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Riachuelo – un balance de nueve años

| El 08, Jul 2017

En un duro documento, distintas organizaciones informan el estado de la causa. Hay personas viviendo en sus márgenes y la contaminación nos afecta a todos. El derecho a un ambiente sano en disputa. Se transcribe el informe.

El informe sobre el Riachuelo

“Se cumplen 9 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental producido en la cuenca. Ha transcurrido casi una década y todavía persisten debilidades en el control, seguimiento y la falta de una mirada verdaderamente integral de gestión.

A su vez hoy han emergido nuevos y complejos problemas, que indican que los objetivos impuestos por el máximo tribunal se encuentran altamente incumplidos. Las falencias que persisten afectan tanto al control sobre las principales fuentes de contaminación (los establecimientos industriales, basurales a cielo abierto y efluentes cloacales), como al acceso a bienes y servicios indispensables tales como agua potable, saneamiento cloacal, vivienda y salud, que inciden en la vulnerabilidad de la población.

 

Vertidos y emisiones contaminantes

En relación al control de vertidos y emisiones, la normativa de vertidos y el uso elegido para la calidad de agua del Riachuelo, resultan totalmente inadecuados para el saneamiento del río y la mejora de la calidad de vida de la población. Las regulaciones adoptadas por ACUMAR deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen.

La nueva resolución adoptada por ACUMAR (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias tales como: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrín, Heptacloro, Lindano y Paration todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual nuestro país ha adherido. En tal sentido, el Cuerpo Colegiado ha solicitado a la Presidenta de ACUMAR la urgente reformulación del texto de la normativa y de igual forma lo ha hecho ante el Juez Federal de Morón, Jorge Rodriguez, a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza.


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Basurales

En lo que se refiere a la permanencia de basurales a cielo abierto constituyen uno de las tres principales fuentes de contaminación de la cuenca. Según datos de ACUMAR 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos son los que se acumulan en este tipo de basurales. Además relevó la existencia de 390 basurales irregulares. ACUMAR, planificó intervenciones destinadas a lograr la su remoción de 267 de ellos y dejó los de menores dimensiones a cargo de los municipios. Los informes de la Auditoría Interna del organismo mencionan que el 57% de los lugares intervenidos, fueron reinsertos como basurales.

 

Derecho a la vivienda

En materia de hábitat para los sectores vulnerados, la situación es altamente problemática. En el año 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (plan Marco) que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo (solo el 35% de los hogares han sido realojados) y reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones a los derechos de las personas que han sido relocalizadas en los complejos habitacionales.

Sólo en el último cuatrimestre (de marzo a julio de 2017) se han reactivado las obras de edificación de viviendas y de infraestructura que estaban paralizadas desde el cambio de gobierno. Esto es solo un tenue paliativo a un problema que se ha seguido agravando durante este largo período. A la par de la discontinuidad de la ejecución del plan, la llegada de nuevas familias incrementó el hacinamiento y empeoró las condiciones de vida. Adicionalmente, la demanda de provisión y calidad de los servicios básicos ha desoída por las autoridades competentes. Según las reiteradas denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (sean estas estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos; y tanto ACUMAR como las jurisdicciones no tienen la capacidad de revertir la situación deficitaria.

Derecho a la salud

A 9 años del fallo, no ha logrado identificarse de manera específica la población en riesgo, no se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental y tampoco se articuló una intervención de las distintas áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación. Aún cuando el caso tuvo origen en los problemas derivados de los efectos de la contaminación en la salud de la población, durante mucho tiempo ACUMAR quitó relevancia a los mismos y sugirió que los factores ambientales no constituyen elementos determinantes de la salud. Reiteradamente, dio a entender que los problemas prevalentes son productos de la pobreza, e incluso destinó recursos a elaborar investigaciones que probaran tal hipótesis como ocurrió con los ENUDPAT 2011.

