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Tarjeta de crédito no pedida – qué hacer

| El 07, Jun 2017

Es común que los bancos envíen tarjetas de crédito sin consentimiento del usuario. O a veces hay que estar precavidos y ver bien qué se firma en la letra chica de los formularios, porque podemos estar pidiendo alguna. Hace rato viene el problema pero ahora salió una novedosa sentencia.

La tarjeta de crédito no pedida

La normativa no cambió: es i-legal cobrar por algo no pedido expresamente, y el silencio no implica conformidad (leyes 24240 y 25065). Ya hace años, el diario Clarín publicaba lo siguiente:

Mario Siciliano se sorprendió una mañana al recibir en su casa una tarjeta de crédito con su nombre impreso en el plástico. Nunca supo cómo el Lloyds Bank había obtenido su dirección y número de teléfono porque jamás fue cliente de ese banco. Pero decidió no darle importancia, destruyó la tarjeta Visa y la tiró a la basura. No imaginó que ese “regalo” del banco le traería problemas por casi tres años.

Todo comenzó cuando al año de haber destruido la tarjeta, el banco se la renovó automáticamente y le envió un nuevo plástico. Mario comenzó a recibir resúmenes con gastos. “El primero era de $60; el segundo, de $90. Corté la tarjeta, la metí en un sobre, escribí una carta poco amable y la mandé de vuelta al remitente”, recordó.

No le volvieron a llegar otros resúmenes, pero tuvo inconvenientes más graves: le negaron un crédito en un banco y una financiación en cuotas en una casa de productos para la construcción. “Ahí me enteré de que figuraba como deudor en la base de datos del Veraz. Todo por no pagar los gastos de una tarjeta que no pedí y que ni siquiera usé”, contó a Clarín.


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La Ley 24.240, en su artículo 35, prohíbe la realización de propuestas al consumidor sobre bienes o servicios que

“no hayan sido requeridos previamente y que generen un cargo automático en cualquier sistema de débito”.

Pero casos similares a los de Mario se repiten a diario: sólo en las primeras tres semanas de marzo, la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación recibió 20 reclamos por problemas con tarjetas no solicitadas.

Finalmente, Mario Siciliano —de 58 años, tres hijos, encargado en un taller de embarcaciones— llevó su caso a los Tribunales Arbitrales de Consumo. Allí tuvo una audiencia de conciliación con el banco y consiguió hace unos días que el Veraz sacara su nombre de la lista de deudores bancarios.

“Gracias a los Tribunales Arbitrales pude resolver mi problema sin gastar un peso en abogados —dijo Mario—. De todos modos, perdí mucho tiempo porque los trámites fueron demasiado largos”.

El consultorio de Consumo de Clarín recibió varias cartas y mails con historias similares. Alfredo Hopkins contó que lo llamó una empleada del Banco HSBC ofreciéndole una tarjeta de crédito. “No la acepté, pero un tiempo después intentaron cobrarme $50 por gastos correspondientes a una tarjeta Visa Classic”, dijo.

En estos casos, los expertos recomiendan no quedarse con la tarjeta. “Hay que devolverla al banco, con una nota de rechazo. Si bien la ley establece que el consumidor no está obligado a hacerlo, nosotros aconsejamos asentar por escrito la no aceptación del servicio para evitar posibles malos entendidos. La realidad muestra que si el consumidor no hace nada y rompe la tarjeta, con el paso del tiempo puede aparecer en una base de datos como deudor bancario”, explicó José Luis Laquidara, coordinador del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.

En el Banco HSBC admitieron que el año pasado realizaron “pre-envíos masivos” de tarjetas de crédito a sus clientes. “Entregábamos las tarjetas como un servicio —explicaron—, pero dejamos de hacerlo en noviembre de 2001”.

Consultados sobre los reclamos de los consumidores, en el HSBC afirmaron: “Los costos de las tarjetas de crédito empiezan a correr después de su habilitación, por eso es imposible que las personas que no lo hayan hecho reciban resúmenes con cargos”.

“Además, con la nueva situación económica, los bancos se volvieron más selectivos. En este momento, es un riesgo ofrecer una tarjeta de crédito a cualquier cliente”, reconocieron.

El problema de Josefa Statuto también comenzó —asegura— cuando recibió un llamado del banco HSBC: le ofrecían la apertura de una cuenta y una tarjeta de crédito gratis. Cuando preguntó cómo habían conseguido su número, le informaron que tenían la base de datos de una casa de venta de electrodomésticos, donde Josefa había sacado un crédito.

Josefa es docente de la provincia de Buenos Aires y, como cobra su sueldo en patacones, ya no usa tarjetas de crédito (los bancos no reciben los bonos para cancelar las deudas con los plásticos). Por eso, no activó la tarjeta que llegó a su casa y se sorprendió cuando unos meses después recibió el primer resumen con gastos de renovación.

Según Laquidara, “la Ley de Hábeas Data no permite que se ofrezcan los datos de las personas, ventilando su privacidad, para luego ofrecerles productos que no pidieron. Si esto causa algún perjuicio, la persona está protegida por la ley”.

Una novedosa sentencia sobre tarjeta de crédito no pedida

Le encajaron una tarjeta que entendieron era “de prepo” (en términos campechanos). Los jueces entendieron que era una conducta notablemente abusiva, en violación al derecho del consumidor.
Además, argumentaron que es absurdo achacar responsabiliad al cliente porque no concurrió a la sucursal o no se comunicó para hacer saber que no quería el mentado producto, en el
caso tarjeta de crédito.

El tribunal de cámara terminó condenando al banco a resarcir daño moral y daño punitivo, por más de $ 260.000 a lo que deben agregarse los intereses. Esto por el perjuicio de haberle tachado como moroso por una tarjeta de crédito no pedida. Abajo podés leer la sentencia completa y dejar tu comentario.

