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apuntes y leyes de impuestos y otros temas

Índice

    1. Nuevas frecuencias aéreas
    2. ACUERDO ENTRE IRLANDA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
    3. La reorganización de sociedades del mismo conjunto económico no paga impuesto a las ganancias
    4. AFIP le sacó plata de su cuenta bancaria, porque otro contribuyente puso esa CBU
    5. Resolución sobre suba de tarifas de electricidad – aumento de la luz
    6. Resolución sobre suba de tarifas de luz y criterios para tarifa social
    7. Nuevas tarifas de luz
    8. Escuelas privadas no pagarán contribuciones patronales
    9. Desregulación tarifa aerocomercial
    10. Nueva moratoria AFIP
    11. Restringen el empleo público
    12. La champaña no pagará impuestos internos
    13. Medios podrán canjear impuestos por pauta publicitaria
    14. Aumento de tarifas en audiencia pública
    15. Sentencia sobre clausura
    16. AFIP ya no inhabilitará más el CUIT
    17. Nuevo programa contra la criminalidad informática
    18. Monto para ser considerado PyME
    19. Nuevo monto para informar ganancias
    20. Aumento de gas – TGN
    21. Tasa de reciprocidad para turistas de EE.UU.
    22. Ley de emergencia de la PBA
    23. Compensación a lecheros
    24. Ingreso de divisas
    25. Licitaciones y contrataciones públicas
    26. Veto a la ley anti despidos
    27. Retenciones de impuesto a las ganancias
    28. Nuevo salario para las fuerzas de seguridad
    29. Tarifa tope de gas
    30. Registro de dominios de Internet
    31. Centros de adicciones
    32. Secreto Fiscal
    33. DJ Informativa
    34. Prórroga para declaraciones juradas y pago
    35. Nueva moratoria fiscal

bici

 

Nuevas frecuencias aéreas

 

Lamentablemente y desde hace años, sigue en vigencia la tarifa mínima debajo de la cual ninguna aerolínea puede volar. Quizás se modifique esto en el futuro permitiendo el desarrollo del sector low cost.
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL


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NOTA A.N.A.C. N° 321

REF.: EXP-ANC:0029502/2017

BUENOS AIRES, 07 AGO. 2017

EDICTO

En cumplimiento de lo determinado por los Artículos 102, 108 y 128 del Código Aeronáutico y lo ordenado por la Resolución N° 485/2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el día miércoles 6 de septiembre de 2017, a partir de las 9:00 horas, se realizará la AUDIENCIA PÚBLICA N° 219, en el teatro de la Ribera sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza N° 1821, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a fin de tratar las siguientes solicitudes:

PEDIDO I: EXP-ANC:0042402/2016 por el que ARGENJET AVIACIÓN S.A. solicita autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de carga exclusiva utilizando aeronaves de gran porte BOEING 727-200F Cargo.

PEDIDO II: EXP-ANC:0020763/2017 por el que AVIAN LÍNEAS AÉREAS S.A. solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte ATR-72-600 y AIRBUS 320, durante un período de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan:

1) BUENOS AIRES – GENERAL PICO – SANTA ROSA – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

2) BUENOS AIRES – BOLIVAR – OLAVARRÍA – BUENOS AIRES: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

3) BUENOS AIRES – SAN LUIS – VILLA MERCEDES – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias mensuales;

4) BUENOS AIRES – NECOCHEA – TANDIL – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias mensuales;

5) CÓRDOBA – MENDOZA – CÓRDOBA: SESENTA (60) frecuencias mensuales;

6) CÓRDOBA – ROSARIO – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

7) CÓRDOBA – VILLA MERCEDES – SAN LUIS – CÓRDOBA: CUATRO (4) frecuencias mensuales;

8) CÓRDOBA – SANTA FE – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

9) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – ROSARIO – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

10) BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES: TRECE (13) frecuencias mensuales;

11) BUENOS AIRES – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – BUENOS AIRES: TRECE (13) frecuencias mensuales;

12) BUENOS AIRES – SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

13) BUENOS AIRES – COMODORO RIVADAVIA – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

14) CÓRDOBA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

15) CÓRDOBA – SALTA – CÓRDOBA: TRECE (13) frecuencias mensuales;

16) CÓRDOBA – TERMAS DE RÍO HONDO – SANTIAGO DEL ESTERO – CÓRDOBA: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

17) CÓRDOBA – MENDOZA – SAN JUAN – CÓRDOBA: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

18) CÓRDOBA – CORRIENTES – FORMOSA – CÓRDOBA: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

19) CÓRDOBA – POSADAS – PUERTO IGUAZÚ – CÓRDOBA: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

20) BUENOS AIRES – PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA – RECONQUISTA – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

21) BUENOS AIRES – CONCORDIA – PUERTO IGUAZÚ – CONCORDIA – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

22) BUENOS AIRES – TANDIL – TRES ARROYOS – BUENOS AIRES: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

23) BUENOS AIRES – MARCOS JUAREZ – VILLA DE MARÍA DEL RÍO SECO – BUENOS AIRES: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

24) BUENOS AIRES – PERITO MORENO – BUENOS AIRES: OCHO (8) frecuencias mensuales;

25) BUENOS AIRES – PUERTO SAN JULIÁN – BUENOS AIRES: OCHO (8) frecuencias mensuales;

26) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – RESISTENCIA – PUERTO IGUAZÚ – FLORIANÓPOLIS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – PUERTO IGUAZÚ – RESISTENCIA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: VEINTIDOS (22) frecuencias mensuales;

27) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – SALTA – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – SALTA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

28) BUENOS AIRES – FLORIANÓPOLIS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

29) BUENOS AIRES – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

30) BUENOS AIRES – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

31) BUENOS AIRES – SANTIAGO DE CHILE – (REPÚBLICA DE CHILE) – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

32) BUENOS AIRES – CUZCO (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BUENOS AIRES: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

33) BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

34) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

35) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – IQUIQUE (REPÚBLICA DE CHILE) – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – IQUIQUE (REPÚBLICA DE CHILE) – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

36) BUENOS AIRES – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) – BUENOS AIRES: NUEVE (9) frecuencias mensuales;

37) CÓRDOBA – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

38) CÓRDOBA – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – CÓRDOBA: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

PEDIDO III: EXP-ANC:0010738/2017 por el que BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINES S.A. solicita autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte BOEING 737 o AIRBUS 320, AIRBUS 330/350 o BOEING 767/777/787/747 y concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte antes mencionadas, con facultad de omitir y/o alterar escalas, durante un período de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan:

1) BUENOS AIRES – BAHÍA BLANCA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

2) BUENOS AIRES – SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

3) BUENOS AIRES – CORRIENTES – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

4) BUENOS AIRES – CÓRDOBA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

5) BUENOS AIRES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES (CHAPELCO) – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

6) BUENOS AIRES – COMODORO RIVADAVIA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

7) BUENOS AIRES – EL CALAFATE – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

8) BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

9) BUENOS AIRES – MALARGÜE – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

10) BUENOS AIRES – SAN LUIS – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

11) BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

12) BUENOS AIRES – MENDOZA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

13) BUENOS AIRES – NEUQUÉN – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

14) BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

15) BUENOS AIRES – TRELEW – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

16) BUENOS AIRES – RESISTENCIA – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias semanales;

17) BUENOS AIRES – RÍO GALLEGOS – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

18) BUENOS AIRES – ROSARIO – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

19) BUENOS AIRES – SANTA FE – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias semanales;

20) BUENOS AIRES – SALTA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

21) BUENOS AIRES – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

22) BUENOS AIRES – USHUAIA – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

23) BUENOS AIRES – ASUNCIÓN (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

24) BUENOS AIRES – BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

25) BUENOS AIRES – BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

26) BUENOS AIRES – FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

27) BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

28) BUENOS AIRES – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

29) BUENOS AIRES – MACEIÓ (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

30) BUENOS AIRES – MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

31) BUENOS AIRES – NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

32) BUENOS AIRES – PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) – BUENOS AIRES: DOS (2) frecuencias semanales;

33) BUENOS AIRES – PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias semanales;

34) BUENOS AIRES – RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

35) BUENOS AIRES – SANTIAGO DE CHILE – (REPÚBLICA DE CHILE) BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

36) BUENOS AIRES – SALVADOR DE BAHÍA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

37) BUENOS AIRES – CAMPINAS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

38) BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

39) BUENOS AIRES – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

40) BUENOS AIRES – CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

41) BUENOS AIRES – CARTAGENA DE INDIAS (REPÚBLICA DE COLOMBIA) BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

42) BUENOS AIRES – CUZCO (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

43) BUENOS AIRES – GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

44) BUENOS AIRES – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

45) BUENOS AIRES – QUITO (REPÚBLICA DEL ECUADOR) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

46) BUENOS AIRES – BOSTON (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

47) BUENOS AIRES – CANCÚN (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

48) BUENOS AIRES – FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

49) BUENOS AIRES – NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: DOS (2) frecuencias semanales;

50) BUENOS AIRES – LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

51) BUENOS AIRES – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: CINCO (5) frecuencias semanales;

52) BUENOS AIRES – ORLANDO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

53) BUENOS AIRES – MÉXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

54) BUENOS AIRES – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

55) BUENOS AIRES – NUEVA ORLEANS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

56) BUENOS AIRES – CHICAGO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

57) BUENOS AIRES – PORTLAND (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PORTLAND – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

58) BUENOS AIRES – SAN DIEGO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

59) BUENOS AIRES – SEATTLE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

60) BUENOS AIRES – SAN FRANCISCO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

61) BUENOS AIRES – MONTREAL (CANADÁ) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

62) BUENOS AIRES – VANCOUVER (CANADÁ) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

63) BUENOS AIRES -TORONTO (CANADÁ) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

64) CÓRDOBA – CANCÚN (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

65) CÓRDOBA – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

66) CÓRDOBA – ORLANDO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

67) CÓRDOBA – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – CÓRDOBA: DOS (2) frecuencias semanales;

68) ROSARIO – CANCÚN (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

69) ROSARIO – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

70) ROSARIO – ORLANDO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

71) ROSARIO – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – ROSARIO: TRES (3) frecuencias semanales;

72) BUENOS AIRES – ARUBA (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

73) BUENOS AIRES – CURAZAO (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

74) BUENOS AIRES – MARTINICA (REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

75) BUENOS AIRES – LA HABANA (REPÚBLICA DE CUBA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

76) BUENOS AIRES – NASSAU (COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

77) BUENOS AIRES – GUADALUPE (REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

78) BUENOS AIRES – PANAMÁ (REPÚBLICA DE PANAMÁ) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

79) BUENOS AIRES – PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

80) BUENOS AIRES – SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

81) BUENOS AIRES – SAN JUAN DE PUERTO RICO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

82) BUENOS AIRES – SAINT THOMAS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

83) BUENOS AIRES – SAINT CROIX (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

84) BUENOS AIRES – SINT MAARTEN (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

85) CÓRDOBA – ARUBA (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

86) CÓRDOBA – CURAZAO (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

87) CÓRDOBA – PANAMÁ (REPÚBLICA DE PANAMÁ) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

88) CÓRDOBA – PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

89) CÓRDOBA – SAINT THOMAS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

90) CÓRDOBA – SINT MAARTEN (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

91) ROSARIO – ARUBA (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

92) ROSARIO – CURAZAO (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

93) ROSARIO – PANAMÁ (REPÚBLICA DE PANAMÁ) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

94) ROSARIO – PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

95) ROSARIO – SAINT THOMAS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

96) ROSARIO – SINT MAARTEN (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

97) BUENOS AIRES – MÁLAGA (MARBELLA – REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

98) BUENOS AIRES – ÁMSTERDAM (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

99) BUENOS AIRES – BARCELONA (REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

100) BUENOS AIRES – BRUSELAS (REINO DE BÉLGICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

101) BUENOS AIRES – PARIS (REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

102) BUENOS AIRES – COPENHAGUE (REINO DE DINAMARCA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

103) BUENOS AIRES – DUBLÍN (IRLANDA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

104) BUENOS AIRES – ROMA (REPÚBLICA ITALIANA) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

105) BUENOS AIRES – FLORENCIA (REPÚBLICA ITALIANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

106) BUENOS AIRES – FRANKFURT (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

107) BUENOS AIRES – GINEBRA (CONFEDERACIÓN SUIZA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

108) BUENOS AIRES – IBIZA (REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

109) BUENOS AIRES – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

110) BUENOS AIRES – LISBOA (REPÚBLICA PORTUGUESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

111) BUENOS AIRES – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

112) BUENOS AIRES – LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

113) BUENOS AIRES – LYON (REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

114) BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

115) BUENOS AIRES – MARSELLA (REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

116) BUENOS AIRES – MÚNICH (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

117) BUENOS AIRES – MILÁN (REPÚBLICA ITALIANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

118) BUENOS AIRES – NÁPOLES (REPÚBLICA ITALIANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

119) BUENOS AIRES – SANTIAGO DE COMPOSTELA (REINO DE ESPAÑA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

120) BUENOS AIRES – ISLA DE SAL (REPÚBLICA DE CABO VERDE) – BUENOS AIRES: SIETE (7) frecuencias semanales;

121) BUENOS AIRES – VENECIA (REPÚBLICA ITALIANA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

122) BUENOS AIRES – ZÚRICH (CONFEDERACIÓN SUIZA) – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias semanales;

123) CÓRDOBA – PARÍS (REPÚBLICA FRANCESA) – CÓRDOBA: TRES (3) frecuencias semanales;

124) CÓRDOBA – ROMA (REPÚBLICA ITALIANA) – CÓRDOBA: DOS (2) frecuencias semanales;

125) CÓRDOBA – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

126) CÓRDOBA – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – CÓRDOBA: CUATRO (4) frecuencias semanales;

127) CÓRDOBA – MILÁN (REPÚBLICA ITALIANA) – CÓRDOBA: UNA (1) frecuencia semanal;

128) CÓRDOBA – ISLA DE SAL (REPÚBLICA DE CABO VERDE) – CÓRDOBA: SIETE (7) frecuencias semanales;

129) ROSARIO – PARÍS (REPÚBLICA FRANCESA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

130) ROSARIO – ROMA (REPÚBLICA ITALIANA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

131) ROSARIO – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) – ROSARIO: DOS (2) frecuencias semanales;

132) ROSARIO – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ROSARIO: TRES (3) frecuencias semanales;

133) ROSARIO – MILÁN (REPÚBLICA ITALIANA) – ROSARIO: UNA (1) frecuencia semanal;

134) ROSARIO – ISLA DE SAL (REPÚBLICA DE CABO VERDE) – ROSARIO: SIETE (7) frecuencias semanales;

135) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

136) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ÁMSTERDAM (REINO DE LOS PAÍSES BAJOS) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

137) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ATENAS (REPÚBLICA HELÉNICA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

138) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – BARCELONA (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

139) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – PARÍS (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

140) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – COPENHAGUE (REINO DE DINAMARCA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

141) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – FRANKFURT (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

142) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

143) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

144) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – MÚNICH (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

145) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ROMA (REPÚBLICA ITALIANA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

146) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ISLA DE SAL (REPÚBLICA DE CABO VERDE) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

147) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ESTOCOLMO (REINO DE SUECIA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

148) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) -ESTRASBURGO (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

149) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – SALZBURGO (REPÚBLICA DE AUSTRIA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

150) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – VIENA (REPÚBLICA DE AUSTRIA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

151) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) – ZÚRICH (CONFEDERACIÓN SUIZA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

152) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – ASUNCIÓN (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

153) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

154) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

155) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

156) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

157) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

158) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

159) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

160) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

161) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

162) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – MACEIÓ (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

163) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

164) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

165) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – PANAMÁ (REPÚBLICA DE PANAMÁ) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

166) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

167) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – SALVADOR DE BAHÍA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

168) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – CAMPINAS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

169) CÓRDOBA – BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: UNA (1) frecuencia semanal;

170) BUENOS AIRES – CIUDAD DEL CABO (REPÚBLICA DE SUDÁFRICA) – SINGAPUR (REPÚBLICA DE SINGAPUR) – CIUDAD DEL CABO (REPÚBLICA DE SUDÁFRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

171) BUENOS AIRES – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – HAWÁI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

172) BUENOS AIRES – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) – BEIJING (REPÚBLICA POPULAR DE CHINA) – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) – BUENOS AIRES: DOS (2) frecuencias semanales;

173) BUENOS AIRES – AUCKLAND (NUEVA ZELANDA) – BUENOS AIRES: DOS (2) frecuencias semanales;

174) BUENOS AIRES – AUCKLAND (NUEVA ZELANDA) – TOKYO (JAPÓN) – AUCKLAND (NUEVA ZELANDA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

175) BUENOS AIRES – POLINESIA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TAHITÍ FAA’A – REPÚBLICA FRANCESA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

176) BUENOS AIRES – PRAGA (REPÚBLICA CHECA) – HONG KONG (REPÚBLICA POPULAR DE CHINA) – PRAGA (REPÚBLICA CHECA) – BUENOS AIRES: UNA (1) frecuencia semanal;

177) BUENOS AIRES – SÍDNEY (MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA) – BUENOS AIRES: TRES (3) frecuencias semanales;

178) BUENOS AIRES – ZURICH (CONFEDERACIÓN SUIZA) – SHANGHÁI (REPÚBLICA POPULAR DE CHINA) – ZURICH (CONFEDERACIÓN SUIZA) – BUENOS AIRES: DOS (2) frecuencias semanales;

PEDIDO IV: EXP-ANC:0005620/2017 por el que GRUPO LASA S.R.L. solicita autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte ATR 42 – 300.

PEDIDO V: EXP-ANC:0005621/2017 por el que GRUPO LASA S.R.L. solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo y exclusivos de carga con aeronaves de gran porte ATR – 42-300, por un período de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan, con facultad de alterar y/u omitir escalas:

1) COMODORO RIVADAVIA – RÍO GALLEGOS – EL CALAFATE – RÍO GRANDE – USHUAIA y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

2) COMODORO RIVADAVIA – ESQUEL – SAN CARLOS DE BARILOCHE – NEUQUÉN – VIEDMA – TRELEW – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

3) COMODORO RIVADAVIA – TRELEW – MAR DEL PLATA y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

4) NEUQUÉN (PROVINCIA DEL NEUQUÉN – REPÚBLICA ARGENTINA) – TEMUCO (REPÚBLICA DE CHILE) – NEUQUÉN (PROVINCIA DEL NEUQUÉN – REPÚBLICA ARGENTINA) – BAHÍA BLANCA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA) – MAR DEL PLATA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales; y

5) NEUQUÉN (PROVINCIA DEL NEUQUÉN – REPÚBLICA ARGENTINA) – SAN CARLOS DE BARILOCHE (PROVINCIA DE RÍO NEGRO – REPÚBLICA ARGENTINA) – PUERTO MONTT (REPÚBLICA DE CHILE) – SAN CARLOS DE BARILOCHE (PROVINCIA DE RÍO NEGRO – REPÚBLICA ARGENTINA) – NEUQUÉN (PROVINCIA DEL NEUQUÉN – REPÚBLICA ARGENTINA) – SANTA ROSA (PROVINCIA DE LA PAMPA – REPÚBLICA ARGENTINA) – MAR DEL PLATA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales.

PEDIDO VI: EXP-ANC:0005520/2017 por el que JUST FLIGHT S.A. (NOMBRE COMERCIAL: ROYAL CLASS) solicita autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga con aeronaves de gran porte del tipo FAIRCHILD C-26 Metro III.

PEDIDO VII: EXP-ANC:0014719/2017 por el que JUST FLIGHT S.A. (NOMBRE COMERCIAL: ROYAL CLASS) solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte FAIRCHILD C-26 Metro III, por el plazo de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan:

1) BUENOS AIRES – ROSARIO – BUENOS AIRES: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

2) BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

3) BUENOS AIRES – SANTA FE – BUENOS AIRES: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

4) BUENOS AIRES – VILLA GESELL – BUENOS AIRES: OCHO (8) frecuencias mensuales;

5) BUENOS AIRES – SANTA ROSA – BUENOS AIRES: DOCE (12) frecuencias mensuales;

6) BUENOS AIRES – SAN RAFAEL – MENDOZA – BUENOS AIRES: DOCE (12) frecuencias mensuales;

7) BUENOS AIRES – SUNCHALES – RECONQUISTA – SUNCHALES – BUENOS AIRES: DOCE (12) frecuencias mensuales;

8) BUENOS AIRES – TANDIL – BUENOS AIRES: DOCE (12) frecuencias mensuales;

9) BUENOS AIRES – SUNCHALES – VILLA MARIA – BUENOS AIRES: CUATRO (4) frecuencias mensuales; y

10) BUENOS AIRES – PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) – BUENOS AIRES: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

PEDIDO VIII: EXP-ANC:0016698/2017 por el que NORWEGIAN AIR ARGENTINA S.A. solicita concesión para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte BOEING 787-8/9 DREAMLINER, BOEING 787-800 WSFP, BOEING 737 MAX 8 y AIRBUS 321 NEO LR, durante un período de QUINCE (15) años.

PEDIDO IX: EXP-ANC:0010739/2017 por el que NORWEGIAN AIR ARGENTINA S.A. solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte BOEING 787-8/9 DREAMLINER, BOEING 787-800 WSFP, BOEING 737 MAX 8 y AIRBUS 321 NEO LR durante un período de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan:

CABOTAJE DESDE BUENOS AIRES:

1) BUENOS AIRES – BAHÍA BLANCA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) BUENOS AIRES – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: CATORCE (14) frecuencias semanales;

3) BUENOS AIRES – CATAMARCA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) BUENOS AIRES – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: OCHO (8) frecuencias semanales;

5) BUENOS AIRES – CÓRDOBA y v.v.: VEINTISÉIS (26) frecuencias semanales;

6) BUENOS AIRES – CORRIENTES y v.v.: VEINTIDÓS (22) frecuencias semanales;

7) BUENOS AIRES – EL CALAFATE y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

8) BUENOS AIRES – ESQUEL y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

9) BUENOS AIRES – FORMOSA y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

10) BUENOS AIRES – SAN SALVADOR DE JUJUY y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

11) BUENOS AIRES – LA RIOJA y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

12) BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA y v.v.: SEIS (6) frecuencias semanales;

13) BUENOS AIRES – MENDOZA y v.v.: VEINTISÉIS (26) frecuencias semanales;

14) BUENOS AIRES – NEUQUÉN y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias semanales;

15) BUENOS AIRES – PARANÁ y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

16) BUENOS AIRES – POSADAS y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

17) BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ y v.v.: DIEZ (10) frecuencias semanales;

18) BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

19) BUENOS AIRES – RESISTENCIA y v.v.: CUATRO (4) frecuencias semanales;

20) BUENOS AIRES – RÍO CUARTO y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

21) BUENOS AIRES – RÍO GALLEGOS y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

22) BUENOS AIRES – RÍO GRANDE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

23) BUENOS AIRES – SALTA y v.v.: DIEZ (10) frecuencias semanales;

24) BUENOS AIRES – SAN JUAN y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

25) BUENOS AIRES – SAN LUIS y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

26) BUENOS AIRES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

27) BUENOS AIRES – SAN RAFAEL y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

28) BUENOS AIRES – SANTA FE y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

29) BUENOS AIRES – SANTA ROSA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

30) BUENOS AIRES – SANTIAGO DEL ESTERO y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

31) BUENOS AIRES – TRELEW y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

32) BUENOS AIRES – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: DIECIOCHO (18) frecuencias semanales;

33) BUENOS AIRES – USHUAIA y v.v.: CUATRO (4) frecuencias semanales; y

34) BUENOS AIRES – VIEDMA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

CABOTAJE DESDE CÓRDOBA:

1) CÓRDOBA – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) CÓRDOBA – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

3) CÓRDOBA – EL CALAFATE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) CÓRDOBA – SAN SALVADOR DE JUJUY y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

5) CÓRDOBA – MAR DEL PLATA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

6) CÓRDOBA – MENDOZA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

7) CÓRDOBA – NEUQUÉN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

8) CÓRDOBA – POSADAS y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

9) CÓRDOBA – PUERTO IGUAZÚ y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

10) CÓRDOBA – RESISTENCIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

11) CÓRDOBA – ROSARIO y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

12) CÓRDOBA – SALTA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

13) CÓRDOBA – SAN JUAN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

14) CÓRDOBA – SAN LUIS y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

15) CÓRDOBA – SANTA FE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

16) CÓRDOBA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales; y

17) CÓRDOBA – USHUAIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

CABOTAJE DESDE MENDOZA:

1) MENDOZA – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) MENDOZA – SAN SALVADOR DE JUJUY y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

3) MENDOZA – NEUQUÉN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) MENDOZA – ROSARIO y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

5) MENDOZA – SALTA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales y

6) MENDOZA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

CABOTAJE DESDE ROSARIO:

1) ROSARIO – EL CALAFATE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) ROSARIO – PUERTO IGUAZÚ y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales y

3) ROSARIO – SAN RAFAEL y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

CABOTAJE DESDE SALTA:

1) SALTA – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) SALTA – PUERTO IGUAZÚ y v.v: DOS (2) frecuencias semanales;

3) SALTA – ROSARIO y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) SALTA – SAN JUAN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales y

5) SALTA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

VARIOS DE CABOTAJE:

1) SAN CARLOS DE BARILOCHE – EL CALAFATE y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) SAN CARLOS DE BARILOCHE – NEUQUÉN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

3) SAN CARLOS DE BARILOCHE – ROSARIO y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) COMODORO RIVADAVIA – NEUQUÉN y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

5) EL CALAFATE – PUERTO IGUAZÚ y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

6) EL CALAFATE – USHUAIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

7) MAR DEL PLATA – TUCUMÁN y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

8) SAN RAFAEL – SANTA ROSA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

9) SANTA ROSA – VIEDMA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales y

10) TRELEW – USHUAIA y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

INTERNACIONAL DESDE BUENOS AIRES:

1) BUENOS AIRES – ASUNCIÓN (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

2) BUENOS AIRES – BARCELONA (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

3) BUENOS AIRES – BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) BUENOS AIRES – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

5) BUENOS AIRES – BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

6) BUENOS AIRES – CANCÚN (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

7) BUENOS AIRES – CIUDAD DEL CABO (REPÚBLICA DE SUDÁFRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

8) BUENOS AIRES – CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

9) BUENOS AIRES – CARTAGENA DE INDIAS (REPÚBLICA DE COLOMBIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

10) BUENOS AIRES – CHICAGO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

11) BUENOS AIRES – COCHABAMBA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

12) BUENOS AIRES – COPENHAGUE (REINO DE DINAMARCA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

13) BUENOS AIRES – CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

14) BUENOS AIRES – DALLAS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

15) BUENOS AIRES – FLORIANÓPOLIS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

16) BUENOS AIRES – FORT DE FRANCE (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

17) BUENOS AIRES – FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

18) BUENOS AIRES – GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

19) BUENOS AIRES – LA HABANA (REPÚBLICA DE CUBA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

20) BUENOS AIRES – HONOLULU (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

21) BUENOS AIRES – ESTAMBUL (REPÚBLICA DE TURQUÍA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

22) BUENOS AIRES – JOHANNESBURGO (REPÚBLICA DE SUDÁFRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

23) BUENOS AIRES – KIEV (UCRANIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

24) BUENOS AIRES – LA PAZ (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

25) BUENOS AIRES – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) y v.v.: CUATRO (4) frecuencias semanales;

26) BUENOS AIRES – LONDRES (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE) y v.v.: SIETE (7) frecuencias semanales;

27) BUENOS AIRES – LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: CUATRO (4) frecuencias semanales;

28) BUENOS AIRES – MACEIÓ (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

29) BUENOS AIRES – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

30) BUENOS AIRES – MÁLAGA (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

31) BUENOS AIRES – MALDONADO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

32) BUENOS AIRES – MÉXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

33) BUENOS AIRES – MIAMI – FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: CUATRO (4) frecuencias semanales;

34) BUENOS AIRES – MILÁN (REPÚBLICA ITALIANA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

35) BUENOS AIRES – MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y v.v.: SEIS (6) frecuencias semanales;

36) BUENOS AIRES – MOSCÚ ( FEDERACIÓN DE RUSIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

37) BUENOS AIRES – NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

38) BUENOS AIRES – NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

39) BUENOS AIRES – ORLANDO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

40) BUENOS AIRES – OSLO ( REINO DE NORUEGA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

41) BUENOS AIRES – PAPEETE (TAHITÍ – REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

42) BUENOS AIRES – PARÍS (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

43) BUENOS AIRES – PERTH (AUSTRALIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

44) BUENOS AIRES – POINTE À PITRE (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

45) BUENOS AIRES – PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

46) BUENOS AIRES – PORTO SEGURO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

47) BUENOS AIRES – PRAGA (REPÚBLICA CHECA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

48) BUENOS AIRES – PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

49) BUENOS AIRES – QUITO (REPÚBLICA DEL ECUADOR) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

50) BUENOS AIRES – RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

51) BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: CATORCE (14) frecuencias semanales;

52) BUENOS AIRES – ROMA (REPÚBLICA ITALIANA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

53) BUENOS AIRES – SALVADOR (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

54) BUENOS AIRES – SAN FRANCISCO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

55) BUENOS AIRES – SAN JOSÉ DE PUERTO RICO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

56) BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: CINCO (5) frecuencias semanales;

57) BUENOS AIRES – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: CATORCE (14) frecuencias semanales;

58) BUENOS AIRES – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: CATORCE (14) frecuencias semanales;

59) BUENOS AIRES – ESTOCOLMO (REINO DE SUECIA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

60) BUENOS AIRES – SYDNEY (MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

61) BUENOS AIRES – TEL AVIV (ESTADO DE ISRAEL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

62) BUENOS AIRES – WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales y

63) BUENOS AIRES – ZURICH (CONFEDERACIÓN SUIZA) y v.v. DOS (2) frecuencias semanales;

INTERNACIONAL DESDE CÓRDOBA:

1) CÓRDOBA – BARCELONA (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) CÓRDOBA – CANCÚN (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

3) CÓRDOBA – FORT DE FRANCE (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

4) CÓRDOBA – LA HABANA (REPÚBLICA DE CUBA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

5) CÓRDOBA – LIMA (REPUBLICA DEL PERÚ) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

6) CÓRDOBA – MADRID (REINO DE ESPAÑA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

7) CÓRDOBA – MIAMI – FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

8) CÓRDOBA – POINTE Á PITRE (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

9) CÓRDOBA – PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

10) CÓRDOBA – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

11) CÓRDOBA – SALVADOR (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

12) CÓRDOBA – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales; y

13) CÓRDOBA – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

INTERNACIONAL DESDE MENDOZA:

1) MENDOZA – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales;

2) MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: DOS (2) frecuencias semanales y

3) MENDOZA – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

INTERNACIONAL DESDE ROSARIO:

1) ROSARIO – MIAMI/FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

PEDIDO X: EXP-ANC:0007551/2017 por el que POLAR LÍNEAS AÉREAS S.A. solicita las autorizaciones y concesiones que a continuación se detallan, a ser operadas con aeronaves de gran porte DC 10, AIRBUS A-340 y BOEING 737:

A) Concesión para explotar servicios regulares internos de transporte aéreo combinado de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte por el término de QUINCE (15) años y con facultad de omitir y/o alterar escalas, en las rutas que a continuación se detallan:

1) MERLO – CÓRDOBA y v.v.: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

2) MERLO – MENDOZA y v.v.: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

3) MERLO – ROSARIO y v.v.: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

4) MERLO – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

5) MERLO – BUENOS AIRES (EZEIZA) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

6) MERLO – LA PLATA y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

7) MERLO – VILLA MERCEDES y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

8) MERLO – SAN LUIS y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

9) VILLA MERCEDES – SAN LUIS – MENDOZA – SAN JUAN y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

10) VILLA MERCEDES – SAN LUIS – CATAMARCA – LA RIOJA y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

11) VILLA MERCEDES – MENDOZA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

12) VILLA MERCEDES – SAN LUIS – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

13) VILLA MERCEDES – RIO CUARTO – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

14) VILLA MERCEDES – SAN LUIS – MENDOZA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

15) SAN LUIS – VILLA MERCEDES – RÍO CUARTO – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SAN LUIS: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

16) SAN LUIS – MENDOZA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

17) SAN LUIS – RÍO CUARTO – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

18) MENDOZA – SAN LUIS – VILLA MERCEDES – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

19) MENDOZA – NEUQUÉN – COMODORO RIVADAVIA – MENDOZA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

20) LA PLATA – NEUQUÉN – SAN CARLOS DE BARILOCHE – LA PLATA : TREINTA (30) frecuencias mensuales;

21) LA PLATA – TRELEW – COMODORO RIVADAVIA – LA PLATA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

22) LA PLATA – RÍO GALLEGOS – RÍO GRANDE – LA PLATA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

23) LA PLATA – EL CALAFATE – USHUAIA y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

24) LA PLATA – ROSARIO y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

25) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (EZEIZA) y v.v.: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

26) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y v.v.: SESENTA (60) frecuencias mensuales;

27) CÓRDOBA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – SALTA – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

28) CÓRDOBA – CATAMARCA – LA RIOJA – CÓRDOBA: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

29) CÓRDOBA – RESISTENCIA – IGUAZÚ – CÓRDOBA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

30) CÓRDOBA – EL CALAFATE – USHUAIA – CÓRDOBA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

31) CÓRDOBA – NEUQUÉN – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

32) CÓRDOBA – TRELEW – COMODORO RIVADAVIA – CÓRDOBA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

33) CÓRDOBA – ROSARIO y v.v.: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

34) CÓRDOBA – MENDOZA y v.v.: QUINCE (15) frecuencias mensuales;

35) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – TRELEW – COMODORO RIVADAVIA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): TREINTA (30) frecuencias mensuales;

36) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – IGUAZÚ y v.v.: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

37) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

38) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTIAGO DEL ESTERO y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

39) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – NEUQUÉN – SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

40) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – EL CALAFATE – USHUAIA y v.v.: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

41) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – SALTA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): TREINTA (30) frecuencias mensuales;

42) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SAN JUAN – LA RIOJA y v.v.: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

43) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – MENDOZA y v.v.: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

44) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RÍO GALLEGOS – RÍO GRANDE – BUENOS AIRES: (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

B) Concesión para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo combinado de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte por el término de QUINCE (15) años y con facultad de omitir y/o alterar escalas, en las rutas que a continuación se detallan:

1) LA PLATA – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – LA PLATA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

2) LA PLATA – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – LA PLATA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

3) LA PLATA – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – COCHABAMBA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – LA PLATA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

4) MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

5) CÓRDOBA – JUJUY – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – COCHABAMBA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – CÓRDOBA: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

6) CÓRDOBA – SALTA – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

7) CÓRDOBA – LA PAZ (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: 12 frecuencias mensuales;

8) CÓRDOBA – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

9) CÓRDOBA – ROSARIO – PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

10) CÓRDOBA – ROSARIO – FLORIANÓPOLIS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25)

11) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

12) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (EZEIZA) – AUCKLAND (NUEVA ZELANDA) – SYDNEY (MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

13) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (EZEIZA) – MADRID (REINO DEL ESPAÑA) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

14) CÓRDOBA – BUENOS AIRES (EZEIZA) – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

15) CÓRDOBA – ROSARIO – MADRID (REINO DEL ESPAÑA) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

16) CÓRDOBA – ROSARIO – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

17) CÓRDOBA – ROSARIO – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

18) CÓRDOBA – ROSARIO – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

19) CÓRDOBA – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: OCHO (8) frecuencias mensuales;

20) CÓRDOBA – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v. OCHO (8) frecuencias mensuales;

21) ROSARIO – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – COCHABAMBA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – ROSARIO: TREINTA (30) frecuencias mensuales;

22) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – LA PAZ (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

23) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – COCHABAMBA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY): VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

24) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) y v.v.: DIEZ (10) frecuencias mensuales;

25) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

26) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – LA PAZ (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

27) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

28) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

29) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

30) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – LIMA (REPÚBLICA DEL PERÚ) – BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA) y v.v.: VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

31) BUENOS AIRES (EZEIZA) – USHUAIA – PERTH (MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA) – SINGAPUR (REPÚBLICA DE SINGAPUR) y v.v.: DIECISÉIS (16) frecuencias mensuales;

C) Concesión por el término de QUINCE (15) años, para operar servicios regulares internos de transporte aéreo de carga exclusiva con aeronaves de gran porte y con la facultad de omitir y/o alterar escalas en las siguientes rutas:

1) LA PLATA – USHUAIA – RÍO GALLEGOS – COMODORO RIVADAVIA – TRELEW – PUERTO MADRYN – BAHÍA BLANCA – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES (EZEIZA): VEINTIOCHO (28) frecuencias mensuales;

2) BUENOS AIRES (EZEIZA) – USHUAIA – RÍO GALLEGOS – COMODORO RIVADAVIA – TRELEW – PUERTO MADRYN – BAHÍA BLANCA – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES (EZEIZA): VEINTICINCO (25) frecuencias mensuales;

3) MERLO – USHUAIA – RÍO GALLEGOS – COMODORO RIVADAVIA – TRELEW – PUERTO MADRYN – BAHÍA BLANCA – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES (EZEIZA) – MERLO: VEINTIOCHO (28) frecuencias mensuales;

D) Concesión por el término de QUINCE (15) años para operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga exclusiva con aeronaves de gran porte y con facultad de omitir y/o alterar escalas, en las rutas que a continuación se detallan:

1) BUENOS AIRES (EZEIZA) – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – BUENOS AIRES (EZEIZA): DOCE (12) frecuencias mensuales;

2) MERLO – MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – MERLO: DOCE (12) frecuencias mensuales;

3) BUENOS AIRES (EZEIZA) – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – BUENOS AIRES (EZEIZA): VEINTE (20) frecuencias mensuales;

4) MERLO – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) – MERLO: VEINTE (20) frecuencias mensuales;

E) Autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo combinado de pasajeros, carga y correo y de carga exclusiva con aeronaves de gran porte.

PEDIDO XI: EXP-ANC:0013394/2017 por el que SERVICIOS AÉREOS PATAGÓNICOS S.A. (SAPSA) solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte CRJ 200, con facultad de omitir y/o alterar escalas, por el plazo de QUINCE (15) años, en las rutas que a continuación se detallan:

1) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – RESISTENCIA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

2) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RESISTENCIA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

3) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RESISTENCIA – FORMOSA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

4) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – CÓRDOBA – CATAMARCA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

5) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – CÓRDOBA – SAN JUAN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

6) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – NEUQUÉN – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

7) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y v.v.: VEINTIOCHO (28) frecuencias semanales;

8) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – MAR DEL PLATA – TRELEW – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

9) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RESISTENCIA – SAN SALVADOR DE JUJUY y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

10) RESISTENCIA – SANTIAGO DEL ESTERO – SALTA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

11) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – RESISTENCIA – POSADAS y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

12) RESISTENCIA – CÓRDOBA – LA RIOJA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

13) RESISTENCIA – CÓRDOBA – MENDOZA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

14) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – PUERTO IGUAZÚ – VIRACOPOS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – VIRACOPOS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) – BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) VEINTIÚN (21) frecuencias semanales;

15) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) y v.v.: CATORCE (14) frecuencias semanales;

16) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – RESISTENCIA – ASUNCIÓN (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

17) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – BAHÍA BLANCA – VIEDMA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

18) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – EL CALAFATE – USHUAIA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

19) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – PUERTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

20) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – ROSARIO – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

21) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTA FE – CÓRDOBA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

22) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – SANTA FE – MENDOZA – NEUQUÉN – COMODORO RIVADAVIA y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

23) BUENOS AIRES (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) – VIEDMA – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

24) MAR DEL PLATA – BAHÍA BLANCA – SAN CARLOS DE BARILOCHE y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

25) RESISTENCIA – SAN SALVADOR DE JUJUY – SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

26) ROSARIO – BAHÍA BLANCA – NEUQUÉN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

27) ROSARIO – FORMOSA – SAN SALVADOR DE JUJUY y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

28) ROSARIO – LA RIOJA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

29) ROSARIO – SAN LUIS – NEUQUÉN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

30) ROSARIO – POSADAS – PUERTO IGUAZÚ y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

31) ROSARIO – POSADAS y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

32) ROSARIO – SANTIAGO DEL ESTERO – LA RIOJA – SAN JUAN y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

33) BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

34) BUENOS AIRES – RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

35) BUENOS AIRES – BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

36) BUENOS AIRES – SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE) y v.v.: VEINTIUN (21) frecuencias semanales;

37) BUENOS AIRES – FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

38) BUENOS AIRES – ORLANDO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y v.v.: TRES (3) frecuencias semanales;

39) BUENOS AIRES – LISBOA (REPÚBLICA PORTUGUESA) y v.v.: (SIETE) 7 frecuencias semanales;

40) BUENOS AIRES – PARÍS (REPÚBLICA FRANCESA) y v.v.: (CUATRO) 4 frecuencias semanales;

41) BUENOS AIRES – FRANKFURT (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA) y v.v.: (CUATRO) 4 frecuencias semanales;

PEDIDO XII: EXP-ANC:0024509/2016 por el que SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS AERONÁUTICOS S.A. (SEA) solicita autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga, utilizando aeronaves de gran porte del tipo EMBRAER ERJ 135 ER.

Para poder participar como expositor en la Audiencia Pública es necesario, de acuerdo a las normas vigentes, inscribirse en el Registro de Participantes habilitado al efecto en la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – A.N.A.C., sita en la calle Azopardo N° 1405, 6° Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, entre los días 21 de agosto y 4 de septiembre de 2017, inclusive, en el horario de 10 hs. a 15 hs. Asimismo, dentro del mismo plazo se podrá tomar vista de los expedientes antes citados.

Publíquese por DOS (2) días en el Boletín Oficial.

Juan Pedro Irigoin, Administrador Nacional de Aviación Civil.

 

Acuerdo con Irlanda para intercambiar información

ACUERDO ENTRE IRLANDA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

Irlanda y la República Argentina (en adelante denominadas “las Partes”), con la intención de celebrar un Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

Las autoridades competentes de las Partes se prestarán asistencia a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de las leyes nacionales de las Partes con relación a los impuestos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información incluirá aquella que previsiblemente pueda resultar de interés para la determinación, la liquidación y la recaudación de dichos impuestos, y el cobro y la ejecución de créditos tributarios, o la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información se intercambiará de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y tendrá carácter confidencial según lo expuesto en el artículo 8. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por las leyes o las prácticas administrativas de la Parte Requerida seguirán siendo aplicables en la medida que no impidan o demoren innecesariamente el intercambio eficaz de información.
ARTÍCULO 2

JURISDICCIÓN

Una Parte Requerida no está obligada a suministrar información que no esté en poder de sus autoridades ni en poder o control de personas que se encuentran dentro de su jurisdicción territorial.
ARTÍCULO 3

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes impuestos:
a) En el caso de la República Argentina: a todos los impuestos cuya administración se encuentre bajo la administración de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con excepción de los que revisten carácter de aduaneros.
b) En el caso de Irlanda: impuestos de toda clase y naturaleza exigibles hasta la fecha de firma del Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se aplicará asimismo a todo impuesto idéntico establecido con posterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo que se añada o que sustituya a los vigentes. El presente Acuerdo se aplicará también a todo impuesto sustancialmente similar que se establezcan con posterioridad a la firma del Acuerdo y que se añadan a los actuales o los sustituyan si las Autoridades Competentes de las Partes así lo convienen. Las Autoridades Competentes de las Partes se notificarán de todo cambio sustancial en la tributación y en las medidas para la obtención de información vinculadas, comprendidas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4

DEFINICIONES

1. Para los fines del presente Acuerdo:
a) “Parte” se entenderá la República Argentina o Irlanda según el contexto;
b) (i) “República Argentina”, el término “República Argentina” incluye al territorio sujeto a la soberanía de la República Argentina, de conformidad con sus normas constitucionales y legales;
(ii) “Irlanda” El término “Irlanda” incluye cualquier área fuera de las aguas territoriales de Irlanda, que ha sido o puede ser designada en adelante, según la legislación Irlandesa sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, como un área dentro de la cual Irlanda podrá ejercer los derechos de soberanía y jurisdicción de conformidad con el derecho internacional;
c) “Autoridad Competente” se entenderá:
(i) en Irlanda: los Comisionados de Ingresos o sus representantes autorizados;
(ii) en la República Argentina el Administrador Federal de Ingresos Públicos o su representante autorizado;
d) “Persona” se entenderá toda persona física, sociedad o cualquier otra asociación de personas;
e) “Sociedad” se entenderá toda persona jurídica o entidad que se considere persona jurídica a los fines impositivos;
f) “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier sociedad cuya principal clase de acciones se cotice en una bolsa de valores reconocida siempre que sus acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas o vendidas por el público. Las acciones podrán ser adquiridas o vendidas “por el público” cuando la adquisición o venta de acciones no esté restringida en forma implícita o explícita a un grupo limitado de inversores;
g) “Clase Principal de Acciones” se entenderá la clase o clases de acciones que representan a la mayoría de los derechos de voto y del valor de la Sociedad;
h) “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores reconocida por las Autoridades Competentes de las Partes;
i) “Fondo o Plan de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier vehículo de inversión mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada. Por “Fondo o Plan Público de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier fondo o plan de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o en el plan puedan ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o en el plan podrán ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados “por el público” si la adquisición, venta o el rescate no están restringidos en forma implícita o explícita a un grupo limitado de inversores;
j) “Impuesto” se entenderá todo impuesto al que se aplique el Acuerdo;
k) “Parte Requirente” se entenderá la Parte que solicita la información;
l) “Parte Requerida” se entenderá la Parte a la que se le solicita proporcione la información;
m) “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los procedimientos administrativos o judiciales que permitan que una Parte obtenga y brinde la información solicitada;
n) “Información” se entenderá todo dato, declaración o registro cualquiera sea la forma que revista, necesario para la administración y aplicación de los impuestos comprendidos en el Acuerdo;
o) “Asuntos Penales Tributarios” se entenderá a los asuntos tributarios que impliquen actos intencionales susceptibles de procesamiento judicial según lo estipulado por el derecho penal de la Parte Requirente;
p) “Derecho Penal” se entenderá el derecho penal definido como tal según las leyes nacionales, independientemente de estar contemplado en el derecho tributario, el código penal u otros estatutos.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo, en cualquier momento, para una de las Partes, cualquier término no definido en el presente Acuerdo, a menos que el contexto exija otra interpretación, tendrá el significado que le atribuya en ese momento la legislación de dicha Parte, prevaleciendo el significado atribuido por las leyes fiscales de aplicación de dicha Parte por sobre el significado atribuido al término según lo dispuesto por otras leyes de dicha Parte.
ARTÍCULO 5

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A SOLICITUD

1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida ante una solicitud brindará la información a los fines estipulados en el artículo 1. Dicha información se intercambiará sin perjuicio de que la conducta que está siendo investigada pudiera constituir un delito en virtud de la legislación de la Parte Requerida si dicha conducta ocurriere en el territorio de la Parte Requerida.
2. Si la información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no fuera suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de Información, dicha Parte utilizará todas las correspondientes medidas para la obtención de información a fin de poder brindar a la Parte Requirente la información solicitada, sin perjuicio de que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la Parte Requirente lo solicite específicamente, la Autoridad Competente de la Parte Requerida brindará Información conforme a lo establecido en el presente Artículo, siempre que su legislación interna lo permita a través de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte, para los fines especificados en el artículo 1 del presente Acuerdo, garantizará que sus Autoridades Competentes están facultadas para obtener y brindar, previa solicitud:
a) Información que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier Persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria; incluyendo representantes y fiduciarios;
b) Información vinculada con la titularidad de empresas, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, y otras personas, incluyendo, con las limitaciones estipuladas en el artículo 2, información sobre la titularidad de todas esas personas en una cadena de titularidad; para el caso de los fideicomisos, Información sobre los fideicomisarios, fideicomitentes y beneficiarios para el caso de las fundaciones, información sobre los fundadores, miembros del consejo de la fundación y beneficiarios. Asimismo, el presente Acuerdo no crea la obligación para las Partes de obtener y brindar información sobre titularidad con relación a las sociedades que cotizan en bolsa o a los fondos o planes públicos de inversión colectiva, salvo que dicha información pueda ser obtenida sin ocasionar grandes dificultades.
5. La Autoridad Competente de la Parte Requirente brindará la siguiente información a la Autoridad Competente de la Parte Requerida cada vez que se realice una solicitud de información conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo a fin de demostrar la previsible importancia de la información para la solicitud:
a) la identidad de la persona sometida a inspección o investigación;
b) declaración de la información solicitada detallando su naturaleza y la forma en que la Parte Requirente desea recibir la información de la Parte Requerida;
c) el fin tributario por el cual se solicita la información;
d) fundamentos por los cuales se considera que la información solicitada se encuentra en poder de la Parte Requerida o se encuentra en poder o control de una persona dentro de la jurisdicción de la Parte Requerida;
e) si se conoce, el nombre y la dirección de cualquier Persona que se crea que posee la información solicitada;
f) declaración que estipule que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas administrativas de la Parte Requirente, que si la solicitud de información se realizó dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces, la Autoridad Competente de la Parte Requirente estaría en condiciones de obtener la información conforme a las leyes de la Parte Requirente o en el curso normal de la práctica administrativa, y que dicha solicitud es de conformidad con lo estipulado en el presente Acuerdo;
g) declaración que estipule que la Parte Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la Información, salvo aquellos que hubieran dado lugar a dificultades desproporcionadas.
6. La Autoridad Competente de la Parte Requerida remitirá la información solicitada tan pronto le sea posible a la Parte Requirente. A fin de asegurar una rápida respuesta, la Autoridad Competente de la Parte Requerida:
a) Confirmará la recepción de la solicitud por escrito a la Autoridad Competente de la Parte Requirente y le notificará sobre las deficiencias encontradas en la solicitud, si las hubiere, dentro de los sesenta (60) días de la recepción de la solicitud.
b) Si la Autoridad Competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar la información dentro de los noventa (90) días de haber recibido la solicitud, incluyendo si encuentra obstáculos para suministrar la información o si se niega a suministrar la información, inmediatamente informará esto a la Parte Requirente, explicándole los motivos de su incapacidad, la naturaleza de los obstáculos o los motivos de su rechazo.
7. Las solicitudes deberán realizarse por escrito, pudiendo asimismo realizarse en forma electrónica. En caso de realizarse solicitudes a la República Argentina estas se redactarán en idioma español y en caso de realizarse solicitudes a Irlanda, se redactarán en idioma inglés.
ARTÍCULO 6

PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE UNA PARTE (LA PARTE REQUIRENTE) EN EL TERRITORIO DE LA OTRA PARTE (LA PARTE REQUERIDA)

1. Previa notificación dentro de un plazo razonable, la Parte Requerida podrá permitir que representantes de la Autoridad Competente de la Parte Requirente estén presentes en su territorio con el fin de entrevistar a personas y examinar registros con el previo consentimiento por escrito de las personas involucradas. La Autoridad Competente de la Parte Requerida notificará a la Autoridad Competente de la Parte Requirente, la fecha y el lugar de la reunión prevista con las personas físicas involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de la Parte Requirente, la Autoridad Competente de la Parte Requerida podrá permitir que funcionarios de la Autoridad Competente de la primera estén presentes en el momento oportuno durante el proceso de una fiscalización tributaria en la Parte Requerida.
3. En caso de que la solicitud mencionada en el apartado 2 sea aceptada, la Autoridad Competente de la Parte que lleva a cabo la fiscalización notificará a la Autoridad Competente de la otra Parte, con la mayor brevedad posible, la fecha y el lugar de la fiscalización, la autoridad o funcionario autorizado para realizar tal fiscalización y los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte Requerida para llevar a cabo la fiscalización. Todas las decisiones relativas a la realización de la fiscalización deberán ser tomadas por la Parte que lleva a cabo la fiscalización.
ARTÍCULO 7

POSIBILIDAD DE DENEGAR UNA SOLICITUD

1. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o proporcione información que la Parte Requirente no podría obtener en virtud de su propia legislación para los fines de la administración o aplicación de su propia legislación fiscal. La Autoridad Competente de la Parte Requerida podrá negarse a brindar asistencia cuando la solicitud no se realice conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte la obligación de brindar información que pudiera revelar secretos comerciales, empresariales, industriales o profesionales o un proceso industrial. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la información descrita en el apartado 4 del artículo 5 no será considerada como secreta o como proceso industrial o comercial, simplemente por ajustarse a los criterios de dicho apartado.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte la obligación de obtener o brindar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, abogado defensor u otro representante legal admitido cuando dichas comunicaciones:
(a) Se produzcan con el fin de solicitar o brindar asesoramiento jurídico, o
(b) Se produzcan con el fin de utilizarlas en procedimientos legales existentes o contemplados.
4. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información cuando la comunicación de la información solicitada sea contraria al orden público.
5. No podrá denegarse una solicitud de información fundamentando que existe controversia en cuanto al crédito tributario que origina la solicitud.
6. La Parte Requerida podrá denegar una solicitud de información si la información es solicitada por la Parte Requirente para administrar o hacer cumplir una disposición de su derecho tributario, o cualquier otro requisito relacionado con ella, que resulte discriminatoria contra un nacional o ciudadano de la Parte Requerida en comparación con un nacional o ciudadano de la Parte Requirente en las mismas circunstancias.
ARTÍCULO 8

CONFIDENCIALIDAD

Toda información recibida por una Parte en virtud del presente Acuerdo tendrá carácter confidencial, y podrá revelarse solo a personas o autoridades (incluyendo tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la Parte interesadas en la evaluación o recaudación, la aplicación o enjuiciamiento o la determinación de recursos en relación con los impuestos comprendidos en este Acuerdo. Tales personas o autoridades deberán utilizar dicha información únicamente para estos fines y podrán revelarla en procesos judiciales públicos o en resoluciones judiciales. La información no podrá revelarse a ninguna otra persona, entidad, autoridad o jurisdicción sin el consentimiento expreso por escrito de la Autoridad Competente de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 9

COSTOS

Los costos ordinarios ocasionados por razón de la prestación de asistencia serán sufragados por la Parte Requerida, y los costos extraordinarios ocasionados por razón de la prestación de asistencia (incluyendo los gastos razonables correspondientes a asesores externos con relación a un litigio u otro procedimiento necesario para cumplir con la solicitud) serán sufragados por la Parte Requirente. A solicitud de cualquiera de las Partes, las respectivas Autoridades Competentes se consultarán cuando sea necesario respecto del presente artículo, y en particular la Autoridad Competente de la Parte Requerida consultará con anticipación a la Autoridad Competente de la Parte Requirente si se espera que los costos ocasionados por razón de la prestación de una solicitud específica de información sean significativos.
ARTÍCULO 10

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando surjan dificultades o dudas entre las Partes en relación con la aplicación o la interpretación de este Acuerdo, las respectivas Autoridades Competentes harán lo posible por resolverlas de mutuo acuerdo.
2. Además de los acuerdos a los que se refiere el apartado 1, las Autoridades Competentes de las Partes podrán acordar mutuamente los procedimientos a utilizarse en virtud de los artículos 5 y 6.
3. Las Autoridades Competentes de las Partes podrán comunicarse directamente entre sí a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el presente artículo.
ARTÍCULO 11

ENTRADA EN VIGOR

1. Las Partes se notificarán por escrito que se han cumplido los procedimientos internos necesarios, exigidos por sus respectivas leyes, para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo (30°) día de recibida la última de estas notificaciones e inmediatamente después tendrá efecto:
(a) Con relación a los asuntos penales tributarios, a la fecha de entrada en vigor, para los períodos imponibles que comiencen a partir de esa fecha inclusive o, cuando no exista dicho período imponible, para todas las obligaciones tributarias que surjan a partir de esa fecha inclusive.
(b) Con relación a todos los demás aspectos contemplados en el artículo 1, a la fecha de entrada en vigor, para los períodos imponibles que comiencen el 1 de enero del año inmediato posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo o con posterioridad a esa fecha, o cuando no exista dicho período imponible, para todas las obligaciones tributarias que surjan el 1 de enero del año inmediato posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo o con posterioridad a esa fecha.
ARTÍCULO 12

TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que cualquiera de las Partes notifique a la otra Parte por escrito a través de los canales diplomáticos su intención de darlo por terminado con al menos seis (6) meses de antelación al último día del año calendario. En tal caso, el presente Acuerdo cesará de tener efecto a partir del primer día del año calendario siguiente.
2. Aún después de terminado el Acuerdo conforme lo establecido en el párrafo 1, ambas Partes seguirán obligadas por las disposiciones establecidas en el artículo 8 con respecto a cualquier información obtenida en virtud del presente Acuerdo.
En prueba de conformidad, los abajo firmantes, siendo debidamente autorizados para tal efecto, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Berlín a los 29 días del mes de Octubre de 2014, en dos originales en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.


 

 

Reorganización libre de impuestos en caso de conjunto económico

Frigorífico Paladini SA se fusionó con el Frigorífico Villa Diego SA. La ley de impuesto a las ganancias permite no pagar impuestos por esa operación (transferencia de bienes) en la medida en que se cumplan algunos requisitos, entre otros, informar a la AFIP y la continuación de la actividad.

Frigorífico Villa Diego SA careció de empleados durante los últimos dos años anteriores a la fusión y declaró ante la AFIP que su actividad consistía en la prestación de servicios inmobiliarios, lo que motivó que la AFIP determinara que la transacción debía pagar impuestos. Pero tanto la corte como la procuradora consideraron que debía ser libre de impuestos.

