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Un Comentario

En juicios por accidentes laborales no se pueden pactar honorarios

| El 24, Ago 2016

Hace unos días la Cámara de Apelaciones del Trabajo fijó como regla general (en Capital) que los abogados no pueden pactar honorarios en causas por accidentes de trabajo, sino solo lo que le regulen los jueces, a cargo de la contraparte (empresa o aseguradora) si es que ganan el juicio.

En un fallo plenario que vale en toda Capital a los jueces les tocó decididr si n las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773 es o no legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones. Esto es, si sobre las sumas que debe pagar la ART por incapacidad, por ejemplo, el abogado puede pactar llevarse un porcentaje (ej. 20%) que le pagará el trabajador.

La ley de riesgos de trabajo dispone que las prestaciones derivadas de esta norma “…son irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. Por esto, la mayoría entendió que el pacto de cuota litis implica una cesión anticipada de una parte de un crédito que pudiere reconocerse a un litigante en el marco de una acción judicial por lo que, obviamente, su aprobación en una causa en la cual se reclaman prestaciones emergentes de la Ley 24.557 y de la Ley 26.773, implicaría una violación lisa y llana de la directiva legal antes transcripta que prohíbe todo tipo de cesión o enajenación, sea total o parcial, de los beneficios previstos en dichas normas.

En tanto, desde la disidencia que terminó perdiendo ante la mayoría argumentaron que el pacto de cuota litis es un convenio suscripto por el abogado y su cliente por el que este último cede al primero, en forma anticipada, un porcentaje de una eventual y futura condena pecuniaria a su favor, y se encuentra autorizada su realización en forma expresa, siempre y cuando no exceda el 20% del crédito laboral. Además requerirá en cada caso, ratificación personal y homologación judicial (cfr. art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Desde la minoría completaron el argumento diciendo que el hecho de que las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo gocen de los privilegios de los créditos alimentarios, y que estos sean irrenunciables y no puedan ser cedidos ni enajenados (de acuerdo a lo que dispone el art. 11, punto I de la Ley 24.557) a mi entender, no obsta en modo alguno la celebración de un convenio de honorarios entre el accionante y el abogado que lo represente en el litigio, siempre y cuando se cumplan los requisitos impuestos por la ley.

 


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Y completaron la idea diciendo que existen dos bienes jurídicos que el legislador pretende proteger -y no está mal-: la integridad de lo que debe recibir el trabajador como indemnización por un lado y, por el otro, los honorarios del profesional, que también tienen naturaleza alimentaria. De seguirse el lineamiento de la nueva ley, no habría una merma proporcional como en el anterior régimen, sino directamente la supresión de un derecho alimentario que le corresponde al abogado, quien también es un trabajador, resultado esto último, por ser un perjuicio mayor, inaceptable.

Pero finalmente la mayoría votó que, como es una cesión de un derecho alimentario, sobre las prestaciones de la ART no puede pactarse la cuota litis. Podés leer la sentencia completa y argumentar o dejar un comentario debajo.

accidente de trabajo- fuente: https://seriousaccidents.com/wp-content/uploads/2009/05/Workers-Compensation2.jpg

 


 

Anexo con la sentencia completa sobre el pacto de cuota litis en accidentes de trabajo

Cám. Nac. Trab., en pleno, “VVV Carla Natalia Lorena c/La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA s/accidente – ley especial”, 21/06/2016

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiún días del mes de junio de 2016; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Gregorio Corach, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Gloria Marina Pasten de Ishihara, Graciela Aída González, Miguel Ángel Pirolo, Miguel Ángel Maza, Diana Regina Cañal, Héctor César Guisado, Silvia Esther Pinto Varela, Beatriz Inés Fontana, Graciela Elena Marino, Graciela Lucía Craig, Luis Aníbal Raffaghelli, Estela Milagros Ferreirós, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Víctor Arturo Pesino, Luis Alberto Catardo, Álvaro Edmundo Balestrini, Roberto Carlos Pompa, Mario Silvio Fera, Enrique Ricardo Brandolino y Daniel Eduardo Stortini; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Álvarez, a fin de considerar el expediente Nº 14.009/2014 – Sala II, caratulado “vv, CARLA NATALIA LORENA c/ LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL”, convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nº 23 del uno de septiembre de dos mil quince, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: “En las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773, ¿es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas?”.-

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo O. Álvarez, dijo:-

Una de las tantas perplejidades que suscitó la Ley 24.557, fue el haber omitido, a diferencia de sus precedentes, la prohibición expresa del pacto de cuota litis, en los reclamos judiciales concernientes al pago de las prestaciones originadas en los infortunios del trabajo.-

Tanto la legendaria Ley 9.688 (cfr. art. 24), como la efímera Ley 24.028 (cfr. art. 13 inc. 5), contenían enfáticas vedas y nunca sabremos, ante la ausencia de una exposición de motivos específica, si el legislador de 1995 tuvo la intención meditada y profunda de modificar una tradicional tendencia o, si incurrió en un olvido. Esta duda, tal vez, carezca de importancia a la hora de interpretar la normativa vigente, porque lo esencial, e innegable, residía en la ausencia de una disposición concreta que invalidara el contrato aleatorio de cesión de créditos litigiosos hacia los letrados que persiguen su cobro.-

Aferrado al principio de legalidad y reserva del art. 19 de la Constitución Nacional, este Ministerio Público sostuvo, durante la vigencia de la Ley 24.557 en su versión originaria, la admisibilidad del pacto de cuota litis en los juicios en los cuales se reclamaba el pago de las prestaciones previstas en dicha norma (ver, entre muchos otros, el Dictamen Nro. 56.059 del 30/11/2012, en autos: “Franco, Omar Ezequiel c/ Mapfre Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente – acción civil”, Expte. Nro. 6.019/2010, del registro de la Sala I y el Nro. 57.465, en autos_ “Pintos Franco, Alfredo c/ Liberty A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial”, Expte. Nro. 48.775/2012, del registro de la Sala VI).-

Nuestra posición no implicó, en verdad, un aval doctrinario a una omisión no imaginada. Simplemente ratificamos el criterio interpretativo unánime que rechaza la posibilidad de considerar que las “lagunas del derecho”, de existir, puedan ser consideradas creadoras de prohibiciones implícitas (ver Carlos Alchourron y Eugenio Bulygin, “Introducción a la metodología de la ciencias jurídicas y sociales”; Edit. Astrea, págs.. 70 y sgtes. y Ricardo Guibourg, “El fenómeno normativo”, Edit. Astrea, págs.. 109 y sgtes.-).-

Por otra parte, no consideramos fundamento suficiente para juzgar prohibido el pacto de cuota litis, la irrenunciabilidad e indisponibilidad prevista por el art. 11 inc. 1 de la Ley 24.557, porque prescripciones análogas rigen, en principio, para todos los créditos emergentes de la relación laboral (doct. arts. 12; 148; 149 y conc. de la Ley de Contrato de Trabajo) y, como es sabido, el propio ordenamiento positivo admite la legitimidad de tal acuerdo, condicionado a que no supere el 20% y haya sido ratificado por el trabajador y homologado por el órgano jurisdiccional (art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo).-

Estos razonamientos fueron los que nos llevaron a considerar admisible la celebración de tal tipología retributiva de la labor profesional, aun cuando el objeto de la pretensión litigiosa tuviese por sustento la Ley 24.557. Pero las circunstancias de índole normativa variaron con la promulgación de la Ley 26.773, que intentó “ordenar” (y utilizo el verbo elegido por el legislador) el sistema de reparación de infortunios laborales.-

