Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Arriba

Sin Comentarios

El empleado de vigilancia no es empleado del consorcio

| El 25, May 2017

Muchos consorcios optan por contratar una empresa de vigilancia en lugar de recurir al encargado. ¿Pero qué riesgo representa? ¿Puede después el sindicato decir que el vigilador es en realidad un encargado del edificio? Actualizado a octubre de 2017.

El encargado, el vigilador, el cocinero y su amante

Algo que en Argentina hay es libertad de contratar, se puede tener o no encargado. ¿Pero el vigilador es un encargado? ¿Se rige por su convenio colectivo? ¿O debe pagársele como encargado?

Si se opta no ponerlo como encargado, pero el día de mañana un juez decide que es un encargado, la contingencia es enorme, para pagar el juicio laboral habrá que vender las joyas de la abuela. En cambio, si es vigilador, se paga un fijo mensual a otra empresa que factura y solo hay relación de dependencia entre la empresa de vigilancia y el personal pero no con el consorcio.

El riesgo laboral es todavía menor si los vigiladores rotan, esto es, si al consorcio no va siempre el mismo vigilador. El problema es la confianza porque desde ya que estos conocerán todos los movimientos del consorcio y esto hace que algunos prefieran centralizar todo en un solo encargado, incluso a riesgo de chusmerío… pero chusmerío de alguien conocido, al menos.

En fin, más allá de las ventajas y desventajas parece que algún consorcio de la calle Arenales decidió consultar al poder judicial que le dió la razón: el vigilador no es encargado. Podés leer la sentencia abajo.

Hay que decir, también, que la vigilancia no cambia focos, ni cueritos ni hace algunos favores que el encargado suele hacer, pero el costo también es menor y es un servicio mensual, en lugar del costo que implica tener un empleado.


PUBLICIDAD

 

 

La empleada de limpieza que tampoco es del consorcio

En este punto hay que ser cuidadoso. Porque como se explicaba acá, es posible que haya relación de dependencia. Pero en este caso, como la empresa era tercerizada y la empleada no habría sido exclusiva, finalmente los jueces rechazaron la demanda.

Tercerizar el servicio de limpieza en una empresa es una modalidad a la que muchos consorcios acuden pero hay que evaluar la contingencia laboral. Es un precedente esta sentencia pero no es la jurisprudencia unánime. Abajo podés leer la sentencia y dejar tu comentario.

 

 

Anexo con sentencia sobre empleada de limpieza y consorcio

#20633019#190677329#20171010113512421
Poder Judicial de la Nación
SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 92109 CAUSA NRO. 7744/2013
AUTOS: “aAAA Lila Azucena c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS
EDIFICIO VIRREY …. s/ Despido”
JUZGADO NRO. 10 SALA I
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de
OCTUBRE de 2.017, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de
acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
La Doctora Graciela A. González dijo:
I.- La Sra. Jueza de primera instancia rechazó la demanda
orientada al cobro de la indemnización por despido y otros créditos de
naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y
los antecedentes del caso, concluyó que no existió relación laboral entre las
partes y que no se configuraba en el caso el supuesto previsto por el art. 29 de
la LCT.
II.- Tal decisión es apelada por la parte actora a tenor de las
manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 228/231.
En tal contexto, la accionante cuestiona que la magistrada de
origen haya rechazado la acción entablada contra el Consorcio demandado.
III.- En primer lugar, resulta forzoso señalar que la expresión de
agravios formulada por la accionante no constituye una crítica concreta y
razonada del decisorio apelado (art 116 Ley 18.345) en tanto no reúne
mínimamente los recaudos que hacen a la debida fundamentación de un
recurso. En este sentido, cabe señalar que, el planteo debe constituir una
exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la
sentencia recurrida. Allí el recurrente debe expresar los argumentos en los que
funda la descalificación de los fundamentos en los que se sustenta la solución
cuestionada, invocando aquella prueba cuya valoración se considera
desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho
declarado aplicable a la controversia.
En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, la existencia de los
errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la
indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente
estime le asisten.
Ninguno de tales principios han sido respetados en el escrito
recursivo de la parte demandante puesto que el apelante se limita a transcribir
partes aisladas del decisorio, y a expresar su disconformidad sin lograr una
exposición argumentativa que permita considerar equivocado lo resuelto. Decir
que la sentencia es incongruente y arbitraria, no constituye una crítica concreta
y razonada del aspecto del fallo que estima equivocado. Tampoco lo son, las
meras discrepancias acerca de la valoración efectuada en origen respecto de la