 

 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 02/03/2011 “FRIGORIFICO PALADINI S.A. C/ AFIP S/ DEMANDA”.
Suprema Corte:
– I –
A fs. 276 280 de los autos principales (a los que se referirán las demás citas), la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó lo resuelto por la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó la aplicación del art. 77 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. 1997) a la fusión por absorción de Frigorífico Villa Diego S.A. (absorbida) por parte de Frigorífico Paladini S.A. (absorbente).
En primer lugar, explicó que la forma elegida por la actora para efectuar su reorganización empresaria había sido la regulada por el inc. a) del ya citado art. 77, esto es, la “fusión de empresas preexistentes” y, en estos términos, se realizaron los trámites ante la autoridad de aplicación y la correspondiente denuncia ante la AFIP. Indicó que el derecho tributario hace referencia a determinada figura de la rama civil -en el caso, la “fusión”-, sujetándola a determinadas consecuencias impositivas, sin que pueda colegirse, como pretende el contribuyente, que remite también a toda otra de parecido contenido económico, pues a cada una le corresponde su propia causa típica, su propia finalidad y función, que la caracterizan y distinguen de las demás.
Desde la óptica de la realidad económica, agregó, tampoco se advierte una discordancia entre la figura jurídica empleada y la intención real de las partes sino que, por el contrario, ha existido una “fusión” en términos civiles, negocio jurídico que la legislación tributaria aprehende a su manera.
En segundo término, afirmó que, estando a la forma de reorganización elegida por la recurrente (“fusión” regulada por el inc. a. del art. 77 de la ley), no se verifican los requisitos legales por ella exigidos pues Frigorífico Villa Diego S.A. careció de empleados durante los últimos dos años anteriores a la fusión y declaró ante la AFIP que su actividad consistía en la prestación de “servicios inmobiliarios”. Tales circunstancias violan lo dispuesto por el art. 105, incs. I) y III), del decreto 1.344/98, los cuales exigen, respectivamente, que las empresas que se reorganicen se encuentren en marcha y que desarrollen actividades iguales o vinculadas durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la reorganización.
Por último, negó también que el negocio jurídico en análisis quede alcanzado por el inc. c) del art. 77 de la ley -“ventas y transferencias de una entidad a otra que a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan en mismo conjunto económico”- pues para ello se requiere que la entidad continuadora prosiga, durante un lapso no inferior a dos años desde la fecha de la reorganización, con la actividad de las empresas reestructuradas. Especificó que ello no ocurre en la especie, pues Frigorífico Paladini S.A. no ha proseguido con la prestación de los “servicios inmobiliarios” que realizaba Frigorífico Villa Diego S.A. Y, en este sentido, rechazó la pretensión de la actora tendiente a que se reconociera que este último efectuaba en realidad tareas frigoríficas, pues ello implicaría admitir que había declarado en falso al Fisco Nacional sobre la índole de las actividades desempeñadas con anterioridad a la reorganización.
– II –
Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 284 302, que fue concedido a fs. 317 318 en cuanto se cuestionó la interpretación y el alcance de normas de carácter federal y desestimado en lo referente a la arbitrariedad invocada. Ante esta decisión, la apelante presentó este recurso de hecho.
Plantea, en primer lugar, que la Cámara crea un dogma y una preclusión administrativa que la ley no admite, al sostener que el contribuyente había encuadrado su petición ante la AFIP en los términos del inc. a) del art. 77 de la ley y, por ello, no puede pretender luego que el organismo recaudador, en instancia recursiva en sede de la Administración, encauce su pedido bajo el inc. c) del mismo precepto.
A continuación, afirma que, subsumido el acto en el ya citado inc. c) del art. 77 de la ley por la existencia de un conjunto económico, se torna ocioso todo el análisis que vuelcan ambos fallos de grado en torno al cumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 105, incs. I) y III), del decreto 1.344 98, toda vez que ellas no se aplican a esta figura.
Por otra parte, señala que la Cámara confunde el requisito que establece que la entidad continuadora debe proseguir, durante un lapso no inferior a dos años desde la fecha de la reorganización, con la actividad de las empresas reestructuradas. Indica, en tal sentido, que no se trata de actividades idénticas entre sí, sino que la continuadora debe mantener sendas actividades, pudiendo ser cualquiera de ellas, con lo cual esta exigencia estaría cumplida.
Como conclusión, subraya que es imposible que se produzcan ganancias gravadas en aquellas fusiones y escisiones en las que el ochenta por ciento (80%) o más del capital social de la entidad continuadora pertenece a los accionistas de la empresa que se reorganiza (cfr. art. 105, inc c., decreto 1.344/98), pues se trata de los mismos bienes, que prosiguen con las mismas actividades, bajo otra estructura jurídica, sin la presencia de terceros ajenos al conjunto, por lo que en estos supuestos la neutralidad impositiva debe garantizarse.
– III –
Adelanto que, en mi criterio, la arbitrariedad del pronunciamiento se exhibe en dos aspectos, que trataré a continuación en sendos acápites.
– IV –
Se encuentra fuera de debate que el 17/01/02 la actora presentó una nota a la AFIP, a fin de cumplir con lo exigido por la resolución general (DGI) 2.245, en la que comunicó el proceso de reorganización que involucraba a Frigorífico Villa Diego S.A. (absorbida) y Frigorífico Paladini S.A. (absorbente). Calificó allí a la operación como una “fusión por absorción” (cfr. fs. 3/6).
En respuesta a ello, el 04/11/02 la Agencia Sede Rosario de la DGI-AFIP rechazó en su aspecto formal la reorganización informada (fs. 17), decisión posteriormente confirmada por la resolución (DI RRO2) 65/03, del 18/12/03, que agotó la vía administrativa y originó la promoción de esta causa (fs. 23/36).
En lo que aquí interesa, este último acto administrativo expresó que el contribuyente había inicialmente comunicado a la AFIP su reorganización como “fusión por absorción” (art. 77, inc. a., de la ley del impuesto), por lo cual no corresponde su análisis como “conjunto económico” (art. 77, inc. c., de la misma ley) en los términos solicitados posteriormente en el recurso de apelación que había presentado contra la primera resolución (cfr. fs. 30, segundo párrafo). A su turno, tanto la sentencia de primera instancia como la Cámara avalaron este criterio, como surge del relato efectuado más arriba.
Disiento con esta postura. El art. 116 de la ley 11.683 (t.o. 1998) establece la aplicación supletoria de la ley 19.549, cuyo art. 1º, inc. c), consagra el principio de formalismo moderado o informalismo en favor del administrado, del cual se deriva que no existen estructuras sacramentales para los planteos de los particulares efectuados en sede administrativa (Fallos: 308:633 y 315:1604). Bajo el prisma de este asentado principio, es evidente para mi que la mera circunstancia de que la actora no haya comunicado desde el inicio su reorganización bajo la forma del art. 77, inc. c), de la ley del tributo, sino que tal notificación fue hecha con posterioridad y en el marco de un recurso de apelación (cfr. fs. 21), no puede resultar fatal para su derecho, ni obsta a que el funcionario actuante -o el juez interviniente, en su caso- brinden adecuada respuesta a esta petición, aplicando las normas vigentes a los hechos y antecedentes obrantes en la causa.
En consecuencia, si se considera que el apelante comunicó también su reorganización bajo la forma del art. 77, inc. c), al interponer el recurso de apelación en sede administrativa, y que el ente recaudador no ha invocado precepto alguno que imposibilite reconocer efectos jurídicos a lo notificado en esos términos, se advierte que la negativa de la Cámara a atender toda queja respecto de la concreta aplicación de ese precepto al caso de autos -a raíz de un excesivo apego a las formalidades de los procedimientos- se presenta revestida de un injustificado rigor formal, incompatible con el derecho de defensa y con un adecuado servicio de justicia (arg. Fallos: 302:131; 304:326; 305:419; 310:2029, entre otros).
Lo expuesto, en mi parecer, torna inoficioso el análisis efectuado en la sentencia respecto del cumplimento de los requisitos fijados en el art. 105, incs. I) y III), del decreto 1.344/98, toda vez que ellos únicamente se exigen para los supuestos regulados en los incs. a) y b) del art. 77 de la ya citada ley.
– V –
Además de lo anterior, corresponde analizar la restante imputación de la Cámara para denegar la aplicación del art. 77, inc. c), de la ley del tributo a este caso, consistente en el incumplimiento de lo dispuesto por el primer párrafo del citado precepto, el que exige que la entidad continuadora prosiga, durante un lapso no inferior a dos años desde la fecha de la reorganización, con la actividad de las empresas reestructuradas.
Para sostener esta afirmación, la Cámara se basa, únicamente, en que Frigorífico Villa Diego S.A. declaró como su actividad ante la AFIP la prestación de “servicios inmobiliarios” en lugar de la actividad frigorífica.
Ha sostenido V.E. que el art. 73 de la ley 11.682 (t.o. 1960) -antecesor de la disposición bajo análisis- contempla la situación que resulta de una transferencia de bienes entre distintas sociedades o de la transformación y reorganización de sociedades, y consagra la idea del “conjunto económico” como generadora de determinadas consecuencias fiscales. Añadió: “Apuntó esa idea que utilizó por primera vez el decreto-ley 18.229 43 (art. 8º), al propósito de evitar revalúos ficticios, amortizaciones indebidas y transferencias simuladas: pero es bueno señalar desde ahora que el “conjunto económico” no pretende ser “sujeto económico”, nuevo ente de derecho fiscal ya que la empresa de origen como realidad económica no muda y, como principio, el mayor valor asignado a los bienes en un revalúo técnico contable no es una utilidad concreta y diferida, susceptible de realizarse y de sustraer inversiones al negocio, en tanto así no resulte de una efectiva enajenación, que arroje un beneficio gravado” (Fallos: 272:258, subrayado agregado).
En sintonía con lo anterior, también puntualizó el Tribunal que esta cuestión de la existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, pero unificadas económicamente, conduce al examen de otro problema: el alcance del concepto de la “realidad económica”, específicamente aceptado en la ley 11.683 (Fallos: 286:97; 307:118).
Se desprende de aquí la indudable relevancia que la realidad económica posee en la evaluación de los requisitos exigidos en este tipo de procesos -en especial, cuando se encuentra involucrado, como en este caso, un “conjunto económico”- a fin de cumplir cabalmente con la intención del legislador -expuesta ya en la nota del Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto de la que fue luego la ley 18.527 y valorada en Fallos: 279:247-, la que perseguía que el sistema tributario no se transformara en un obstáculo para estos negocios, al darles el carácter de operación gravada e impedir de ese modo que, por razones de costo fiscal, se llevaran adelante reorganizaciones cuyo resultado podría ser el mejoramiento de la productividad.
Desde esta perspectiva, no puede soslayarse aquí que la propia AFIP ha constatado que no existen divisiones físicas entre las instalaciones de ambas empresas, contando con una única puerta de entrada de animales vacunos y porcinos, una sola sala de calderas para abastecer a toda la planta donde se desarrolla el proceso de faena, despostado y elaboración de productos, un único edificio de oficinas administrativas y un único sistema contable e impositivo, razón por la cual los inspectores actuantes concluyeron que en las instalaciones de Frigorífico Villa Diego S.A. se realiza la actividad de frigorífico (cfr. acta de fs. 11/14, cuya
autenticidad no sido negada por la contraria sino que, aún más, la menciona en su contestación de demanda a fs. 178 vta. y 180).
Tampoco puede dejarse de lado que el 16/12/94 el Servicio Nacional de Sanidad Animal transfirió a Frigorífico Paladini S.A. la habilitación de Frigorífico Villa Diego S.A. y estableció que las actividades desarrolladas por ambas empresas llevarían como única denominación “Establecimiento Oficial Nº 1.130 – Frigorífico Paladini S.A.” (resolución 1.482, obrante a fs. 28/39, también consignada en el acta de fs. 11/14).
Por último, adquiere particular relevancia lo afirmado por la propia resolución administrativa recurrida, en la que se manifiesta: “Que cabe señalar que de los elementos aportados de las propias manifestaciones de la responsable del asunto y de la verificación practicada, surgiría que esta fusión, independientemente de la fecha de su inscripción, data de mucho tiempo atrás y, en tal caso, la misma debió ser comunicada a este Organismo con anterioridad” (cfr. cuarto párrafo, fs. 34). De aquí se desprende, sin hesitación, que el propio ente recaudador reconoció que Frigorífico Villa Diego S.A. y Frigorífico Paladini S.A. actuaban desde “mucho tiempo atrás” como una única empresa, realizando la misma actividad, bajo una habilitación única para funcionar, emitida por el organismo nacional con competencia en la materia.
Con base en todo ello, estimo necesario recordar el criterio empleado en Fallos: 282:445, en el que se sostuvo que en la reorganización o transformación de sociedades prevista por la ley 11.682 se atribuye particular importancia al hecho económico frente a las formas, es decir, a la titularidad en el dominio del capital, a la dirección conservada del ente, etc., para evaluar si subsiste la misma empresa (conjunto económico).
Desde esta perspectiva, es evidente para mí que la solución que brinda la Cámara, quien -sin mayores fundamentos- se ciñe estrictamente a lo declarado por Frigorífico Villa Diego S.A. ante la AFIP e ignora la realidad económica de su operatoria, encierra un excesivo rigor formal y no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que correspondería atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto (Fallos: 318:1151).
Es que de lo que se trata, en definitiva, es de la necesaria prevalencia de la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define a la justicia, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea ésta favorable al fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118 y su cita).
– VI –
Por lo hasta aquí expuesto, considero que corresponde hacer lugar a esta presentación directa, declarar formalmente procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y ordenar que, por medio de quien corresponda, se dicte una nueva conforme a lo aquí dictaminado.
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTOS LOS AUTOS:
“Frigorífico Paladini S.A. c/ AFIP s/ demanda”.
CONSIDERANDO:
Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los que corresponde remitirse para evitar reiteraciones innecesarias.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se hace lugar a la queja y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Hágase saber. Agréguese la presentación directa a los autos principales, reintégrese el deposito de fs. 2 y
remítanse las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en la presente. RICARDO LUIS LORENZETTI –  ELENA I HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS FAYT –  ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA. E RAUL ZAFFARONI

 

 


 

 

AFIP debe indemnizarla por sacarle plata de su cuenta bancaria

Parece que un contribuyente denunció una CBU errónea y la chica se encontró que la AFIP le había descontado plata de su cuenta. Se la tuvieron que devolver con intereses y $ 25.000 extras por daño moral.

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, “Belaustegui Laura María c/ Estado Nacional-AFIP-DGI s/ daños y perjuicios”, 27-nov-2014.

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2014, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos “Belaustegui, Laura María c/ EN – AFIP – DGI s/ Daños y perjuicios”, expte. 1304/2012, y planteado al efecto como tema para decidir si se ajusta a derecho el fallo apelado, el Dr. Jorge Esteban Argento dijo:

I.El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 5 en su sentencia definitiva de fs. 139/142 resolvió hacer lugar a la demanda entablada por Laura María Belaustegui contra la Administración Federal de Ingresos Públicos – DGI, y condenó a ésta última al pago de la suma que resulte de la liquidación a practicarse en autos en concepto de intereses en base a las pautas establecidas en la sentencia, y al pago de $ 10.000 en concepto de daño moral.

En su sentencia, la Juez señaló que la actora promovió demanda a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasionaran los actos ejecutados por la demandada consistentes en reiterados débitos de su cuenta corriente bancaria en concepto de planes de facilidades de pago correspondiente a terceras personas. Siguiendo el escrito de demanda, la juez relató que en el mes de enero de 2011 la actora tomó conocimiento de los hechos realizados por la demandada, consistentes en el débito de sumas de dinero de su cuenta corriente bancaria en forma ilegítima. Precisó que los débitos fueron realizados bajo el concepto de pago de presuntos planes de facilidades de pago presentados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y acreditados a contribuyentes, cuyo número de CUIT desconocía y con los que no guarda ninguna vinculación.Expresó que los movimientos bancarios ocurrieron en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 y enero de 2011 y fueron detectados como consecuencia de las tareas de conciliación bancaria contables llevadas a cabo durante enero y febrero del 2011 en oportunidad de realizarse el cierre del ejercicio fiscal anual.

Luego de ingresar en el análisis de los planteos, la Juez advirtió que de las constancias de autos surgía que los montos reclamados por la actora, que le fueran detraídos por la demandada de su cuenta corriente bancaria correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2010 y que ascienden a la suma de $ 15.319, 95 para el pago de deudas de otros contribuyentes, le fueron incorporados a su cuenta corriente fiscal y que estaban disponibles para su compensación ?hecho nuevo denunciado por la actora?. Asimismo, que constaba que la accionante solicitó la reimputación de lo reclamado para aplicarlo al pago de la cuota nº 5 de su anticipo al impuesto a los bienes personales, conforme lo denunciado como hecho nuevo por la demandada(confr. fs. 3 escrito de inicio, fs. 84, fs. 119 vta.). Por ello, la Magistrada entendió inoficioso el tratamiento de la cuestión relativa a la acreditación de las detracciones y su posterior restitución, y sólo consideró pendiente la resolución de la pretensión del devengamiento de intereses del capital indicado, ya que éste le fue puesto a disposición sin intereses.

En relación a ésta cuestión, y para determinar la viabilidad de la pretensión involucrada la juez precisó que “la cantidad detraída sin sustento obligacional, se encuadra en el supuesto de pago sin causa fuente, lo que conlleva que el que paga es un tercero no deudor, lo que se compadece con la condición de la actora que no adeudaba ningún plan de facilidades de pago. Es decir, que la detracción ha sido indebida, pues no se corresponde con una obligación preexistente, la cual a su vez requiere para existir un hecho generador que le de nacimiento:la causa o título” (fs. 141). Por lo tanto, para la Magistrada correspondía que la suma detraída devengue intereses compensatorios como contraprestación por el uso de un capital ajeno.

En éste punto, agregó que como la causa de la detracción no revestía naturaleza tributaria que amerite el devengamiento de los intereses aplicable en dicha materia, los montos restituidos debían devengar intereses a la tasa pasiva que fije el Banco Central desde cada una de las detracciones indebidas efectuadas hasta la fecha de la compensación el 15/11/12.

Respecto al daño moral, la Juez recordó que la reparación por ese concepto “cumple una función de justicia correctiva o sinalagmática que conjuga o sintetiza a la vez la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño moral para la víctima y la naturaleza punitoria o sancionatoria de la reparación para el agente del daño”. Agregó que “es jurisprudencia del fuero que el daño moral se caracteriza por los padecimientos de quienes lo sufren que configura una prueba in re ipsa puesto que surge de los hechos mismos , que consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada o los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otra molestia que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial , sin que ello pueda significar que se constituya en una fuente de beneficios o enriquecimiento injusto y cuya valoración no está sujeta a cánones estrictos , correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad” (fs. 141 y vta.). En ese marco, estimó que correspondía el reconocimiento del concepto por daño moral a la actora en la suma de diez mil pesos ($ 10.000).

En cuanto a las costas, las impuso a la demandada vencida.

II.La actora apeló la sentencia a fs. 144, la que fue concedida a fs. 145, y expresó agravios a fs.153/154 vta., replicados por la demandada a fs. 163/166 vta.

Se agravia del monto otorgado en concepto de daño moral. Explica que la deducción de fondos de su cuenta corriente no obedeció a ningún motivo funcional del fisco, sino lisa y llanamente al ejercicio abusivo de un poder confiscatorio.

A esa situación ilegal se añade ?a su entender? la “total indolencia demostrada por el ente recaudador en la restitución de los importes debitados”. Dice que no fue suficiente la deducción del expediente administrativo, ni siquiera la interposición del pronto despacho , sino que debió promover la acción judicial para lograr la restitución de fondos birlados desde su ámbito de privacidad y sin que medie causal alguna.

En síntesis, solicita el monto por daño moral reclamado en la demanda, es decir $ 25.000.

Por otro lado, también se agravia de la tasa de interés aplicada, ya que desde su postura, no puede ser similar a la que se imponga por la mora en el cumplimiento de una obligación lícita. Sostiene que la ilegalidad de la detracción exige un resarcimiento contundente.

Explica que los fondos fueron debitados de su cuenta corriente y que para su parte tuvieron el costo de la tasa activa en cuenta corriente.

Aduce que la tasa pretendida en la demanda es la que mejor se adecúa a la naturaleza ilícita de la sustracción de sus fondos bancarios.

En síntesis, solicita que se fije la tasa de interés compensatoria en la misma cuantía que rige para los casos de mora de las obligaciones fiscales, o en su defecto, la tasa activa para descuento de operaciones comerciales que aplica el Banco de la Nación Argentina.

III.La AFIP – DGI apeló la sentencia a fs. 146, la que fue concedida a fs. 147, y expresó agravios a fs. 157/161 vta.

Se agravia que se la haya condenado al pago de intereses por considerar que ha hecho uso de un capital ajeno.Sostiene que el a quo ha omitido el tratamiento de cuestiones fundamentales que obstan el pago de intereses, esto es, como primer requisito probar la actora un empobrecimiento sin causa y un enriquecimiento por parte de la AFIP, y en segundo lugar una actitud negligente o culpable por parte del citado organismo para que se den los presupuestos de la responsabilidad.

Explica que a la actora se le efectuaron detracciones a su cuenta bancaria en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciente de 2010 por un total de $ 15.319,95 del Banco Macro Sucursal 756. Agrega que hubo cinco contribuyentes que declararon erróneamente el CBU en ocasión a acogerse a los planes de facilidades de pago. Sostiene que la actora realizó una presentación con relación a esas detracciones recién en febrero de 2001 “es decir seis meses después, por lo que debería merituarse para esto para revocar el daño moral establecido por su señoría, ya que si dejó pasar 6 meses tan preocupada o abatida no estaba” (sic, fs. 157 vta.). Dice que dicho reclamo fue contestado por la AFIP manifestando que se realizarían las averiguaciones pertinentes.

Expresa que dicha averiguación llevo un tiempo ya que los cinco contribuyentes que habían consignado mal el CBU correspondía a 5 Agencias distintas del organismo. Finalmente, se determinó conforme las declaraciones de los contribuyentes que desconocieron la titularidad de los débitos, asistiendo, entonces, razón a la actora. Añade que de la investigación realizada se puso establecer que todos los contribuyentes debían efectuar los pagos de los planes de facilidades y que todos ellos tenían cuenta del Nuevo Banco Bisel, que fuera absorbido por el Banco Macro.Aduce que la División Bancos informó problemas de superposición de cuentas de ambas entidades generando conflictos entre los clientes.

Sostiene que los montos se reimputaron a la actora, a quien se le notificó los resultados de la investigación y que tenía a su disposición los fondos, pudiendo ser devueltos o utilizarlos como crédito ante impuestos, lo que finalmente hizo para el pago del anticipo cinco de bienes personales con vencimiento en febrero de 2013.

Por ello, la AFIP entiende improcedente el reclamo, pues la actora no habría probado que hubo un detrimento patrimonial der ivado de las detracciones efectuadas por la AFIP, ni tampoco probó un enriquecimiento sin causa por parte del citado organismo. Esto último porque “el pago de bienes personales (cuota 5) que finalmente utilizó dicho crédito la actora es una alícuota de la masa de bienes computables y las valuaciones de los mismos en ese período no habrían variado significativamente, cuestión que la actora tampoco planteó. Es decir mi representada no se benefició con la utilización de tales detracciones, como tampoco la actora se perjudicó, ya que no tuvo que pagar de más su impuesto de bienes personales. Es decir no hubo daño” (fs. 158).

Por otro lado, también se agravia de que se haya otorgado daño moral. Sostiene que no existió daño objetivo, y siendo el daño moral un accesorio del primero no resulta viable tal solución.También dice que si bien la actora pudo tener algún grado de molestia “la Administración actuó diligentemente dentro de sus facultades preservando los derechos de los contribuyentes, tales molestias no pueden considerarse más allá del esfuerzo de vivir en sociedad, y el daño moral declamado más de improcedente queda en una mera declamación atento que ni siquiera se acreditó mínimamente padecimiento alguno más alla de una entendible molestia”.

Agrega que la actora tampoco adecuó su accionar a la reglamentación administrativa para muñirse de tales fondos, sino que sólo interpuso una multinota y un pronto despacho.

Hace una reseña de jurisprudencia en materia de responsabilidad por actuar lícito del Estado, y plantea como interrogante que si no hubo daño emergente, cómo puede haber daño moral. Además dice que cuando se ha admitido jurisprudencialmente, ese concepto es el treinta por ciento del daño emergente. Si en este caso se resolvió el pago de intereses tasa pasiva por el término promedio de dos años $ 15.000, el cual aproximadamente sería de $ 1.800. Concluye que más allá de la improcedencia, su monto ($ 10.000) es exorbitante en relación al supuesto daño emergente.

Finalmente se agravia en cuanto a las costas. Sostiene que de acuerdo a las circunstancias de la causa y la compensación efectuada (denuncia de hecho nuevo de la actora) debieran ser impuestas por su orden.

IV.Corresponde de forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos:258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros)

V.Ante todo es menester señalar que constituyen hechos no controvertidos por las partes que:

a.A Laura María Belaustegui, la actora, se le efectuaron detracciones a su cuenta bancaria del Banco Macro Sucursal 756 en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 por un total de $ 15.319,95, en concepto de pago por planes de facilidades de pagos de la AFIP que correspondían a otros cinco contribuyentes.

b.Anoticiada del hecho, la actora se presentó ante la AFIP a efectos de solicitar la devolución, e investigación mediante el organismo determinó que asistía razón a la actora. También, que el error habría se habría ocasionado porque esos contribuyentes declararon erróneamente el CBU al momento de a acogerse a los planes de facilidades de pago. Por tal razón, la AFIP informó a la actora que para disponer de los fondos podría solicitar la reimputación de los pagos conforme la RG (AFIP) 1128, formulario 399, o bien solicitar la devolución de pagos ingresados en exceso de acuerdo con lo establecido en la RG (AFIP) 2224/79 y sus modificatorias (cfr. fs. 82).

VI.Tal como fueron planteados los agravios, el orden lógico exige ocuparse en primer término del recurso de apelación de la AFIP – DGI.

a.En cuanto al agravio de la condena al pago de intereses, no puede admitirse el argumento de la AFIP de que no existió un enriquecimiento sin causa a su favor ni tampoco negligencia o culpa de su parte, ya que el uso o tenencia del capital ajeno que niega la AFIP es un hecho reconocido por ella misma si se tiene en cuenta que dispuso su devolución a la actora (cfr. fs. 82).

Respecto a la responsabilidad ante todo cabe decir que, a diferencia de lo que entiende la demandada, el presente caso se encuadra como un supuesto de responsabilidad extracontractual por accionar ilícito del Estado.Desde hace mucho tiempo la Corte Suprema expresó que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución (Fallos 306:2030). Esta idea constituye el conocido concepto de “falta de servicio” que en Código Civil vigente encuentra sustento en el artículo 1.112 y ha sido receptado en el artículo 3º, inciso d) de la reciente ley 26.944 (B.O. 8/08/2014).

A lo dicho cabe añadir que se concibe como falta de servicio a aquélla violación o anormalidad, frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a los involucrados en el servicio y el grado de previsibilidad del daño (C.S.J.N., Fallos: 321:1124).

En éstos autos, la investigación administrativa de la AFIP determinó que la detracción indebida habría sido ocasionada porque ciertos contribuyentes al momento de adherirse al plan de facilidades de pago, habrían consignado erróneamente el CBU de donde se debitarían los pagos. Tampoco se descartó la incidencia que pudo haber tenido el hecho de que el Banco Bisel fue absorbido por el Banco Macro.

Ahora bien, esas causas sólo son mediatas, y no eximen la responsabilidad que le cabe al Fisco por el hecho. Y es que de seguirse la posición que defiende la recurrente en éstos autos, se debería admitir que si al adherir a un plan de facilidades de pago y para cumplir las obligaciones del mismo un contribuyente indica ?generalmente al completar los formularios on line diseñados por el organismo fiscal? una cuenta bancaria que no le pertenece ?sea por error o dolo?la AFIP sólo limitarse a extraer el dinero sin verificar los datos, de manera tal que las consecuencias de que esa información sea falsa las debe soportar el tercero totalmente extraño a la operación y verdadero titular de la cuenta.

En estos autos el débito fue incausado porque Belaustegui no tenía ninguna obligación de pago por planes de facilidades con la AFIP. Pero en lo que aquí interesa, la detracción fue “ilegítima” por una irregularidad en el servicio que presta el organismo fiscal, puntualmente, el incumplimiento del deber de verificar la información que posee de sus contribuyentes y sobre la cual adoptó la decisión de ordenar el descuento.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, como ente autárquico, es la encargada de la ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación, y tiene asignada, entre otras funciones, la de aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios (cfr. art. 3º del decreto 618/97). A fin de cumplir su misión, el organismo se provee y manipula información de los contribuyentes.

En ese marco, es razonable sostener que a la AFIP le asiste un deber de diligencia en el uso de esa información, y aunque no puede predicarse como una regla general, en ciertos casos trasunta en la obligación de verificar mínimamente los datos aportados, ya que el ente no es un mero intermediario de información.

Más allá que la veracidad de los datos resulte relevante para los cometidos del organismo, el deber de verificación aparece como necesario en casos como el de autos, esto es, cuando en base a esa información el organismo adopta decisiones que implican afectar en forma directa, unilateral y sin consentimiento la propiedad del contribuyente, tal como fue descontar dinero de una cuenta bancaria.El curso causal conduce a imputar responsabilidad a la AFIP, ya que si el organismo hubiera controlado la información que los verdaderos deudores le proporcionaron al momento de adherir al plan de facilidades de pagos, se hubiera evitado el daño a un tercero ajeno. En éste punto cabe resaltar el hecho de que, como es de público conocimiento, los sistemas informáticos en la actualidad permiten verificar la titularidad de una cuenta bancaria en forma instantánea, lo que afianza la idea de que el organismo contaba con la posibilidad de evitar el daño.

Por otro lado, cabe referirse a la resolución general 2774 de la AFIP, normativa involucrada en autos. Allí se estipula en el artículo 7 que para adherir al plan de facilidades de pago, el contribuyente debe remitir a la AFIP mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet”, utilizando la “Clave Fiscal” la siguiente información: 1. El detalle de los conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y el plan de facilidades solicitado; 2. La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas. 3.Apellido y nombres, teléfono y carácter del responsable de la confección del plan (presidente, contribuyente, persona debidamente autorizada) para recibir comunicaciones vinculadas con el régimen que faciliten su diligenciamiento a través del servicio de “e-Ventanilla” que obra en el sitio “web” de esta Administración Federal.

En el Anexo I de la citada resolución, donde constan las Aclaraciones al articulado, se establece que “[l]a información transferida tendrá el carácter de declaración jurada y su validez quedará sujeta a la verificación de la veracidad de los datos ingresados por el contribuyente y/o responsable”. A su vez, el Anexo V prevé que “[l]a veracidad de los datos que se consignen en el plan [de facilidades de pagos] confeccionado será de exclusiva responsab ilidad del contribuyente”.

Del esquema de la resolución resulta que cuando se refiere a la responsabilidad “exclusiva” del contribuyente por la falta de veracidad, la consecuencia es el rechazo o cancelación del plan propuesto (cfr. art. 8). No podría interpretarse esa regla con otra extensión, ya que implicaría habilitar a la AFIP a modificar por un acto unilateral y respecto al vínculo especial entre Fisco-contribuyente, las pautas generales de la responsabilidad, eximiendo al organismo por los daños que la falsedad o error de la información que se encuentra en su poder pueda ocasionar a terceros ajenos a ese vínculo.

En síntesis, verificada una irregularidad en la prestación del servicio por parte del organismo recaudador, que el dinero fue detraído a la actora de su cuenta como causa de esa irregularidad y que el mismo fue transferido a favor de la AFIP, no queda más que concluir que el pago de intereses compensatorios es procedente, tal como acertadamente lo sostuvo la juez de grado. A todo evento, cabe tener en vista el tiempo transcurrido ?prácticamente dos años?entre que el dinero le fue debitado ilegítimamente a la actora de su cuenta bancaria hasta que la AFIP comunicó la disponibilidad de los fondos, esto es, el 15/11/12.

b.En cuanto a la procedencia del daño moral, cabe recordar que el mismo cumple una función de justicia correctiva que conjuga o sintetiza la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño moral para la víctima y la naturaleza punitoria o sancionatoria de la reparación para el agente del daño, por ello cualquier inquietud o perturbación del ánimo originados en un mero perjuicio patrimonial, como la simple invocación de molestias, aflicciones, fatigas, etc., no justifica su reparación, ya sea en supuestos de dolo o culpa, pues se debe tener presente que la reparación del daño moral no puede ser fuente de un beneficio inesperado ni de enriquecimiento injusto (ésta Cámara, Sala I, “Zalazar, Ricardo Raul c/ EN-Mº Justicia Seguridad y DDHH- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, 14.750/2004, sentencia del 29/05/12).

Además, la indemnización del daño moral es independiente de la que eventualmente pudiera corresponder al daño material (que inclusive puede no existir), en tanto ambos constituyen acápites de diversa naturaleza ya que descansan sobre diferentes presupuestos (ésta Sala, “Peppe Nazareno c/ E.N. s/ Proceso de Conocimiento” , expte. 12.439/04, sentencia del 14/04/08).

En ese orden, también se ha dicho que a fin de fijar el quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tienen necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (CSJN, Fallos:308:698; 318:1598 ; 321:1117 , entre otros).

Teniendo en cuenta esos parámetros y lo concluido hasta ahora en torno a la responsabilidad del organismo fiscal, las circunstancias del caso conduce a que el daño moral resulte procedente, y por lo tanto no es atendible el argumento de la AFIP en cuanto sostiene: “si bien la actora pudo tener algún grado de molestia, la Administración actuó diligentemente dentro de sus facultades y preservando los derechos de los contribuyentes, tales molestias no pueden considerarse más allá del esfuerzo de vivir en sociedad, y el daño moral declamado más allá de improcedente que da en una mera declamación atento que ni siquiera se acreditó mínimamente padecimiento alguno más allá de una entendible molestia” (fs. 159).

Es oportuno reiterar que: a la actora se le debitó dinero de su cuenta bancaria sin su autorización ni causa y por orden de la AFIP; tuvo que iniciar un trámite e impulsar diversas gestiones administrativas y judiciales para procurar la suspensión de la extracción y la devolución del dinero; la indebida sustracción tuvo su fuente en la irregular prestación del servicio por parte de la AFIP; la actora tuvo que esperar prácticamente dos años desde su reclamo para que el organismo ponga a disposición los fondos extraídos.

Considerando esas circunstancias, no puede estimarse como una simple “molestia” que la actora tuviera que tolerar la injustificada e intempestiva sustracción de dinero de su cuenta bancaria por parte de un órgano estatal, máxime si a eso se añade los trámites, costos y tiempo que ?se asume razonablemente?la perjudicada debió invertir para recuperar el capital, que sólo le fue devuelto dos años después de ocurrido el hecho.

Por su parte, no son aceptables las argumentaciones de la AFIP en cuanto a que el perjudicado “solo interpuso una multinota y un pronto despacho” y no “adecuó su accionar a la reglamentación administrativa para munirse de tales fondos”, ya que en definitiva el organismo dio trámite e hizo lugar al pedido de la actora. Pero vale decir que más allá del respeto a las formas con que se conduce la Administración, no parece admisible que quien fue víctima de la irregularidad de la AFIP, como ocurrió en éste caso, pierda el dinero indebidamente sustraído por no presentar su pedido de devolución de absoluta conformidad a la reglamentación que dicta el propio organismo que ocasionó el daño.

Por lo expuesto, la actuación estatal ilegítima que ocasionó el daño no puede considerarse una molestia propia de la consecuencia de vivir en sociedad, por lo cual se confirma la procedencia del reconocimiento del daño moral. Lo relativo a la cuantificación del daño será analizado en conjunto con los agravios que al respecto también formuló la actora.

VII.En relación a los agravios de la actora, corresponde tratar en primer término la cuestión vinculada la cuantificación del daño moral, concepto apelado por ambas partes.

En éste punto, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso como ser el monto detraído, los diversos reclamos ?administrativos y judiciales?que debió realizar la actora para recuperar sus fondos, su absoluta ajenidad el hecho irregular que ocasionó el daño, y el tiempo transcurrido hasta que pudo volver a disponer de su dinero, me persuaden que, en los términos del artículo 165 del CPCCN y el 1.078 del Código Civil, corresponde modificar la sentencia e incrementar la suma otorgada en veinticinco mil pesos ($ 25.000).

En relación a la tasa de interés, los argumentos de la actora resultan atendibles, por lo cual corresponde aplicar al caso la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (cfr. artículo 622 del Código Civil; esta Sala, “Naveda c/ Estado Nacional-M° de Justicia s/ daños y perjuicios” , del 13/9/04; “Correa Horacio Nicomedes y otros c/ Estado Nacional -M° de Defensa s/ daños y perjuicios” , expte. 15.500/97, sentencia del 16/03/05, “Peppe Nazareno c/ EN s/ proceso de conocimiento” , expte. nro. 12439/04, sentencia del 14/4/08).

VIII.En cuanto a las costas, se confirma el modo de imposición en primera instancia, y se distribuyen por su orden ante ésta alzada (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Por las razones expuestas, voto por hacer lugar al recurso de apelación de la actora y rechazar el de la AFIP y, en consecuencia, confirmar parcialmente la sentencia, modificándola en cuanto al daño moral y la tasa de interés, de conformidad con lo establecido en el apartado VII de la presente. Asimismo, imponer las costas ante ésta Alzada en el orden causado.

Los Dres. Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández adhieren al voto precedente.

En atención al resultado que informa el acuerdo que antecede, se RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación de la actora y rechazar el de la AFIP y, en consecuencia, confirmar parcialmente la sentencia, modificándola en cuanto al daño moral y la tasa de interés, de conformidad con lo establecido en el apartado VII de la presente. Las costas ante ésta Alzada se imponen en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO G. FERNÁNDEZ

Fecha de firma: 27/11/2014

Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

 


 

 

Resolución sobre suba de tarifas de electricidad  – aumento de la luz

Boletín oficial del 27 de enero de 2016

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución 6/2016

Bs. As., 25/01/2016

VISTO el Expediente N° S01:0016916/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y

CONSIDERANDO:

Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) ha elevado a este Ministerio la Reprogramación Trimestral Definitiva correspondiente al período febrero – abril de 2016, según lo establecido en “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios” (en adelante, LOS PROCEDIMIENTOS) aprobados por Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, entonces dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus modificatorias y complementarias.

Que por medio del Decreto N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2015 se declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, en cuyo contexto se instruyó al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA a elaborar un programa de acciones necesarias, ponerlo en vigencia e implementarlo, en relación a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicamente adecuadas.

Que los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir del año 2003 implicaron la progresiva adopción de decisiones regulatorias que no cumplieron con los objetivos previstos en la Ley N° 24.065 en cuanto a asegurar el abastecimiento y su calidad en las condiciones definidas, al mínimo costo posible para el Sistema Eléctrico Argentino.

Que el Marco Regulatorio Eléctrico integrado por las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 prescribe que el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla.

Que el abandono de criterios económicos en la definición de los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) distorsionó las señales económicas, aumentando el costo de abastecimiento, desalentando la inversión privada de riesgo dirigida a incrementar eficientemente la oferta y restando incentivos al ahorro y el uso adecuado de los recursos energéticos por parte de los consumidores y usuarios.

Que, simultáneamente, sólo una proporción menor del costo de abastecimiento fue afrontado por la demanda de energía eléctrica, recurriéndose a los recursos del TESORO NACIONAL para cubrir la porción sustancial de dicho costo, lo que contribuyó significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, situación que en la actual magnitud deviene insostenible.

Que para ello se recurrió al Fondo Unificado creado por el Artículo 37 de la Ley N° 24.065, incorporándole recursos del TESORO NACIONAL en forma recurrente, para cubrir costos generados en ciertos casos por imprevisiones e ineficiencias que originaron mayores erogaciones sin reflejarse en mejoras de las condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento.

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece la obligación de las autoridades de asegurar para los usuarios y consumidores de bienes y servicios el acceso a información adecuada y veraz así como la de proveer a la educación para el consumo, precepto que fundamenta la decisión de poner en conocimiento público el costo real resultante de satisfacer la demanda del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) para la Reprogramación Estacional de verano del corriente año.

Que no obstante ello, ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes y considerando las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) todavía sensiblemente menor al costo real de abastecimiento del sistema, aplicable a la demanda de energía eléctrica de los Agentes Prestadores del Servicio Público de Distribución de los usuarios que no están en condiciones de contratar su propio abastecimiento y/o tienen demandas menores a los TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW), en tanto se avanza en la implementación progresiva de un programa de normalización de las distintas variables macroeconómicas, se incentiva el uso racional y eficiente de la energía eléctrica y se afianzan condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas de riesgo en las distintas actividades y segmentos de la industria eléctrica.

Que para ello se ha tomado como referencia el precio sin subsidio para todo el país establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 1.301 del 7 de noviembre de 2011 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el que representa a la fecha un porcentaje menor del costo real de abastecer a la demanda nacional.

Que, adicionalmente, en orden a avanzar hacia una gestión adecuada de la demanda mediante incentivos al ahorro y el uso racional de la energía eléctrica de usuarios finales residenciales (Plan Estímulo), se decidió incorporar, a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un sistema de incentivos que se traducirá en un mecanismo de disminución del precio de la energía sancionado como contrapartida del esfuerzo de cada usuario residencial en la reducción del consumo innecesario.

Que, además, teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio eléctrico, se entiende que parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general.

Que tal hecho impone la necesidad de definir un volumen de energía del total de los Agentes Prestadores del Servicio Público de Electricidad a un precio denominado de Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a quienes integren dicho universo de usuarios finales según los criterios de calificación y asignación que comunique el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Nación.

Que, complementando lo anterior, la metodología para determinar el volumen de energía para el traslado de la Tarifa Social a los usuarios finales será la que establezca la autoridad nacional competente.

Que la diferencia entre el precio estacional sancionado mediante la presente y el precio destinado a integrar la tarifa social a usuarios finales con ingresos insuficientes para atender sus necesidades básicas serán solventados con recursos del ESTADO NACIONAL por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).

Que dado el sustancial aporte del TESORO NACIONAL al sostenimiento de la Tarifa Social así como también al Plan Estímulo en todo el país, corresponderá que los volúmenes de energía eléctrica respectivos, a ser informados por los Agentes Prestadores del Servicio Público de Electricidad, sean respaldados por los entes reguladores o autoridades locales con competencia en cada jurisdicción en la que se apliquen ambos regímenes.

Que, complementando lo anterior, se dispondrá, en el ámbito de CAMMESA, cuando se estime necesario y/o conveniente, la realización de auditorías para constatar, en las referidas jurisdicciones, el destino efectivo de los recursos aportados desde el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) conforme a los criterios establecidos en la presente resolución para el Plan Estímulo, así como los criterios de calificación y asignación de usuarios finales con necesidades básicas insatisfechas comunicados por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para los alcanzados por la Tarifa Social.

Que, por otra parte, teniendo en consideración el alto grado de morosidad registrado en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) en los últimos años debido al incumplimiento en los pagos de algunos Agentes Distribuidores, pese a la magnitud de los subsidios otorgados a favor de los usuarios finales, resulta necesario adoptar medidas preventivas y correctivas adicionales, a ser implementadas desde la entrada en vigencia de la presente.

Que el acceso a los precios mayoristas reducidos para Tarifa Social y estímulo al ahorro estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones de pago en el MEM a cargo de los prestadores del servicio público de electricidad, exigibles desde la entrada en vigencia de esta resolución.

Que por otra parte, los Agentes Distribuidores y prestadores del servicio público de electricidad que tengan a la fecha deudas con CAMMESA con una mora superior a TREINTA (30) días corridos, deberán en adelante garantizar el pago de sus adquisiciones mediante cesión de sus créditos por cobranza u otro mecanismo alternativo a satisfacción de CAMMESA.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 15.336, los artículos 35, 36 y 85 de la Ley N° 24.065, el artículo 1° del Decreto N° 432 de fecha 25 de Agosto de 1982, los Artículos 6° y 8° del Decreto N° 186 de fecha 25 de Julio de 1995 y Artículo 23 nonies de la Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y modificado por el Artículo 5° del Decreto N° 13 del 10 de diciembre de 2015.

Por ello,
EL MINISTRO
DE ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la Reprogramación Trimestral de Verano para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) elevada por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA), correspondiente al período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, calculada según “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios” (LOS PROCEDIMIENTOS) descriptos en el Anexo I de la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 2° — Establécense, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° y siguientes de este acto, los siguientes precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) para el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016:
a) Precio de Referencia de la Potencia ($POTREF): UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS POR MEGAVATIO-MES (1427,60 $/MW-mes).
b) Precio de referencia de la energía en el Mercado (PEST):
En horas de pico ($PEST.PICO): SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (773,02 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (768,72 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (763,89 $/MWh).

ARTÍCULO 3° — Establécese que, para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y a los efectos de su aplicación en los cuadros tarifarios que lo requieran, el precio de referencia de la potencia ($POTREF) y el precio estacional de la energía para Distribuidores ($PEST) en el nodo equivalente de cada uno de ellos del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 137 de la ex SECRETARIA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS del 30 de noviembre de 1992, son los indicados en el Artículo 2° de la presente norma.

ARTÍCULO 4° — Establécese la aplicación, durante el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de la Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aquella demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como destinada a abastecer a sus Usuarios de energía eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o concesión, cuya demanda no alcance los TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW):
En horas de pico ($PEST.PICO): TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (321,39 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (317,09 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (312,26 $/MWh).
Estos precios de referencia de la energía ($PEST), junto con el precio de referencia de la potencia ($POTREF) establecido en el Artículo 2° de este acto, son los que se deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios que lo requieran, de acuerdo a lo determinado en el presente artículo, según lo definido al respecto en la Resolución N° 137/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 5° — Establécese la aplicación, durante el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de la Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aquella demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como destinada a abastecer a sus Usuarios de energía eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o concesión, cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 kW), sea identificada de carácter residencial en los cuadros tarifarios respectivos y cuyo consumo mensual de energía, comparado con el registrado en igual mes del año 2015, se haya reducido en, al menos, el DIEZ POR CIENTO (10%) y no más del VEINTE POR CIENTO (20%).
En horas de pico ($PEST.PICO): DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (251,39 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (247,09 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (242,26 $/MWh).
Estos precios de referencia de la energía ($PEST), junto con el precio de referencia de la potencia ($POTREF) establecido en el Artículo 2° de este acto son los que se deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios que lo requieran, conforme lo definido en el presente artículo, según lo establecido en la Resolución N° 137/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 6° — Establécese la aplicación, durante el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de la Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aquella demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como destinada a abastecer a sus Usuarios de energía eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o concesión, cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 kW), sea identificada de carácter residencial en los cuadros tarifarios respectivos y cuyo consumo mensual de energía, comparado con el registrado en igual mes del año 2015, se haya reducido en más del VEINTE POR CIENTO (20%).
En horas de pico ($PEST.PICO): DOSCIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (201,39 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (197,09 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (192,26 $/MWh).
Estos precios de referencia de la energía ($PEST), junto con el precio de referencia de la potencia ($POTREF) establecido en el Artículo 2° de este acto son los que se deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios que lo requieran, conforme lo determinado en el presente artículo, según lo establecido en la Resolución N° 137/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 7° — Establécese la aplicación, durante el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de la Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aquella demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como destinada a abastecer a sus Usuarios de energía eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o concesión, cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 kW), sea identificada de carácter residencial en los cuadros tarifarios respectivos y a cuyo consumo se le haya otorgado la Tarifa Social, según lo previsto en los considerandos del presente acto, para lo cual se deberá tener en cuenta que:
a) Hasta un consumo mensual de CIENTO CINCUENTA KILOVATIOS HORA (150 kWh/mes), los precios de referencia de la energía serán los siguientes:
En horas de pico ($PEST.PICO): CERO PESOS POR MEGAVATIO HORA (0,0 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): CERO PESOS POR MEGAVATIO HORA (0,0 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): CERO PESOS POR MEGAVATIO HORA (0,0 $/MWh).
b) Para el consumo mensual excedente de CIENTO CINCUENTA KILOVATIOS HORA (150 kWh/mes) y siempre que el consumo mensual total sea MENOR o IGUAL al registrado en el mismo mes del año 2015, los precios de referencia de la energía serán los siguientes:
En horas de pico ($PEST.PICO): TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (31,39 $/MWh).
En horas restantes ($PEST.RESTO): VEINTISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (27,09 $/MWh).
En horas de valle ($PEST.VALLE): VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (22,26 $/MWh).
c) Para el consumo mensual excedente de CIENTO CINCUENTA KILOVATIOS HORA (150 kWh/mes), y si el consumo mensual total es MAYOR al registrado en el mismo mes del año 2015, los precios de referencia de la energía serán los establecidos en el Artículo 4° de la presente resolución.
Estos precios de referencia de la energía ($PEST), junto con el precio de referencia de la potencia ($POTREF) establecido en el Artículo 2° de este acto, son los que se deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios que lo requieran, conforme lo determinado en el presente artículo, según lo establecido en la Resolución N° 137/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 8° — Para todo aquello que no se haya definido expresamente en esta resolución, tienen validez y aplicación, siempre que no se contrapongan con sus objetivos, todas las disposiciones dictadas en la materia por la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA en vigencia.
El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá notificar a los Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) las adecuaciones que deberá introducir en sus declaraciones conforme lo establecido en la presente norma, en base a lo establecido en el Artículo 19 y concordantes de la Resolución N° 93 del 26 de enero de 2004 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y las disposiciones complementarias de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA que se encuentren en vigencia.
En particular, los Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) deberán informar al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) mensualmente y dentro de los plazos que para ello se definan a los efectos de su incorporación a las Transacciones Económicas del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), la energía vendida a los usuarios residenciales alcanzados por lo dispuesto en los Artículos 5° a 7° del presente acto.
Tales declaraciones deberán ser respaldadas por el ente regulador o autoridad local con competencia en cada jurisdicción donde se apliquen los Precios Estacionales definidos en los artículos referidos previamente.

ARTÍCULO 9° — Establécese que los precios especificados en los Artículos 5° y 6° (Plan Estímulo) y en el Artículo 7° (Tarifa Social) de la presente resolución sólo serán aplicables a aquellos Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) en tanto éstos cumplan las obligaciones exigibles en dicho Mercado desde la entrada en vigencia de esta norma.
Los Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que presenten a la fecha del dictado de este acto deudas pendientes de pago con CAMMESA con una mora superior a los TREINTA (30) días corridos, deberán, en un plazo no menor a los TREINTA (30) días corridos, acordar un plan de pagos para la cancelación de la deuda en mora y, además, garantizar el pago de sus compras en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), a través de la cesión de sus créditos por cobranzas u otro mecanismo alternativo equivalente a satisfacción de CAMMESA, que permita asegurar tanto el cobro de la facturación corriente como de las cuotas a abonar por el correspondiente Agente derivadas del acuerdo de pago a suscribirse por la deuda en mora.
En caso de que un Agente Distribuidor y/o Prestador del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), que no se encuentre en mora con CAMMESA a la fecha de este acto, incurriera en mora por un plazo igual o mayor a los TREINTA (30) días, corresponderá que dicho Agente Distribuidor y/o Prestador del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica satisfaga las exigencias indicadas en el párrafo anterior como condición para que le sean aplicables a la demanda abastecida por aquél los precios establecidos en los Artículos 5°, 6° y 7° de la presente.

ARTÍCULO 10. — Déjase sin efecto, a partir de la Transacción Económica correspondiente al mes de febrero de 2016, la aplicación de lo dispuesto en la Nota N° 943 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de fecha 25 de noviembre de 2011, así como lo dispuesto en el anteúltimo párrafo de la Nota N° 1.824 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA de fecha 23 de marzo de 2012, debiendo por lo tanto, a partir de dicha Transacción Económica, asignarse los Sobrecostos Importación Brasil y los Sobrecostos Contratos MEM a toda la demanda de energía eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).

ARTÍCULO 11. — Deléganse en la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de este Ministerio las facultades asignadas a la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA por los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley N° 24.065, autorizándose a dicho órgano a efectuar las comunicaciones que sean necesarias a los fines de resolver las cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la presente resolución.

ARTÍCULO 12. — Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), a los entes reguladores provinciales y a las empresas prestadoras del servicio público de distribución del dictado del presente acto.

ARTÍCULO 13. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. JUAN JOSÉ ARANGUREN, Ministro de Energía y Minería.

e. 27/01/2016 N° 4051/16 v. 27/01/2016

 


 

 

Resolución sobre suba de tarifas de luz y criterios para tarifa social

Se autoriza al ENRE a aumentar la tarifa sobre la base de ciertos criterios pero aún no está definido el aumento. Según La Nación, podría superar el 300%.

Para leer sobre los cortes de luz, ver esta nota.

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución 7/2016

Bs. As., 27/01/2016

VISTO el Expediente N° S01:0018666/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2015 se declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que, a su vez, dicho Decreto instruyó a este Ministerio para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

Que, a tales efectos, resulta necesario evaluar los resultados de las medidas que fueran implementadas como consecuencia de la aplicación a partir de la Ley N° 25.561 que autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en su Artículo 8°, que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, que fuera complementada por la Ley N° 25.790.

Que dicha Ley N° 25.790 dispuso que las decisiones que adopte el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las disposiciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos.

Que las Leyes N° 25.561 y N° 25.790 fueron objeto de sucesivas prórrogas, siendo, la última de ellas, la dispuesta por la Ley N° 27.200, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que como resultado de la aplicación de tales leyes, por el Decreto N° 1.957 de fecha 28 de diciembre de 2006 se ratificó el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL suscripta el 13 de febrero de 2006, entre la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) y por el Decreto N° 1.959 de fecha 28 de diciembre de 2006 se ratificó el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL suscripta entre la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), suscripta el 15 de febrero de 2006.

Que los procesos de Renegociación Contractual celebrados entre la UNIREN y las empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A., respectivamente, fueron sometidos a consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la Ley N° 25.790 y, al no mediar rechazo, fueron ratificados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la Cláusula 25.2 del Acta Acuerdo ratificada por el Decreto N° 1.957/06 y la Cláusula 24.2 del Acta Acuerdo ratificada por el Decreto N° 1.959/06 establecen que la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), actuando dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, debían proceder al dictado de los actos y al desarrollo de los procedimientos que resultasen necesarios para la puesta en vigencia efectiva de las estipulaciones contenidas en las Actas Acuerdo.

Que en ejercicio de tales facultades, por el Artículo 2° de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 250 de fecha 7 de mayo de 2013, se aprobaron los valores correspondientes al concepto “ajuste” por el MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC) para EDENOR S.A. y EDESUR S.A. por los meses comprendidos entre mayo de 2007 y febrero de 2013; por el Artículo 4° de dicha norma se determinaron las deudas de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. por aplicación del PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE), en el marco de la Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 745 de fecha 9 de mayo de 2005 y sus modificatorias, y se autorizó a dichas empresas a compensar hasta el mes de febrero de 2013 las deudas establecidas en el Artículo 4° de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 250/13 antes mencionada, hasta su concurrencia con los créditos que se definieran en el Artículo 2° de dicha norma, incluyendo los intereses que pudieran corresponder para ambas sumas.

Que, por su parte, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), en ejercicio de las facultades regladas en las citadas Cláusulas 25.2 del Acta Acuerdo ratificada por el Decreto N° 1.957/06 y 24.2 del Acta Acuerdo ratificada por el Decreto N° 1.959/06, mediante la Resolución ENRE N° 347 de fecha 23 de noviembre de 2012, autorizó a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. a aplicar un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios, efectivizado a través de la factura, con destino exclusivo a inversiones para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones, constituyéndose una cuenta especial de un fideicomiso financiero y de administración, identificada como “FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” (FOCEDE).

Que por la Resolución del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 3 de fecha 3 de enero de 2014 se estableció que las inversiones a realizar con los fondos provenientes del “FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (FOCEDE)”, creado por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD N° 347 de fecha 23 de noviembre de 2012, fueran decididas por la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del citado Ministerio.

Que, en virtud de tal facultad y dada la situación planteada por EDESUR S.A., dicha Subsecretaría autorizó la ejecución de un PLAN DE INVERSIONES EXTRAORDINARIO, para cuya ejecución resultaron ser insuficientes los recursos del FOCEDE, lo que motivó el dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 10 de fecha 24 de enero de 2014, por cuyo Artículo 1° se dispuso que la insuficiencia temporal de los ingresos provenientes del FOCEDE para la realización y ejecución de las obras del PLAN DE INVERSIONES EXTRAORDINARIAS de EDESUR S.A. fuera cubierta a través de transferencias de fondos a realizar por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), por cuenta y orden del Fondo Unificado, y que tal aporte de fondos se formalizaría a través de un préstamo a favor de EDESUR S.A., que se instrumentó mediante un Contrato de Mutuo, ampliado por sucesivas Adendas y Cesión de Créditos en garantía, suscripto entre dicha Distribuidora y CAMMESA, con crédito a favor del Fondo de Estabilización, determinándose que la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA habría de establecer la metodología y los plazos a implementar para su devolución, considerando a todo efecto la aplicación de la tasa de interés equivalente al rendimiento medio obtenido por CAMMESA en las colocaciones financieras de dicho Fondo.

Que para el caso de EDENOR S.A., la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 65 de fecha 26 de setiembre de 2014 dispuso en su Artículo 1° que la insuficiencia temporal de los ingresos provenientes del FOCEDE para la realización y ejecución de las obras del PLAN DE INVERSIONES EXTRAORDINARIAS fuese cubierta a través de transferencias de fondos a realizar por CAMMESA, por cuenta y orden del Fondo Unificado, que fuera instrumentado por idéntico mecanismo al descripto en el párrafo precedente.

Que, asimismo, de acuerdo a lo instruido por la Nota S.E. N° 367/14, EDESUR S.A. suscribió con CAMMESA un nuevo Contrato de Mutuo para hacer frente a las erogaciones previstas para el “PLAN EXTRAORDINARIO DE REFUERZO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DERIVADAS DE SITUACIONES CLIMÁTICAS”, trabajos que fueron realizados por la Distribuidora entre los meses de diciembre de 2013 y marzo de 2014.

Que EDESUR S.A., mediante la Nota Gerencia General N° 310 de fecha 19 de junio de 2014, solicitó al ENRE que se reconociera la incidencia de los mayores costos salariales en todo el personal propio y de contratistas para el período mayo de 2014 a abril de 2015, resultantes de la aplicación de la Resolución N° 836 de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de fecha 28 de mayo de 2014.

Que, ante tal solicitud, por Nota ENRE N° 112.778 de fecha 24 de junio de 2014, el ENRE manifestó a la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA que, conforme a las previsiones contenidas en las cláusulas 4.2 y 4.4 del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual ratificada por el Decreto N° 1.959/06, deberían reconocerse las sumas referidas a EDESUR S.A., en los términos del Artículo 2° de la Resolución de la ex SECRETARIA DE ENERGÍA N° 250/13.

Que por lo expuesto y atendiendo a la situación planteada por EDENOR S.A. y por EDESUR S.A., la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA —a través de su Nota S.E. N° 4.012 de fecha 24 de junio de 2014— instruyó a CAMMESA para que realizara el financiamiento del monto allí establecido y los montos adicionales que fuese a instruir posteriormente como ampliación del mismo requerimiento, a través de las transferencias de los fondos para cubrir los mayores costos salariales de la Distribuidora, entre otros, los originados por la aplicación de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 836 de fecha 28 de mayo de 2014 al personal propio y de contratistas, y cuya devolución se garantizaba por parte de EDESUR S.A. y EDENOR S.A. con la cesión de las Liquidaciones de Ventas con Fecha de Vencimiento a Definir (LVFVD) excedentes, que surgiesen por aplicación del Artículo 7° de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 250/13, los cuales devengarían los intereses previstos en el Artículo 6° de dicha norma, según lo establecido en la Nota S.E. N° 2.527 de fecha 10 de mayo de 2013.

Que la situación descripta era la existente en el momento del dictado de la Resolución de la ex SECRETARIA DE ENERGÍA N° 32 de fecha 11 de marzo de 2015, la que, ante la reiterada insuficiencia de recursos resultante de la aplicación de la metodología del Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) resolvió aplicar el criterio de un Cuadro Teórico referencial para determinar los ingresos que correspondería a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. por el cumplimiento de sus funciones en los términos de las ACTAS ACUERDO que fueran ratificadas por los Decretos N° 1.957/06 y N° 1.959/06.

Que, sin embargo, el pago de las sumas resultantes no se trasladó a las tarifas, como dichas actas lo establecían, sino que se utilizó como criterio para determinar los montos que aportaría el ESTADO NACIONAL, motivo por el cual dicho acto dispuso que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de dicha resolución, sería afectado al Inciso 5 – Transferencias, Partida Principal 1 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, Partida Parcial 9 – Transferencias a empresas privadas, Ubicación Geográfica 2 del Presupuesto entonces vigente del Programa 74 – Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, que ejecutara la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 32/2015 buscó también resolver la situación resultante de la aplicación de los regímenes anteriores explicitados precedentemente y normalizar los pagos de las Distribuidoras en el ámbito del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).

Que, en efecto, por la mencionada Resolución se aprobó un aumento transitorio y adicional en los ingresos para EDENOR S.A. y para EDESUR S.A., con vigencia a partir del 1° de febrero de 2015, a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que oportunamente se llevase a cabo, los que surgirían de la diferencia entre el Cuadro Teórico anexo a dicha resolución y el cuadro tarifario vigente para cada categoría de usuarios, conforme a los cálculos que debía realizar el ENRE.

Que, a tales efectos, CAMMESA debía transferir a cada Distribuidora los fondos aportados por el ESTADO NACIONAL según los valores informados por el ENRE y previa consideración por parte de la ex SECRETARÍA DE ENERGíA del grado de cumplimiento por parte de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. de: I) las obligaciones de pago con el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM); II) la ejecución de las obras e inversiones comprometidas para el año 2015, en el marco de la Resolución ENRE N° 347 de fecha 23 de noviembre de 2011 y la Resolución del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 3 de fecha 3 de enero de 2014.

Que con respecto a la aplicación del PROGRAMA USO RACIONAL DE LA ENERGIA ELÉCTRICA (PUREE), la citada Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 32/15 estableció que a partir del 1° de febrero de 2015 los fondos a los que alude el Artículo 12 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 745 de fecha 9 de mayo de 2005 serían considerados como parte de los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., destinados a cubrir los mayores costos de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que oportunamente se llevase a cabo.

Que asimismo estableció que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. podrían compensar hasta el 31 de enero de 2015, las deudas emergentes de la aplicación del PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) hasta su concurrencia con los créditos resultantes del Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), incluyendo los intereses que pudieran corresponder para ambos conceptos.

Que en virtud de ello se instruyó a CAMMESA a emitir Liquidaciones de Ventas con Fecha de Vencimiento a Definir, por cuenta y orden del Fondo Unificado a favor de EDENOR S.A. y de EDESUR S.A. por los valores excedentes al monto de la compensación referenciada en el párrafo precedente, y por los montos que hubiere determinado el ENRE en virtud de la incidencia que surge de la aplicación de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 836 de fecha 28 de mayo de 2014, sus modificatorias, ampliatorias y concordantes, las que podía receptar CAMMESA, respetando el siguiente orden de prelación y como parte de pago de: I) los montos correspondientes a los contratos de mutuo suscriptos con CAMMESA en virtud de la Nota de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 4.012 de fecha 24 de junio de 2014; II) las deudas que por las transacciones económicas del MEM mantienen EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y III) los montos correspondientes a los contratos de mutuo suscriptos entre dichas empresas y CAMMESA en virtud de las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 10/14 y N° 65/14.

Que ante la eventualidad de existir saldos remanentes a favor del MEM, se instruyó también a CAMMESA a implementar un plan de pagos con EDENOR S.A. y con EDESUR S.A. para cancelar dichos saldos.

Que a su vez, prohibió a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. distribuir dividendos conforme a las Cláusulas 7.4 de las respectivas Actas Acuerdo a efectos de asegurar el uso de los ingresos en el servicio público a su cargo.

Que en consecuencia, si bien la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 32/2015 pretendió cambiar el criterio para determinar los ingresos correspondientes a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A., al no trasladar su resultado al reajuste del cuadro tarifario, no sólo no reguló en forma adecuada dichos ingresos sino que, además, implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios.

Que, por otra parte, este régimen alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las Distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país.

Que es de resaltar que los niveles de subsidio aplicados al consumo de energía eléctrica han alcanzado valores que ponen en juego su financiamiento, dado el peso relativo de los mismos en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) y con los recursos financieros del ESTADO NACIONAL, teniendo por otra parte, una extensión en cuanto a los beneficiarios que desvirtúa la naturaleza de la medida y colocan en riesgo la sustentabilidad de la industria eléctrica.

Que la aplicación de subsidios en la forma descripta no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las Distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, que profundizó los inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda propio del crecimiento vegetativo y de los cambios de hábitos de consumo de la sociedad, debido al uso de equipamientos eléctricos de confort domiciliario.

Que tales circunstancias han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución para cuya mejora efectiva resulta necesario aplicar los criterios oportunamente definidos en el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN previsto en las ACTAS ACUERDO antes mencionadas.

Que el objetivo de la política tarifaria que corresponde adoptar, no es la eliminación de los subsidios, sino redireccionar su aplicación hacia sectores de la población que, por sus condiciones de ingresos, es considerada vulnerable, a partir de los criterios indicados por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, transcriptos en el Anexo I del presente acto.

Que se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación.

Que en las referidas ACTAS ACUERDO se estableció el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN, por el cual se determinan las tarifas y el régimen tarifario aplicables durante el PERÍODO DE TRANSICIÓN CONTRACTUAL, vigente hasta la aprobación del Cuadro Tarifario que resulte del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Que dichas ACTAS ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, ratificadas por los Decretos N° 1.957/06 y N° 1.959/06 fueron previamente sometidas a un proceso de Audiencia Pública, la que fue convocada a través de la Resolución Conjunta N° 123 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 237 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 4 de marzo de 2005 y las Disposiciones UNIREN N° 1/05 y N° 3/05 de fechas 11 y 21 de marzo de 2005 respectivamente.

Que la realización de la Audiencia Pública posibilitó la participación y la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, cuyos elementos de juicio fueron tenidos en cuenta en el análisis de la renegociación y motivaron modificaciones en las ACTAS ACUERDO firmadas por las empresas concesionarias y finalmente ratificadas por el PODER EJECUCTIVO NACIONAL.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN emitió dictamen sobre dichas ACTAS ACUERDO sin formular objeciones a los términos y condiciones que integraron la renegociación contractual.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, también tomó intervención, expresando no tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.

Que en cumplimiento de la normativa aplicable se dio intervención al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, a los efectos de considerar el ACTA ACUERDO.

Que conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la Ley N° 25.790, al no mediar el rechazo del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, las ACTAS ACUERDO fueron ratificadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que dichas ACTAS ACUERDO definieron un RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN explicitando un cuadro tarifario y criterios para la aplicación de ajustes semestrales.

Que el reajuste a aplicar sobre el cuadro tarifario vigente de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. dentro del marco del RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN no constituye un cuadro tarifario resultante de la aplicación del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), en los términos de la Cláusula Décimo Tercera de dichas ACTAS ACUERDO, ni la implementación de un nuevo cuadro tarifario sino la adecuación del existente al reajuste semestral pendiente, en el marco del proceso antes indicado, que fuera sometido a Audiencia Pública y a la aprobación de las autoridades y los poderes públicos mencionados.