Hago esta afirmación, porque el art. 17 de la mencionada disposición legal que, en su inciso 3, efectúa una remisión al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece las pautas para fijar el “monto del proceso” como base regulatoria de los honorarios y culmina con una veda específica al pacto de cuota litis.-

El último párrafo del aludido apartado, más allá de la equívoca utilización del gerundio del verbo ser (“…no siendo admisible el pacto de cuota litis…”) debe entenderse como una prohibición expresa que conjura la laguna ya mencionada, y vuelve a la tradición de las leyes especiales, con una ampliación, que, ahora, torna indiferente el sustento de la acción.-

No dejo de advertir que algunos pronunciamientos han sostenido que la veda de referencia se ciñe, en su literalidad, a las acciones previstas en el art. 4, último párrafo de la Ley 26.773, o sea en las que materializan la opción por el Derecho Civil, pero esta interpretación, a mi modo de ver, no puede ser compartida, como lo ha afirmado ya esta Función (ver, entre otros y, en especial, Dictamen Nro. 59.456, del 4 de febrero de 2014, en autos “Salazar Cavero, Miguel Ángel c/ La Caja A.R.T. S.A.”, etc.).-

En efecto, la exposición de motivos de la Ley 26.773 y, en especial, el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional, son terminantes cuando afirman que se consignó “…la no admisibilidad del pacto de cuota litis en las indemnizaciones prevenientes de los accidentes del trabajo…” y que “…el proyecto mantiene el criterio limitativo que nuestra legislación en la materia viene sosteniendo desde su inicio, ver Leyes 9.688 y 24.028…”.-

Este “criterio limitativo” estaba referido a los reclamos fundados en las leyes especiales y si se quiso retornar a la tradición, no puede interpretarse que sólo se consagró la prohibición en los reclamos fundados en el Derecho Civil. Adviértase que sería algo incoherente prohibir el pacto de cuota litis en las acciones fundadas en el denominado derecho común y permitirlo en las demandas que se ciñen al cobro de los créditos mínimos sobre los que se afirma el principio de integridad en el pago.-

Resalto, asimismo, que la proposición gramatical última (“…no siendo admisible el pacto de cuota litis…) es la conclusión de un párrafo que alude al “…régimen de reparación contenido en esta ley…” y, por lo tanto, no debe juzgarse relacionado con las acciones judiciales previstas en el art. 4, que solo se mencionan en la remota oración primaria.-

En resumen, considero que, a partir de la vigencia de la Ley 26.773, se ha consagrado una prohibición específica, más allá del sustento de la acción y de la esencia del crédito que se reclama, por el hecho de que tenga por causa un infortunio del trabajo.-

Se impone, por ende, una respuesta negativa al interrogante que nos convoca.-

Por la NEGATIVA, en MAYORÍA, votan los doctores: PIROLO, GONZÁLEZ, MAZA, GUISADO, PASTEN DE ISHIHARA, MARINO, BRANDOLINO, STORTINI, PESINO, PINTO VARELA, CATARDO, CAÑAL, RODRÍGUEZ BRUNENGO, FONTANA y FERA.-

EL DOCTOR PIROLO, dijo:-

El art. 11, inc. 1) de la Ley 24.557 establece claramente que las prestaciones derivadas de esta norma “…son irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”.-

Como sostuve, conjuntamente con mi distinguida colega de Sala Dra. Graciela A. González, al votar en la causa que origina esta convocatoria, es indudable que el pacto de cuota litis implica una cesión anticipada de una parte de un crédito que pudiere reconocerse a un litigante en el marco de una acción judicial por lo que, obviamente, su aprobación en una causa en la cual se reclaman prestaciones emergentes de la Ley 24.557 y de la Ley 26.773, implicaría una violación lisa y llana de la directiva legal antes transcripta que prohíbe todo tipo de cesión o enajenación, sea total o parcial, de los beneficios previstos en dichas normas.-

En base a tales consideraciones, voto por dar respuesta negativa al interrogante planteado.-

LA DOCTORA GONZÁLEZ, dijo:-

Para un adecuado tratamiento de la cuestión sustancial de la presente convocatoria, habré de analizar en primer término la naturaleza jurídica del pacto de cuota litis, a cuyo efecto cabe memorar que esta expresión proviene del latín quota litis y significa parte o porción del pleito. Se trata, pues, de un contrato bilateral para la percepción de honorarios entre el abogado y su cliente, en el cual este último se obliga a pagarle al primero una parte de lo que reciba con motivo del litigio. De este modo, el profesional se hace partícipe del resultado del proceso, en tanto su objeto está supeditado a que la acción prospere de modo parcial o total. Es por esta condición que este tipo de contrato debe enmarcarse en la figura contemplada en los arts. 343, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial.-

Desde esta perspectiva de análisis, es evidente que la celebración del pacto de cuota litis importa la afectación de los créditos que se reclaman en el pleito y, en definitiva, una cesión de éstos, pues si bien es cierto que el profesional está condicionado para su percepción a que los créditos sean no solo reconocidos, sino también pagados por el deudor, lo jurídicamente relevante es que el cumplimiento de tales recaudos no hacen más que a la condición suspensiva del contrato, por lo que una vez cumplida, es el letrado quien tiene derecho a recibir el pago, por lo que no puede desconocerse que, en definitiva, ha mediado una cesión de los créditos en cuestión.-

En esta inteligencia es que, como sostuviera en autos “Morel, Sindulfo c/ Galeno A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial” (Sent. Int. Nº 65.755 de fecha 18/7/2014 del registro de la Sala II C.N.A.T.) y en la sentencia que motiva esta convocatoria, no es legítima la celebración de un pacto de cuota litis en un pleito cuyo objeto se enmarca en prestaciones fundadas en la ley 24.557, por cuanto el artículo 11 inciso 1) de este cuerpo normativo establece claramente que éstas son “…irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas” y que -conforme las consideraciones señaladas- “…el pacto de cuota litis implica una cesión anticipada de una parte de un crédito que pudiera reconocerse a un litigante en el marco de una acción judicial por lo que, obviamente, su aprobación implicaría una violación lisa y llana de la directiva legal antes trascripta que prohíbe todo tipo de cesión o enajenación, sea total o parcial de los créditos emergentes de esa ley…”.-

Como sostuviera mi distinguido colega de la Sala II que integro, Dr. Miguel Ángel Maza, al votar en autos “Bustamente, Daniel Alberto c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente -a ley especial”, al que oportunamente adhiriera por análogos fundamentos, si bien la Ley de Contrato de Trabajo también tutela las remuneraciones y demás créditos emergentes del contrato de trabajo, al disponer que éstas “…no podrán ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno” (art. 148), y que no obstante ello pueden ser objeto del pacto de cuota litis con el límite fijado por el art. 277 L.C.T., lo cierto es que lo que esta última norme constituye es “…precisamente, la excepción decidida por el Congreso Nacional ante esas dos cualidades tuitivas dadas a los créditos laborales. En el caso del art. 11 de la ley 24.557 el legislador no ha generado una excepción semejante tras la prohibición lisa y llana de toda renuncia, cesión o acto de enajenación, siguiendo la tradición nacida en 1915 con la ley 9.688 (art. 13) y continuada por la ley 24.028…” (ver Sent. Int. Nº 66.853 de fecha 18/6/2015 del registro de la Sala II C.N.A.T.).-