 

 

Anexo con sentencia completa – tarjeta de crédito no pedida

1
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, a los días del mes de
abril del año dos mil diecisiete, reunida en acuerdo la
Sala B de la Cámara de Apelaciones de la
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular,
Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes, y asistencia de las
Sras. juezas de Cámara Dra. M. Fernanda Zanatta y Dra.
Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia
definitiva en estos autos caratulados: “M., P. E. c/ I.
and C. B. of C. SA (ICBC Argentina) y otro s/
SUMARÍSIMO”, expte. nro. 599/16, venidos del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
nro. 1 (expte. nro. 291/15), y atento al resultado del
sorteo establecido en el art. 271 del Código de
Procedimientos Civil y Comercial (fs. 242) y auto de fs.
253, correspondió el siguiente orden para la votación:
Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes, Dra. Graciela Mercedes
García Blanco y Dra. Fernanda Zanatta.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su
orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la
sentencia recurrida de fs. 202/210vta.? y SEGUNDA: ¿Qué
pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento con motivo del
recurso de apelación que contra la sentencia de grado
interpusieran la parte actora (fs. 217, agravios fs.
219/220). Corrido el traslado de ley, fue contestado por
la parte codemandada I. and C. B. of C. (ICBC) (fs.
222/223) y por la parte codemandada Banco C. SA (fs.
224/232).
I. Antecedentes:
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2
En breve síntesis, y en lo que aquí interesa, diré
que el actor Sr. P. E. M. promovió formal demanda por
daños y perjuicios contra el I. and C. B. of C. (ICBC)
y contra el Banco C. SA a efectos sean condenados en
forma solidaria o pro parte al pago de la suma de pesos
doscientos sesenta mil ($260.000) o lo que en más o en
menos se determine según surja de la prueba, los
argumentos vertidos y la depreciación monetaria, con más
los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación
Argentina computables desde que se causó el daño y hasta
su efectivo pago, con costas. Cuantificó los rubros
objeto de reclamo (daño moral y daño punitivo). Ofreció
prueba. Corrido el traslado de la demanda, se presentó
la accionada I. and C. B. of C. (ICBC), quien cumplió
con la carga procesal negando hechos. Ofreció prueba.
Hizo reserva del caso federal. Pidió se rechace la
acción, con costas. Se presentó a contestar demanda el
codemandado Banco C. SA. Negó hechos. Desconoció
documental acompañada en la demanda. Opuso excepción de
falta de legitimación pasiva, cuyo tratamiento fue
diferido para el momento de la sentencia. Ofreció
prueba. Reservó el caso federal. Se imprimió al proceso
el trámite sumarísimo. Se produjo la prueba. Pasaron los
autos para resolver.
La sentencia dictada en la instancia de grado hizo
lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva
interpuesta por Banco C. S.A., rechazando la demanda
incoada en su contra. Imponiendo las costas a la parte
actora perdidosa (cf. art. 69 del CPCC). Hizo lugar
parcialmente a la demanda incoada por el Sr.
P. E. M. contra I. and C. B. of C. S.A. (ICBC Argentina),
condenando a esta última a resarcir al actor la suma de
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$60.000 (sesenta mil pesos) más los intereses
correspondientes a la tasa activa del Banco Nación
liquidados en la etapa de ejecución de sentencia hasta
cancelar total y definitivamente el capital, a calcular
desde el día 28 de febrero de 2.013 hasta la cancelación
total y definitiva de la deuda. Impuso las costas a la
parte demandada vencida (cf. art. 69 del CPCC). Dispuso
que la mora se produzca de pleno derecho una vez
trascurrido 10 días de que la resolución se encuentre
firme o consentida. Reguló los honorarios de los
profesionales intervinientes.
II. Análisis de los agravios:
Contra el decisorio se alzó la actora. Cuestionó
la sentencia por cuanto se hizo allí lugar a la excepción
de falta de legitimación pasiva opuesta por el Banco C.
SA, la imposición de costas al actor en razón de su
demanda contra eta, y asimismo porque no haya sido
receptada la pretensión de la multa por daño punitivo
contenida en la acción incoada.
Adentrándome en el tratamiento de la cuestión
traída a mi análisis, acostumbro recordar en mis votos
que no es preciso que el tibunal considere todos y cada
uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las
partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando
que se lo haga únicamente respecto de aquellos que
resulten esenciales y decisivos para sustentar
debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha
establecido el más alto tribunal federal, los jueces no
están obligados a tratar todos y cada uno de los
argumentos de las partes, sino soo aquellos que estimen
pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos,
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248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre
muchos otros).
Sostengo a la par que las limitaciones impuestas
al juez, en cuanto a los hechos, no rigen tratándose del
derecho, porque aunque las partes no lo invoquen o lo
hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar
la relación sustancial en litis y determinar la norma
jurídica que rige. Así, “en virtud del principio iura
novit curiam, los jueces se encuentran facultados para
calificar autónomamente los hechos de la causa y
subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, con
independencia de las alegaciones de las partes o del
derecho por ellas invocado (CSJN, 4/5/93, Rep. ED, 28-
459, n° 16; íd., 8/3/94, Rep. ED, 29-453, n° 20/21;
CNCiv, Sala C, 12/6/01, ED, 194-220; Incom, Sala B,
14/2/05, ED, 212-107).
También he de formular una consideración previa
más, ello en razón de la hora en que me toca expedirme
en el presente y la entrada en vigencia del Código Civil
y Comercial (CCyC). En el caso puntual, y en atención a
la letra del artículo 7 del cuerpo normativo, resulta
de aplicación la ley vigente al momento en que se
constituyera la relación jurídica, razón por la que
corresponde sea juzgado a la luz de las disposiciones
del anterior Código Civil.
Entonces, y desde que la plataforma fáctica ha sido
adecuadamente reseñada en la sentencia en crisis, me
eximiré de reiterar el detalle por estrictas razones de