prueba testimonial arrimada a la causa sino se funda en otros elementos de
prueba que logren desvirtuarla. No obstante, en aras de preservar el principio
de defensa, corresponde efectuar algunas consideraciones sobre el particular.
Al respecto, observo que el apelante discrepa en el encuadre
jurídico que fue determinado en origen, insistiendo en que se trató de un
supuesto previsto por el art. 29 de la LCT fundamentándolo en el hecho de que
la trabajadora concurría todos los días a prestar tareas en el edificio del
consorcio demandado contratada por un tercero dedicado a prestar servicios de
limpieza, pero soslaya que no se encuentra en discusión el hecho de que la
trabajadora prestaba tareas de limpieza allí de manera habitual, contratada por
un tercero, sino que lo que correspondía dilucidar, era si tal modalidad de
contratación constituía un supuesto previsto en la citada normativa, todo lo cual
no aconteció (art. 377 CPCCN). La Sra. AAA, en el escrito de inicio refiere
que fue contratada por AML Servicios quien le abonaba la remuneración y la
tenía registrada como dependiente pero que siempre se desempeñó en tareas
de limpieza para el consorcio, en donde, de manera habitual, debía limpiar los
espacios comunes y sacar la basura, por lo que entiende que éste era su
empleador y quien debió registrar el vínculo, resultando aplicable al caso, lo
normado por el art. 29 de la L.C.T. y condenar a la demandada en su relación.
Ahora bien, destaco que la norma mencionada hace referencia a
“los trabajadores que fueron contratados por terceros con vista a
proporcionarlos a las empresas”. Considero que, con las pruebas producidas,
no se ha demostrado que en el caso se configure un supuesto previsto por el
art. 29 LCT. Digo esto porque de los telegramas y de los recibos acompañados
por la parte actora en sobre de fs. 3, surge que la accionante se encontraba
registrada para Daniel …., quien, conforme los dichos de los
escritos constitutivos del proceso, y la prueba testimonial, fue señalado como
titular de la empresa de limpieza AML. En efecto, todos los testigos que
declararon en la causa, incluso los propuestos por la propia accionante fueron
contestes en señalar que veían a la actora trabajar, que la actora fue contratada
por la empresa de limpieza, que el consorcio no contaba con encargado y por
eso debía contratar los servicios de un tercero dedicado a dicha actividad para
poder efectuar tales tareas en los lugares comunes del edificio, que era
supervisada por el Sr. Lopez quien además proveía los elementos de limpieza
(ver testimonios de …..s., –fs.188, fs. 198, fs 208
y fs. 210) agregando además que la accionante era una de las chicas que
concurría a trabajar enviada por la empresa de limpieza (ver testimonios de
Perkins y Ezquenazi –fs. 210/211).
Cabe señalar que el supuesto previsto en la norma en análisis se
refiere al empresario que toma personal y no lo emplea y utiliza en su propio
giro sino que lo envía –como único contenido de la cesión- a prestar servicios
en otra organización, circunstancia que no puede ser analizada dado que AML
o en su caso, el Sr. Daniel…. no fueron traídos a juicio. Tampoco surge

