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Derechos de autor a bares, restoranes y eventos culturales. Rechazan la demanda

| El 29, Jun 2018

La orfebrería de la nada: una causa llena de papeles desestimada por falta de pruebas: la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no pagar los derechos de autor por el uso de canciones durante varios eventos culturales.

Una demanda por derecho de autor por distintos eventos culturales

Todo autor tiene derecho sobre su obra, incluyendo derechos morales, por ejemplo ser citado y a que no se altere o se use sin su permiso, y económicos, cobrar una retribución por el uso de la obra, en este caso musical. Los autores se agruparon y delegaron esta tarea en entidades colectivas.

SADAIC representa a autores y compositores de música nacional y extranjera y tiene la facultad de percibir los derechos económicos que surjan del uso de obras musicales literales registradas. Además puede ejercer representación legal, conceder o negar autorizaciones de uso fijando condiciones, y estar en juicio como actora o demandada (ley nº 17648 y su decreto reglamentario nº 5146/69.)

En la demanda SADAIC explicó que el GCBA difundió obras musicales durante distintos eventos que organiza en diferentes instituciones y espacios públicos, sin contar con la previa autorización del uso de la música y sin que se abonen los correspondientes derechos autorales (artículo 36 de la ley nº 11723).

En relación a su trabajo de fiscalización, precisó que se basa en las distintas publicaciones que el propio Gobierno realiza sobre los espectáculos y que cuenta con cobradores, inspectores y supervisores. Manifestó que junto con las facturas que se acompañan, también se adjunta la “documentación respaldatoria”.

Por su parte, el GCBA consideró que no adeuda suma alguna y que el reclamo de SADAIC es imposible de comprobar. Manifestó que la mayoría de las facturas reclamadas no tienen detalle: ni el porcentaje calculado, ni la fecha de los eventos, ni el número de carpetas que las hubieran originado, como tampoco el número de asistentes a los supuestos eventos a lo que se refieren.

Durante la audiencia SADAIC manifestó que los cobradores van a los eventos, determinan la cantidad de gente y fijan la factura. Que en el caso de que el GCBA fuese auspiciante de un evento en principio no se cobraría, pero aclaró que muchas veces existe una simulación y el auspiciante es realmente el organizador.

Después de librarse un sinfín de oficios, resoluciones ordenatorias, pruebas informativas, pedidos de informes a 33 entidades culturales o sociales, oficios reiteratorios, apercibimientos, pericias contables, impugnación de pericias y recursos de reposición, las autoridades no lograron entender cómo era exactamente el procedimiento de cálculo de aranceles y cobro:

“SADAIC no logró probar el hecho constitutivo de la deuda, esto es, la utilización por parte del GCBA de obras musicales y/o literarias musicalizadas sobre las cuales tenga a su cargo la percepción de los derechos autorales (cfr. art. 1º, decreto nº 5146/69). En efecto, la constancia de efectiva realización del evento de que se trate y la confección de la respectiva factura no basta para acreditar la deuda reclamada. Debe probarse -en cada caso en particular- las obras musicales y/o literarias musicalizadas que se ejecutaron”.

Es decir, no tenían registro de las canciones que se habían usado en cada caso, por las que pretendían cobrar los derechos autor correspondientes. Tampoco pudieron sacar conclusiones de las declaración testimoniales de los inspectores de SADAIC porque en la mayoría de los casos no habían hecho la constatación auditiva mínima y habían usado para facturar los programas, folletos o la publicidad del evento dónde no figura el repertorio.

Como para sumar al desconcierto, todas las declaraciones testimoniales se realizaron con testigos ofrecidos por SADAIC. En todos los casos corroboraron que realiza su facturación sin el más mínimo rigor metodológico:

“La función del testigo consiste en ‘caminar’ buscando eventos, en una zona delimitada y guiado por información que extrae de gacetillas o internet. Pero lo más insólito es que el testigo derechamente admite que no acude a todos los eventos”.

Uno de los testigos explicó que muchas veces el informe lo hacen vía oral salvo que el evento sea multitudinario, y que en la mayoría de los casos no lo archivan. Todos manifestaron que en caso de haber un error o un desacuerdo, se anula la factura. Es decir, primero facturan sin saber exactamente lo que tienen que cobrar y después corrigen si la pifiaron…

Otro de los testigos “manifestó creer” que SADAIC contaba con un sofisticado método de registro que graba todo el evento y después un programa informático establece cuáles son las obras ejecutadas. Lo insólito del asunto es que en ningún momento lo ofrecieron como prueba para sostener su pretensión de cobro:

“SADAIC fundamenta la confección de las correspondientes facturas con sustento exclusivo en la actividad desplegada por sus inspectores/cobradores, como el testigo, y no con apoyo en la inverosímil existencia de un equipo de técnicos que registrarían todos los espectáculos musicales organizados por el GCBA”.