economía procesal.
En concreto, en el fallo se ha analizado la cuestión
de la inclusión del actor en el sistema Veraz, por parte
del I. and C. B. of C. (ICBC) y del Fideicomiso
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Financiero Privado F. (fs. 13), y se ha hecho lugar
parcialmente al reclamo de aquel derivado de ese hecho.
Sobre el punto, se ha condenado al ICBC por daño moral,
y asimismo se ha acogido la excepción de falta de
legitimación pasiva que opusiera en oportunidad el
codemandado Banco C. SA. Dijo el sentenciante, para así
decidir, que de los registros históricos acompañados por
el Banco Central, obrantes a fs. 169/172, surge que las
entidades que informaron al actor fueron ICBC Argentina
SA y el Fideicomiso Financiero Privado F., aclarando que
respecto a éste último quien asume el carácter de
fiduciario es C. Fiduciario Financiero SA. Luego, y a
fin de determinar si Banco C. (codemandado) y C.
Fiduciario Financiero resultan la misma persona jurídica
se procedió a la búsqueda por clave de identificación
tributaria advirtiendo que ambos poseen CUIT diferente.
Critica la apelante que se haya hecho lugar a la
defensa por cuanto la considera violatoria del principio
de congruencia, ello por cuanto la excepcionante Banco
C. SA no señaló entonces no ser titular del Fideicomiso
Financiero Privado F., sino que solo se limitó a
expresar que no había contratado con el actor. En punto
aparte cuestiona que no se haya condenando por el daño
punitivo, ello teniendo en cuenta la conducta bancaria.
En su responde, el ICBC solicita se declare la
deserción del recurso impetrado. Para el caso en que así
no sea decidido, contrapone su versión en relación con
la conducta que observara, la que sostiene no reúne
habilita la imposición de la sanción solicitada.
Por su parte, el codemandado Banco C. SA pide también
la deserción del recurso de apelación por cuanto
afirma no se ha efectuado en este una critica concreta
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y razonada del fallo. Luego y en relación con el
agravio referido a la falta de legitimación pasiva,
vuelve sobre conceptos que ya señalara y refuerza los
argumentos dados por el juzgador a la hora en que
resolviera hacer lugar a la misma. Respecto de las
costas, transcribe fallos vinculados a demandas por
daños y perjuicios, los que avalan su posición en
relación con la forma en que fueran impuestas. Por
último, y respecto del daño punitivo, amén de citar
sus características, refuerza su postura en ordena la
falta de relación de consumo entre las partes,
cuestión que lo torna inaplicable al caso particular.
Cita jurisprudencia.
Bien, ante todo y respecto del pedido de deserción
que efectúan las codemandadas en su responde. Cierto es
que el escueto escrito de expresión de agravios genera
dudas en torno al cumplimiento de la suficiencia técnica
exigida por el código de forma. Puede ello sustentarse
válidamente en razón de su escasez argumental que, en
efecto, bordea el límite de la deserción. Sin perjuicio
de ello, tal incertidumbre debe ser resuelta en el marco
del aseguramiento del derecho de defensa; es decir, con
base en un amplio criterio de admisión.
Repárese que el Superior Tribunal de Justicia de
nuestra provincia expresamente ha sostenido que cuando
existen dudas acerca de si el escrito de expresión de
agravios abastece la carga que le impone la ley procesal
respecto a rebatir adecuadamente las motivaciones de la
sentencia recurrida, debe optarse por tenerla por
satisfecha (cf. autos “G. vda. de F., E”, del 31-05-99;
idéntico sentido autos “T.R.J., S.N. s/ Divorcio
Vincular”, del 22-03-00, Nro. SAIJ00150014 y “P., R. c/
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M. s/ diferencias salariales”, del 230301, SAIJ01150056,
entre otros).
Ahora bien, dejando a salvo mi postura en relación
con el tema, entiendo que tal criterio de admisión,
amplio, no debe ser llevado al extremo que implique su
aplicación lisa y llana en todos los casos, sin importar
como haya sido interpuesta la apelación, ello dado que
los requisitos impuestos por el código procesal en orden
a su procedencia también conforman el derecho de
defensa, que a veces parece ser valorado únicamente
desde la perspectiva del apelante, más no la del
apelado. Sin perjuicio de ello, en el caso particular,
considero que debe abrirse la instancia y tratarse el
recurso interpuesto, razón por la que desestimaré la
solicitud de deserción efectuada.
Ahora, ingresando al análisis relacionado con la
excepción de falta de legitimación pasiva.
Advierto ya desde el vamos que el planteo que
formula el recurrente es acertado, ya que así surge, en
principio, del responde de la codemandada Banco C. SA
(ver fs. 78 vta./79). Asimismo, se encuentra agregada a
fs. 20 respuesta del Banco C. SA. La misma, desconocida
primigeniamente por este, fue objeto de prueba
informativa ofrecida por el actor dirigida a la entidad
bancaria, quien no cumplió con su aporte en autos pese
al apercibimiento de ley respecto de que su silencio o
negativa en presentar la documentación requerida,
constituirían presunción en su contra. Así, dicho
apercibimiento se hizo efectivo (pto. 3 fs. 192).
Destaco que en dicha comunicación, el Banco C. afirmó
ser apoderado de C. Fiduciario Financiero SA, a la vez
fiduciario del Fideicomiso Financiero Privado F. (que
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recuerdo fue uno de los que informó al actor), luego no
puede negarse el vínculo so pretexto de que ostenten
CUIT diferentes, como lo interpreta en franco yerro el
señor juez de grado. En tal contexto, haré lugar al
agravio y rechazaré la excepción de falta de
legitimación pasiva opuesta por el Banco C. SA.
Respecto ahora de la queja vinculada al daño
punitivo. Tengo dicho ya en anteriores votos que la
cuestión no debe analizarse aisladamente, sino de manera
integral y tomando especialmente en cuenta la actitud
asumida por las demandadas, ello bajo las directrices y
principios sentados por la ley de defensa al consumidor
aplicable al caso.
Los daños punitivos han sido definido como “sumas
de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima
de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones
por daños realmente experimentados por el damnificado,
que están destinados a punir graves inconductas del
demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”
(Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, p. 453, Hammurabi,
