Ordenan medidas para la manifestación

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Distintas organizaciones convocaron a marchar en protesta contra la reforma previsional. Ahora una jueza porteña le ordena a la policía distintas medidas como que los efectivos no usen armas de fuego y estén identificados.

Recaudos legales para la policía en la manifestación

Una jueza le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del operativo de seguridad en la marcha prevista para hoy en protesta contra la reforma previsional, adoptar medidas de seguridad.

Como medida cautelar, la jueza dispuso que los efectivos estén uniformados e identificados, y ordenó que los agentes “no podrán utilizar armas de fuego y que las balas de goma y gases lacrimógenos sólo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes”.

Además, el Estado local deberá informar los vehículos policiales afectados al operativo, con la prohibición de utilizar móviles no identificados y de que participe en el operativo –o en accionar inmediatamente posterior– efectivos de civil no identificados (conf. artículo 100 de la ley nº 5.688). Se deberá evitar la dispersión innecesaria de los posibles detenidos en diversos lugares de detención, agrega la magistrada.

Esta resolución que la jueza López Vergara fundamentó en la ley de seguridad pública la adoptó a pedido de legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano solicitaron la medida judicial que se dio a conocer esta mañana. El pedido obedece a los incidentes registrados en el Congreso la semana pasada, y por eso ordena a la policía de la ciudad cumplir esos recaudos legales.

Abajo podés leer la resolución completa y ver algunos derechos sobre el paro y demás. Podés dejar tu comentario también.

 

((fuentes de las fotos: La Nación, Crónica y web)

 

¿Cómo funcionará el transporte?

-Colectivos: anticipan en los accesos que unen Capital Federal con la provincia de Buenos Aires.

-Subtes: Funcionan con normalidad salvo la línea A que no para en la estación Congreso.

-Trenes: Funcionan con normalidad

 

El paro a nivel laboral

Si hubiese conflictos en transporte:

—Holis, mañana el horario es hasta las 19

—Ta bien, pero se me va la combi a las 18 y hay paro

—Bueno, compensás esa horita otro día?

—Sale y vale

—Besis

Para quien se adhiera al paro: Desde ya que es un derecho adherirse al paro para el trabajador que quiera y gremio convoque. Contrapartida no se cobra sueldo, salvo que gremio negocie otra cosa con la patronal. Desde ya que es un derecho adherirse al paro para el trabajador que quiera y gremio convoque. Contrapartida no se cobra sueldo, salvo que gremio negocie otra cosa con la patronal. Leer más acá.

 

Anexo con resolución sobre actuación policial en la manifestación

 

“Así, quienes no quiten de sus ojos este velo corren el serio riesgo de quemarse como en la mitología griega con la túnica de Neso”1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2017.

I. Téngase por presentados, por parte en el carácter invocado, por denunciado el domicilio real y legal de la actora y por constituido el domicilio procesal indicado.

II. Téngase por interpuesta la acción y por acompañada la prueba documental.

III. AUTOS Y VISTOS:
A fojas 1/10 se presentan Mariano Recalde, por sí, y Diego Bruno Martínez, en su carácter de miembro del Consejo Directivo de ATE Capital, con el patrocinio letrado de Leandro Martín Macía (Tº 90 Fº 964 CPACF) y promueven una medida autosatisfactiva a fin de preservar los derechos de libertad de expresión y libre asociación de todos los habitantes y personas que residan o quieran ingresar a la Ciudad. Ello, ante un posible uso indiscriminado y arbitrario de las fuerzas de seguridad de la Ciudad en ocasión de la realización de la movilización convocada para el día de mañana 18/12/2017 a las 16:00 horas en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Manifiestan que desde muy temprano comenzarán a trasladarse y concentrarse todas las personas que participarán en dicha manifestación.
Bajo este panorama, señalan que según informaciones recibidas, “…habrá un operativo a cargo de agentes de faltas de tránsito dependientes del Ministerio de Espacio Público, conjuntamente con fuerzas de seguridad federales controlando el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado, agentes de la policía de la Ciudad instalando vallas en los alrededores de la Plaza Congreso. En los accesos, se prevé que las fuerzas de seguridad quieran impedir el ingreso de habitantes y vehículos a la Ciudad, basados en el Código de Faltas de la ley 451(…)”.
Entienden que dicha circunstancia “…muy probablemente [generará] desmanes ya que se estaría afectando el derecho de manifestarse, a la libertad de expresión y a la libre asociación. Y en ese momento, probablemente comenzarán las fuerzas de seguridad a hacer un uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza (…)”.
Agregan que “Algo similar ocurrirá también desde temprano en los alrededores del Congreso. Generando nuevos desmanes y problemas de tránsito (…)”.
Razón por la cual, solicitan una serie de medidas que entienden adecuadas “a los fines de garantizar a la concurrencia su derecho de asistir a la marcha en condiciones de seguridad y con el objeto que se dé efectivo cumplimiento a la normativa vigente” (énfasis añadido).