En efecto, considero que la viabilidad del pacto de cuota litis en los pleitos que tienen por objeto créditos emergentes del contrato de trabajo responde únicamente a la excepción prevista por el art. 277 L.C.T., y en la medida allí dispuesta, y no al hecho de que pueda concebirse que éste no constituya una cesión ni una afectación a terceros como expresamente y en sentido amplio prohíbe el mentado artículo 148 L.C.T.. Por ello es que el hecho de que la ley 24.557 no contenga una previsión similar no puede ser interpretado como un vacío legal, sino lisa y llanamente como la inexistencia de una excepción en este sentido del principio de intangibilidad de las prestaciones dispuesto por el art. 11 L.R.T.. Cabe aclarar que tampoco hallo viable extender la previsión del art. 277 L.C.T. a los casos en los cuales se reclaman las prestaciones de la L.R.T., pues al tratarse de una excepción, debe aplicarse restrictivamente a las obligaciones allí contempladas.-

En lo que atañe a la previsión dispuesta por el art. 17 inc. 3 de la ley 26.773, considero que ésta resulta inaplicable al caso por cuanto dicha norma regula exclusivamente el ámbito de las acciones previstas en el art. 4, último párrafo, de esa misma ley, es decir, las acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil.-

Con apoyo en las consideraciones expuestas, voto en sentido negativo a la cuestión que motiva la convocatoria en el presente plenario.-

EL DOCTOR MAZA, dijo:-

I.- Si bien no he votado en el precedente en cuyo seno se ha abierto esta instancia plenaria, tuve ocasión de expedirme de manera coincidente en otros casos (entre estos, “Bustamante, Daniel A. c/ Prevención A.R.T. S.A.” S.I. Nº 66.853 del 18/6/2015), en los que sostuve mi opinión en el sentido de que la naturaleza de los derechos en juego y el texto originario de la ley 24.557 no permiten la operatividad del pacto de cuota litis.-

Luego de la reflexión que esta ocasión de análisis global plantea, ratifico mi pensamiento que, por otra parte, se ve confirmado por el texto de la ley 26.773, como bien lo destaca con su acostumbrado acierto el Sr. Fiscal General Eduardo O. Álvarez.-

II.- El art. 11 apartado 1ª, párrafo final, de la ley 24.557 establece con prístina claridad que las prestaciones dinerarias de esta ley “…Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas” (el subrayado es mío), regla legal de indiscutible razonabilidad para tutelar la integridad de las indemnizaciones cuya naturaleza alimentaria y generada en situaciones que afectan la capacidad del dependiente de ganar salario explica que se las margine de toda posibilidad de cesión, renuncia o enajenación aún parcial.-

Es por ello que no tengo la menor duda de que esas reglas protectorias alcanzan también al pacto de cuota litis, que, en esencia, no es otra cosa que una cesión parcial del crédito indemnizatorio.-

Y si ese texto ofreciere algún margen para la hesitación, no podría soslayarse que la regla del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo exigiría, al igual que el principio constitucional de tutela, interpretar la norma en el sentido más favorable a los trabajadores, es decir que debería resolverse tal duda en favor del resguardo de la integridad del eventual crédito laboral.-

No soslayo que de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo también créditos de origen contractual tutelados con la irrenunciabilidad y la incesibilidad pueden ser objeto de pacto de cuota litis con el límite fijado por el art. 277 L.C.T. pero considero que esa norma constituye, precisamente, la excepción decidida por el Congreso Nacional ante esas dos cualidades tuitivas dadas a los créditos laborales.-

En el caso del art. 11 de la ley 24.557 el legislador no ha generado una excepción semejante tras la prohibición lisa y llana de toda renuncia, cesión o acto de enajenación, siguiendo la tradición nacida en 1915 con la ley 9.688 (art. 13) y continuada por la ley 24.028.-

No me parece ocioso resaltar que el hecho de que el legislador de 1995 -cuya falta de precisión técnica ha sido constatada por la jurisprudencia de todo el país y de todas las instancias- al dictar la ley 24.557 no haya prohibido en forma específica y expresa ese negocio jurídico, apartándose del explícito modelo de las normas antecesoras, en modo alguno obsta a quitarle sentido a la norma general del art. 11 puesto que, a mi modo de ver, no se requiere una regla explícita que vede el pacto de cuota litis sino que, muy por el contrario, los créditos laborales protegidos con la irrenunciabilidad y la incesibilidad están en principio excluidos de ese tipo de negocios jurídicos salvo que una norma expresa, como el art. 277 de la L.C.T., los habilite pues es regla del derecho común que los créditos alimentarios gocen de la más absoluta incesibilidad (conf. art. 539 Código Civil y Comercial).-

Me parce visible, en ese orden de análisis, que no puede darse idéntico tratamiento al pacto de cuota litis en materia de derechos y créditos ordinarios, de créditos de carácter alimentario y de créditos no solamente alimentarios sino de especial cuidado como los derivados de la pérdida de la capacidad laborativa de los dependientes. Por eso, me parece razonable que la ley 21.839 para los primeros, el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo para los segundos y el art. 11 apartado 1 de la ley 24.557 para los últimos dispongan distintas y diferenciadas reglas en relación a dicho pacto.-

III.- No se me escapa la importancia que el tema tiene en relación al ejercicio de la defensa de los trabajadores y al derecho de quienes asumen tal acción a ser debidamente retribuidos. Empero, me parece evidente que tal retribución está garantizada por la respectiva regulación de honorarios profesionales basada en el ámbito nacional en la ley 21.839 y el art. 38 de nuestra ley procesal y no encuentro elementos de juicio para barruntar siquiera que aquella trascendental tarea de representar y defender en juicio los derechos de los dependientes en situaciones de infortunios laborales que produzcan incapacidad no pueda ser llevada a cabo, o que pueda resultar ruinosa, exclusivamente merced a la recompensa de la correspondiente regulación de los honorarios.-

Es para mí muy clara la importante función que cumple el pacto de cuota litis en la litigación por los derechos de los trabajadores y merece mi máximo respeto, pero también me resulta evidente que la pugna entre la más intensa tutela del derecho de los damnificados a la indemnización tarifada libre de deducciones y el derecho de sus representantes letrados a una compensación adicional a los honorarios legales deber ser resuelta, en el marco de la prístina letra del art. 11 de la ley 24.557, en favor del cobro íntegro de la reparación.-

IV.- Por lo hasta aquí dicho, sostengo con absoluto convencimiento la opinión de que la regla del art. 11 de la ley 24.557 no es compatible con la autorización de pactos de cuota litis.-

No obstante ello, como bien lo puntualiza el Sr. Fiscal General, la ley 26.773 -vigente desde el 26/10/2012- ha añadido al “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” -según el pomposo título que esa ley otorga al complejo normativo hoy vigente- una regla de claridad indiscutible que veda toda posible discusión al menos a partir de aquel momento de entrada en vigencia.-

En efecto, el apartado 3 del art. 17 de la citada ley aniquila toda duda pues, con una frase lacónica incluida como “al pasar” y tras permitir y reglar el pacto de cuota litis en las acciones previstas en su art. 4, dispone que no es admisible fuera de esa hipótesis. Como destaca el Dr. Eduardo O. Álvarez en su dictamen, la construcción del precepto no permite albergar duda alguna de que la expresión “…no siendo admisible el pacto de cuota litis” refiere unívocamente a la acción especial puesto que el apartado bajo análisis sólo lo admite y regula para las acciones del art. 4, es decir las fundadas en otros sistemas de responsabilidad distintos al especial de la Ley de Riesgos del Trabajo.-