Incluso si uno pasara su propia música en su cumpleaños, si es evento colectivo, debería registrarse y pagar retribución. Los salones de fiestas, bares y restoranes, hoteles y otros rubros similares pagan estos derechos por representar y pasar música en lugares públicos o habitaciones. Por la de Mozart, cobran los intérpretes… Si no hay acuerdo sobre el monto a pagar, lo determina el juez, que es lo que suele pasar en estos casos.

 

 

¿Pueden cobrar derechos de autor por pasar música e interpretar canciones en vivo o grabadas?

Las autoridades explicaron que SADAIC tiene el derecho de percepción por la utilización de las obras musicales que integran el repertorio que administra, pero para hacerlo valer tiene que probar que efectivamente se produjo la utilización. Elemental…

“Una vez definida y constatada la ejecución de obras correspondientes al
repertorio administrado, corresponde establecer el arancel previsto en el art. 4 del decreto nº 5146/69, pero el arancel requiere como condición necesaria demostrar
la premisa constitutiva, es decir, que se hayan utilizado obras musicales sobre los cuales, según el art. 1º del referido decreto, SADAIC se halla autorizado a la percepción de los derechos económicos “de autor”. Y para saber que las obras utilizadas son “de autor”, deben conocerse qué obras se ejecutaron”.

Explicaron que de lo contrario SADAIC cobraría sobre los ingresos sin saber a quién distribuir los derechos económicos por desconocer qué obras fueron ejecutadas. Todas las facturas presentadas citaban el uso de repertorios sin especificar las obras utilizadas.

Para colmo en la mitad de los establecimientos mencionados no se logró probar que el evento se haya realizado, y en la otra mitad no había registro de las obras ejecutadas: “Semejante imprecisión en el marco del objeto controvertido impide tener por acreditado tanto la existencia de la deuda como verificar a dónde imputar los pagos que dice el GCBA haber hecho”.

Desde ya que los autores, compositores e interpretes, así como quienes tengan los derechos, pueden cobrar una retribución por sus obras, es un derecho constitucional (artículo 17 CN, porque forma parte de su propiedad). El punto es la prueba para ganar el juicio, que en este caso particular no se logró.

Finalmente los jueces rechazaron la demanda por falta de pruebas, y concluyendo que todo resulta definitivamente improcedente. Que las partes giran frenéticamente en círculos y en el centro sólo existe el vacío probatorio:  “Corolario de lo hasta aquí expuesto es que aun ante la apabullante selva de papeles que se ha precipitado en este expediente, sólo hallo la orfebrería de la nada”.

 

 

Anexo con sentencia completa sobre la pretensión de cobro de derechos de autor

12 de abril de 2018.

I. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (en adelante, SADAIC)
interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) en fecha 28/12/12 (cfr. fs. 10), reclamando el cobro de la suma de 1.694,77 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más intereses, con sustento en los aranceles adeudados en concepto de derechos de autor por la comunicación pública de obras musicales “en ocasión de distintos eventos, ciclos, espectáculos, shows, etc., organizados por la demandada en distintas instituciones, salas, parques, centros culturales, museos, bares, confiterías y establecimientos y espacios públicos dependientes de su órbita” (cfr. fs. 1).

Describió cuáles son las facultades de SADAIC y su carácter representativo de autores
y compositores de música nacional y extranjera y la facultad de tener a su cargo la
percepción, en todo el territorio de la República Argentina, de los derechos económicos
emergentes de la utilización de las obras musicales literales y musicalizada, cualquiera sea el medio y las modalidades. En ese orden de ideas, detalló cuáles son las facultades que se derivan de sus estatutos y que pueden sintetizarse en:
i) la representación legal; ii) conceder o negar autorización para la utilización pública de su repertorio, fijando las condiciones pertinentes; y, iii) estar en juicio como actora o demandada. También se refirió a la facultades otorgadas a SADAIC por la ley nº 17648 y su decreto reglamentario nº 5146/69.

incluye la representación de todas las demás sociedades musicales del mundo. Destacó que la obra extranjera está protegida en nuestro país al igual que la obra nacional.