Que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. han realizado presentaciones ante el ENRE solicitando el reconocimiento de la real incidencia en sus costos de las variaciones de precios de la economía en los términos de lo dispuesto en el RÉGIMEN TARIFARIO TRANSITORIO en las mencionadas ACTAS ACUERDO.

Que en el marco del RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN emergente de las ACTAS ACUERDO antes mencionadas, el ENRE ha tenido información periódica sobre la situación financiera de ambas concesionarias, que le permiten contar con la información necesaria como para resolver un ajuste de los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

Que por medio de las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 433 y N° 434, ambas de fecha 27 de abril de 2007, se dispuso que el PERÍODO DE TRANSICIÓN CONTRACTUAL, en los términos de las ACTAS ACUERDO suscriptas entre la UNIREN y EDESUR S.A. y entre la UNIREN y EDENOR S.A., ratificadas respectivamente por Decreto N° 1.959/2006 y por Decreto N° 1.957/2006, está comprendido entre el día 6 de enero de 2002 y la efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Que corresponde instruir al ENRE para que, dentro del marco de las ACTAS ACUERDO ratificadas por los Decretos N° 1.957/2006 y N° 1.959/2006 y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), proceda a definir un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., aplicando para ello el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN resultante de la aplicación del Numeral 4.2 y siguientes de la Cláusula Cuarta de dichas ACTAS ACUERDO, a efectos de que ambas Distribuidoras puedan prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo.

Que dicho ajuste permitirá a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. llevar a cabo las inversiones necesarias para una mejora en la calidad del servicio público a su cargo, aun cuando por las características de la inversión en infraestructura, las mejoras significativas de calidad de servicio se perciban en el mediano y largo plazo, siendo éste uno de los motivos por los que se ha declarado en emergencia el Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinta del ACTA ACUERDO ratificada por el Decreto N° 1.957/2006 y de la Cláusula Décimo Cuarta del ACTA ACUERDO ratificada por el Decreto N° 1.959/2006 deviene necesario establecer, en función de los criterios suministrados por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los parámetros que permitan definir el universo de usuarios que resulten alcanzados por la Tarifa Social a fin de cubrir la atención de las necesidades básicas de los sectores sociales económicamente vulnerables, a cuyos efectos corresponde instruir al ENRE para que proceda a su aplicación al momento de reajustar el valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

Que los costos asociados a la diferencia entre la Tarifa Social y la que hubiere correspondido aplicar a los usuarios beneficiarios de dicho régimen serán solventados con recursos propios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y del ESTADO NACIONAL en los términos de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinta y Décimo Cuarta de las ACTAS ACUERDO, ratificadas por los Decretos N° 1.957/06 y N° 1.959/06 respectivamente.

Que a efectos de que los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar resulta conveniente que las facturas de servicio que se emiten en forma bimestral se instrumenten como una obligación de pago mensual, motivo por el cual resulta necesario instruir al ENRE para que lleve a cabo las modificaciones necesarias para su puesta en práctica.

Que la aplicación del ajuste del valor agregado de distribución en el cuadro tarifario de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., dentro del marco del RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN es una herramienta transitoria hasta que se lleve a cabo el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Que resulta necesario instruir al ENRE para que dentro del ámbito de su competencia lleve a cabo todos los actos que fueren necesarios a efectos de proceder a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., la que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2016.

Que el Proceso de Revisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de calidad de servicio esperados para la prestación del servicio público de electricidad, y determinar los costos asociados a su consecución, lo que se traduce en una propuesta de un nuevo cuadro tarifario, que se someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su aplicación después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.

Que dado que el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) no obtuvo los efectos perseguidos en su instrumentación, resulta conveniente su derogación.

Que por Resolución N° 6 de fecha 25 de enero de 2015 de este Ministerio se han definido criterios para instrumentar un sistema de premios al ahorro de energía eléctrica con incidencia en una disminución del Precio Estacional de la energía mayorista.

Que la Resolución del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 2.000 de fecha 19 de diciembre de 2005 por la que se dispuso la intervención previa de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN al dictado de cualquier acto administrativo que involucre o incida sobre la fijación de precios, tarifas, subsidios, tasas y/o cargos, propiciado por los organismos y entes centralizados o descentralizados dependientes y/o vinculados administrativa o funcionalmente al citado ex Ministerio, resulta inadecuada en virtud de la actual organización ministerial.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley N° 15.336, por el Artículo 85 de la Ley N° 24.065, por el Numeral 25.2 de la Cláusula Vigésimo Quinta del ACTA ACUERDO suscrita entre la UNIREN y EDENOR S.A. y por el Numeral 24.2 de la Cláusula Vigésimo Cuarta del ACTA ACUERDO suscrita entre la UNIREN y EDESUR S.A. ratificadas, respectivamente, por los Decretos N° 1.957/2006 y N° 1.959/2006, por el Artículo 25 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) y por el Decreto N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,
EL MINISTRO
DE ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Instruir al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, para que en ejercicio de facultades que le son propias efectúe, a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., aplicando para ello el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN resultante de la aplicación del Numeral 4.2 y siguientes de la Cláusula Cuarta de las ACTAS ACUERDO celebradas entre la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) y EDENOR S.A. y la citada UNIREN y EDESUR S.A., ratificadas respectivamente por los Decretos N° 1.957/2006 y N° 1.959/2006.

ARTÍCULO 2° — Instruir al ENRE a aplicar una Tarifa Social al universo de usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que resulten de la aplicación de los criterios que, como Anexo I, forman parte integrante del presente acto, definidos en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinta del ACTA ACUERDO ratificada por el Decreto N° 1.957/2006 y de la Cláusula Décimo Cuarta del ACTA ACUERDO ratificada por el Decreto N° 1.959/2006.
El ENRE deberá aplicar las excepciones a los criterios establecidos en el Anexo I de la presente resolución que, con intervención previa del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o el órgano que resulte competente en la materia, estime convenientes por responder a la finalidad tutelar perseguida al instrumentar la Tarifa Social.

ARTÍCULO 3° — El ENRE, en ejercicio de facultades propias, deberá disponer las medidas que fueren necesarias a efectos de implementar el pago mensual del servicio público de distribución prestado por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y las adaptaciones pertinentes de las reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 4° — Instruir al ENRE a incluir en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. el plan de ahorro de energía eléctrica resultante de los Artículos 5° y 6° de la Resolución del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 6 de fecha 25 de enero de 2015.

ARTÍCULO 5° — Instruir al ENRE para que, dentro del ámbito de su competencia, lleve a cabo todos los actos que fueren necesarios a efectos de proceder a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., la que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO 6° — Dejar sin efecto el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) y, a tales efectos derogar, a partir de la puesta en vigencia de los valores tarifarios que se definan en virtud de lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de la presente resolución, el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 415 de fecha 28 de abril de 2004, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 801 de fecha 30 de julio de 2004, el Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 745 de fecha 10 de mayo de 2005, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 931 de fecha 28 de julio de 2005, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 1.063 de fecha 9 de septiembre de 2005, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 1.037 del 27 de septiembre de 2007, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 1.838 del 22 de noviembre de 2007, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 797 del 25 de julio de 2008, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 1.170 del 31 de octubre de 2008, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 45 del 2 de marzo de 2010 y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 7° — Disponer que, a partir de la publicación de esta medida, cesará la aplicación de los mecanismos que impliquen la transferencia de recursos a EDENOR S.A. y EDESUR S.A., por cuenta y orden del Fondo Unificado previsto en el Artículo 37 de la Ley N° 24.065, para financiar planes de obra de dichas empresas, que se hubieran instrumentado mediante contratos de mutuo entre la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y EDENOR S.A. y EDESUR S.A., con crédito a favor del Fondo de Estabilización, en los términos de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 10 de fecha 24 de enero de 2014, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 65 de fecha 26 de septiembre de 2014 y las ampliaciones sucesivas efectuadas por dicha ex Secretaría.
CAMMESA deberá, a partir del 1° de febrero de 2016, suspender hasta nueva instrucción, todos los efectos de los contratos de mutuo celebrados con EDESUR S.A. en el marco de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 10/14 y con EDENOR S.A., como resultado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 65/14, en particular, la cesión de créditos instrumentada como garantía de cumplimiento.
La SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de este Ministerio deberá instruir a CAMMESA a resolver sobre cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de lo resuelto en el presente artículo.
La citada Secretaría impartirá las instrucciones que fueran necesarias al Comité de Ejecución de los Fideicomisos creados por Resolución ENRE N° 347 de fecha 23 de noviembre de 2012, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo y deberá, además, disponer las acciones necesarias para proceder al cierre de los respectivos Fideicomisos.
La SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA podrá delegar en la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA la ejecución de las acciones encomendadas en los párrafos precedentes.

ARTÍCULO 8° — Establecer que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. no podrán distribuir dividendos conforme con las Cláusulas 7.4 de las respectivas ACTAS ACUERDO ratificadas por los Decretos N° 1.957 y N° 1.959, ambos de fecha 28 de diciembre de 2006.

ARTÍCULO 9° — Establecer que EDENOR S.A. y EDESUR S.A., dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la publicación de la presente, deberán ajustarse a lo estipulado en las Cláusulas 21.1 y 22.1 de las ACTAS ACUERDO ratificadas por los Decretos N° 1.957/2006 y N° 1.959/2006, con relación a todo reclamo administrativo y/o judicial que hubiesen realizado contra el ESTADO NACIONAL, la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA y/o el ENRE, referentes al cumplimiento de la Cláusula 4.2 de dichas ACTAS ACUERDO.

ARTÍCULO 10. — Derogar la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 32 de fecha 11 de marzo de 2015, a partir de la entrada en vigencia de la resolución del ENRE que oportunamente implemente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 11. — Derogar la Resolución del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 2.000 de fecha 19 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO 12. — El presente acto comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. JUAN JOSÉ ARANGUREN, Ministro de Energía y Minería.

ANEXO I
CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA TARIFA SOCIAL

Criterio de elegibilidad
• Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
• Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM).
• Ser titular de programas sociales.
• Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
• Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
• Estar percibiendo el seguro de desempleo.
• Contar con certificado de discapacidad.
Criterios de exclusión del beneficio
• Cruce por padrón de fallecidos.
• Registro de propiedad Inmueble —quedará excluido cuando sea titular de más de uno.
• Padrón de Automotores —quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad.
• Embarcaciones de lujo —quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo.

 


 

Resolución con las nuevas tarifas de luz

 

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 1/2016

Bs. As., 29/01/2016

VISTO el Expediente ENRE Nº 45.103/2016, el Decreto PEN N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2015, la Resolución MEyM N° 6 de fecha 26 de enero de 2016, la Resolución MEyM N° 7 de fecha 27 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto PEN N° 134/2015 el PODER EJECUTIVO NACIONAL declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional señalando, entre otras circunstancias, los bajos niveles de calidad de servicio de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), haciendo expresa aclaración de que ello no importa liberar a las concesionarias de las obligaciones contraídas en sus respectivos contratos de concesión, los que se encuentran plenamente vigentes.

Que con fecha 25 de enero de 2016, el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA mediante Resolución MEyM N° 6 aprobó la reprogramación trimestral de verano febrero/abril 2016 y fijó precios de referencia estacionales los que deben reflejarse en los cuadros tarifarios de las DISTRIBUIDORAS.

Que, a su vez, dicha resolución establece un esquema de incentivo al ahorro al segmento residencial de la demanda, sancionando menores precios si el usuario disminuye su consumo respecto del mismo período del año anterior.

Que también define los precios destinados a aquellos usuarios residenciales que sean beneficiarios de la TARIFA SOCIAL (TS).

Que, la Resolución MEyM N° 7/2016 después de evaluar la ineficiencia que tuvieron las distintas medidas que se implementaran desde la órbita de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA con el objeto de resolver la insuficiente adecuación del sistema de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura, estimó que dichas medidas implicaron la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios.

Que, en dicha Resolución se estimó también que tales circunstancias han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución que es público y notorio y para cuya mejora efectiva resulta necesario aplicar los criterios oportunamente definidos en el REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN en las ACTAS ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL suscriptas, entre la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), ratificadas respectivamente por Decreto N° 1957 y por Decreto Nº 1.959, ambos de fecha 28 de diciembre de 2006.

Que, en virtud de ello, la referida resolución instruye al ENRE a efectuar, a cuenta de la REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL, un ajuste del valor agregado de distribución (VAD) en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., aplicando las disposiciones contenidas en el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN establecido en el Numeral 4.2 y siguientes de la Cláusula Cuarta de las ACTAS ACUERDO, ratificadas por los Decretos N° 1957 y N° 1959, ambos de fecha 28 de diciembre de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarta y Décimo Quinta de dichas ACTAS ACUERDO, a aplicar una TARIFA SOCIAL al universo de usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que resulten de la aplicación de los criterios definidos por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, consignados en el Anexo I de la referida Resolución.

Que, por otra parte, por Resolución MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 7 de fecha 27 de enero de 2016, se instruyó al ENRE a que —en ejercicio de facultades propias— disponga las medidas que fueren necesarias a efectos de implementar el pago mensual del servicio público de distribución prestado por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y efectuar las adaptaciones pertinentes de las reglamentaciones vigentes.

Que a su vez, la Resolución MEyM N° 7/2016 deroga el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) y la Resolución ex SE N° 32/2015, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución del ENRE que ajuste el valor del VAD de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1 y 2 de dicha resolución.

Que el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN, resultante de la aplicación del Numeral 4.2 y siguientes de la Cláusula Cuarta de dichas ACTAS ACUERDO, establece un mecanismo a fin de medir el impacto de las variaciones de los precios de la economía ocurridas en el PERÍODO DE TRANSICIÓN CONTRACTUAL (PTC) sobre los costos de explotación e inversiones de las DISTRIBUIDORAS.

Que, a su vez, en el RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN se prevé que cada seis meses, contados a partir del ajuste tarifario previsto en las ACTAS ACUERDO, el ENRE debía calcular la variación de precios, sobre la base de índices oficiales representativos de los costos del servicio, de acuerdo a la ponderación que las respectivas Actas determinaban, contemplando la estructura de costos propia de ambas concesionarias, reflejada en la PROYECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA (PEF) que como Anexo IV integra dichas Actas.

Que dicho RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN define, a su vez, que cuando del cálculo semestral del MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC), resultara una variación igual o superior a más / menos cinco por ciento (=/+ a =/- 5 %), el ENRE evaluaría la verdadera magnitud de la variación de los costos de explotación y del PLAN DE INVERSIONES asociado, determinando —si correspondiere— el ajuste de los ingresos de las DISTRIBUIDORAS.

Que, sobre el particular, es necesario señalar que la Resolución ex SE 32/2015 otorgó un incremento provisorio en los ingresos de las DISTRIBUIDORAS, superior a los MMC calculados y no trasladados a tarifa al momento de su determinación, considerando que dicho incremento debía ser evaluado por el ENRE, conforme a un análisis de la magnitud de la variación de los costos de explotación de las DISTRIBUIDORAS.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 1 de la Resolución MEyM N° 7/2016 para proceder a efectuar, a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA, resulta necesario adecuar la estructura de los costos de explotación y del Plan de Inversiones reflejada en el ANEXO I de las mencionadas ACTAS ACUERDO.

Que esta adecuación del criterio de medición de las variaciones de costos tuvo en consideración la información requerida por el Artículo 64 inciso b) de la Ley N° 19.550, expuesta en los estados contables de las DISTRIBUIDORAS, que fueran auditados por profesionales independientes.

Que, a tal efecto, deben utilizarse los índices oficiales empleados en el Anexo I de las respectivas ACTAS ACUERDO, ponderados según la estructura ajustada de costos.

Que dichos índices de variación de costos deben ser considerados al 31 de diciembre de 2015.

Que en función de la Emergencia Estadística dispuesta por el Decreto N° 55 de fecha 8 de enero de 2016, y de la validación que el INDEC ha realizado de los índices de variación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se han utilizado dichos índices para los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Que respecto del ajuste de los insumos importados, cabe utilizar el tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a la cotización del Banco Central de la República Argentina.

Que, por otra parte, debe considerarse que los volúmenes de energía comercializados por las DISTRIBUIDORAS han experimentado un importante crecimiento, generando economías de escala que deben ser consideradas en el ajuste de sus ingresos.

Que, en el marco de la Emergencia Económica y Social hoy vigente, en virtud de la prórroga dispuesta por la Ley N° 27.200, los beneficios de las empresas prestatarias de servicios públicos deben adecuarse a las limitaciones económicas de la población, y teniendo en cuenta que la Resolución MEyM N° 7/2016 también ha instruido al ENRE a llevar a cabo todos los actos que fueren menester a efectos de proceder a la REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL de EDENOR SA y EDESUR SA, la que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2016, resulta procedente desestimar toda consideración sobre la rentabilidad regulatoria de las DISTRIBUIDORAS en el ajuste que se dispone por la presente.

Que, a los efectos de tener un control efectivo de la aplicación de los recursos para el desarrollo y mantenimiento de las redes de las DISTRIBUIDORAS, resulta conveniente mantener en forma diferenciada, en los ajustes a realizar al VAD, los montos con destino a ser utilizados en forma exclusiva, para la ejecución de obras de infraestructura y de mejora de las instalaciones de las concesionarias.

Que dada la situación de fragilidad operativa en la que se encuentra la red de distribución de energía eléctrica de ambas concesionarias, se estima conveniente disponer que del reajuste total de los ingresos de las DISTRIBUIDORAS, se destine al fondo establecido en la Resolución ENRE N° 347/2012 un monto mayor que el que fuera oportunamente determinado en dicha resolución.

Que los cuadros tarifarios que surjan del reajuste que se realiza, deben establecer los valores correspondientes a los consumos de energía eléctrica de los usuarios que resulten comprendidos en la TARIFA SOCIAL.

Que con respecto a la periodicidad del cobro del consumo eléctrico de los usuarios se estima que la facturación mensual facilitará la organización de la economía de los usuarios residenciales.

Que teniendo en cuenta que la modificación en la modalidad temporal del cobro del consumo de electricidad por parte de las concesionarias conlleva necesariamente a introducir modificaciones en los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras, resulta necesario establecer medidas que permitan adaptar la relación entre el sistema anterior de facturación y el actual.

Que, en este sentido, el mes de febrero deberá ser de transición entre ambas modalidades de cobro para los usuarios residenciales y generales, cuyos ciclos de lectura cierren durante el mes de febrero de 2016.

Que, asimismo, dadas las complejidades en la adaptación de los sistemas comerciales para incorporar el nuevo esquema de estímulo al ahorro a los usuarios residenciales en las facturas que se emitan durante el mes de febrero de 2016, resulta necesario implementar medidas con el objeto de que su aplicación no afecte a los usuarios del servicio.

Que, con relación a la derogación del PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) efectuada por el Artículo 6 de la Resolución MEyE 7/2016, corresponde instruir a las distribuidoras las medidas operativas derivadas de su derogación.

Que se ha emitido el Dictamen Legal establecido por el Artículo 7 Inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD está facultado para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en las Cláusulas Cuarta, Décimo Cuarta y Décimo Quinta de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual suscriptas entre la UNIREN y EDENOR S.A. y EDESUR S.A., ratificadas respectivamente por los Decretos PEN N° 1957 y N° 1959, ambos de fecha 28 de diciembre de 2006, y en los Artículos 56 incisos b), r) y s) y 63 inciso g) de la Ley Nº 24.065, así como la reglamentación del Artículo 56, inciso b.2) de la Ley N° 24.065 aprobada del Decreto PEN N° 1.398/1992.

Por ello:
EL DIRECTORIO
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDENOR S.A. contenidos en el ANEXO I a este acto del que forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 2° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. contenidos en el ANEXO II a este acto del cual forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 3° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDENOR S.A. aplicable a los usuarios cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 KW), sea identificada de carácter residencial y cuyo consumo de energía comparado con el registrado en igual período del año 2015 se haya reducido en al menos DIEZ POR CIENTO (10%) y no más del VEINTE POR CIENTO (20%), contenidos en el ANEXO III a este acto del cual forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 4° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. aplicable a los usuarios cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 KW), sea identificada de carácter residencial y cuyo consumo de energía comparado con el registrado en igual período del año 2015 se haya reducido en al menos DIEZ POR CIENTO (10%) y no más del VEINTE POR CIENTO (20%), contenidos en el ANEXO IV a este acto del cual forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 5° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDENOR S.A. aplicable a los usuarios cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 KW), sea identificada de carácter residencial y cuyo consumo de energía comparado con el registrado en igual período del año 2015 se haya reducido en más del VEINTE POR CIENTO (20%), contenidos en el ANEXO V a este acto del que forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 6° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. aplicable a los usuarios cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 KW), sea identificada de carácter residencial y cuyo consumo de energía comparado con el registrado en igual período del año 2015 se haya reducido en más del VEINTE POR CIENTO (20%), contenidos en el ANEXO VI a este acto del que forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 7° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDENOR S.A. aplicables al universo de usuarios alcanzado por los criterios definidos en el ANEXO I de la Resolución MEyM N° 7/2016, para el consumo mensual promedio excedente de 150 kWh/mes y siempre que el consumo de energía sea menor o igual al registrado en igual período del año 2015, contenidos en el ANEXO VII a este acto del que forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 8° — Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. aplicables al universo de usuarios alcanzados por los criterios definidos en el ANEXO I de la Resolución MEyM N° 7/2016, para el consumo mensual promedio excedente de 150 kWh/mes y siempre que el consumo de energía sea menor o igual al registrado en igual período del año 2015, contenidos en el ANEXO VIII a este acto del que forma parte integrante, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016.

ARTÍCULO 9° — En el caso de los usuarios alcanzados por los criterios definidos en el ANEXO I de la Resolución MEyM N° 7/2016 con consumos mayores a los registrados en igual período del año 2015, los primeros 150 kWh/mensuales (o 300 kWh/bimestrales) serán valorizados a CERO $/kWh, debiendo tenerse presente que seguirán siendo de aplicación el resto de los conceptos que integran la tarifa.

ARTÍCULO 10. — Téngase presente que conforme lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 7 de fecha 27 de enero de 2016, sólo corresponde la aplicación de la Tarifa Social allí definida, a los usuarios que reúnan los requisitos establecidos por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, explicitados en el Anexo I de dicha resolución, habiendo quedado derogados todos los otros regímenes establecidos con anterioridad para la aplicación de este tipo de tarifa.

ARTÍCULO 11. — Instruir a las Distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a facturar con una periodicidad mensual a los usuarios de Tarifa N° 1 – Pequeñas Demandas, el importe que resulte de la medición bimestral de sus consumos, fraccionando al efecto en dos períodos similares a dicho lapso bimestral.

ARTÍCULO 12. — Instruir a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. a continuar liquidando en forma bimestral las facturas de los usuarios residenciales y generales cuyos ciclos de lectura cierren durante el mes de febrero, reflejando los montos correspondientes al consumo total del bimestre. En estos casos, será de aplicación para la facturación de los usuarios residenciales los cuadros tarifarios aprobados en los artículos 5 y 6 precedentes, correspondiente al ahorro mayor o igual del 20%. Una vez finalizado el mes de febrero y normalizado el cambio de esquema de facturación, las distribuidoras deberán realizar los ajustes que pudieran corresponder por los consumos ocurridos durante dicho mes.

ARTÍCULO 13. — Instruir a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. a implementar, a partir de la facturación que se emita desde el 1 de marzo de 2016, el nuevo esquema de liquidación mensual de los ciclos de lectura bimestral y el sistema de bonificación por ahorro en los consumos, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 a 6 precedentes.

ARTÍCULO 14. — Instruir a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. a aplicar a las facturas de aquellos usuarios destinatarios de la Tarifa Social, cuyos cierres de lectura se realicen durante el mes de febrero del corriente, según los criterios definidos en el Anexo I de esta Resolución MEyM N° 7/2016, el Cuadro Tarifario correspondiente al régimen de exceptuados a la Resolución ENRE 628/2008, incorporando la parte proporcional de la valorización de los primeros 150 kWh/mes libres (ó 300 kWh/bimestre). La facturación emitida a partir del 1/3/2016 correspondiente a este universo de usuarios deberá reflejar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios aprobados en la presente Resolución y el esquema de bonificación por ahorro contemplado en este caso.

ARTÍCULO 15. — Aclarar que los 150 kWh/mes (ó 300 kWh/bimestre) bonificados a los usuarios destinatarios de la Tarifa Social están asociados a un período ideal de lectura, esto es un mes de 30,5 días o un bimestre de 61 días.

ARTÍCULO 16. — Instruir a EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a suspender la aplicación de los cargos adicionales por consumos en exceso contemplados en el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELECTRICA (PUREE) aprobado por Resolución SE N° 745/05, a partir de los consumos realizados el 1/2/2016. En cuanto a las bonificaciones destinadas a los usuarios residenciales con consumos bimestrales menores de 1000 kWh, correspondientes a ciclos de facturación concluidos antes de esta fecha, serán acreditadas en los términos establecidos en la Resolución ENRE N° 479/2005 hasta su finalización el 9/4/2016.

ARTÍCULO 17. — Sustitúyese el Anexo aprobado por el Artículo 1 de la Resolución ENRE N° 347/2012, por el Anexo IX de la presente Resolución de la que forma parte integrante.

ARTÍCULO 18. — Incorporar al REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS EDENOR S.A. y EDESUR S.A las modificaciones que se definen en el Anexo X de este acto del que forma parte integrante.

ARTÍCULO 19. — Dejar sin efecto a partir de la facturación emitida el 1/2/2016 el cuadro comparativo implementado por el Artículo 14 de la Resolución ENRE N° 433/2009.

ARTÍCULO 20. — Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución las distribuidoras EDESUR S.A., EDENOR S.A. deberán publicar sus respectivos cuadros tarifarios en por lo menos DOS (2) diarios de mayor circulación de su área de concesión.

ARTÍCULO 21. — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22. — Notifíquese a EDESUR S.A., EDENOR S.A. y a las Asociaciones de Defensa del Usuario y/o Consumidor registradas.

ARTÍCULO 23. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — RICARDO A. MARTINEZ LEONE, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — Dra. MARTA ROSCARDI, Vicepresidenta, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — Ing. RICARDO H. SERICANO, Director, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — Cdor. JUAN GARADE, Director, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ANEXO I de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO II de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO III de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO IV de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO V de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO VI de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO VII de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO IX A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016

ANEXO X de la RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2016
Sustituir el tercer y cuarto párrafos del artículo 5, inciso b) Apartado I. del REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS EDENOR S.A. y EDESUR S.A, por los siguientes textos:
“LA DISTRIBUIDORA deberá emitir las facturas con dos vencimientos, el segundo de ellos a los CINCO (5) DIAS del primero.”
“Sin perjuicio de lo establecido en este apartado, transcurridos CATORCE (14) DIAS de mora, a partir del primer vencimiento, LA DISTRIBUIDORA se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de VEINTICUATRO (24) HORAS de anticipación”.


 

Decreto de necesidad y urgencia suspende por un año las contribuciones patronales a favor de escuelas de gestión privada

 

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Decreto 275/2016

Suspéndese la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814/2001.

Bs. As., 01/02/2016

VISTO el Expediente N° 6.392/02 en TRES (3) cuerpos del Registro del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, la Ley N° 24.241, los Decretos Nros. 814 de fecha 20 de junio de 2001, modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 25.453, 1.034 de fecha 14 de agosto de 2001, 284 del 8 de febrero de 2002, 539 de fecha 10 de marzo de 2003, 1.806 del 10 de diciembre de 2004, 986 del 19 de agosto de 2005, 151 del 22 de febrero de 2007, 108 del 16 de febrero de 2009, 160 del 16 de febrero de 2011, 201 del 7 de febrero de 2012, 249 del 4 de marzo de 2013, 351 del 21 de marzo de 2014 y 154 del 29 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 24.241 se dispuso que todos los empleadores privados contribuyeran, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al DIECISÉIS POR CIENTO (16%) del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento.

Que las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la Ley N° 13.047 y las transferidas a las jurisdicciones según la Ley N° 24.049, están alcanzadas por los términos de la legislación previsional citada.

Que el Decreto N° 814 de fecha 20 de junio de 2001, modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 25.453, con el objeto de ordenar las sucesivas modificaciones que en materia de reducción de las contribuciones patronales se habían establecido en años anteriores y a efectos de simplificar el encuadramiento, liquidación y tareas de control y fiscalización de las mismas y como instancia superadora, adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las mencionadas contribuciones, fijándola en el VEINTE POR CIENTO (20%) para los empleadores que resultaran comprendidos en el inciso a) de su Artículo 2° y en el DIECISÉIS POR CIENTO (16%), para los indicados en el inciso b) del mismo artículo, dejándose, asimismo, sin efecto toda norma que hubiera contemplado exenciones o reducciones de alícuotas aplicables a las contribuciones patronales.

Que, posteriormente, dichos porcentajes fueron incrementados en UN (1) punto por el Artículo 80 de la Ley N° 25.565.

Que por los Decretos Nros. 1.034 de fecha 14 de agosto de 2001, 284 de fecha 8 de febrero de 2002, 539 de fecha 10 de marzo de 2003, 1.806 de fecha 10 de diciembre de 2004, 986 de fecha 19 de agosto de 2005, 151 del 22 de febrero de 2007, 108 del 16 de febrero de 2009, 160 del 16 de febrero de 2011, 201 del 7 de febrero de 2012, 249 del 4 de marzo de 2013, 351 del 21 de marzo de 2014 y 154 del 29 de enero de 2015 se suspendió la aplicación de los referidos porcentajes para los empleadores titulares de establecimientos educacionales privados, cuyas actividades estuvieran comprendidas en las Leyes Nros. 24.521, sus modificaciones y 26.206.

Que por el Artículo 4° del Decreto N° 814/01, según texto modificado por la Ley N° 25.723, los empleadores pueden computar, como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, los puntos porcentuales establecidos en el Anexo I de dicha norma.

Que los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial comprendidos en la Ley N° 13.047 están exceptuados del Impuesto al Valor Agregado, por lo que se encuentran en una situación de inequidad tributaria con relación al resto de las actividades privadas, al no poder compensar valor alguno por este concepto.

Que la situación descripta colisiona, para este sector, con los objetivos planteados al momento de dictarse el Decreto N° 814/01, de establecer el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo, mediante la reducción de los costos disminuyendo la presión sobre la nómina salarial.

Que conforme la Ley N° 24.049 la administración y supervisión de las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la Ley N° 13.047 fue transferida a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, contando la mayoría de ellas con el aporte estatal para el financiamiento previsto en la Ley N° 26.206, el cual surge de los respectivos presupuestos provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que la aplicación del Decreto N° 814/01 generaría, por lo tanto, un incremento en las partidas presupuestarias provinciales afectadas a los aportes estatales en momentos que las mismas están efectuando ingentes esfuerzos por incrementar los recursos asignados a educación, según las demandas de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 y por mantener el equilibrio fiscal, situación que se ha evitado sucesivamente mediante el dictado de los Decretos Nros. 1.034/01, 284/02, 539/03, 1.806/04, 986/05, 151/07, 108/09, 160/11, 201/12, 249/13, 351/14 y 154/15.

Que la aplicación del Decreto N° 814/01 en los establecimientos de gestión privada provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país como consecuencia de la situación descripta anteriormente.

Que tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos.

Que los Institutos de Educación Pública de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial comprendidos en las Leyes Nros. 13.047 y 24.049 son regulados y supervisados en cuanto a sus aranceles por las autoridades jurisdiccionales.

Que es prioridad del Gobierno Nacional favorecer a los sectores de las regiones menos favorecidas del país a través de políticas que promuevan un desarrollo más equitativo e igualitario.

Que la aplicación del Decreto N° 814/01 en las instituciones educativas privadas produciría un efecto contrario a este objetivo de la política nacional, gravando a quienes brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de las actividades que no ven incrementados sus costos, lo que hace necesario dictar la presente norma para corregir el efecto no deseado de aplicar a este sector ese decreto.

Que la aplicación del Decreto N° 814/01 tendría un efecto regresivo en todas las jurisdicciones, pero principalmente en las más necesitadas.

Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que el Artículo 2° de la ley mencionada precedentemente determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos de necesidad y urgencia.

Que el Artículo 10 de la citada ley dispone que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, conforme lo establecido en el Artículo 19 de dicha norma.

Que el Artículo 20 de la ley referida, prevé incluso que, en el supuesto que la citada COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los Artículos 99, inciso 3, y 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que por su parte el Artículo 22 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el Artículo 82 de nuestra Carta Magna.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS de los MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y DEPORTES y DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Artículos 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1° — Suspéndese desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 24.049.

Art. 2° — Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.

 

 


 

Desregulación de la tarifa aérea aerocomercial

TRANSPORTE AEROCOMERCIAL

Decreto 294/2016

Suprímese la determinación de las tarifas máximas para los servicios de transporte aéreo interno de pasajeros.

Bs. As., 02/02/2016

VISTO el Expediente N° S02:0000533/2016 del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 42 de la Ley de Política Nacional de Transporte Aerocomercial N° 19.030, que sentó las bases de la política nacional del transporte aerocomercial, determina que las tarifas se establecerán consultando los intereses de la Nación, de los usuarios y de los explotadores, con el concepto de tarifa económica retributiva correspondiente a cada ruta y tramo de ruta.

Que por Decreto N° 1654 de fecha 4 de septiembre de 2002 se declaró al Transporte Aerocomercial de cabotaje en estado de emergencia en razón de los factores externos e internos allí descriptos por el plazo de vigencia de la Ley N° 25.561.

Que sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 1° del decreto mencionado precedentemente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encontró ante la necesidad de reformular la emergencia ya declarada y mediante el dictado del Decreto N° 1012 de fecha 7 de agosto de 2006, estableció nuevas políticas con alcance en el corto y mediano plazo para facilitar la paulatina recuperación del transporte aerocomercial.

Que el ESTADO NACIONAL debe fijar las políticas que coadyuven a compensar los desequilibrios que se adviertan, en el ámbito del transporte aerocomercial a fin de viabilizar la continuidad de las empresas prestatarias, su fortalecimiento y desarrollo en el sector, alentar la incorporación de nuevas empresas en el mercado, la conservación y creación de fuentes de empleo directo e indirecto a consecuencia del desarrollo de la actividad.

Que asimismo, el ESTADO NACIONAL debe velar por la adecuada prestación de los servicios de transporte aerocomercial preservando la salud no solo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte, evitando prácticas distorsivas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor, se revelan posteriormente contrarias al interés general.

Que a partir del Decreto N° 1654/02, se estableció una banda tarifaria, determinando una tarifa de referencia y una tarifa máxima.

Que posteriormente, mediante la Resolución N° 23 de fecha 9 de febrero de 2012 de la ex – SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS, se incorporó una segunda tarifa máxima denominada “Tarifa Máxima II”, la cual rige para los últimos DIEZ (10) días corridos previos a la fecha del vuelo de ida con un máximo de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de la capacidad de la aeronave.

Que la banda tarifaria conforme los cuadros anexos de la resolución mencionada y sus modificatorias, alcanza, entre la Tarifa de Referencia y la Tarifa Máxima II, una distancia de hasta un CIENTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (145%).

Que la fijación de tarifas máximas ha dificultado el desarrollo de la actividad aerocomercial.

Que como consecuencia de lo expuesto, resulta conveniente readecuar el esquema tarifario vigente para el transporte aerocomercial y establecer solamente tarifas de referencia, suprimiendo la determinación de las tarifas máximas.

Que, de esta manera, se propicia fomentar la actividad aerocomercial a través de un modo más dinámico de fijación de las tarifas a percibir por el servicio de transporte aéreo.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ha tomado la intervención de su competencia conforme lo normado por el Artículo 9° del Decreto N° 8 de fecha 4 de enero de 2016.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Suprímese a partir de la CERO (0) hora del día siguiente de la publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la determinación de las tarifas máximas para los servicios de transporte aéreo interno de pasajeros.

Art. 2° — Instrúyese al MINISTERIO DE TRANSPORTE para que dicte los actos administrativos necesarios para establecer las tarifas de referencia clase económica para los servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros.
Los actos que se dicten deberán ajustarse a las previsiones del Articulo 42 de la Ley de Política Nacional de Transporte Aerocomercial N° 19.030.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Javier Dietrich.

 


Nueva moratoria AFIP

 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3827

Procedimiento. Ley N° 11.683. Texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Régimen de Facilidades de Pago. Requisitos, Formas, Plazos y demás condiciones.

Bs. As., 05/02/2016

VISTO la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo de esta Administración Federal facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo del Organismo.

Que para la consecución de dicho objetivo, resulta procedente implementar, con carácter permanente, un régimen de facilidades de pago que permita regularizar las citadas obligaciones —así como sus intereses y multas—, sin que ello implique condonación total o parcial de las deudas o liberación de las pertinentes sanciones o cargos suplementarios.

Que en consecuencia es necesario disponer las formalidades, plazos y demás condiciones que deberán observar los administrados para solicitar la adhesión al régimen que se establece por la presente, como también para el ingreso de las deudas que se pretenden cancelar.

Que para facilitar la lectura e interpretación de las normas, se considera conveniente la utilización de notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia, explicitados en el Anexo I.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Técnico Legal Impositiva, de Técnico Legal Aduanera, de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social y de Servicios al Contribuyente, y las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

CAPÍTULO A – SUJETOS Y CONCEPTOS ALCANZADOS

Artículo 1° — Establécese un régimen de facilidades de pago, permanente y sujeto a las características de cada caso, aplicable para la cancelación, total o parcial de:
a) Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y multas, vencidas a la fecha de presentación del plan, inclusive.
b) Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses y actualizaciones, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones.
La cancelación con arreglo a esta modalidad, no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones o cargos suplementarios.

Art. 2° — Quedan alcanzadas también por el régimen previsto por la presente, las siguientes deudas:
a) Los saldos pendientes por obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos, excepto aquellos que hubieran sido presentados en los términos de la presente.
b) Los aportes personales de los trabajadores autónomos.
c) Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
d) El impuesto integrado y el componente previsional correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
e) Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre que los mismos se encuentren conformados por el responsable y registrados en los sistemas de este Organismo.
f) Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane incondicionalmente y en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos, a cuyos fines se deberán observar las disposiciones del Capítulo G.
g) Las retenciones y percepciones impositivas incluidas en ajustes de inspección conformados por los responsables y registrados en los sistemas de este Organismo.
h) El impuesto establecido en el Artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que recae sobre las erogaciones no documentadas.
i) Los intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a las obligaciones mencionadas en los incisos a) y b) del Artículo 3°, que se hayan cancelado hasta la fecha de adhesión al presente plan.

CAPITULO B – EXCLUSIONES

– Objetivas

Art. 3° — Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación:
a) Las retenciones y percepciones —impositivas o previsionales—, por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia y las indicadas en el inciso g) del Artículo 2°.
b) Los anticipos y/o pagos a cuenta.
c) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya explotación efectiva se lleva a cabo en el país, según lo previsto en el Artículo 1°, inciso d) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
d) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
e) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
f) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares.
g) Las contribuciones y aportes personales fijos correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004.
h) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).
i) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.
j) Los intereses —resarcitorios y punitorios—, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes, con excepción de lo dispuesto en el inciso i) del Artículo 2°.
k) El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos, sus intereses —resarcitorios y punitorios—, multas y demás accesorios. Ley N° 24.625 y sus modificaciones.
l) Las obligaciones registradas en planes de facilidades de pago vigentes, cancelados, precaducos o reformulados.
m) Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos en virtud de lo previsto en el Artículo 13 de esta resolución general.
n) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al Artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, Ley N° 22.415 y sus modificaciones.

– Subjetivas

Art. 4° — Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los imputados penalmente, por los delitos previstos en las Leyes N° 22.415, N° 23.771 o N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, siempre que se haya dictado el correspondiente auto de elevación a juicio.

CAPITULO C – CONDICIONES DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO

Art. 5° — El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones:
a) La determinación de la cantidad máxima de cuotas a otorgar y la tasa de interés de financiamiento a aplicar por tipo de deuda se especifican en el Anexo II, con las siguientes particularidades:
1. Monto de ingresos anuales.
Para su determinación se considerarán las ventas, locaciones y prestaciones de servicio consignadas en las declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado, correspondientes a los DOCE (12) últimos períodos fiscales vencidos contados desde el mes inmediato anterior al de adhesión al presente plan de facilidades. En caso de no registrar ventas, locaciones ni prestaciones de servicio gravadas en los citados períodos fiscales, se tomarán en cuenta los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias en el último período fiscal vencido al mes inmediato anterior a la mencionada adhesión (5.1.)
2. Tasa de interés.
La tasa mensual de financiamiento para los planes que se consoliden durante el primero y segundo mes calendario de vigencia de la presente serán las que se especifican en el Anexo II. Para los planes que se consoliden a partir del tercer mes y siguientes, se utilizarán las tasas de financiamiento que se publicarán en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) y que surgirán del siguiente cálculo:
2.1. Deudas a regularizar por contribuyentes con ingresos anuales de hasta NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 91.000.000.-), inclusive: Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un DOS POR CIENTO (2%) nominal anual.
2.2. Deudas a regularizar por contribuyentes con ingresos anuales superiores a NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 91.000.000.-): Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un SEIS POR CIENTO (6%) nominal anual.
2.3. Cuando se trate de deudas aduaneras, por ajustes de inspección o de deudas en gestión judicial, las tasas de interés de financiamiento se determinarán mediante el procedimiento mencionado en los puntos 2.1. y 2.2., tomando como base la tasa nominal anual reducida en un VEINTE POR CIENTO (20%).
b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.
c) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a UN MIL PESOS ($1.000.-), excepto que se trate de obligaciones incluidas en planes de aportes previsionales de los trabajadores autónomos y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en cuyo caso el monto de cada cuota deberá ser igual o superior a QUINIENTOS PESOS ($500.-).
Para su determinación resultará de aplicación la fórmula que se consigna en el Anexo III.

– Presentación de declaraciones juradas

Art. 6° — Será condición excluyente para adherir a este plan de facilidades, que las declaraciones juradas determinativas e informativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, por las que se solicita la cancelación financiada, se encuentren presentadas hasta la fecha de adhesión al régimen.

CAPITULO D – ADHESIÓN, REQUISITOS Y FORMALIDADES

– Solicitud de adhesión.

Art. 7° — Para acogerse al plan de facilidades de pago, se deberá:
a) Consolidar la deuda a la fecha de adhesión. Los conceptos por deuda aduanera deberán incluirse en un plan de facilidades de pago independiente.
b) Adherir al “Domicilio Fiscal Electrónico”, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 2.109 y sus modificaciones.
c) Remitir a esta Administración Federal mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet”, utilizando la “Clave Fiscal” conforme a los procedimientos dispuestos por las Resoluciones Generales N° 1.345, sus modificatorias y complementarias y N° 3.713:
1. El detalle de los conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y el plan de facilidades solicitado. A tales fines se ingresará al servicio denominado “MIS FACILIDADES” opción “RG 3827 – PLAN DE FINANCIACIÓN PERMANENTE”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) (7.1.), cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el Anexo IV de la presente.
2. La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas (7.2.).
3. Apellido y nombres, número de teléfono celular y nombre de la empresa proveedora del servicio, dirección de correo electrónico, así como los restantes datos de la persona debidamente autorizada para la confección del plan (presidente, contribuyente, apoderado, etc.), los que resultarán necesarios para recibir comunicaciones vinculadas con el régimen que faciliten su diligenciamiento a través del servicio de mensajería de texto “SMS”, de correo electrónico o de “e-Ventanilla” que obra en el sitio “web” de esta Administración Federal (7.3.).
d) Generar a través del sistema informático el formulario de declaración jurada N° 1003. Previo a su remisión, se requerirá un código de verificación, el que será enviado por esta Administración Federal a través del servicio de mensajería de texto “SMS” y mediante correo electrónico a la persona autorizada.
e) Imprimir el acuse de recibo de la presentación realizada (7.4.).

– Aceptación de los planes

Art. 8° — La solicitud de adhesión al presente régimen se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución general.
La inobservancia de cualquiera de ellos determinará el decaimiento del plan propuesto, en cualquier etapa de cumplimiento de pago en el cual se encuentre.

Art. 9° — Las solicitudes de adhesión que resulten decaídas se considerarán anuladas y se deberá presentar, en su caso, una nueva solicitud de adhesión por las obligaciones que corresponda incluir, siempre que se realice durante la vigencia del presente régimen.
En tal supuesto los importes ingresados en concepto de cuotas no se podrán imputar a cuotas del nuevo plan.

CAPITULO E – INGRESO DE LAS CUOTAS

Art. 10. — Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión conforme al Capítulo D, y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria, a cuyos fines se deberá observar lo dispuesto en el Anexo V.
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus intereses resarcitorios podrán ser rehabilitadas por sistema, y se debitarán el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud, siempre que el contribuyente hubiera solicitado su rehabilitación. Dicha rehabilitación no implica la exclusión de la caducidad en caso de verificarse las causales previstas en el Artículo 13.
En los supuestos indicados en los dos párrafos precedentes, la respectiva cuota devengará los intereses resarcitorios indicados en el Artículo 12.
Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles, se trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el débito de las cuotas se efectuará dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento original.
Para un correcto procedimiento del débito directo, los fondos en las cuentas declaradas deberán encontrarse acreditados a partir de la CERO (0) hora del día en que se realizará el débito.

Art. 11. — Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar la cancelación anticipada de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago, a partir del mes en que se produce el vencimiento de la segunda cuota del respectivo plan. A tal efecto, deberán presentar una nota conforme a lo previsto por la Resolución General N° 1.128, en la dependencia en la que se encuentren inscriptos.
El sistema “MIS FACILIDADES” calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar —capital más intereses de financiamiento—, al día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud de cancelación anticipada, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de ahorro habilitada, en una única cuota.
En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, el monto calculado devengará los intereses resarcitorios indicados en el Artículo 12.
Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro del importe determinado para la cancelación anticipada coincida con un día feriado o inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, tal débito se efectuará dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento original.
A efectos de la determinación del importe de la cancelación anticipada, se considerarán las cuotas vencidas e impagas y las no vencidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de la cuota del mes en que se solicita la cancelación anticipada.
Si no pudiera efectuarse el débito directo del importe de la cancelación anticipada no existirá posibilidad de continuar cancelando las cuotas. No obstante ello, el contribuyente podrá solicitar la rehabilitación de la cancelación anticipada para ser debitada el día 12 del mes siguiente. Dicha rehabilitación no implica la exclusión de la caducidad en caso de verificarse las causales previstas en el Artículo 13.

Art. 12. — El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago, devengará por el período de mora transcurrido desde la fecha del vencimiento general hasta la fecha del efectivo débito, los intereses resarcitorios establecidos:
a) En el Artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de tratarse de deudas impositivas y de los recursos de la seguridad social.
b) En el Artículo 794 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, en el caso de deudas aduaneras.
Los intereses resarcitorios se ingresarán junto con la respectiva cuota, conforme la metodología de débito y en las fechas indicadas en el segundo y tercer párrafo del Artículo 10.

CAPITULO F – CADUCIDAD. CAUSAS Y EFECTOS

Art. 13. — La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación:
a) Planes de hasta DOCE (12) cuotas:
1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
b) Planes de TRECE (13) cuotas hasta VEINTICUATRO (24) cuotas:
1. Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
Operada la caducidad —situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de “e-Ventanilla” al que accederá con su “Clave Fiscal”—, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.
Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante depósito bancario o transferencia electrónica de fondos conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Generales N° 1.217, N° 1.778 y N° 2.883, sus respectivas modificatorias y complementarias.
El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, que será el que surge de la imputación generada por el sistema al momento de presentarse el plan, deberá ser visualizado por los contribuyentes y/o responsables a través del servicio “MIS FACILIDADES”, en la pantalla “Seguimiento de Presentación”, opción “Impresiones”, mediante la utilización de la “Clave Fiscal” obtenida conforme a lo previsto en la Resolución General N° 3.713.
Cuando se trate de obligaciones que involucren deudas en ejecución judicial, por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos depositados en entidades financieras, los sujetos podrán solicitar ante la dependencia interviniente de este Organismo la suspensión de la caducidad hasta tanto el juez competente disponga el levantamiento de la medida. Comunicada la caducidad del plan que incluya deuda aduanera, el Sistema Informático Malvina procederá automáticamente a la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros” de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1122 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones.

CAPÍTULO G – DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. PROCEDIMIENTO APLICABLE

Art. 14. — En el caso de incluirse en el plan de facilidades de pago deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables —con anterioridad a la fecha de adhesión—, deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408/A en la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos y que resulte competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión al presente régimen.
La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado la parte superior del referido formulario debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.
Acreditada en autos la incorporación al plan de facilidades de pago, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento y/o desistimiento a la pretensión fiscal y una vez cancelada en su totalidad la deuda incluida en el referido plan, este Organismo podrá solicitar al juez interviniente, el archivo de las actuaciones.
En caso que la solicitud de adhesión resulte anulada o se declare el rechazo o caducidad del plan de facilidades de pago por cualquier causa, esta Administración Federal proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente.

Art. 15. — Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como en los casos que se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia interviniente de este Organismo —una vez acreditada la adhesión al régimen y la presentación del formulario de declaración jurada N° 408/A dispondrá el levantamiento de la respectiva medida cautelar.
En el supuesto que el embargo se hubiera trabado sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará una vez producido su vencimiento.
De tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la hubiera decretado.
En todos los casos, con carácter previo al levantamiento, se procederá a transferir las sumas efectivamente incautadas con anterioridad a la solicitud de acogimiento al plan de facilidades de pago.
Las restantes medidas cautelares se mantendrán vigentes y, a pedido del interesado, podrán sustituirse por otra medida precautoria o por garantía suficiente a satisfacción de esta Administración Federal.
De haberse dispuesto en sede administrativa, en el marco del Artículo 1122 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”, se procederá a través de las dependencias competentes al levantamiento de dicha medida, una vez que este Organismo valide por los medios que se establezcan al efecto, la consistencia de toda la información suministrada por el administrado para determinar la deuda a cuyo respecto se acoge al presente régimen. Aceptado el plan de facilidades de pago y constatado el débito de la primera cuota del mismo, se procederá al levantamiento de la suspensión.
La falta de ingreso del total o de la primera cuota del plan de pagos de los honorarios, no obstará al levantamiento o sustitución de las medidas aludidas precedentemente, siempre que se cumpla con los demás requisitos y condiciones dispuestos para adherir al plan de facilidades de pago.
El levantamiento de embargos o suspensiones alcanzará únicamente a las deudas incluidas en el respectivo plan.

Art. 16. — La cancelación de los honorarios devengados en ejecuciones fiscales o en juicios en los cuales se discutan deudas incluidas en un plan de facilidades de pago del presente régimen, podrá efectuarse en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no podrán exceder de DOCE (12), no devengarán intereses y su importe mínimo será de QUINIENTOS PESOS ($500.-) (16.1.).
La primera cuota se abonará según se indica a continuación:
a) Si a la fecha de adhesión al plan de facilidades de pago, existiera estimación administrativa o regulación judicial firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la adhesión, debiéndose informar dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido, mediante una nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, ante la dependencia de este Organismo en la que revista el agente judicial actuante.
b) Si a la fecha de adhesión al plan de facilidades de pago no existiera estimación administrativa o regulación judicial firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes contados a partir de aquel en que queden firmes, debiéndose informar dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido el mismo, por nota, de acuerdo con lo previsto por la Resolución General N° 1.128, que se presentará en la respectiva dependencia de este Organismo.
Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al vencimiento de la primera cuota indicado, para cada caso, en los incisos a) y b) precedentes.
A tales fines se reputarán firmes las estimaciones administrativas o regulaciones de honorarios no impugnadas por el contribuyente y/o responsable o por el administrado, según corresponda, ante el juez o tribunal interviniente, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su notificación (16.2.).
La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta de pago de cualquiera de las cuotas a los TREINTA (30) días corridos de su vencimiento. En tal supuesto procederá el reclamo judicial del saldo impago a la fecha de aquélla.
El ingreso de los honorarios mencionados deberá cumplirse atendiendo a la forma y condiciones establecidas por la Resolución General N° 2.752.

Art. 17. — El ingreso de las costas —excluidos honorarios— se realizará y comunicará de la siguiente forma:
a) Si a la fecha de adhesión existiera liquidación firme de costas: deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha, e informarse dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes, mediante nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, en la dependencia correspondiente de este Organismo.
b) Si a la fecha de adhesión no existiera liquidación firme de costas: Deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa e informarse dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido el mismo, mediante nota conforme a lo previsto por la Resolución General N° 1.128, en la dependencia interviniente de esta Administración Federal.

Art. 18. — En caso que el deudor no abonara los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones establecidas en este capítulo, se iniciarán o proseguirán, las acciones destinadas al cobro de los mismos, conforme a la normativa vigente.

CAPITULO H – DISPOSICIONES GENERALES

– Beneficios

Art. 19. — La cancelación de las deudas en los términos del régimen de facilidades de pago previsto en la presente, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al responsable para:
a) Levantamiento de la suspensión que por falta de pago hubiera dispuesto el área aduanera en los “Registros Especiales Aduaneros”. El Servicio Aduanero dispondrá dicho levantamiento, en los casos que hubiera operado la caducidad del plan de facilidades y posteriormente se cancele la totalidad de la deuda.
b) Obtener el “Certificado Fiscal para Contratar” que lo habilite para contratar con los organismos de la Administración Nacional.
c) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, según lo dispuesto por el Artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI) y su modificatoria.
d) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificaciones.
El rechazo del plan o su caducidad por cualquiera de las causales autorizadas, determinará la pérdida de los beneficios indicados en el presente artículo, a partir de la notificación de la resolución respectiva.

Art. 20. — Para los planes que se consoliden a partir del día 1 de julio de 2016 esta Administración Federal establecerá tasas de interés de financiamiento diferenciales, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las obligaciones aduaneras, impositivas y de los recursos de la seguridad social —incluidos los planes de facilidades presentados—, así como la frecuencia y magnitud de las obligaciones comprendidas en tales presentaciones.

Art. 21. — A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente deberán considerarse, asimismo, las notas aclaratorias y citas de textos legales con números de referencia contenidas en el Anexo I.

Art. 22. — Apruébanse los Anexos I, II, III, IV y V que forman parte de esta resolución general.

Art. 23. — Déjanse sin efecto las Resoluciones Generales N° 3.516 y N° 3.631, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Art. 24. — Las disposiciones de esta resolución general resultarán de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 25. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

ANEXO I (Artículo 21)
NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES
Artículo 5°.
(5.1.) En caso de inicio de actividades con una antelación menor a DOCE (12) meses contados desde la fecha de consolidación del plan, para la determinación del monto de ingresos anuales se considerará la suma de los importes que surjan de las declaraciones juradas presentadas en el período de actividad que corresponde.
Artículo 7°.
(7.1.) Para utilizar el sistema informático denominado “MIS FACILIDADES”, se deberá acceder al sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) e ingresar —además de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)— la “Clave Fiscal” otorgada por esta Administración Federal.
El ingreso de la “Clave Fiscal” permitirá al contribuyente y/o responsable autenticar su identidad.
Los sujetos que no posean la aludida “Clave Fiscal” deberán gestionarla de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 3.713.
La información transferida tendrá el carácter de declaración jurada y su validez quedará sujeta a la verificación de la veracidad de los datos ingresados por el contribuyente y/o responsable.
(7.2.) Los datos informados con relación al tipo de cuenta y/o al banco donde se encuentra radicada la misma podrán ser modificados por el contribuyente y/o responsable.
A los fines de proporcionar la nueva Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.), se deberá acceder al servicio “Mis facilidades”. Dicho cambio deberá ser informado a la entidad bancaria correspondiente, a fin de evitar inconvenientes con los futuros débitos.
La sustitución de la citada clave tendrá efectos a partir del primer día hábil del mes inmediato siguiente, inclusive, al mes en que se ingresó la novedad en el sistema, para el débito de las cuotas.
Cuando coexistan DOS (2) o más planes de un mismo contribuyente y/o responsable y éste desee utilizar diferentes cuentas de un mismo banco para que se efectúe el débito de las cuotas respectivas, tal circunstancia deberá ser previamente acordada por el responsable con la entidad bancaria. De igual manera deberá proceder en caso de modificar el número de cuenta por otro correspondiente a una cuenta de la misma entidad.
(7.3.) La línea de teléfono celular deberá encontrarse radicada en la República Argentina. Al servicio “e-Ventanilla” se accederá con la “Clave Fiscal” del contribuyente o responsable.
(7.4.) Una vez finalizada la transmisión electrónica del detalle de los conceptos e importes de las deudas y el plan solicitado, el sistema emitirá el respectivo acuse de recibo de la presentación realizada.
Artículo 16.
(16.1.) El importe resultará de dividir el monto total del honorario por DOCE (12). Si el monto resultante de cada cuota determinada resulta inferior a QUINIENTOS PESOS ($500.-), se reducirá el número de ellas hasta alcanzar la suma indicada.
(16.2.) Conforme a lo previsto en el octavo artículo incorporado a continuación del Artículo 62 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, por el Decreto N° 65 del 31 de enero de 2005.

ANEXO II (Artículo 5°)
CANTIDAD DE CUOTAS – TASAS DE INTERÉS DE FINANCIAMIENTO

(1) Corresponde a sujetos alcanzados por la Ley N° 26.509 y la Resolución General N° 2.723 referidos a emergencia agropecuaria, como también a los responsables contemplados en normas emitidas por esta Administración Federal en donde se otorguen plazos especiales de cumplimiento de obligaciones, en el marco de situaciones de emergencia y/o desastre.
Se considerarán comprendidas en este grupo las siguientes obligaciones:
a) Vencidas al 31 de enero de 2016, inclusive, independientemente de los períodos fiscales comprendidos en las normas a través de las cuales se establecieron plazos especiales para su cancelación.
b) Vencidas con posterioridad al 31 de enero de 2016, incluyendo todos los períodos fiscales comprendidos hasta la finalización de los plazos especiales para la cancelación que se establezcan en las normas respectivas.

ANEXO III (Artículo 5°)
DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS
El monto de las cuotas a ingresar, que serán mensuales, iguales y consecutivas se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
“C” es el importe de la cuota a pagar al vencimiento (día 16 del mes siguiente a la consolidación del plan o cuota anterior).
“D” es el monto total de la deuda consolidada del plan.
“i” es la tasa de interés mensual de financiamiento.
“n” es la cantidad de cuotas que comprende el plan.

ANEXO IV (Artículo 7°)
SISTEMA INFORMÁTICO “MIS FACILIDADES”
CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS PARA SU USO
Este proceso informático permitirá informar las obligaciones aduaneras, impositivas y de los recursos de la seguridad social, y determinar el monto total consolidado, por cada uno de estos conceptos, por el que se solicitará un plan de facilidades de pago.
Una vez obtenido el importe adeudado, el sistema calculará las cuotas a cancelar, para luego transmitirlo electrónicamente a efectos que se registre la adhesión al presente régimen.
La veracidad de los datos que se consignen en el plan confeccionado será de exclusiva responsabilidad del contribuyente.
1. Descripción general del sistema
El sistema permitirá informar el detalle de cada una de las obligaciones adeudadas que puedan regularizarse por el presente régimen, así como indicar la cantidad de cuotas en que se realizará su cancelación.
Indicada tal cantidad, el sistema calculará el valor de las cuotas. Además, generará los siguientes papeles de trabajo:
a) Detalle de las obligaciones que se pretenden regularizar.
b) Detalle de las cuotas.
c) Detalle de imputación de cuotas.
También generará el formulario de declaración jurada, que contendrá un resumen del total adeudado.
2. Requerimiento de “hardware” y “software”
El usuario deberá contar con una conexión de “Internet” a través de cualquier medio (telefónico, satelital, fibra óptica, cable módem o inalámbrica) con su correspondiente equipamiento de enlace y transmisión digital.
Asimismo, deberá disponer de un navegador (Browser) “Internet Explorer” o similar para leer e interpretar páginas en formatos compatibles.
3. Metodología para ingresar el detalle de las obligaciones adeudadas
El sistema requerirá en forma obligatoria la carga de los siguientes datos:
a) Fecha de consolidación.
b) Tipo de deuda a regularizar: impositiva, previsional o aduanera.
c) Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) en la que se debitarán cada una de las cuotas.
d) Número de teléfono de la persona debidamente autorizada, número de teléfono celular, compañía que presta el servicio y dirección de correo electrónico.
Una vez ingresados esos datos, el usuario deberá indicar uno a uno los conceptos a incluir en el plan y los pagos imputados a esa deuda.
Con esa información el sistema determinará la deuda a regularizar, y requerirá al usuario que indique la cantidad de cuotas en las que cancelará el total consolidado, para posteriormente liquidar la primera cuota y las siguientes.
De tratarse de multas y tributos a la importación o exportación, sus intereses y actualizaciones, comprendidos en cargos suplementarios o en el procedimiento para las infracciones (autodeclaración):
1. El contribuyente efectuará una declaración previa al ingreso al sistema “MIS FACILIDADES” en el que registrará el plan. A tal fin, deberá acceder con “Clave Fiscal” al servicio “Deudas Aduaneras”, e ingresar los datos que el sistema requiera, a efectos de la determinación de la deuda y de la generación automática de una liquidación manual. Para ello, el sistema solicitará —entre otros datos— el número de Liquidación Malvina Anticipada motivo “CSUP – Cargos suplementarios con ingreso al SIFIAD”, “CSUM Cargos suplementarios manuales”, o “CONT – Multas por cargos de origen contencioso”, registradas previamente por el servicio aduanero.
Cuando se trate de deuda aduanera correspondiente a planes de facilidades caducos no presentados en los términos de esta resolución general, el servicio aduanero deberá reliquidar y registrar la Liquidación Malvina Anticipada, motivo “CSUP-Cargos suplementarios con ingreso al SIFIAD”, “CSUM-Cargos suplementarios manuales” o “CONT – Multas por cargos de origen contencioso” considerando los pagos efectuados en los planes de facilidades de pago caducos.
2. Ingresará a la aplicación “web” “MIS FACILIDADES” a efectos que pueda seleccionar la deuda e incluirla en un plan de facilidades.
3. Transmitirá electrónicamente la información de la deuda que se desea regularizar.
4. Como constancia de la presentación el sistema emitirá el acuse de recibo correspondiente.