Bs.As., 1996).
Ante determinadas situaciones lesivas, la mera
reparación del perjuicio puede resultar insuficiente
para desmantelar los efectos nocivos del ilícito, en
particular, cuando quien daña a otro lo hace
deliberadamente con el propósito de obtener un rédito o
beneficio, tal sería el caso de los daños causados por
productos elaborados, en los que al proveedor,
fabricante o distribuidor le resulte más barato pagar
las indemnizaciones a los consumidores que afrontar
controles de calidad y/o cumplir acabadamente con una
adecuada prestación del servicio. Frente a esto, la Ley
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de Defensa al Consumidor 24240 (texto agregado por la
Ley 26361) introdujo un sistema de multas.
El art. 52 de la mencionada ley establece: “Daño
Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones
legales o contractuales con el consumidor, a instancia
del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil
a favor del consumidor, la que se graduará en función
de la gravedad del hecho y demás circunstancias del
caso, independientemente de otras indemnizaciones que
correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable
del incumplimiento responderán todos solidariamente
ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de
regreso que les correspondan. La multa civil que se
imponga no podrá superar el máximo de la sanción de
multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta
ley”.
Este instituto tiene un propósito netamente
sancionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo
su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el
acaecimiento de hechos similares.
La doctrina ha reconocido como notas distintivas
de los daños punitivos, las siguientes:
1) Resultan condenas extraordinarias, ya que son
otorgadas en forma independiente de la indemnización, y
asimismo, accesorias, ya que siempre se determinan en
un proceso principal. Dicho en otras palabras, no existe
acción autónoma para reclamar daños punitivos. 2) Su
finalidad, justamente, no es mantener la indemnidad de
la víctima ni restablecer las cosas al estado anterior.
Por el contrario, tienden a prevenir y desalentar la
reiteración de conductas dañosas similares. 3) Son
verdaderas penas privadas con características propias
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que delimitan sus contornos de especialidad. Siguiendo
a Stiglitz y Bru, se pude definir a los daños punitivos
en nuestro sistema, como una institución jurídica
vigente en el marco del derecho del consumidor,
destinada a sancionar graves inconductas en que incurren
los proveedores de servicios o cosas en la relación de
consumo, a través de la imposición de una sanción
pecuniaria adicional, a favor del damnificado, y que
excede la cuantificación de la indemnización
compensatoria correspondiente (Jorge Bru y G. Stiglitz,
en “Manual de Derecho del Consumidor”, pág. 389 y sgtes.
Abeledo Perrot, 2009).
Se ha sostenido que dichas indemnizaciones o daños
punitivos solo proceden en supuestos de particular
gravedad o en casos excepcionales (Stiglitz, Rubén S. y
Pizarro, Ramón D., en Reformas a la Ley de Defensa del
Consumidor, publicado en L.L. 2009 – B – 949), como así
también que su reclamo requiere “… a) La existencia
de una víctima del daño; b) la finalidad de sancionar
graves inconductas; y c) la prevención de hechos
similares para el futuro (cf.: Cornet, M. – Rubio, G.
Alejandro, “Daños Punitivos”, en Anuario de Derecho
Civil, T. III, p.32, Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Córdoba, Ediciones Alveroni,
Córdoba, 1997).
Dicho instituto de carácter excepcional, debe ser
empleado con prudencia frente a una plataforma fáctica
que evidencie claramente, no solo una prestación
defectuosa del servicio, sino también una
intencionalidad de obtener provecho económico del
accionar antijurídico, aun teniendo que pagar
indemnizaciones. Resulta necesario que alguien haya
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experimentado un daño injusto y que exista una grave
inconducta, o que se haya causado un daño obrando con
malicia, mala fe, grosera negligencia. Su procedencia
requiere un elemento subjetivo que se identifica con una
negligencia grosera, temeraria, con una conducta cercana
a la malicia (Cám.Apel. CCom. Cba. Sala 6ta., en autos
“R., S. c/ Amx Argentina SA – Ordinarios – Otros –
Recurso de Apelación” 26-3-2015).
En esta línea, nuestra Corte Suprema en autos
“TEIJEIRO (O) TEIGEIRO LUIS MARIANO c/ CERVECERÍA Y
MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. Y G – ABREVIADO – OTROS –
RECURSO DE CASACIÓN (EXPTE. 1639507/36 – T 14/12)”
(Sentencia Nº 63 del 15/04/12), resolvió confirmar la
sentencia de Cámara haciéndose eco de la doctrina
mayoritaria, que ha propugnado una interpretación
sistemática de la norma contenida en el art. 52 bis,
LDC, requiriendo en su mérito un plus para la
procedencia de la multa civil, cual es una conducta
deliberada que denote negligencia grave o dolo. Esta
postura cuenta con el aval de la mayoría de la doctrina
y jurisprudencia, que critica la redacción del art. 52
bis, LDC, y postula recurrir a la prudencia de nuestros
magistrados para suplir y corregir las serias omisiones
y defectos que el artículo en cuestión presenta. Esta
doctrina sostiene que no basta con el mero
incumplimiento de las obligaciones (legales o
contractuales) a cargo del proveedor, sino que hace
falta algo más: el elemento subjetivo que consistiría
en un menosprecio hacia los derechos de incidencia
colectiva y que se traduce en dolo o culpa grave
(LORENZETTI, Ricardo A., “Consumidores”, edit.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 563 y ss.; LÓPEZ
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HERRERA, Edgardo, “Los Daños Punitivos”, edit. Abeledo
Perrot, Bs. As., 2011, pág. 376 y ss.; TRIGO REPRESAS,
Félix A., “Desafortunadas innovaciones en punto a
responsabilidad por daños en la Ley 26361”, LL
26/11/2009, 1; COSSARI, Maximiliano N. G., “Problemas a
raíz de la incorporación de los daños punitivos al
ordenamiento jurídico argentino”, LL 2010-F, 1111;
MOISÁ, Benjamín, “Los llamados daños punitivos en la
reforma a la ley 24.240″, en R. C. y S., 2008, p. 271;
NAVAS, S., ¿Cuándo la aplicación de los daños punitivos
resulta razonable”, LL 2012-F, 80; SÁNCHEZ COSTA, P. F.,
“Los daños punitivos y su inclusión en la ley de defensa
del consumidor”, LL 2009-D, 1113.
