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Litigiosidad laboral, el nuevo fantasma

| El 18, Jun 2017

Se habla de “litigiosidad laboral”, “industria del juicio” y más, pero qué representa esto en realidad. Hay un costo laboral, por cada $ 80 que recibe el trabajador la empresa pone $ 140… En esta oportunidad se comparte una opinión de un colega sobre la litigiosidad.

Regulaciones, flexibilidades, barreras y costos

Es cierto que la normativa laboral favorece al trabajador porque se presume la parte débil de la relación y el Estado quiere preservar su trabajo. Del lado empresario se acusa que esa falta de flexibilidad impide tomar más personal…

¿Pero qué tan conveniente sería modificarlo? Los principios del derecho laboral tienen base consttiucional. Lo que sí podría modificarse es el sistema judicial, el costo de aportes y contribuciones más ineficiencias de gremios que no siempre defienden al trabajador… Por lo demás, en gran cantidad de casos, y pese a la demanda inflada, el empleador además incumplió la ley. A continuación una opinión.

 

 


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Litigiosidad laboral, el nuevo fantasma

Por Martín Pagano*

Un nuevo fantasma avanza sobre la Argentina, el fantasma de la litigiosidad laboral (Parafraseando a Marx).

Por estas horas varios sectores del quehacer nacional han puesto la mira en la alta litigiosidad laboral. ¡En buena hora! Es uno de los grandes temas a resolver si queremos que nuestro país salga de la parálisis de crecimiento económico en que estamos inmersos.

Más allá de la existencia o no de “mafias” en el ámbito de la justicia laboral, no es ese el punto a principal a resolver. El quid es la alta tasa de litigiosidad en el ámbito del trabajo. Alta litigiosidad que perjudica en primer lugar al trabajador, quien debe esperar un promedio de 4 años para la resolución definitiva de su disputa.

Litigiosidad que perjudica al empresario quien también debe esperar ese mismo tiempo para ajustar su presupuesto. Litigiosidad que perjudica la inversión, tanto local como extranjera, que ve en este punto una desconcertante carencia de seguridad jurídica. Y por último, a quienes ejercemos nuestra profesión en el ámbito de la justicia laboral.

Pero, ¿Cuáles son las causas de esta alta litigiosidad? Causas que necesariamente deben ser resueltas por los mecanismos de la política.

Normas diversas

La primera es la diversidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas, al cual podemos añadir el control difuso de la constitucionalidad de aquellas. Cada juez, de primera instancia o de tribunal colegiado, tiene su propia interpretación de la ley, lo que conspira con la certidumbre sobre el resultado de cualquier pleito.

Si a esto añadimos que casi cualquier norma puede ser impugnada de inconstitucional, habilitando la decisión de cada instancia hasta llegar a la Corte Suprema, obtenemos como resultado que cualquier decisión que debe tomar tanto un trabajador como un empresario tiene un alto condimento de alea jurídica, lo que torna irrazonable cualquier decisión.

La solución: una Corte o Consejo Constitucional que decida previo a la promulgación de una ley, si la misma está dictada conforme a la Constitución Nacional, la obligatoriedad de adherir al criterio del Máximo Tribunal, y el regreso a la obligatoriedad de los fallos plenarios. De este modo, se evitaría el dispendio de tiempo y recursos de los tribunales inferiores y se fijaría un criterio único y obligatorio, dejando a los jueces de primera instancia su función principal de recolección de pruebas y decisión sobre el caso, en base a una norma de interpretación única y carácter obligatorio. Ello a su vez traería aparejada la descompresión de los juzgados.

Time is limited

La segunda es una adecuación de las normas a los tiempos actuales y el control efectivo del Estado respecto de su cumplimiento. Para ello, es menester el dictado de una nueva ley que unifique normas, actualice criterios de contratación permitiendo la rotación e incorporación de nuevos actores al mercado, y que a su vez estimule la buena fe, el esfuerzo y la fidelidad entre las partes del contrato.

Un nuevo esquema de funcionamiento de los sindicatos, aggiornándolos a un Estado democrático y republicano, otorgándole libertad de negociación por actividad y por empresa. Y finalmente, una ley que prevenga los accidentes y enfermedades laborales, con criterios de reparación justos y definitivos, de modo que no sea un negocio financiero para las aseguradores, ni un negocio judicial para los abogados, perjudicando en definitiva a los sujetos a quienes debe amparar: el trabajador y su empleador.

En tercer lugar, resulta necesario modernizar las normas de procedimiento y estimular el acuerdo transaccional previo. Gran parte del tiempo que conlleva un juicio laboral es tiempo muerto para las partes a la espera de resoluciones que deben dictar los juzgados. Si bien se ha avanzado en el último tiempo con la informatización de los procesos, deben implementarse otros criterios de recolección de pruebas, resolución de recursos, etc. A esta modernización podemos agregar la reducción de los plazos de prescripción y caducidad.

 

Igual que los recursos

Y finalmente, la reducción del “costo laboral”. Aquí es donde el Estado tiene que poner su mayor empeño, ya que gran parte del costo laboral está dirigido a la manutención del gasto público, lo que produce necesariamente una reticencia a la hora de cumplir las normas. Esta es la primera explicación al trabajo en negro.

En la mayoría de los casos, ambas partes del contrato están de acuerdo al mantener una relación en negro ya que ambos se ven perjudicados por su blanqueo total. El trabajador porque pierde el valor actual de su salario al no tener que aportar para su jubilación futura (generalmente magra) y no pagar impuesto a las ganancias, y el empresario por las mismas cuestiones, con el aditamento que, en muchos casos y en las PyMes sobre todo, el “ahorro” por esta evasión es lo que permite que el negocio siga funcionando. Y generando trabajo.

Por eso, más allá de la existencia o no de las “mafias”, de la “industria del juicio”, al espectro de la “litigiosidad laboral” se la combate con decisiones modernas y audaces que resuelvan los problemas que la alimentan.

* El autor es abogado y se especializa en derecho del trabajo.

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