ANEXO V (Artículo 10)
A – DÉBITO DIRECTO
1. OPERATORIA RELACIONADA CON LOS DÉBITOS
El débito directo en cuenta corriente o caja de ahorro preexistente del contribuyente y/o responsable o, en su caso, en “Caja de Ahorro Fiscal” o “Cuenta Corriente Especial Fiscal”, del Banco de la Nación Argentina, se efectuará por el importe total de la cuota bajo la denominación “Resolución General N 3827, el día 16 de cada mes.
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera podido efectuar el débito en la cuenta bancaria para la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus intereses resarcitorios, se debitarán el día 12 del mes inmediato siguiente, siempre que el contribuyente hubiera solicitado la rehabilitación de las mismas.
Por consiguiente, deberá estar disponible en la cuenta bancaria desde la cero hora de las fechas mencionadas, el importe necesario para cancelar la cuota que vence y, en su caso, la correspondiente a los intereses resarcitorios.
Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles se trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el débito de las cuotas se efectuará dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento original.
Asimismo, en caso de coincidir con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro plan de facilidades de pago vigente y no existan fondos suficientes para la cancelación de la totalidad de las obligaciones, esta Administración Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas.
2. COMPROBANTE DE PAGO
Será considerada como constancia válida el resumen emitido por la respectiva institución financiera y el importe de la cuota, así como la impresión con todos los datos de la obligación y del pago que emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.
B – CAJA DE AHORRO FISCAL O CUENTA CORRIENTE ESPECIAL FISCAL
Los contribuyentes y/o responsables interesados en utilizar la modalidad de pago Débito Directo en Caja de Ahorro Fiscal o Cuenta Corriente Especial Fiscal deberán solicitar en el Banco de la Nación Argentina, en cualquier sucursal o en la casa central, la apertura de una “Caja de Ahorro Fiscal” o “Cuenta Corriente Especial Fiscal”.
Para la apertura de la citada caja de ahorro o cuenta corriente se deberá presentar, en la sucursal del mencionado banco, la constancia de acreditación de inscripción ante esta Administración Federal.
1. CARACTERÍSTICAS DE LA “CAJA DE AHORRO FISCAL” O “CUENTA CORRIENTE ESPECIAL FISCAL”
El Banco de la Nación Argentina pactará con el contribuyente y/o responsable las condiciones de utilización de la “Caja de Ahorro Fiscal” o de la “Cuenta Corriente Especial Fiscal”, en base a las normas del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) vigentes para ello, excepto en lo relativo a los costos que a continuación se detallan, que serán sin cargo para el titular:
a) Costo de apertura y mantenimiento mensual.
b) Provisión de una tarjeta de débito al primer titular de la cuenta.
c) Emisión de resumen de cuenta, como mínimo en forma trimestral.
d) Operaciones de depósitos y extracciones.
e) Operaciones de débito automático para pagos de impuestos, recursos de la seguridad social y demás tributos recaudados por esta Administración Federal.
En las condiciones de apertura a pactar con el contribuyente y/o responsable, el Banco de la Nación Argentina deberá además tener en cuenta lo siguiente:
1.1. Depósito inicial: para la apertura de la “Caja de Ahorro Fiscal” o “Cuenta Corriente Especial Fiscal”, no podrá exigir al titular de la cuenta que deposite un importe inicial.
1.2. Otros titulares: podrá convenir con el contribuyente y/o responsable la inclusión de un segundo titular por él designado.
1.3. Moneda: en “pesos”.
1.4. Utilización de la “Caja de Ahorro Fiscal” o “Cuenta Corriente Especial Fiscal”: el contribuyente y/o responsable podrá utilizar estas cuentas bancarias para efectuar cualquiera de las operaciones previstas en las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), lo cual significa que su uso no estará restringido a los débitos o créditos que ordene esta Administración Federal.
2. OPERATORIA RELACIONADA CON LOS DÉBITOS Y COMPROBANTE DE PAGO
Respecto de la operatoria relacionada con los débitos y el comprobante de pago, será de aplicación lo establecido en el Apartado A precedente.

 

Dan de baja convenios con universidades y restringen empleo público<h/3>

 

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 , sus reglamentarios Decretos Nros. 1421/02 , 2345/08 , la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos Nros. 1023/01 y sus modificatorios y 254/15 , y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 de Empleo Público Nacional y su reglamentación citada en el Visto, se aprueban los principios generales para la prestación de servicios de empleo público en el Estado Nacional.

Que resulta una política prioritaria del Gobierno Nacional la adopción de las acciones necesarias para un ejercicio responsable en materia de contratación de personal por parte de las Autoridades Superiores, como así también la optimización de la gestión y los procesos vinculados a las mismas.

Que a los efectos de asegurar una gestión pública de calidad resulta indispensable la utilización eficiente y racional de los recursos públicos.

Que la asignación de recursos de la Administración Publica debe ajustarse estrictamente a aquello que resulte necesario para el logro de metas y objetivos previstos.

Que en tal marco conceptual se dictó el Decreto N° 254 del 24 de Diciembre de 2015, mediante el cual se instrumentan una serie de medidas tendientes a garantizar la calidad en la gestión pública, en orden a que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos.

Que de conformidad a las disposiciones del apartado 9, inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL con las Universidades Nacionales pueden ser efectuados mediante contratación directa.

Que esta modalidad de contratación con las Universidades Nacionales ha dado lugar a diversos convenios de prestación de servicios de

Asistencia Técnica, mediante recursos materiales y humanos de esas Altas Casas de Estudio.

Que ante dicha situación resulta necesario analizar el tipo de prestaciones brindadas por cada uno de los organismos educativos contratantes, evaluando si las mismas coinciden con las actuales misiones y funciones de las jurisdicciones involucradas, o en su caso pueden ser ejecutadas con recursos materiales y humanos propios de las Jurisdicciones contratantes.

Que ante la responsabilidad de un uso eficiente y racional de los recursos públicos, corresponde mantener la vigencia de aquellos convenios celebrados con Universidades Nacionales que resulten estrictamente necesarios en orden a las misiones y funciones asignadas a las diversas jurisdicciones, cuya continuidad sea ratificada, dejando sin efecto los restantes.

Que la solicitud de continuidad deberá ser efectuada por el titular de la jurisdicción de que se trate ante el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, atento a las atribuciones a él otorgadas por el artículo 16 inciso 5 de la Ley de Ministerios, en cuanto a “Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia”.

Que resulta necesario adoptar medidas administrativas para un mejor acceso a la información, control y resguardo de los diversos instrumentos convencionales celebrados por las Jurisdicciones y organismos del Estado Nacional con las Altas Casas de estudios, permitiendo de tal forma la máxima transparencia en relación a dichos actos de gobierno.

Que, por otra Parte, se advierte en el conjunto de Jurisdicciones y Organismos del Estado Nacional la existencia de diversas herramientas de liquidación de haberes y de administración del personal.

Que deviene imprescindible reunir suficiente información que permita implementar acciones en toda la Administración Pública Nacional, que posibiliten una mejora en la gestión de trámites vinculados con la administración de Recursos Humanos de los respectivos Organismos.

Que a tales efectos es conveniente verificar las acciones implementadas en relación a los procesos de liquidación de haberes en las Jurisdicciones y Organismos del Estado

Nacional, y reunir información relevante en materia de contrataciones y liquidación de haberes de todo el personal que preste servicios personales en el Estado Nacional, cualquiera resulte el vínculo legal que los relacione.

Que el artículo 104 de la Ley 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene entre sus funciones el disponer o coordinar la realización de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, y poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público.

Que el artículo 5° del Decreto 254/15 instruyó a los funcionarios superiores de la Administración Publica Nacional a revisar las contrataciones de personal analizando el cumplimiento de los requisitos legales y “merituando las necesidades de servicio para su contratación”.

Que atento a ello resulta necesario adoptar medidas al respecto, dando intervención al órgano rector en materia de empleo público.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° – Los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas (en adelante “las Universidades”) cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los Señores Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril de 2016.

El requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitados por los Señores Ministros, Secretarios de Presidencia y titulares de entes descentralizados respectivos ante el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad razonabilidad.

Art. 2° – Créase en la órbita del MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES el “Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas”. Las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma que determine dicho Ministerio.

Art. 3° – En caso de que el convenio que haya de celebrarse en los términos del segundo párrafo del artículo 1° implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las Universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al MINISTERIO DE MODERNIZACION. Asimismo, las jurisdicciones deberán informar, con la frecuencia y en la forma que establezca dicho Ministerio, sobre los programas correspondientes, recursos humanos asignados por las Universidades en los convenios respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que dichos convenios dieran lugar.

Art. 4° – Instrúyese a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, durante los últimos cuatro (4) meses del año 2015.

Art. 5° – A partir del 1° de marzo de 2016 los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal por tiempo determinado de conformidad con el artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164 , el Decreto 2345/08 o cualquier otra modalidad contractual a plazo determinado prevista en la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales, sin la previa intervención del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción requirente.

Art. 6° – El presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-

MACRI. – Andrés H. Ibarra.

 

 

La champaña no pagará impuestos internos

 

IMPUESTOS

Decreto 355/2016

Ley de Impuestos Internos. Déjase sin efecto gravamen.

Bs. As., 15/02/2016

VISTO el Expediente N° S05:0003350/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que a través de lo dispuesto por el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, resulta alcanzado por el tributo el expendio de champañas.

Que si bien en la concepción de los impuestos selectivos al consumo se debe propender a alcanzar a aquellos productos cuya gravabilidad tiende a atenuar la regresividad propia de los impuestos generales de la misma especie, su aplicación suele utilizarse también como una herramienta eficaz en la orientación y desarrollo de la economía.

Que en tal sentido, para determinados productos de la actividad vitivinícola, por el Decreto N° 58 del 31 de enero de 2005 se dejó sin efecto el gravamen previsto en el Capítulo VII del Título II de la citada ley, por el plazo de TRES (3) años contados a partir del 2 de febrero de 2005.

Que por el Decreto N° 266 de fecha 6 de marzo de 2014 se prorrogó por el término de UN (1) año el plazo previsto en el Artículo 2° del Decreto N° 58 de fecha 31 de enero de 2005, prorrogado por los Artículos 1° de los Decretos Nros. 248 de fecha 7 de febrero de 2008, 161 de fecha 1 de febrero de 2010, 185 de fecha 6 de febrero de 2012 y 235 de fecha 28 de febrero de 2013, respecto del gravamen contemplado en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones.

Que por el Decreto N° 364 de fecha 4 de marzo de 2015 se dejó sin efecto transitoriamente el gravamen al que se hizo alusión en el párrafo anterior para los hechos imponibles que se perfeccionaron a partir del vencimiento fijado en el Decreto N° 266 de fecha 6 de marzo de 2014 y hasta el 31 de enero de 2016, inclusive.

Que la citada exclusión ha propiciado un importante desarrollo en el sector, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros despachados al mercado interno de vinos espumantes así como de las bodegas fraccionadoras participantes en dicho proceso.

Que es uno de los objetivos del Gobierno Nacional impulsar las economías regionales, contribuyendo al posicionamiento y competitividad de la actividad vitivinícola, motivo por el cual, se considera propicio dejar sin efecto transitoriamente el gravamen a las champañas hasta el 30 de abril de 2016.

Que el artículo incorporado a continuación del Artículo 14 del Título I de la ley del tributo faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL para disminuir o dejar sin efecto transitoriamente los gravámenes previstos en el aludido texto legal, cuando así lo aconseje la situación económica de determinada o determinadas industrias.

Que los organismos técnicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA han emitido opinión favorable a la solución proyectada.

Que los Servicios Permanentes de Asesoramiento Jurídico competentes han tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo incorporado a continuación del Artículo 14 del Título I de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones.

Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Déjase sin efecto transitoriamente el gravamen previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones.

Art. 2° — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del vencimiento fijado en el Decreto N° 364 de fecha 4 de marzo de 2015 y hasta el 30 de abril de 2016, inclusive.

Art. 3° — Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Ricardo Buryaile.

 

 

Medios podrán canjear impuestos con pauta publicitaria

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 345/2016

Decreto N° 852/2014. Extiéndese plazo.

Bs. As., 12/02/2016

VISTO el Expediente CUDAP EXP – JGM 88/2016 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes de Procedimientos Fiscales N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales N° 25.750 y de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 y sus modificaciones, el Decreto N° 852 del 5 de junio de 2014 y su modificatorio N° 2.379 del 10 de noviembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Ley N° 25.750, la política del ESTADO NACIONAL debe preservar especialmente, entre otros, el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación, en orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica, científica, la defensa nacional y el acervo cultural.

Que, asimismo, la Ley N° 26.522 declara de interés público la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual.

Que los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental de la estructura democrática, debiendo el ESTADO NACIONAL fomentar y apoyar el desarrollo de sus actividades en la medida de sus posibilidades.

Que mediante el Decreto N° 852 del 5 de junio de 2014 se facultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, para que a través de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA acuerde con los titulares de diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general, servicios de comunicación audiovisual y servicios conexos, productoras de contenidos audiovisuales y digitales, ediciones periodísticas digitales de información en línea y empresas de difusión en vía pública; la cancelación de sus deudas impositivas, aduaneras y previsionales que mantengan con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, mediante un sistema de dación en pago de espacios publicitarios y/o servicios conexos.

Que por el Decreto N° 2.379 del 10 de noviembre de 2015 se modificó la norma citada en el considerando precedente y se extendió el plazo previsto para formalizar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la solicitud de adhesión correspondiente, así como los períodos de deudas a incorporar a dicho régimen.

Que encontrándose vencido el término para la presentación de la Solicitud de Adhesión ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de conformidad con los términos del Decreto N° 2.379/15, resulta procedente la extensión de dicho plazo.

Que, en otro orden de ideas, se debe tener presente que el Decreto N° 2.379/15 no fue hasta el momento implementado, por lo cual no han tenido principio de ejecución las eventuales presentaciones efectuadas en sus términos, por lo que corresponde admitir nuevas peticiones en tal sentido.

Que las medidas propiciadas tienen como objetivo regularizar la situación fiscal y previsional de los contribuyentes involucrados, facilitando también la difusión de los actos de gobierno de interés general.

Que de acuerdo a lo expuesto, corresponde extender el plazo para las presentaciones mencionadas hasta el 31 de marzo de 2016 e incluir dentro de las mismas las deudas impositivas, aduaneras y previsionales que mantengan los contribuyentes alcanzados por el Artículo 1° del Decreto N° 852/14 y su modificatorio con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, devengadas con más sus intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios hasta el 31 de diciembre de 2015.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes con competencia en la materia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 113 de la Ley de Procedimientos Fiscales N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Extiéndese hasta el 31 de marzo de 2016, inclusive, el plazo previsto para formalizar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, la solicitud de adhesión al régimen establecido por el Decreto N° 852 del 5 de junio de 2014 y su modificatorio N° 2.379 del 10 de noviembre de 2015.

Art. 2° — Establécese que se podrán incluir en el régimen previsto en el Decreto N° 852/14 y su modificatorio, las deudas impositivas, aduaneras y previsionales que mantengan los contribuyentes alcanzados por el Artículo 1° del citado decreto y su modificatorio con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, devengadas con más sus intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios, hasta el 31 de diciembre de 2015.

Art. 3° — Los contribuyentes que ya hubieran celebrado Acuerdos de Adhesión en los términos del Decreto N° 852/14 y aquellos que hubiesen presentado una nueva solicitud de adhesión ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, en el marco de las modificaciones incorporadas por el Decreto N° 2.379/15, podrán realizar una nueva presentación a fin de incorporar aquellas deudas que no hubieran sido incluidas en las presentaciones anteriores.

Art. 4° — A los fines de dar cumplimiento a la condición establecida en el segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto N° 852/14 y su modificatorio, determínase que las deudas no incluidas en el régimen previsto por el citado decreto deberán estar regularizadas. Para ello, se podrán utilizar los planes de facilidades de pago vigentes dispuestos por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 852/2014

Titulares de medios de comunicación o productoras de contenidos audiovisuales. Cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales.

Bs. As., 5/6/2014

VISTO el expediente CUDAP: EXP-JGM 0001598/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes de Procedimientos Fiscales Nº 11.683 (T.O. 1998) y sus modificaciones, de Preservación de Bienes y Patrimonio Culturales Nº 25.750, y de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 y el Decreto Nº 1145 del 31 de agosto de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Ley Nº 25.750, la política del ESTADO NACIONAL debe preservar especialmente, entre otros, el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación, en orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica, científica, la defensa nacional y el acervo cultural.

Que asimismo, la Ley Nº 26.522 declara de interés público la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual.

Que es dable advertir, que en el proceso de producción de contenidos a emitirse por los medios de comunicación nacionales o los generados con vistas a la exportación, intervienen tanto los medios de comunicación así como las productoras de contenidos audiovisuales.

Que en este entendimiento, los medios de comunicación y las productoras de contenidos audiovisuales constituyen un pilar fundamental de la estructura democrática, que es deber del ESTADO NACIONAL fomentar y apoyar.

Que es política del PODER EJECUTIVO NACIONAL promocionar al sector, fomentando no sólo la actividad productiva del mismo, sino también su desarrollo como instrumento del fortalecimiento de la pluralidad, diversidad e inclusión.

Que, mediante el Decreto Nº 1145/09 se facultó a la entonces SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION, hoy SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, para que acuerde con los titulares de los medios de comunicación la cancelación total de las deudas fiscales y previsionales correspondientes a obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2008.

Que, en este sentido, es menester instrumentar un procedimiento que facilite a las empresas del sector la regularización de sus deudas impositivas, aduaneras y previsionales con la posibilidad de utilizar la modalidad de dación en pago de espacios publicitarios o servicios conexos, en forma total o parcial, según corresponda, conforme con lo normado en el artículo 113, segundo párrafo de la Ley Nº 11.683 (T.O. 1998) y sus modificaciones.

Que asimismo el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de los organismos competentes ha dictado normas que facilitan el ingreso de deudas fiscales y previsionales a favor del Tesoro Nacional, otorgando planes de facilidades amplios y accesibles, evitando con ello resentir la actividad económica de los contribuyentes que adhieran al régimen previsto, así como promoviendo el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Que, complementariamente a lo establecido en el acápite anterior y en pos de facilitar el acceso a esos planes al sector de los medios de comunicación y las productoras de contenidos audiovisuales, sumado a la experiencia obtenida por aplicación del Decreto Nº 1145/09, deviene necesario establecer el procedimiento de dación en pago regulado por el presente Decreto como parte de un plan integral de promoción sectorial.

Que en este sentido resulta necesario establecer un sistema de dación en pago con límites precisos tanto en su accesibilidad como en su ejecución, resultando condición insoslayable que los contribuyentes involucrados deban regularizar la totalidad de su deuda con el Fisco para acceder a la posibilidad de cancelar total o parcialmente, según corresponda, su deuda impositiva, aduanera o previsional mediante la dación de espacios publicitarios o servicios conexos, en los medios de comunicación propios o de terceros que ofrezcan para tal fin.

Que toda vez, que bajo una misma razón social y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), se pueden hallar pasivos fiscales provenientes del ejercicio de diversas actividades económicas, resulta pertinente señalar, que sólo serán pasibles de regularización bajo la modalidad de dación en pago, aquellos pasivos originados en las actividades propias y específicas de medios de comunicación o de productoras de contenidos audiovisuales.

Que la presente medida permitirá acrecentar la recaudación impositiva tanto como regularizar la situación fiscal y previsional de los contribuyentes involucrados, facilitando también la difusión de los actos de gobierno de interés general.

Que, asimismo mediante la presente medida se prevé que la dación en pago no se deba limitar a la difusión de actos de gobierno, permitiéndose también la dación en pago a través de servicios conexos como ser la producción, edición o impresión de material de difusión de interés general, permitiendo de esta forma al ESTADO NACIONAL contar con mayores y diversos recursos que integran el proceso de comunicación pública.

Que, los espacios de publicidad cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en hasta un máximo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de lo cedido en pago por período fiscal.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes con competencia en la materia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 113 de la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683 (T.O. 1998) y sus modificatorias.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, para que a través de la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, celebre acuerdos con personas físicas o jurídicas titulares de diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general, servicios de comunicación audiovisual y servicios conexos, productoras de contenidos audiovisuales y digitales, ediciones periodísticas digitales de información en línea y empresas de difusión en vía pública, a efectos de la cancelación de las deudas impositivas, aduaneras y previsionales que mantengan con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, devengadas con más sus intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios, mediante un sistema de dación en pago de espacios publicitarios y/o servicios conexos en la programación de sus emisoras o en sus publicaciones, a cuyo efecto se instrumentará la emisión de bonos por el capital contratado y por el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que devengará la facturación de los montos objeto de dación.

A esos fines, los deudores deberán obtener previamente la conformidad expresa de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y manifestar su compromiso de regularización de su situación fiscal, como condición indispensable para la celebración del acuerdo aludido en el párrafo precedente.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 2379/2015 B.O. 13/11/2015)

Art. 2° — Cuando los titulares de medios de comunicación o de productoras de contenidos audiovisuales, posean otras actividades económicas, sólo podrán cancelar mediante el sistema de dación en pago, aquellas deudas que hayan sido generadas como producto de las actividades establecidas en el Artículo 1° del presente.

En el supuesto de que no sea posible determinar el origen de las deudas, los sujetos comprendidos sólo podrán incluir en la modalidad de dación en pago, el porcentaje de deuda impositiva, aduanera o previsional, que se corresponda con el de la facturación de la actividad alcanzada por el presente respecto de la facturación total anual.

Art. 3° — Los espacios publicitarios o los servicios cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, no pudiendo, en ningún caso, hacer uso de más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de la deuda por período fiscal.

Art. 4° — Instrúyese a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a los fines de arbitrar las medidas necesarias para suspender todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas tendientes al cobro de las deudas a que se refiere el presente Decreto, con excepción de las acciones a interponer con el fin de evitar la caducidad o prescripción de los derechos del Estado Nacional.

Art. 5° — La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá los ajustes presupuestarios que correspondan por el monto equivalente de los espacios publicitarios o servicios, otorgados en dación en pago, en la medida de su efectiva utilización, y en especial aquellos necesarios para que:

a) La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS remita a los distintos organismos destinatarios de los fondos, los montos correspondientes a las deudas por recursos de la seguridad social, cuya cancelación se prevé en la presente medida, y;

b) Se transfieran a las provincias los montos que les correspondan sobre los créditos impositivos así cancelados, conforme a los términos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

 

Aumento de tarifas con audiencia pública

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Decreto 367/2016

Derogaciones.

Bs. As., 16/02/2016

VISTO el Expediente N° S01:0021598/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, las Leyes Nros. 25.561, 25.790 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 311 de fecha 3 de julio de 2003 y 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y se delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL un conjunto de facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar dicha situación.

Que en el Artículo 8° de la mencionada ley se dispuso que, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio y que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).

Que el Artículo 9° de la misma ley, autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° del mismo cuerpo normativo, estableciendo los criterios a tener en consideración para el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.

Que las normas contenidas en la Ley N° 25.561 fueron modificadas y complementadas a través de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200.

Que el proceso de renegociación de los Contratos de Concesión y Licencia de los Servicios Públicos ha sido reglamentado e implementado, en una primera etapa institucional, a través de los Decretos N° 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y 370 de fecha 22 de febrero de 2002, y en una segunda etapa, por el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003 y la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003.

Que por medio del Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003, se estableció que el proceso de renegociación se llevase a cabo a través de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) presidida por los ex Ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, estableció que dicha Unidad estaría integrada además por un COMITÉ SECTORIAL DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y por un Secretario Ejecutivo de la Unidad.

Que dicho Comité se integró con los titulares de las Secretarías con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación y por el Secretario Ejecutivo de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN).

Que por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se modificó la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, por lo que las cuestiones vinculadas a las concesiones y licencias de los distintos servicios públicos así como la determinación de los precios y tarifas aplicables, han quedado bajo la órbita de diferentes carteras ministeriales.

Que en función de lo expuesto, resulta necesario derogar el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003, la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003 y demás normativa concordante y complementaria, y asignar las funciones vinculadas a la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos a los respectivos Ministerios afines a sus materias, conforme a la distribución de competencias establecida por la citada Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Que en tal sentido es necesario fijar las pautas para completar el proceso de renegociación en aquellos contratos respecto de los cuales no se hayan alcanzado acuerdos integrales de renegociación contractual.

Que a tales efectos, corresponde facultar a los Ministerios competentes, en forma conjunta con el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, a suscribir los acuerdos integrales de renegociación contractual que impliquen una modificación de las condiciones del contrato y que tengan por objeto recomponer su ecuación económica financiera, poniendo fin al proceso de renegociación contractual; los acuerdos parciales de renegociación contractual, que impliquen una modificación limitada de las condiciones del contrato, con el mismo objeto antes señalado; y las adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarias para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual y la realización de la Revisión Tarifaria Integral en ellos prevista.

Que en el procedimiento orientado a la concreción de los acuerdos integrales, corresponde adoptar previsiones que garanticen la mayor transparencia y el aporte de la información técnica específica, a través de la intervención de los órganos de regulación y de control que en cada caso corresponda, previo a su firma por el Ministro con competencia específica en función de la materia y por el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, la que se efectuará Ad Referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que toda vez que el nuevo régimen tarifario del servicio de que se trate surgirá en oportunidad de realizarse el proceso de la Revisión Tarifaria Integral, y que las previsiones contenidas en los acuerdos parciales de renegociación contractual y en las adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual se efectúan a cuenta de la referida Revisión Tarifaria Integral, corresponde prever para dicha instancia de análisis integral la implementación de mecanismos de participación ciudadana en orden a garantizar los derechos de los usuarios y consumidores. Ello, sin perjuicio de los procedimientos ya cumplidos en el marco del Decreto N° 311/2003.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 1° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Deróganse el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003, la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, y demás normativa concordante y complementaria.

Art. 2° — A los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el Artículo 9° de la Ley N° 25.561, instrúyese a los Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, conforme a las competencias que surgen de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, a proseguir los procedimientos que se encuentren, a la fecha, en trámite de sustanciación en el ámbito de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) creada por el Artículo 1° del Decreto N° 311/2003 que se deroga por medio del presente.

Art. 3° — Facúltase a los Ministerios competentes en forma conjunta con el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS a suscribir acuerdos parciales de renegociación contractual y adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios respectivos hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual, los que se efectuarán a cuenta de lo que resulte de la Revisión Tarifaria Integral.

Art. 4° — Los acuerdos integrales de renegociación contractual, en los que se estipularán las condiciones en las que concluirán los procesos de renegociación en los términos del artículo 2° del presente decreto, luego de la intervención del órgano de regulación y control que en cada caso corresponda, serán enviados a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para su intervención y sometidos a consideración de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previo a su firma por el Ministro con competencia específica en función de la materia en forma conjunta con el Ministro de Hacienda y Finanzas públicas, la que se efectuará Ad Referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 5° — Dispónese que en el proceso de realización de la Revisión Tarifaria Integral que surja de los acuerdos integrales de renegociación contractual, mediante el cual se fijará el nuevo régimen tarifario del servicio de que se trate, deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación ciudadana, la que se llevará a cabo contemplando las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003.

Art. 6° — Facúltase a los Ministerios competentes a dictar los actos administrativos que sean necesarios a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Art. 7° — Comuníquese a la Comisión Bicameral de Seguimiento del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN creada por el Artículo 20 de la Ley N° 25.561.

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Juan José Aranguren.

 

>Sentencia sobre clausura

 

PARTE/S:

Clili SRL s/infracción L. 11683

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Penal Ec.

SALA:

B

FECHA:

27/02/2015

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la representante de CLILI S.R.L. a fs. 105/106 de estas actuaciones contra la resolución de fs. 99/104 del mismo legajo, en cuanto por aquélla el juzgado “a quo ” dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la representante de la contribuyente y confirmar la resolución administrativa de fs. 50/58 del presente, en cuanto por aquella se impuso a CLILI S.R.L. las sanciones de tres (3) días de clausura y de … pesos ($ …) de multa.

Los escritos presentados por el representante de la A.F.I.P.-D.G.I. y la representante de CLILI S.R.L. a fs. 117/119 vta. y 120/128 vta. del presente, respectivamente, en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que, por numerosas decisiones de esta Sala “B” se ha establecido que el postulado rector, en lo que hace al sistema de nulidades, es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2 del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración de la nulidad cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00 y 96/04; entre muchos otros, de esta Sala “B”).

2°) Que, por el art. 41 de la ley 11.683 (t.o. por el decreto 821/98) se dispone que por el acta de comprobación que debe labrarse con relación a los hechos o las omisiones que pudieran dar lugar a las sanciones de multa y de clausura se debe dejar constancia, entre otros elementos, “…de todas las circunstancias relativas a los mismos…a su prueba y a su encuadramiento legal, conteniendo, además, una citación para que el responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una audiencia para su defensa …El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo … “.

Por la lectura del acta N° 072000201259491502, obrante a fs. 5 de estas actuaciones, se advierte que por ésta se dejó constancia que, el día 14 de agosto de 2012, dos funcionarios de la A.F.I.P.-D.G.I. se constituyeron en el local comercial perteneciente a la contribuyente CLILI S.R.L., sito en la calle Avellaneda 2955, de esta ciudad, y que, en aquella oportunidad, constataron que la contribuyente ” …no posee el reempadronamiento del controlador fiscal del equipo en uso, exhibiendo constancia de reempadronamiento de un controlador fiscal que no se halla en uso en el local comercial verificado … “. Por el acta en cuestión se dejó constancia que, a criterio de aquellos funcionarios, el hecho mencionado configuraría una “… infracción a artículo 10 de la Resolución General N° 2676/09 (AFIP) Y artículo 1 de la Resolución General N° 2693/2009 (AFIP), Y constituye/n ‘prima facie’ la/s causal/es prevista/s por el/los inciso/s a) del artículo 40 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) … “, y que” … Todo ello se prueba con la constatación por parte de los actuantes y la exhibición por parte de la Sra. Portillo de una constancia de Reempadronamiento de un controlador fiscal que no es el usado por el contribuyente en el local visitado … “. Finalmente, se consignó la citación a la contribuyente para la audiencia de descargo y, asimismo, el acta en cuestión fue firmada por los funcionarios intervinientes (confr. fs. 5 del presente).

En consecuencia, por lo expresado precedentemente, no se aprecian vicios u omisiones formales que invaliden el acta de fs. 5 de este expediente. Por consiguiente el rechazo del planteo de nulidad del acta en cuestión, dispuesto por la resolución recurrida, se encuentra ajustado a derecho.

3º) Que, con relación a la cuestión de fondo, del examen del acta de fs. 5 y de la documentación agregada a fs. 2/4, que forma parte integrante de aquélla, no surge que por el acta mencionada se haya constatado la realización de alguna conducta que se adecue a lo dispuesto por el art. 40 inc. a) de la ley 11.683, por parte de la contribuyente CLILI S.R.L.

En efecto, la circunstancia de no haber reempadronado el controlador fiscal podría constituir una infracción al art. 39 de la ley 11.683 integrado, en el caso, con lo establecido por el art. 10 de la R.G. N° 2676-, pero no constituye, por sí sola, una infracción al art. 40 inc. a) de la ley mencionada, pues el hecho que se reprime por aquella norma consiste en la falta de emisión o entrega de “… facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales…en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. .. ” y siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda la suma de diez pesos ($10) (confr. art. 40 inc. a) de la ley 11.683, el resaltado corresponde a la presente).

4°) Que, en consecuencia, toda vez que no surge del acta de fs. 5, ni de la documentación agregada a fs. 2/4, que por aquella acta se haya constatado la realización de alguna operación comercial por un monto superior a diez pesos ($10), por la cual la contribuyente CLILI S.R.L. no haya entregado o emitido una factura o un documento equivalente en las formas, requisitos y condiciones establecidos por el organismo recaudador, en las condiciones del caso no se encuentra acreditado que se haya verificado una infracción al art. 40 inc. a) de la ley 11.683 (confr., en el mismo sentido, Regs. N° 166/11 y S.I.G.J. N° 45/14, de esta Sala “B”). Por lo tanto, corresponde revocar la resolución recurrida.

Por ello, SE RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución de fs. 99/104 del presente expediente.

II. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

El Dr. Roberto Enrique HORNOS no firma por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

MARCOS ARNOLDO GRABIVKER

JUEZ DE CAMARA

NICANOR M. P. REPETTO

JUEZ DE CAMARA

MARCELA BASSO CRAIG

SECRETARIA DE CAMARA

 

 

AFIP ya no inhabilitará más el CUIT

 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3832

Procedimiento. “Sistema Registral”. Estados Administrativos de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). Acceso a los servicios con Clave Fiscal. Resolución General Nº 3.358. Su sustitución.

Bs. As., 01/03/2016

VISTO la Resolución General N° 3.358, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma previó la cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de las personas jurídicas respecto de las que se verifiquen inconsistencias.

Que razones de administración tributaria aconsejan sustituir la aludida resolución general y establecer un procedimiento de carácter general para la evaluación periódica de los contribuyentes y responsables mediante controles sistémicos ejecutados en forma centralizada, en función de los incumplimientos y/o inconsistencias que pudieran acaecer.

Que el resultado de dicha evaluación se verá reflejado en los denominados “Estados Administrativos de la C.U.I.T.”, que representan distintos grados de acceso y operación de los servicios “web”, disponibles con Clave Fiscal.

Que se han previsto procedimientos simplificados tendientes a agilizar la regularización de los incumplimientos y/o inconsistencias detectadas, que permitan la recuperación de los servicios.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Servicios al Contribuyente, y las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

TÍTULO I

ESTADOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (C.U.I.T.)

Artículo 1° — Apruébanse en el ámbito del “Sistema Registral” los “Estados Administrativos de la C.U.I.T.”, a, efectos de establecer para los contribuyentes y responsables distintos grados de acceso a los servicios con Clave Fiscal y a determinados trámites.
Los aludidos estados administrativos son los previstos en el Anexo I y surgirán de la evaluación periódica que realizará esta Administración Federal en forma centralizada, para los sujetos con fecha de inscripción —alta de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)— previa al 1° de enero del año inmediato anterior a la fecha del proceso. El primer proceso comprenderá a los responsables con inscripción anterior al 1° de enero de 2015.
La citada evaluación contemplará distintos aspectos de cumplimiento fiscal, según el universo de sujetos de que se trate.

CAPÍTULO A – CAUSALES DE LIMITACIÓN AL ACCESO DE LOS SERVICIOS “WEB” SEGÚN EL SUJETO

Art. 2° — En el caso de las Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Unipersonales, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita Simple, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades de Capital e Industria, Uniones Transitorias de Empresas, Uniones Transitorias, Agrupaciones de Colaboración Empresaria, Agrupaciones de Colaboración y Consorcios de Cooperación, se verificará que:
a) No registren altas en impuestos y/o regímenes a la fecha de evaluación, o
b) no hayan presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1° de enero del año inmediato anterior a la fecha de evaluación, o
c) habiendo presentado declaraciones juradas vencidas desde el 1° de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación (para el primer proceso: desde el 1° de enero de 2014), no hayan declarado:
1. Ventas/compras en el impuesto al valor agregado,
2. ventas/ingresos/gastos en el impuesto a las ganancias,
3. empleados, y
4. trabajadores activos en “Mi simplificación”.
Serán excluidos del universo indicado en el inciso c) cuando:
– La sumatoria de los pagos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales efectuados desde el día 1° de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación, supere el importe vigente del Salario Mínimo Vital y Móvil, que establece periódicamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o
– hayan determinado el impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a los períodos fiscales vencidos desde el 1° de enero del anteúltimo año al de la fecha de la evaluación, o
– hayan determinado el impuesto sobre los bienes personales en concepto de acciones y participaciones, correspondiente a los períodos fiscales vencidos desde el 1° de enero del anteúltimo año al de la evaluación.

Art. 3° — Para todos los contribuyentes y responsables inscriptos ante esta Administración Federal, se verificará su inclusión en la “Base de Contribuyentes No Confiables”, que comprende a los sujetos respecto de los cuales se haya constatado o detectado inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, o la ausencia de éstos.

CAPÍTULO B – EXCLUSIONES

Art. 4° — Quedan excluidos del universo de sujetos del Artículo 2°, aquellos contribuyentes con bajas de inscripción en todos los impuestos y/o regímenes que hayan sido registradas con anterioridad al 1° de enero del año inmediato anterior a la fecha de evaluación, excepto los contemplados en:
a) El tercer párrafo del Artículo 53 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones,
b) el Artículo 36 del Decreto N° 1/2010,
c) el Artículo 1° de la Resolución General N° 3.402, y
d) los casos con auto de quiebra decretada.

CAPÍTULO C – COMUNICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y/O INCONSISTENCIAS

Art. 5° — Como resultado de la evaluación periódica, y de constatarse alguna de las situaciones previstas en los Artículos 2° y 3°, se modificará el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), publicándose dicha novedad en el sitio institucional (http://www.afip.gob.ar), opción “Consulta Estados Administrativos de la C.U.I.T.”.
Asimismo, podrán tomar conocimiento del cambio en su estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) a través de alguno de los siguientes medios:
a) Comunicación al “Domicilio Fiscal Electrónico”, en caso de encontrarse adherido al mismo.
b) Comunicación en el servicio “e-ventanilla”.
c) Consulta en el servicio “Sistema Registral”/Opciones/Consultas.
En las comunicaciones previstas en los incisos a) y b) se informará también el procedimiento para restablecer el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

CAPÍTULO D – EFECTOS

Art. 6° — El encuadramiento en algunas de las condiciones señaladas en los Artículos 2° y 3°, producirá la suspensión temporal de:
a) Las relaciones y los servicios con Clave Fiscal a los que hubiera adherido el responsable, con excepción de aquellos servicios mínimos que, para cada caso, se indican en el Anexo II.
b) Los Registros Especiales que integran el “Sistema Registral”.
c) Las autorizaciones para emitir facturas y/o comprobantes, la visualización de la constancia de inscripción —incluyendo la que figura en el archivo “Condición Tributaria”— y la posibilidad de solicitar Certificados de No Retención y Fiscal para Contratar, entre otros trámites.
Respecto de los Registros Especiales Aduaneros dicho encuadramiento determinará la inhabilitación transitoria para la operación de los sistemas respectivos.

CAPÍTULO E – REGULARIZACIÓN

Art. 7° — A fin de restablecer el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), con motivo de verificarse alguna de las condiciones descriptas en el Artículo 2°, los contribuyentes y responsables deberán, a través del sitio “web” de esta Administración Federal:
a) Constituir “Domicilio Fiscal Electrónico”, y
b) Regularizar las inconsistencias conforme a las acciones que se describen en el Anexo II, de acuerdo con la situación de que se trate.
Asimismo, será condición para lograr el restablecimiento tener cumplidos los siguientes requisitos:
1. Registración y aceptación de los datos biométricos, según el procedimiento establecido por la Resolución General N° 2.811 y su complementaria.
2. Actualización en el “Sistema Registral” del código de actividad, de acuerdo con el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – F. 883, establecido por la Resolución General N° 3.537 y las que en el futuro la modifiquen.
3. Declaración y actualización, de corresponder, del domicilio fiscal, así como del domicilio de los locales y establecimientos, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Generales N° 10 y N° 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias. Con relación al domicilio fiscal, éste deberá encontrarse sin inconsistencias.
4. Alta en los impuestos según la forma jurídica adoptada por el responsable.
5. Cantidad mínima de integrantes según el tipo societario declarado.
6. Presentación de las declaraciones juradas determinativas vencidas en los últimos TREINTA Y SEIS (36) meses.
7. Presentación de las declaraciones juradas informativas vencidas en los últimos DOCE (12) meses.
8. No encontrarse incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables” que se encuentra publicada en el sitio de esta Administración Federal (www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas).
Encontrándose regularizadas todas las situaciones antes descriptas se deberá ingresar al servicio “Sistema Registral”, menú “Registro Tributario” opción “Administración de Características y Registros Especiales”, y seleccionar “Solicitud de cambio de estado”. La aludida solicitud generará una validación sistémica, y en el caso que no se supere alguno de los controles detallados, el sistema indicará cada uno de los puntos pendientes, a fin de su regularización. El restablecimiento del estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) tendrá efectos a partir del día siguiente de superados los controles en forma satisfactoria, con la consecuente habilitación de las relaciones y los servicios con Clave Fiscal.

Art. 8° — Los sujetos que se encuentren en alguna de las situaciones especiales previstas en el Anexo III, deberán cumplir con el procedimiento de restablecimiento del estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) descripto en el Artículo 7°, con arreglo a las siguientes particularidades:
a) A efectos de la caracterización deberá ingresar al servicio “Sistema Registral”, menú “Registro Tributario” opción “Administración de Características y Registros Especiales”, seleccionando la opción “Cambio de estado – Situaciones Especiales”.
b) Una vez superadas las validaciones y previo al restablecimiento del estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), deberá concurrir a la dependencia donde se encuentra inscripto y presentar una nota en los términos de la Resolución General N° 1.128 y el Formulario F 3.283, de corresponder, junto con la documentación respaldatoria de la situación especial de que se trate.

Art. 9° — Los sujetos incluidos en la “Base de Contribuyentes No Confiables” aludida en el Artículo 3°, deberán presentar una nota en los términos de la Resolución General N° 1.128 y el Formulario F. 3.283, de corresponder, y aportar la documentación pertinente, a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

Art. 10. — En caso de rechazo de las solicitudes a que se refieren los Artículos 8° y 9° de la presente, los responsables podrán interponer el recurso previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397/79 y sus modificaciones, en la dependencia en la que se encuentren inscriptos.

TÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 11. — Los sujetos a los que oportunamente se les hubiera cancelado la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) en los términos de la Resolución General N° 3.358, serán sometidos al proceso de evaluación establecido en la presente. El estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) resultante se encontrará disponible para su consulta a partir del 15 de marzo de 2016. En caso de superar exitosamente los controles, les será asignado un estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) activo, debiendo generar nuevamente las relaciones y solicitar los servicios para operar con Clave Fiscal, de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 3.713.
La novedad señalada se publicará en el sitio institucional (http://www. afip.gob.ar), opción “Consulta Estados Administrativos de la C.U.I.T. – RG 3358”.

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 12. — La aplicación del procedimiento dispuesto en la presente, no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que competen a esta Administración Federal, ni implica liberación de las obligaciones materiales y formales a cargo de los sujetos alcanzados, las que deberán ser cumplidas en la medida que correspondan.

Art. 13. — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de esta resolución general.

Art. 14. — Déjase sin efecto la Resolución General N° 3.358 a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Art. 15. — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 16. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

ANEXO I (Artículo 1°)
ESTADOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (C.U.I.T.)
– Activo: Sin Limitaciones.
– Limitado por Falta de Inscripción en Impuestos /Regímenes.
– Limitado por Falta de Presentación de Declaración Jurada.
– Limitado por Falta de Movimiento y Empleados en Declaración Jurada.
– Limitado por Inclusión en “Base de Contribuyentes No Confiables”.
– Inactivo: Estado preexistente utilizado para situaciones especiales (Por ejemplo: Organizaciones sin reconocimiento oficial para funcionar).

ANEXO II (Artículo 7°)
TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO ADMINISTRATIVO DE LA CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (C.U.I.T.)

Estados administrativos de la C.U.I.T. y Casos especiales Servicios que permanecerán habilitados Acción a realizar por parte del responsable Modalidad de reactivación
Limitado por Falta de Inscripción en Impuestos /Regímenes (1) Mínimos –
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes
Alta de impuestos, presentación de DJ con ventas/compras/empleados y Solicitud de rehabilitación Internet
Limitado por Falta de Presentación de DJ (1) Mínimos –
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes
Internet
Limitado por Falta de Movimiento y Empleados en DJ (1) Mínimos –
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes
Internet
Casos Especiales (1) Mínimos Alta de impuestos y Presentación de DJ/Solicitud de rehabilitación/Verificación en dependencia Internet / Presencial
Limitado por inclusión en “Base de Contribuyentes No Confiables” (1) Mínimos Verificación en dependencia Presencial

(1) “Aceptación de Datos Biométricos”, “AFIP – Fiscalización Electrónica”, “e-Ventanilla”, “Domicilio Fiscal Electrónico”, “SICAM – Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas”, “Turnos Web”, “SIRADIG”, “Aportes en Línea”, “SRI contribuyente”, “Simplificación Registral – Registros Especiales de la Seguridad Social” y “Servicios no AFIP”, entre otros.
(2) “Sistema Registral”, “Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos”, “Cuenta Corriente de Autónomos y Monotributistas”, “MIS APLICACIONES WEB”, “Su Declaración”, “MIS FACILIDADES”, “Simplificación Registral” y “Administración de incentivos y créditos fiscales”.

ANEXO III (Artículo 8°)
SITUACIONES ESPECIALES
I. Sociedades cuya única actividad consiste en la posesión de participaciones societarias.
II. Contribuyentes que sólo posean bienes registrables y no hayan exteriorizado actividad comercial.
III. Contribuyentes con actividad de ciclo productivo mediano o largo que se encuentren en etapa de inversión inicial (v.g. actividad forestal, minera, construcción, etc.). Sociedades con trámites de inicio prolongados (habilitaciones, autorizaciones gubernamentales, etc.).
IV. Otras situaciones comprendidas en el Artículo 2°, inciso c).

Fecha de publicación 03/03/2016

Nuevo programa contra la criminalidad informática

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución 69/2016

Bs. As., 11/03/2016

VISTO el Expediente N° S04:0008872/2016 del registro de este Ministerio, la Ley N° 26.388, las Resoluciones conjuntas ex MREyC N° 339 y MJyDH N° 164 del 4 de marzo de 2005, y JGM N° 866 y MJyDH N° 1500 del 5 de octubre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley citada en el Visto se modificó el CODIGO PENAL al que se le incorporaron nuevos tipos de delitos vinculados con la criminalidad informática.

Que la tecnología informática y de las telecomunicaciones es un factor fundamental del desarrollo social y económico de las sociedades modernas.

Que el problema de los delitos informáticos y la complejidad de su prevención e investigación han aumentado considerablemente en los últimos años generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional y configurando una amenaza tanto para el Estado como para la seguridad de los ciudadanos que se ve afectada por conductas que lesionan de manera grave bienes jurídicos diversos como la integridad sexual de menores, la intimidad de datos personales, la propiedad, la libertad de comunicación y expresión, la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado y la distribución de contenidos xenófobos o racistas entre otros.

Que los avances de la informática y de las telecomunicaciones se han convertido también en una herramienta de apoyo fundamental para el avance de formas de criminalidad organizada compleja como el narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, entre otros.

Que los desafíos que presentan estas nuevas modalidades delictivas y su posible utilización para favorecer o encubrir la comisión de todo tipo de delitos tienen ribetes inéditos para nuestro sistema penal y requieren de una adecuada articulación tanto de medidas internas, como de acciones de cooperación internacional y con empresas del sector privado.

Que resulta un objetivo fundamental poder dar respuestas a estos fenómenos, proveyendo al sistema de justicia penal de los elementos necesarios para su investigación eficiente, pero al mismo tiempo garantizando que las nuevas herramientas de investigación no signifiquen un menoscabo para las garantías individuales de los ciudadanos.

Que sin perjuicio de los esfuerzos realizados por distintas dependencias del Estado en los últimos tiempos, resulta conveniente la coordinación de esfuerzos a través de un programa que tenga como eje central está problemática y provea lo necesario para que la REPÚBLICA ARGENTINA pueda dar respuesta satisfactoria a este desafío e insertarse de manera adecuada en los mecanismos de cooperación internacional sobre la materia.

Que por las razones expuestas, deviene necesaria la creación del PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA en la órbita de la Unidad Ministro de esta cartera de Estado.

Que a fin de lograr una adecuada y óptima ejecución del citado Programa, se considera conveniente que sus funciones sean ejercidas por un Coordinador, quien deberá tener un reconocido prestigio en la materia, previéndose asimismo la constitución -en su ámbito- de un Comité Consultivo con especialistas sobre la temática, cuyos miembros serán designados por el suscripto a propuesta de su Coordinador.

Que el doctor Marcos G. SALT reúne las condiciones necesarias de experiencia, idoneidad y capacidad para desempeñar la función de Coordinador del PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (T.O.1992) y sus modificaciones.

Por ello,
EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Créase el PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA, en la órbita de la Unidad Ministro de esta cartera de Estado.

ARTÍCULO 2° — Serán objetivos generales del Programa:
a) Promover las acciones necesarias para mejorar las respuestas del sistema penal frente al desafío que plantean los delitos informáticos y los delitos cometidos valiéndose de herramientas de tecnología informática.
b) Propiciar la eficiencia en la investigación de las causas penales mediante la utilización de medios modernos de obtención de pruebas basados en tecnología informática y de las telecomunicaciones, garantizando que su utilización se rija por normas respetuosas de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

ARTÍCULO 3° — Las funciones del PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA serán ejercidas por un Coordinador. Asimismo, el citado Programa podrá contar con un Comité Consultivo con especialistas sobre la temática, cuyos miembros serán designados por el suscripto, a propuesta del Coordinador del Programa.

ARTÍCULO 4° — El Coordinador del PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA deberá presentar anualmente al suscripto un plan de actividades que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
a. Reformas que resulten necesarias en la legislación penal y procesal penal.
b. Proyectos normativos de cooperación judicial entre la nación y las provincias a fin de mejorar la eficiencia en la persecución de los delitos informáticos como en todo lo atinente a la cooperación interjurisdiccional en la obtención de evidencia digital.
c. Capacitación de los operadores del sistema penal tanto federal como provincial sobre la materia.
d. Coordinación de acciones con organismos nacionales e internacionales.
e. Promover la cooperación entre sector público – sector privado para el mejoramiento de las investigaciones que involucren la necesidad de obtener evidencia digital en la que sea necesaria la colaboración de los proveedores de servicios de internet u otros entes con acceso a datos informáticos que puedan resultar de interés para las investigaciones.
f. Propiciar la participación de la REPÚBLICA ARGENTINA en los foros internacionales y en las Convenciones y mecanismos internacionales de Cooperación sobre la materia que resulten convenientes para nuestro país.

ARTÍCULO 5° — Asígnase al doctor Marcos G. SALT (D.N.I. N° 16.037.555) la función de Coordinador del PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — GERMÁN C. GARAVANO, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

e. 18/03/2016 N° 15066/16 v. 18/03/2016

 

 

Montos para ser considerado PYME

 

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL

Resolución 11/2016

Resolución N° 24/2001. Modificación.

Bs. As., 17/03/2016

VISTO el Expediente N° S01:0052928/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, las Leyes Nros. 24.467, 25.300, su modificatoria y complementarias, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, las Resoluciones Nros. 24 de fecha 15 de febrero de 2001 y sus modificatorias, y 22 de fecha 26 de abril de 2001, ambas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 21 de fecha 10 de agosto de 2010, 50 de fecha 25 de abril de 2013 y 357 de fecha 29 de junio de 2015, todas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que a través del dictado del Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se sustituyó el Artículo 1° de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, creando el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que el Artículo 5° del referido decreto sustituye, entre otros, el Artículo 20 bis de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, atribuyéndole competencias al Ministerio citado en el considerando precedente.

Que a través del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, asignándole a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del mencionado Ministerio competencia en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, su modificatoria y complementarias, y de las normas dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.

Que la Ley N° 25.300 tiene por objeto el fortalecimiento competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva.

Que el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300 establece que la Autoridad de Aplicación deberá definir las características de las empresas que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos de dicha ley.

Que el Artículo 55 de la referida ley designó como Autoridad de Aplicación a la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que, en atención a la normativa antes referida, la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA es la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, su modificatoria y complementarias, y de las normas dictadas en consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 357/02 y sus modificaciones.

Que por la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, se reglamentó el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300 y se adoptó una definición a los efectos de caracterizar la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en función de la variable “ventas totales anuales”.

Que, posteriormente, fueron dictadas la Resolución N° 22 de fecha 26 de abril de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, las Disposiciones Nros. 303 de fecha 17 de agosto de 2004 y 147 de fecha 23 de octubre de 2006, ambas de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y finalmente las Resoluciones Nros. 21 de fecha 10 de agosto de 2010, 50 de fecha 25 de abril de 2013 y 357 de fecha 29 de junio de 2015, todas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que dichas medidas tuvieron como objetivo modificar, sustituir y/o complementar los alcances de la caracterización de Micro, Pequeña y Mediana Empresa establecida en la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, actualizando los valores máximos de las ventas totales anuales establecidos originariamente.

Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son un verdadero motor de creación de empleo y valor en la economía y son los actores más dinámicos en los procesos de desarrollo económico.

Que en el marco de un nuevo ciclo de gestión de gobierno, y a fin de cumplir los objetivos de política pública de erradicación de la pobreza, resulta primordial la promoción del empleo y el desarrollo productivo, dimensionar el segmento de las empresas que pueden contribuir con mayor énfasis a estos propósitos y adecuar los instrumentos de fomento a tales fines.

Que es por ello que se propicia modificar la lógica de actualizar la categorización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante la mera actualización nominal de variables cuantitativas, así como recuperar las categorías internas de la definición para dimensionar la población objetivo de políticas específicas dirigidas a cada subsegmento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Que a los fines de dimensionar el universo de las mismas al interior de cada sector de actividad de la economía argentina, se han considerado los límites de facturación por subsegmento que resulten acordes con la evidencia internacional para países de ingresos medio altos, en términos de cantidad de empresas, niveles de ocupación y ventas.

Que los países en desarrollo se caracterizan por la existencia de un fenómeno que se ha denominado “vacío intermedio”, que consiste en tener en un extremo, una multitud de microempresas y, en el otro, a las grandes empresas, pero entre ambos extremos pocas empresas del sector formal y dinámicas.

Que por último, al subdividir a las medianas de menor y de mayor porte se procura alentar estrategias de crecimiento y desarrollo de aquellas empresas, propiciando el acceso de las mismas a instrumentos de fomento a la innovación tecnológica y a la inversión.

Que, por todo lo expuesto corresponde adecuar los valores máximos de las ventas totales anuales establecidos en la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias.

Que para definir el sector de actividad al cual pertenece una empresa determinada, el Artículo 3° de la resolución citada en el considerando precedente, adopta el “Codificador de Actividades” aprobado por la Resolución General N° 485 de fecha 9 de marzo de 1999 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que siendo que dicha medida fue dejada sin efecto por el Artículo 10 de la Resolución General N° 3.537 de fecha 30 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, resulta pertinente adecuar el mencionado Artículo 3° de la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, y adoptar el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883” aprobado por el Artículo 1° de la Resolución General N° 3.537/13 de la referida Administración Federal.

Que, asimismo, como consecuencia de la modificación referida en el considerando precedente, resulta adecuado dejar sin efecto el Artículo 3° bis de la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias.

Que, por último, y también derivado de los cambios propiciados, es pertinente sustituir el Artículo 4° de la ya citada resolución, de modo de eliminar las referencias que en la misma se realizan al Artículo 3° bis que se deja sin efecto.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se adopta en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, su modificatoria y complementarias, y el Decreto N° 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,
EL SECRETARIO
DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- A los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300, serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro que se detalla a continuación:

Art. 2° — Sustitúyese el Artículo 3° de la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 3°.- A fin de definir el sector de actividad al cual pertenece una empresa determinada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Artículo 1° de la presente medida, se adopta el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883” aprobado por el Artículo 1° de la Resolución General N° 3.537 de fecha 30 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y aquellas que la reemplacen, según el cuadro que se detalla a continuación:

(*) En relación a la Sección J, las Actividades Nros. 591110, 591120, 602320 y 631200 serán considerados dentro del sector Industria siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Decreto N° 1.528 de fecha 29 de agosto de 2012.
No serán consideradas Micro, Pequeñas o Medianas aquellas empresas que realicen las actividades de las secciones que se detallan a continuación:

La pertenencia de las empresas respecto de los sectores determinados en el presente artículo se establecerá de manera que la misma refleje la realidad económica de las actividades desarrolladas por la empresa.
En consecuencia, cuando una empresa tenga ventas por más de uno de los sectores de actividad establecidos en el presente artículo, se considerará aquel sector de actividad cuyos ingresos hayan sido los mayores de acuerdo al criterio establecido en el Artículo 2° de la presente medida. En aquellos casos en los que una empresa presente ventas por más de una actividad y al menos en una de ellas supere los límites establecidos en el Artículo 1° de la presente resolución, dicha empresa no será considerada Micro, Pequeña o Mediana”.

Art. 3° — Derógase el Artículo 3° bis de la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias.

Art. 4° — Sustitúyese el Artículo 4° de la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTICULO 4°.- No serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas que, reuniendo los requisitos establecidos en los Artículos 1°, 2°, 2° bis y 3° de la presente medida, estén controladas por o vinculadas a otra/s empresa/s o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos, conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300, su modificatoria y complementarias.
A los efectos de determinar cuando una empresa está controlada por o vinculada a otra/s empresa/s o grupos económicos, regirá lo establecido por el Artículo 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones.
Cuando una empresa esté controlada por otra, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 1°, 2°, 2° bis y 3° de la presente medida deberá analizarse en forma conjunta, debiéndose considerar el valor promedio de las ventas totales anuales de todo el grupo económico. En consecuencia, para dicho cálculo, se deberán tomar los valores de las ventas reflejados en los Estados Contables de cada una las empresas que integran el grupo económico, de conformidad con el Artículo 2° de la presente resolución.
Cuando una empresa esté vinculada a otra/s empresa/s, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 1°, 2°, 2° bis y 3° de la presente medida deberá analizarse en forma individual, separada e independiente de cada una de ellas. En caso que, al menos UNA (1) de las empresas no cumpla con los mismos, ninguna será considerada Micro, Pequeña o Mediana”.

Art. 5° — La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Mariano Mayer.

 

 

Nuevos montos para informar Ganancias y Bienes Personales

 

Administración Federal de Ingresos Públicos
IMPUESTOS

Resolución General 3839

Impuesto a las Ganancias. Rentas del Trabajo Personal en Relación de Dependencia, Jubilaciones, Pensiones y otras rentas. Régimen de Retención. Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.

Bs. As., 22/03/2016

VISTO la Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma estableció un régimen de retención en el impuesto a las ganancias aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) —excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas— y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Que entre otros, dispuso la obligación de informar el detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y pagos a cuenta, previstos en la ley aludida en el considerando precedente, cuando las rentas brutas obtenidas superen determinados importes.

Que asimismo, obliga a los agentes de retención a entregar a los beneficiarios una copia del formulario de declaración jurada F. 649 o facsímil del mismo, o planillados confeccionados manualmente o por sistemas computadorizados que recepten los datos requeridos en dicho formulario, cuando se practique la liquidación anual o la liquidación final en el supuesto de baja o retiro.

Que se estima adecuado modificar los importes que originan la obligación señalada en el segundo considerando y sustituir el formulario F. 649.

Que, por otra parte, los aportes efectuados por los empleados en relación de dependencia a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes nacionales, provinciales o municipales, Convenciones Colectivas de Trabajo o Convenios de Corresponsabilidad Gremial, tienen por objeto que dichos beneficiarios obtengan una prestación de índole previsional complementaria al haber jubilatorio o pensión, que percibirán durante su vida pasiva.

Que la finalidad de dichos aportes guarda identidad con la de aquellos que se destinan a las cajas nacionales, provinciales o municipales, por lo que constituyen gastos deducibles para la determinación del impuesto a las ganancias.

Que consecuentemente, cabría incorporar tales conceptos como deducciones a computar por parte del empleador, para la determinación del importe de la retención del referido gravamen.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Contribuyente y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Modifícase la Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustitúyese en el inciso a) del Artículo 12, la expresión “…NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 96.000)…” por la expresión “…DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000)…”.
b) Sustitúyese en el inciso b) del Artículo 12, la expresión “…CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000)…” por la expresión “…TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000)…”.
c) Sustitúyese el segundo párrafo del Artículo 14, por el siguiente:
“Las liquidaciones a que se refieren los incisos precedentes serán practicadas utilizando la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia”, cuyo formato y datos a informar constan en el Anexo VII.”.
d) Sustitúyese el Artículo 15, por el siguiente:
“ARTÍCULO 15.- Los agentes de retención deberán poner a disposición de los beneficiarios la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia” cuando:
a) Respecto de la liquidación anual: el beneficiario de las rentas se encuentre obligado a suministrar la información prevista en el inciso b) del Artículo 12, o se efectúe con carácter informativo por tratarse de beneficiarios a los que no se les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas, o a pedido del interesado. La entrega se realizará dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud.
b) Con relación a la liquidación final: deba practicarse en el supuesto de baja o retiro. La entrega se efectuará dentro de los CINCO (5) días hábiles de realizada la liquidación.
El beneficiario deberá entregar una fotocopia firmada de dicha liquidación a su nuevo agente de retención, exhibiendo el original para su autenticación.
Los agentes de retención deberán conservar dichas liquidaciones en archivo a disposición de este Organismo.”.
e) Sustitúyese el inciso a) del Anexo III, por el siguiente:
“a) Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a la Administración Nacional de la Seguridad Social o a cajas provinciales o municipales —incluidas las Cajas de Previsión para Profesionales—, o estuvieren comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (incluso los efectuados por los beneficiarios que reingresen o continúen en actividad —Artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones—).”.
f) Incorpórase como inciso n) del Anexo III, el siguiente:
“n) Aportes efectuados a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes nacionales, provinciales o municipales, Convenciones Colectivas de Trabajo o Convenios de Corresponsabilidad Gremial y todo otro aporte destinado a la obtención de un beneficio que guarde identidad con una prestación de índole previsional que tenga carácter obligatorio para el beneficiario de las rentas.”.
g) Incorpórase como Anexo VII, el que como Anexo se aprueba y forma parte de la presente.
h) Sustitúyese en la “GUIA TEMATICA”, Apartado L, la expresión “Liquidación anual o final. Plazo de entrega y devolución del formulario de declaración jurada F. 649”, por la expresión “Liquidación anual o final. Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia. Plazos de entrega.”.