En el caso puntual, entiendo que las entidades han
asumido una conducta notablemente abusiva. Primero, a
través de ese hábito que parecen haber adoptado ciertas
entidades financieras –la mayoría por cierto- de
entregar a los clientes productos que estos no ha
solicitado, “de prepo” en términos campechanos. Y, en
segundo lugar, creando cargos sobre dichos productos no
pedidos, en franca violación al derecho del consumidor.
El colmo aquí, como puede extractarse de la
respuesta dada por el codemandado ICBC (ver fs. 56 en
adelante), es pretender que el cliente debe asumir la
responsabilidad por no haber rechazado el producto que
unilateralmente la entidad le entregó. Es decir, el
absurdo de pretender que la culpa la tiene el cliente
porque no concurrió a la sucursal o no se comunicó para
hacer saber que no quería el mentado producto, en el
caso tarjeta de crédito.
Francamente, es difícil posicionarse frente a
tamaña ridiculez. O sea que la situación es ésta: el
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Banco, sin mediar petición alguna, me inventa una
tarjeta de crédito, me inventa cargos sin que siquiera
la use, vamos, sin que siquiera la acepte, y encima me
informa al sistema de deudores financieros por esos
cargos creados exclusivamente por aquel, con el
perjuicio que ello representa, y soy yo quien tengo la
culpa por no haberme quejado a tiempo. Pues bien, no
resiste ningún análisis lógico.
El juez de grado vuelve a errar cuando aborda la
cuestión. Es que parece no haber advertido la esencia
de la cuestión, y solo se centra en la conducta asumida
por la entidad ya “que no desoyó los reclamos” del
accionante. Más allá de que ello no fue literalmente así
en la realidad, dado que este debió insistir, el tema
entiendo transita el meridiano de por qué debió llegar
el consumidor a esa instancia, que razón de justicia
puede invocarse, pues ninguna.
Y lo peor, es que justamente el sentido de la
aplicación de la multa por el daño punitivo, como antes
me ocupara de aclarar, es la de prevenir y desalentar
la reiteración de conductas similares en el futuro.
Flaco favor hacemos a los justiciables liberando a estas
entidades de la sanción que merecen, y que de otro modo
podría hacerlas recapacitar para no repetir el “modus
operandi” dañoso.
Es en tal contexto que entiendo que lo decidido no
es ajustado a derecho, razón por la que habré de hacer
lugar al agravio de la apelante e imponer a ambos
codemandados en forma solidaria la multa por daño
punitivo que establezco en la suma pedida de pesos
doscientos mil ($200.000). Los intereses sobre la
condena por daños punitivos se devengarán a partir de
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los diez (10) días de quedar firme la presente, a la
tasa dispuesta en la sentencia de grado.
Respecto del agravio por las costas, atento al
modo en que he resuelto, y por imperio de la letra del
art. 282 del CPCCCh, han de ser readecuadas, razón por
la que la queja al respecto ha perdido virtualidad. En
consecuencia dispongo imponer las correspondientes a
ambas instancias en forma solidaria a los codemandados
vencidos, por el principio general de derrota (art. 69
CPCCCh). Difiero la regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes para el momento del
acuerdo.
A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, y de ser compartido mi voto,
propongo al acuerdo la siguiente fórmula:
1) Hacer lugar al recurso de apelación
interpuesto por el actor, rechazando la excepción de
falta de legitimación pasiva opuesta por el Banco C. SA,
y en consecuencia revocar el fallo de grado en su parte
pertinente, condenando solidariamente a este y al I. and
C. B. of C. (ICBC) a abonar al actor la suma de pesos
doscientos sesenta mil ($260.000) en concepto de daño
moral y daño punitivo, con más sus intereses, los que
habrán de calcularse según considerandos respectivos.
2) Las costas de ambas instancias se imponen
solidariamente a los codemandados vencidos (arts. 69 y
282 CPCCCh).
3) Diferir la regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes en ambas instancias para
el momento del acuerdo.
A la primera cuestión, la Dra. García Blanco dijo:
La Sentencia Definitiva nro. 113/2016 del Juzgado
Civil nro. 1 de la jurisdicción dispuso hacer lugar a
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la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta
por el Banco C. SA, rechazando la demanda incoada en su
contra. Acogió parcialmente la demanda incoada por el
Sr. P. E. M. y condenó a I. and C. B. of C. SA a pagar
la suma de $60.000 con más intereses a partir del 28 de
febrero de 2013. Impuso las costas a la demandada
vencida y reguló los honorarios de los profesionales
actuantes (fs. 202/214).
Contra la misma se alzó la demandada a fs. 216,
cuyo recurso se declaró desierto a fs. 235 por falta de
fundamentación, y la actora a fs. 217. Presentó memorial
de agravios a fs. 219/221 que fueron contestados por las
partes accionadas a fs. 222/223, fs. 224/232.
Efectuaré una escueta reseña de las quejas toda vez
que fueron detalladas por quien me precedió en la
emisión de su voto.
En el respectivo memorial la actora se queja por
el rechazo de la falta de legitimación pasiva dispuesta
por el juez a quo respecto del Banco C. SA por cuanto
no dijo en su contestación de demanda que no era titular
de fideicomiso financiero Privado F., solo dijo que no
había contratado con el actor sin presentar pruebas de
la relación que lo unía con C.. Cuando presta servicios
a los fines de borrar del veraz está presente dicha
entidad.
Agravia a la actora la imposición de las costas del
rechazo.
Se queja de los daños punitivos que el juez de
grado solo tuvo en cuenta de forma errónea el periodo
posterior al trámite administrativo ante el banco actor
que finiquitó con la eliminación de los datos de moroso
del veraz.
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La conducta de ICBC no fue diligente con el actor,
surge de fs. 14/15, 30/31 que no recibió una correcta
solución al problema en tiempo y forma, conjuntamente
con los reclamos formales existieron múltiples
verbales.
El banco envió tarjetas de crédito que generaron
gastos automáticos, hecho prohibido por el art. 35 LDC.
Al contestar la accionada solicita se declare
desierto el recurso.
Dice que el daño punitivo es la condena pecuniaria
extra compensatoria que los jueces imponen a pedido de
parte con el objeto de sancionar al demandado.