Explicó que “desde tiempo atrás” el GCBA, a través de la Secretaría de Cultura, luego
Ministerio de Cultura, viene realizando la difusión pública de obras musicales en ocasión de distintos eventos, ciclos, espectáculos, shows, etc., que organiza en diferentes instituciones, salas, parques, centro culturales, museos, bares, confiterías y
establecimientos y espacios públicos dependientes de su órbita, sin que se abonen los
correspondientes derechos autorales.

Precisó que tomó conocimiento de las ejecuciones musicales de carácter público a través de las distintas publicaciones que la propia demandada realizó sobre los espectáculos que organizaba. A su vez, añadió que SADAIC cuenta con cobradores, inspectores y supervisores para verificar la existencia y realización de esos espectáculos, por ello manifestó que junto con las facturas que se acompañan también se adjunta documentación respaldatoria que corrobora lo anteriormente dicho.

Agregó que las organizaciones o
ejecuciones han tenido lugar sin contar con la previa autorización del uso de la música, es decir, del repertorio musical administrado por SADAIC, ni tampoco con el pago del
arancel correspondiente.

Refirió que según se desprende del artículo 36 de la ley nº 11723, el autor debe
autorizar previamente la utilización de su obra. Arguyó que el GCBA, en su carácter de
responsable por las ejecuciones y/o interpretaciones publica que organiza, ha omitido
abonar los derechos autorales utilizando sin autorización previa el repertorio musical
administrado por SADAIC. En virtud de ello, la actora remitió al GCBA una carta
documento de fecha 28/04/09 en donde intimaba el pago de las facturas allí mencionadas, dado que el aquí demandado solo había abonado algunas de ellas. Hizo notar que las facturas reclamadas en autos fueron debidamente presentadas al demandado y que obtuvieron el correspondiente número de carpeta o registro administrativo.

artículos 35, 40 y 42 del decreto nº 41233/34, reglamentario de la ley nº 11723, como así también de la resolución nº 15850/77 que reglamenta el artículo 6, inciso c) del decreto nº 1224 que establece la responsabilidad de quienes de un modo directo o indirecto comuniquen al público música.

En el punto “VIII.-RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO.-” informó la existencia de un reclamo administrativo previo de fecha 23/11/10 con número de registro 1426317- MGEYA-2010, junto con un pronto despacho presentado en esas actuaciones en fecha 28/04/11.

III. A fs. 21/33 vta., se contestó demanda.

Así, consideró que el GCBA no adeuda suma alguna con fundamento en que el reclamo
efectuado por SADAIC resulta imposible de comprobar. Sostuvo que en caso de
comprobarse que los eventos y/o acontecimientos que detalla el demandante fueron
efectivamente organizados por el GCBA, los correspondientes derechos de autor fueron
oportunamente abonados a SADAIC.

Observó que no existe una liquidación que se adecue a la pretensión y adujo que no
resulta cierto que el GCBA haya organizado “todos los eventos cobrando entradas y que nada se dice al respecto sobre el presunto precio de las mismas o en todo caso tampoco da cuenta si hubieran existidos eventos totalmente gratuitos, siendo fundamental asimismo las fechas en que supuestamente se hubieran realizado los mismos” (cfr. fs. 28 vta.).

Abordó el encuadramiento que hace SADAIC para el reclamo arancelario y analizó
el “Rubro II punto 1” del Acta de fecha 04/03/98 referido a “LOCALES SIN DERECHO A BAILE”, concluyendo que existen diversas y variadas circunstancias para el cálculo de los porcentuales por derechos de autor. Expresó que la actora no señaló como (cómo?) pretende imputar el pago de las sumas reclamadas, alegando que los eventos organizados por el GCBA son mayoritariamente gratuitos y que por eso considera que los montos pretendidos exceden con creces los aranceles que se reclaman.

Refirió que la mayoría de las facturas reclamadas no poseen elementos que permitan
establecer sobre qué parámetros se elaboraron, ni el porcentaje calculado, ni la fecha de los eventos, ni el número de carpetas que las hubieran originado, como tampoco el número de asistentes a los supuestos eventos a lo que se refieren. Asimismo, respecto de aquellas facturas que cumplen con los parámetros correspondientes, el GCBA sostuvo que han sido debidamente abonadas. Advirtió que en ningún momento se aclaró cuál es la cantidad de entradas vendidas para cada uno de los espectáculos que se reclama y que tal déficit priva al GCBA de poder corroborar que las facturas se hayan confeccionadas en debida forma de acuerdo a los datos e información suministrada. Expresó que las facturas acompañadas no establecen sobre cuál arancel de los previstos en el artículo 3 del decreto nº 5149/69, reglamentario de la ley nº 17648, se realizó el cálculo de la reclamación de pago.