Art. 2° — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y lo previsto en los incisos a), b), c), d), g) y h) del Artículo 1° será de aplicación respecto de:
a) Las declaraciones juradas informativas correspondientes a los períodos fiscales 2015 y siguientes.
b) Las liquidaciones anuales correspondientes a los períodos fiscales 2015 y siguientes
c) Las liquidaciones finales que se practiquen a partir de la publicación de la presente.
No obstante, con carácter de excepción y únicamente con relación a las liquidaciones anuales correspondientes al período fiscal 2015, los agentes de retención podrán practicar las mismas utilizando la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia”, o el Formulario F. 649 o facsímil del mismo, o planillados confeccionados manualmente o por sistemas computadorizados.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

ANEXO (Artículo 1°)

ANEXO VII RESOLUCIÓN GENERAL N° 2.437, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS (Artículo 14)
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 4ta. CATEGORÍA RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Fecha:
Empleado: “CUIL”, “Apellido y Nombres”, “Dato adicional optativo1”
Agente de Retención: “CUIT”, “Denominación Legal”
Período Fiscal: “aaaa”

REMUNERACIONES
Remuneración Bruta $
Remuneración No Alcanzada $
Remuneración Exenta $
Remuneración Otros Empleos $
REMUNERACIÓN COMPUTABLE $
DEDUCCIONES
Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. $
Aportes Obra Social $
Cuota sindical $
Aportes Jubilatorios Otros Empleos $
Aportes Obra Social otros empleos $
Cuota sindical otros empleos $
Cuotas médico asistenciales $
Primas de Seguro para el caso de muerte $
Gastos de Sepelio $
Gastos estimativos para corredores y viajantes de comercio $
Donaciones a fiscos nacional, provinciales y municipales, y a instituciones comprendidas en el art. 20, inc. e) y f) de la ley $
Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal $
Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica $
Intereses Créditos Hipotecarios $
Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca $
Empleados del servicio domestico (Ley 26.063, art. 16) $
Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares $
TOTAL DEDUCCIONES $
DEDUCCIONES ART. 23
Ganancia no Imponible $
Deducción Especial $
Cargas de Familia $
Cónyuge $
Hijos $
Otras Cargas $
TOTAL $
REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO $
Impuesto Determinado $
Impuesto Retenido $
Pagos a Cuenta $
Saldo $

Se extiende el presente certificado para constancia del interesado
“Lugar y fecha”
Firma del responsable
Identificación del responsable
1 Vgr. “Número de legajo”, “Código de identificación interno del empleado”

 

 

Aumento de gas – TGN

 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución 3723/2016

Bs. As., 31/03/2016

VISTO el Expediente N° 29058 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS); la Ley N° 24.076 y su Decreto Reglamentario N° 1738 del 18 de septiembre de 1992 y sus modificatorios; la Ley N° 25.561 sus modificatorias y prórrogas; el Decreto PEN N° 458/2010; el Decreto 367 del 16 de febrero de 2016; la Resolución MINEM N° 31/16 y el Capítulo IX de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte aprobadas por Decreto PEN N° 2255/92, y

CONSIDERANDO:

Que TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (indistintamente, TGN y/o la Transportista) presta el servicio público de transporte de gas natural conforme a la licencia otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante Decreto PEN N° 2457/92.

Que la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que a través de dicha norma se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del Peso con el Dólar Estadounidense, autorizándose al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de licencias y concesiones de obras y servicios públicos, puestos en crisis por la obligada salida de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos contratos que la concebían como un mecanismo de ajuste, que de este modo quedó sin efecto.

Que las estipulaciones contenidas en la Ley N° 25.561 en torno a la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, fueron sucesivamente prorrogadas por medio de la Ley N° 25.790; Ley N° 25.972; Ley N° 26.077; Ley N° 26.204; Ley N° 26.339; Ley N° 26.456; Ley N° 26.563; Ley N° 26.729; Ley N° 26.896 y Ley N° 27.200.

Que a fin de llevar a cabo la renegociación con las empresas concesionarias o licenciatarias de los servicios públicos, se dispuso por el Decreto PEN N° 311/03 la creación de la ex UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Producción, y del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que, no obstante y con posterioridad, mediante el Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016, se derogó el Decreto N° 311/2003, la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, y demás normativa concordante y complementaria y, a los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el Artículo 9° de la Ley N° 25.561, se instruyó a los Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, conforme a las competencias que surgen de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, a proseguir los procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite de sustanciación en el ámbito de la ex UNIREN.

Que la Ley N° 25.561 estableció determinados criterios a seguir en el marco del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión (cuando ellos estuviesen previstos contractualmente); el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.

Que en dicho proceso la ex UNIREN formuló una Propuesta de Entendimiento para la adecuación del contrato de la Licencia del Servicio de Transporte de gas natural, que resultó en la suscripción de un Acuerdo Transitorio.

Que dicha propuesta de entendimiento fue sometida a un proceso de audiencia pública, lo que implicó que las pautas fijadas para el Régimen Tarifario de Transición contaron con la correspondiente participación y expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores de la sociedad con interés en dicho servicio público.

Que una vez concluida la consulta pública, tanto la ex UNIREN como la Transportista continuaron las rondas de negociaciones en pos de encontrar puntos de consenso entre ambas partes.

Que posteriormente y en función de cumplir con el mandato conferido por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, la ex UNIREN suscribió con TGN el Acuerdo Transitorio que luego fue ratificado mediante el Decreto PEN N° 458/10, con miras a preservar la continuidad y calidad del servicio prestado.

Que en virtud de dicho acuerdo, y sujeto a los términos y condiciones que en el mismo se establecen, se resolvió adecuar en forma transitoria las tarifas reguladas del servicio público de transporte de gas natural en el marco de los Contratos de Licencia, en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer condiciones que propendan al equilibrio contractual entre el Otorgante y las Licenciatarias del Servicio de Transporte de Gas Natural.

Que dicho Acuerdo Transitorio se definió como el instrumento que en forma transitoria dispone la adecuación de tarifas del servicio público de transporte de gas y la afectación específica de los montos allí previstos.

Que, vinculado a lo anterior, se estableció que el Régimen Tarifario de Transición es el que determina las tarifas aplicables conforme al Acuerdo Transitorio.

Que sin perjuicio de ello, las partes se comprometieron a alcanzar un consenso para lograr la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, instrumento que a la fecha no ha sido suscripto.

Que, verificado ello y en cumplimiento de la normativa de emergencia y el Acuerdo Transitorio, esta Autoridad Regulatoria dictó la Resolución ENARGAS N° I-2853/14 de fecha 7 de abril de 2014, a través de la cual se aprobaron los cuadros tarifarios que disponían la readecuación de la tarifa prevista en el Acuerdo Transitorio, con vigencia a partir del 1° de abril de 2014.

Que también, dado que la Transportista había concluido las obras comprometidas e incluidas en el Acuerdo Transitorio, cuya ejecución fue verificada por este Organismo, los montos derivados de la adecuación tarifaria prevista en el Acuerdo Transitorio debían aplicarse a nuevas obras a aprobar por el ENARGAS para su ejecución por la Transportista.

Que durante el año 2014, TGN presentó al ENARGAS, y éste aprobó, el plan de obras previsto en la Resolución ENARGAS N° I-2853/14 correspondiente a dicho año y cuya ejecución fue controlada por este Organismo.

Que, en ese orden, se dispuso el traslado de los ajustes en las tarifas de transporte, establecidos por la Resolución ENARGAS N° I-2853/14, a las tarifas que deben abonar los usuarios finales conforme lo dispuesto por el Marco Regulatorio del Gas y en particular por el Art. 9.4.3 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (aprobadas por Decreto PEN N° 2255/92), a través de la autorización de los correspondientes cuadros tarifarios de las Distribuidoras.

Que posteriormente, se dispuso, mediante Resolución ENARGAS N° I-3348/15, un nuevo cuadro tarifario respecto de TGN.

Que en dicha Resolución ENARGAS N° I-3348/15 se añadió que, atento a que la Resolución ENARGAS N° I-2853/14 contempló únicamente la aplicación del Régimen Tarifario de Transición a partir del 1° de abril de 2014, se tornaba necesario establecer que el citado incremento debía ser considerado a cuenta de la aplicación de lo oportunamente acordado en la cláusula 2.1. del Acuerdo Transitorio, entre la fecha allí establecida y la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios dispuestos en la Resolución ENARGAS N° I-2853/14.

Que mediante la citada Resolución ENARGAS N° I-3348/15 se sostuvo que, teniendo en cuenta que TGN debe renegociar su Licencia del servicio de transporte de gas natural, era oportuna la aplicación de un nuevo cuadro tarifario en el marco del Acuerdo Transitorio, de manera tal que la Licenciataria cuente con el tiempo necesario para arribar a la firma de su Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.

Que asimismo, la Transportista también presentó el Plan de Obras correspondiente al año 2015, el cual fue aprobado por este Organismo y sujeto a los controles de ejecución pertinentes por parte de esta Autoridad Regulatoria.

Que la Resolución ENARGAS N° I-3348/15 estableció que dicho cuadro tarifario debía ser aplicado exclusivamente para cubrir sus costos de operación y mantenimiento, erogaciones necesarias para llevar adelante su plan de inversiones y cumplir con los compromisos financieros contraídos con terceros, excluido el pago de deuda que la Transportista mantenga con sus accionistas.

Que con la aprobación del cuadro tarifario mediante Resolución ENARGAS N° I-3348/15, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Transitorio suscripto entre la Transportista y la ex UNIREN, que fuera ratificado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto PEN N° 458/10.

Que, no obstante que a la fecha TGN no ha concluido aún con la Renegociación de su Licencia, en el ámbito de ejecución del proceso de renegociación de la licencia de transporte y en el marco de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Transitorio suscripto con la ex UNIREN, esa Transportista ha celebrado, con fecha 24 de febrero de 2016, un “Acuerdo Transitorio” con los Señores Ministros de ENERGÍA Y MINERÍA, Ing. Juan José Aranguren y de HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, Lic. Alfonso Prat-Gay.

Que en el mencionado “Acuerdo Transitorio” se establece una nueva ADECUACIÓN TARIFARIA TRANSITORIA consistente en la readecuación de tarifas del servicio público de transporte de gas natural hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral, cuyos lineamientos obran como Anexo de la misma.

Que ambos ACUERDOS TRANSITORIOS referidos, así como la etapa de transición tarifaria allí prevista, se encuentran vigentes en la medida en que el proceso de renegociación contractual aún está en marcha hasta tanto concluya la Revisión Tarifaria Integral.

Que el Ente Nacional Regulador del Gas es la Autoridad de Aplicación de los ACUERDOS TRANSITORIOS.

Que, en otro orden, con fecha 29 de marzo de 2016 el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA dictó la Resolución MINEM N° 31/16 por la que estableció e instruyó al ENARGAS, mediante el Artículo 1°, a que “…lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y complementarias; el que deberá concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde la fecha de la presente medida. Para el caso de las Licenciatarias que a la fecha de la presente no hubieran suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral correspondientes, el plazo será establecido en dicho instrumento, sin perjuicio de lo cual el ENARGAS estará facultado a partir de la presente resolución, para requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral. En todos los casos, en el proceso de realización de la Revisión Tarifaria Integral que surja de los acuerdos integrales de renegociación contractual, deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el Artículo 5° del Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016.”.

Que, en virtud de lo expuesto, se instruyó expresamente al ENARGAS a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral.

Que, de acuerdo a los considerandos de la Resolución MINEM N° 31/16, el Proceso de Revisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de calidad de servicio esperados para la prestación de los servicios públicos y determinar los costos asociados a su consecución, lo que se traduce en una propuesta de un nuevo cuadro tarifario, que se someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su aplicación después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.

Que en virtud de lo anterior, por el Artículo 2° de la Resolución MINEM N° 31/16 se instruyó al ENARGAS a que efectúe “…sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios suscriptos con aquellas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.”.

Que conforme lo establece dicha Resolución, el incremento de los márgenes de transporte y distribución que resulten de las nuevas tarifas de transición deberán ser considerados en la Revisión Tarifaria Integral.

Que habiendo dado cumplimiento a la instrucción impartida por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA mediante la Resolución N° 31/16, este Organismo ha analizado la situación económico-financiera de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. a los efectos de evaluar la necesidad de adecuar las tarifas de transición vigentes con el objeto de permitir que dicha empresa pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento, cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente y mantener su cadena de pagos de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.

Que, por último, y en función de los antecedentes expuestos, corresponde adecuar en forma transitoria las tarifas reguladas del servicio público de transporte de gas natural.

Que, en virtud de lo antedicho, corresponde aprobar los nuevos márgenes de transporte que forman parte de los cuadros tarifarios que se adjuntan como Anexos I y II de la presente.

Que conforme la instrucción impartida mediante la Resolución MINEM N° 31/16, dicho incremento tarifario deberá contemplar la ejecución de un Plan de Inversiones Obligatorias para la Licenciataria.

Que mediante el Artículo 6° de la Resolución referida en el considerando anterior, se instruye al ENARGAS a que vincule la tarifa de transición al cumplimiento de un Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural así como que establezca sus plazos y condiciones de implementación y el régimen sancionatorio aplicable ante eventuales incumplimientos.

Que la Licenciataria ha presentado, a requerimiento de esta Autoridad, un Plan de Inversiones que implica un programa detallado de inversiones y mantenimientos que considera necesarias para cumplir con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio, indicando el plazo de ejecución de las mismas.

Que en virtud de la instrucción del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERIA, dicho Plan de Inversiones obra como Anexo III “Plan de Inversiones Obligatorias” de la presente Resolución y la Licenciataria estará obligada a invertir los montos comprometidos para la ejecución de dicho plan, de acuerdo al Cronograma de ejecución y desembolsos mensuales que oportunamente presente ante esta Autoridad.

Que, cabe precisar, que en el mentado Plan de Inversiones Obligatorias, deben entenderse comprendidas las obligaciones emergentes de la Resolución ENARGAS N° I-2853/14.

Que en consecuencia, si la Licenciataria llevara a cabo las obras y trabajos del Plan de Inversiones Obligatorias a un costo total menor que la suma especificada, dicha Licenciataria deberá invertir la diferencia en otras obras y trabajos previamente informados al ENARGAS.

Que la Licenciataria deberá en todos los casos invertir la totalidad de los montos comprometidos para la ejecución de las obras contempladas en el Plan de Inversiones Obligatorias, de acuerdo al Cronograma de ejecución y desembolsos antes mencionado, así como afrontar los intereses compensatorios y punitorios devengados por las demoras que pudieran ocurrir en la ejecución de dicho Plan.

Que en consecuencia, resulta necesario requerir a la Licenciataria la presentación de un Cronograma de realización de cada proyecto y sus egresos asociados, previendo la ejecución de los desembolsos dentro los próximos 12 meses, el que deberá ser tenido en consideración para determinar el grado de cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias por parte de la Licenciataria.

Que, en caso de no alcanzar los objetivos de inversión previstos, y de no existir excesos de inversión efectuados en períodos anteriores con los que se compense tal deficiencia, el monto de la diferencia más sus intereses compensatorios y punitorios podrá ser: i) afectado a un nuevo Plan de Inversiones a cumplimentarse en el plazo perentorio e improrrogable que determine esta Autoridad; ii) tenido en consideración a los efectos que corresponda en el proceso de “Revisión Tarifaria Integral”; todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que pudiera corresponder.

Que esta Autoridad podrá optar indistintamente por la aplicación concurrente o exclusiva de cualquiera de las opciones enumeradas en el considerando anterior, siguiendo el criterio del mayor beneficio para el usuario.

Que en dicho marco, se considera apropiado aplicar una tasa de interés compensatoria equivalente al 150% de la tasa de interés activa promedio mensual para descuento de documentos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, aplicable por cada mes de mora sobre el monto de los trabajos comprometidos y no ejecutados en los plazos previstos en el Plan de Inversiones.

Que asimismo, atento a que los montos de inversión previstos han sido considerados a los efectos de la determinación de las tarifas a abonar por los usuarios, se considera oportuno establecer, con carácter punitorio, un recargo del 100% sobre la tasa de interés compensatoria que surja de la aplicación del procedimiento previamente mencionado.

Que asimismo, y tal como fuera instruido mediante la Resolución MINEM N° 31/16, a los efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias por parte de las Licenciatarias, corresponde establecer que las mismas no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento integral de dicho plan, debiendo contar para ello con la autorización previa y expresa de esta Autoridad Regulatoria.

Que además, corresponde ordenar la publicación de los cuadros tarifarios descritos en los considerandos precedentes, estableciendo que para el caso de que la entrada en vigencia de la presente Resolución se produzca durante el transcurso de un período de facturación, será de aplicación lo dispuesto en el Punto 6 inciso (c) del Subanexo II —Reglamento de Servicio— de la Licencia de Transporte.

Que por otro lado cabe destacar que como consecuencia de las Ampliaciones de Capacidad de Transporte del año 2006 y a los efectos del recupero de las inversiones realizadas, se estableció un cuadro tarifario de Retribución por el Acceso, Uso y Puesta a Disposición de la Infraestructura de la Transportista, a ser abonado por aquellos cargadores a los que, bajo el Concurso Abierto TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. N° 01/05, se les asignara capacidad de transporte bajo las condiciones de financiamiento a) y a) bis allí dispuestas.

Que asimismo, oportunamente se estableció que dichos valores debían ser actualizados dentro del marco de renegociación de la licencia de transporte ordenado por la Ley N° 25.561, sus modificatorias, complementarias y prórrogas.

Que de este modo, también corresponde la emisión del cuadro tarifario que se aprueba, con los valores actualizados de Retribución por el Acceso, Uso y Puesta a Disposición de la Infraestructura, a ser abonado por aquellos cargadores a quienes les corresponda la aplicación de dicha retribución.

Que se ha expedido el Servicio Jurídico Permanente del Organismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7°, inciso d) de la Ley 19.549.

Que el Ente Nacional de Regulador del Gas se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en los Artículos N° 38 y su Reglamentación, y 52 inciso f) ambos de la Ley 24.076, y Decretos Nros. 571/07, 1646/07, 80/07, 953/08, 2138/08, 616/09, 1874/09, 1038/10, 1688/10, 692/11, 262/12, 946/12, 2686/12, 1524/13, 222/14, 2704/14,1392/15 y 164/16.

Por ello,
EL SEÑOR INTERVENTOR
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aprobar con vigencia a partir del 1° de abril de 2016 los cuadros tarifarios que obran como Anexo I de la presente respecto de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

ARTÍCULO 2° — Aprobar con vigencia a partir del 1° de abril de 2016 los cuadros tarifarios que obran como Anexo II de la presente los que serán de aplicación exclusivamente a aquellos cargadores a quienes les corresponda la aplicación de la Retribución por el Acceso, Uso y Puesta a Disposición de la Infraestructura de Transporte.

ARTÍCULO 3° — Disponer que los cuadros tarifarios que forman parte de la presente Resolución deberán ser publicados por TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. en un diario de gran circulación del país, día por medio durante por lo menos tres días dentro de los diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; ello así en virtud de lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley N° 24.076.

ARTÍCULO 4° — Ordenar que para el caso de que la entrada en vigencia de la presente Resolución se produzca durante el transcurso de un período de facturación, será de aplicación lo dispuesto en el Punto 6 inciso (c) del Subanexo II —Reglamento de Servicio— de la Licencia de Transporte.

ARTÍCULO 5° — Disponer que el Plan de Inversiones Obligatorias presentado y comprometido por la Transportista será el que como Anexo III forma parte de la presente, y cuyo monto total asciende a la suma de PESOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES ($1.041.000.000).

ARTÍCULO 6° — Establecer que, dentro de los 10 días de entrada en vigencia de la presente resolución, la Licenciataria deberá presentar ante el ENARGAS el cronograma de ejecución y desembolsos mensuales de cada uno de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Obligatorias previsto en el Artículo precedente. Dicho cronograma será tenido en consideración a los efectos de evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias por parte de la Licenciataria.

ARTÍCULO 7° — Establecer que, en caso de no alcanzarse los objetivos de inversión previstos en el Plan de Inversiones Obligatorias dispuesto en el Artículo 5° y de no existir excesos de inversión efectuados en períodos anteriores con los que se compense tal deficiencia, el monto de la diferencia más sus intereses compensatorios y punitorios podrá ser, a opción del ENARGAS: i) afectado a un nuevo Plan de Inversiones a cumplimentarse en el plazo perentorio e improrrogable que determine esta Autoridad; ii) tenido en consideración a los efectos que corresponda en el proceso de “Revisión Tarifaria Integral”; todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que pudiera corresponder.

ARTÍCULO 8° — Establecer que la tasa de interés compensatoria a aplicar por la mora en la ejecución del Plan de Inversiones Obligatorias será equivalente al 150% de la tasa de interés activa promedio mensual para descuento de documentos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, la que se aplicará sobre el monto de los trabajos comprometidos y no ejecutados en los plazos previstos en dicho plan de inversiones. Asimismo, establecer, con carácter punitorio, un recargo del 100% sobre la tasa de interés compensatoria.

ARTÍCULO 9° — Establecer que TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. no podrá distribuir dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento integral del Plan de Inversiones Obligatorias y contar a tal fin con la autorización expresa por parte de esta Autoridad Regulatoria.

ARTÍCULO 10. — Registrar; comunicar; notificar a TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. en los términos del Art. 41 de Decreto 1759/72 (t.o. 1991); publicar, dar a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar. — DAVID JOSÉ TEZANOS GONZÁLEZ, Interventor, Ente Nacional Regulador del Gas.

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N°: I/3723
TARIFAS TRANSPORTE – SIN IMPUESTOS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
VIGENTES A PARTIR DEL: 1 DE ABRIL DE 2016
TRANSPORTE INTERRUMPIBLE (TI)

TRANSPORTE FIRME (TF)

INTERCAMBIO Y DESPLAZAMIENTO (ED) – SALTA

INTERCAMBIO Y DESPLAZAMIENTO (ED) – NEUQUÉN

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Nº: I/3723
Retribución Mensual al Transportista – Excluido Inversión
Expansión – Concurso Abierto 01/05
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
VIGENTES A PARTIR DEL: 1 DE ABRIL DE 2016

ANEXO III
PLAN DE INVERSIÓN 2016 – TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

e. 04/04/2016 N° 19804/16 v. 04/04/2016

Tipo: RESOLUCIÓN

Número: 31

Emisor: Ministerio de Energía y Minería

Fecha B.O.: 1-abr-2016

Localización: NACIONAL

Cita: LEG76785

Visto el Expediente N° S01:0043944/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, lo dispuesto por las Leyes Nros. 17.319, 24.076 y 25.561 y sus modificaciones y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 25561, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó diversas medidas que tuvieron por objeto atenuar los efectos de la crisis y su impacto en la prestación de los servicios públicos, dentro de ellos, los Servicios de Transporte y Distribución de Gas Natural.

Que a partir de su dictado, y sobre la base de los criterios establecidos en su Artículo 9, se inició el proceso de renegociación de los contratos de los servicios mencionados previamente.

Que la Ley N° 25561, que fuera complementada por la Ley N° 25790, fue objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la Ley N° 27200, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que la Ley N° 25790 dispuso en su Artículo 2 que las decisiones que adopte el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del referido proceso no se hallarán limitadas o condicionadas por las disposiciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos.

Que en relación a los contratos de Licencia del Servicio de Transporte y Distribución de Gas, y con el fin de llevar a cabo su renegociación en el marco de la Ley N° 25561, por el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003 se dispuso la creación de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN y del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

Que con posterioridad, mediante el Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016, se derogó el Decreto N° 311/2003, la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, y demás normativa concordante y complementaria y, a los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuestos por el Artículo 9 de la Ley N° 25561, se instruyó a los Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, conforme a las competencias que surgen de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, a proseguir los procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite de sustanciación en el ámbito de la ex UNIREN.

Que en la Ley N° 25561 se establecieron determinados criterios a seguir en el marco del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.

Que en dicho proceso la ex UNIREN formuló a las empresas Licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de Gas Natural una Propuesta de Entendimiento para la adecuación del Contrato de Licencia, que contemplaba un período de transición de la Licencia, con el correspondiente Régimen Tarifario de Transición, y una Revisión Tarifaria Integral que constituye el procedimiento mediante el cual se fijará un nuevo cuadro tarifario conforme a lo establecido en la Ley N° 24076, sus modificaciones y complementarias, y las estipulaciones y pautas contenidas en los Acuerdos.

Que en tal sentido, se debe tener en cuenta que las Propuestas de Entendimiento fueron sometidas al proceso de audiencia pública, las que se realizaron oportunamente posibilitando la participación y la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, quienes aportaron elementos de juicio que fueron incorporados por la ex UNIREN

a los fines de realizar el análisis de las respectivas renegociaciones contractuales.

Que durante el proceso desarrollado para la suscripción de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, en aquellos casos en que se llegó a un entendimiento, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN emitió los correspondientes dictámenes de conformidad con lo previsto en el Artículo 8 del Decreto N° 311/2003, sin formular objeciones a los términos y condiciones que integraron las renegociaciones contractuales.

Que, asimismo, en los casos mencionados, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN tomó la intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, expresando no tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo.

Que además, en cumplimiento de la normativa aplicable, se dio intervención al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a los efectos de considerar las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral mencionadas.

Que las distintas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no han arribado a un acuerdo de renegociación integral, refieren al Régimen Tarifario de Transición como aquél que determina las tarifas aplicables hasta la entrada en vigencia efectiva del Cuadro Tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral.

Que la instancia de la Revisión Tarifaria Integral es el procedimiento que implementará el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, con el objeto de determinar el nuevo régimen de tarifas máximas de la Licencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 24076, sus modificaciones y complementarias y las pautas que surgen del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.

Que cabe entender que los Acuerdos de renegociación contractual y la etapa de transición tarifaria allí prevista se encuentran vigentes, ya

que aún está pendiente la implementación del proceso de Revisión Tarifaria Integral de donde surgirá el régimen tarifario definitivo.

Que en el interín, se dictaron diversas medidas tendientes a brindar a las Licenciatarias recursos adicionales necesarios para preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios.

Que entre ellas, la Resolución ENARGAS N° 2.407 de fecha 27 de noviembre de 2012 (complementada por las Resoluciones ENARGAS Nros. I-2442 de fecha 10 de enero de 2013 y I-2905 de fecha 21 de mayo de 2014, y modificada por las Resoluciones ENARGAS Nros. I-2767 de fecha 18 de diciembre de 2013 y I-3249 de fecha 30 de marzo de 2015) autorizó a las Distribuidoras, en los términos de lo dispuesto en los respectivos acuerdos suscriptos con la ex UNIREN, a aplicar un monto fijo por factura diferenciado por categoría de usuario, con destino exclusivo a inversiones para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones, constituyéndose una cuenta especial de un fideicomiso financiero y de administración, identificada como “FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR REDES”; montos que serían tomados a cuenta de los ajustes que se establezcan en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.

Que luego, y en orden a la implementación de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y los Acuerdos Transitorios suscriptos entre las Licenciatarias y la ex UNIREN, así como de las disposiciones contenidas en la Resolución N° 226 de fecha 31 de marzo de 2014 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el ENARGAS aprobó nuevos Cuadros Tarifarios para las Licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de Gas, con vigencia a partir del 1 de abril de 2014.

Que posteriormente, la Resolución N° 263 de fecha 5 de junio de 2015 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS aprobó

una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, dividida en DIEZ (10) cuotas consecutivas, de hasta PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 2.590.000.000) por parte del ESTADO NACIONAL a ser distribuida entre las empresas Distribuidoras, a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del Servicio Público de Distribución del Gas Natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral que se lleve a cabo oportunamente.

Que dicha asistencia contemplaba además que una parte de los fondos percibidos por cada una de las cuotas mensuales debía ser aplicada a cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas natural, como así también al pago del costo del gas natural cuyo vencimiento se produjera durante el año 2015.

Que al respecto, cabe destacar que la medida implementada contempló desembolsos hasta el mes de diciembre de 2015, razón por la cual en la actualidad las Licenciatarias no cuentan con tales recursos, necesarios para afrontar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de gas por redes y mantener la cadena de pagos.

Que, asimismo, en el ámbito de ejecución del proceso de renegociación de las Licencias de Transporte, y en el marco de la aplicación de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Transitorios suscriptos entre TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA y la ex UNIREN, ratificados posteriormente por los Decretos Nros. 1918 de fecha 3 de diciembre de 2009 y 458 de fecha 5 de abril de 2010, mediante las Resoluciones ENARGAS Nros.

3.347 y 3.348, ambas de fecha 5 de junio de 2015, se fijaron nuevos cuadros tarifarios para el servicio de transporte de gas natural aplicables respectivamente a las licenciatarias mencionadas.

Que sin perjuicio de ello, tal como surge de los informes de las áreas técnicas pertinentes, al haberse finalizado la asistencia económica transitoria brindada a las Licenciatarias y toda vez que los recursos de origen tarifario de las Licenciatarias no resultan suficientes en la actualidad para preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, considerando las variaciones de los costos y gastos de las Licenciatarias y las erogaciones a realizar por los planes de inversión y mantenimiento, resulta necesario que el ENARGAS evalúe la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y efectúe una adecuación tarifaria transitoria que permita asegurar la continuidad de la normal prestación de los servicios públicos a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.

Que, en tales circunstancias, y atento el estado de avance del proceso de renegociación contractual y encontrándose aún vigente la Ley de Emergencia Económica N° 25.561, se encuentran dadas las condiciones para que el ENARGAS, en el marco de sus competencias, lleve adelante el proceso de Revisión Tarifaria Integral previsto para las Licenciatarias que hayan suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, el que deberá concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde la fecha de la presente.

Que para el caso de las empresas Licenciatarias que a la fecha no han suscripto el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, el plazo previsto en el párrafo precedente deberá ser establecido en dicho instrumento, sin perjuicio de lo cual el ENARGAS estará facultado, a partir de la presente, para requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral.

Que el Proceso de Revisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de calidad de servicio esperados para la prestación de

los servicios públicos y determinar los costos asociados a su consecución, lo que se traduce en una propuesta de un nuevo cuadro tarifario, que se someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su aplicación después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.

Que hasta tanto ello ocurra, el ENARGAS deberá efectuar, sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos a los efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.

Que en tal sentido, la referida adecuación de tarifas constituye una herramienta transitoria hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral y que será tenida en consideración en dicha instancia.

Que en la determinación de los cuadros tarifarios correspondientes para los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica (que incluye a la Provincia de LA PAMPA, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 23.272 y su modificatoria Ley N° 25955), Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25565, y sus modificaciones, deberá preverse un incremento proporcional al que resulte de

la adecuación tarifaria correspondiente.

Que por otra parte, a efectos de que los usuarios del Servicio Público de Distribución de Gas Natural puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar resulta conveniente que el pago de las facturas de servicio que se emiten en forma bimestral se instrumenten como una obligación de pago mensual, motivo por el cual resulta necesario instruir al ENARGAS para que lleve a cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para su puesta en práctica.

Que finalmente, en línea con lo establecido en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, o en los Acuerdos Transitorios para aquéllas Licenciatarias que no hayan alcanzado un acuerdo integral, el incremento tarifario deberá contemplar un Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas Natural.

Que dicho plan implicará un programa detallado de inversiones y mantenimientos; de carácter obligatorio, que se consideren necesarios para cumplir con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

Que las Licenciatarias estarán obligadas a llevar a cabo tales inversiones, dentro de los plazos establecidos en dicho Plan de Inversiones Obligatorias a los fines de la ejecución de las obras y trabajos allí previstos.

Que a los efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias las Licenciatarias no podrán distribuir dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento de dicho plan y contar a tal fin con la autorización de dicha Autoridad Regulatoria.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:

Artículo 1.- Instrúyese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo

descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25561, sus modificaciones y complementarias; el que deberá concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde la fecha de la presente medida. Para el caso de las Licenciatarias que a la fecha de la presente no hubieran suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral correspondientes, el plazo será establecido en dicho instrumento, sin perjuicio de lo cual el ENARGAS estará facultado a partir de la presente resolución, para requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral. En todos los casos, en el proceso de realización de la Revisión Tarifaria Integral que surja de los acuerdos integrales de renegociación contractual, deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el Artículo 5 del Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016.

Artículo 2.- Instrúyese al ENARGAS a que efectúe, sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio

público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.

Artículo 3.- Instrúyese al ENARGAS a que, en el marco de lo dispuesto en el artículo anterior, y en función de lo establecido en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25565, y sus modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el referido régimen a la adecuación tarifaria indicada en el Artículo 2 de la presente resolución.

Artículo 4.- Instrúyese al ENARGAS a establecer los Cuadros Tarifarios correspondientes a la “Tarifa Social” definida en el Artículo 5 de la Resolución N° 28 de fecha 28 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, a cuyos efectos deberá considerar la bonificación del CIEN POR CIENTO (100%) del precio de Gas Natural o del Gas Propano allí dispuesta sobre las tarifas resultantes de lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente.

Artículo 5.- Instrúyese al ENARGAS para que, en ejercicio de sus facultades, lleve a cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para implementar el pago mensual de las facturas bimestrales del Servicio Público de Distribución de Gas Natural.

Artículo 6.- Instrúyese al ENARGAS a que vincule la tarifa de transición que surja de lo indicado en el Artículo 2 del presente acto, al cumplimiento de un Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural y establezca sus condiciones de implementación y el régimen sancionatorio aplicable ante eventuales incumplimientos.

Artículo 7.- Establécese que las Licenciatarias no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias y contar a tal fin con a autorización de dicha Autoridad Regulatoria, en los términos de lo establecido en los acuerdos.

Artículo 8.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-

Juan J. Aranguren.

 

Tasa de reciprocidad EE.UU.

 

Título: DISPOSICIÓN N° 589/2016 – Migraciones. Decreto N° 1654/2008. Disposición DNM N° 2761/2009. Instructivo para la aplicación de la Tasa de Solicitud de Ingreso al País con motivo de turismo o negocios. Tasa de solicitud de ingreso. Ciudadanos nativos de los Estados Unidos de Amércia. Supensión.

Tipo: DISPOSICIÓN

Número: 589

Emisor: Dirección Nacional de Migraciones

Fecha B.O.: 31-mar-2016

Localización: NACIONAL

Cita: LEG76770

VISTO el Expediente N° S02: 0004246/2016, del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley N° 25.871, el Decreto N° 1654 del 9 de octubre de 2008, las Disposiciones DNM N° 2761 del 22 de diciembre de 2009 y N° 2633 del 23 de octubre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el VISTO, se inician a partir del pedido incoado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA respecto de la aplicación de la tasa establecida por el Decreto N° 1654 del 9 de octubre de 2008.

Que mediante el aludido acto administrativo se creó la tasa de solicitud de ingreso al país por motivos de turismo o negocios para aquellos extranjeros eximidos de visación consular argentina, que sean nacionales de países que exijan a los ciudadanos argentinos el pago de una tasa por la solicitud y/o tramitación de visa consular de ingreso a sus respectivos territorios, conocida como ?tasa de reciprocidad?.

Que por Disposición DNM N° 2761 del 22 de diciembre de 2009, se aprobó el instructivo para la aplicación por parte de esta Dirección Nacional de la citada tasa.

Que en el marco del Expediente N° S02:

0004445/2016 se está tramitando la derogación de esta tasa.

Que ante la necesidad de fortalecer con ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA las relaciones bilaterales tendientes a impulsar el comercio y el turismo, coadyuvando a la creación del marco propicio para incentivar actividades culturales, científicas, tecnológicas, y económicas, y a fin de sentar las bases estratégicas migratorias, y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de integración y movilidad de los migrantes, resulta procedente suspender el cobro de la tasa de reciprocidad referida por el plazo de NOVENTA (90) días o hasta el dictado por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de decreto propiciado por esta Dirección Nacional que efectúe su derogación.

Que tanto la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN como la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SOCIALES han manifestado su conformidad en tal sentido.

Que obra como antecedente inmediato de la presente, la Disposición DNM N° 2633/2012, mediante la cual esta Dirección Nacional dispuso la eximición del pago de la tasa en cuestión por tiempo determinado, conforme los fundamentos de hecho y derecho que en la misma se expresan.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA-JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ha tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996.

Por ello.

EL DIRECTOR NACIONAL

DE MIGRACIONES

DISPONE:

ARTÍCULO 1° – Suspéndese a partir del 24 de marzo del corriente la exigibilidad del cobro de la tasa prevista en el Decreto N° 1654/2008 y la aplicación de la Disposición DNM N° 2761/2009, por el término de NOVENTA (90) días, o hasta el dictado por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de decreto propiciado por esta Dirección Nacional que efectúe su derogación, respecto de los ciudadanos nativos de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA que por cualquier motivo ingresen l Territorio Argentino.

ARTÍCULO 2° – Comuníquese, publíquese, dése intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. – HORACIO J. GARCIA, Director Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

 

Ley de emergencia PBA

 

LEY 14812

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, HÁBITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 1º: Declárase la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general.
A los efectos de la aplicación de la presente ley, la declaración de emergencia tendrá una duración de 1 (un) año, contado a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo, por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.

ARTÍCULO 2°: Autorízase a todos los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas requieran, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, Municipios, Consorcios de Gestión y Desarrollo, y Cooperativas.
A tal fin podrán utilizar las normas de excepción previstas en el Decreto-Ley N° 7.764/71 y modificatorias -de Contabilidad- y en las Leyes N° 6.021 y modificatorias –de Obra Pública-, N° 5.708 y modificatorias -General de Expropiaciones-, N° 10.397 y modificatorias -Código Fiscal-, Ley 13.981-Ley de Compras y Contrataciones- o las que en el futuro las reemplacen, y sus respectivos Decretos Reglamentarios; pudiendo además eximirse del cumplimiento de las prescripciones del Decreto Ley N° 9.853/82 -del Consejo de Obras Públicas-.

ARTÍCULO 3°: En el marco de la emergencia declarada por el Art. 1°, y durante el plazo de vigencia de la misma, los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas contratantes quedan exceptuados de publicar en el Boletín Oficial, debiendo efectuar la publicación de anuncios en el sitio web que determine la reglamentación, pudiendo además anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma, si así se estimare oportuno.
Los anuncios obligatorios se publicarán no menos de tres (3) veces y con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles de la apertura, contados a partir de la fecha de la primera publicación.

ARTÍCULO 4°: Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en todo el proceso de contratación, el Ministerio, Secretaría o entidad autárquica que hubiere procedido de conformidad con lo dispuesto en Artículo 2°, deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de Asesoramiento y Control, cumplimentando de esta manera lo establecido en el artículo 38 Decreto-Ley N° 7.543/69 -Orgánica de Fiscalía de Estado-, artículos 38 a 45 de la Ley N° 14.803 y modificatoria -Asesoría General de Gobierno y la Ley N° 13.767 en cuanto a la intervención de la Contaduría General de la Provincia.
La Contaduría General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado expedirán sus informes, dictámenes y vistas en un plazo máximo y común de siete (7) días hábiles. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo una copia certificada del expediente completo –en soporte papel o digital- a cada organismo.
En caso de que los organismos de asesoramiento y control no remitieren el informe, dictamen o vista requerido en el plazo establecido precedentemente se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación del trámite.

ARTÍCULO 5°: Establécese que la excepción de la intervención obligatoria del Consejo de Obras Públicas establecida en el Artículo 2°, no comprende el dictamen técnico respecto a los proyectos de obras, caso en el que deberá expedirse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, pudiendo el órgano contratante darle intervención en la oportunidad que estime corresponda. Podrá requerirse su intervención remitiendo copia certificada del proyecto completo, ya sea en soporte papel o digital.
En caso de que el citado Consejo no remitiere el dictamen en el plazo establecido precedentemente, se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación del trámite

ARTÍCULO 6°: En el marco de la emergencia declarada por el Art. 1°, y durante el plazo de vigencia de la misma, autorízase a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la constancia de inscripción en los Registros de Proveedores y Licitadores y, en este último caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP). La inscripción en los Registros de Licitadores y de Proveedores, respectivamente, deberá cumplimentarse obligatoriamente en un plazo máximo de noventa
(90) días corridos.

ARTÍCULO 7°: Por la emergencia declarada y durante su vigencia, facúltase a los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un treinta y cinco por ciento (35%) las prestaciones y montos del contratista particular con relación a los contratos existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente.
A esos efectos, se considerará configurada la causal prevista en el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas N° 6021 y modificatorias y su decreto reglamentario, cualquiera fuera la naturaleza del contrato que se trate.
La indemnización que corresponda abonar al co-contratante solo comprenderá el pago del rubro correspondiente al daño emergente.
En todos los casos, el funcionario responsable deberá dar intervención a los Organismos de Asesoramiento y Control, en los términos y plazos establecidos en el artículo 4° de la presente ley.

ARTÍCULO 8°: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el contrato de que se trate, podrá renegociarse siempre que el co-contratante particular acepte las siguientes condiciones:
1. Adecuación del plan de trabajos a las condiciones de disponibilidad de fondos del comitente o contratante.
2. Adecuación del proyecto respectivo cuando ello resultare posible técnicamente, y no implicare una modificación mayor al treinta y cinco por ciento (35%).
3. Renuncia del co-contratante a su derecho a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos de cualquier naturaleza, así como a cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra o de su paralización total o parcial, devengados desde la celebración del contrato y hasta la fecha del acuerdo previsto en este inciso.
4. Renuncia del co-contratante a reclamar compensaciones o créditos no certificados, salvo los resultantes del acuerdo al que se arribe en el marco de las normas anteriores.
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el Poder Ejecutivo podrá modificar la naturaleza del contrato por otra que resulte más conveniente, desde el punto de vista financiero, a los intereses de la Provincia.

ARTÍCULO 9°: Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer por el plazo de un (1) año, prorrogable por única vez y por igual lapso, la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Provincial y de otras entidades del sector público provincial de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos, debiendo establecerse el procedimiento y las funciones del interventor en la reglamentación de la presente.
Toda intervención deberá comunicarse a la Comisión Bicameral creada por el artículo 10 de la presente.

ARTÍCULO 10°: Créase una Comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control para la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Estará integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por los presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las minorías.
El Poder Ejecutivo presentará, en el término de sesenta (60) días desde la entrada en vigencia de la presente ley, un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización, y el plazo de ejecución de cada una.
La Comisión Bicameral evaluará el grado de avance en la ejecución del plan de obras y controlará la aplicación transparente de la presente Ley. Deberá ser informada bimestralmente por el Poder Ejecutivo, pudiendo requerir la información que considere necesaria y practicar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, contrataciones, obras y acciones que se encaren en función de las previsiones de la presente Ley, especialmente aquellas tendientes a evitar la cartelización empresarial en materia de obra pública.

ARTÍCULO 11°: Facúltase al Ministerio de Economía para que, en función de la emergencia declarada, efectúe las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las acciones a adoptar.

ARTÍCULO 12°: Invítase a los Municipios, en el marco de su competencia, a adherir a la presente Ley mediante el dictado de las ordenanzas respectivas.

ARTÍCULO 13°: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 14°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.

 

 

Compensación a lecheros

Ministerio de Agroindustria
ACTIVIDAD LECHERA
Resolución 162/2016
Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos. Beneficio.
Bs. As., 02/05/2016
VISTO el Expediente N° S05:0017936/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Resolución Conjunta N° 8 y N° 9 de fecha 1 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente, el Acta Compromiso suscripta el día 8 de enero de 2016 entre el ESTADO NACIONAL, los Gobiernos de las Provincias que conforman el CONSEJO FEDERAL LECHERO, Representantes de la Producción Primaria, la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS, el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA y la JUNTA INTERCOOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE, y

CONSIDERANDO:

Que es interés del ESTADO NACIONAL que todos los eslabones productivos de la cadena láctea continúen su proceso de expansión de la oferta en el mediano plazo, incrementando asimismo la productividad por unidad económica y la industrialización de la materia prima.

Que dada la sobreoferta de productos lácteos en el mercado internacional, los precios a nivel mundial se encuentran por debajo de los valores promedio históricos, lo cual dificulta la colocación de los productos nacionales en dicho mercado internacional y deriva en una crisis local que se ve profundizada por el aumento en los niveles de stock de los productos terminados y en el incremento de los costos de producción de los productores tamberos.

Que en tal contexto, con fecha 8 de enero del corriente se suscribió entre los actores del sector lechero el Acta Compromiso citada en el Visto, a través de la que se comprometieron a la ejecución de distintas medidas tendientes a propender al crecimiento sostenible de la actividad láctea considerando el mercado interno y la exportación.

Que dichas medidas apuntan a promover el crecimiento sostenido del sector, mejorar los ingresos de los productores, asegurar el abastecimiento al mercado interno, promover una formación transparente de precios en todos los eslabones de la cadena, generar precios razonables para productos de consumo masivo y a la vez fortalecer la inserción de la lechería argentina en el mercado internacional.

Que por medio de la Resolución Conjunta N° 8 y N° 9 de fecha 1 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, respectivamente, se creó el “Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos” designándose como Autoridad de Aplicación a la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Que analizado el mencionado Régimen, se vislumbra que el pago de compensaciones ha significado un sostén para los establecimientos productivos, logrando contener a los tamberos argentinos que sufren las consecuencias de la crisis generalizada que atraviesa el sector, por lo que resulta procedente el establecimiento de un Régimen análogo en el ámbito de este Ministerio.

Que a los fines de otorgar una mayor operatividad al mecanismo previsto en la presente medida, resulta conveniente considerar la producción lograda en el período comprendido entre los meses de febrero y marzo de 2016, cuyos datos se encuentran ya procesados y reflejan la productividad promedio de los establecimientos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO
DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese, en el ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, un Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos, cuya Autoridad de Aplicación será la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, que será responsable de su ejecución como así también de dictar las normas complementarias que contribuyan a su implementación.
Art. 2° — El beneficio contemplado en el presente Régimen consiste en un aporte de PESOS CERO COMA CUARENTA CENTAVOS ($ 0,40) por litro para los primeros TRES MIL LITROS (3.000 I) diarios de producción de leche cruda para los meses de febrero y marzo de 2016.
Para establecer el monto de los beneficios se tomará como base de cálculo lo producido y comercializado mensualmente por los productores tamberos durante el período consignado en el párrafo precedente, independientemente de la cantidad de unidades productivas que exploten.
Art. 3° — Estarán alcanzados por el aporte correspondiente al presente Régimen todos los productores tamberos que contando con Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) hubiesen producido y comercializado leche cruda durante los meses de febrero y marzo de 2016, y estuvieren incluidos en la nómina de tambos proveedores de cualesquiera de los operadores lácteos con los que comercializaron su producción en los referidos meses.
Estarán asimismo alcanzados por la presente medida, los siguientes sujetos:
a) Todos los productores tamberos que hubiesen producido y elaborado leche cruda en tambos de su propiedad durante los meses de febrero y marzo de 2016; y
b) Los “tambos fábrica” contemplados en la Ley N° 11.089 de la Provincia de BUENOS AIRES, entendiendo por tales a toda persona física o jurídica que, siendo productor tambero, sea asimismo responsable de la semi-elaboración de leche obtenida exclusivamente en su establecimiento agropecuario y bajo la forma de masa para mozzarella. En estos casos, a efectos de establecer la compensación, serán considerados los kilogramos de masa para mozzarella que han sido facturados durante los meses de febrero y marzo de 2016, y se computará un rendimiento de DIEZ (10) litros de leche cruda necesarios para elaborar UN KILOGRAMO (1 kg) de masa para mozzarella.
Art. 4° — Los beneficiarios del presente Régimen deberán informar los datos referidos a la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de su titularidad donde recibirán los aportes.
Art. 5° — Los operadores lácteos que hayan realizado operaciones de compra de leche cruda a productores tamberos durante los meses de febrero y marzo de 2016 deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la solicitud cuyo formulario obra como Anexo I de la presente resolución, conteniendo la información por separado respecto de cada uno de los meses a compensar.
Los beneficiarios contemplados por el Artículo 3° inciso a), deberán presentar los Anexos I y II y los beneficiarios contemplados en el inciso b) del mismo artículo deberán presentar el Anexo III.
La solicitud con sus respectivos anexos deberá ser presentada con carácter de declaración jurada, con firmas certificadas por Escribano Público, Juez de Paz o autoridad bancaria, en soporte papel, en la oficina de Atención al Público de la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA, sita en Avenida Paseo Colón N° 982, segundo piso, Oficina N° 204, código postal C1063ACW de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; y en formato digital a la casilla de correo electrónico: compensacioneslecheria@magyp.gob.ar .
Art. 6° — A los fines de efectuar el control y supervisión del correcto pago de los aportes establecidos por la presente resolución, la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA, en su carácter de Autoridad de Aplicación, podrá solicitar la documentación respaldatoria que entienda pertinente para la verificación de los datos brindados mediante declaración jurada, la que deberá ser puesta a disposición de aquélla al simple requerimiento y en la forma que fuera solicitada, pudiendo asimismo realizar dichos controles de documentación en los establecimientos. Ante la omisión o falseamiento de los datos declarados a los fines de liquidar los aportes establecidos por la presente medida, la Autoridad de Aplicación podrá realizar las denuncias judiciales o administrativas que en su caso correspondan.
Art. 7° — La SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA aprobará los aportes a los beneficiarios mediante disposición dictada a ese efecto y procederá a la instrumentación de los pagos mediante resolución del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, los que se realizarán mediante transferencias bancarias efectuadas en forma mensual.
Art. 8° — Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la presente medida, las provincias que lo deseen podrán adherirse al presente Régimen, asumiendo el compromiso de un “Aporte Adicional” por la suma de PESOS CERO COMA DIEZ CENTAVOS ($ 0,10) por litro para los primeros TRES MIL LITROS (3.000 I) diarios de producción según lo producido en el período comprendido entre los meses de febrero y marzo de 2016, que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá incluir al aporte previsto en el Artículo 2° de la presente resolución.
Dicho Aporte Adicional sólo será incluido en los casos en que el Gobernador de la provincia a la que pertenece el beneficiario, haya suscripto y remitido al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA la Nota de Adhesión que como Anexo IV forma parte integrante de la presente medida, en el plazo indicado, comprometiéndose a la devolución del mencionado Aporte Adicional al Tesoro Nacional.
Art. 9° — Los importes liquidados a los productores tamberos en concepto de compensaciones establecidas en la presente resolución serán publicados en la página: http://www.agroindustria.gob.ar.
Art. 10. — Establécese un plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial para la presentación de la documentación necesaria para el pago de los aportes. Toda la documentación entregada luego de vencido el plazo previsto no será analizada por la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA, perdiéndose en consecuencia la posibilidad de cobro.
Art. 11. — Los gastos que demande la financiación del presente “Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos” serán imputados al inciso 5) del presupuesto vigente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, quedando limitados a un monto máximo total de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-).
Art. 12. — La presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Buryaile.
ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV
NOTA DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE COMPENSACIONES PARA PRODUCTORES TAMBEROS
Provincia de________, ______ de_______________ de 2016.
Sr. Ministro de Agroindustria de la Nación
Lic. Ricardo BURYAILE
S / D
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que el gobierno de la Provincia de_______________ adhiere a la extensión del “Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos” conforme la Resolución del Ministerio de Agroindustria N°____________ del ____________ de__________ de 2016 1.
Atento a ello, el gobierno de esta Provincia se compromete a restituir en devolución al través del Tesoro General de la Nación, dentro de los 30 días hábiles de requerido, el monto que en concepto de “aporte adicional” —en los términos de la Resolución precitada—, otorgue el Ministerio de Agroindustria a aquellos sujetos que hubieran resultado beneficiarios del Régimen de Compensaciones en cuestión, y que pertenezcan a la jurisdicción de esta Provincia.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
1 Indicar el número y fecha de la presente Resolución.

 

Ingreso de divisas, beneficia a exportadores

 

El texto anterior decía esto, es decir daba menos plazo a los exportadores para liquidar divisas y distinguía entre exportadores chicos y de gran volumen.
Secretaría de Comercio
COMERCIO EXTERIOR

Resolución 91/2016

Resolución N° 269/2001. Modificación.

Bs. As., 05/05/2016

VISTO el Expediente N° S01:0174467/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el Decreto N° 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001, la Resolución N° 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificatorias y complementarias, y la Resolución N° 57 de fecha 6 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001 se establecieron las normas para canalizar los fondos del comercio exterior a través del sistema financiero, y asimismo las excepciones necesarias a fin de no afectar el financiamiento internacional.

Que el citado Decreto N° 1.638/01 dispuso que la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, actualmente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, cada uno dentro del ámbito de su competencia, serán la Autoridad de Aplicación del mismo, pudiendo dictar normas de aplicación o interpretativas.

Que en uso de las facultades dispuestas por el decreto mencionado se dictó la Resolución N° 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificatorias y complementarias, por la cual se establecieron diferentes plazos para ingresar las divisas provenientes de las operaciones de exportación según el tipo de mercadería involucrada.

Que a través de la Resolución N° 142 de fecha 24 de abril de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se modificó el referido plazo establecido en la resolución mencionada en el considerando precedente.

Que posteriormente, en uso de las facultades dispuestas por el decreto mencionado, se dictaron las Resoluciones Nros. 30 de fecha 9 de marzo de 2016 y 57 de fecha de 6 de abril de 2016 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante las cuales se modificaron los plazos para el ingreso de divisas de determinadas actividades, de manera de fortalecer la competitividad de las exportaciones argentinas.

Que a los fines de promover la competitividad de la economía local así como una mayor inserción comercial, y con el objetivo de abrir mercados a los productos argentinos, con reglas simples de exportación y facilidades de financiación para todo el universo de productores, empresas y exportadores, corresponde adecuar los plazos otorgados en el Anexo de la última resolución mencionada.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 1.638/01.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA, sustituido en último término por el Artículo 1° de la Resolución N° 30 de fecha 9 de marzo de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Los exportadores cuyas operaciones están comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en las planillas, que como Anexo I forman parte integrante de la presente resolución, deberán ingresar las divisas al sistema financiero local dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos”.

Art. 2° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 269/01 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, sus modificatorias y complementarias, por el Anexo que, con TRES (3) hojas, forma parte integrante de la presente medida.

Art. 3° — La presente resolución entrará en vigor para aquellas aplicaciones en curso a partir de su entrada en vigencia, salvo que se encontrasen oficializadas y cuyos plazos previstos con anterioridad sean más extensos que los establecidos en la presente medida.

Art. 4° — La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Miguel Braun.

ANEXO, capítulos 1 al 97

Nuevas normas de contrataciones

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Decreto 690/2016

Decretos N° 1344/2007 y N° 893/2012. Modificaciones. Decreto N° 1039/2013. Derogación.

Bs. As., 16/05/2016

VISTO el Expediente CUDAP:EXP-S01:0139852/2016 del Registro del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, el Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones, el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.039 de fecha 29 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 se aprobó el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.

Que por el artículo 35 del Reglamento aprobado por el mencionado decreto se fijaron las competencias y las pautas para aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos, estableciéndose los montos correspondientes en la Planilla Anexa a dicho artículo.

Que por el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 se aprobó el Reglamento al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional instituido mediante el Decreto Delegado N° 1.023 del 13 de agosto de 2001.

Que por el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 se estableció la competencia de las autoridades para el dictado de los actos administrativos de los procedimientos de selección.

Que mediante el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 se determinaron la cantidad de módulos límite para encuadrar los distintos procedimientos de selección, cuando el criterio para la elección sea el monto.

Que a través del artículo 1 del Decreto N° 1.039 del 29 de julio de 2013 se sustituyó el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, a fin de modificar los montos determinados en valor “Módulo” para encuadrar los procedimientos de selección del contratista estatal.

Que asimismo y en consecuencia, por el artículo 3 del Decreto N° 1.039 del 29 de julio de 2013 se sustituyó la Planilla Anexa al artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007, determinando los montos fijados para las autoridades facultadas para aprobar gastos, utilizándose para su determinación la misma unidad de referencia.

Que el valor del módulo para los procedimientos de selección, se encuentra fijado en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), según lo dispone el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.344/07, sustituido por el Decreto N° 1.039/13, se ha fijado igualmente el mismo valor del módulo para aprobar gastos.

Que con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones, coadyuvando con ello a un uso inteligente de los recursos públicos, resulta necesario actualizar la cantidad de módulos asignados para la fijación de las competencias establecidas para el dictado de actos administrativos de los procedimientos de selección y para aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos.

Que asimismo resulta menester modificar la cantidad de módulos asignados para la determinación de los procedimientos de selección.

Que en ese sentido, por medio de esta decisión se facilita a los funcionarios de rangos inferiores la realización de contrataciones, descentralizando la toma de decisiones y contribuyendo a una mejor política de compras y contrataciones del ESTADO NACIONAL, la que permitirá que los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general.

Que la modificación de la cantidad de módulos asignados tanto para la fijación de las competencias como la determinación de los procedimientos de selección, resulta necesaria teniendo en cuenta que la última modificación fue realizada el 29 de julio de 2013 mediante Decreto N° 1.039, siendo necesario por ende adecuar los mismos a las actuales condiciones económicas atento el extenso lapso de tiempo transcurrido desde dicha modificación, del mismo modo que ya lo han hecho diversas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en consecuencia, la presente medida propicia derogar el Decreto N° 1.039/13, sustituir los artículos 14 y 34 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893/12 y el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344/07 y la Planilla Anexa a dicho artículo.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN tomó intervención en el ámbito de su competencia.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Derógase el Decreto N° 1.039 de fecha 29 de julio de 2013.

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 por el siguiente:
“ARTÍCULO 14.- AUTORIDADES COMPETENTES. Las autoridades con competencia para dictar los siguientes actos administrativos: a) autorización de la convocatoria y elección del procedimiento de selección; b) aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares; c) aprobación de la preselección de los oferentes en los procedimientos con etapa múltiple; d) aprobación del procedimiento de selección; e) adjudicación; f) declaración de desierto, g) declarar fracasado; h) decisión de dejar sin efecto un procedimiento; serán aquellas definidas según el ANEXO al presente artículo.
A los fines de determinar la autoridad competente, el monto estimado a considerar, será el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas.
La autoridad con competencia para dictar los actos administrativos de aprobación de ampliaciones, disminuciones y prórrogas; suspensión, resolución, rescisión, rescate, declaración de caducidad y aplicación de penalidades a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes será la que haya dictado el acto administrativo de adjudicación o la autoridad en la que se hubiese delegado tal facultad.
La autoridad con competencia para revocar actos administrativos del procedimiento de contratación será la que haya dictado el acto que se revoca o la autoridad en la que se hubiese delegado tal facultad.
La máxima autoridad de la jurisdicción o entidad contratante será la competente para concluir el procedimiento de selección en las contrataciones encuadradas en el apartado 5 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones, cuando se invoquen razones de urgencia o emergencia.
Los Ministerios que tengan a su cargo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad fijarán las competencias para la autorización de la convocatoria y la elección del procedimiento de selección en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, dentro de los límites establecidos en el ANEXO al presente artículo. Las máximas autoridades de los organismos descentralizados del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dentro de esas entidades, determinarán quiénes son los funcionarios de “nivel equivalente” referidos en el ANEXO al presente artículo.

Art. 3° — Sustitúyese el artículo 34 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012, por el siguiente:
“ARTICULO 34.- MONTO ESTIMADO DE LOS CONTRATOS. Cuando el monto estimado del contrato sea el parámetro que se utilice para elegir al procedimiento de selección, se deberá considerar el importe total en que se estimen las adjudicaciones incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala:
a) Contratación directa:
1.- Por trámite simplificado hasta SETENTA Y CINCO MÓDULOS (M 75).
2.- Del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones hasta UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (M 1.300).
b) Licitación privada o concurso privado hasta SEIS MIL MÓDULOS (M 6.000).
c) Licitación pública o concurso público más de SEIS MIL MÓDULOS (M 6.000). El procedimiento de selección elegido será válido cuando el total de las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas, no superen el monto máximo fijado para encuadrar a cada tipo de procedimiento de selección.

Art. 4° — Sustitúyese el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007, por el siguiente:
“ARTICULO 35.- Las competencias para aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos, se adecuarán a las siguientes pautas, según corresponda:
a) EI/La señor/a Jefe/a de Gabinete de Ministros, los/as señores/as Ministros/as, los funcionarios con rango y categoría de Ministros/as, y el/la señor/a Secretario/a General de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro de sus jurisdicciones, y las máximas autoridades de los organismos descentralizados del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dentro de esas entidades, determinarán quiénes son los funcionarios de “nivel equivalente” referidos en el presente artículo.
b) Fíjanse los montos para aprobar gastos por parte de los/as funcionarios/as del PODER EJECUTIVO NACIONAL que se indican a continuación: el/la señor/a Jefe/a de Gabinete de Ministros, los/as señores/as Ministros/as, los funcionarios con rango y categoría de Ministros/as, y el/la señor/a Secretario/a General de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y las máximas autoridades de los organismos descentralizados, los/as señores/as Secretarios/as de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los/as señores/as Secretarios/as de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los/as señores/as Secretarios/as ministeriales del área o funcionarios/as de nivel equivalente, los/as señores/as Subsecretarios/as de cada área o funcionarios/as de nivel equivalente, los/as señores/as Directores/as Nacionales, Directores/as Generales o funcionarios/as de nivel equivalente, así como otros/as funcionarios/as en que el/la señor/a Jefe/a de Gabinete de Ministros, el/la señor/a Ministro/a del ramo, los funcionarios con rango y categoría de Ministros/as, o la máxima autoridad de un organismo descentralizado delegue la aprobación de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las unidades ejecutoras, hasta los montos representados en MÓDULOS que detalla el Anexo al presente artículo e inciso.
c) La aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador por objeto del gasto que se mencionan a continuación, será competencia exclusiva del señor/a Jefe/a de Gabinete de Ministros, dentro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de los/as señores/as Ministros/as, de los funcionarios con rango y categoría de Ministros/as, de los/as señores/as Secretarios/as ministeriales, de los/as señores/as Secretarios/as de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, o funcionarios/as de nivel equivalente, según corresponda, independientemente de su monto, dentro de sus respectivas jurisdicciones o entidades.
Partidas Parciales correspondientes a:
– Designación de personal, retribución del cargo y otros actos que determinen la modificación de sus remuneraciones.
– Otros gastos de personal.
– Retribuciones que no hacen al cargo.
– Complementos.
Partidas Principales correspondientes a:
– Beneficios y compensaciones.
– Servicios técnicos y profesionales.
– Publicidad y propaganda.
– Otros servicios.
Partidas Parciales correspondientes a:
– Pasajes (fuera del país).
– Viáticos (fuera del país).
Partidas Principales correspondientes a:
– Obras de arte.
– Activos intangibles.
Partida Parcial correspondiente a:
– Equipos Varios.
Inciso correspondiente a:
– Transferencias (excepto gastos correspondientes a la Partida Parcial “Ayudas Sociales a Personas”).
Inciso correspondiente a:
– Activos financieros.
d) Los Ministerios que tengan a su cargo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad fijarán las competencias para la aprobación de gastos y el ordenamiento de pagos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, dentro de los límites establecidos en el Anexo al inciso b) del presente artículo.
e) La formalización de los actos de aprobación de gastos, ordenamiento de pagos y desembolsos se instrumentará en los formularios/comprobantes de uso general y uniforme que establezca la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Toda salida de fondos del Tesoro Nacional requiere ser formalizada mediante una orden de pago emitida por el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.), la que deberá ser firmada por los/as señores/as Secretarios/as o Subsecretarios/as o funcionarios/as de nivel equivalente de quienes dependan los mismos, juntamente con los/as responsables de dichos servicios y de las unidades de registro contable.
f) Los pagos financiados con fuentes administradas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN serán atendidos por ésta o por las tesorerías jurisdiccionales conforme las instrucciones que al efecto emita la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, a excepción de aquellos que correspondan a los conceptos que se detallan a continuación, los que se efectuarán a través de la citada Tesorería General.
1) pago de haberes, gastos relativos a Seguridad Social y retenciones sobre haberes;
2) erogaciones figurativas;
3) construcciones y bienes preexistentes;
4) anticipo y reposición de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas o regímenes similares;
5) obligaciones que correspondan a la clase de gasto Deuda Pública.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que los pagos sean financiados con fuentes del Tesoro Nacional, crédito interno y crédito externo, y no provengan de Préstamos de Organismos Internacionales destinados a proyectos específicos de inversión.
g) El PODER LEGISLATIVO, el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, las entidades descentralizadas que de ellos dependan y las entidades comprendidas en los incisos b), c) y d) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, adecuarán su propio régimen de asignación de competencias para la autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos de acuerdo a la citada ley, según su propia normativa.
h) En caso de autorización y aprobación de gastos referidos a recursos provenientes de operaciones o contratos con Organismos Financieros Internacionales, se dará cumplimiento a las normas establecidas en cada contrato de préstamo, y supletoriamente a la legislación local.
i) Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Nacional. La aplicación de este procedimiento no podrá establecer relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro Nacional hasta tanto dicha ley entre en vigencia.
A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo y su Anexo fíjase el valor del MÓDULO (M) en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000).
Facúltase al/a la Jefe/a de Gabinete de Ministros a modificar el valor del MODULO (M), previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.”