En igual sentido la demandada solicita la
declaración de deserción porque no se indicó el error
del juzgador al rechazo de la excepción, pretende el
actor abrir en este estadio etapas precluidas.
En cuanto al daño punitivo rechazado, sostiene que
es excepcional y es una condenación suplementaria que
se aplica a un daño injusto.
El hecho grave es requisito de procedencia del daño
punitivo o multa civil. Si no hay dañador o agente que
cause daño no podrá imponerse daño punitivo, el Banco
C. no tiene vinculación contractual con la actora,
tampoco es pasible de responder por algún otro daño.
Análisis:
Cuestiona en esta instancia la parte actora la
decisión del juez a quo de hacer lugar a la falta de
legitimación pasiva interpuesta por el Banco C. SA, la
contraria argumenta contra este planteo que la queja
carece de la suficiencia técnica necesaria para ser
receptada en la alzada.
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Corresponde poner de resalto que el escrito de
expresión de agravios debe contener la crítica concreta
y razonada de las partes del fallo que el apelante
considera equivocadas conforme la norma citada, por lo
que el contenido de la impugnación se relaciona con la
carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su
queja, señalando y demostrando los errores en que se ha
incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento
se considera injusto o contrario a derecho (CNCiv. Sala
A, 1998-02-24, Tolabac Bianchi, La Ley 1999-C-777,
J.Agrup. caso 13.807).
De todas maneras, encontrándose comprometido el
derecho de defensa en juicio, el criterio de amplia
flexibilidad que este cuerpo que integro ha mantenido
constante y reiteradamente, que resulta ser la
interpretación más acorde con esa garantía
constitucional, por lo que cabe estimar que la carga de
fundar los agravios se satisface con el mínimo de
técnica exigido por las normas procesales en materia
recursiva (cf. jurisprudencia nacional, CNCiv. Sala G,
mayo 15-1981, La Ley 1983-B-764; CNCom. Sala C, set.
22-1978, La Ley 1978-D-674; CNCiv. Sala H, feb. 262003,
R 355.525 entre muchos otros de esta alzada).
Siguiendo este criterio amplio de admisibilidad,
que no implica receptar los agravios, sino verificar su
admisibilidad formal, considero que el escrito de
expresión de agravios presentado por la actora resulta
suficiente y cumple los requisitos del art. 268 del
Digesto Jurídico, ya que esa parte ha objetado
mínimamente los argumentos dados por la juez de primera
instancia, haciendo expresa referencia a las constancias
existentes en la causa.
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A fs. 149, Veraz informó que el actor fue comunicado
como deudor por ICBC de mayo a julio de 2007 calificación
3 y calificación 4, agosto y 1 recién julio/2014.
A fs. 164 se agregó el oficio dirigido al Banco
Central en el mismo se requirió la siguiente
información, 1) si el actor ha figurado en sus registros
desde 2013, 2) fecha de altas y baja, 3) sujeto adherente
que ha informado al registro situación de mora o en su
caso informe la fuente o registro de donde la extrajo,
4) de información sobre la deuda que motiva la
registración, 5) informe quien es el titular del
Fideicomiso Financiero F..
Evacuadas las consultas por el oficiado, dicha
información emitida por el ente estatal, no fue eludida
por el magistrado de grado como invoca el recurrente, a
fs. 204y vta., lo que decidió la aceptación de la defensa
indicando que fue el actor quien demandó a un banco que
no resultó ser la misma persona.
No fue el banco C. quien fue demandado a fs. 37,
la persona jurídica que informó al VERAZ, sino FF F. y
la respuesta del Banco Central confirma ello al decir a
fs. 172 ref. “fiduciario C. Fiduciario Financiero SA…
(fiduciante Banco de Galicia y Buenos Aires)” (sic), son
dos personas distintas.
La demanda fue dirigida a Banco C. SA y en ningún
momento hizo alusión a que la acción estaba dirigida al
fideicomiso; fue la accionada quien contestó demanda y
planteó la excepción. La recurrente pretende ahora
introducir una persona diversa al proceso.
Es más, al agregar documentación la nota de fs. 20,
con el nombre del Banco C., este dice que contesta en
el carácter de apoderado del fideicomiso y no como el
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demandado C., cuando contesta la excepción la actora
dice que demanda al titular del fideicomiso fs. 94 ref.
conocía por cuanto admite que surge del propio informe
del Veraz quién fue el informante, que no era el banco
demandado, sino el fideicomiso.
No caben dudas de que el estatuto del consumidor
será aplicado al fideicomiso, sin importar el esquema
utilizado, pero en la especie no fue el demandado.
Estos argumentos que no difieren de lo analizado
por el juez a quo me inducen al rechazo del agravio y
corresponde confirmar lo decidido con la imposición de
costas conforme fue dispuesto por el sentenciante de
grado.
En cuanto al rechazo del daño punitivo, el juez a
quo describió acabadamente la situación derivada de las
constancias de autos, tales como que no existió
contrato, por lo cual la tarjeta fue remitida
unilateralmente, que el banco es un profesional experto,
que efectivamente envió la información al Veraz sobre
una morosidad en el pago de saldos correspondientes esa
tarjeta, pero concluyó el sentenciante de grado en el
punto que está en tratamiento, que la conducta del
demandado fue diligente al retirar la información, lo
cual no hizo lugar al pedido.
El funcionamiento del sistema financiero exige
especial diligencia en sus operadores, dado que, como
es sabido, cualquier error sobre estos aspectos genera
consecuencias que no se acotan al vínculo entre el
cliente y la específica entidad con la que este se
relaciona, sino que, exhibida la situación del primero
en un centro de información al alcance de todas las
entidades y del público en general, es susceptible de
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generar ingentes daños no solo materiales, sino también
morales.
Si herramientas como las descriptas –tales como su
descalificación pública- son concebibles en un Estado
de Derecho -refractario por antonomasia a toda sanción
sin juicio previo-, es por algo obvio: esas herramientas
abonan el debido funcionamiento de una actividad que,
como la financiera, compromete fuertemente el interés
general con beneficiosa incidencia en la comunidad. Pero
