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¿Cómo garantizar la libertad de expresión en tiempos de convergencia de medios? Parte III

| El 24, Jun 2018

Se publica la tercera y última parte de la nota sobre el mapa de medios en la ciudad de Buenos Aires. Cuáles son los desafíos en tiempos de convergencia digital y qué implicancias tiene la regulación sobre el mercado.

 

Superada la época del cederrón, la cuestión de la Internet

La llegada de internet hizo desparecer las barreras de entradas para abrir medios no tradicionales. De la radio nació el podcast, que se puede grabar en el living de casa, de la TV nació Youtube o cualquier formato de video, y del diario nacieron los portales de Internet. Ambos coexisten pero en este punto la balanza se inclina a favor de la pluralidad de hablantes.

Sin ir más lejos, hace unos meses un tribunal dijo que el tuitero o quien postee en Facebook se equipara a un periodista, algo impensado hace unos años. Evidentemente, la tecnología obliga a repensar los roles tradicionales.

Y también puede que el rol de los medios se haya sobreestimado. Cada vez más gente se informa por redes sociales. Y los que leen diarios no pierden su sentido crítico, opino por hipótesis. Desde ya, las redes sociales no son garantía de buen periodismo y basta citar al respecto la nota de The Economist,

Por supuesto que el rol de los medios existe y es relevante en muchas discusiones pero quizás en Argentina haya sido sobrevalorado. [NY Times Holocausto]

Para esto, es clave que la normativa argentina proteja a la libertad de expresión en Internet. A diferencia de algunos países con sesgos totalitarios, no hay filtrado automático ni restricciones a información política. La ley 25690 establece la obligación de los Proveedores de Servicios de Internet – ISPs- de ofrecer software de protección que impida el acceso a sitios específicos al momento de ofrecer los servicios de Internet, pero a requerimiento del usuario y para proteger, por ejemplo, a los menores de edad.

Puntos conflictivos: restricciones a Internet

Es una práctica extendida que las empresas o el Estado restrinjan el acceso a Internet en las estaciones de trabajo de sus empleados. Reino Unido llegó a bloquear los sitios con contenido adulto para todos los accesos a Internet de la región, administrados por una compañía de capitales chinos.

Hay quienes justifican este tipo de medidas por la necesidad de abaratar los costos de conexión (argumento que hoy ya estaría desactualizado), por la creencia de que podría mermar la productividad o razones de moralidad que son inaplicables al caso de la radio.

La reacción técnica contra esta “ley seca” no se hizo esperar; hay métodos para saltar las vallas (googleando los encuentran). ¿Pero cuál fue la reacción jurídica? Hasta donde se sabe, escasa, porque no se conocen medidas judiciales que liberen el acceso o acciones en ese sentido y se ha escrito poco sobre el tema. Pero entonces, ¿tiene un trabajador derecho a “saltar” esas restricciones?

1. Sobre cómo la difusión de ideas por la radio debe ser protegida

No sólo debe procurarse que una radio transmita sin superponerse con otra sino, además, que existan mecanismos para que ambas puedan acceder a una frecuencia en armonía. Y con Internet pasa algo similar: como regla general, ni los proveedores ni los intermediarios deberían restringir el acceso ni desviar o desfavorecer el tráfico hacia ciertos sitios; en una palabra, “neutralidad”. En suma, se trata de ordenar el espacio, como el tránsito, para que todas las voces puedan ser escuchadas.

2. Internet no se mancha

Ni la ley de contrato de trabajo ni en ninguna otra hay una restricción en el acceso a Internet. La restricción para acceder a Internet sólo puede hacerse si se demuestra un daño concreto para la empresa, que debe ser evaluado en cada caso.

Medios públicos

Los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

-Radio Ciudad

-Canal de la Ciudad

-FM 2×4

-La Agenda

En la asignación del presupuesto, Ciudad hace hincapié en Ciudad Abierta, destacando que se trata de “un importante canal de difusión de las actividades programadas y realizadas por el Gobierno de la Ciudad, pero fundamentalmente en una vía directa de información y acercamiento a los eventos culturales de los sectores sociales más alejados de los canales habituales de información1.