Art. 5° — Sustitúyese la Planilla Anexa al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, por la planilla que como Anexo forma parte integrante del presente.

Art. 6° — El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y será de aplicación a los procedimientos de selección y a las aprobaciones de gastos, ordenamientos de pagos y desembolsos en los procedimientos que a partir de esa fecha se autoricen.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Andrés H. Ibarra.

Anexo al artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12

CLASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y MONTOS EXPRESADOS EN MODULOS AUTORIDAD COMPETENTE
Licitación y Concurso Público o Privado / Subasta Pública Compulsa abreviada y adjudicación simple 1.- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento
2.- Aprobar los pliegos y preselección en etapa múltiple
3.- Dejar sin efecto
4.- Declarar desierto
1.- Aprobar procedimiento y Adjudicar
2.- Declarar fracasado
Hasta el importe que represente UN MIL MODULOS (M 1.000). Titular de la Unidad Operativa de Contrataciones Director simple o funcionario de nivel equivalente
Hasta el importe que represente TRES MIL MODULOS (M 3.000). Director simple o funcionario de nivel equivalente Director Nacional, Director General o funcionario de nivel equivalente
Hasta el importe que represente QUINCE MIL MODULOS (M 15.000). Hasta el importe que represente SIETE MIL QUINIENTOS MODULOS (M 7.500). Director Nacional, Director General o funcionario de nivel equivalente Subsecretario o funcionario de nivel equivalente
Hasta el importe que represente CINCUENTA MIL MODULOS
(M 50.000).
Hasta el importe que represente TREINTA MIL MODULOS (M 30.000). Subsecretario o funcionario de nivel equivalente Secretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel equivalente
Hasta el importe que represente CIEN MIL MODULOS (M 100.000). Hasta el importe que represente SESENTA Y CINCO MIL MODULOS (M 65.000) Secretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel equivalente Ministro, funcionarios con rango y categoría de Ministro, o Secretario General de la Presidencia de la Nación o las máximas autoridades de los organismos descentralizados
Cuando se supere el importe que represente CIEN MIL MODULOS
(M 100.000)
Cuando se supere el importe que represente SESENTA Y CINCO MIL MODULOS (M 65.000) Ministro, funcionarios con rango y categoría de Ministro, o Secretario General de la Presidencia de la Nación o las máximas autoridades de los organismos descentralizados. Jefe de Gabinete de Ministros

Anexo al artículo 35 Inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.344/07

Autoridad Competente para aprobar gastos Monto representado en módulos
Jefe/a de Gabinete de Ministros para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de los organismos descentralizados. Cuando se supere el importe que represente CIEN MIL MÓDULOS (M 100.000).
Ministro/a, funcionarios/as con rango y categoría de Ministros/as, Secretario/a General de la Presidencia de la Nación, dentro de sus jurisdicciones o máximas autoridades de los organismos descentralizados. Hasta el importe que represente CIEN MIL MÓDULOS (M 100.000).
Secretarios/as de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Secretarios/as de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios/as Ministeriales o funcionarios/as de nivel equivalente. Hasta el importe que represente CINCUENTA MÓDULOS (M 50.000).
Subsecretario/as de cada área o funcionario/as de nivel equivalente. Hasta el importe que represente QUINCE MIL MÓDULOS (M 15.000).
Directores/as Nacionales, Directores/as Generales o funcionarios/as de nivel equivalente. Hasta el importe que represente TRES MIL MÓDULOS (M 3.000).
Funcionarios/as en quienes se delegue la facultad. Hasta el importe que represente MIL MÓDULOS (M 1.000).

Fecha de publicación 17/05/2016

 

 

Veto a la ley anti-despidos

VETO

Decreto 701/2016

Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.251.

Bs. As., 20/05/2016

VISTO el Proyecto de Ley N° 27.251 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el 18 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado Proyecto de Ley se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que además, el Proyecto de Ley sancionado prohíbe, por el referido término, los despidos o suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, normativa que se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual; disponiendo la nulidad de los actos dispuestos en contravención a dicha prohibición.

Que, por otra parte, el Proyecto de Ley bajo examen prevé el procedimiento a seguir en caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto en el mismo; y su inaplicabilidad a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Que la propuesta en análisis buscaría preservar por CIENTO OCHENTA (180) días los empleos de aquellos trabajadores que pudieran ser despedidos en dicho período, en un universo acotado al grupo de trabajadores registrados o “en blanco”.

Que uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo.

Que ello incluye a los trabajadores registrados actuales —que son los que contempla la norma sancionada— pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo.

Que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del Proyecto de Ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los principios de igualdad y de razonabilidad.

Que el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de generación de empleo genuino, entre los cuales son de público conocimiento los proyectos que diariamente se hacen conocer. Por otro lado, son una realidad los diversos planes en materia de obra pública, en sus diversas modalidades contractuales para generar las obras de infraestructura, ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal.

Que ello se vincula además con la nueva situación de la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en el sistema financiero internacional y la normalización de las variables de su economía.

Que dicha situación viene generando que tanto la Nación, como así también las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas iniciativas, contando para ello con la opción de obtener diversas fuentes de financiamiento, tanto en el orden nacional como internacional.

Que igual situación se replica en el ámbito privado, donde también se manifiestan nuevos accesos al financiamiento y expansión de créditos destinados a la inversión en condiciones favorables, lo que se traducirá en incrementos de las fuentes de trabajo.

Que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el Proyecto de Ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país.

Que contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años.

Que el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que el empleo no creció.

Que respecto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del setenta por ciento (70%) del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal y financiera, y que incluyen —entre otras— la creación de un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por Inversiones Productivas; un Bono de Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Capital y en Obras de Infraestructura, un tratamiento impositivo especial para los sujetos que se encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, un Régimen de Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que se encuentran en estudio en la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.

Que, por otra parte, la información obrante en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL indica que durante el primer trimestre de 2016 el número de asalariados privados registrados presentó un crecimiento del CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4%) con respecto al primer trimestre de 2015.

Que, además, cabe señalar que el Gobierno tiene otros mecanismos para proteger a las empresas que están en dificultades, tales como el Programa de Recuperación Productiva —REPRO—, un mecanismo que permite que el Estado pague parte de los salarios de las empresas con dificultades a fin de evitar que se despida personal.

Que en ese sentido debe mencionarse que durante el año 2015 el número de trabajadores acogidos al citado Programa de Recuperación Productiva —REPRO— era de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS (67.200), mientras que en este momento, el número oficial de trabajadores con programa REPRO es de NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE (9.087), encontrándose acogidas a este régimen sólo VEINTITRES (23) empresas en todo el país.

Que, asimismo, es reducido el número de procedimientos preventivos de crisis registrado durante el año 2016.

Que, finalmente, debe destacarse que la emergencia ocupacional que pretende declarar el artículo 1° del Proyecto de Ley aquí examinado ya se encuentra vigente —hasta el 31 de diciembre de 2017— de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27.200, que prorrogó la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la Ley N° 26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 y 26.896.

Que asimismo corresponde señalar que en el breve lapso transcurrido de esta gestión de gobierno, se han asignado importantes recursos en materia de políticas sociales y productivas. En tal sentido se impulsó la Ley de Primer Empleo para los jóvenes, se acordó aumentar el salario mínimo, vital y móvil, y el seguro por desempleo, y se elevó el mínimo no imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Que, por otra parte, se está realizando una inversión social de más de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000.000), que va a permitir que más de 10 millones de argentinos, entre ellos, monotributistas, jubilados, trabajadores temporarios, beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, vean mejorada su situación de manera directa.

Que en lo que hace a la evolución de las relaciones colectivas del trabajo, se vienen desarrollando con normalidad las negociaciones correspondientes, en un clima de tranquilidad que no debe verse afectado por la conflictividad que generaría una norma como la que aquí se examina.

Que, por último, los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos NOVENTA (90) días; a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector.

Que la prioridad del Gobierno Nacional es pobreza cero, y que la mejor manera de alcanzar este objetivo es mediante la creación de más empleo.

Que el diálogo y trabajo conjunto entre trabajadores, el Estado Nacional, los sindicatos y empresarios es el modelo para generar empleo.

Que en los años 2010 y 2014 los más altos referentes del oficialismo de entonces, se manifestaron enfáticamente en contra de la adopción de medidas del tenor de las que propone el Proyecto de Ley en estudio, por su manifiesta inconveniencia y falta de razonabilidad.

Que dichas manifestaciones son públicas y se refieren en forma negativa a este tipo de normas. Así, se ha manifestado en forma pública que “tiene efectos completamente opuestos”, que “iban a tener una reacción inversa a lo que necesitaban los trabajadores”, que son “una repetición de lo que se hizo después de la convertibilidad y que significó una licuación del poder adquisitivo”, que “resulta evidente la intención de ayudar a fabricar artificialmente otras crisis”.

Que tales manifestaciones son también aplicables para la situación actual, por lo que luce irresponsable que en una materia sensible como es el de la creación de empleo se modifique la posición en función de una supuesta conveniencia puntual.

Que es el deseo y constante búsqueda de este Gobierno el de arbitrar todos los mecanismos y puentes de diálogo que nos permitan lograr el mayor grado de consenso posible, sin que ello importe afectar el derecho de las personas a obtener un empleo y generar mayores fuentes de trabajo.

Que, por lo expuesto, corresponde observar en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.251.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 83 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.251.

Art. 2° — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Esteban J. Bullrich.

Fecha de publicación 23/05/2016

 

 

Montos de retenciones en el Impuesto a las Ganancias

AFIP –Resolución General 3884

Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención para determinadas ganancias. Resolución General N° 830, sus modificatorias y sus complementarias. Su modificación.

Bs. As., 20/05/2016

VISTO la Resolución General N° 830, sus modificatorias y sus complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada norma se establecieron los regímenes de retención y excepcional de ingreso del impuesto a las ganancias sobre determinadas rentas de distintas categorías.

Que razones de administración tributaria aconsejan modificar los importes previstos en la misma a efectos que éstos mantengan el carácter de parámetro objetivo representativo de los distintos conceptos sujetos a retención.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización, de Servicios al Contribuyente y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Modifícase la Resolución General N° 830, sus modificatorias y sus complementarias, en la forma que se indica seguidamente:
1. Sustitúyese en el primer párrafo del Artículo 28, la expresión “DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-)” por la expresión “CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-)”.
2. Sustitúyese en el primer párrafo del Artículo 29, la expresión “VEINTE PESOS ($ 20.-)” por la expresión “NOVENTA PESOS ($ 90.-)”.
3. Sustitúyese en el segundo párrafo del Artículo 29, la expresión “CIEN PESOS ($ 100.-”) por la expresión “CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 450.-)”.
4. Sustitúyese en el primer párrafo del inciso b) del Apartado B del Anexo VII, la expresión “NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000.-)” por la expresión “DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.-)”.
5. Sustitúyese en el punto 2 del segundo párrafo del inciso b) del Apartado B del Anexo VII, la expresión “NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000.-)” por la expresión “DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.-)”.
6. Sustitúyese el Anexo VIII, por el que como Anexo se aprueba y forma parte de la presente.

Art. 2° — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a los pagos que se efectúen a partir del 1 de junio de 2016, aun cuando correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

ANEXO (Artículo 1°)

ANEXO VIII RESOLUCION GENERAL N° 830, SUS MODIFICATORIAS Y SUS COMPLEMENTARIAS
ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION

CODIGO DE REGIMEN CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION % A RETENER MONTOS NO SUJETOS A RETENCION
INSCRIPTOS NO INSCRIP. INSCRIPTOS (a)
19 Anexo II, inc. a) pto 1) Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. Ley N° 21.526 y sus modificaciones o agentes de bolsa o mercado abierto. 3 % 10% -.-
21 Anexo II, inc. a) pto. 2) Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto 1. 6% 28% 3.500
30 Anexo II, inc. b) pto. 1) Alquileres o arrendamientos de bienes muebles. 6% 28% 5.000
31 Anexo II, Inc. b) pto. 2) Bienes Inmuebles Urbanos, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing, —incluye suburbanos—
32 Anexo II, inc. b) pto. 3) Bienes Inmuebles Rurales, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing, —incluye subrurales—
35 Anexo II, inc. c) Regalías 6% 28% 3.500
43 Anexo II, inc. d) Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas, —excepto consumo—
51 Anexo II, inc. e) Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad
78 Anexo II, inc. f) Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. 2% 10% 100.000
86 Anexo II, inc. g) Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares.
110 Anexo II, inc. h) Explotación de derechos de autor (Ley N° 11.723). s/escala 28% 10.000
94 Anexo II, inc. i) Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros incisos. 2% 28% 30.000
25 Anexo II, inc. j) Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. s/escala 28% 7.500
116 Anexo II, inc. k) Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. s/escala 28% 30.000 (b)
116 Anexo II, inc. k) Profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocio s/escala 28% 7.500
124 Anexo II, inc. k) Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. En todos los casos, con las salvedades mencionadas en dicho inciso.
95 Anexo II, inc. I) Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. 0,25% 28% 30.000
53 Anexo II, inc. m) Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. 0,50% 2,00%
55 Anexo II, inc. n) Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital.
111 Anexo II, inc. ñ) Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones.
112 Anexo II, inc. o) Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones —excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias—. 3% 3% 7.500
113 Anexo II, inc. p) Rescates —totales o parciales— por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
(c) Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones excepto las indicadas en los incisos a) y d). De acuerdo a tabla para cada inciso
(d) Pagos realizados por cada administración descentralizada fondo fijo o caja chica. Art. 27, primer párrafo. 0,50% 1,50% 11.000
779 Anexo II, inciso q) Subsidios abonados por los estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, en concepto de enajenación de bienes muebles y bienes de cambio, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. 2% 10% 34.000
780 Anexo II, inciso r) Subsidios abonados por los estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. 2% 28% 14.000

RETENCION MÍNIMA: inscriptos: $ 90 y no inscriptos: $ 450 para alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y $ 90 para el resto de los conceptos sujetos a retención.
(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscritos y no inscritos.
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y mínimos aplicables al concepto generador de tales intereses, excepto incisos a) y d).
(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga.

IMPORTES RETENDRAN
Más de $ A $ $ Más el % S/Exced. de $
0 2.000 0 10 0
2.000 4.000 200 14 2.000
4.000 8.000 480 18 4.000
8.000 14.000 1.200 22 8.000
14.000 24.000 2.520 26 14.000
24.000 40.000 5.120 28 24.000
40.000 y más 9.600 30 40.000

Fecha de publicación 26/05/2016

 

Sube el salario para las fuerzas de seguridad

FUERZAS DE SEGURIDAD

Decreto 716/2016

Fíjanse Haberes Mensuales.

Bs. As., 27/05/2016

VISTO la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y sus modificaciones, la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios, 853 del 28 de junio de 2013, 854 del 28 de junio de 2013, 813 del 30 de mayo de 2014, 968 del 29 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que la correcta ejecución de la actividad de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad requiere, hace necesario recomponer la estructura salarial vigente.

Que además es intención del Gobierno Nacional efectuar un reconocimiento al personal de las Fuerzas de Seguridad que resulte intrínseco a su estado jurídico y sus respectivas jerarquías.

Que oportunamente se han creado distintos suplementos particulares para el personal en actividad de GENDARMERÍA NACIONAL y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que si bien han mejorado la situación salarial del personal en esta situación de revista, por su condición y naturaleza no corresponde abonarse a los retirados y pensionados de estas Fuerzas.

Que como consecuencia de haberse creado a través del Decreto N° 1307/2012, suplementos particulares no remunerativos, como son los suplementos particulares “de responsabilidad por cargo” y “por función intermedia”, numerosos agentes, en situación de actividad y retiro, iniciaron demandas judiciales contra el ESTADO NACIONAL accionando para que los mismos fueran incorporados al haber Mensual.

Que dicha conducta alcanzó un alto volumen de litigiosidad.

Que, por tal motivo, resulta necesario incrementar el “Haber Mensual” de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, y derogar los suplementos particulares “de responsabilidad por cargo” y “por función intermedia”, creados por el Decreto N° 1307/2012.

Que de este modo, se simplifica y transparenta la estructura salarial de los agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Que producida esta reestructuración de suplementos, resulta necesario reformular las condiciones de percepción del suplemento particular “por disponibilidad permanente para el cargo o función”, creado por el Decreto N° 854/2013.

Que, en este contexto también procede fijar nuevos montos de los suplementos particulares remunerativos “por disponibilidad permanente para el cargo o función”, y de los suplementos “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad” y “por mayor exigencia del servicio” creados por el Decreto N° 1307/2012.

Que por último, resta señalar que la medida constituirá una recomposición de los haberes de retiro y de pensión, ya que al incrementarse el haber mensual replicará en forma lineal en los haberes de pasividad.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Fíjase, a partir del 1° de junio de 2016 el haber mensual para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto.

Art. 2° — Fíjase, a partir del 1° de junio de 2016, el haber mensual para el personal con estado policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el Anexo II, que forma parte del presente Decreto.

Art. 3° — Fíjase, a partir del 1° de junio de 2016, los importes correspondientes a los suplementos particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad” y “por mayor exigencia del servicio” que percibe el personal con estado militar de gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios, según se detalla, para los distintos grados, en el Anexo III, que forma parte del presente Decreto.

Art. 4° — Fíjase, a partir del 1° de junio de 2016, los importes correspondientes a los suplementos particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad” y “por mayor exigencia del servicio” que percibe el personal con estado policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios, según se detalla, para los distintos grados, en el Anexo IV, que forma parte del presente Decreto.

Art. 5° — Sustitúyese el artículo 10 del Decreto N° 854/13 y sus modificatorios, por el siguiente texto:
ARTÍCULO 10.- Créase, para la GENDARMERIA NACIONAL y para la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, el suplemento particular “por disponibilidad permanente para el cargo” o “por disponibilidad permanente para la función”, según corresponda, que será percibido por el personal en actividad que ejerza un cargo que implique responsabilidad jerárquica, o una función que implique la dirección del personal o la administración de medios materiales, respectivamente, y sea requerido para el cumplimiento de funciones bajo un régimen de disponibilidad permanente, entendiendo por tal estar disponible para el cumplimiento del cargo jerárquico o la función de que se trate en cualquier momento en que ello sea requerido.
Para la percepción de este suplemento particular, se observarán las siguientes pautas:
a) El suplemento será liquidado mensualmente y por el monto en pesos definido para cada grado, correspondiente al efectivo designado en cada cargo o función, de acuerdo a las siguientes tablas:
I. Para la GENDARMERIA NACIONAL

GRADOS POR DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA EL CARGO ($) POR DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA LA FUNCIÓN ($)
COMANDANTE GENERAL 22.985,0
COMANDANTE MAYOR 20.251,1
COMANDANTE PRINCIPAL 17.632,7 17.191,9
COMANDANTE 15.413,2 15.027,8
SEGUNDO COMANDANTE 13.367,9 13.033,7
PRIMER ALFEREZ 11.777,9 11.483,4
ALFEREZ 10.895,3 10.623,0
SUBALFEREZ 10.163,6 9.909,5
SUBOFICIAL MAYOR 18.124,0 17.670,9
SUBOFICIAL PRINCIPAL 16.938,3 16.514,9
SARGENTO AYUDANTE 16.286,8
SARGENTO PRIMERO 16.125,6
SARGENTO 15.965,9

II. Para la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

GRADOS POR DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA EL CARGO ($) POR DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA LA FUNCIÓN ($)
PREFECTO GENERAL 22.985,0
PREFECTO MAYOR 20.251,1
PREFECTO PRINCIPAL 17.632,7 17.191,9
PREFECTO 15.413,2 15.027,8
SUBPREFECTO 13.367,9 13.033,7
OFICIAL PRINCIPAL 11.777,9 11.483,4
OFICIAL AUXILIAR 10.895,3 10.623,0
OFICIAL AYUDANTE 10.163,6 9.909,5
AYUDANTE MAYOR 18.124,0 17.670,9
AYUDANTE PRINCIPAL 16.938,3 16.514,9
AYUDANTE DE PRIMERA 16.286,8
AYUDANTE DE SEGUNDA 16.125,6
AYUDANTE DE TERCERA 15.965,9

b) Este suplemento tiene carácter remunerativo.
c) El Ministro de Seguridad determinará los cargos por los que corresponderá otorgar el suplemento “por disponibilidad permanente para el cargo”, no debiendo superar el personal designado un máximo del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los efectivos de cada Fuerza.
d) Facúltase a los titulares de la GENDARMERIA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a determinar las funciones por las cuales corresponderá otorgar el suplemento “por disponibilidad permanente para la función”, teniendo en cuenta que la cantidad de personal con derecho a percibirlo no deberá superar un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los efectivos de cada Fuerza, ni del SETENTA POR CIENTO (70%) de cada grado.

Art. 6° — Deróganse los suplementos particulares de “responsabilidad por cargo” y “por función intermedia”, creados por el artículo 2° del Decreto N° 1307/2012 y sus modificatorios.

Art. 7° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto será atendido con los créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Patricia Bullrich.

ANEXO I

GRADOS MONTO ($)
COMANDANTE GENERAL 24.333,9
COMANDANTE MAYOR 21.159,9
COMANDANTE PRINCIPAL 18.163,0
COMANDANTE 15.657,8
SEGUNDO COMANDANTE 13.382,7
PRIMER ALFEREZ 11.637,1
ALFEREZ 10.676,3
SUBALFEREZ 9.885,4
SUBOFICIAL MAYOR 14.333,4
SUBOFICIAL PRINCIPAL 13.395,7
SARGENTO AYUDANTE 12.519,4
SARGENTO PRIMERO 11.592,0
SARGENTO 10.443,3
CABO PRIMERO 9.081,1
CABO 8.487,0
GENDARME 7.931,8
GENDARME II 7.600,0

ANEXO II

GRADOS MONTO ($)
PREFECTO GENERAL 24.333,9
PREFECTO MAYOR 21.159,9
PREFECTO PRINCIPAL 18.163,0
PREFECTO 15.657,8
SUBPREFECTO 13.382,7
OFICIAL PRINCIPAL 11.637,1
OFICIAL AUXILIAR 10.676,3
OFICIAL AYUDANTE 9.885,4
AYUDANTE MAYOR 14.333,4
AYUDANTE PRINCIPAL 13.395,7
AYUDANTE DE PRIMERA 12.519,4
AYUDANTE DE SEGUNDA 11.592,0
AYUDANTE DE TERCERA 10.443,3
CABO PRIMERO 9.081,1
CABO SEGUNDO 8.487,0
MARINERO 7.931,8

ANEXO III

GRADOS POR CUMPLIMIENTO DE TAREAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD ($) POR MAYOR EXIGENCIA DEL SERVICIO ($)
SARGENTO AYUDANTE 15.472,5 15.085,7
SARGENTO PRIMERO 15.319,3 14.936,3
SARGENTO 15.167,6 14.788,4
CABO PRIMERO 9.732,0 9.488,7
CABO 9.053,0 8.826,7
GENDARME 8.789,4 8.569,6

ANEXO IV

GRADOS POR CUMPLIMIENTO DE TAREAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD ($) POR MAYOR EXIGENCIA DEL SERVICIO ($)
AYUDANTE DE PRIMERA 15.472,5 15.085,7
AYUDANTE DE SEGUNDA 15.319,3 14.936,3
AYUDANTE DE TERCERA 15.167,6 14.788,4
CABO PRIMERO 9.732,0 9.488,7
CABO SEGUNDO 9.053,0 8.826,7
MARINERO 8.789,4 8.569,6

Fecha de publicación 31/05/2016. Salarios anteriores acá.

 

 

Topes en el aumento de gas

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución 99/2016

Ajuste de Precios. Cuadro tarifario. Límites.

Bs. As., 06/06/2016

VISTO el Expediente N° S01:0043902/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y lo dispuesto por las Leyes Nros. 17.319, 25.561 y sus modificaciones, el Artículo 75 de la Ley N° 25.565 y la Ley N° 26.741, la Resolución N° 28 de fecha 28 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) Nros. I-3725; I-3726; I-3727; I-3728; I-3729; I-3730; I-3731; I-3732, I-3733, todas del 31 de Marzo de 2016, y I-3737 del 8 de abril de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3° de la Ley N° 17.319 y el Artículo 2° de la Ley N° 26.741 establecen que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene a su cargo fijar la política nacional respecto a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.

Que mediante la Resolución N° 28 de fecha 28 de marzo de 2016 de este Ministerio se establecieron nuevos precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del Gas Propano indiluido para redes.

Que los nuevos precios establecidos en la Resolución N° 28/2016 tienen por objeto incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local.

Que en el Artículo 6° del mismo acto, se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) para que, en el marco de su competencia, realizara los procedimientos correspondientes al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.

Que como consecuencia del pronunciado retraso en los precios de gas en el PIST que integraban las tarifas por el servicio de distribución de gas natural por redes, en determinados casos, la aplicación de lo dispuesto en la mencionada Resolución N° 28/2016 de este Ministerio, resultó en un incremento significativo del monto de las facturas de los servicios residenciales de provisión de gas por redes y del servicio General para Pequeños Consumos.

Que tales retrasos resultaban más significativos en aquellas jurisdicciones donde el precio del gas era inferior al del resto del país y en las que diversas medidas judiciales incidían en la aplicación de la normativa general.

Que en consecuencia, el Gobierno Nacional en conjunto con los Gobiernos Provinciales evaluaron la situación y acordaron la conveniencia de definir un límite en el incremento del monto final a facturar por las prestatarias de servicios de distribución de gas por redes a usuarios Residenciales y a los usuarios del Servicio General P (SGP), respecto del valor que hubiera correspondido facturar aplicando, al consumo del período actual, el Cuadro Tarifario vigente hasta el 31 de Marzo pasado.

Que resulta conveniente y necesario adoptar las medidas tendientes a mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados y, en tal sentido, determinar un límite en el incremento que vaya a afectar al monto final facturado por metro cúbico (m3) de gas suministrado por prestatarias de servicios de distribución de gas por redes a usuarios Residenciales y a los usuarios del servicio General para Pequeños Consumos (SGP) para el año 2016, respecto al que resultaba de aplicar el Cuadro Tarifario vigente hasta el 31 de marzo pasado.

Que dicho límite en el incremento del monto final a abonar por los usuarios supone un aumento del subsidio solventado por el Estado Nacional, que ya beneficia a los usuarios Residenciales y del Servicio General “P”, y que surge de la diferencia entre los precios que esos usuarios pagan por el valor del gas que integra sus tarifas, y el precio final que reciben los proveedores de ese gas natural o propano; todo ello sin perjuicio de los subsidios adicionales a consumos residenciales en la Región Patagónica, la región de La Puna y el Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza, instituido por las disposiciones del Artículo 75 de la Ley N° 25.565, modificado por el Artículo 84 de la Ley N° 25.725 y el definido como Tarifa Social, dispuesto por la mencionada Resolución N° 28/2016 de este Ministerio.

Que la implementación de este subsidio no afecta las tarifas a percibir por las prestatarias de servicios de distribución, netas del costo de adquisición del gas que distribuyan, ni las tarifas de las prestatarias del servicio de transporte.

Que las diferencias que surjan de la implementación de la presente medida serán aplicadas durante el corriente año 2016 como un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas natural de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes; el que se aplicará en forma proporcional a todos los proveedores de gas natural en función del volumen de gas suministrado.

Que la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS de este Ministerio deberá determinar los mecanismos pertinentes para la compensación de los descuentos a realizarse en las facturas de los proveedores de gas.

Que por último, con el objeto de que el esfuerzo fiscal que el Estado Nacional realiza para establecer el subsidio al consumo de gas natural dispuestos en el presente no se vea afectado por eventuales aumentos en los gravámenes que cualquier jurisdicción aplicare al consumo o la facturación de consumos de gas por redes, corresponde disponer que tales incrementos, en caso de producirse, importarán la revisión, para esa jurisdicción, de lo dispuesto en la presente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 17.319 y conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:

Artículo 1° — Instrúyese al ENARGAS para que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, los montos, sin impuestos, de las facturas que emitan las prestatarias del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios residenciales (categoría R y sus subcategorías) deban abonar por consumos realizados a partir del 1 de Abril de 2016, no superen en más de un CUATROCIENTOS POR CIENTO (400%) al monto final, sin impuestos, que para dichos consumos hubiere correspondido facturar de aplicarse, al mismo usuario y para el volumen consumido en el nuevo período de facturación, las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016.

Art. 2° — Instrúyese al ENARGAS para que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, los montos, sin impuestos, de las facturas que emitan las prestatarias del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios de la categoría Servicio General P con servicio completo (subcategorías P1 P2 y P3, y equivalentes en el servicio de distribución de propano indiluido por redes; y que incluyan el costo de adquisición de gas natural) deban abonar por consumos realizados a partir del 1 de Abril de 2016, no superen en más de un QUINIENTOS POR CIENTO (500%) al monto final, sin impuestos, que para dichos consumos hubiere correspondido facturar de aplicarse, al mismo usuario y para el volumen consumido en el nuevo período de facturación, las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016.

Art. 3° — Establécese que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios vigentes y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores, será aplicado durante el año 2016 como un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes. Dicho descuento se aplicará en forma proporcional por todos los proveedores de gas natural en función del volumen de gas suministrado a cada Distribuidor.

Art. 4° — Establécese que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios vigentes y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores con relación al gas suministrado a los Subdistribuidores y por éstos a sus usuarios, con excepción de aquellos que adquieran el gas natural directamente a los productores, será aplicado como descuento sobre las facturas que las Licenciatarias de Distribución emitan para cada Subdistribuidor. Las Licenciatarias de Distribución darán a dicho descuento el tratamiento dispuesto en el artículo anterior.

Art. 5° — Establécese que los eventuales aumentos en los gravámenes que cualquier jurisdicción aplicare al consumo o la facturación de consumos de gas por redes, importará la revisión, para esa jurisdicción, de lo dispuesto en la presente resolución.

Art. 6° — La SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS de este Ministerio determinará los mecanismos pertinentes para la compensación de los descuentos a realizarse en las facturas de los proveedores de gas a los que se refieren los Artículos 3° y 4° de la presente medida, la que será solventada con recursos del Tesoro Nacional.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan J. Aranguren.

 

 

Registro de dominios de Internet – NIC

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET

Resolución 110/2016

Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina. Aprobación.

Bs. As., 19/07/2016

VISTO los Decretos Nros. 78 del 20 de enero de 2000 y sus modificatorios, 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y 189 del 13 de diciembre de 2011 y las Resoluciones de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nros. 20 del 27 de febrero de 2014 y 109 del 26 de noviembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 357/02 y sus modificatorios se aprobaron, entre otros, los objetivos de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, contemplándose competencias referidas a la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR).

Que a través del Decreto Nº 78/00 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, previéndose entre sus áreas dependientes a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET.

Que asimismo, el Decreto Nº 189/11 creó en el ámbito de la SUBSECRETARÍA TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET.

Que por la Resolución SLyT N° 20/14 y su modificatoria se aprobó el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA”, el “MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET” y el “GLOSARIO DE TERMINOS”.

Que los cambios evolutivos que se han producido en los sistemas de registro y administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) a cargo de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET hacen necesaria la actualización de la normativa vigente.

Que en consecuencia, corresponde aprobar el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA” y derogar la Resolución SLyT N° 20/14 y los artículos 2° y 3° de la Resolución SLyT N° 109/15.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 78/00 y sus modificatorios y el Numeral 14 del Apartado II del Anexo II del Decreto N° 357/02 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA” que como ANEXO I (IF-2016-00335549-APN-PTE) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — La DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN determinará de las zonas de registro de los dominios de internet, sus requisitos y los procedimientos pertinentes.

ARTÍCULO 3° — Derógase la Resolución SLyT N° 20 del 27 de febrero de 2014 y los artículos 2° y 3° de la Resolución SLyT N° 109 del 26 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO 4° — La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Pablo Clusellas.

ANEXO I
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 1°.- NIC Argentina es la denominación que identifica a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en su carácter de administrador del Dominio de Internet de Nivel Superior Argentina (.AR).
ARTICULO 2°.- NIC Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio de Internet, en adelante “nombres de dominio”, bajo las zonas que determine, con los requisitos y a través de los procedimientos que al efecto establezca, con excepción de la zona denominada “.EDU.AR”, la que será gestionada por la ASOCIACIÓN REDES DE INTERCONEXION UNIVERSITARIA – ARIU.
ARTICULO 3°.- El Usuario que registre un nombre de dominio revestirá la calidad de Titular del mismo, manifestando conocer y aceptar inexcusablemente las normas y procedimientos que rigen al respecto, asumiendo que el registro no se realiza de mala fe, con un propósito ilegal, ni afecta o perjudica a otros Usuarios y/o terceros.
ARTICULO 4°.- NIC Argentina podrá requerir la documentación complementaria que considere necesaria a los fines de la inscripción de un Usuario, el registro de un nombre de dominio y/o la resolución de una Disputa, debiendo la misma remitirse en el plazo que oportunamente se fije.
ARTICULO 5°.- La información suministrada a NIC Argentina tendrá carácter de Declaración Jurada. En caso de determinarse la falsedad de la misma, podrán aplicarse alguna/s de las sanciones previstas en el presente reglamento.
ARTICULO 6°.- NIC Argentina está facultado para percibir aranceles por todas las gestiones de registro de nombres de dominio, entendiendo como tales: Altas, Renovaciones, Transferencias y Disputas. La falta de pago del arancel pertinente, provocará indefectiblemente la cancelación de los trámites iniciados y, en el caso de las renovaciones, la revocación automática de los registros respectivos. En ningún caso el arancel abonado será reembolsado cuando el trámite de que se trate no prosiga por responsabilidad del Usuario.
ARTICULO 7°.- NIC Argentina, excepto a través del proceso de Disputas expresamente previsto en el presente Reglamento, no intervendrá en los conflictos que eventualmente se susciten entre Usuarios y/o terceros, relativos al registro o al uso de un nombre de dominio.
ARTICULO 8°- NIC Argentina podrá revocar el registro de un nombre de dominio por razones técnicas o de servicio, o en caso de verificarse el incumplimiento de lo establecido en la presente normativa.
ARTICULO 9°.- Los caracteres válidos para componer un nombre de dominio serán las letras de los alfabetos español y portugués (incluidas la “ñ” y la “ç” respectivamente), las vocales acentuadas y con diéresis, los números y el guión “-”. No podrán registrarse nombres de dominio que comiencen con los caracteres “xn--” (equis ene guión guión), o que comiencen o terminen con el carácter “-” (guión).
ARTICULO 10.- Las cantidades mínimas y máximas de caracteres que compongan el nombre de dominio a registrar deberán ser CUATRO (4) y CINCUENTA (50), respectivamente, no incluyendo aquellos correspondientes a la zona de que se trate. Sólo por excepción debidamente fundada, se permitirán cantidades menores o mayores a las referidas, quedando a criterio de NIC Argentina su otorgamiento o eventual renovación.
ARTICULO 11.- Todas las notificaciones efectuadas en la plataforma TAD —Trámite a Distancia— serán consideradas válidas a todos los efectos legales que pudieran derivarse.
ARTICULO 12.- Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549 y sus modificatorias) y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991.
CAPITULO I: DEL REGISTRO
ARTICULO 13.- El registro de un nombre de dominio se otorgará a la persona humana mayor de edad o jurídica que primero lo solicite, con las excepciones señaladas en la presente normativa, debiendo previamente inscribirse como Usuario en el sistema de NIC Argentina a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia— y aceptar sus términos y condiciones.
ARTÍCULO 14.- Todo Usuario podrá designar a otro Usuario como su “Representante”, a través del Administrador de Relaciones de Clave Fiscal de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), delegando en éste sus facultades y responsabilidades frente al sistema de NIC Argentina.
ARTÍCULO 15.- Los registros de altas y transferencias de nombres de dominio serán publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Cuarta Sección – “DOMINIOS DE INTERNET” – edición web, por el término de DOS (2) días. El costo de la referida publicación estará incluido en el arancel determinado para dichos trámites.
ARTICULO 16.- NIC Argentina podrá rechazar o revocar, sin necesidad de interpelación previa, respectivamente, solicitudes o registros de nombres de dominio que considere agraviantes, discriminatorios o contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o que puedan prestarse a confusión, engaño o suplantación de identidad.
ARTÍCULO 17.- El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de UN (1) año computado a partir de la fecha de Alta, pudiendo ser renovado en forma periódica. A partir de la fecha de vencimiento, se otorgará un período de gracia de TREINTA (30) días corridos con la delegación activa y QUINCE (15) días corridos más, durante los cuales no se encontrará disponible el servicio de delegación a servidores DNS, manteniéndose la titularidad del mismo.
ARTÍCULO 18.- El Titular de un nombre de dominio o su Representante, autorizado al efecto, podrán realizar el trámite de renovación dentro de los TREINTA (30) días corridos anteriores a su vencimiento y hasta el último día del período de gracia señalado en el artículo 17. La falta de renovación provocará la baja del registro de manera automática.
ARTÍCULO 19.- El registro de un nombre de dominio podrá ser dado de baja por voluntad del Titular o su Representante, autorizado al efecto, o por decisión judicial o de autoridad administrativa.
CAPITULO II: DE LAS TRANSFERENCIAS
ARTICULO 20.- Los registros de nombres de dominio podrán ser transferidos por su Titular y/o el Representante, autorizado al efecto —Solicitante— a otro Usuario —Destinatario— de NIC Argentina, a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia—.
ARTÍCULO 21.- No podrán realizarse transferencias durante el período de gracia para renovación, o durante el trámite de una disputa o cuando sobre el nombre de dominio recayera una manda judicial o administrativa o por aplicación de alguna de las sanciones previstas en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 22.- La transferencia tendrá efectos a partir de la aceptación de la solicitud por parte del “Destinatario” y una vez abonado el arancel correspondiente.
El registro por transferencia será considerado como “Alta” y tendrá el plazo de validez establecido en el artículo 17 del presente.
ARTICULO 23.- En caso de muerte del Titular de un nombre de dominio, NIC Argentina admitirá, por única vez, la renovación del registro a nombre del causante solicitada por un tercero que acredite vinculación con el titular fallecido. Asimismo, cualquier persona que acredite fehacientemente su condición de causahabiente podrá solicitar a NIC Argentina la transferencia a su nombre, asumiendo la exclusiva responsabilidad por los daños y perjuicios y/o afectación de cualquier derecho que la misma pudiera ocasionar.
CAPITULO III: DE LAS DISPUTAS
ARTÍCULO 24.- Todo Usuario que considere poseer un mejor derecho o interés legítimo respecto de la titularidad de un nombre de dominio, podrá disputar su registro a través del procedimiento previsto en el presente Capítulo.
ARTÍCULO 25.- Las disputas sobre la titularidad de un nombre de dominio podrán interponerse a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia— a partir del momento de su registración, no procediendo más de un trámite de manera simultánea sobre el mismo registro.
ARTICULO 26.- El trámite de disputa se considerará ingresado, y con las consecuencias que de ello se deriven, con el pago del arancel correspondiente. El presentante, dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles contadas a partir del pago del arancel, deberá acompañar a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia— la totalidad de la documentación de que intente valerse para acreditar su mejor derecho o interés legítimo en el registro del nombre de dominio disputado. Vencido dicho plazo sin haberse completado el trámite, NIC Argentina resolverá la desestimación de la solicitud de disputa.
ARTICULO 27.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, se notificará al Titular, y en su caso al Representante, del dominio en disputa, a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia—, la interposición de la misma junto con la documentación presentada, otorgándole un plazo de DIEZ (10) días hábiles para la presentación de su descargo. En caso de que el Usuario titular del dominio disputado no se encontrare registrado en la aludida plataforma, la notificación prevista precedentemente le será cursada, por única vez, a la dirección de correo electrónico asociado a su Usuario en NIC Argentina, intimándoselo a darse de alta en aquella. Dicho descargo deberá efectuarse a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia—, debiendo acompañarse la totalidad de la documentación con la que se pretendiera fundamentar el mejor derecho o interés legítimo.
ARTICULO 28.- El plazo señalado para la contestación de la disputa podrá ser ampliado una sola vez y por igual término, a petición de parte invocando razones suficientes. Sin perjuicio de ello, NIC Argentina podrá prorrogar dicho plazo de oficio cuando existan cuestiones que así lo justifiquen.
ARTÍCULO 29.- Una vez contestada la disputa, NIC Argentina resolverá, previa intervención de las áreas competentes.
ARTÍCULO 30.- En caso de que venciera el plazo sin que el itular, o el Representante, autorizado al efecto, hayan formulado el pertinente descargo, no obstante estar debidamente notificado, NIC Argentina resolverá de conformidad con las constancias obrantes en las actuaciones.
ARTÍCULO 31.- En los supuestos previstos en los artículos 29 y 30 lo resuelto le será notificado a las partes, quienes podrán recurrirlo de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991.
ARTÍCULO 32.- En todos los casos, las partes asumen la responsabilidad por la autenticidad de la documentación presentada.
CAPITULO IV: DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 33.- NIC Argentina estará exento de cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos que pudieran derivarse del uso o acceso a su sitio web, pudiendo modificarlo en cualquier momento sin previo aviso ni condición alguna.
ARTÍCULO 34.- La responsabilidad del Titular o del Representante es objetiva e independiente de la responsabilidad civil o penal que se origine por los hechos u omisiones que configuren la infracción o irregularidad.
ARTÍCULO 35.- El otorgamiento del registro de un nombre de dominio no implica que NIC Argentina asuma responsabilidad alguna respecto de su contenido ni del uso que se haga del mismo.
ARTÍCULO 36.- NIC Argentina no será responsable por la eventual interrupción de negocios, ni por los daños y perjuicios de cualquier índole que pudiera causar el rechazo de una solicitud, la revocación o pérdida del registro de un dominio o la caída del servicio de registración de nombres de dominio y/o del servicio de DNS.
ARTÍCULO 37.- NIC Argentina no resultará responsable por los conflictos que pudieran derivarse del registro de un nombre de dominio y que se relacionen con marcas registradas y/o derechos de la propiedad intelectual.
CAPITULO V: DE LAS SANCIONES
ARTICULO 38.- NIC Argentina podrá inhabilitar o dar de baja a los Usuarios y/o suspender la delegación activa y/o la administración del o de los dominios que tuvieran registrados, cuando ellos pudieran generar posibles acciones que perjudiquen a terceros, encontrándose facultado para radicar la correspondiente denuncia ante los organismos competentes.

 

 

Centros de adicciones

 

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1876 – E/2016
Ciudad de Buenos Aires, 21/10/2016
VISTO el expediente N° 1-2002-18350-16-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley N° 26.657, el Decreto N° 457 de fecha 5 de abril de 2010, el Decreto N° 603 de fecha 28 de mayo de 2013, las Resoluciones Ministeriales N° 2385 de fecha 11 de agosto de 1980, N° 1121 de fecha 12 de noviembre de 1986; N° 2177 de fecha 30 de diciembre de 2013, N° 1484 de fecha 10 de septiembre de 2015 y Nº 1003 de fecha 15 de julio de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que el MINISTERIO DE SALUD, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental.

Que esta Ley Nacional de Salud Mental en su Artículo 1° establece que su objeto es “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional”.

Que en su Artículo 6° se establece que “Los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley”.

Que en su Artículo 9° dispone que “El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.

Que el mismo plexo normativo establece en su Artículo 27° que “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátrico o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos”; siendo objeto de la manda legal la adecuación progresiva de los efectores de salud.

Que el Decreto N° 603 de fecha 28 de mayo de 2013, reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, dispone en su Artículo 27 que “La Autoridad de Aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020”.

Que la Resolución Ministerial N° 1484 de fecha 10 de septiembre de 2015, aprobó las normas mínimas para la habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su artículo 5° que: “Los establecimientos que a la fecha se encuentren habilitados, tendrán un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días para adecuar y ajustar su estructura y funcionamiento integral de conformidad a lo establecido en la presente”.

Que diversas presentaciones han impugnado la normativa precitada, manifestando que sus alcances contradicen con el Decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental, resultando una colisión entre una norma inferior con otra de jerarquía superior.

Que por Decisión Administrativa N° 498 de fecha 19 de mayo de 2016, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS aprobó la Estructura Organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD, encomendando a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, la Coordinación de las acciones tendientes a la unificación de criterios sobre las mejores formas de atención psiquiátrica y propiciar las transformaciones que fueran necesarias, así como la incorporación de los mismos en las instancias de formación y capacitación profesional.

Que mediante Resolución N° 1003 de fecha 15 de julio de 2016 se derogó la Resolución N° 1484 de fecha 10 de septiembre de 2015.