Y CONSIDERANDO:

I
Habilitación de la instancia en días y horas inhábiles

Previo a analizar la procedencia de la petición actora así como la legitimación procesal de los presentantes en autos, corresponde pronunciarse en torno al pedido de habilitación de instancia en días y horas inhábiles.

Examen de la cuestión a la luz del artículo 1° de la resolución CM n° 2/2013
La situación denunciada en autos es sustentada en la posible conculcación de derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad física y libertad de expresión de quienes asistan a las manifestaciones y protestas previstas para el día de mañana 18/12/2017, a raíz del debate parlamentario del proyecto de reforma previsional.
Respecto de la urgencia del caso cabe destacar que la sola posibilidad de que puedan verse afectados los derechos mencionados ut supra permitiría tener por configurada dicha premura.
Ha cobrado difusión en los principales medios gráficos y audiovisuales que el lunes 18 del corriente desde las primeras horas de la mañana distintos movimientos sociales cortarán los accesos de la Ciudad en protesta contra la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
Asimismo, los medios de comunicación señalan que también habrá movilizaciones en el centro de la Ciudad –especialmente, en las inmediaciones del Congreso de la Nación– con motivo del debate parlamentario del citado proyecto de reforma que –como es de público y notorio– se desarrollará el lunes próximo en el recinto de la Cámara de Diputados.
Por caso, el Diario La Nación recoge lo anticipado por el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez en el sentido de que “[El lunes] a partir de las 8 vamos a hacer cortes en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país”2.
Así también lo deja plasmado el Diario Clarín del 17/12/2017 en tanto señala que el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma previsional “se realizará otra vez en medio de protestas en las inmediaciones del Congreso, cortes en los accesos a la Ciudad y en el marco de una eventual huelga convocada por el triunvirato de la Confederación General del Trabajo”3.
Parejas noticias trae el Diario Página 12 en relación a las manifestaciones que se realizarán en el cruce de la Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar al Congreso a partir de las 12 horas, es decir, dos horas antes del tratamiento en Diputados de la iniciativa4.
En ese contexto, obligar a los actores a esperar a las 9 horas del día de mañana para promover la presente acción, sería tanto como obligarlos a permanecer pasivos ante lo que entienden como la posible afectación de los derechos esenciales precedentemente enunciados.
Ante esta situación, se considera que se encuentran cumplidos en el sub lite la totalidad de los requisitos exigidos por la resolución CM nº 2/2013 para la habilitación de días y horas inhábiles5. Por ende, corresponde abocarse al tratamiento de la petición actora.