Tampoco elaboró “un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías”, tal como lo dispuso la CSJN en el Cons. 17 punto IX del fallo de 8/7/2008. Al no haberse indagado profundamente en la vinculación entre las enfermedades y las fuentes de contaminación (las cuales debe regular y controlar ACUMAR), no se generó un diagnóstico que pueda indicar cuál es el grado de incidencia de éstas, ni la población más expuesta.

Información pública

La CSJN estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado produzca y difunda información, las que están claramente orientadas a expandir la participación ciudadana. En tal sentido, obligó a la ACUMAR a adoptar un sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el público en general. El portal web de ACUMAR es el principal canal de acceso a la información pública sobre sus acciones, obligaciones y avances. Sin embargo, la información necesaria para que el público pueda realizar un control de la gestión no se encuentra disponible ni es actualizada. De 424 links relevados en www.acumar.gov.ar, 108 no funcionan y la mayoría de la información adjunta no está actualizada desde el año 2014.

Ordenamiento territorial

Como se resaltó en anteriores oportunidades, no es posible llevar a cabo una gestión exitosa de saneamiento de la cuenca sin una política de Ordenamiento Territorial (OT) centrada en los derechos colectivos de la población. Las principales fallas que presenta el actual modelo de gestión de la ACUMAR no sólo se deben a una limitación en sus capacidades institucionales, sino también a la falta de una perspectiva estratégica, que incorpore además un enfoque de derechos humanos. Una mirada que permita identificar y priorizar acciones capaces de modificar estructuralmente los procesos de desarrollo territorial de la cuenca, dotándolos de integralidad, equidad y sostenibilidad.

A pesar de ello, en ningún momento la ACUMAR, y ninguna de las jurisdicciones que lo integran han priorizado esta mirada estratégica. Esto se refleja en la ausencia de avances en la zonificación y regulación de usos de suelo, la relocalización de industrias del Polo Dock Sud o los casos de ocupación irregular del espacio público como ocurre actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en un sector de la autopista Buenos Aires-La Plata, sobre la Avenida Pedro de Mendoza.

“La ocupación ilegítima del espacio público, particularmente cuando se hace con propósitos simplemente comerciales, es una clara violación de estos derechos. En el caso de la Avenida Pedro de Mendoza se comete con la complacencia de las autoridades que tienen obligación de impedirlo”, denuncia Alfredo Alberti de la Asociación Vecinos La Boca”.

“La gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo. Todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional”, subraya Andrés Nápoli de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Resulta frustrante después de 9 años del innovador fallo en la Causa Mendoza la desidia, el abandono y falta de controles y de incumplimiento de la mayor parte de las mandas de la CSJN, especialmente en lo que respecta a cuidado de la salud, vivienda y prevención de la contaminación. Es agraviante la falta de escucha y la negativa a la participación de las personas que viven en la cuenca, que deberían ser protagonistas y primeros beneficiarios/as de los cambios. Confiamos en que la Corte recupere un rol más proactivo para hacer cumplir esta deuda con el ambiente”, indicó María José Lubertino, Directora Ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y profesora de la UBA.

Fuente del informe: organizaciones que conforman el cuerpo colegiado: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Asociación Vecinos La Boca. Link.

Informe completo: Informe Riachuelo – 9-AÑOS-DEL-FALLO-DE-LA-CORTE-1-1

 

Otra opinión del Riachuelo

Una ley de 1900 ya prohibía contaminar el Riachuelo.  Hace unos meses, el periodista Daniel Gutman escribía para el Buenos Aires Herald este resumen del que traduje parte:

“¿Es posible gastar US $ 5.2 mil millones para limpiar un río que tiene solo 64 kilómetros de largo y prácticamente no tiene resultados? Argentina está demostrando que lo es.
A medida que el gobierno admitió a la Corte Suprema a fines de 2016, la cantidad de fondos públicos asignada desde julio de 2008 para la limpieza del río Matanza-Riachuelo, de 64 kilómetros, que ha sido identificado como uno de los peores casos industriales de contaminación en el mundo. El río atraviesa 14 municipios, desde el barrio de la clase obrera de La Matanza, en el oeste de Buenos Aires, hasta el pintoresco barrio de La Boca, donde desemboca en el Río de la Plata.