reconoce un presupuesto indispensable, que se supone
presente en razón de la condición profesional casi
arquetípica de las entidades que aquí operan: que se
halle en manos de sujetos altamente especializados y
funcionalmente preparados para conducirse con la mayor
diligencia. Cualquiera sea la explicación que se otorgue
al caso esto es, sea que se entienda que el episodio
sucedió por falta de diligencia o no- los hechos más
arriba relatados permiten tener por acreditado que la
herramienta de que se trata fue indebidamente utilizada,
por lo que el demandado debe asumir sus consecuencias,
sea porque se entienda que actuó con culpa, o porque,
en cambio, se trata de un aspecto que integra su propio
riesgo empresario, no observo la diligencia a la que
hace referencia el juez a quo porque fue una herramienta
inadecuadamente utilizada (me refiero a comunicar una
deuda inexistente) que es potencialmente apta para
causar daños, por lo que, como es obvio, quien las
utiliza debe hacerse cargo de las consecuencias de su
uso indebido, lo que me lleva a considerar aplicable lo
dispuesto en el art. 52 bis de la LDC como establece la
letra de la ley; puesto que no comparto el criterio de
cierto sector de la doctrina que propicia como requisito
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de procedencia que el infractor haya obtenido un
beneficio económico.
Considero que están dados los presupuestos para la
procedencia del instituto en cuestión (art. 52 bis Ley
24240), hago lugar al recurso, y establezco como monto
por el concepto multa por daño punitivo el reclamado de
$200.000 (pesos doscientos mil).
En cuanto a los intereses mantengo el criterio de
quien me precedió, comenzaran a correr a partir de los
10 días de quedar firme la presente sentencia.
Las costas las impongo en ambas instancias a la
demandada por aplicación de lo dispuesto en el art. 282
y 69 del ritual. Difiero la regulación de los honorarios
de los profesionales actuantes al momento del acuerdo.
A la segunda cuestión, la Dra. García Blanco dijo:
Propongo:
1) Receptar parcialmente los agravios de la
actora. Modificar exclusivamente la sentencia venida en
crisis en el punto 2), condenando a la demandada I. and
C. B. of C. SA a pagar al actor Sr. P. E. M. la suma de
$260.000, con más los intereses conforme considerando
respectivo.
2) Costas en ambas instancias a la demandada.
Diferir la regulación de los honorarios de los letrados
actuantes al momento del acuerdo.
A la primera cuestión, la Dra. Zanatta dijo:
Las sentencia definitiva de fs. 202/210 hizo lugar
a la excepción de falta de legitimación pasiva
interpuesta por Banco C. S.A. y rechazó la demanda
incoada en su contra.
La parte actora apeló a fs. 217 y expresó agravios
a fs. 219/220, los que son contestados a fs. 224/232.
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Como los antecedentes del caso y el contenido de
la expresión de agravios han sido reseñados por quienes
me preceden en la votación; a tales constancias me
remito con el fin de evitar repeticiones estériles y la
premura del plazo del presente proceso sumarísimo.
Los dos vocales preopinantes no han logrado acuerdo
en el tratamiento del agravio de la parte actora
referido a la admisión de la excepción de falta de
legitimación pasiva opuesta por la codemandada Banco C..
Por ello y en razón de la previsión del art. 274
del CPr., mi pronunciamiento versará exclusivamente
sobre el punto y sus implicancias en la imposición de
costas.
La parte actora denuncia una fractura en el
principio de congruencia en la resolución del caso
porque el Banco C. demandado fundó su defensa de falta
de legitimación pasiva en la falta de contratación con
el actor, sin presentar documentación, prueba, ni
aclarar la relación entre las sociedades del grupo C..
Sin embargo, dice, el juez fundó su resolución en hechos
diferentes a los alegados. Al ceñirse al informe del
Banco Central, omitió considerar las contestaciones del
C. Fiduciario Financiero S.A. al actor, especialmente
el membrete del Banco C. en tales comunicaciones, y
desoyó la normativa contenida en el art. 40 de la LDC
que establece la responsabilidad objetiva del prestador
de servicios o proveedor de bienes.
Es cierto, el actor reclamó contra el Banco C. SA
aduciendo que el FFPF es de propiedad de aquel banco.
Frente al informe del Banco Central que da cuenta
que C. Fiduciario Financiero S.A es fiduciario del
FFPF, el juez admitió tal extremo y buscó definir si el
Banco C. y el C. Fiduciario Financiero son la misma
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persona. Concluyó en que no resultan ser una misma
persona jurídica porque ostentan claves únicas de
identificación tributaria (CUIT) distintas e hizo lugar
a la excepción opuesta.
Ahora bien, el actor en su demanda expresó que fue
colocado en el registro de deudores del sistema del
Banco Central por el ICBC y por el FFPF propiedad del
Banco C.. También dijo que desconocía en qué condiciones
se llevó a cabo la presunta cesión de derechos al FFPF
y que solo pudo averiguar que pertenece al Banco C. S.A.
A fs. 20 acompañó notificación que le remitiera el
Banco C. en su carácter de apoderado de C. Fiduciario
Financiero S.A. en su calidad de fiduciario del FFPF,
mediante la cual se le informaba que la deuda mantenida
con el Fideicomiso y originadas con el ICBC estaba
totalmente cancelada.
A su turno, la demandada excepcionante, en sus
negativas generales negó que el FFPF sea de su
propiedad, mas no aportó pruebas tendientes a acreditar
tal extremo, ni ninguna otra prueba relativa a la
postura que asumió.
Contrariamente, el actor, frente al desconocimiento
respecto de las condiciones en que se llevara a cabo la
cesión de derechos, ofreció como documental en poder de
la demandada Banco C. (fs. 42vta.) entre otras: el
contrato de cesión de créditos contra el Sr. P. E. M.
al FFPF; el contrato de constitución del FFPF. Conforme
constancias de fs. 120 fue debidamente intimada a su
presentación en la causa y frente a su incumplimiento
se efectivizó el apercibimiento dispuesto a fs. 100
(art. 392 del CPr).
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Sintetizadas las constancias relevantes de la causa
en torno al tema a decidir, dejaré sentando que el
presente litigio encuadra en una típica relación de
consumo, quedando por ende emplazada la responsabilidad
de la demandada en el ámbito específico de los
principios y normas de defensa al consumidor (arts.1, 2