II
La justicia ante la conflictividad social
El proyecto de reforma previsional que impulsa el poder político viene suscitando un descontento social en distintos sectores de la población. Ello derivó en reclamos y manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional el jueves pasado 14/12/2017, en los que se verificaron episodios de alta violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, previsto curiosamente a fin de evitar incidentes durante la jornada.
En este contexto, no puede obviarse que esta magistrada se encuentra obligada a ponderar el estado de crispación de la población en orden a velar por la paz social y la prevención de vulneración de los derechos, tanto de ciudadanos como del personal policial. La justicia no puede permanecer impávida frente a la acuciante realidad social en la que ella misma se ve inmersa.
Por estas razones, entiendo que una justicia comprometida con el servicio que debe prestar a la sociedad, se halla obligada a resguardarla de las nefastas consecuencias que se derivan del caos social ante un posible choque entre la población y las fuerzas de seguridad. Ello así, como resulta el epígrafe de esta medida en la idea de aventar las consecuencias que en la mitología griega arrastraba la túnica de Neso dada a Heracles, cual dolor moral que puede devorarnos y del que vanamente se puede huir.
Al poder judicial como actor preponderante del plexo axiológico –que salvaguarda los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y Tratados a ella incorporados– le cabe una mirada atenta, responsable y guardiana de las consecuencias que a través de sus decisiones puede proteger.
Tal mirada guiará el examen de la cuestión a decidir en la presente.

III
Legitimación procesal de los actores
A fin de abocarse a la medida autosatisfactiva aquí requerida, liminarmente resulta necesario expedirse sobre la legitimación de los actores.
1. En este punto, cabe recordar que de acuerdo a la doctrina de la CSJN la existencia de un caso o causa judicial supone el carácter de parte, es decir, que quien reclama se beneficie o perjudique con la resolución a dictarse en el marco del proceso. En este orden de ideas, dicho tribunal ha señalado que “al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer”, de manera que éste “resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada”6. Así, para poder ser considerado como parte en el proceso, quien ocurre por ante la jurisdicción debe demostrar la existencia de un interés especial, esto es, que los agravios alegados la afecten de forma suficientemente directa o sustancial y tengan suficiente concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso7.
Ello aunado a lo reglado en el artículo 6 del Código CAyT, el cual faculta a interponer demanda a “quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico”, plasman el marco conceptual para determinar la legitimación en el caso.
2. Ahora bien, en el sub examine los actores, una persona física habitante de esta Ciudad (Mariano Recalde) y una persona jurídica (ATE – Seccional Capital) se presentan como convocantes y futuros asistentes a la marcha a realizarse hacia el Congreso de la Nación el día de mañana (lunes 18 de diciembre de 2017) en protesta contra la llamada reforma previsional (proyecto de ley que sería tratado ese mismo día a partir de las 14.00 hs., como es de público conocimiento). Ello con el fin de asegurarse a ellos mismos y a los posibles asistentes ciertas condiciones de seguridad, en cumplimiento con lo reglado en la ley n° 5.688, a fin de evitar excesos de punición por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta especial relación de los actores con el objeto procesal justifica pues tener por configurada la legitimación procesal.