Esa forma lacónica de negar validez a dicho negocio jurídico ratifica por otra parte, y según creo, que la prohibición ya surgía del analizado art. 11 de la ley 24.557.-

V.- En virtud de tales razones, voto en sentido negativo al interrogante de la convocatoria.-

EL DOCTOR GUISADO, dijo:-

Con anterioridad he sostenido, como integrante de esta Sala IV, que la ley 24.557 no había recogido la prohibición de celebrar pactos de cuota litis prevista en las derogadas leyes 9.688 y 24.028 (ver arts. 24 y 13, inc. 5, respectivamente), por lo que podía válidamente entenderse que el legislador de 1995 había decidido suprimir esa restricción.-

Sin embargo, como bien lo señala el Sr. Fiscal General en su dictamen, el marco normativo ha cambiado, pues, actualmente, el art. 17,inc. 3º, de la ley 26.773 veda expresamente la celebración de ese tipo de acuerdos.-

Por ello y a mérito de los demás fundamentos expuestos en el mencionado dictamen, que comparto y doy aquí por reproducidos en razón de la brevedad, voto por la NEGATIVA al interrogante propuesto.-

LA DOCTORA PASTEN DE ISHIHARA, dijo:-

Ha sido sometida a consideración de esta Cámara la cuestión relativa a la admisibilidad del pacto de cuota litis en los pleitos en que se reclaman las prestaciones que prevén las leyes 24.557 y 26.773.-

Creo conveniente puntualizar, en primer lugar, que esta Sala I señaló en la causa “Franco, Omar Exequiel c/ Mapfre A.R.T. S.A. s/ accidente – acción civil” (S.D. 88.448 del 28/12/2012), sin dejar de advertir las dudas razonables que presenta la cuestión, que la ley 24.557 no había establecido una prohibición a la celebración del pacto de cuota litis, similar a la que contenían los arts. 24 y 13 inc. 5 de las leyes 9.688 y 24.028 respectivamente. Esta diferencia condujo a este Tribunal a interpretar que la falta de previsión legislativa era producto de la decisión del legislador de suprimir la prohibición que contenían los anteriores regímenes normativos.-

Un nuevo análisis de la temática que nos convoca, realizado a la luz de las previsiones del art. 17 inc. 3 de la ley 26.773 en autos “Bazán, Paola Elisabet c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente – ley especial s/ recurso de queja” (S.I. 66.608 del 21/4/2015), en conjunto con lo normado por el art. 11 inc. 1º de la ley 24.557, me inclinó a adoptar un nuevo criterio, que esta Sala I ha explicitado desde entonces.-

El inc. 1º del art. 11 antes mencionado, establece claramente que son “…irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas” las prestaciones otorgadas en el marco de la ley 24.557. En tal marco, el pacto de cuota litis implica una cesión anticipada de una porción del crédito que oportunamente podría reconocerse a un litigante en un reclamo judicial, por lo que su homologación implicaría una clara vulneración del dispositivo legal citado que prohíbe todo tipo de cesión o enajenación, ya sea total o parcial de los créditos emergentes de esa ley.-

Este criterio luce ratificado por la sanción de la ley 26.773, como señalara en la causa “Bazán” antes indicada y coincide con la opinión vertida por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, en el sentido de que ese régimen legal, en su art. 17 inc. 3 establece que no es admisible el pacto de cuota litis, prohibición que no entiendo limitada a las acciones judiciales previstas en el art. 4º último párrafo (en referencia a las iniciadas por la vía del derecho civil) al que se refiere el primer segmento del inc. 3º en orden a la modificación que se introduce al art. 277 de la L.C.T., sino a las indemnizaciones provenientes del “régimen de reparación” que contiene la ley, al que se alude al final del párrafo correspondiente al inciso 3º y que abarca así aquellas prestaciones que contempla la ley especial.-

En consecuencia, voto por la negativa al interrogante planteado.-

LA DOCTORA MARINO, dijo:-

Entiendo que el conflicto se suscita cuando la ley 24.557 omite, a diferencia de sus precedentes legales, la prohibición expresa del pacto de cuota litis en los reclamos judiciales concernientes al pago de las prestaciones originadas en los infortunios del trabajo.-

En efecto, la ley 9688 en su art. 24 establecía que: “Serán asimismo nulas de pleno derecho y sin efecto alguno, las obligaciones contraídas por las víctimas o sus derechohabientes con intermediarios que se encarguen, mediante emolumentos convenidos anticipadamente de asegurarles el goce de los derechos reconocidos por esta ley”. Así como el inc. 5 del art. 13, ley 24.028 expresamente dispuso que: “Será nulo de nulidad absoluta y sin ningún valor el pacto de cuota litis para todas las acciones derivadas de la presente Ley y las que se ejercitaren de acuerdo con la opción prevista en el art. 16”.-

Ahora bien, entiendo que el legislador vuelve a este criterio con el dictado de la ley 26.773 al disponer en su art. 17 inc. 3, la prohibición expresa del pacto de cuota litis en las indemnizaciones provenientes de los accidentes de trabajo. “En las acciones judiciales previstas en el artículo 4º último párrafo de la presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el art. 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador -tanto en dinero como en especie- como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis”.-

Si bien no soslayo que las ley 24.557 no contiene expresamente esta prohibición y que la ley 26.773 resulta ser un “régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, la nueva normativa decreta específicamente que en las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad rige la prohibición contemplada en el art. 277 de la L.C.T. (conf. art. 17 apartado 3ro. de la Ley 26.773, precedentemente transcripto), y entiendo que una interpretación armónica permite afirmar que la prohibición, en atención a la naturaleza del Derecho del Trabajo, rige para todo tipo de accidentes y o enfermedad laboral.-

Este tesis se encuentra sustentada por los términos vertidos en el Mensaje del Poder Ejecutivo al elevar la Ley en análisis al Honorable Congreso de la Nación, en el que se consignó que “la no admisibilidad del pacto de cuota listis en las indemnizaciones provenientes de accidentes de trabajo, el proyecto mantiene el criterio limitativo que nuestra legislación en la materia viene sosteniendo desde su inicio -ver Leyes Nº 9.688 y 24.028- (ver, en particular, “Antecedentes del Proyecto” publicado en “Antecedentes Parlamentarios”, Noviembre de 2012, Ley 26.773 “Nueva Ley de Riesgos del Trabajo Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños”, Editorial La Ley Nro. 109. Asimismo cabe señalar que comparto y doy por reproducido en homenaje a la brevedad el criterio sostenido por la Fiscalía General en el dictamen Nº 59.456 en la causa “Salazar Cavero, Miguel Ángel c/ La Caja A.R.T. S.A.”.-

En consecuencia, considero que por todo lo expuesto se impone una respuesta negativa al planteo que nos convoca y entender que la ley 26.773 contempla la prohibición específica respecto del pacto de cuota litis en los casos que tenga por causa un infortunio del trabajo.-