LDC).
No existe discrepancia que en el marco de la
operatoria de servicios de los bancos en el que se limita
a efectuar prestaciones no crediticias por cuenta y
orden del cliente –operaciones neutras- se entremezclan
con otro tipo de operaciones conformando un núcleo
contractual complejo que evidentemente cae dentro de la
relación banco-consumidor fruto de la denominada
“bancarización” de la vida de los individuos, en
ocasiones inevitable, la cual principió con la
obligatoriedad del pago del salario por medios bancarios
(Santarelli Fulvio “Ley de Defensa del Consumidor”, dir.
por Picasso-Vazquez Ferreyra, La Ley 2009, T. I, p. 40).
Fue debidamente fundado por el actor y decidido por
el juez a fs. 48, sin embargo en la resolución recurrida
no se conjugaron las directrices y principios de tal
normativa.
Digo eso porque frente a las circunstancias
probatorias reseñadas y la aplicación del art. 53 del
estatuto del consumidor arribo a la solución contraria
a la adoptada por el juez.
En el caso, acreditada la vinculación entre el
Banco C. S.A. demandado (fs. 20), que afirmó ser el
apoderado de C. Fiduciario Financiero S.A, fiduciario a
la vez de quien informara la condición de deudor del
actor, era a aquel, demandado en autos y excepcionante,
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a quien le correspondía aportar al proceso todos los
elementos de prueba que obren en su poder conforme a las
características del bien o servicio, prestando la
colaboración necesaria para el esclarecimiento de la
cuestión debatida (art. 53 LDC).
No se trata aquí de obligar al litigante a producir
prueba en su contra, sino que se le impone una carga de
colaboración en la dilucidación de la verdad objetiva
del caso, evitando de esta manera la proliferación de
actitudes tendientes a obstaculizar el reclamo de la
contraria que a obtener la satisfacción de su pretensión
(cf. Kielmanovich, cit. por Saenz y Silva en glosa al
art. 53 op. cit. T.I p 667).
De esta forma y de conformidad con lo dispuesto por
el art. 53 LDC, es el proveedor quien debe aportar al
juicio las pruebas que se encuentren en su poder por ser
razonablemente quien se encuentra en mejores condiciones
técnicas para resguardar los elementos que determinan
el alcance de la relación instaurada. En el caso, era
el único caP. de aportar los elementos corroborantes de
la falta de vínculo contractual invocada.
El actor especialmente señaló que desconocía los
términos de la cesión efectuada y acompañó prueba
documental no contradicha, a través de la que acreditó
que existe una red contractual entre Banco C. y C.
Fiduciario Financiero. Acreditó así el presupuesto
fáctico necesario para actuar la presunción contraria a
la posición asumida por el demandado excepcionante.
Existe en el caso una vinculación tal entre el Banco
C. y el fiduciario de del FFPF que no se desvirtúa por
la existencia de claves de identificación tributaria
distintas que evidentemente responden a principios de
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carácter tributario. Es indudable que Banco C. no es
una espectadora ajena.
Refuerza la tesis propuesta, que la demandada Banco
C. S.A informa a través de su página web que “encabezamos
un grupo de empresas argentinas de finanzas y servicios
integrado también por: The Capita Corporation,
Provencred, Crediclick, Credial, Cuota Ya, C. Bursáti y
C. Fiduciario Financiero (fuente:
http://www.C..com.ar/3-quienes-somos.note.aspx).
Queda demostrada la vinculación entre el Banco C.
y el C. Fiduciario Financiero y que conforman un grupo
empresario. No acreditó, como era su carga, la
desvinculación con C. Fiduciario Financiero, razón por
la que queda sin sustento la decisión recurrida basada
en la existencia de Claves de identificación tributaria
distintas y justifica la legitimación pasiva de la
demandada.
La solución que adopto conlleva por lógica
consecuencia la readecuación de las costas de primera
instancia (art. 282 del CPr.), razón que exime de
tratamiento el agravio de la actora relativo al punto,
debiendo imponerse las costas de ambas instancias a las
codemandadas vencidas.
A la segunda cuestión, la Dra. Zanatta dijo:
Por las razones dadas y con los alcances de este
voto, considero corresponde dictar el pronunciamiento
propuesto por el primer votante.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando
acorado dictar, con la disidencia parcial de la Dra.
García Blanco, la siguiente
SENTENCIA:
1) Hacer lugar al recurso de apelación
interpuesto por el actor, rechazando la excepción de
falta de legitimación pasiva opuesta por el Banco C. SA
y haciendo lugar al daño punitivo; en consecuencia
revocar el fallo de la sentencia de fs. 302/210vta. en
su parte pertinente, condenando solidariamente a este y
al I. and C. B. of C. (ICBC) a abonar al actora la suma
de doscientos sesenta mil pesos ($260.000) en concepto
de daño moral y daño punitivo, con más sus intereses,
los que habrán de calcularse según considerandos
respectivos.
2) Imponer solidariamente las costas de ambas
instancias a los codemandados vencidos.
3) Regular los honorarios profesionales por los
trabajos realizados en primera instancia a los Dres. M.
G. B. I., M. de la P. B. I. y J. N. S., conjuntamente,
en el dieciocho por ciento (18%), a los Dres. O. G. A.
y M. G., conjuntamente, en el dieciséis por ciento
(16%), a la Dra. M. S. C. en el dieciséis por ciento
(16%) y al perito psicólogo J. M. F. M. en el dos
por ciento (2%), porcentajes a calcular sobre el monto
total de condena del presente juicio, con más el IVA si
correspondiera.
4) Regular los honorarios profesionales por los
trabajos realizados en la alzada a la Dra. M. de la P.
B. I. en el treinta por ciento (30%), al Dr. O. G. A.
en el veinticinco por ciento (25%) y a la Dra. M. S. C.
en el veinticinco por ciento (25%), porcentajes a
calcular sobre lo respectivamente regulado a cada parte
por su labor en la instancia de grado, con más el IVA
si correspondiera.
5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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M. FERNANDA ZANATTA RICARDO RUBÉN ENRIQUE HAYES
Jueza de Cámara Presidente
GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO
Jueza de Cámara
REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2017
DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS “CyC”
M. MAGDALENA CONSTANZO Secretaria
de Cámara
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