IV
Análisis de la pretensión actora
Verificados los extremos que justifican la habilitación de días y horas inhábiles, y aceptada la legitimación procesal de los peticionarios, corresponde analizar si se verifican en autos los presupuestos que avalan el dictado de la medida autosatisfactiva requerida.
1. Conceptualización de las medidas autosatisfactivas
1.1. Como primera medida, cabe recordar que las medida autosatisfactiva constituye una especie de proceso urgente, género global que abarca otras hipótesis en las cuales el factor tiempo posee especial resonancia. En tal sentido, la conclusión n° 4 del Tema 2 de la comisión n° 2 del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Santa Fe, Junio de 1995) dejó sentado que “La categoría de proceso urgente es más amplia que la de proceso cautelar. Así, la primera comprende también las denominadas medidas autosatisfactivas y las resoluciones anticipadas”8.
Estas medidas urgentes se agotan en sí mismas y sus requisitos de procedencia son: a) existencia de un peligro en la demora; b) fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del peticionante; no es suficiente, como en las cautelares, la mera apariencia del derecho alegado; c) normalmente no requiere contracautela y d) es un proceso autónomo en el sentido de que no es accesorio ni tributario respecto de otro y e) la demanda es seguida de la sentencia9.
Cuadra agregar además que estas medidas significan una decisión excepcional por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado10. Por sus características requieren, como toda medida precautoria, la concurrencia de los presupuestos básicos generales antes reseñados, pero amén de ello se agrega un requisito más que le es propio: la posibilidad de un daño irreparable11.
1.2. Bajo tales premisas, cabe advertir que el objeto de la cautelar sub examine se configura como una medida autosatisfactiva dado que éste se agota con el cumplimiento de la decisión judicial. Nótese al respecto que de disponerse las medidas peticionadas por la parte actora en relación a las manifestaciones y protestas que se realizarán el 18/12/2017 la presente litis quedaría concluida.
Ello no puede ser de otro modo, por cuanto como proceso asegurativo las medidas cautelares participan de las características de accesoriedad y provisoriedad, y en un caso como el de autos no existe forma de asegurar la pretensión de resguardar los derechos fundamentales enunciados precedentemente –a la vida, libertad, integridad física, libertad de expresión y de reunión y protesta social de quienes asistan al mencionado acontecimiento– sino a través de la adopción de medidas de seguridad, contralor, entre otras.
2. Tratamiento de la medida solicitada en el sub judice
En este punto, corresponde analizar si los requisitos precedente deslindados se encuentran configurados en el sub lite.
2.1. Fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del peticionante
2.1.1. Contexto social en el que se inscribe la presente decisión
El caso de autos ostenta la fuerte probabilidad que es menester reunir. En efecto, cabe advertir que resultan de público y notorio los incidentes en la vía pública –puntualmente, en los alrededores del Congreso Nacional– acontecidos el pasado 14/12/2017 con motivo de las movilizaciones sociales al parlamento en protesta de la reforma previsional que auspicia el Gobierno Nacional.
Es dable recordar que en la señalada fecha, en las inmediaciones del Congreso de la Nación se vivieron episodios de elevada violencia que tuvieron como protagonistas a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos, grupos sociales y gremiales que se encontraban allí presentes en repudio del proyecto de ley de reforma.
Ello, en el marco de un “amplio operativo” de seguridad en tanto desde la mañana “en la puerta del Congreso había más de mil efectivos de Gendarmería, Prefectura y de la Policía Federal que se apostaron en los alrededores del parlamento para evitar, en principio, que los manifestantes ingresaran al edificio”12.
Similares noticias dieron los medios de comunicación audiovisual al advertir que “el operativo de la Policía Federal y la Gendarmerí­a para desalojar a los manifestantes que intentaron pasar las vallas y acercarse al Congreso en reclamo contra la reforma previsional terminó en graves incidentes”13.
Repárese que las noticias periodísticas dan cuenta del empleo por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y balas de goma14. Así lo deja también plasmado –por caso– el Diario Clarín al señalar que mientras adentro del recinto de Diputados había comenzado la sesión “afuera los incidentes continuaban entre los manifestantes y los efectivos de seguridad apostados detrás del vallado con gases lacrimógenos, balas de goma y un carro hidrante”15.
Asimismo, las informaciones periodísticas revelaron que a causa de los disturbios señalados el Ministerio de Salud de la Ciudad reportó la atención médica de un total de 20 pacientes mayores de edad en distintos Hospitales de la Ciudad (Hospital Ramos Mejía, Hospital Argerich, Hospital Santa Lucía)16.
A su vez, no puede obviarse que en el marco de los operativos de seguridad desplegados en el curso de la jornada, se verificaron cerca de 40 personas detenidas, las cuales fueron trasladadas a diversas Comisarías de la Ciudad (Comisaría de las Comunas 15, Comuna 4 y Comuna 12, entre otras)17.
2.1.2. Subsunción del caso en el plexo de derechos y garantías implicados en el sub examine
A tenor de las circunstancias fácticas que rodean el caso, la petición actora encuentra suficiente respaldo en la Constitución Nacional y local y en los Tratados internacionales incorporados a tenor del artículo 75 inciso 22 de la CN.
Repárese que el plexo convencional acuerda especial protección a la libertad de expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 13), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4º) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19).
Por su parte, la Constitución Nacional asegura el derecho a la libertad de expresión y de reunión (artículo 14).
La carta constitucional local establece que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado. En lo que reviste particular interés, contempla el deber del personal policial de seguridad de ajustar su comportamiento a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (artículo 34).
Ello, de consuno con el artículo 104 inciso 14 en tanto dispone que el Jefe de Gobierno establece la política de seguridad, conduce la policía local e imparte las órdenes necesarias para asegurar la seguridad y el orden público.
A su vez, la Ciudad garantiza el derecho de sus habitantes de expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura (atención 12 inciso 2º) y ampara el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía (artículo 62, primer párrafo).
A su vez, el artículo 13 protege la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de la persona.
Lo anterior se ve complementado por las disposiciones de orden constitucional y convencional que protegen el derecho a la salud y a la integridad física18.
Bajo tal paraguas, el orden legislativo local ampara las puntuales peticiones requeridas por la parte actora especialmente en los artículos 9919 y 10020 de la ley n° 5.688 relativa al sistema de seguridad pública de la CABA.
2.1.3. Destacada atención de la Comunidad Internacional en torno criminalización de los defensores de derechos
No puede soslayarse que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –a través del informe aprobado el 31/12/201521– advierte que la criminalización de quienes se abocan a la defensa de los derechos genera impactos negativos no sólo en el individuo y su familia, sino también en el colectivo. Ello, pues puede traducir un indudable debilitamiento y desarticulación de las organizaciones de la sociedad civil. A su vez, el mentado informe apunta que la mera amenaza de ser sujeto a un proceso judicial conlleva a intimidar y amedrentar a quienes por miedo a represalias pueden dejar de realizar su labor de defensa de los derechos humanos.
2.1.4. Colofón del requisito sub examine
En virtud de todo lo expuesto, surge acreditada con entidad suficiente la probabilidad exigida para la concesión de medidas de seguridad y contralor a tenor de la inminente movilización que se desplegará en el día 18/12/2017 a raíz del tratamiento parlamentario del proyecto de reforma previsional.
2.2. Peligro en la demora
El peligro en la demora exige que la tutela jurídica que la parte actora aguarda de los tribunales de justicia se vea realizada en los hechos. Se busca entonces que a raíz del paso del tiempo los efectos del fallo final no resulten inoperantes22. Es decir, se requiere que se acredite el peligro de un perjuicio irreparable23.
La prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora pues nada es más estéril que una medida judicial decretada tardíamente.
Así las cosas, en atención a que conforme fuera expuesto precedentemente se encuentra justificada la urgencia del caso (vide apartado II) se estima suficiente la acreditación del peligro en la demora. Las constancias reseñadas anteriormente dan sobrada cuenta de la necesidad de la adopción de las medidas requeridas por la parte actora a fin de resguardar los derechos involucrados en marras con motivo de las manifestaciones y protestas sociales que se esperan para el día 18/12/2017.
3. Contracautela
En torno a la contracautela, se advierte que dadas las particularidades del caso, la urgencia que ostenta y acreditada la fuerte probabilidad de que la pretensión actora no será necesario exigir este requisito.