EL DOCTOR BRANDOLINO, dijo:-

La deficiente técnica legislativa que observa la ley 24.557, y que continua la ley 26.773, provoca situaciones encontradas que -ciertamente- no tendrían que darse; precisamente, porque no es dable suponer la imprevisión del legislador, pero la primera de dichas normas, a diferencia de lo que históricamente venía ocurriendo (me refiero a las leyes 9.688 y 24.028), omitió toda referencia a la prohibición que los trabajadores puedan celebrar, con sus letrados, un pacto de cuota litis en reclamaciones sustentadas en dicho cuerpo legal; y -a mi modo de ver- ello obedeció a la característica del trámite que pretendió imponer, básicamente de carácter administrativo, sin intervención de abogados, lo cual -frente a la reclamación judicial- llevó a muchos (incluido el suscripto) a admitir tales convenios en el entendimiento que no existen prohibiciones implícitas, y porque la irrenunciabilidad e indisponibilidad a que alude al art. 11 inc. 1 de la citada 24.557, no difiere del principio que rige para los créditos emergentes de la relación laboral (arts. 12, 13, 148, 149 y conc. L.C.T. t.o.), que son pasibles de un pacto de cuota litis (conf. art. 277 L.C.T. t.o.).-

Reconozco que tal criterio deja sin resolver la eventual dificultad de la ejecución del pacto de cuota litis cuando el objeto de la reclamación involucra prestaciones en especie (conf. art. 20, ley 24.557), porque el pacto se establece en un porcentaje de lo que constituye el objeto del juicio; o sea en la misma especie, y no sobre el valor económico de éstas.-

Quizás esta fue una de las razones por la cuales, tanto la ley 9.688 (conf. art. 24) como la ley 24.028 (conf. art. 13 inc. b), dispusieron expresamente la prohibición del pacto de cuota litis; y tal temperamento se volcó nuevamente con la sanción de la ley 26.773, en el art. 17, ap. 3, disponiendo su inadmisibilidad, la cual no la entiendo referida únicamente a las acciones previstas por el art. 4, último párrafo, de dicho cuerpo legal, porque tal previsión no es sesgada, sino coherente con la modificación que introduce a la ley 24.557, y porque lo contrario conduciría a un resultado disvalioso para el trabajador víctima de un infortunio laboral: en acciones fundadas en normas de derecho civil a fin de lograr una reparación integral, el pacto de cuota litis está prohibido, mientras que en las acciones sistémicas (con una reparación tarifada), el pacto de cuota litis sería válido.-

Agrego a lo dicho, que como señala el Sr. Fiscal General -Dr. Eduardo O. Álvarez- la exposición de motivos de la ley 26.773, y en particular el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional, consignan “…la no admisibilidad del pacto de cuota litis en las indemnizaciones provenientes de los accidentes de trabajo…” y que “…el proyecto mantiene el criterio limitativo que nuestra legislación en la materia viene sosteniendo desde su inicio, ver leyes 9.688 y 24.028…”.-

En tales condiciones, y como la ley 26.773 no es una norma independiente o escindida de la ley 24.557, sino todo lo contrario, a partir de la vigencia de aquélla (26/10/12), existe una prohibición de celebrar pacto de cuota litis para reclamos sustentados en infortunios laborales.-

Tal conclusión no da respuesta (como no podría ser de otro modo) a las situaciones ya consumadas o a los pactos de cuota litis ya homologados (cuestión a dirimir en cada uno de los expedientes), pero si me lleva a votar por la negativa al interrogante de la convocatoria.-

EL DOCTOR STORTINI, dijo:-

Durante la vigencia de la ley 24.557 existió la posibilidad de homologar el pacto de “cuota litis” en las acciones por infortunios laborales con fundamento en esa ley especial. Esta posibilidad estaba dada porque la referenciada ley no establecía prohibición alguna en el punto y por ende no mediaba impedimento legal para celebrarlo entre el trabajador y su letrado.-

En cambio, la situación es diferente con la sanción de la ley 26.773 pues, como sus antecesoras la ley 9.688 y la ley 24.028, dispone expresamente en el inciso 3º de su art. 17 la inadmisibilidad del pacto de cuota litis. Obsérvese, en este sentido, que en la propia exposición de motivos de la mentada ley 26.773 se precisa con claridad “…la no admisibilidad del pacto de cuota litis en las indemnizaciones provenientes de los accidentes del trabajo…” por cuanto “…el proyecto (de ley) mantiene el criterio limitativo de nuestra legislación en la materia…” (según) “…las leyes 9.688 y 24.028…”.-

Más allá de la opinión personal que nos pudiere suscitar la veda reinstalada ahora por el legislador argentino, lo cierto es que la normativa en el punto es clara y, a mi ver, no permite entrar en una válida polémica.-

Es decir entonces que mi respuesta al interrogante articulado en el presente plenario es la negativa en los requerimientos fundados en la ley 26.773 frente a la expresa disposición de la ley ahora en vigor que así lo imposibilita.-

EL DOCTOR PESINO, dijo:-

Por las razones expuestas por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara en su dictamen, que doy aquí por reproducidas en homenaje a la brevedad, voto por la NEGATIVA.-

LA DOCTORA PINTO VARELA, dijo:-

Tal como ha quedado redactado el temario del acuerdo que nos convoca, cabe determinar si en las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773 es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas.-

Adelanto desde ya que mi respuesta es negativa al interrogante planteado. Hago esta afirmación porque si bien la ley 24.557, a diferencia de la histórica ley 9.688 (art. 24) y la ley 24.028 (art. 13 inc. 5), no tiene una norma que expresamente haga referencia al paco de cuota litis, lo cierto es que en su art. 11 apartado primero establece que las prestaciones dinerarias gozan de la franquicia y privilegios de los créditos por alimentos y agrega “son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”, lo que obstaría la celebración de pactos de cuota litis. Ello resulta coherente con lo dispuesto durante décadas en las normas anteriores y, fundamentalmente, con la especial situación del dependiente que reclama, pues no sólo se trata de créditos alimentarios sino que además derivan de la pérdida de su capacidad laborativa física y/o psíquica.-

Y si alguna duda interpretativa pudo haber generado dicha norma, ha sido conjurada a partir del dictado de la ley 26.773 titulada “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. En efecto, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, el art. 17 de la mencionada disposición legal, que en su inciso 3 remite al art. 277 de la L.C.T., establece las pautas para fijar el monto del proceso como base regularoria de los honorarios y por último dispone “…no siendo admisible el pacto de cuota litis…”. Así las cosas he de concluir que expresamente se prohíbe la celebración de este tipo de pactos. No soslayo que la redacción de dicho inciso generó alguna dura acerca del tipo de acciones a las que regía la veda; sin embargo, más allá del alcance que pudiera tener respecto de acciones fundadas en el Derecho Civil, es claro -en mi criterio- que incluye las acciones de la ley especial pues la prohibición dispuesta es la conclusión de un párrafo en el que se alude al régimen de reparación contenido en la ley (26.773).-

Por las razones expuestas voto por la negativa a las cuestiones planteadas.-

EL DOCTOR CATARDO, dijo:-

El interrogante que nos convoca, si: “En las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773, ¿es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas? merece una reflexión histórico-jurídica.-