En segundo lugar, se remarca el trabajo del sitio web institucional del Gobierno de la Ciudad, destacando que “deparó una afluencia mucho mayor de visitantes”.

En torno al contenido, hay distintas alternativas. Una opción es privilegiar la programación educativa, cultural y demás, tratando de evitar lo partidario. Otra opción es incluir lo partidario pero intentando que la participación sea democrática e igualitaria.

En junio, el bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley de Ente Público de Comunicación Audiovisual para la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el argumento de que “el sistema de medios públicos, por definición, no puede funcionar anclado a los intereses políticos del gobierno de turno ni a la lógica comercial de los medios privados, sino que debe ser un garante del derecho humano a la comunicación, el acceso a la información y la libertad de expresión”, la propuesta contó con aportes de propios trabajadores del Canal de la Ciudad.

Entre otras cosas, propone la creación de un ente público de comunicación audiovisual que gestione los medios públicos del distrito: la Radio de la Ciudad, La FM 2×4 y Señal de Cable Ciudad Abierta, así como los medios de radio y televisión que en un futuro el Gobierno de la Ciudad cree o disponga de sus frecuencias. Además, incluye la creación de un consejo asesor que realizará recomendaciones e informes al ente y en el que estarán representados todos los sectores vinculados al funcionamiento de dichos medios.

El único inconveniente que objetan los críticos al proyecto es que generaría costos y una estructura adicional, pero vale recordar que es parte de la manda constitucional pendiente.

El caso Gigacable y el soterramiento

La ley 1877/2005 obligó a los nuevos operadores que se instalen en la Capital Federal a soterrar el tendido de la red, pero exceptúa de hacerlo a los existentes: “La asignación del uso de la infraestructura basada en el sistema de columna metálica se otorgará a aquellos tres prestadores que acrediten mayor antigüedad en la efectiva prestación del servicio, al 31 de diciembre de 2004”2.

Según la pericia, el competidor debía invertir US$ 323.272 para soterrar el tendido aéreo de cables, contra los US$ 43.420 que le costaría el cableado aéreo. Además,  los tiempos estimados para la realización de los trabajos planteados estaban basados en una condición ideal. Mientras que un tendido aéreo tiene una duración promedio de quince días, un tendido subterráneo, entre ciento veinte a ciento cincuenta.

El servicio que reglamenta la normativa impugnada es brindado actualmente por las firmas Multicanal, Cablevisión y Telecentro. La actora entiende que esta regulación tiene por objeto favorecer y afianzar la posición en el mercado de los únicos tres operadores del servicio de televisión por cable ya establecidos, en detrimento del universo de potenciales competidores para quienes, en las condiciones actuales de vigencia de esta normativa, el acceso al mercado resulta prohibitivo y, por tanto, impracticable.

Caben aquí algunos interrogantes: ¿Puede afirmarse que la ley legitima un trato injustificadamente desigual entre las tres empresas que acreditan mayor antigüedad en la prestación del servicio, por un lado, y los potenciales futuros competidores, por el otro? ¿Es posible, sin incurrir en discriminaciones injustificables, que el Estado fije un objetivo “de política local” (la regulación para la instalación de redes de televisión por cable) y establezca para ello una serie de limitaciones y gravámenes que constriñen sensiblemente el derecho a trabajar de los nuevos, potenciales prestadores del servicio -limitaciones y gravámenes que tornan virtualmente impracticable la instalación de aquéllos en el mercado- y que, a la vez, exima de unas y otros a tres empresas que no son solamente “las más antiguas del mercado”, sino que integran grupos económicos potentes y pujantes en nuestro país?

El fallo3 afirmó que el tendido de redes subterráneas exige una cuantiosa inversión. También, en verdad, el instalado sobre columna metálica, pero, considerablemente menor, según surge del peritaje obrante en autos (fs. 222/224). Vale recordar que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes, en general, principio que reconoce un supuesto particularmente justificado cuando se trata de definir el modo de utilización del espacio público en beneficio de actividades de interés igualmente público como la comunicación y difusión de ideas a través de medios de prensa.