que la trabajadora hubiera realizado tareas propias del consorcio que hagan al
normal funcionamiento del mismo.
De esta manera, no existiendo otros elementos probatorios que me
persuadan en sentido contrario, señalo que las pruebas mencionadas,
valoradas a la luz de las reglas que rigen la sana crítica (arts. 90 L.O. y 386
CPCCN) permiten concluir que no ha quedado acreditado que el Consorcio
demandado se hubiese desempeñado como empleador de la accionante y que,
por ende, el tercero que la contrató –AML no traída como parte- hubiese sido
una mera figura interpuesta en los términos del art. 29 de la LCT. Ninguno de
estos fundamentos han sido rebatidos por el apelante en el escrito bajo
examen, carencia argumentativa que deberá soportar en los términos del art.
116 LO., resultando de esta manera, inatendibles los argumentos relacionados
con la falta de registro del vínculo por parte del consorcio demandado, pues no
ha quedado acreditado en el caso su carácter de empleador.
A mayor abundamiento, señalo que tampoco resulta de aplicación al
caso lo normado por el art. 30 de la LCT en tanto, como ya se dijo, el vínculo de
la trabajadora fue con AML y no con el consorcio aquí demandado.
Por último, los argumentos vertidos brindan adecuado sustento al
pronunciamiento, razón por la cual omito el análisis de las demás cuestiones
planteadas en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio, pues he
considerado aquello que estimé pertinente para la correcta solución del litigio.
Tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus
argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes
para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, sobre
tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada
precedentemente.
En suma, por lo hasta aquí dicho sugiero que la sentencia quede al
abrigo de revisión.
IV.- Propongo, que las costas de Alzada se impongan a la
apelante vencida (art. 68. CPCCN), a cuyo fin sugiero que se regulen los
honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta
Cámara el 25% y 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda
percibir a cada una de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia
anterior (art. 14 ley 21.839).
V.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) confirmar la
sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, 2) imponer
las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCN); 3) regular los
honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en
el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la
instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57).
La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:
Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: :
1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y
agravios, 2) imponer las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68
CPCCN); 3) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos
dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno
por su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21839 y Decreto
16638/57), 4) hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido
en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015
de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que
efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º,
Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
Fecha de firma: 10/10/2017
Firmado por: GRACIELA GONZALEZ, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: GLORIA M PASTEN DE ISHIHARA, JUEZA DE CAMARA

 

Sentencia completa sobre vigiladores que no son encargados

Expte. Nº 50.137/2010-

Autos: “Consorcio De Propietarios Edificio Arenales… c/Sind. Único de Traba-

-jadores de Edificios de Renta Horizontal y otro s/Acción Declarativa”

-Tribunal: –Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo–

-Sala: VII

-Fecha: 31/03/2016.

La Dra. Estela Milagros Ferreirós dijo:

I.Del fallo que, en los términos de una acción declarativa, hizo lugar a las preten-

-siones del actor –pues declaró a los trabajadores que prestan Servicios de Seguridad

y Vigilancia, al Consorcio de Propietarios del Edificio Arenales…les corresponde

aplicar el CCT Nº 507/07-, apelan las Entidades Sindicales demandadas Suterh

Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal y

Fateryh Federacion Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares,

a tenor de las argumentaciones que vierten a fs…, las que merecieron réplica.-

El caso concreto

II.La actora promovió la presente acción declarativa de certeza contra Suterh y

contra Fateryh,con el objeto de lograr un pronunciamiento judicial que determi-

-ne que no se encuentra obligado a efectuar aportes y contribuciones respecto de

los trabajadores que le prestan tareas de Seguridad Privada, por ser dependientes

de “Securiry Star S.R.L.”, empresa con la que contrató la prestación de tales

servicios.

Adujo que los mismos se encontraban amparados por el CCT Nº 507/2007.

Refirió que con fecha 03/07/08 las accionadas a través de sus representantes,la-

-braron Actas al inspeccionarlo, en las que dejaron constancia de que no habría

efectivizado los aportes y contribuciones sindicales establecidas en el CCT

Nº 378/04 por conceptos tales como “cuota sindical“, Caja Protectoria Familia,

Protección de la Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad.

Afirma que fue Intimado a su pago, con los intereses correspondientes, pese a

que, cuestionó dichas Actas en sede administrativa con resultado adverso.

Arguyó que los Empleados destinados al servicio de Seguridad Privada, no son em-

-pleados del Consorcio, por lo que no carga con la obligación de realizar aportes,

ni al Suterh ni a Fateryh, pues al ser empleados de la empresa prestadora

del servicio de vigilancia “Security Star S.R.L.”, se encuentran regidos por el

CCT aplicable a esa actividad.

El SUTERH Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal

contestó y negó los hechos denunciados.

Cuestionó la vía elegida.Afirmó que el Consorcio resultaba Empleador,en los términos

de los arts.5º y 26, LCT, de los trabajadores por los cuales se determinó la deuda

existente, porque al cumplir labores en el Consorcio de Propietarios afectado al régi-

-men de la Ley 13.512 se encontraban comprendidos en el CCT Nº 398/75, 306/98 y

Nº CCC 378/04.

Que tales normas contemplarían dentro de sus categoría, al Personal de Vigilancia Noc-

-turna y Personal asimilado al Encargado del Edificio,tareas que desarrollaría el Per-

-sonal provisto por la Empresa de Vigilancia.