En efecto, las antiguas Leyes 9.688 y 24.028 consagraban expresamente la prohibición de celebración del pacto de cuota litis en los infortunios laborales. Sin embargo, esta prohibición no ha sido legislada por la actual Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabría presumir, sin hesitación, que el legislador decidió suprimirlo. Y ello es así por cuanto, aunque “las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos, siendo además irrenunciables y no pueden ser cedidas o enajenadas” el pacto de cuota litis no es ni implica en manera alguna una cesión de crédito sino que se trata de un contrato atípico por el cual el abogado se compromete a realizar una tarea propia de su especialidad a cambio de una retribución que se fija en un 20% sobre el resultado del proceso pero que sea beneficioso para el trabajador, ya que de lo contrario, nada adeudará.-

Empero, parece que la Ley 26.773 aparece en la escena jurídica como un régimen de “ordenamiento” de la reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y esta nueva normativa decreta, específicamente, que en “las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, se consagra la no admisibilidad del pacto de cuota litis en las indemnizaciones provenientes de los accidentes de trabajo”. Ello aparece más nítidamente expuesto, por si cupiere alguna duda en torno a la interpretación literal del art. 4, último párrafo de la Ley 26.773, en la Exposición de Motivos de la Ley y en el Mensaje de elevación del P.E.N., donde el proyecto mantiene el viejo criterio limitativo de las derogadas leyes 9.688 y 24.028.-

Es por ello que me inclino por una respuesta NEGATIVA al interrogante que nos convoca.-

LA DOCTORA CAÑAL, dijo:-

En primer lugar, debo dejar sentada la salvedad de que en mi opinión, y también en absoluto respeto a la racionalidad del sistema, los fallos plenarios solo podrían tener un valor interpretativo, mas no vinculante, idóneo en todo caso para generar puntos de vista internos y externos, en palabras de Hart.-

Digo así, tal como lo sostuve en el Plenario Nº 325 “Fontanive”, a mi juicio, el artículo 303 del C.P.C.C.N., al establecer la referida vinculatoriedad, entra en contradicción con nuestro sistema continental, en donde los jueces de todo grado son independientes, obligados exclusivamente a resolver conforme a la Constitución Nacional y a las leyes con arreglo a la misma. La obligatoriedad de los fallos plenarios implica colocar a los jueces en el rol de legisladores, lo que en todo caso podría compadecerse con un sistema de common law o mixto, pero nunca en uno como el nuestro, de racionalidad cerrada.-

Ahora bien, cabe poner de resalto, que el pacto de cuota litis está regulado en el artículo 4, primer párrafo de la ley 21.839, y establece que los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad, en uno o más asuntos o procesos, consistirán en participar en el resultado de éstos. Es decir, el profesional toma a su cargo el riesgo, porque recae sobre sí un álea, a mérito de que su retribución dependerá de la efectiva percepción por el cliente del resultado económico y de ahí, que se lo tipifica como un contrato aleatorio.-

Tanto la ley 9.688 como así también su predecesora, la ley 24.028, contenían disposiciones expresas prohibiendo la celebración del pacto de cuota litis (art. 24 en la primera y art. 13 inc. 5º en la segunda).-

Ahora bien, la ley 24.557 dispone que las prestaciones dinerarias gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas (art. 11, inc. 1º). Sin embargo, la norma señalada no contiene expresamente la prohibición del pacto de cuota litis.-

En cambio, la ley 26.773, en forma expresa prohíbe el pacto de cuota litis cuando en el art. 17, inc. 3º, establece que el mismo no resulta admisible.-

En este devenir de normas, parecería que la ley 24.557 admitió la celebración de pactos de cuota litis, pues tal como lo expresa el Fiscal General, la irrenunciabilidad e indisponibilidad allí prevista, no resultan suficientes para entender que el plexo legal lo prohíbe.-

Pero aún así, la cuestión ha sido zanjada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, (que entró en vigencia el 11.8.15), que establece que quedan fuera de la garantía prevista por el art. 743, las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y daño material derivados de lesiones a su integridad psicofísica (art. 744, inc. f).-

Culminando, toda vez que la ley 26.773 expresamente prohíbe el pacto de cuota litis, voto por la negativa.-

EL DOCTOR RODRÍGUEZ BRUNENGO, dijo:-

Respecto de la cuestión que nos convoca, cabe recordar que el art. 11 de la ley 24.557 prevé que las prestaciones dinerarias que establece la citada ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos alimentarios, que son irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.-

En el mismo orden, el art. 4 de la ley 21.839 dice que los asuntos o procesos previsionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos y que tampoco podrán pactarse honorarios exclusivamente con relación a la duración del asunto o proceso.-

De la perspectiva señalada, se infiere que antes de la sanción de la ley 26.773 si bien no existía una prohibición expresa, el pacto de cuota litis se encontraba limitado en las acciones sistémicas, limitación que fue receptada expresamente por el art. 17 inc. 3 de dicha norma legal, de acuerdo al criterio limitativo y prohibitivo sostenido por el legislador en las leyes 9.688 y 24.028.-

En ese sentido, la ley 9.688, en la última versión vigente, establecía que la indemnización no podía ser objeto de cesión total ni parcial y que gozaba de las franquicias y privilegios que las leyes civiles y comerciales acuerdan a los créditos por alimentos.-

Por su parte, el artículo 13 ley 24.028, también dispuso que será nulo de nulidad absoluta y sin ningún valor el pacto de cuota litis para todas las acciones derivadas de la presente ley y las que se ejercitaren de acuerdo con la opción prevista en el artículo 16.-

El marco normativo reseñado impediría acoger el pacto de cuota litis en un reclamo sistémico, pues si bien el art. 11 de la ley 24.557 no dispuso su prohibición expresa, la cuestión ha sido ahora zanjada con la veda impuesta por el art. 17 inc. 3, la que resulta ser coherente con el criterio limitativo y restrictivo que había establecido la ley 9.688 y el art. 11 de la ley 24.557, prohibición que fue expresamente declarada durante la vigencia de la ley 24.028 de lo que se infiere que la intención del legislador fue decidir en forma expresa la veda que en definitiva surgía en forma implícita de lo dispuesto por el citado art. 11, sin que se advierta reproche constitucional alguno. –

Por los fundamentos expuestos, voto por la negativa al interrogante planteado.-

LA DOCTORA FONTANA, dijo:-

Frente al interrogante que nos convoca, adhiero el voto del Dr. Héctor C. Guisado y me pronuncio entonces por la negativa.-

EL DOCTOR FERA, dijo:-

Considero que en el dictamen del señor Fiscal General ante esta Cámara se exponen razones jurídicas suficientes para dar una respuesta negativa al interrogante planteado en la presente convocatoria. Comparto en lo sustancial lo allí afirmado y, por ese motivo, más allá de la opinión favorable o desfavorable que pueda suscitar la decisión legislativa y de las críticas que merece por el modo en el que fue expresada en el texto legal, voto en el sentido negativo.-

Por la AFIRMATIVA, en MINORÍA, votan los doctores: CRAIG, CORACH, RAFFAGHELLI, BALESTRINI, POMPA y FERREIRÓS.-

LA DOCTORA CRAIG, dijo:-

Previo a expedirme acerca del tema que suscita la convocatoria a plenario, reitero mi opinión contraria respecto a la admisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley, tal como lo he señalado al votar en el Fallo Plenario Nro. 328 del 4/12/2015, en autos “Borgia, Alejandro Juan c/ Luz A.R.T. S.A.”.-