Sin embargo, la situación permanece prácticamente sin cambios desde mediados del siglo XIX, cuando las crónicas de la época describían el estado “podrido” del río. Hoy en día se estima que ocho millones de personas viven en la cuenca hidrográfica, enfrentándose a una grave emergencia sanitaria y ambiental.

“El río Riachuelo sigue cumpliendo funciones de drenaje para las actividades económicas y humanas en la ciudad de Buenos Aires y gran parte del Gran Buenos Aires, como lo ha hecho en los últimos 200 años”, dice un informe de más de 200 páginas Visto por IPS, que la Autoridad de Cuenca de Matanza Riachuelo (Acumar), órgano oficial encargado de la limpieza, presentó ante el Tribunal Supremo el 30 de noviembre de 2016.
“No sólo está altamente contaminado, sino que sigue contaminado”, dijo el documento, que agregó que 90.000 toneladas al año de metales pesados ​​y otras sustancias nocivas están siendo arrojadas al río.

En la época colonial española, se construyeron fábricas de salazón de carne de oveja y mula a lo largo de sus riberas, junto con curtiembres que procesaban cuero de vaca. El vertido de residuos en el río se convirtió en una práctica común que lo convirtió en una verdadera alcantarilla abierta, que continuó con las industrias más modernas como las plantas petroquímicas y la industria de envasado de carne. En las últimas décadas, las promesas oficiales de limpiar el Riachuelo han abundado.

Parecía que esta historia podría comenzar a cambiar en julio de 2008. O eso fue lo que la comunidad ecologista argentina pensó, por unanimidad describiendo como “histórico” el fallo del Tribunal Supremo que ordenó a las autoridades nacionales, provinciales y de Buenos Aires limpiar el Riachuelo. La decisión se basó en un artículo añadido a la Constitución en 1994, que garantiza a todos los habitantes del país un “ambiente saludable” para vivir. Sin embargo, los escasos progresos realizados hasta el momento fueron toscamente expuestos durante una audiencia del 30 de noviembre de 2016 ante el Supremo Corte.

Ese día, el Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Lorenzetti, experto en ecología designado Embajador de Buena Voluntad por la Justicia Ambiental el año pasado por la Organización de Estados Americanos (OEA), no trató de ocultar su disgusto. Durante la audiencia, Gabriela Seijo, directora de operaciones de Acumar, dijo que, por ejemplo, hasta el momento sólo se han completado 3.147 unidades de viviendas que se construirían para reubicar a las familias más expuestas a la contaminación. “Si seguimos este ritmo, terminaremos en 2036”, dijo.

Se informó de que se han llevado a cabo 34.759 inspecciones en fábricas y se han cerrado 57 plantas, pero todas ellas temporalmente, sin impacto significativo en el medio ambiente.

Después de la audiencia, le pidió a Acumar que explicara cómo se gastaron los US $ 5,2 mil millones, agregando que si la respuesta no era satisfactoria, presentaría una demanda Exigiendo una investigación sobre la posible corrupción “.

Sólo han limpiado las orillas de los ríos un poco y han eliminado muchos de los barcos que habían hundido hace décadas”, dijo el diplomático Raúl Estrada Oyuela, “Pero hay una falta de voluntad para abordar el problema principal, que es la contaminación del agua, el suelo y el aire, porque eso Significaría afectar los intereses de las industrias, que por supuesto tendrían que hacer inversiones importantes si fueran forzadas a cambiar a un sistema de producción limpio “, dijo Estrada, internacionalmente conocido en temas ambientales y presidente del comité que 1997 produjo el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.”

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