FATERYH, respondió de manera similar al anterior.

La Sentencia de 1ª Instancia

Declaró que a los Trabajadores que prestan Servicios de Seguridad y Vigilancia al Con-

-sorcio de Propietarios del Edificio Arenales … les corresponde aplicar el CCT per-

-teneciente a los Trabajadores de Seguridad, vale decir al actual CCT Nº 507/07.

III. Recursos

Apelan ambos Sindicatos Suterh y Fateryh.

Arguyen que el a–quo falló extra-petita, pues resolvió como si se tratara de una

acción de encuadre convencional y no una acción declarativa de certeza (art. 322,

del CPCCN).

Aducen que la legislación aplicable al caso es la Ley 21.981; CCT 589/10 y LCT., ya

que se trataría de una cuestión comprendida en los arts. 14 y 29 LCT y que la ac-

-tora sería también Empleadora de los mismos en los términos de los arts. 5 y 26,

de la LCT.

IV.”Destaco la atipicidad del presente pleito,una acción dirigida a que se declare

judicialmente que los trabajadores de una empresa ajena a la presente, con la que

el Consorcio actor contrató los servicios de seguridad, se rigen por los CCT apli-

-cables a este último y no a los correspondientes a la actividad de la Empleadora.

La actora arguyó no ser Empleadora de ellos, sino que celebró un Contrato comer-

-cial con Security Star S.R.L., quien le proveyó su propio personal para prestar el

servicio de Seguridad y que instó una acción declarativa para obtener una deci-

-sión que estableciera que los dependientes de la Empresa de Seguridad no se ri-

-gen por su marco normativo estatutario, sino por el correspondiente a Seguridad.

“Resalto que no se trata aquí de trabajadores de esta última que solicitan se decla-

-re la solidaridad del Consorcio o la aplicación de los arts. 30 o 29 LCT –que convier-

-te en Empleador a quien contrata o subcontrata tareas– ni existe un desplazamiento

normativo, puesto que el tercero (Security Star S.R.L.) aplica el ordenamiento que

corresponde a su actividad.

“Adviértase que los demandados en ningún momento alegan que ésta última fuera

una intermediaria meramente destinada a proveer de personal al Consorcio –para

soslayar el rol de éste como Empleador-, sino que aducen que, por cumplir sus

funciones teniendo como objetivo vigilar el mismo, correspondería se aplicara la

normativa correspondiente en función de su calidad de inmueble regido por la Ley

13.512, con lo cual para las apelantes no podrían existir los “sindicatos de oficio“

(tipología prevista en el inc.b) del art.10, Ley 23.551), pues –según sostienen-, a di-

-chos trabajadores deberían aplicarse los CCT aplicables a las Empresas que se les

designaran como objetivos a custodiar, más allá de tipo de tareas que cumplieran

en las mismas.

“Considero que –atento las particularidades de las tareas de seguridad-no puede

predicarse de manera apriorística y dogmática la antijuridicidad de una terceri-

-zación como la que aduce la actora ni los demandados invocan elemento algu-

-no que pudiera permitir presumir en el caso la existencia de fraude“.

“Por ello, y en el marco fáctico de la presente, que hasta aquí he descripto, con-

-sidero que a los empleados de la Empresa de Seguridad no puede considerár–

-selos empleados del consorcio usuario a los efectos de establecer el marco

regulatorio que los ampara“.

“Esto dicho sin perjuicio de lo que pudiera opinar, en cada caso concreto en que

un trabajador pretendiera responsabilizar a la usuaria atribuyéndole el carácter de

principal o respecto de una eventual responsabilidad solidaria motivada por sub-

-contrataciones, en el supuesto que alegara que la seguridad resulta ínsita de la

actividad de los consorcios, fuera con invocación de lo previsto en los arts. 29 ó

30 de la LCT, pero tal supuesto no es el que se configuró en autos“.

El Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

“Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede“.

El Dr. Héctor César Guisado: No vota (art.125, Ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

(i) Confirmar el fallo;

(ii) Imponer las costas de alzada a las apelantes.

 

MD03. MADRID, 12/01/2010.- Fotografía de archivo, del 24 de octubre de 2009, del portero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas, que ha sido elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol mejor guardameta del mundo en 2009. EFE/Alberto Morante MEJOR PORTERO MUNDOión

 

 

 

 

 

Dejar un comentario