Que como resultado de dicha derogación surgieron divergencias en cuanto a la normativa aplicar para la habilitación y fiscalización de los Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones, en virtud de lo cual resulta necesario derogar la misma y establecer las normas de habilitación y fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y adicciones.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa conforme a las disposiciones de la “Ley de Ministerios – texto ordenado 1992”, modificada por Ley N° 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse las “Normas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones sin internación”, cuya competencia corresponde a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, conforme ANEXO I (IF-2016-02445366DNSMA#MS) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Apruébanse las “Normas para fiscalización de establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones” que se encuentren habilitados según Resolución Nº 1.121 de fecha 12 de noviembre de 1986, conforme ANEXO II (IF-2016-01404143-APN-DNSMA#MS) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3° — Apruébanse las “Normas para fiscalización de establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones” que se encuentren habilitados según Resolución Nº 1484 de fecha 10 de septiembre de 2015, conforme ANEXO III (IF-2016-01404183-APN-DNSMA#MS) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4° — Derógase la Resolución Ministerial N° 1003 de fecha 15 de julio de 2016.
ARTÍCULO 5° — La DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS podrá requerir a título de colaboración el asesoramiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES previamente a expedirse en cada caso.
ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — JORGE DANIEL LEMUS, Ministro, Ministerio de Salud.
ANEXO I
Normas para la habilitación y fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones:
Artículo 1º – Quedan establecidos los siguientes tipos de establecimientos y modalidades de funcionamiento, cuyas normas específicas se detallan en el Artículo 4º.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO/
1. Consultorio de Salud Mental Psiquiátrico
Psicólogo
2. Centro de Salud Mental 2.1. Atención Ambulatoria
2.2. Hospital de Día
2.3. Centro de Día
3. Residencia de Salud Mental 3.1. Residencia asistida de bajo nivel de apoyo
3.1. Residencia asistida de nivel medio de apoyo
3.2. Residencia asistida de alto nivel de apoyo
4. Emprendimiento Socioproductivo
5. Servicio de Salud Mental en el primer nivel de atención
6. Instituto
7. Servicio de psiquiatría y Salud Mental en Hospital General, Clínica o Sanatorio.
Artículo 2º – Los inspectores o funcionarios debidamente autorizados por la autoridad sanitaria, tendrán la facultad de ingresar a los establecimientos mencionados en la presente resolución, durante las horas destinadas a su ejercicio.
Artículo 3º – Quedan establecidas las siguientes características constructivas para todos los establecimientos de salud mental y adicciones.
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Medidas de Seguridad: a partir del primer piso, deberán contar con red de seguridad para personas o rejas en ventanas y balcones.
Artículo 4º – Quedan establecidas las siguientes normas específicas:
1 – Consultorio de Salud Mental
Servicio ambulatorio para la atención en Salud Mental y Adicciones que debe contar con un local a cargo de uno o más profesionales de Salud Mental.
a- Prestaciones:
Admisión
Orientación, consejería (individual y/o grupal)
Evaluación y/o Diagnóstico
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal)
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
b- Profesionales que pueden solicitar habilitación del mismo:
Médico psiquiatra
Psicólogo
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para médico psiquiatra, contará con balanza, estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada, debiendo encontrarse aislado sonora y visualmente.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2 y cumplirá las mismas características que el Consultorio de atención individual.
Ambos deben contar con:
Sala de espera: contará con una superficie mínima de 9 m2. Para atención de niños y niñas la sala de espera debe estar preparada con ambientación acorde.
Sanitario: deberá ser accesible desde la sala de espera.
2.1.- Centro de Salud Mental de Atención Ambulatoria
Establecimiento de múltiples servicios ambulatorios para la atención de la Salud Mental y Adicciones, considerándose “CENTRO” a partir de 4 consultorios.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Psiquiatría.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios.
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director: Médico Psiquiatra o Psicólogo, en caso de no haber prestación de psiquiatría.
Trabajador social
Terapista Ocupacional
En caso de contar con un programa de atención específico:
Drogadependencia: médico psiquiatra y/o profesionales que cuente con antecedentes documentados que acrediten capacitación y experiencia en el área de drogadicciones.
De atención Infantojuvenil: Médico psiquiatra y psicólogo infanto-juvenil. Psicopedagogo
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo y/o Terapista Ocupacional.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Sala de Espera: deberá contar con una superficie mínima de 12 m2. Contar con espacio para silla de ruedas. Para atención de niños y niñas es deseable que la Sala de Espera esté preparada con ambientación acorde.
Oficina de Coordinación/Dirección: contará con una superficie mínima de 7,5 m2. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención individual: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Consultorio de atención grupal: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Salón de usos múltiples: debe contar con no menos de 20 m2 para los primeros 12 pacientes, agregándose 0,8 m2 por paciente adicional. Deberá contar con mesa y sillas.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Depósitos de Residuos Comunes.
2.2 – Centro de Día
Establecimiento o servicio diurno y/o vespertino que funciona en el ámbito comunitario, brindando tratamiento en salud mental y adicciones, para la rehabilitación e inclusión social de las personas con padecimiento mental.
Puede estar integrado a un Centro de salud mental o funcionar como servicio independiente.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director: Médico psiquiatra – Psicólogo en caso de no haber prestación de psiquiatría.
Enfermero
Trabajador Social
Terapista ocupacional
En caso de contar con programa de atención específico:
De atención infantojuvenil: Psiquiatra y psicólogo infantojuvenil, Psicopedagogo y personal idóneo para el cuidado.
De atención de Adultos Mayores: médico geriatra o clínico con capacitación en gerontológica, Kinesiólogo y personal idóneo para el cuidado.
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo y/o Terapista Ocupacional
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Consultorio de atención grupal: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Salón de usos múltiples: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 2.1. del presente Anexo.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Sala de Espera: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 2.1. Del presente anexo
Oficina de Coordinación/Dirección: contará con una superficie mínima de 7,5 m2. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Cocina: instalación completa según funcionalidad del centro. Deberá contar con ventilación natural o mecánica, mesada y piletas, heladera con freezer y nutricionista a cargo.
Depósitos de Residuos Comunes.
2.3.- Hospital de día
Servicio para el tratamiento ambulatorio intensivo y rehabilitación psicosocial en Salud Mental y Adicciones, con dependencia del servicio de salud mental e integrada a un establecimiento de Salud/Salud Mental.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios.
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director: Médico psiquiatra – Psicólogo en caso de no haber prestación de psiquiatría.
Enfermero
Trabajador Social
Terapista ocupacional
Nutricionista preferentemente, no obligatorio
En caso de contar con programa de atención específico:
De atención Infantojuvenil: Psiquiatra y piscólogo infantojuvenil, Psicopedagogo y personal idóneo para el cuidado.
De atención de Adultos Mayores: médico geriatra o clínico con capacitación en gerontológica, Kinesiólogo y personal Idóneo para el cuidado.
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo/a y/o terapista Ocupacional
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento
Consultorio de atención individual: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Consultorio de atención grupal: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Salón de usos múltiples: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 2.1. del presente Anexo.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Sala de Espera: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 2.1. del presente Anexo.
Oficina de Coordinación/Dirección: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 2.2. del presente Anexo.
Cocina: instalación completa según funcionalidad del centro. Con ventilación natural o mecánica. Con mesada y piletas.
Heladera con freezer.
Comedor: debe ajustarse a los requisitos generales de punto 2.4. del presente Anexo.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un sólo local. Se dimensionará en función del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósitos de Residuos Comunes y/o Biopatogénicos: de acuerdo a la normativa vigente según la Resolución Nº 349/94 y modificatorias del Ministerio de Salud. Deberá contar con sector para estantes/sector para armarios/mesadas con pileta profunda de acero inoxidable.
Acreditar cronograma de actividades o talleres por día y horario y su responsable a cargo.
3.1.- Residencia asistida con nivel de apoyo bajo
Residencia para usuarios de Salud Mental o Adicciones como alojamiento transitorio para soporte psicosocial, en el marco del proceso de inclusión social. Se organizarán de acuerdo al programa de intervención teniendo en cuenta el perfil poblacional y los grados de apoyo requeridos. El tratamiento se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia. Además:
El establecimiento deberá estar integrado a la red de servicios de salud/salud mental. Es condición de funcionamiento la acreditación de la referencia a un hospital general (clínica/sanatorio) o dentro de salud mental.
Debe estar en articulación con efector de la red accesible y disponible para situaciones de crisis/emergencia.
Capacidad máxima: 20 personas.
a- Prestaciones:
Provisión de alojamiento temporario.
Supervisión de alimentación.
Supervisión de medicamentos.
Orientación/Consejería (presencial/a distancia, Individual/grupal).
Acciones de Apoyo/integración psico-social y convivencia en la red socio-sanitaria.
Acompañamiento terapéutico
b- Nómina mínima de profesionales:
Coordinador/Director: trabajador social o un terapista ocupacional
Trabajador Social.
Terapista ocupacional
Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación en Salud Mental.
Personal de apoyo:
Personal de mantenimiento y servicios.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 4 camas (no podrá haber camas superpuestas). Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sabanas, frazadas, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura.
Sanitario: contará con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitados.
Comedor/Estar: contará con una superficie por usuario de 1,80 m2, contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Gabinete/SUM: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 9m2, contará con heladera, cocina, microondas, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, despensa, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Depósito de alimentos: contará con un sector con estantes para el guardado de alimentos.
Lavadero y/o servicio de lavandería.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un solo local. Se dimensionare en funden del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.)
3.2.- Residencia Asistida con nivel medio de apoyo y cuidados básicos de salud
Establecimiento de Salud/Salud Mental, destinado a población con padecimiento mental que por su autonomía limitada y/o su condición de vulnerabilidad psico-social requiere Ia provisión de cuidados básicos y esenciales y diversos niveles de apoyo, en el marco de un programa de rehabilitación. El perfil poblacional no estará centrado exclusivamente en el tratamiento de consumo problemático. El tratamiento se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia (excepto cuando la persona no pueda movilizarse, en tales casos se implementará dispositivo de atención domiciliaria).
El establecimiento deberá estar integrado a la red de servicios de salud/salud mental y contar con clara referencia a un hospital general (clínica/sanatorio).
Capacidad máxima: 15 personas
a- Prestaciones:
Provisión de alojamiento.
Supervisión de alimentos.
Supervisión de medicación.
Apoyos/cuidados básicos y esenciales para las actividades de la vida diaria.
Acciones de socialización.
Orientación/Consejería.
Acciones de Apoyo/integración psico-social.
Acompañamiento terapéutico.
b- Nómina de profesionales:
Coordinador/Director: Trabajador social o un terapista ocupacional
Psicólogo o Trabajador social, o psicólogo social
Terapista ocupacional
Personal idóneo para el acompañamiento
Personal de apoyo con tareas de mantenimiento y servicios.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 4 camas (no podrá haber camas superpuestas). Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sabanas, frazadas, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura.
Sanitario: contará con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitados.
Comedor/Estar: contará con una superficie por usuario de 1,80 m2, contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Gabinete/SUM: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 9m2, contará con heladera, cocina, microondas, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, despensa, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Depósito de alimentos: contará con un sector con estantes para el guardado de alimentos.
Lavadero y/o servicio de lavandería.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un solo local. Se dimensionare en funden del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.)
3.2.- Residencia Asistida con alto nivel de apoyo y cuidados básicos de salud
Establecimiento de Salud/Salud Mental, destinado a población con padecimiento mental que requiere mayor cuidado y que por su autonomía limitada y/o su condición de vulnerabilidad psico-social requiere la provisión de cuidados básicos y esenciales y diversos niveles de apoyo, en el marco de un programa de rehabilitación. El perfil poblacional no estará centrado exclusivamente en el tratamiento de consumo problemático. El tratamiento se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia (excepto cuando la persona no pueda movilizarse, en tales casos se implementará dispositivo de atención domiciliaria).
El establecimiento deberá estar integrado a la red de servicios de salud/salud mental y contar con clara referencia a un hospital general (clínica/sanatorio).
Capacidad máxima: 15 personas
a- Prestaciones:
Provisión de alojamiento.
Supervisión de alimentos.
Supervisión de medicación.
Apoyos/cuidados básicos y esenciales para las actividades de la vida diaria.
Acciones de socialización.
Orientación/Consejería.
Acciones de Apoyo/integración psico-social.
Acompañamiento terapéutico.
b- Nómina de profesionales:
Coordinador/Director: Médico psiquiatra – Psicólogo en caso de no haber prestación de psiquiatría
Médico
Enfermero (1 cada 10 personas por turno)
Psicólogo
Trabajador social, o psicólogo social
Terapista ocupacional
Psiquiatra
Nutricionista Personal idóneo para el acompañamiento
Personal de apoyo con tareas de mantenimiento y servicios.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 4 camas (no podrá haber camas superpuestas). Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sabanas, frazadas, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura.
Sanitario: contará con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitados.
Comedor/Estar: contará con una superficie por usuario de 1,80 m2, contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Gabinete/SUM: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 9m2, contará con heladera, cocina, microondas, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, despensa, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Depósito de alimentos: contará con un sector con estantes para el guardado de alimentos.
Lavadero y/o servicio de lavandería.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un solo local. Se dimensionare en funden del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.)
4- Emprendimiento Socio-productivo
Servicio ambulatorio diurno y/o vespertino destinado a personas con padecimiento mental y a la comunidad en general, para el desarrollo de emprendimientos laborales que Incluyan la producción y comercialización de los productos y/o servicios en el marco de la economía social y con criterios de intersectorialidad.
a- Prestaciones:
Capacitación en oficios
Entrenamiento en habilidades socio-productivas
Acompañamiento en la gestión, producción y comercialización de servicios y productos (entrevista, taller, asamblea, planificación participativa, relevamiento, actividad de apoyo/integración en la comunidad, campaña, difusión, espacio comercial de exposición y venta, entre otras)
b- Nómina de profesionales:
Coordinador. Terapista Ocupacional o Trabajador Social que acredite formación en economía social.
Capacitadores y/o talleristas
Al menos dos profesionales del equipo interdisciplinario de Salud Mental.
Administrativo
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Sala de usos múltiples/taller/aula: Superficie mínima de 20 m2. Contará con mesas, sillas, armarios, cestos, maquinarias y herramientas para entrenamiento en oficio y producción, elementos e instrumentos para espacios/talleres grupales.
Sanitario: deberá contar con sanitario para discapacitados.
5- Servicio de psicopatología y Salud Mental en el primer nivel de atención.
Servicio ambulatorio para la atención en Salud Mental y Adicciones, compuesto por un equipo interdisciplinario de Salud Mental que se encuentre integrado en el Centro de Primer Nivel de Atención. El equipo de salud mental estará disponible para abordaje en territorio del área de referencia.
Se comprende por Centros de Primer Nivel de Atención: Centros de salud, Centro de Atención Primaria de la Salud, Centros de Salud y Acción Comunitaria, Unidad Primaria de Atención, Centros de Integración Comunitaria, Postas Sanitarias y aquellas que por sus características esenciales resulten análogas para las autoridades jurisdiccionales en materia sanitaria.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios
Supervisión.
b- Nómina de profesionales:
Psicólogo
Médico Psiquiatra.
Disponible en el Centro de Salud:
Trabajador Social.
Enfermero
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Consultorio de atención grupal: debe ajustarse a los requisitos generales del punto 1 del presente Anexo.
Sala de Espera: con una superficie mínima de 9 m2 cuando el establecimiento cuenta con hasta 3 consultorios, de ser mayor la cantidad, la sala deberá tener no menos de 12mts2. Contará con espacio para silla de ruedas. Para atención de niños y niñas es deseable que la Sala de Espera esté preparada con ambientación acorde.
Área de juegos para niños.
Sala de reuniones de profesionales: contará con una superficie mínima de 12 m2.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para personal.
6 – Instituto
Es una entidad que cultiva una especialidad cumpliendo fundamentalmente tareas de investigación, docencia y divulgación.
Deberá reunir como mínimo las condiciones exigidas para Centro de salud mental y psicopatología
Director profesional responsable: médico psiquiatra o profesional que acredite formación en investigación en Salud mental.
Debe contar con los elementos, instalaciones, instrumental, equipos, etc., adecuados para su eficaz desempeño y acordes con la orientación de la entidad.
Contará con Laboratorios de Investigación.
Contará con servicio auxiliar completo.
Contará con salas de conferencias o de divulgación.
Deberá realizar publicaciones o divulgación.
Contará con archivos de historias clínicas de los asistidos.
Contará con archivos de las investigaciones realizadas.
Contará con registro estadístico, debiendo presentar anualmente, ante la autoridad sanitaria competente, una reseña de las actividades cumplidas.
7- Servicio de psiquiatría y salud mental en Hospital General, Clínica o Sanatorio
Servicio prestador múltiple que incluye modalidad ambulatoria y de internación, atiende la demanda interna y externa en Salud Mental y Adicciones y se encuentra integrado al Establecimiento de Salud.
De ningún modo podrá habilitarse institución monovalente de Salud Mental con internación.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación/Consejería.
Evaluación y/o Diagnóstico en Salud Mental.
Desintoxicación.
Asistencia/Tratamiento ambulatorio. Psicoterapéutico y psicofarmacológico.
Incluye demanda espontánea y programada, externa e interna.
Intervención en crisis.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (Incluye Acompañamiento terapéutico).
Atención de urgencias de salud mental.
Internación.
Acciones de educación para la Salud Mental.
Acciones de Promoción y Prevención.
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitario.
Interconsulta.
Supervisión.
Criterios de funcionamiento:
Se debe admitir a toda persona con padecimiento mental y/o adicciones.
En el caso de los Hospital Generales Pediátricos su cobertura será divididos en infantes y adolescentes.
El componente de salud mental estará integrado a la guardia del hospital general.
En caso de existir criterio clínico, se debe internar en cama propia del servicio o disponible en el hospital.
Las camas o salas destinadas a la internación de Salud Mental deberán estar integradas a la estructura edilicia del establecimiento, al igual que las otras especialidades. Contará con un porcentaje de camas disponibles para internación por salud mental y deberá estar en consonancia con la situación epidemiológica del área de influencia a fin de dar cobertura a la totalidad de los requerimientos, privilegiando la internación de las personas en la propia comunidad.
b- Nómina de profesionales:
Jefe de Servicio de Salud Mental: Médico Psiquiatra
Médico Psiquiatra
Psicólogo
Enfermero
Musicoterapeuta (recomendable pero no obligatorio)
Psicopedagogo (recomendable pero no obligatorio)
Terapista ocupacional
Disponible en el hospital:
Equipo de Guardia: que cuente con Médico psiquiatra, Psicólogo, Enfermeros, Trabajador social, Toxicólogo.
(recomendable pero no oligatorio, pero debería contar con consultoría externa)
Médico clínico o generalista o sin orientación
Trabajador social
Kinesiólogo
Nutricionista
Abogado (recomendable pero no obligatorio)
c- Locales/áreas mínimas y equipamiento:
Para atención Ambulatoria:
Consultorios
Salón de usos múltiples: contará con una superficie de 1,80 m2 por concurrente (superficie mínima de 12 m2). Deberá contar con mesa y sillas.
Sala de espera
Para el área de internación:
Área de cuidados de seguridad (sector específico de la sala de internación que garantice mayores cuidados de seguridad y monitoreo clínico próximo al sector de enfermería, con elementos ídem a la habitación común); deberá contar como mínimo con tensiómetro, termómetro, elementos para contención física (acorde a la normativa vigente), medicación específica y de urgencia, material descartable (guantes, gasas, jeringas, agujas, suero, entre otros), soporte para suero.
Habitaciones tendrán hasta 4 camas, con sanitario adaptado. Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sábanas, frazadas, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura. Las puertas de las habitaciones deben tener un paso libre de 120 cm al menos. Medidas de bioseguridad según normativa vigente. Las habitaciones deben tener iluminación natural, ventilación natural y/o artificial que garantice una adecuada circulación de aire.
Sanitarios: se dispone al menos de 1 sanitario por habitación. Por sanitario mínimo se entiende ducha con piso antideslizante, lavabo e inodoro, portarrollos, toallero, espejo irrompible, recipiente de residuos de plástico. Cerramiento para ducha. Los sanitarios deben disponer de agua fría y caliente. El sistema de calentamiento del agua estará fuera de la habitación. Contarán con puertas corredizas o de apertura hacia fuera. Por lo menos uno de los sanitarios está adaptado para discapacitados.
Sanitario para personal.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del primer piso en caso de ser necesario.
Estructura Disponible en el Hospital:
Depósitos.
Sala Administrativa.
Sala de Personal/sala de recreación.
Farmacia.
Laboratorio.
Morgue.
Móvil/Traslado.
IF-2016-02445366-APN-DNSMA#MS
ANEXO II
Normas para fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones
Cláusula transitoria: Se establece el plazo de 360 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, prorrogable por idéntico plazo, para la adecuación de la infraestructura de aquellos establecimientos habilitados y que no den cumplimiento al Artículo 1º de la presente Resolución
Artículo 1º – Los Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones con internación habilitados durante la vigencia de la Resolución Ministerial N° 1121/86, serán fiscalizados de acuerdo a las siguientes normas.
Artículo 2º – Quedan establecidos los siguientes tipos de establecimientos y modalidades de funcionamiento, cuyas normas específicas se detallan en el Artículo 3º.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
1. Establecimientos para internación psiquiátrica
A- Clínica 1.1. Corto plazo
1.2. Medio y/o largo plazo
B- Sanatorio
2. Establecimientos para pacientes con cuadros psiquiátricos residuales Colonia Psiquiátrica
Artículo 3º – Quedan establecidas las siguientes normas específicas:
1. Establecimientos para internación psiquiátrica
Se distinguen dos tipos de establecimientos según modalidad de atención:
– Para tratamiento de corto plazo (Ver 1.1.).
– Para tratamiento de largo y mediano plazo (Ver 1.2.).
– En todos los casos debe contar con un cronograma detallado de las actividades, semanal y diario, cubriendo las 24 hs. y especificando cuáles son los profesionales y colaboradores responsables de las mismas.
Dicho cronograma debe exhibirse en diversos lugares del establecimiento accesibles a profesionales, familiares y pacientes, admitiéndose sólo modificaciones formales y circunstanciales en su aplicación.
– Según su tamaño y complejidad se habilitarán y funcionarán como clínicas o sanatorios.
– Los establecimientos con internación deben ajustarse a las normas mínimas físico -funcionales establecidas para Área Quirúrgica, Vestuarios, Área de Lavabos, Sala de Operaciones, Locales de Enfermería y Área de Esterilización que establece el Cap. III de la R. M. Nº 2.385/80.
En cuanto a los dormitorios, deben contar con mesa de luz, mesa para comer en la cama, armario de dimensión mínima 1,20 x 0,60 x 0,40 y una silla por cama. El 20 % de las camas deben ser articuladas.
A. Las Clínicas Psiquiátricas, a los efectos de su funcionamiento deben contar con:
a) Un máximo de 90 camas y un mínimo de doce (12) camas distribuidas en ambiente de seis (6) camas como máximo por habitación y de una superficie de cinco (5) m2 con un cubaje de quince (15) m2 por cama excluyendo sanitarios y espacios comunes. Debe existir un servicio sanitario cada seis (6) camas.
b) Actividad en equipo o conjunto de los profesionales.
c) Dirección Médica responsable.
d) El Director y como mínimo el 50 % del tiempo neto de los médicos que integran el equipo deben estar a cargo de especialistas en psiquiatría.
e) Guardia Médica permanente cubriendo las 24 hs. del día, constituida por un médico como mínimo, para la atención exclusiva de los pacientes internados y la admisión y egreso de los mismos. El Médico de Guardia no puede ausentarse de la unidad de internación bajo ningún concepto.
El Jefe de Servicio de Guardia debe ser un médico psiquiatra o especialista en psiquiatría —distinto del Director médico del establecimiento—, quien es el responsable del Servicio de Guardia durante todos los días del año.
Dos (2) consultorios como mínimo, sala de espera y sanitarios para uso exclusivo.
f) Personal de enfermería: No menos de un enfermero por turno por cada 12 camas, con un supervisor profesional por día cada 24 camas.
g) Servicios propios de Hemoterapia, Radiología y Laboratorio de Análisis Clínicos o en su defecto demostrar, mediante contrato fehaciente y en cada momento de operación, que pueden obtener estos servicios de apoyo todos los días del año durante las 24 hs. del día en el mismo establecimiento o en otra institución autorizada de rápido acceso.
h) Servicios propios de Hemoterapia, Radiología y Laboratorio de Análisis Clínicos o en su defecto demostrar, mediante contrato fehaciente y en cada momento de operación, que pueden obtener estos servicios de apoyo todos los días del año durante las 24 hs. del día en el mismo establecimiento o en otra institución autorizada de rápido acceso, en relación con atención especializada de internistas, cardiología, neurología y cirugía.
i) Depósito de cadáveres.
B. Los sanatorios psiquiátricos a efectos de su funcionamiento deben contar con:
a) Un número de camas ajustado a las que corresponden a sanatorios u hospitales según R. M. Nº 2.385/80.
b) Actividad en equipo o conjunto de profesionales.
c) Dirección Médica responsable.
d) El Director y como mínimo el 50 % del tiempo neto de los médicos que integran el equipo deberán estar a cargo de especialistas en psiquiatría.
e) Médicos especialistas que cubran las especialidades básicas, para la asistencia integral de los pacientes internados (Clínica Médica, con un mínimo de ciento veinte (120) horas semanales de servicio, Cardiología, Neurología, Cirugía, etc.).
f) Personal de enfermería dentro de las condiciones fijadas para las Clínicas en el punto A. f.
g) Servicio de Guardia permanente, y que cubra las 24 hs. del día, con un mínimo de dos (2) médicos de guardia, con dedicación exclusiva para los internados.
Pasando las 200 camas, un médico por cada cien (100) camas adicionales o fracción. Servicio de Guardia pasiva de las especialidades que se practiquen.
h) Cuatro (4) consultorios externos como mínimo, dentro de las condiciones fijadas para centro y para el funcionamiento de la Guardia.
i) Quirófano con instrumental y equipamiento adecuados para la atención de emergencias e intercurrencias de mayor frecuencia.
j) Servicio de Radiología, ajustado a las disposiciones de la Ley 17.557 y/o Decreto 842/58, según corresponda, contando como mínimo con un aparato fijo.
k) Laboratorio de Análisis Clínicos propio o externo, que pueda realizar los exámenes de rutina y de urgencia, de acuerdo a la Ley 17.136 y Decreto 6.216/67.
l) Servicio propio de Hemoterapia.
ll) Servicio de Alimentación con Dietista-Nutricionista.
m) Local para depósito de cadáveres y Sala de Necropsias.
1.1. Establecimientos para internación psiquiátrica para tratamientos de corto plazo.
Destinado a pacientes que por su patología aguda no puedan ser asistidos ambulatoriamente o en su domicilio en razón de que exista riesgo de vida o peligro para sí o para terceros o por no estimarse factible el desarrollo del proceso de tratamiento recuperatorio.
El equipo profesional debe estar integrado, como mínimo, cada 12 camas o fracción e independientemente del personal de Guardia y Enfermería, por:
– Médico Psiquiatra
– Psicólogo
– Terapista Ocupacional y Musicoterapeuta.
Cada uno de los profesionales citados debe aportar al menos 12 horas semanales a desarrollar en no menos de tres jornadas, con no menos de 2 horas en cada una.
Además de los espacios requeridos para dormitorios de los pacientes, del personal de Guardia y otros espacios comunes a todo tipo de establecimiento para internación, debe contar con:
– Sala cubierta para comedor y/o sala de recreación. Superficie no menor a 20 m2, para las primeras 24 camas, debiéndose agregar 1,2 m2 por cama adicional.
– Área para tratamientos biológicos: Las áreas de tratamiento con insulina y/o electroshock, deben contar con provisión de oxígeno, máscaras y bolsas para su aplicación, sistema de aspiración, elementos para intubación respiratoria, nasogástrica y vesical, caja para paro cardíaco, traqueotomía y materiales y botiquín adecuado al uso: Todo ello en ambiente de intimidad y aislamiento.
– Sala de Terapia Ocupacional y/o gimnasio y/o sala de recreación: Superficie no menor a 20 m2 para las primeras 24 camas con armarios, mesas y equipo y materiales “Ad-hoc”, debiéndose agregar 1,2 m2 por cama adicional. La ampliación según número de camas se puede cumplimentar por agrandamiento de una habitación única o por salas adicionales de no menos de 16 m2 cada una.
1.2. Establecimientos para internación psiquiátrica para tratamiento de medio y largo plazo
Es el destinado a la recuperación de pacientes socialmente deteriorados a consecuencia de procesos de larga evolución.
El equipo profesional debe estar integrado, como mínimo, por cada 24 camas o fracción e independientemente del personal de Guardia y Enfermería, por:
– Médico Psiquiatra 2 hs./semanales
– Psicólogo Clínico 2 hs./semanales
– Terapista Ocupacional o Musicoterapeuta 12 hs./semanales
– Asistente Social 12 hs./semanales
La actividad de estas dos últimas categorías de personal debe cumplirse en no menos de tres (3) jornadas, de no menos de 2 horas cada una.
Además de los espacios requeridos para establecimientos asistenciales en general debe contar con:
– Sala de Terapia Ocupacional y/o gimnasio y/o sala de recreación. Superficie no menor de 20 m2 —con armarios, mesas, equipo y materiales “ad-hoc”—, para las primeras 24 camas, debiéndose agregar 0,8 m2 por cama adicional (en un solo ambiente o en ambientes adicionales de no menos de 16 m2 cada uno).
– Áreas para tratamientos biológicos.
Iguales especificaciones que para establecimientos para internación psiquiátrica para tratamiento de corto plazo.
– Jardín o espacio al aire libre.
Superficie no menor de 100 m2 para las primeras 24 camas, debiéndose agregar 5 m2 por cada cama adicional.
2. Establecimientos para pacientes con cuadros psiquiátricos residuales
Colonia Psiquiátrica
Es un establecimiento para discapacitados por causas neuropsiquiátricas en el que se desarrollan actividades compartidas en un ambiente social protegido.
Debe contar con un programa fundamentado de actividades, que cubra las 24 horas del día, para cada semana. Dicho programa-cronograma será actualizado al menos una vez al año ante la autoridad responsable de la fiscalización y deberán exhibirse copias del mismo en los dormitorios y espacios comunes de trabajo, recreación y/o comedor.
El Equipo Profesional debe incluir: Asistente Social, Terapista Ocupacional, Médico Psiquiatra y Psicólogo.
En caso de organizarse como “Cooperativa de Producción” u otro sistema por el cual el establecimiento pueda vender bienes o servicios producidos con intervención de los internados, debe contar con autorización fehaciente de autoridad judicial y/o administrativa competente, pudiéndose destinar los ingresos así obtenidos exclusivamente para compensar gastos derivados del funcionamiento de la Colonia.
La Colonia psiquiátrica debe contar con dormitorios discriminados para menores de 12 años, púberes y adolescentes de 12 a 18 años, adultos y gerontes (los límites de edad de individuos especificados podrán ser ajustados en función de características psicofísicas personales). Se asegurará, para mayores de 12 años, la discriminación del sexo, exceptuándose de ello, si hubiera existencia de programas de trabajo expresamente autorizados por autoridad competente. La colonia puede quedar limitada a la atención de un/os grupos de edad/es y sexo especificado/s.
La Colonia debe incluir las siguientes áreas:
– Dormitorios hasta 12 camas con 5 m2 de superficie, 15 m3 por cama, en la habitación.
– Sanitarios (inodoro – lavabo – ducha fría y caliente): cada 12 camas como mínimo y bañera cada 24 camas.
– Comedor y/o Sala de Recreación y/o Terapia Ocupacional:
Igual especificación que para establecimiento de internación para tratamiento de medio y largo plazo.
– Talleres: Ajustados a normas de seguridad industrial.
– Jardín y/o Parque y/o Huerta y/o Chacra.
Para 10 discapacitados: no menos de 100 m2.
Para 20 personas con discapacidad: no menos de 250 m2.
Para 40 personas con discapacidad: no menos de 1000 m2.
Para 80 personas con discapacidad: no menos de 3000 m2.
Para 150 personas con discapacidad: no menos de 10.000 m2.
Para 300 personas con discapacidad: no menos de 5 has.
La internación en estos establecimientos, sin excepción, debe haber sido ordenada por juez competente.
La atención de toda intercurrencia clínico-quirúrgica debe estar a cargo del equipo profesional propio y/o contratado, asegurándose, en todo momento, que la demora no sea mayor de 2 horas para la atención en el establecimiento o para traslado del paciente.
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ANEXO III
Normas para fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones:
Artículo 1º – Los Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones habilitados durante la vigencia de la Resolución Ministerial N° 1484/15, serán fiscalizados de acuerdo a las siguientes normas.
Artículo 2º – Quedan establecidas las siguientes normas específicas:
1- Consultorio de Salud Mental
Servicio ambulatorio para la atención en Salud Mental y Adicciones que debe contar con un local a cargo de uno o más profesionales de Salud Mental.
a- Prestaciones:
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
b- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa, sillas y cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas para niñas y niños, material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada, debiendo encontrarse aislado sonora y visualmente.
Ambos deben contar con:
Sala de espera: contará con una superficie mínima de 9 m2. Para atención de niños y niñas la sala de espera debe estar preparada con ambientación acorde.
Sanitario: deberá ser accesible desde la sala de espera. Contará con lavabo, inodoro y accesorios.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m2, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y deberá encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionados, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Carpinterías: deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad, para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario).
2- Servicio de Atención Domiciliaria.
Servicio ambulatorio para la atención en el domicilio o lugar de residencia del usuario de Salud Mental y Adicciones a cargo de un equipo interdisciplinario de salud mental.
Puede depender de un establecimiento de salud/salud mental o funcionar como servicio Independiente.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
b- Nómina de profesionales:
Médico Psiquiatra
Psicólogo
Trabajador social
Enfermero
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Oficina: superficie mínima de 10 m2 con lado mínimo de 3 m2. Contará con mesa, sillas, pizarra, cesto, mueble de guardado con cerradura, medicamentos y otros Insumos necesarios para la atención y heladera (en el caso de que sea necesario guardar medicación).
Teléfono-Internet.
Móvil para visitas domiciliarias.
3- Servicio de Salud Mental en el primer nivel de atención.
Servicio ambulatorio para la atención en Salud Mental y Adicciones, compuesto por un equipo interdisciplinario de Salud Mental que se encuentre integrado en el Centro de Primer Nivel de Atención. El equipo de salud mental estará disponible para abordaje en territorio del área de referencia.
Se comprende por Centros de Primer Nivel de Atención: Centros de salud, Centro de Atención Primaria de la Salud, Centros de Salud y Acción Comunitaria, Unidad Primaria de Atención, Centros de Integración Comunitaria, Postas Sanitarias y aquellas que por sus características esenciales resulten análogas para las autoridades jurisdiccionales en materia sanitaria.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Desintoxicación.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios
Supervisión.
b- Nómina de profesionales:
Psicólogo
Médico Psiquiatra.
Disponible en el Centro de Salud:
Enfermero.
Trabajador Social.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para médico psiquiatra, contará con balanza, estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa, sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa, sillas y cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas para niñas y niños, material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Disponible en el Centro de Salud:
Recepción y Sala de Espera: el espacio debe ser adecuado al número de consultorios que asiste. Contar con una superficie mínima de 9 m2. Contar con espacio para silla de ruedas. Deberá contar con sillas, mesa mostrador o equivalente, cesto, armario, mueble/archivo para historias clínicas, computadora, teléfono, internet. Para atención de niños y niñas es deseable que la Sala de Espera esté preparada con ambientación acorde.
Área de Juegos para niños.
Sala de reuniones de profesionales: contará con una superficie mínima de 12 m2.
Farmacia: para abastecimiento y guardado de la medicación.
Office de Alimentación: para el uso del personal del Centro de Salud. Contará con mesada con pileta (agua caliente y fría) y anafe.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para personal.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionados, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Carpinterías: deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
4- Centro de Salud Mental
Establecimiento de múltiples servicios ambulatorios para la atención de la Salud Mental y Adicciones, considerándose “CENTRO” a partir de 4 consultorios.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psiquiátrico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios.
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director, coordinador o jefe: profesional del campo de la salud mental con experiencia en servicios de salud mental y preferentemente con formación y/o experiencia en gestión sanitaria, en caso de haber prestación psiquiátrica o neurológica deberá ser médico con especialidad.
Médico Psiquiatra
Psicólogo
Trabajador social
Enfermero
Terapista Ocupacional
En caso de contar con un programa de atención específico:
De atención Infantojuvenil: Psiquiatra infanto-juvenil y Psicopedagogo
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo
Personal de apoyo:
Administrativo.
Limpieza y mantenimiento.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Recepción y Sala de Espera: el espacio debe ser adecuado al número de consultorios que asiste. Contar con una superficie mínima de 9 m2. Contar con espacio para silla de ruedas. Deberá contar con sillas, mesa mostrador o equivalente, cesto, armario, mueble/archivo para historias clínicas, computadora, teléfono, Internet. Para atención de niños y niñas es deseable que la Sala de Espera esté preparada con ambientación acorde.
Oficina de Coordinación/Dirección: contará con una superficie mínima de 7,5 m2. Deberá contar con escritorio, sillas, teléfono, computadora, Internet. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para médico psiquiatra, contará con balanza, estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa, sillas y cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas para niñas y niños, material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Salón de usos múltiples: contará con una superficie de 1,80 m2 por concurrente (superficie mínima de 12 m2). Deberá contar con mesa y sillas.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo con 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Sala de cuidados: deberá estar contigua a la estación de enfermería y contar con sanitario anexo para paciente. Tendrá hasta 4 camillas, considerando 6 m2 por cada una.
Depósito de Medicamentos: área destinada a la guarda transitoria o definitiva de medicamentos. Se dimensionará en función del volumen de medicamentos que deberán guardarse.
Depósito de Limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios y mesada con pileta de acero inoxidable.
Depósitos de Residuos Comunes y/o Biopatogénicos: de acuerdo a la normativa vigente según la Resolución N° 349/94 y modificatorias del Ministerio de Salud. Deberá contar con sector para estantes/sector para armarios/mesadas con pileta profunda de acero inoxidable.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y localizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Carpinterías: deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
5- Centro de Día
Establecimiento o servicio diurno y/o vespertino que funciona en el ámbito comunitario, brindando tratamiento en salud mental y adicciones, para la rehabilitación e inclusión social de las personas con padecimiento mental.
Puede estar integrado a un Centro de salud mental o funcionar como servicio independiente.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psicofarmacológico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Promoción y Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director, coordinador o jefe: profesional del campo de la salud mental con experiencia en atención en servicios de salud mental y preferentemente formación y/o experiencia en gestión sanitaria. En caso de haber prestación psiquiátrica o neurológica deberá ser médico con especialidad.
Psicólogo
Médico psiquiatra
Enfermero Trabajador Social
Terapista ocupacional
Nutricionista
Personal de apoyo:
Administrativo
Limpieza y mantenimiento
En caso de contar con programa de atención específico:
De atención infantojuvenil: Psiquiatra infantojuvenil, Psicopedagogo y personal idóneo para el cuidado.
De atención de Adultos Mayores: médico geriatra o clínico con capacitación en gerontológica, Kinesiólogo y personal idóneo para el cuidado.
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para médico psiquiatra, contará con balanza, estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa, sillas y cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas para niñas y niños y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Salón de usos múltiples: contará con una superficie de 1,80 m2 por concurrente (superficie mínima de 12 m2). Deberá contar con mesa y sillas.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Recepción y Sala de Espera: el espacio debe ser adecuado al número de consultorios que asiste. Contar con una superficie mínima de 9 m2. Contar con espacio para silla de ruedas. Deberá contar con sillas, mesa mostrador o equivalente, papelero, armario, mueble/archivo para historias clínicas, computadora, teléfono, Internet.
Oficina de Coordinación/Dirección: contará con una superficie mínima de 7,5 m2. Deberá contar con escritorio, sillas, teléfono, computadora, Internet. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Cocina: instalación completa según funcionalidad del centro. Deberá contar con ventilación natural o mecánica, mesada y piletas, heladera con freezer.
Comedor: tendrá una superficie no menor a 1,80 m2 por persona. Contará con mesa, sillas y elementos de vajilla.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un sólo local. Se dimensionará en función del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de Limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/mesadas con pileta de acero inoxidable.
Depósitos de Residuos Comunes y/o Biopatogénicos: de acuerdo a la normativa vigente según la Resolución N° 349/94 y modificatorias del Ministerio de Salud. Deberá contar con sector para estantes/sector para armarios/mesadas con pileta profunda de acero Inoxidable.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel del cielorraso
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Carpinterías: deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad} para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
6- Hospital de día
Servicio para el tratamiento ambulatorio intensivo y rehabilitación psicosocial en Salud Mental y Adicciones, con dependencia del servicio de salud mental e integrada a un establecimiento de Salud/Salud Mental.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación, consejería (presencial/a distancia, individual/grupal).
Evaluación y/o Diagnóstico.
Tratamiento psicoterapéutico (individual, familiar, vincular, grupal).
Tratamiento psicofarmacológico.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (actividades sanitarias, ocupacionales, educativas, recreativas. Incluye acompañamiento terapéutico).
Acciones de educación para la Salud Mental (taller, capacitación, jornada docente, asamblea, campañas, entre otras).
Acciones de Prevención (entrevista, visita domiciliaria, taller, campaña de difusión, planificación participativa, relevamiento, charla/exposición, actividad deportiva/recreativa, entre otras).
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitarios.
Supervisión.
b- Nómina de Profesionales:
Director, coordinador o jefe: profesional del campo de la salud mental con experiencia en atención en servicios de salud mental y preferentemente formación y/o experiencia en gestión sanitaria, en caso de haber prestación psiquiátrica o neurológica deberá ser médico con especialidad.
Psicólogo
Médico psiquiatra
Enfermero
Trabajador Social
Terapista ocupacional
Nutricionista
En caso de contar con programa de atención específico:
De atención Infantojuvenil: Psiquiatra infantojuvenil, Psicopedagogo y personal idóneo para el cuidado.
De atención de Adultos Mayores: médico geriatra o clínico con capacitación en gerontológica, Kinesiólogo y personal Idóneo para el cuidado.
De rehabilitación psicofísica: Kinesiólogo/a
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento
Consultorio de atención individual: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con escritorio, sillas, cesto. Para médico psiquiatra, contará con balanza, estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Consultorio de atención grupal: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa, sillas y cesto. Para la atención de niños y niñas también incluirá mesa y sillas para niñas y niños y material lúdico y didáctico. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Salón de usos múltiples: contará con una superficie de 1,80 m2 por concurrente (superficie mínima de 12 m2). Deberá contar con mesa y sillas.
Sanitario Público: el sanitario debe ser accesible de la sala de espera y contar con sanitario para discapacitados.
Sanitario para el personal.
Recepción y Sala de Espera: el espacio debe ser adecuado al número de consultorios que asiste. Contar con una superficie mínima de 9 m2. Contar con espacio para silla de ruedas. Deberá contar con sillas, mesa mostrador o equivalente, papelero y armario, mueble/archivo para historias clínicas, computadora, teléfono, Internet.
Oficina de Coordinación/Dirección: contará con una superficie mínima de 7,5 m2. Deberá contar con escritorio, sillas, teléfono, computadora, Internet. Sus condiciones ambientales procurarán privacidad, buena ventilación e iluminación adecuada.
Cocina: instalación completa según funcionalidad del centro. Con ventilación natural o mecánica. Con mesada y piletas. Heladera con freezer.
Comedor: tendrá una superficie no menor a 1,80 m2 por persona. Contará con mesa, sillas y elementos de vajilla.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un sólo local. Se dimensionará en función del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de Limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionará en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Depósitos de Residuos Comunes y/o Biopatogénicos: de acuerdo a la normativa vigente según la Resolución Nº 349/94 y modificatorias del Ministerio de Salud. Deberá contar con sector para estantes/sector para armarios/mesadas con pileta profunda de acero inoxidable.
Acreditar cronograma de actividades o talleres por día y horario y su responsable a cargo.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Deberá contar con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Carpinterías: Deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
7- Emprendimiento Socio-productivo
Servicio ambulatorio diurno y/o vespertino destinado a personas mayores de 16 años con padecimiento mental y a la comunidad en general, para el desarrollo de emprendimientos laborales que Incluyan la producción y comercialización de los productos y/o servicios en el marco de la economía social y con criterios de intersectorialidad.
a- Prestaciones:
Capacitación en oficios
Entrenamiento en habilidades socio-productivas
Acompañamiento en la gestión, producción y comercialización de servicios y productos (entrevista, taller, asamblea, planificación participativa, relevamiento, actividad de apoyo/integración en la comunidad, campaña, difusión, espacio comercial de exposición y venta, entre otras)
b- Nómina de profesionales:
Coordinador: Deberá ser Terapista Ocupacional o Trabajador Social
Capacitadores y/o talleristas
Al menos dos profesionales del equipo interdisciplinario de Salud Mental Administrativo
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Sala de usos múltiples/taller/aula: Superficie mínima de 18 m2 (mínimo 2 m2 por concurrente), lado mínimo de 3 m. Contará con mesas, sillas, armarios, cestos, maquinarias y herramientas para entrenamiento en oficio y producción, elementos e instrumentos para espacios/talleres grupales.
Sala de reuniones: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas
Sanitario: deberá contar con sanitario para discapacitados. Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisas, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los locales. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores. Carpinterías: deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Acreditar cronograma de actividades o talleres por día y horario y su responsable a cargo.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 12 piso en caso de ser necesario.
8- Residencia asistida con nivel de apoyo bajo
Residencia para usuarios de Salud Mental y Adicciones que requieren bajo nivel de apoyo y monitoreo de un equipo interdisciplinario de salud mental para acompañar la vida cotidiana, inserto en el ámbito comunitario. La atención en salud mental y adicciones se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia. Además:
No requieren de personal de salud/salud mental permanente.
Son respuestas habitacionales socio-sanitarias.
Capacidad máxima: 10 personas.
Permanencia: según criterios socio-sanitarios.
Algunos ejemplos: unidad convivencial, piso compartido, vivienda de cogestión, alojamiento supervisado, vivienda asistida, entre otras.
a- Prestaciones:
Provisión de alojamiento.
Suministro de alimentación.
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria.
Acompañamiento terapéutico. Seguimiento de la estrategia terapéutica, en coordinación con equipo de salud referente.
b- Nómina de Recursos Humanos:
Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación en Salud Mental.
Equipo interdisciplinario de salud mental disponible en la red.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 10 camas. Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sábanas, frazadas, mesa de luz, sillón para acompañante, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura, lavabo de acero inoxidable, toallero para toallas descartables.
Sanitario: contará con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitado, según normativa vigente en la jurisdicción.
Comedor/Estar: contará con una superficie por usuario de 1,80 m2, contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 8 m2, cortará con heladera, cocina, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Lavadero: con pileta para lavado de ropa.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.)
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los sectores. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado para cada zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: Protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
9- Residencia asistida con nivel de apoyo medio
Residencia para usuarios de Salud Mental y Adicciones con alojamiento transitorio para la rehabilitación psicosocial, en el marco del proceso de inclusión social. Se organizarán de acuerdo al programa de intervención teniendo en cuenta el perfil poblacional y los grados de apoyo requeridos. El tratamiento se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia. Además:
El establecimiento deberá estar integrado a la red de servicios de salud/salud mental. Es condición de funcionamiento la acreditación de la referencia a un hospital general (clínica/sanatorio) y/o centro de salud/salud mental.
Debe estar en articulación con efector de la red accesible y disponible para situaciones de crisis/emergencia.
Capacidad máxima: 16 personas. Recomendable menor a 10 personas.
a- Prestaciones: – Provisión de alojamiento temporario.
Suministro de alimentación.
Provisión de medicamentos.
Orientación/Consejería (presencial/a distancia, Individual/grupal).
Acciones de Apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria.
Acompañamiento terapéutico
b- Nómina de profesionales:
Coordinador/a, Director/a: profesional del campo de la salud mental con experiencia en atención en servicios de salud mental y preferentemente formación y/o experiencia en gestión sanitaria, en caso de haber prestación psiquiátrica o neurológica deberá ser médico con especialidad.
Médico Psiquiatra.
Psicólogo.
Trabajador Social.
Enfermero.
Terapista ocupacional.
Nutricionista.
Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación en Salud Mental.
Personal de apoyo:
Personal de mantenimiento y servicios.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 4 camas (no podrá haber camas superpuestas). Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sabanas, frazadas, mesa de luz, sillón, para acompañante, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura, lavabo de acero inoxidable, toallero para toallas descartables.
Sanitario: contara con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitados, según normativa vigente en la jurisdicción.
Comedor/Estar: contara con una superficie por usuario de 1,80 m2, contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Gabinete/SUM: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 9m2, contara con heladera, cocina, microondas, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, despensa, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Depósito de alimentos: contare con un sector con estantes para el guardado de alimentos.
Lavadero: con pileta para lavado de ropa, mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia y sector para tendido.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un solo local. Se dimensionare en funden del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de Limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de Limpieza. Se dimensionara en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.)
Áreas descubiertas para esparcimiento: contare con equipamiento exterior necesario (bancos, mesas, silla).
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección. Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los sectores. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contaran con sifones y piletas de piso con rejillas.
Electricidad: las instalaciones eléctricas estarán embutidas. Dispondrá de llaves termomagnéticas y disyuntor. Se considerara la provisión de tomacorrientes con puesta a tierra, adecuadamente ubicados dentro del sector para todo el equipamiento necesario.
Climatización y ventilación: contara con un sistema de climatización apropiado para cada zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del acre. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Medidas contra incendios: se dispondrá extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.
Corrientes Débiles: deberá contar con telefonía e Internet.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
10- Residencia Asistida con alto nivel de apoyo y cuidados básicos de salud
Establecimiento de Salud/Salud Mental, destinado a población con padecimiento mental que por su autonomía limitada y/o su condición de vulnerabilidad psico-social requiere la provisión de cuidados básicos y esenciales y diversos niveles de apoyo, en el marco de un programa de rehabilitación. El perfil poblacional no estará centrado exclusivamente en el tratamiento de consumo problemático. El tratamiento se realiza a través de los servicios de la red de salud/salud mental, fuera de la residencia (excepto cuando la persona no pueda movilizarse, en tales casos se implementara dispositivo de atención domiciliaria).
El establecimiento deberá estar integrado a la red de servicios de salud/salud mental y contar con clara referencia a un hospital general (clínica/sanatorio) y/o centro de salud/salud mental. Capacidad máxima: 16 personas. Recomendable menor a 10 personas.
a- Prestaciones:
Provisión de alojamiento.
Provisión de alimentos.
Provisión de medicación.
Apoyos/cuidados básicos y esenciales de salud/salud mental. Acciones de Rehabilitación.
Orientación/Consejería.
Acciones de Apoyo/integración psico-social.
Acompañamiento terapéutico.
b- Nómina de profesionales:
Coordinador, Director: profesional del campo de la salud mental con experiencia en atención en servicios de salud mental y preferentemente con formación y/o experiencia en gestión sanitaria, en caso de haber prestación psiquiátrica o neurológica deberá ser médico con especialidad.
Médico psiquiatra
Psicólogo
Trabajador social
Enfermero
Terapista ocupacional
Nutricionista
Personal idóneo para el acompañamiento
Personal de apoyo con tareas de mantenimiento y servicios.
c- Locales y/o áreas mínimas y equipamiento:
Habitaciones: tendrán hasta 4 camas. Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sábanas, frazadas, mesa de luz, sillón pare acompañante, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura, lavabo de acero inoxidable, toallero pare toallas descartables.
Sanitario: contará con un mínimo de 1 cada 4 personas, con receptáculo para ducha con piso antideslizante, con cortina, lavatorio, inodoro con accesorio, espejo empotrado y accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.). Contará con sanitario adaptado para discapacitados, según normativa vigente en la jurisdicción
Comedor/Estar: contará con una superficie por usuario de 1,80 m2; contará con mesa, sillas, sillones, televisión, audio, elementos de decoración.
Gabinete/SUM: tendrá una superficie mínima de 12 m2. Contará con mesa y sillas.
Cocina: tendrá una superficie mínima de 7,50 m2. Contará con heladera, cocina, microondas, vajilla, mesada con pileta profunda, alacenas, bajo mesadas, despensa, campana extractora de humo y equipamiento necesario.
Depósito de alimentos: contará con un sector con estantes para el guardado de alimentos.
Lavadero: con pileta para lavado de ropa, mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia y sector para tendido.
Depósito de Medicamento: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos que puede llegar a constituir con el área de preparación un solo local. Se dimensionara en función del volumen de medicamentos que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios, mesadas con pileta de acero inoxidable y heladera de ser necesario.
Depósito de Limpieza: área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de limpieza. Se dimensionara en función de los elementos y/o utensilios que deberán guardarse. Deberá contar con estantes/armarios/ mesadas con pileta de acero inoxidable.
Servicios generales (luz, gas, calefacción, etc.).
Áreas descubiertas para esparcimiento: contara con equipamiento exterior necesario (bancos, mesas, sillas).
d- Características Constructivas:
Paredes: los locales que usen revestimiento serán de material Impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos, preferentemente hasta nivel cielorraso.
Pisos y zócalos: serán lisos, de fácil limpieza y desinfección.
Cielorraso: tendrá una altura mínima de 2,40 m de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; suspendido o aplicado bajo losa; y debe encontrarse en buen estado de conservación.
Iluminación: tendrá suficiente luz natural y/o artificial en todos los sectores. Las fuentes de luz artificial deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Contará con una distribución uniforme evitando el deslumbramiento, sombras, reflejos, contrastes excesivos y focalizados.
Agua: el dispositivo dispondrá de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües contarán con sifones y piletas de piso con rejillas.
Electricidad: las instalaciones eléctricas estarán embutidas. Dispondrá de llaves termomagnéticas y disyuntor. Se considerará la provisión de tomacorrientes con puesta a tierra, adecuadamente ubicados dentro del sector para todo el equipamiento necesario.
Climatización y ventilación: contará con un sistema de climatización apropiado, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispondrá de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Podrán utilizarse sistemas de aire acondicionado, ventiladores de techo, estufas de tiro balanceado y sistema de radiadores.
Medidas contra incendios: se dispondrá extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.
Corrientes Débiles: Internet, telefonía entre otras.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del 1° piso en caso de ser necesario.
11- Instituto
Conforme a la Resolución Ministerial N° 2385/1980, en su parte correspondiente. Los institutos especializados en salud mental no podrán contar con Internación.
12- Servicio de salud mental y psiquiatría en Hospital General, Clínica o Sanatorio
Servicio prestador múltiple que incluye modalidad ambulatoria y de internación, atiende la demanda interna y externa en Salud Mental y Adicciones y se encuentra integrado al Establecimiento de Salud. De ningún modo podrá habilitarse institución monovalente de Salud Mental con internación.
a- Prestaciones:
Atención de la demanda espontánea.
Admisión.
Orientación/Consejería.
Evaluación y/o Diagnóstico en Salud Mental.
Desintoxicación.
Asistencia/Tratamiento ambulatorio. Psicoterapéutico y psicofarmacológico. Incluye demanda espontánea y programada, externa e interna.
Intervención en crisis y atención domiciliaria (Individual, familiar/vincular, grupal).
Acciones de apoyo/integración psico-social en la red socio-sanitaria (Incluye Acompañamiento terapéutico).
Atención de urgencias de salud mental.
Internación.
Acciones de educación para la Salud Mental.
Acciones de Promoción y Prevención.
Capacitación y/o formación de Actores Socio-Sanitario.
Interconsulta.
Supervisión.
Criterios de funcionamiento:
Se debe admitir a toda persona con padecimiento mental y/o adicciones.
En el caso de los Hospital Generales Pediátricos su cobertura será hasta los 18 años.
El componente de salud mental estará integrado a la guardia del hospital general.
En caso de existir criterio clínico, se debe internar en cama propia del servicio o disponible en el hospital.
Las camas o salas destinadas a la internación de Salud Mental deberán estar integradas a la estructura edilicia del establecimiento, al igual que las otras especialidades. Contará con un porcentaje de camas disponibles para internación por salud mental. En caso de contar con sala propia, no deberá exceder el 10% de las camas totales del efector y deberá estar en consonancia con la situación epidemiológica del área de influencia a fin de dar cobertura a la totalidad de los requerimientos, privilegiando la internación de las personas en la propia comunidad.
b- Nómina de profesionales:
Jefe de Servicio de Salud Mental y psiquiatría
Médico Psiquiatra
Psicólogo
Enfermero
Musicoterapeuta (recomendable, no obligatorio)
Psicopedagogo (recomendable, no obligatorio)
Terapista ocupacional
Contará con equipo de salud mental disponible para abordaje en territorio del área de referencia.
Disponible en el hospital:
Equipo de Guardia: que cuente con Médico psiquiatra, Psicólogo, Enfermeros, Trabajador social, Toxicólogo (recomendable pero no oligatorio, debería contar con consultoría externa)
Médico clínico o generalista
Kinesiólogo
Nutricionista
Trabajador Social
Abogado (recomendable, no obligatorio)
c- Locales/áreas mínimas y equipamiento:
Para atención Ambulatoria:
Consultorios
Salón de usos múltiples: contará con una superficie de 1,80 m2 por concurrente (superficie mínima de 12 m2). Deberá contar con mesa y sillas.
Sala de espera
Para el área de Internación:
Áreas complementarias: Baño de profesionales (inodoro, lavabo), sala de reunión de equipo/oficina de jefatura (sillas, mesa, pizarrón, iluminación adecuada, calefacción y refrigeración, archivero, perchero). Oficina de enfermería (ídem anteriores).
Área de observación/cuidados (sector específico de la sala de internación que garantice mayores cuidados y monitoreo clínico próximo al sector de enfermería, con elementos ídem a la habitación común); deberá contar como mínimo con tensiómetro, termómetro, elementos para contención física (acorde a la normativa vigente), psicofármacos, material descartadle (guantes, gasas, jeringas, agujas, suero, entre otros), soporte para suero.
Habitaciones tendrán hasta 4 camas, con sanitario adaptado. Deberá contar con una superficie de 7,50 m2 por cama como mínimo y un cubaje de 20 m3, sin incluir sanitarios ni espacios comunes. Deberá contar con camas, sábanas, frazadas, mesa de luz, sillón para acompañante, guardarropas individuales con llave, luz individual, aplicada a la pared fija y segura, lavabo de acero inoxidable, toallero para toallas descartables. Las puertas de las habitaciones deben tener un paso libre de 120 cm al menos. Calefacción mediante artefactos que no consuman oxigeno del ambiente, eliminando al exterior los gases de combustión (sistema térmico central, estufas de tiro balanceado, aire acondicionado, estufa eléctrica de cuarzo fijada en la pared). Medidas de bioseguridad según normativa vigente. Es recomendable la distribución de las habitaciones por grupos etarios y género. Las habitaciones deben tener Iluminación natural, ventilación natural y/o artificial que garantice una adecuada circulación de aire.
Sanitarios: se dispone al menos de 1 sanitario por habitación. Por sanitario mínimo se entiende ducha con piso antideslizante, lavabo e inodoro, portarrollos, toallero, espejo irrompible, recipiente de residuos de plástico. Cerramiento para ducha. Los sanitarios deben disponer de agua fría y caliente. El sistema de calentamiento del agua estará fuera de la habitación. Contarán con puertas corredizas o de apertura hacia fuera. Por lo menos uno de los sanitarios está adaptado para discapacitados.
Sanitario para personal.
Estación de Enfermería: estará ubicada en un lugar accesible y estratégico para un rápido acceso. Los espacios para área limpia y área contaminada estarán bien delimitados. Deberá tener ventilación, iluminación y sonoridad adecuadas y seguras. Contará como mínimo 1,50 m de mesada por trabajador. Contará con una pileta y mesada de acero inoxidable, toallero, heladera, reloj con minutero, accesorio para soporte de suero, recipiente para residuos según normas de bioseguridad, carro de curaciones, termómetro, estetoscopio, tensiómetro universal, nebulizador, martillo para reflejos, tubo de oxígeno (completo), mesa de apoyo, armario para medicación y materiales descartables.
Medidas de Seguridad: protección (redes de seguridad) para ventanas y balcones a partir del primer piso en caso de ser necesario.
Estructura Disponible en el Hospital:
Depósitos.
Sala Administrativa.
Sala de Personal/sala de recreación.
Farmacia.
Laboratorio.
Morgue.
Móvil/Traslado.
IF-2016-01404183-APN-DNSMA#MS
e. 27/10/2016 N° 80097/16 v. 27/10/2016

 

 

Secreto fiscal

 

La AFIP dispuso que los bancos y otras entidades financieras y cambiarias, operadores de tarjetas de crédito, escribanos públicos, agentes y sociedades de bolsa, registros públicos de propiedad e inmueble y quienes se dediquen a la compraventa de vehículos, las aseguradoras, transportadoras de caudales, correos privados, operadores de compraventa de objetos de arte, despachantes de aduana y organismos de la Administración Pública no podrán solicitarles a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos que hayan presentado ante el organismo fiscal.
La medida brinda una mayor confidencialidad a la relación del contribuyente con el fisco pero impedirá a los organismos de control anti lavado detectar operaciones sospechosas. Esto podría ser salvado si eventualmente la AFIP (tienen la obligación de informarle) al recibir la info., efectúa un control de inconsistencias y lo informa a la UIF…

 

Resolución General 3952
Procedimiento. Secreto fiscal. Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Abstención por parte de terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.
Buenos Aires, 03/11/2016
VISTO el instituto del secreto fiscal previsto en el Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, dispone que las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los contribuyentes, responsables e incluso terceros presenten ante este Organismo, son secretos.

Que asimismo, el citado artículo establece que los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el Artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos.

Que el instituto del secreto fiscal encuentra sustento en las garantías constitucionales de inviolabilidad y privacidad de los papeles privados consagradas, en los Artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, con el objetivo de crear un contexto de confidencialidad y seguridad a la relación jurídico tributaria para coadyuvar a que el administrado manifieste correctamente su situación tributaria ante el Fisco.

Que la exigencia por parte de un tercero, en interés de su actividad comercial, de obligar al administrado a dar a conocer la declaración jurada que presenta ante este Organismo, debilita el citado instituto del secreto fiscal poniendo en peligro la confidencialidad y seguridad de un documento que, por su propia naturaleza, debe mantenerse reservado entre el contribuyente y esta Administración Federal.

Que en este contexto no resulta apropiado que las personas sean colocadas en circunstancias que las obliguen a relevar el secreto fiscal que ampara sus declaraciones juradas, en tanto tal exigencia conspira contra los fines tenidos en miras con la institución de la reserva y, en última instancia, contra las mencionadas garantías constitucionales que le sirven de fundamento.

Que por su parte, la Unidad de Información Financiera aclaró que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia o confeccionar su perfil comercial o de riesgo, como tampoco, requerir de los mismos la presentación de declaraciones juradas impositivas.

Que por lo tanto es menester conminar a los sujetos previstos en el Artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, excepto los detallados en su inciso 17, que se abstengan de requerir a sus clientes, en virtud de su actividad comercial, las declaraciones juradas de impuestos nacionales que presenten ante esta Administración Federal.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización, de Servicios al Contribuyente y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Los sujetos indicados en el Artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, excepto los detallados en su inciso 17, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales que presenten ante esta Administración Federal, a efectos de asegurar la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en el Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y de prevenir que dichos sujetos puedan quedar incursos en la pena prevista por el Artículo 157 del Código Penal, ante una eventual divulgación de dicha información, tal como lo contempla el cuarto párrafo del mencionado artículo de la Ley de Procedimiento Tributario.
ARTÍCULO 2° — La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

 

Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.

2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.

3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.

4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.

7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

8. Las empresas aseguradoras.

9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.

10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.

11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

12. Los escribanos públicos.

13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.

14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).

15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;

18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;

19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;

20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;

21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.

22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.

 

Declaración jurada informativa

 

Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 4003-E

Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención. Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias. Su sustitución. Texto actualizado.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2017

VISTO la Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma estableció un régimen de retención en el impuesto a las ganancias aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del Artículo 79 de la ley del citado gravamen.

Que las modificaciones posteriormente introducidas a dicha ley -fundamentalmente con la sanción de la Ley N° 27.346- motivaron el dictado de diversas normas modificatorias y complementarias del referido régimen retentivo.

Que asimismo, es un objetivo general y permanente de esta Administración Federal instrumentar los procedimientos necesarios, a efectos de simplificar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Que en consecuencia, resulta aconsejable efectuar el ordenamiento, revisión y actualización de las normas vigentes en la materia y agruparlas en un solo cuerpo normativo.

Que para facilitar la lectura e interpretación, se considera conveniente la utilización de notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia, explicitados en el Anexo I (IF 2017-03031411-APN-AFIP).

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Recaudación, de Servicios al Contribuyente y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 22 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

TÍTULO I

RÉGIMEN DE RETENCIÓN

ALCANCE

ARTÍCULO 1° — Las ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones (1.1.), así como sus ajustes de cualquier naturaleza, e independientemente de la forma de pago (en dinero o en especie), obtenidas por sujetos que revistan el carácter de residentes en el país -conforme a lo normado en el Título IX, Capítulo I de la citada ley-, quedan sujetas al régimen de retención que se establece por la presente resolución general.

Asimismo se encuentran comprendidas en el régimen, las rentas provenientes de los planes de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se perciban bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, conforme a lo dispuesto en el Artículo 101 -jubilación- y, en su caso, en el Artículo 106 -pensión- de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, derivados de fondos transferidos de las ex-Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a las compañías de seguros de retiro, por encuadrar las mismas en el inciso c) del mencionado Artículo 79.

De tratarse de beneficiarios residentes en el exterior, en tanto no corresponda otorgarle otro tratamiento conforme a la ley del gravamen, procederá practicar la retención con carácter de pago único y definitivo establecida en el Título V de la ley aludida y efectuar su ingreso conforme a las previsiones de la Resolución General Nº 739, su modificatoria y sus complementarias.

SUJETOS OBLIGADOS A PRACTICAR LA RETENCIÓN

ARTÍCULO 2° — Deberán actuar como agentes de retención:

a) Los sujetos que paguen por cuenta propia las ganancias mencionadas en el Artículo 1º, ya sea en forma directa o a través de terceros, y

b) quienes paguen las aludidas ganancias por cuenta de terceros, cuando estos últimos fueran personas físicas o jurídicas domiciliadas o radicadas en el exterior.

ARTÍCULO 3° — Cuando los beneficiarios de las ganancias referidas en el Artículo 1º las perciban de varios sujetos, sólo deberá actuar como agente de retención aquel que abone las de mayor importe.

A los efectos previstos en el párrafo precedente, se deberán considerar:

a) Al inicio de una nueva relación laboral: las rentas que abonen cada uno de los pagadores.

b) Al inicio de cada año fiscal: las sumas abonadas por los respectivos pagadores en el año fiscal anterior.

En tal sentido, debe considerarse como “año fiscal”, el definido en el primer párrafo del Artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

SUJETOS PASIBLES DE RETENCIÓN

ARTÍCULO 4º — Son pasibles de retención los sujetos beneficiarios de las ganancias indicadas en el Artículo 1º.

MOMENTO EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCIÓN

ARTÍCULO 5º — Corresponderá practicar la retención:

a) En la oportunidad en que se efectivice cada pago de las ganancias comprendidas en el régimen, o

b) hasta las fechas que se establecen para cada situación en el Artículo 21, según corresponda.

CONCEPTO DE PAGO

ARTÍCULO 6º — A todos los efectos de esta resolución general, el término “pago” deberá entenderse con el alcance asignado por el antepenúltimo párrafo del Artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A RETENER

ARTÍCULO 7º — El importe de la retención se determinará conforme al procedimiento que se detalla en el Anexo II (IF 2017-03031438-APN-AFIP).

Del procedimiento descripto podrá surgir un importe a retener o a reintegrar al beneficiario. Cuando resulte una suma a retener, la misma no podrá ser superior a la que resulte de aplicar la alícuota máxima del gravamen, vigente a la fecha de la retención, sobre la remuneración bruta correspondiente al pago de que se trate.

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, el agente de retención no deberá considerar el referido límite en oportunidad de practicar la retención que corresponda a la liquidación anual o final, previstas en el Artículo 21, excepto cuando el sujeto pasible de la retención manifieste mediante nota, su voluntad de que se aplique dicho límite.

La retención que resulte procedente o, en su caso, la devolución de los importes retenidos en exceso, deberá efectuarse en oportunidad de realizarse el pago que dio origen a la liquidación. El importe correspondiente deberá estar consignado en el respectivo recibo de sueldo o comprobante equivalente, indicando en todos los casos el período fiscal al que corresponde el mismo.

ACRECENTAMIENTO

ARTÍCULO 8º — En el caso en que el impuesto se encontrare a cargo del agente de retención, deberá practicarse el acrecentamiento dispuesto por el penúltimo párrafo del Artículo 145 del Decreto Nº 1.344/98 y sus modificatorios.

AJUSTES RETROACTIVOS. OPCIÓN DE IMPUTACIÓN

ARTÍCULO 9º — Los ajustes de haberes retroactivos, correspondientes a los conceptos comprendidos en el Artículo 1º, estarán sujetos al siguiente procedimiento:

a) Ajustes que correspondan a haberes del período fiscal en curso:

1. Cuando el agente pagador es el agente de retención designado: deberá determinarse la obligación fiscal del beneficiario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7º, reteniendo el importe obtenido e ingresándolo en la forma dispuesta en el Artículo 24.

2. Cuando el agente pagador no es el agente de retención: el agente de retención designado deberá actuar conforme a lo dispuesto en el punto 1. precedente, de acuerdo con la información suministrada por el beneficiario conforme lo dispuesto por el Artículo 11.

b) Ajustes que correspondan a remuneraciones de períodos fiscales anteriores:

1. Si se optara por imputar el ajuste al período fiscal del devengamiento de las ganancias conforme a lo normado en el Artículo 18, segundo párrafo, inciso b), tercer párrafo, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones:

1.1. En el supuesto en que el pagador hubiera actuado como agente de retención en el período original de imputación del ajuste, deberá rectificarse la liquidación de las retenciones que le hubiere practicado al beneficiario en dicho período, acumulando a los sueldos o remuneraciones abonados oportunamente, el referido ajuste.

1.2. De haber actuado en el correspondiente período fiscal de imputación otro responsable como agente de retención, el que abone el ajuste deberá practicar la retención del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta las normas de retención establecidas por este Organismo, aplicables en el período original al cual se imputará la ganancia.

A tal efecto, los datos necesarios a los fines de la liquidación serán suministrados mediante certificado emitido por el agente de retención actuante en el respectivo período original, que deberá ser aportado por el beneficiario. En su defecto, en el supuesto de haber cesado sus actividades la persona o entidad mencionada, los referidos datos serán suministrados mediante la presentación del formulario de declaración jurada F. 572 o F. 572 Web, o a través del sistema informático implementado por el agente de retención -según el período fiscal de que se trate-, debiendo aportarse los respectivos comprobantes de retención.

La no presentación de los elementos mencionados precedentemente imposibilitará el ejercicio de la opción por este procedimiento.

Asimismo, el importe de las actualizaciones de los ajustes retroactivos que pudiera contener el total abonado -inciso v) del Artículo 20 de la ley del gravamen-, no deberá ser considerado a los efectos de la determinación del impuesto.

El monto del gravamen resultante de la liquidación practicada, conforme al procedimiento indicado en este punto, estará sujeto, en su caso, a las actualizaciones que dispone la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, determinadas desde la fecha de vencimiento general que para el respectivo período fiscal -en el que se hubieran devengado las ganancias-, haya dispuesto este Organismo para la determinación e ingreso del impuesto a las ganancias de las personas físicas y sucesiones indivisas, hasta el mes de marzo de 1991, inclusive.

El importe de las actualizaciones referidas en el párrafo anterior, deberá ser retenido del ajuste efectuado al beneficiario, juntamente con el monto del impuesto resultante.

2. Si no se ejerciera la opción indicada en el punto 1. precedente, se procederá de acuerdo con lo previsto en el inciso a) anterior.

En este supuesto, el beneficiario de la renta deberá informar dicha situación a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR” de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 11.

PAGOS POR VÍA JUDICIAL

ARTÍCULO 10. — Cuando deban realizarse pagos por vía judicial, los sujetos que paguen las retribuciones deberán, previo al depósito judicial, practicar la retención y depositar el remanente. Asimismo agregarán al expediente la liquidación practicada y copia autenticada por escribano del comprobante de ingreso de la retención.

De no efectuarse el depósito correspondiente, el juez interviniente deberá comunicar dicha situación a esta Administración Federal.

TÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN MEDIANTE SiRADIG

ARTÍCULO 11. — Los beneficiarios de las ganancias referidas en el Artículo 1º, se encuentran obligados a informar a este Organismo mediante transferencia electrónica de datos del formulario de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR”, los siguientes datos:

a) Al inicio de una relación laboral y, en su caso, cuando se produzcan modificaciones en los respectivos datos:

1. Datos personales: Apellido y nombres, y domicilio.

2. Apellido y nombres o denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de su/s empleador/es, identificando al designado como agente de retención de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º.

3. El detalle de las personas a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

b) Mensualmente:

1. Cuando se perciban sueldos u otras remuneraciones comprendidas en el Artículo 1º de varias personas o entidades que no actúen como agentes de retención, el importe bruto de las remuneraciones y sus respectivas deducciones correspondientes al mes anterior del mismo año fiscal, incluyendo por separado aquellas retribuciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el Apartado B del Anexo II y las cuotas del Sueldo Anual Complementario.

2. Los conceptos e importes de las deducciones computables a que se refiere el Apartado D del Anexo II, con las limitaciones allí establecidas.

3. Los beneficios derivados de regímenes que impliquen tratamientos preferenciales que se efectivicen mediante deducciones.

c) Hasta el 31 de enero, inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara:

1. La información que requiera este Organismo a efectos del cómputo de las deducciones previstas en los párrafos sexto y séptimo del inciso c) del Artículo 23 de la ley del gravamen.

2. Los pagos a cuenta que de acuerdo con las normas que los establezcan, puedan computarse en el respectivo impuesto.

3. Las ganancias provenientes de ajustes retroactivos mencionados en el Artículo 9°.

4. El monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente por el socio protector —en virtud de lo previsto en el inciso l) del Apartado D del Anexo II— en caso que retire los fondos invertidos con anterioridad al plazo mínimo de permanencia de DOS (2) años, previsto en el Artículo 79 de la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones.

Si al momento del retiro de los fondos, el socio protector no se encontrare en relación de dependencia, quedará obligado a inscribirse en el impuesto -conforme a las disposiciones establecidas por la Resolución General Nº 10, sus modificatorias y complementarias-, incorporando el monto de los aportes deducidos como ganancia gravada del ejercicio.

En tal supuesto, la diferencia de impuesto deberá ingresarse en la fecha que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal a que deba atribuirse el reintegro.

Asimismo, en ambas situaciones, corresponde que se ingresen los intereses resarcitorios previstos en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, calculados desde la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del período fiscal en que se practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en párrafo anterior o del efectivo ingreso, lo que ocurra primero.

A efectos de ingresar al citado servicio, los aludidos contribuyentes deberán contar con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior obtenida según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y su modificatoria, e informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular, a través del servicio “Sistema Registral” menú “Registro Tributario” opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”.

La transferencia electrónica de los datos contenidos en el formulario de declaración jurada F. 572 Web correspondientes a cada período fiscal se efectuará en los plazos previstos en los incisos a), b) y c) precedentes y hasta el 31 de enero, inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara.

Las informaciones complementarias o las modificaciones de los datos consignados en el citado formulario, que se produzcan en el curso del período fiscal de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo anterior, originarán la presentación de declaraciones juradas rectificativas que reemplazarán en su totalidad a las que fueran presentadas anteriormente, hasta la fecha citada en el párrafo anterior.

Los beneficiarios deberán conservar a disposición de este Organismo la documentación que respalde los datos informados en el formulario de declaración jurada F. 572 Web.

Las características y demás aspectos técnicos del aludido servicio podrán consultarse en el micrositio “www.afip.gob.ar/572web”.

ARTÍCULO 12. — Cuando se produzca el cambio de agente de retención dentro del mismo período fiscal, el empleado deberá presentar al nuevo agente la liquidación informativa a que se refiere el inciso c) del Artículo 21 de la presente.

INSCRIPCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13. — Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de determinación anual e ingreso del impuesto a las ganancias en las condiciones, plazos y formas establecidas en la Resolución General Nº 975, sus modificatorias y complementarias, cuando:

a) El empleador -por error, omisión o cualquier otro motivo, aun cuando fuera imputable al beneficiario de las rentas- no practicare la retención total del impuesto del período fiscal respectivo, hasta los momentos previstos en el Artículo 21, según la liquidación de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 1° del Decreto Nº 1.344/98 y sus modificaciones.

b) Existan conceptos no comprendidos en el Apartado D del Anexo II, susceptibles de ser deducidos, que quieran ser computados en la respectiva liquidación.

c) De las declaraciones juradas realizadas en virtud del régimen de información previsto en el inciso b) del Artículo 14, resulte un saldo a favor del contribuyente.

A los fines dispuestos precedentemente, el beneficiario deberá, en su caso, solicitar la inscripción y el alta en el precitado gravamen, conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 10, sus modificatorias y complementarias, y Artículo 4° de la Resolución General N° 2.811 y su complementaria.

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INFORMATIVAS

ARTÍCULO 14. — Los beneficiarios de las rentas aludidas en el Artículo 1°, que hubieran obtenido en el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-), deberán informar a este Organismo:

a) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha.

b) El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 15. — Las obligaciones previstas en el artículo anterior se cumplirán con la presentación de declaraciones juradas confeccionadas mediante la utilización de la versión vigente al momento de la presentación, del programa aplicativo unificado denominado “GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS – BIENES PERSONALES” o el que lo reemplace en el futuro.

Tratándose de la obligación prevista en el inciso b) del artículo precedente, los beneficiarios de las rentas podrán optar por elaborar la información a transmitir mediante el servicio denominado “RÉGIMEN SIMPLIFICADO GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS”, siempre que hayan obtenido en el curso del período fiscal que se declara:

1. Exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o

2. ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y otras rentas por las cuales el beneficiario haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), o resulten exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias.

Dicha opción no procederá cuando se trate de sujetos que sean titulares de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca -creadas por la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones- que respecto del período fiscal de que se trate, hubieran computado la deducción a que se refiere el inciso l) del Apartado D del Anexo II.

La presentación de los formularios de declaración jurada Nros. 711 (Nuevo Modelo) y 762/A —generados de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores— se formalizará mediante el procedimiento de transferencia electrónica de datos a través de “Internet”, dispuesto por la Resolución General Nº 1.345, sus modificatorias y complementarias, para lo cual se deberá contar con “Clave Fiscal”, obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y su modificatoria.