Ahora bien, el interrogante que nos convoca se refiere específicamente a la situación de si es legalmente admisible el pacto de cuota litis en el marco de “las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773”. Los límites en que ha sido planteado el temario han de ceñir la doctrina legal a las acciones derivadas de la ley especial y no se proyecta a aquéllas previstas en el art. 4º, último párrafo, de la ley 26.773, esto es, las que materializan la opción por la vía del derecho civil; respecto a las que no se hace alusión alguna en el interrogante.-

Hecha esta aclaración, en mi opinión, la sanción de la ley 26.773 (B.O.: 26/10/2012) con la veda específica al pacto de cuota litis que introdujo en el art. 17 inc. 3º “in fine” no conmovió la posición que he sostenido al adherir a mi distinguido colega, el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid, en la S.I. Nro. 35.867 del 30/07/2013, en autos “Pintos, Franco Alfredo c/ Liberty A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial”.-

Ello es así, por cuanto de estar a los términos utilizados por el legislador, le veda al pacto de cuota litis que se incorporó en el inc. 3º del art. 17 de la ley 26.773, está dirigida a “…las acciones judiciales previstas en el artículo 4º último párrafo de la presente ley…”, esto es, las “…iniciadas por la vía del derecho civil…” (arg. art. 4º, citado).-

Considero que del juego armónico de ambas disposiciones se desprende que tal limitación -reitero- está prevista para los reclamos fundados en el derecho civil. Así surge de las palabras de la ley, método interpretativo al que debe acudir el juez en primer término (doct. Fallos 326:4909). En efecto, y tal como lo tiene dicho el Alto Tribunal, cuando la ley “…no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto” (ver, entre otros, Fallos: 313:1005).-

Por consiguiente, en el marco del ordenamiento normativo vigente, considero que no existe obstáculo formal, ni sustancial que impida la celebración del pacto de cuota litis en los procesos fundados en la ley 24.557 y su modificatoria ley 26.773.-

En efecto, y si bien es cierto que, tal como lo ponen de resalto algunos de mis distinguidos colegas, el art. 11 inc. 1º de la ley 24.557 prescribe que “Las prestaciones dinerarias de esta ley (…) Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”, ello no resulta fundamento suficiente para considerar prohibido el pacto de cuota litis, porque, tal como lo apunta el Sr. Fiscal General, disposiciones análogas rigen, en principio, para todos los créditos emergentes de la ley relación laboral (arg. arts. 12 y cctes. de la ley 20.744).-

En este sentido, sólo creo necesario agregar que, a diferencia de lo que preveían tanto el art. 24 de la ley 9.688 como el art. 13 inc. 5º de la ley 24.028, ni la ley 24.557, ni tampoco la ley 26.773 establecen vedas expresas a la posibilidad de celebrar un pacto de cuota litis en las causas en que se reclaman las prestaciones allí contempladas, lo que me persuade de que la cuestión debe regirse por la directriz constitucional que emerge del art. 19 de la Ley Fundamental.-

Durante la vigencia de aquellas normas (ley 9.688 y 24.028) el legislador sí estableció prohibiciones concretas a la posibilidad de celebrar tales pactos, al establecer que serían nulos de nulidad absoluta y sin ningún valor “…el pacto de cuota litis para todas las acciones derivadas de la presente ley (o sea, las fundadas en la ley especial) y las que se ejercitaren de acuerdo con la opción prevista en el art. 16” (esto es , las fundadas en el derecho civil).-

Las consideraciones expuestas me llevan a votar por la afirmativa al interrogante que nos convoca.-

EL DOCTOR CORACH, dijo:-

Para comenzar estimo oportuno recordar que el pacto de cuota litis se define como aquel convenio en virtud del cual la parte reconoce al profesional, que ha de asistirla y/o representarla, una participación de la suma que obtenga como resultado de la sentencia definitiva, reconociendo así una naturaleza aleatoria al contrato, donde la naturaleza de la contraprestación del profesional se halla condicionada al resultado del proceso.-

La Ley de Contrato de Trabajo, en su art. 277, autoriza expresamente el pacto de cuota litis como forma de retribución al profesional, siempre que no exceda el 20% para los créditos laborales.-

Sentado ello, en relación al tema que nos convoca – más allá de la duda razonable que podría suscitarse-, lo cierto es que al omitirse en el nuevo régimen toda referencia expresa a la celebración del paco de cuota litis, no cabe más que admitirlo.-

Vale destacar que en los casos en que el legislador ha querido poner un límite a los convenios de honorarios entre trabajadores y letrados, lo ha hecho en forma explícita y clara.-

Derogadas las leyes 9.688 y 24.028 -las cuales sí preveían la prohibición expresa de la celebración de pacto de cuota litis en los accidentes laborales-, no se vislumbra motivo por el que exista impedimento alguno para la celebración y homologación del acuerdo de honorarios siempre y cuando se cumplan los requisitos formales, no se advierta ningún vicio del consentimiento que permita invalidar lo pactado y se encuentre debidamente ratificado por el trabajador.-

El hecho de que las prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos gocen del privilegio de los créditos alimentarios, que éstos sean irrenunciables y que no puedan ser cedidas ni enajenadas, de ninguna manera obsta la celebración de un convenio de honorarios entre el accionante y el abogado que lo represente, dado que no puede concluirse válidamente que ello afecte el orden público laboral ni que resultara contrario a la normativa vigente.-

En otras palabras, no se verifica obstáculo formal ni sustancial que impida la celebración de pacto de cuota litis en las causas iniciadas con fundamento en la nueva normativa de accidentes del trabajo.-

Así las cosas, -a mi ver- en las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de la ley 24.557 y 26.773 el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones dinerarias y/o sobre el valor económico de las que se otorguen en especie resulta legalmente admisible.-

En este orden de ideas, por los argumentos expuestos, voto por la afirmativa al interrogante que nos convoca.-

EL DOCTOR RAFAGHELLI, dijo:-

“En las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773… ¿es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas?”.-

En mi opinión el interrogante de la convocatoria en el sub examine debió ser reformulado dado que unificar las Leyes 24.557 y 26.773 en cuanto a si es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones dinerarias contempladas en las mismas, no resulta ser una vía metodológicamente conveniente.-

Ello por cuanto la Ley 26.773 prohíbe expresamente el pacto de cuota litis respecto a la acción civil establecida en su art. 4 último párrafo, y además respecto de éste ley no hay soluciones encontradas, ni se la incluye en la petición planteada.-

Mientras que por su parte, la Ley 24.557 no prevé disposición alguna al respecto, si bien el art. 11 inc. 1) habilita una interpretación amplia y otra restrictiva que vedaría el pacto de cuota-litis ya que las prestaciones dinerarias de dicha ley son “irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”.-

Empero, insistiéndose por mayoría con el tratamiento en pleno del interrogante formulado, considero que la prohibición del art. 17 inc. 3 in fine de la Ley 26.773 referida a las acciones judiciales previstas en el art. 4 de la misma ley con fundamento en “otros sistemas de responsabilidad” distintos de la acción especial, no pueden extenderse a éstas, como lo refiere el interrogante… “a la admisibilidad del pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas” por una deducción implícita.-

Máxime cuando en mi criterio la prohibición del art. 17 inc. 3 de la Ley 26.773 contradice los presupuestos de la acción de reparación no tarifada, que se basan en la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil lo que de modo alguno habilitarían una limitación al derecho de percibir honorarios por vía del pacto de cuota litis de los letrados litigantes.-

