penas y prohibiciones no tenga un uso necesario y clave en la política. El problema está en comprender qué problemáticas deben ser abordadas con “la pata penal” y qué problemáticas deben ser tratadas con otro tipo de soluciones, a veces mucho más complejas.

Ya es hora de encontrar mecanismos que le permitan a los gobiernos abordar a los principales conflictos de una forma mucho más compleja, con una visión más amplia y no con simples soluciones atractivas. Algunos mecanismos como la participación ciudadana y la participación de las organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso de reglamentación o sanción de leyes están a simple vista, pero primero, es necesario que los ciudadanos que integren la sociedad manifiesten su voluntad en ese sentido.

 

 


Nota práctica: La reciente sanción de la primera Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), que al igual que la Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce a nivel nacional al acceso a la información pública como un derecho humano. De esta manera, permite a cualquier ciudadano realizar pedidos de información pública (online o por escrito) al:

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Ministerio Fiscal Público y al Ministerio Público de Defensa. De acuerdo a la 27.275 ‘se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley’.

Ademas, los ciudadanos contamos con la existencia de la Ley 24.747, que nos permite ejercer el derecho de Iniciativa Popular, es decir, de presentar un proyecto de Ley en el propio Congreso.

 


 

* *El autor es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera en la Facultad de Ciencias Exactas (UBA), formo parte del Grupo de Jóvenes Activistas por los DDHH de Amnistía Internacional y soy voluntario del capítulo argentino de Transparency International: ‘Poder Ciudadano”

(La responsabilidad de las notas es de su autor y no necesariamente representan la opinión del medio).

Comentarios

  1. Tuti

    Soy tu fan papitaaaa

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