Las características, funciones y aspectos técnicos del mencionado servicio informático podrán consultarse en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).

ARTÍCULO 16. — Las declaraciones juradas tendrán el carácter de informativas, excepto que de ellas resulte saldo a pagar o a favor del contribuyente, y -en la medida en que los beneficiarios de las rentas no se encuentren inscriptos en los respectivos impuestos- podrán ser presentadas hasta el día 30 junio, inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la información que se declara.

Cuando la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior coincida con día feriado o inhábil, la misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

En el caso que de las mismas surja un importe a ingresar o un saldo a favor del contribuyente, será de aplicación lo que, para cada impuesto, se indica a continuación:

a) Impuesto sobre los Bienes Personales: lo previsto en la Resolución General Nº 2.151, sus modificatorias y complementarias.

b) Impuesto a las Ganancias: lo dispuesto en el Artículo 13.

La presentación de la información dispuesta en el Artículo 14 deberá ser cumplida, también, por aquellos sujetos que perciban rentas aludidas en el Artículo 1º, no sujetas a la retención prevista en este régimen por hallarse exentas del impuesto a las ganancias.

Asimismo, dicha obligación se considerará cumplida cuando se trate de contribuyentes que se encuentren inscriptos en los mencionados gravámenes y hayan efectuado la presentación de las correspondientes declaraciones juradas.

CONSULTA DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS

ARTÍCULO 17. — Los beneficiarios de las rentas mencionadas en el Artículo 1° que hayan sido pasibles de retenciones en el marco de esta resolución general, podrán acceder a través del sitio “web” institucional con la respectiva “Clave Fiscal”, al servicio denominado “MIS RETENCIONES” aprobado por la Resolución General Nº 2.170 y su modificatoria, para consultar la información relativa a las mismas, obrante en los registros de este Organismo.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NO RETENCIÓN

ARTÍCULO 18. — Cuando con motivo del desarrollo de otras actividades que originan ganancias no comprendidas en el Artículo 1º, existan circunstancias que pongan de manifiesto que la retención a practicar podrá generar un exceso en el cumplimiento de la obligación tributaria del correspondiente año fiscal, los beneficiarios comprendidos en el presente régimen podrán solicitar una autorización de no retención de acuerdo con las previsiones de la Resolución General Nº 830, sus modificatorias y complementarias.

TÍTULO III

OBLIGACIONES DEL AGENTE DE RETENCIÓN

OBLIGACIONES. COMUNICACIÓN A SUS EMPLEADOS

ARTÍCULO 19. — Los empleadores deberán comunicar a sus empleados dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del inicio de la relación laboral, la obligación de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 11 y 14, conservando a disposición de este Organismo la constancia de la comunicación efectuada, suscripta por los respectivos beneficiarios.

Los empleadores también deberán indicar a sus empleados el día del mes hasta el cual, las novedades informadas por dichos beneficiarios a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR” serán tenidas en cuenta en las liquidaciones de haberes de dicho mes.

CONSULTA DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LOS BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS

ARTÍCULO 20. — Este Organismo pondrá a disposición del agente de retención en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), mediante el servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – EMPLEADOR” al que se accederá con clave fiscal, la siguiente información:

a) La suministrada por el beneficiario de la renta, a efectos de que sea tenida en cuenta para la determinación del importe a retener.

b) La referida a los agentes de retención que fueran sustituidos como tales, por darse alguna de las situaciones indicadas en el Artículo 3°. A tal efecto se indicarán, respecto de cada beneficiario, los datos correspondientes al nuevo agente de retención.

El agente de retención deberá, previo a la determinación mensual del importe a retener, realizar la consulta a través del mencionado servicio, a fin de conocer las últimas novedades ingresadas por los beneficiarios.

Asimismo, deberán conservar y, en su caso, exhibir cuando así lo requiera este Organismo, la documentación respaldatoria de la determinación de las retenciones practicadas o aquella que avale las causales por las cuales no se practicaron las mismas.

LIQUIDACIONES ANUAL, FINAL E INFORMATIVA

ARTÍCULO 21. — El agente de retención se encuentra obligado a practicar:

a) Una liquidación anual, a los efectos de determinar la obligación definitiva de cada beneficiario que hubiera sido pasible de retenciones, por las ganancias percibidas en el curso de cada período fiscal. Dicha liquidación deberá ser practicada hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, excepto que entre el 1º de enero y la mencionada fecha se produjera la baja o retiro del beneficiario, en cuyo caso deberá ser practicada juntamente con la liquidación final que trata el inciso siguiente.

A tal efecto, deberán considerarse las ganancias indicadas en el Artículo 1º percibidas en el período fiscal que se liquida, los importes correspondientes a todos los conceptos informados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11, las sumas indicadas en los incisos a), b) y c) del Artículo 23, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y los tramos de escala dispuestos en el Artículo 90 de la mencionada ley, que correspondan al período fiscal que se liquida.

El agente de retención queda exceptuado de practicar la liquidación anual, cuando en el curso del período fiscal comprendido en la misma se hubiere realizado, respecto del beneficiario, la liquidación final prevista en el inciso siguiente.

El importe determinado en la liquidación anual, será retenido o, en su caso, reintegrado, cuando se efectúe el próximo pago posterior o en los siguientes si no fuera suficiente, hasta el último día hábil del mes de marzo próximo siguiente.

b) Una liquidación final, cuando se produzca la baja o retiro del beneficiario. Cuando se practique esta liquidación deberán computarse, en la medida en que no existiera otro u otros sujetos susceptibles de actuar como agentes de retención, los importes en concepto de ganancias no imponibles, cargas de familia y deducción especial, así como aplicarse la escala del Artículo 90 de la ley del gravamen, consignados en las tablas publicadas por este Organismo, correspondientes al mes de diciembre.

El importe determinado en la liquidación final, será retenido o, en su caso, reintegrado, cuando se produzca el pago a que diera origen la liquidación.

De producirse la extinción de la relación laboral y acordarse el pago en cuotas de los conceptos adeudados, se procederá de la siguiente forma:

1. Si el pago de la totalidad de las cuotas se efectúa dentro del mismo período fiscal en que ocurrió la desvinculación, la retención se determinará sobre el importe total de los conceptos gravados y se practicará en oportunidad del pago de cada cuota en proporción al monto de cada una de ellas.

2. En el caso de que las cuotas se abonen en más de un período fiscal, no deberá efectuarse la liquidación final, sino hasta que se produzca el pago de la última cuota. La retención del impuesto, hasta dicho momento, se determinará y practicará conforme el procedimiento reglado en el Artículo 7°. Tales retenciones serán computables por los beneficiarios de las rentas, en el período fiscal en que las mismas se efectúen.

c) Una liquidación informativa del impuesto determinado y retenido hasta el mes en que actuó como agente de retención, cuando -dentro del período fiscal- cese su función en tal carácter, sin que ello implique el fin de la relación laboral.

Las liquidaciones a que se refieren los incisos precedentes serán practicadas utilizando la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia”, cuyo formato y datos a informar constan en el Anexo III (IF 2017-03031456-APN-AFIP).

A los efectos de las liquidaciones mencionadas en los incisos a) y b), el agente de retención deducirá del impuesto determinado:

1. El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias que corresponda computar, de acuerdo con las previsiones de la Resolución General Nº 2.111, sus modificatorias y complementarias.

2. El importe de las percepciones efectuadas por la Dirección General de Aduanas durante el período fiscal que se liquida, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Resolución General Nº 2.281 y sus modificatorias.

Dicha deducción procederá únicamente cuando el beneficiario se encuentre comprendido en la exención prevista en el inciso a) del Artículo 1° del Decreto Nº 1.344/98 y sus modificaciones, y siempre que aquél no deba cumplir con la obligación prevista en el Artículo 13.

La referida deducción se efectuará antes que las retenciones practicadas por el período fiscal que se liquida y, en su caso, hasta la concurrencia del impuesto determinado. Las diferencias de percepciones no imputables, estarán sujetas a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 12 de la Resolución General Nº 2.281 y sus modificatorias.

3. El importe percibido en virtud del régimen de percepción de la Resolución General N° 3.819, su modificatoria y su complementaria.

ARTÍCULO 22. — Los agentes de retención deberán poner a disposición de los beneficiarios la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia” cuando:

a) Respecto de la liquidación anual: el beneficiario de las rentas se encuentre obligado a suministrar la información prevista en el inciso b) del Artículo 14, o se efectúe con carácter informativo por tratarse de beneficiarios a los que no se les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas, o a pedido del interesado. La entrega se realizará dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud.

b) Con relación a la liquidación final: deba practicarse en el supuesto de baja o retiro. La entrega se efectuará dentro de los CINCO (5) días hábiles de realizada la liquidación.

c) En lo referente a la liquidación informativa: el empleador haya cesado en tal carácter, en el supuesto previsto en el inciso c) del Artículo 21. La entrega se efectuará dentro de los CINCO (5) días hábiles de realizada la liquidación.

En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, el beneficiario deberá entregar una fotocopia firmada de dicha liquidación a su nuevo agente de retención, exhibiendo el original para su autenticación.

Los agentes de retención deberán conservar dichas liquidaciones en archivo a disposición de este Organismo.

INGRESO E INFORMACIÓN DE LAS RETENCIONES

ARTÍCULO 23. — Los agentes de retención deberán informar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal marzo de cada año, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE) -establecido por la Resolución General Nº 2.233, sus modificatorias y complementarias-, los beneficiarios a los que no les hubieran practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas, a cuyos fines deberán consignar dentro de la pantalla “Detalle de Retenciones” del respectivo programa aplicativo:

a) En el título “Datos del Comprobante”: seleccionar “Recibo de Sueldo” en el campo “Tipo”, e indicar “0” en el campo “Número”.

b) En el título “Datos de la Retención/Percepción”: efectuar una marca en el campo “Imposibilidad de Retención”.

ARTÍCULO 24. — Los agentes de retención deberán cumplir las formas, plazos y demás condiciones que para el ingreso e información de las retenciones practicadas, establece la Resolución General Nº 2.233, sus modificatorias y complementarias (Sistema de Control de Retenciones – SICORE).

Asimismo, estarán sujetos a lo dispuesto por el sistema de control mencionado, los saldos resultantes a favor de los agentes de retención por las sumas retenidas en exceso y reintegradas a los beneficiarios.

En caso que se reintegren retenciones practicadas en exceso al beneficiario y de ello resultare un saldo a favor del agente de retención, que no pudiese compensarse dentro del mismo impuesto mediante la utilización del programa aplicativo denominado Sistema de Control de Retenciones (SICORE), el remanente podrá ser trasladado al período siguiente, o bien, solicitarse su devolución en los términos de la Resolución General Nº 2.224 (DGI) y sus modificatorias.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 25. — Las infracciones consumadas por incumplimiento al presente régimen, serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o -en su caso- por las Leyes Nº 23.771 o Nº 24.769, según corresponda.

La responsabilidad por el contenido de las declaraciones juradas será imputable a los declarantes.

HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA. REINTEGROS PARCIALES. OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD REINTEGRANTE

ARTÍCULO 26. — Las entidades que reintegren a los beneficiarios de las rentas comprendidas en el Artículo 1º, importes parciales correspondientes a honorarios por los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica que se indican en el inciso j) del Apartado D del Anexo II, se encuentran obligados a emitir una liquidación que deberá contener -como mínimo- los datos que se detallan a continuación:

a) Lugar y fecha.

b) Número de comprobante.

c) Denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de la entidad pagadora del reintegro.

d) Apellido y nombres del beneficiario y, en su caso, del prestatario.

e) Apellido y nombres o denominación del prestador.

f) Número de factura o documento equivalente respaldatorio de la prestación.

g) Fecha, descripción e importe total de la prestación.

h) Importe reintegrado.

i) Firma del responsable autorizado.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 27. — En los casos de beneficiarios comprendidos en regímenes que establezcan franquicias impositivas (exenciones, diferimientos, etc.) o que hubieran efectuado donaciones con destinos específicos, corresponderá cumplir con los requisitos y formalidades que, para cada caso, establezca esta Administración Federal.

Con relación a los beneficios instituidos por el Artículo 79 de la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones, cuando se lleve a cabo el retiro de los fondos invertidos con anterioridad al plazo mínimo de permanencia de DOS (2) años calendarios, las sociedades de garantía recíproca deberán informar tal situación a este Organismo, mediante el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.387 y su modificatoria.

ARTÍCULO 28. — Apruébanse los Anexos I a III (IF 2017-03031411-APN-AFIP; IF 2017-03031438-APN-AFIP; IF 2017-03031456-APN-AFIP, respectivamente) que forman parte de la presente.

ARTÍCULO 29. — Déjanse sin efecto a partir de la fecha de aplicación de la presente, las Resoluciones Generales Nros. 2.437, 2.455, 2.490, 2.507, 2.528, 2.529, 2.866, 2.867, 3.008, 3.055, 3.061, 3.073, 3.074, 3.094, 3.413, 3.418, 3.449, 3.525, 3.770, 3.831, 3.839, 3.966 y 3.976, la Nota Externa N° 8/2008 y las Circulares Nros 1/2011, 3/2012 y 4/2016, excepto en lo que se refiere a la Resolución General N° 2.442 y al formulario de declaración jurada F. 572 web que mantiene su vigencia.

Toda cita efectuada en normas vigentes respecto de las mencionadas resoluciones generales debe entenderse referida a la presente.

ARTÍCULO 30. — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín oficial y resultarán de aplicación para el período 2017 y siguientes.

ARTÍCULO 31. — Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

ANEXO I (Artículo 1°)

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículo 1°.

(1.1.) Ganancias provenientes:

a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos.

En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.

b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas.

e) De los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la última parte del inciso g) del Artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquéllos.

IF-2017-03031411-APN-AFIP

ANEXO II (Artículo 7°)

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A RETENER

1. Ganancia bruta del mes que se liquida (Apartado A) $ ……..

2. Retribuciones no habituales de dicho mes (Apartado B) $ ……..

3. Ganancia Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $ ……..

4. Deducciones a computar (Apartado D) $ (……..)

5. Deducción Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $ (……..)

6. Ganancia neta del mes que se liquida $ =====

7. Ganancia neta de meses anteriores (dentro del mismo período fiscal) $ ……..

8. Ganancia neta acumulada al mes que se liquida $ =====

9. Deducciones personales acumuladas al mes que se liquida (Apartado E):

Ganancias no imponibles $ (……..)

Cargas de familia $ (……..)

Deducción especial $ (……..)

10. Ganancia neta sujeta a impuesto $ =====

11. Impuesto determinado por aplicación de la escala del Art. 90 de la ley del gravamen para el mes que se liquida (Apartado F) $ ………

12. Pagos a cuenta (Apartado G) $ (……..)

13. Retenciones practicadas en meses anteriores en el respectivo período fiscal (Apartado H) $ (……..)

14. Retenciones efectuadas en exceso y reintegradas al beneficiario (Apartado H) $ (……..)

15. Importe a retener/reintegrar en dicho mes $ =====

A – GANANCIA BRUTA

Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas en cada período mensual, sin deducción de importe alguno que por cualquier concepto las disminuya.

No constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo los pagos por los siguientes conceptos:

a) Asignaciones familiares.

b) Intereses por préstamos al empleador.

c) Indemnizaciones percibidas por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad.

d) Indemnizaciones por antigüedad que hubieren correspondido legalmente en caso de despido.

e) Indemnizaciones que correspondan en virtud de acogimientos a regímenes de retiro voluntario, en la medida que no superen los montos que en concepto de indemnización por antigüedad, en caso de despido, establecen las disposiciones legales respectivas.

f) Servicios comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 19.640.

g) Aquellos que tengan dicho tratamiento conforme a leyes especiales que así lo dispongan (vgr.: Ley N° 26.176).

h) Indemnización por estabilidad y asignación gremial -Artículo 52 de la Ley Nº 23.551-, e indemnización por despido por causa de embarazo -Artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo-.

i) Gratificaciones por cese laboral por mutuo acuerdo, normado en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

j) La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias percibidas por los servicios prestados en días feriados, no laborables, inhábiles y fines de semana o de descanso semanal, determinadas y calculadas conforme el Convenio Colectivo de Trabajo respectivo o, en su defecto, en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones.

k) Adicional por material didáctico abonado al personal docente, hasta la suma del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del Artículo 23 de la ley del gravamen.

De efectuarse pagos en especie, los bienes deberán valuarse al valor corriente de plaza a la fecha de pago o en su defecto al valor de adquisición para el empleador.

B – RETRIBUCIONES NO HABITUALES

El importe bruto de los conceptos abonados que no conforman la remuneración habitual mensual de los beneficiarios, tales como plus vacacional, ajustes de haberes de años anteriores respecto de los cuales el beneficiario opte por hacer la imputación al período de la percepción, gratificaciones extraordinarias, etc. -excepto Sueldo Anual Complementario-, deberá ser imputado por los agentes de retención en forma proporcional al mes de pago y los meses que resten, hasta concluir el año fiscal en curso.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ser aplicado opcionalmente por el agente de retención, cuando el importe de los conceptos no habituales sea inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) de la remuneración bruta habitual del beneficiario, correspondiente al mes de pago.

En el supuesto en que en uno o más períodos mensuales no se le efectuaren pagos al beneficiario, los importes diferidos aludidos en el primer párrafo, que correspondía computar en la liquidación del impuesto de dichos meses, se acumularán a los correspondientes al mes siguiente -dentro del año fiscal- en el que se efectúe el pago de remuneraciones al beneficiario. En su caso, de no haber pagos en el resto del año fiscal, los importes diferidos no imputados deberán considerarse en la liquidación anual a que se refiere el inciso a) del Artículo 21.

Lo dispuesto precedentemente, no será de aplicación:

a) Cuando el pago de las remuneraciones no habituales se efectuara en un mes en el que correspondiera realizar la liquidación final que prevé el inciso b) del Artículo 21 -por concluir la relación laboral -, en cuyo caso en tal mes se deberá, asimismo, imputar las sumas que hubieran sido diferidas en meses anteriores.

b) Respecto de los conceptos que, aun siendo variables y pagados en lapsos irregulares -por la característica de la actividad desarrollada por el beneficiario-, constituyen la contraprestación por su trabajo (por ejemplo: comisiones por ventas, honorarios, etc.).

c) Cuando en el período mensual en que se abona la remuneración no habitual se prevea que, en los meses que resten hasta concluir el año fiscal en curso, habrá imposibilidad de practicar el total de las retenciones que correspondan al período fiscal, en virtud de:

1. La magnitud del importe de las remuneraciones habituales resultante de la consideración de cláusulas contractuales o de convenios de trabajo, o de otros hechos evaluables al momento del pago, y/o

2. la limitación que con relación a los referidos meses y a los fines de practicar las retenciones del impuesto a las ganancias, significa el tope que establece la Resolución N° 436 (MTESS) del 25 de junio de 2004, o la que la sustituya o modifique en el futuro.

C – SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (SAC)

Los agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta de cada mes calendario determinada conforme el Apartado A y, en su caso, a las retribuciones no habituales previstas en el Apartado B, una doceava parte de la suma de tales ganancias en concepto de Sueldo Anual Complementario para la determinación del importe a retener en dicho mes.

Asimismo, detraerán una doceava parte de las deducciones a computar en dicho mes, en concepto de deducciones del Sueldo Anual Complementario.

En los meses en que se abonen las cuotas del Sueldo Anual Complementario, deberá utilizarse la metodología mencionada en los párrafos anteriores, sin considerar los importes realmente abonados por dichas cuotas ni las deducciones que correspondan practicar sobre las mismas.

La liquidación anual o final, según corresponda, se efectuará conforme el Artículo 21, considerando el sueldo anual complementario percibido en el período fiscal y las deducciones correspondiente a los conceptos informados por el beneficiario de las rentas, en reemplazo de las doceavas partes computadas en cada mes, pudiendo surgir un importe a retener o a reintegrar por aplicación del procedimiento establecido en los párrafos precedentes.

D – DEDUCCIONES

a) Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a la Administración Nacional de la Seguridad Social o a cajas provinciales o municipales – incluidas las Cajas de Previsión para Profesionales-, o estuvieren comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (incluso los efectuados por los beneficiarios que reingresen o continúen en actividad -Artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones-).

b) Descuentos con destino a obras sociales correspondientes al beneficiario y a las personas que revistan para el mismo el carácter de cargas de familia, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones; y cuotas sindicales correspondientes a las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y a las contribuciones de solidaridad pactadas en los términos de la ley de convenciones colectivas, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley Nº 23.551, sus modificaciones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

c) Importes que se destinen a cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial, correspondientes al beneficiario y a las personas que revistan para el mismo el carácter de cargas de familia, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

El importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar el CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio acumulada hasta el mes que se liquida, determinada antes de su cómputo y el de los conceptos indicados en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en su Artículo 81, incisos c) y h), así como de los quebrantos de años anteriores y, cuando corresponda, de las sumas a que se refiere el Artículo 23 de dicha ley.

d) Primas de seguros para el caso de muerte.

e) Gastos de sepelio del contribuyente o de personas a su cargo.

f) Para el caso de corredores y viajantes de comercio: los gastos estimativos de movilidad, viáticos y representación, amortización impositiva del rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del mismo, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General Nº 2.169 (DGI) sus modificaciones y complementarias, y hasta un máximo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del Artículo 23 de la ley del gravamen.

g) Donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales y a las instituciones comprendidas en los incisos e) y f) del Artículo 20 de la ley del gravamen, en las condiciones dispuestas por el inciso c) del Artículo 81 de la misma, hasta el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio, acumulada hasta el mes que se liquida, que resulte antes de deducir el importe de las respectivas donaciones, el de los conceptos previstos en los incisos g) y h) del mismo artículo, el de los quebrantos de años anteriores, y cuando corresponda, las sumas a que se refiere el Artículo 23 de la ley del gravamen.

h) El CUARENTA POR CIENTO (40%) de las sumas pagadas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta el límite de la ganancia no imponible prevista en el inciso a) del Artículo 23 de esta ley del gravamen, siempre y cuando el beneficiario de la renta no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción.

A efectos del cómputo de esta deducción será requisito necesario que el monto de los alquileres abonados -en función de lo acordado en el contrato de locación respectivo- se encuentre respaldado mediante la emisión de una factura o documento equivalente por parte del locador, en la forma que establezca esta Administración Federal.

Asimismo, en el primer período fiscal en que se efectúe el cómputo de la deducción y, con cada renovación del contrato, el beneficiario de la renta deberá remitir a este Organismo a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR”, una copia del contrato de alquiler, en formato “.pdf”.

i) Importes que correspondan a descuentos obligatorios establecidos por leyes nacionales, provinciales o municipales.

j) Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica por:

1. Hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares.

2. Prestaciones accesorias de la hospitalización.

3. Servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades.

4. Servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.

5. Servicios prestados por los técnicos auxiliares de la medicina.

6. Todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.

La deducción procederá siempre que la prestación haya sido efectivamente facturada por el prestador del servicio y hasta un máximo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del total facturado.

El importe total de las deducciones admitidas por estos conceptos no podrá superar el CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio determinada antes de su cómputo y el de los conceptos indicados en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en su Artículo 81, inciso c) y segundo párrafo del inciso g), así como de los quebrantos de años anteriores y, cuando corresponda, de las sumas a que se refiere el Artículo 23 de dicha ley.

k) Intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a la casa habitación, hasta el importe establecido en el tercer párrafo del inciso a) del Artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

l) Aportes al capital social o al fondo de riesgo efectuados por los socios protectores de sociedades de garantía recíproca previstos en el Artículo 79 de la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones.

m) Importes abonados a los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 26.844 -Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares- en concepto de contraprestación por sus servicios, contribuciones patronales y cuota obligatoria del Seguro de Riesgo de Trabajo.

El importe máximo a deducir por los conceptos señalados no podrá superar la suma correspondiente a la ganancia no imponible definida en el inciso a) del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

n) Aportes efectuados a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes nacionales, provinciales o municipales, Convenciones Colectivas de Trabajo o Convenios de Corresponsabilidad Gremial y todo otro aporte destinado a la obtención de un beneficio que guarde identidad con una prestación de índole previsional que tenga carácter obligatorio para el beneficiario de las rentas.

o) Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador, en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por convenio- los efectivamente liquidados de acuerdo con la documentación que así lo acredite, y hasta un máximo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del Artículo 23 de la ley del gravamen.

Cuando se trate de actividades de transporte de larga distancia, la deducción a computar no podrá superar el importe de la referida ganancia no imponible.

A los fines dispuestos en el párrafo anterior deberá considerarse como transporte de larga distancia, a la conducción de vehículos cuyo recorrido exceda los CIEN (100) kilómetros del lugar habitual de trabajo.

Sin perjuicio de los importes de los conceptos indicados precedentemente, deberán considerarse los que correspondan a los beneficios de carácter tributario que otorgan los diversos regímenes de promoción, que inciden sobre las retenciones a practicar, con el alcance y en las condiciones establecidas en las respectivas disposiciones normativas.

Los importes deducibles correspondientes a aquellos conceptos abonados que no conforman la remuneración habitual de los beneficiarios y que se hubieran diferido en los términos del Apartado B del Anexo II, deberán ser computados de acuerdo a las ganancias brutas imputables a cada mes, considerando la proporción que corresponda.

Las deducciones previstas en los incisos a), b), i) y n) correspondientes a aportes obligatorios para el empleado deberán proporcionarse de acuerdo al monto de las remuneraciones gravadas y al monto correspondiente a las horas extras exentas y asignarse a cada una de estas respectivamente, siguiendo el criterio dispuesto en el Artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Tratándose de las donaciones previstas en el inciso c) del Artículo 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los excedentes del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta que pudieran producirse en la liquidación de un mes calendario, podrán ser computados en las liquidaciones de los meses siguientes dentro del mismo período fiscal.

Las deducciones que trata el inciso j) sólo procederán en la liquidación anual o final, en su caso, que dispone el Artículo 21.

E – DEDUCCIONES PERSONALES

Las deducciones personales previstas en el Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, operarán -siempre que resulten procedentes- hasta la suma acumulada del mes que se liquida, según las tablas actualizadas conforme lo previsto en el último párrafo del citado artículo, que anualmente publique este Organismo a través de su sitio “web” (http://www.afip.gob.ar).

Respecto de la deducción prevista en el inciso b) del referido artículo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) En el caso de hijo o hija, la deducción procederá para ambos progenitores, en la medida que cumpla los requisitos legales.

b) Cuando se trate de hijastro o hijastra, la deducción será computada por el progenitor, excepto que este no posea renta imponible, en cuyo caso la deducción procederá en cabeza del progenitor afín -Artículo 672 del Código Civil y Comercial-.

A efectos de determinar mensualmente si procede el cómputo de los importes incrementados en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22%), en el caso de empleados que trabajen o jubilados que vivan en más de una jurisdicción dentro del mismo período fiscal, y una de ellas sea una de las provincias -o partido- a que hace mención el Artículo 1° de la Ley N° 23.272 y sus modificaciones, deberán observarse las siguientes pautas:

a) En el caso de empleados, deberá considerarse como lugar de trabajo aquél en que al momento de efectuar la retención se desempeñe durante la mayor cantidad de días contados desde el inicio del período fiscal.

b) De tratarse de jubilados, se considerará que vive en la provincia en la cual percibe sus haberes jubilatorios.

c) Cuando se cumplan ambas condiciones -jubilado y empleado en relación de dependencia-, deberá considerarse aquélla en la cual perciba los mayores ingresos.

En la liquidación anual o final, a efectos del cómputo de las deducciones incrementadas, deberán verificarse las condiciones referidas en los incisos del párrafo precedente en la mayor cantidad de meses del período fiscal que se liquida.

Por su parte, la deducción específica procederá cuando los beneficiarios de las rentas mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen no hubieran obtenido en el período fiscal que se liquida ingresos gravados en el impuesto distintos a los allí previstos y siempre que no se encuentren obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que la obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

F – ESCALA DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES

El importe a retener se determinará aplicando a la ganancia neta sujeta a impuesto, la escala del Artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, según la tabla que anualmente será difundida por este Organismo a través de su sitio “web” (http://www.afip.gob.ar), acumulada para el mes en el que se efectúe el pago.

Conforme lo previsto en el párrafo séptimo del referido artículo, al sólo efecto de determinar el tramo de “ganancia neta imponible acumulada” que corresponde aplicar para el mes que se liquida, deberá restarse de la ganancia neta sujeta a impuesto, el importe neto correspondiente a las horas extras que resulten gravadas.

G – PAGOS A CUENTA. RETENCIONES

Al impuesto determinado por aplicación de la tabla a que se refiere el Apartado F de este anexo, se le restarán -de corresponder y en la oportunidad que se fije para cada caso- los importes que de acuerdo con las normas que los establezcan, puedan computarse a cuenta del respectivo impuesto, con las siguientes limitaciones:

a) Régimen de percepción en operaciones de importación de bienes con carácter definitivo -Resolución General N° 2.281 y sus modificatorias-: Los importes que puedan computarse a cuenta del respectivo impuesto, se incorporarán en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final que dispone el Artículo 21.

b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias -Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y complementarias-: El cómputo del crédito de impuesto se efectuará en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final prevista en el Artículo 21, considerando el impuesto propio ingresado y/o percibido.

c) Régimen de percepción -Resolución General N° 3.819, su modificatoria y su complementaria-: Los importes que puedan computarse a cuenta del respectivo impuesto, se incorporarán en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final que dispone el Artículo 21.

H – RETENCIONES PRACTICADAS/REINTEGRADAS

El importe que se obtenga, se disminuirá en la suma de las retenciones practicadas con anterioridad en el respectivo período fiscal y, en su caso, se incrementará con el importe correspondiente a las retenciones efectuadas en exceso y que hubieran sido reintegradas al beneficiario.

IF-2017-03031438-APN-AFIP

ANEXO III (Artículo 21)

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 4ta. CATEGORÍA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Fecha:

Empleado: “CUIL”, “Apellido y Nombres”, “Dato adicional optativo(1)”

Agente de Retención: “CUIT”, “Denominación Legal”

Período Fiscal: “aaaa”

REMUNERACIONES

Remuneración Bruta $
Retribuciones no Habituales $
SAC primera cuota $
SAC segunda cuota $
Remuneración no Alcanzada $
Remuneración Exenta (sin incluir horas extras) $
Remuneración Exenta Horas Extras $
Remuneración Otros Empleos $
REMUNERACIÓN COMPUTABLE $

DEDUCCIONES

Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. $
Aportes Obra Social $
Cuota sindical $
Aportes Jubilatorios Otros Empleos $
Aportes Obra Social otros empleos $
Cuota sindical otros empleos $
Cuotas médico asistenciales $
Primas de Seguro para el caso de muerte $
Gastos de Sepelio $
Gastos estimativos para corredores y viajantes de comercio $
Donaciones a fiscos nacional, provinciales y municipales, y a instituciones comprendidas en el art. 20, inc. e) y f) de la ley $
Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal $
Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica $
Intereses Créditos Hipotecarios $
Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca $
Empleados del servicio doméstico $
Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares $
Alquileres de inmuebles destinados a su casa habitación $
Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador $
Otras deducciones
TOTAL DEDUCCIONES $

DEDUCCIONES ART. 23

Ganancia no Imponible (2) $
Deducción Especial (2)/Deducción Especifica $
Cargas de Familia (2) $
Cónyuge $
Hijos $
TOTAL $
REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO $
Tramo de Alícuota Artículo 90 Ley Gravamen %
Tramo de Alícuota Aplicable (sin incluir horas extras) %
IMPUESTO DETERMINADO $

Impuesto Retenido $
Pagos a Cuenta $
Saldo $

Se extiende el presente certificado para constancia del interesado

“Lugar y fecha”

Firma del responsable

Identificación del responsable

1. Vgr. “Número de legajo”, “Código de identificación interno del empleado”.

2. Aclarar si se aplican las deducciones incrementadas en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22%)

 

 

Declaraciones juradas  2017

¿Quiénes se encuentran obligados a presentar las declaraciones juradas?

Infografía

 

Se encuentran obligados a presentar ante este Organismo la declaración jurada de:

Impuesto a las Ganancias

      • Declaración jurada determinativa del impuesto: quienes se encuentren inscriptos en el respectivo gravamen, aun cuando no se determine materia imponible sujeta a impuesto por el respectivo período fiscal y aquellos que les corresponda la liquidación del impuesto por darse los presupuestos de gravabilidad que las normas establecen, aun cuando no hubieran solicitado el alta con anterioridad al vencimiento fijado para cumplir con la respectiva obligación de determinación e ingreso. Igual obligación rige para los administradores de las sucesiones indivisas por las ganancias obtenidas por las mismas.

En estos casos, se deberá tramitar la CUIT y solicitar el alta en el Impuesto a las Ganancias

IMPORTANTE: Es OBLIGATORIO para todos los empleados en relación de dependencia, jubilados y quienes tengan más de un empleo presentar el Formulario 572 web, en caso de corresponder.

Impuesto sobre los Bienes Personales:

      • Declaración jurada determinativa: quienes estén inscriptos en el impuesto y aquellos ciudadanos cuyos bienes superen:
        • Para el período 2016 $ 800.000
        • Para el período 2017 $ 950.000
        • Para el período 2018 $1.050.000

En estos casos, se deberá tramitar la CUIT y solicitar el alta en el impuesto sobre los Bienes Personales.

ACLARACIÓN: Cuando se esté obligado únicamente a la presentación de la declaración jurada informativa del Impuesto a los Bienes Personales y/o Ganancias, no corresponderá la inscripción en los mencionados impuestos.

Impuesto sobre los Bienes Personales y Ganancias

Declaración Jurada Informativa: quienes obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a $500.000, incluso por actividades exentas del Impuesto a las Ganancias, por:

      • El desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.
      • El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.
      • Las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas. Además de las rentas provenientes de los planes de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se perciban bajo la modalidad de renta vitalicia provisional.
      • Los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la última parte del inciso g) del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquéllos. Excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas
      • Las retribuciones que perciben los actores a través de la Asociación Argentina de Actores.

Deberán informar a esta Administración Federal:

    • El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha.
    • El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas.

 

 

 

Nueva moratoria fiscal

 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4081-E

Impuestos a las Ganancias sobre los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Período Fiscal 2016. Plazo especial de presentación de las declaraciones juradas determinativas e informativas.

Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2017

VISTO la Resolución General N° 4.061-E, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada norma se fijaron plazos especiales para la presentación y pago de determinadas declaraciones juradas informativas y determinativas relacionadas con los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales por parte de las personas humanas y sucesiones indivisas, así como de los impuestos sobre los bienes personales correspondiente a acciones y participaciones societarias y a la ganancia mínima presunta, del período fiscal 2016.

Que con el objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se estima necesario extender el plazo para la presentación de las citadas declaraciones juradas, así como de otras obligaciones inherentes a las mismas.

Que por otra parte, y atento a inquietudes planteadas por los contribuyentes, resulta necesario precisar que la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas (Dólar Futuro) respecto de las personas jurídicas cuyos cierres de ejercicio fiscal hubieran operado en el mes de enero de 2017, se considerará efectuada en término siempre que se realice hasta el 28 de junio de 2017.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Servicios al Contribuyente, de Recaudación, de Fiscalización y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003-E, sus respectivas modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excepción- efectuar la presentación de las declaraciones juradas informativas previstas, respectivamente, en los Artículos 8° y 15 de las mencionadas normas, correspondientes al período fiscal 2016, hasta el 21 de julio de 2017, inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas y, en su caso, de pago de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o a la ganancia mínima presunta, correspondientes al período fiscal 2016, de los sujetos comprendidos en las Resoluciones Generales N° 975, sus modificatorias y complementarias y N° 2.151 y sus complementarias, y en el inciso e) del Artículo 2° del Título V de la Ley N° 25.063 y sus modificaciones, cuyos vencimientos operan durante el mes de junio de 2017, podrán efectuarse -en sustitución de lo previsto en la Resolución General N° 3.968 y sus complementarias-, hasta las fechas que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente, se indican a continuación:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Personas humanas y sucesiones indivisas

TERMINACIÓN C.U.I.T. FECHA DE PAGO FECHA DE PRESENTACIÓN
0, 1, 2 y 3 Hasta el 23/06/2017, inclusive Hasta el 14/07/2017, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el 26/06/2017, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el 28/06/2017, inclusive

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Acciones y participaciones societarias (Artículo 33 de la Resolución General N° 2.151 y sus complementarias)

TERMINACIÓN C.U.I.T. FECHA DE PAGO FECHA DE PRESENTACIÓN
0, 1, 2 y 3 Hasta el 23/06/2017, inclusive Hasta el 22/06/2017, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el 26/06/2017, inclusive Hasta el 23/06/2017, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el 28/06/2017, inclusive Hasta el 26/06/2017, inclusive

IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA

Personas humanas y sucesiones indivisas, inciso e) del Artículo 2° del Título V de la Ley N° 25.063 y sus modificaciones

TERMINACIÓN C.U.I.T. FECHA DE PAGO FECHA DE PRESENTACIÓN
0, 1, 2 y 3 Hasta el 26/06/2017, inclusive Hasta el 17/07/2017, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el 28/06/2017, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el 29/06/2017, inclusive

ARTÍCULO 3°.- Las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas y, en su caso, de pago del saldo resultante del impuesto a la ganancia mínima presunta del período fiscal 2016, correspondiente a las empresas o explotaciones unipersonales y a las sociedades comprendidas en el inciso b) del Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuyos cierres coincidan con el año calendario, serán consideradas cumplidas en término siempre que se efectivicen -en sustitución de lo previsto por la Resolución General N° 3.968 y sus complementarias- hasta las fechas que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del responsable, se indican a continuación:

TERMINACIÓN C.U.I.T. FECHA DE PAGO FECHA DE PRESENTACIÓN
0, 1, 2 y 3 Hasta el 26/06/2017, inclusive Hasta el 17/07/2017, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el 28/06/2017, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el 29/06/2017, inclusive

ARTÍCULO 4°.- El ingreso del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2017, de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales, por parte de los sujetos comprendidos en las disposiciones del inciso b) del Artículo 4° de la Resolución General N° 4.034-E, del inciso a) del Artículo 15 de la Resolución General N° 2.011 y del Artículo 23 de la Resolución General N° 2.151, sus respectivas modificatorias y complementarias, podrá efectuarse -con carácter excepcional- hasta los días del mes de julio de 2017 que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente, se indican a continuación:

TERMINACIÓN C.U.I.T. FECHA DE VENCIMIENTO
0, 1, 2 y 3 Hasta el día 19, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el día 20, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el día 21, inclusive

Los restantes anticipos vencerán en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2017 y en el mes de febrero de 2018, según el cronograma de vencimientos generales fijado por esta Administración Federal para cada año calendario.

ARTÍCULO 5°.- Con carácter de excepción y únicamente con relación a las obligaciones previstas en la presente, los contribuyentes de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales que adhieran al plan de facilidades de pago dispuesto por la Resolución General N° 4.057-E se encuentran eximidos de cumplir con la obligación establecida por el Artículo 4° de esta última norma.

En estos casos, el contribuyente deberá ingresar a la opción “Validación de Deuda” del servicio denominado “MIS FACILIDADES” y cargar manualmente el saldo de impuesto correspondiente a la declaración jurada a regularizar, a través de la opción “Agregar Obligación”.

ARTÍCULO 6°.- Los contribuyentes que soliciten la compensación de alguna de las obligaciones fiscales a que hace referencia la presente, en los términos de la Resolución General N° 1.658 y su modificatoria, previamente deberán presentar la declaración jurada que diera origen al correspondiente saldo a favor.

ARTÍCULO 7°.- Los sujetos alcanzados por el impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas (Dólar Futuro) dispuesto por la Resolución General N° 4.078- E, cuyos cierres de ejercicio fiscal hubieran operado en el mes de enero de 2017, podrán presentar la declaración jurada e ingresar el aludido impuesto hasta el 28 de junio de 2017, inclusive.

ARTÍCULO 8°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Generales Nros. 3.969 y 4.061-E.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

e. 19/06/2017 N° 42999/17 v. 19/06/2017

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Nueva moratoria fiscal

 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4099-E

Procedimiento. Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas entre el 1/06/2016 y 31/05/2017. Requisitos, formas, plazos y demás condiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2017

VISTO la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo de esta Administración Federal facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo del Organismo.

Que para la consecución de dicho objetivo, resulta procedente implementar nuevos planes de facilidades de pago que permitan regularizar determinadas obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, así como la reformulación de los planes vigentes establecidos por la Resolución General N° 3.827 y sus modificaciones y de corresponder sus intereses, sin que ello implique la reducción total o parcial de los intereses resarcitorios y/o punitorios o la liberación de las pertinentes sanciones.

Que en consecuencia es necesario disponer las formalidades, plazos y demás condiciones que deberán observar los administrados para solicitar la adhesión al régimen que se establece por la presente, como también para el ingreso de las deudas que se pretenden cancelar.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Contribuyente, Técnico Legal Impositiva y Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, y las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

CAPÍTULO A – SUJETOS Y CONCEPTOS ALCANZADOS

ARTÍCULO 1°.- Establécese un régimen de planes de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” sujeto a las características de cada caso, aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, así como de sus respectivos intereses correspondiente a:

a) Deudas vencidas entre los días 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ambos inclusive.

b) Deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2017, inclusive, correspondiente a responsables que desarrollen como actividad principal la de servicios de salud y/o enseñanza.

c) Deuda proveniente de la reformulación de los planes vigentes implementados por la Resolución General N° 3.827 y sus modificaciones, que comprenda obligaciones con vencimiento dentro del período indicado en el inciso a).

Asimismo, se podrán incluir obligaciones que cumpliendo las condiciones previstas en los incisos anteriores hubieran sido incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o caducos.

ARTÍCULO 2°.- El régimen dispuesto por la presente comprende los siguientes planes:

a) “Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones”.

Se podrán incluir deudas correspondientes a:

– Obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse por períodos anuales.

– Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)).

– Retenciones y percepciones impositivas.

b) “Obligaciones mensuales y otras”.

Se podrán incluir deudas correspondientes a las demás obligaciones de origen impositivo y/o previsional, excluidas las mencionadas en el inciso a).

También quedan comprendidos en este inciso:

– Los aportes personales de los trabajadores autónomos.

– El impuesto integrado y el componente previsional correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

– Las contribuciones con destino al Régimen de la Seguridad Social.

c) “Reformulación de planes vigentes de la RG N° 3.827”.

– Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes al 31 de julio de 2017, dispuestos por la Resolución General N° 3.827 y sus modificaciones, en los términos del Artículo 10 de la presente.

CAPÍTULO B – EXCLUSIONES

– Objetivas

ARTÍCULO 3°.- Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación:

a) Los anticipos y/o pagos a cuenta.

b) Las multas.

c) Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el régimen.

d) El saldo resultante de la declaración jurada del impuesto al valor agregado de los sujetos que encuadren en los términos de la Ley N° 25.300 y sus complementarias, en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, adheridos al beneficio de cancelación previsto en el Artículo 7° de la Ley N° 27.264.

e) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya explotación efectiva se lleva a cabo en el país, según lo previsto en el Artículo 1°, inciso d) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

f) Las retenciones y percepciones con destino al Régimen de la Seguridad social.

g) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

h) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares.

i) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

j) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

k) El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos. Ley N° 24.625 y sus modificaciones.

l) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.

m) Las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidades de pago vigentes, excepto las incluidas en reformulaciones efectuadas en los términos del inciso c) del Artículo 2° de esta resolución general.

n) Las obligaciones declaradas en planes de facilidades de pago vigentes formulados conforme a lo dispuesto en la presente.

ñ) El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural establecido por el Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado previsto por la Ley N° 26.028 y sus modificaciones, y el Fondo Hídrico de Infraestructura creado por la Ley N° 26.181 y sus modificaciones.

o) Las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios (cuotas de amortización correspondientes a diferimientos).

p) El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, establecido por la Ley N° 27.346.

q) Deudas de origen aduanero.

– Subjetivas

ARTÍCULO 4°.- Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos denunciados penalmente por esta Administración Federal, por los delitos previstos en las Leyes N° 22.415, N° 23.771 o N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras y a los imputados por cualquiera de los mencionados delitos, siempre que se haya dictado el respectivo auto de elevación a juicio, en los casos en que la denuncia hubiera sido formulada por un tercero.

CAPÍTULO C – CONDICIONES DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO

ARTÍCULO 5°.- Los planes de facilidades de pago deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Tendrán un pago a cuenta que se calculará en base a la conducta fiscal registrada en el “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, aprobado mediante la Resolución General N° 3.985 – E, que será equivalente al:

1. CINCO POR CIENTO (5%) de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que encuentren en las categorías “A”, “B” o “C”, el cual no podrá ser inferior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-), excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.

Al pago a cuenta se le adicionará -en su caso- el importe correspondiente a intereses punitorios que se regularicen en el plan.

2. DIEZ POR CIENTO (10%) de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categoría “D”, “E” y aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá ser inferior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-), excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.

Al pago a cuenta se le adicionará -en su caso- el importe correspondiente a intereses punitorios que se regularicen en el plan.

b) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-).

c) La determinación de la cantidad máxima de cuotas a otorgar se establecerá según el tipo de deuda que se incluya en los planes, conforme se indica en el siguiente cuadro:

TIPO DE DEUDA CANTIDAD MÁXIMA DE CUOTAS
Obligaciones Anuales, aportes, retenciones y percepciones 12
Obligaciones mensuales y otras 24
Reformulación de planes vigentes de la RG N° 3.827 12

d) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.

e) El pago a cuenta y las cuotas se calcularán según las fórmulas que se consignan en el Anexo II de esta resolución general.

f) La tasa de financiamiento mensual aplicable será:

1. Para los planes que se consoliden entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de septiembre de 2017, ambas fechas inclusive:

– En el caso de Micro y Pequeñas Empresas -según lo dispuesto por la Resolución N° 24 del 15 de febrero de 2001 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Economía y sus modificaciones- que cuenten a la fecha de consolidación con la caracterización respectiva en el “Sistema Registral”: la tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un DOS POR CIENTO (2%) nominal anual.

– Restantes responsables: la tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un CUATRO POR CIENTO (4%) nominal anual.

2. Para los planes que se consoliden entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive:

– En el caso de Micro y Pequeñas Empresas -según lo dispuesto por la Resolución N° 24 del 15 de febrero de 2001 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Economía y sus modificaciones- que cuenten a la fecha de consolidación con la caracterización respectiva en el “Sistema Registral”: la tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un SEIS POR CIENTO (6%) nominal anual.

– Restantes responsables: la tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un OCHO POR CIENTO (8%) nominal anual.

g) Se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta, que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación.

h) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta.

i) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de adhesión al plan.

La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del servicio “e- Ventanilla” al que se podrá acceder mediante la utilización de la respectiva Clave Fiscal, obtenida de acuerdo con el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones.

– Presentación de la declaración jurada

ARTÍCULO 6°.- Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades, que las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social se encuentren presentadas antes de la fecha de adhesión al régimen.

CAPÍTULO D – ADHESIÓN, REQUISITOS Y FORMALIDADES

– Requisitos

ARTÍCULO 7°.- Para acogerse al plan de facilidades de pago, se deberá:

a) Constituir y/o mantener ante esta Administración Federal el Domicilio Fiscal Electrónico. Para ello, se manifestará la voluntad expresa mediante la aceptación y transmisión vía “Internet” de la fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su complementaria. A tal efecto se deberá ingresar al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, otorgada por este Organismo conforme al procedimiento previsto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones.

b) Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular (7.1.) a través del sitio “web” institucional, accediendo con Clave Fiscal al servicio “Sistema Registral” menú “Registro Tributario”, opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”.

c) Declarar en el servicio “Declaración de CBU” en los términos de la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias y complementarias, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.

– Solicitud de adhesión

ARTÍCULO 8°.- Para adherir al plan de facilidades de pago, se deberá:

a) Ingresar al sistema denominado “MIS FACILIDADES”, a la opción “MIS FACILIDADES”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el micrositio “MIS FACILIDADES” (8.1.).

b) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.

Asimismo se podrán reformular los planes de facilidades de pago vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente.

c) Elegir el plan de facilidades conforme al tipo de obligación que se pretende regularizar.

d) Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar (8.2.).

e) Consolidar la deuda, generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta y efectuar su ingreso conforme al procedimiento de pago electrónico de obligaciones establecido por la Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias.

El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante Electrónico de Pago (VEP), los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles, en consideración de los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva entidad de pago.

En el caso de no haber ingresado el pago a cuenta, el responsable podrá proceder a cancelarlo generando un nuevo Volante Electrónico de Pago (VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago.

f) Imprimir el formulario de declaración jurada N° 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del plan (8.3.).

– Aceptación de los planes

ARTÍCULO 9°.- La solicitud de adhesión al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución general.

La inobservancia de cualquiera de ellos determinará el decaimiento del plan propuesto, en cualquier etapa de cumplimiento de pago en el cual se encuentre.

En tal supuesto, los importes ingresados en concepto de pago a cuenta y/o de cuotas no se podrán imputar a las cuotas de un nuevo plan.

– Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes

ARTÍCULO 10.- Los planes de facilidades vigentes previstos por la Resolución General N° 3.827 y sus modificaciones, que hubieran sido consolidados hasta el día 31 de julio de 2017, inclusive, podrán ser reformulados de manera optativa, de acuerdo con las condiciones establecidas por la presente.

Dicha reformulación surtirá efecto desde el momento en que se perfeccione el envío del respectivo plan.

Dado que la totalidad de las obligaciones incluidas deberán ser susceptibles de regularización conforme a lo establecido por esta resolución general y que no pueden ser editadas ni eliminadas, resultarán aplicables las siguientes pautas:

a) La reformulación de cada plan se efectuará en el sistema “MIS FACILIDADES” opción “Reformulación de planes vigentes de la R.G. N° 3827”, será optativa y podrá decidir el responsable cuales de sus planes vigentes reformula.

b) Se considerará respecto de los planes que se reformulan, la totalidad de las cuotas canceladas hasta el último día del mes inmediato anterior al que se efectúa la reformulación, como ingresadas a la fecha de consolidación del plan original.

c) Se generará un nuevo plan con las condiciones de la presente resolución general. La deuda se consolidará a la fecha de cancelación del Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta.

d) Se seleccionará la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar.

e) Se imprimirá el formulario de declaración jurada N° 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez reformulado el/los plan/es y producido su envío automático.

En consecuencia, el contribuyente deberá solicitar a la entidad bancaria la suspensión del o de los débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicite la reformulación del plan o la reversión, dentro de los TREINTA (30) días corridos de efectuado el débito.

CAPÍTULO E – INGRESO DE LAS CUOTAS

ARTÍCULO 11.- Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se formalice la adhesión y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.

Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus intereses resarcitorios podrán ser rehabilitadas a través de las funcionalidades previstas en el sistema, pudiendo optar el contribuyente por realizar su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago mediante transferencia electrónica de fondos con la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) de acuerdo con el procedimiento previsto por la Resolución General N 3.926, considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará disponible a partir del día siguiente al del vencimiento de dicha cuota.

En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, la respectiva cuota devengará por el período de mora, los intereses resarcitorios indicados en el Artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, los que se adicionaran a la aludida cuota.

Para un correcto procedimiento del débito directo, los fondos en las cuentas declaradas deberán encontrarse acreditados a partir de la CERO (0) hora del día en que se realizará el débito.

Asimismo, en caso de coincidir con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro plan de facilidades de pago vigente y no existan fondos suficientes para la cancelación de la totalidad de las obligaciones, esta Administración Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas.

Será considerada como constancia válida del pago, el resumen emitido por la respectiva institución financiera en el que conste el importe de la cuota, así como la impresión con todos los datos de la obligación y del pago que emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.

En el caso de débito directo de la cuota, cuando la fecha fijada para el ingreso coincida con día feriado o inhábil, dicho ingreso se trasladará al primer día hábil posterior siguiente.

De tratarse de un día feriado local, el débito de las cuotas se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la respectiva operatoria bancaria.

Si se optara por la rehabilitación mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), se podrá generar uno solo por día y tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24). Si la generación se realiza en un día feriado o inhábil, el débito no se trasladará al día hábil inmediato siguiente. Por ello el responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del citado débito, los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles y que además dicho lapso coincida con los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva entidad de pago.

La rehabilitación de la/s cuota/s impaga/s mediante Volante Electrónico de Pago (VEP) se podrá generar diariamente, excepto durante la ejecución de los procesos de control que imposibiliten la disposición de dicha funcionalidad, situación que se comunicará a través de mensajes en la aplicación respectiva.

– Procedimiento de cancelación anticipada

ARTÍCULO 12.- Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar la cancelación anticipada total de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago, a partir del mes en que se produce el vencimiento de la segunda cuota del respectivo plan. A tal efecto, deberán presentar una nota conforme a lo previsto por la Resolución General N° 1.128, en la dependencia en la que se encuentren inscriptos.

El sistema “MIS FACILIDADES” calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento-, al día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud de cancelación anticipada, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de ahorro habilitada, en una única cuota.

Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro del importe determinado para la cancelación anticipada coincidan con un día feriado o inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, tal débito se efectuará dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento original.

A efectos de la determinación del importe de la cancelación anticipada, se considerarán las cuotas vencidas e impagas y las no vencidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de la cuota del mes en que se solicita la cancelación anticipada.

Si no pudiera efectuarse el débito directo del importe de la cancelación anticipada no existirá posibilidad de continuar cancelando las cuotas. No obstante ello, el contribuyente podrá solicitar la rehabilitación de la cancelación anticipada para ser debitada el día 12 del mes siguiente o abonada mediante Volante Electrónico de Pago (VEP). Dicha rehabilitación no implica la exclusión de la caducidad en caso de verificarse las causales previstas en la presente.

En el supuesto indicado en el párrafo precedente, el monto calculado devengará los intereses resarcitorios que correspondan.

CAPÍTULO F – CADUCIDAD. CAUSAS Y EFECTOS

ARTÍCULO 13.- La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.

b) Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de “e-Ventanilla” al que accederá con su Clave Fiscal y que se verá reflejada en el sistema “MIS FACILIDADES”-, esta Administración Federal quedará habilitada para disponer las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.

Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante depósito bancario o transferencia electrónica de fondos conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Generales N° 1.217 y N° 1.778, sus respectivas modificatorias y complementarias.

El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, será el que surge de la imputación generada por el sistema y deberá ser consultado en la pantalla “Impresiones” opción “Detalle de Imputación de Cuotas” del servicio “MIS FACILIDADES”, mediante la utilización de la Clave Fiscal obtenida conforme a lo previsto en la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones.

CAPÍTULO G – DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA O JUDICIAL

– Allanamiento

ARTÍCULO 14.- En el caso de incluirse en este régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos y que resulten competentes para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión al presente régimen.

La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.

Acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento y/o desistimiento a la pretensión fiscal y una vez satisfecho el pago a cuenta y producido el acogimiento por la totalidad de la deuda, este Organismo solicitará al juez interviniente, el archivo de las actuaciones.

Cuando la solicitud de adhesión resulte anulada o se declare el rechazo o caducidad del plan de facilidades de pago por cualquier causa, esta Administración Federal efectuará las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente.

– Medidas cautelares trabadas. Efectos del acogimiento

ARTÍCULO 15.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia interviniente de este Organismo -una vez acreditada la adhesión al régimen y la presentación del formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo)- arbitrará los medios para el levantamiento de la respectiva medida cautelar.

De tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la hubiera decretado.

En todos los casos, con carácter previo al levantamiento, se procederá a transferir las sumas efectivamente incautadas con anterioridad a la solicitud de acogimiento al plan de facilidades de pago.

La falta de ingreso del total o de la primera cuota del plan de pagos de los honorarios a que se refiere el artículo siguiente, no obstará al levantamiento de las medidas cautelares, siempre que se cumpla con los demás requisitos y condiciones dispuestos para adherir al régimen.

El levantamiento de embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización. El mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares, que debe solicitarse con carácter previo al archivo judicial.

– Honorarios. Procedencia. Forma de cancelación

ARTÍCULO 16.- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el Artículo 98 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que se encuentren en curso de discusión contencioso-administrativa o judicial, los honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos, en su caso.

La cancelación de los honorarios referidos, se efectuará de contado o en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no podrán exceder de DOCE (12), no devengarán intereses y su importe mínimo será de QUINIENTOS PESOS ($ 500.-) (16.1.).

La solicitud del referido plan deberá realizarse mediante la presentación de una nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, ante la dependencia de este Organismo en la que revista el agente fiscal o letrado interviniente.

La primera cuota se abonará según se indica:

1. Si a la fecha de adhesión al plan de facilidades de pago existiera estimación administrativa o regulación judicial firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la adhesión, debiéndose informar dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido, mediante una nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, presentada ante la dependencia de este Organismo en la que revista el agente fiscal actuante.

2. Si a la aludida fecha no existiera estimación administrativa o regulación firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes contados a partir de aquel en que queden firmes e informado dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido el mismo, por nota, de acuerdo con lo previsto por la Resolución General N° 1.128, presentada ante la respectiva dependencia de este Organismo.

Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al vencimiento de la primera cuota indicada en los puntos 1. y 2. precedentes.

En el caso de las ejecuciones fiscales se reputarán firmes las estimaciones administrativas o regulaciones judiciales de honorarios no impugnadas judicialmente por el contribuyente y/o responsable, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su notificación (16.2.).

En los demás tipos de juicio, dicha condición se considerará cumplida cuando la regulación haya sido consentida -en forma expresa o implícita por el contribuyente y/o responsable-, en cualquier instancia, o bien ratificada por sentencia de un tribunal superior que agote las vías recursivas disponibles.

La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta de pago de cualquiera de las cuotas a los TREINTA (30) días corridos de su vencimiento. En tal supuesto procederá el reclamo judicial del saldo impago a la fecha de aquélla.

El ingreso de los honorarios mencionados deberá cumplirse atendiendo a la forma y condiciones establecidas por la Resolución General N° 2.752 o la que la sustituya en el futuro.

– Costas del juicio

ARTÍCULO 17.- El ingreso de las costas -excluido honorarios- se realizará y comunicará de la siguiente forma:

a) Si a la fecha de adhesión al régimen existiera liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha, e informado dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de realizado dicho ingreso, mediante nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, presentada ante la dependencia correspondiente de este Organismo.

b) Si no existiera a la fecha aludida en el inciso anterior liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa, debiendo informarse dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido el mismo, mediante nota, conforme a lo previsto por la Resolución General N° 1.128, a la dependencia interviniente de esta Administración Federal.

ARTÍCULO 18.- Cuando el deudor no abonara los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones establecidas precedentemente, se iniciarán o proseguirán, en su caso, las acciones destinadas al cobro de los mismos, de acuerdo con la normativa vigente.

CAPÍTULO H – DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 19.- Los planes de facilidades de pago que se establecen por esta resolución general podrán presentarse desde el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive.

ARTÍCULO 20.- La cancelación de los planes de facilidades de pago no implica reducción alguna de los intereses resarcitorios y/o punitorios, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.

ARTÍCULO 21.- A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente deberán considerarse, asimismo, las notas aclaratorias y citas de textos legales con números de referencia contenidas en el Anexo I.

ARTÍCULO 22.- Apruébanse los Anexos I IF-2017-15636684-APN-DISEGE#AFIP y II IF-2017-15637798-APN-DISEGE#AFIP que forman parte de esta resolución general.

ARTÍCULO 23.- Las disposiciones establecidas en la presente resultarán de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTÍCULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

ANEXO I (Artículo 21)

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículo 7°.

(7.1.) La línea de teléfono celular deberá encontrarse radicada en la República Argentina.

Artículo 8°.

(8.1.) Para utilizar el sistema informático denominado “MIS FACILIDADES”, se deberá acceder al sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) e ingresar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la respectiva Clave Fiscal.

El ingreso de la Clave Fiscal permitirá al contribuyente y/o responsable autenticar su identidad.

Los sujetos que no posean la aludida Clave Fiscal deberán gestionarla de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones.

La información transferida tendrá el carácter de declaración jurada y su validez quedará sujeta a la verificación de la veracidad de los datos ingresados por el contribuyente y/o responsable.

(8.2.) Los datos informados con relación al tipo de cuenta y/o al banco donde se encuentra radicada la misma podrán ser modificados por el contribuyente y/o responsable.

A los fines de suministrar la Clave Bancaria Uniforme (CBU), registrada de acuerdo con lo previsto por la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias y complementarias, se accederá al servicio “Declaración de CBU”. Dicho cambio deberá ser informado a la entidad bancaria correspondiente, a fin de evitar inconvenientes con los futuros débitos.

La sustitución de la citada clave tendrá efectos a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al mes en que se ingresó la novedad en el sistema, para el débito de las cuotas.

Cuando coexistan DOS (2) o más planes de un mismo contribuyente y/o responsable y éste desee utilizar diferentes cuentas de un mismo banco para que se efectúe el débito de las cuotas respectivas, tal circunstancia deberá ser previamente acordada por el responsable con la entidad bancaria. De igual manera deberá proceder en caso de modificar el número de cuenta por otro correspondiente a una cuenta de la misma entidad.

(8.3.) Una vez finalizada la transmisión electrónica del detalle de los conceptos e importes de las deudas y el plan solicitado, el sistema emitirá el respectivo acuse de recibo de la presentación realizada.

Artículo 16.

(16.1.) El importe resultará de dividir el monto total del honorario por DOCE (12). Si el monto resultante de cada cuota determinada resulta inferior a QUINIENTOS PESOS ($500.-), se reducirá el número de ellas hasta alcanzar la suma indicada.

(16.2.) Conforme a lo previsto en el octavo artículo incorporado a continuación del Artículo 62 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, por el Decreto N° 65 del 31 de enero de 2005.

IF-2017-15636684-APN-DISEGE#AFIP

ANEXO II (Artículo 5°)

DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL PAGO A CUENTA

A = (M-S) x % de pago a cuenta según el “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”

P = A+S

Donde:

M = Deuda consolidada

S = Sumatoria de intereses punitorios

P = Monto del pago a cuenta

DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS

Las cuotas a ingresar serán mensuales, iguales y consecutivas y el monto se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

C = Monto de la cuota que corresponde ingresar

D = Monto total de la deuda a cancelar en cuotas (deuda consolidada “M” menos pago a cuenta “P”)

n = Total de cuotas que comprende el plan

i = Tasa de interés mensual de financiamiento

IF-2017-15637798-APN-DISEGE#AFIP

e. 28/07/2017 N° 54048/17 v. 28/07/2017

Fecha de publicación 28/07/2017