 

V
Mirada final de la cuestión e invitación colectiva a la reflexión
La herida abierta en el imaginario social que dejaron las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002, víctimas de una cruenta acción policial, interpela nuevamente nuestra memoria ante el escenario acontecido el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional entre las fuerzas de seguridad, manifestantes y terceros.
Una vez más ha quedado expuesto el fuerte sesgo de clase que estas protestas delatan recurrentemente. Ahora, ante la vulnerabilidad de los sectores de los jubilados y de nuestros mayores, así como de aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijos, quienes se hallan casi en los bordes periféricos de la humanidad de esta sociedad.
Es en tal marco que los jueces y específicamente quien suscribe nos hallamos obligados a colaborar en esta suerte de proceso colectivo de reflexión, develando el compromiso concreto y real con las mandas democráticas24.
A su vez, los canales de discusión y el disenso deben permanecer abiertos25. Para ello la fuerza pública y los funcionarios aquí involucrados deben propender a evitar que existan obstáculos y valladares que bloqueen el periplo de la sociedad por dichos canales.
Finalmente, los defensores y líderes de agrupaciones gremiales –incluidos los aquí reclamantes– deben agotar la persuasión y llamar a su cauce, ante posibles desmanes que desvirtúen el ejercicio del derecho constitucionalmente consagrado, cuyo resguardo se persigue a través de esta decisión.
Acá todos somos partícipes necesarios para consolidar la madurez a la que aspiramos alcanzar como sociedad.
En palabras de Gargarella: “Nos interesa proteger hasta el último crítico aunque sea uno solo y, ello es así, especialmente si esta persona critica al poder público, si no tiene recursos, si tiene dificultades para expresarse”26.