Además dijeron que la actora no demanda, ni podría hacerlo en este ámbito, en pos del respeto de un contrato o su reparación pecuniaria. En tal contexto, no existe derecho a exigir idéntico trato al que reciben los prestadores preexistentes. Como contrapartida tampoco existirían fundamentos que permitan al juez compeler al legislador, sentencia constitucional mediante, a formular tal reconocimiento. La igualdad no aparece comprometida pues, ausentes otros datos y dada la finalidad legítima que persigue la norma (abandonar el tendido aéreo a favor del subterráneo o por pulmón de manzana), la autorización para mantener tendidos aéreos de modo transitorio (hasta que se inicie el soterrado) es constitucionalmente tolerable.

Inversamente, si se perpetuara el sistema de transición, el permiso de uso del espacio aéreo debería otorgarse de acuerdo a reglas que garanticen la concurrencia y la igualdad entre todos los aspirantes a prestar el servicio de TV por cable y sus complementarios. De todos modos, nuevamente, la posibilidad de imaginar incentivos de mayor eficacia, no permite derivar de mandatos constitucionales obligaciones específicas destinadas al legislador como correlato de garantías acordadas sin más restricción por los constituyentes en la Carta Magna, afirmaron los jueces.

Recapitulando: ¿sólo una cuestión de competencias?

La reforma constitucional de 1994 tuvo como objetivo declarado enfatizar el federalismo y reformó algunas cláusulas en ese sentido. Por ende, la jurisprudencia sobre la cláusula de comercio interjurisdiccional y de progreso debe ser leída al amparo de estas nuevas cláusulas.

Se ha afirmado que “aunque la Constitución Nacional (…) ha avanzado en delimitar con mayor precisión los ámbitos de competencias de la jurisdicción nacional y las locales en materia de servicios públicos, las controversias no han menguado. Así, por ejemplo, se superponen los controles -lo que provoca confusión y despilfarro de energías- o no existe control alguno, generando ‘zonas liberadas’ de la intervención pública, precisamente por la indeterminación respecto de cuál de todas las autoridades resulta la competente”4.

Desde ya que estas consideraciones aplicables a los servicios públicos y que mutatis mutandi podrían ser exportables al sistema de regulación de medios de comunicación, por naturaleza federal, en cuanto a los aspectos del régimen de usuarios, cuestiones de seguridad e higiene, inspección laboral, calidad ambiental y demás. 

En suma, como con cualquier actividad, la regulación federal no exime a las empresas de medios de cumplir con la normativa local en cuanto a los aspectos delegados a las provincias o, como en el caso bajo estudio, a la Ciudad: en concreto, que cumplan sus obligaciones laborales, tributarios, respeten la jornada de trabajo, sea un lugar seguro (salidas de emergencia, entre otras cosas), que si tienen antenas estén fijadas en forma segura y dentro de los límites máximos de radiación, etc

Claro está que algunos aspectos son en competencia concurrente con la entidad federal, por ejemplo, el ENACOM.  Pero no quita que las autoridades controlen otros aspectos en las materias referidas, en tanto sea en forma razonable y no configuren una desviación de poder que pueda alterar la libertad de prensa y regulación federal, para lo cual le son aplicables todas las garantías de impugnación de los actos administrativos y normas generales.

Desde ya la prensa no puede quedar sujeta a los jueces federales ni dictar leyes que la restrinjan, prohibición al Congreso nacional pero extensible a las legislaturas y organismos locales.


1 Ley N° 5.724, Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires 2016. El Presupuesto 2017 destinado al área de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es de $ 412.125.379. Contempla los gastos de personal, consumo de bienes, y servicios no personales, tales como pago de alquileres y derechos.[

2Ley N° 1.877, Regulación para la Instalación de Redes de Televisión por Cable. Buenos Aires, 2005.

3 Expediente 4627/06. “Gigacable SA c/GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, disponible en www.radiofusiondata.www. Diciembre de 2007.

4Cicero, Nidia Karina, “Servicios públicos y federalismo”, 1a. edición. Eudeba, Ciudad de Buenos Aires, 2013.

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