Por tanto, me inclinaré por una respuesta afirmativa al interrogante planteado.-

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:-

La cuestión que aquí nos convoca se ciñe a dilucidar si en las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de la leyes 24.557 y 26.773 es admisible la celebración de pacto de cuota litis.-

Adelanto que, a mi modo de ver, el interrogante ha de resolverse en sentido afirmativo.-

En efecto, en relación a este tópico he tenido oportunidad de expedirme en un caso suscitado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 (“Cruz, Benito Alfonso c/ Crown S.A. s/ accidente – ley especial”. S.D. Nº 11.472 del registro de la Sala IX del 20 de noviembre de 2009), oportunidad en la que expresé mi adhesión al criterio por ese entonces sostenido por la Sra. Fiscal General Adjunta en cuanto a que en los procesos por accidentes fundados en la ley 24.557 no existía obstáculo formal ni sustancial que obstase a la celebración del pacto de cuota litis, en tanto si bien las derogadas leyes 9.688 y 24.028 preveían una disposición que expresamente determinaba su prohibición (ver arts. 24 y 13, inc. 5, respectivamente), ella no había sido contemplada en el nuevo régimen, por lo cual podría interpretarse que el legislador había decidido suprimirla.-

He mantenido el referido criterio luego del dictado de la ley 26.773 (ver “Castro, Carlos Francisco c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial”, S.D. Nº 14.781 del registro de esta Sala IX del 31 de marzo de 2014), pues participo del discernimiento de esta Sala en cuanto a que sin perjuicio de las evidentes contradicciones y de la incorrecta técnica legislativa empleada en su art. 17.3, la prohibición allí contenida se refiere a las acciones judiciales previstas por el art. 4º último párrafo de la ley, esto es, a aquellas iniciadas por la vía del derecho civil.-

Repárese que la norma establece “…En las acciones judiciales previstas en el artículo 4º último párrafo de la presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador -tanto en dinero como en especie- como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis…”.-

A mi modo de ver, de su lectura resulta claro que la norma alude, en su integridad, a los reclamos iniciados por la vía civil, no sólo debido a la obvia referencia consignada en su párrafo inicial, sino también en virtud de las pautas que se indican a continuación para la regulación de los honorarios y la imposición de las costas causadas en el marco de dichos procesos, pues de lo contrario carecería de relevancia la aclaración de que deberá contemplarse la diferencia entre la suma que se difiera a condena y aquellas prestaciones percibidas por el trabajador (sean de índole dinerario o en especie) como consecuencia del régimen de reparación contenido en la ley 26.773: se trata, en breve, del monto que resulta del descuento de lo percibido con fundamento en la ley especial de las sumas diferidas a condena en concepto de reparación integral; interpretación compatible, por otro lado, con la solución adoptada por el art. 4º, segundo párrafo de dicho cuerpo legal, en cuanto determina la imposibilidad de acumular las indemnizaciones contempladas por los distintos sistemas de responsabilidad.-

Por lo demás, tampoco considero viable un análisis que escinda los ámbitos de aplicación de los párrafos del artículo, por cuanto se encuentran unidos por el conector “…asimismo…”, el cual denota -indiscutiblemente- igualdad y/o semejanza entre las oraciones vinculadas.-

Ello no significa, desde ya, que personalmente comparta la solución adoptada por el legislador, pero entiendo que más allá de los juicios de valor que merezca tal decisión, no corresponde a los magistrados suplir sus omisiones incorporando prohibiciones que no hubiesen sido expresamente previstas (art. cfr. art. 19 C.N., segundo párrafo).-

En consecuencia, voto por la AFIRMATIVA al interrogante planteado.-

EL DOCTOR POMPA, dijo:-

A los fines de dar respuesta cabal a la cuestión planteada, adhiero en todo y hago propios los sólidos fundamentos y las conclusiones vertidas por mi distinguido colega el Doctor Álvaro Balestrini, las que por otra parte coinciden con el criterio mantenido en oportunidad de resolver la causa “Castro, Carlos Francisco c/ Mapfre Argentina A.R.T. s/ accidente – ley especial” (S.D. Nº 14.781 del 31 de marzo de 2014, del registro de la Sala IX de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), oportunidad en la que, entre otras consideraciones, se destacó las evidentes contradicciones y la incorrecta técnica legislativa empleada en el artículo 17.3 de la ley especial, en tanto la prohibición allí contenida se refiere a las acciones judiciales previstas por el art. 4º último párrafo de la ley, esto es, a aquellas iniciadas por la vía del derecho civil.-

Como bien dice el Doctor Balestrini, “ello no significa, desde ya, que personalmente comparta la solución adoptada por el legislador, pero entiendo que más allá de los juicios de valor que merezca tal decisión, no corresponde a los magistrados suplir sus omisiones incorporando prohibiciones que no hubiesen sido expresamente previstas” (art. cfr. art. 19 C.N., segundo párrafo y, el principio de división de poderes).-

En consecuencia, voto por la AFIRMATIVA al interrogante planteado.-

LA DOCTORA FERREIRÓS, dijo:-

En esta oportunidad nos convoca el siguiente interrogante: “En las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773, ¿es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas?”.-

Como primer punto debe recordarse que el pacto de cuota litis es un convenio suscripto por el abogado y su cliente por el que este último cede al primero, en forma anticipada, un porcentaje de una eventual y futura condena pecuniaria a su favor, y se encuentra autorizada su realización en forma expresa, siempre y cuando no exceda el 20% del crédito laboral. Además requerirá en cada caso, ratificación personal y homologación judicial (cfr. art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo).-

Ahora bien, el hecho de que las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo gocen de los privilegios de los créditos alimentarios, y que estos sean irrenunciables y no puedan ser cedidos ni enajenados (de acuerdo a lo que dispone el art. 11, punto I de la Ley 24.557) a mi entender, no obsta en modo alguno la celebración de un convenio de honorarios entre el accionante y el abogado que lo represente en el litigio, siempre y cuando se cumplan los requisitos impuestos por la ley.-

No paso por alto que la Ley 26.773 (B.O. 26-10-2012) luego de hacer una remisión al mencionado art. 277 de la L.C.T., en las acciones judiciales previstas en su art. 4, último párrafo, expresamente dispone la inadmisibilidad del pacto de cuota litis (v. art. 17, inc. 3).-

En esta cuestión en análisis, existen dos bienes jurídicos que el legislador pretende proteger -y no está mal-: la integridad de lo que debe recibir el trabajador como indemnización por un lado y, por el otro, los honorarios del profesional, que también tienen naturaleza alimentaria.-

De seguirse el lineamiento de la nueva ley, no habría una merma proporcional como en el anterior régimen, sino directamente la supresión de un derecho alimentario que le corresponde al abogado, quien también es un trabajador, resultado esto último, por ser un perjuicio mayor, inaceptable.-

En consecuencia, mi respuesta al interrogante que hoy nos convoca es AFIRMATIVA.-

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORíA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina:-

“En las causas en las cuales se reclaman beneficios emergentes de las leyes 24.557 y 26.773, no es legalmente admisible el pacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellas”.-

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe.-

Comentarios

  1. Daniel

    B.día! Alguien me puede ayudar? Busque asesoramiento en mi abogado por acc. De trabajo. No me explico,que esta primera etapa no era preciso contratarlo. Hoy con mucha sorpresa,y despues que me dictaminaron % de incap. y me dep. el dinero,me pide su 20%,siendo que no tuvo ninguna participacion.Y que si no le pago me va a embargar. No se que hacer…

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