Es con tal anhelo profundo y racionalmente sopesado que RESUELVO:
1) DISPONER LA HABILITACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES en los presentes actuados, a efectos de resolver la medida peticionada por los actores.
2) Hacer lugar a la medida autosatisfactiva requerida en los términos de los puntos 3 a 9 del presente resolutorio.
3) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que informe al juzgado a cargo cuáles son las fuerzas policiales y de seguridad de que dispondrá para la movilización dispuesta para el próximo 18/12/2017 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, así como de todo el personal policial que intervenga.
4) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que los efectivos policiales que disponga para el mencionado acontecimiento estén todos regularmente uniformados, con identificación de identidad visible (conf. artículo 100 de la ley nº 5.688).
5) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que el personal policial no lleve armas de fuego (conf. artículo 99 de la ley nº 5.688). La posta de goma y el material químico anti tumulto sólo deberá ser utilizada como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes.
6) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que informe los vehículos policiales afectados al operativo, con la prohibición de utilizar móviles no identificados y de que participe en el operativo –o en accionar inmediatamente posterior– efectivos de civil no identificados (conf. artículo 100 de la ley nº 5.688);
7) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que se remita al juzgado a cargo las filmaciones efectuadas por drones o equipos de filmación cuyo funcionamiento se disponga en la movilización. Ello, a los efectos de la realización de cualquier denuncia posterior y a fin de brindar seguridad a los asistentes de aquélla.
8) Ordenar al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que, de producirse alguna detención en el marco de la movilización en cuestión, se evite la dispersión innecesaria y se concentren los posibles detenidos en un misma dependencia, de ser posible. Ello, con la debida publicidad acerca del sitio de detención. A su vez, se deberá permitir a los abogados que la parte designe a tales efectos, con la obligación de que éstos participen desde el inicio de la detención a los efectos de garantizar el derecho de defensa de toda persona que se señale como participe un hecho punible.
9) Ordenar al GCBA que dé publicidad en su página web oficial de de lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la ley n° 5.688. Ello a fines de posibilitar el conocimiento de los derechos a todos aquellos que participen del acto.
Regístrese y notifíquese a la parte actora personalmente o por cédula a confeccionarse por Secretaría y al GCBA mediante cédula a confeccionarse por Secretaría en la sede de la Procuración General del GCBA, con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles.
Hágase saber que la pertinente notificación al Ministerio de Justicia y Seguridad queda en cabeza de Procuración de la CABA.
A tal efecto desígnese como oficiales notificadores ad hoc a la Actuaria Agustina Payo (DNI nº 33.537.068) y/o las Prosecretarias Coadyuvantes Guillermina Gamberg (DNI nº 30.494.378) y/o Marisol D´Onofrio (DNI 31.094.865) y/o a la Prosecretaria Administrativa María de la Paz Yapur (DNI nº 34.283.223).
Asimismo, en este acto se notifica a Daniel Marcelo Pablo Isolabella (DNI 20.912.046) de la Defensoría en lo CAyT de turno. Ello a fin de que ponga en conocimiento de la presente a la Defensoría General de la CABA y al Defensor General Adjunto en lo Penal.
Se notifica la presente a la Defensoría del Pueblo de la CABA a través de sendos correos electrónicos (defensoria@defensoria.org.ar y aamor@defensoria.org.ar).
Por último, hágase saber a la parte actora que deberá notificar el presente decisorio a la Jefatura de la Policía de la Ciudad mediante oficio a confeccionarse por Secretaría.
Fecho, remítanse las presentes actuaciones a la Secretaría General del fuero a los fines de proceder a la asignación del Juzgado que continuará con su sustanciación.

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