Sostuvo
que esas omisiones afectan el derecho de defensa del demandado. También resaltó que del “GIRO DOCUMENTAL 3694887-MC-2013” remitido por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, surgen los eventos efectivamente realizado por la Ciudad y que fueron oportunamente pagados, según las copias de las constancias de pago extraídas del Sistema Informativo de Gestión y
Administración Financiera. A tal fin, manifestó que en la documentación acompañada por su parte se encuentra el detalle de las facturas que han sido debidamente canceladas por el demandado y que se relacionan a los eventos que el GCBA reconoce haber realizado (v. fs. 21/24).
Por último, cuestionó la procedencia de los intereses reclamados, destacó la imprecisión de la pretensión procesal y argumentó sobre el encuadre jurídico de la cuestión objeto de controversia, ofreció prueba, fundó en derecho y, finalmente, concluyó con el petitorio de rigor.

IV. A fs. 34 se tuvo por contestada la demanda y se sustanció la oposición planteada
por el GCBA. Además, se reservó en Secretaría el giro documental 3694887-DGTALMC2013.

A fs. 37/38 vta., la parte actora desconoció la prueba documental acompañada por el
demandado. Expresó que los “hipotéticos” montos abonados por el GCBA y su verificación, quedarían sujetos al resultado de la pericia contable a practicarse en autos. Asimismo, respondió la oposición de la parte demandada al proveimiento de su prueba y desistió de los testigos Eduardo Falcone, Carlos Marengo y Claudio Castro Neto.

V. A fs. 40, SADAIC solicitó la apertura del juicio a prueba. Se convocó -cfr. fs. 41- a las partes a la audiencia prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CCAyT), la que se realizó en fecha 14/02/14 (cfr. fs. 43/48). En la referida audiencia se le requirió explicaciones a la actora sobre el ofrecimiento de la prueba testimonial debido a su número, en particular cuál sería el hecho controvertido que autorizaría a convocar como testigo al Sr. Luis María Cipriani. Ante la insuficiencia de explicaciones vertidas por el frente actor respecto de la necesidad de convocar a los testigos Ciprinai y Daniel Groskopf, esa prueba fue desestimada por inconducente.
Durante el transcurso del acto se preguntó cómo se realiza el cobro del arancel,
respondiendo la letrada en representación de SADAIC que “van los cobradores, determinan la cantidad de gente y fijan la factura”. También se preguntó si se le cobra a las entidades educativas a pesar de que están exentas, manifestando la letrada en representación de la actora que cuando se trata de espectáculos que no tienen fines educativos, igualmente se cobra. Asimismo, se formularon precisiones sobre la prueba destinada a probar la ejecución de música en el Congreso Nacional. Se interpeló a la letrada en representación de SADAIC sobre si: i) se cobra por la ejecución de obras que no tienen más derechos de autor, por ejemplo por la ejecución del Himno Nacional o la Marcha de San Lorenzo; y, ii) se cobraría en el caso de que el GCBA fuese auspiciante de un evento, respondiendo en este caso que en principio no se cobraría, pero aclarando que muchas veces existe una simulación y “el auspiciante es realmente el organizador. Muchas veces se confunde el auspiciante con el organizador, pero nosotros no podemos adivinar si terciarizaron la organización, sobretodo en los casos que son en espacios públicos”. Durante la audiencia se exhibió la factura perteneciente al Centro Cultural Colegiales, haciéndole notar a la parte actora que no existe ninguna constancia que respalde el cobro de 0 que se persigue, a lo que la letrada de SADAIC manifestó que el cobro se fundamenta en que esa documentación posee el logo del GCBA. A continuación se resolvieron las oposiciones planteadas y demás aspectos vinculados con la prueba.

VI. A fs. 60/66 la demandante acompañó interrogatorio para el testigo Héctor Jorge
Alustiza. A fs. 68/69 vta., consta el interrogativo mencionado y el acta dando cuenta del
registro de la audiencia realizada en fecha 19/03/14 donde declaró como testigo Alustiza, dejándose constancia en el acta escrita de lo sustancial del acto procesal y quedando el resto registrado en soporte digital.

VII. A fs. 71/79 vta., la parte actora manifestó que el Ministerio de Cultura del GCBA
realizó un pago parcial de facturas, acompañando la documentación pertinente a fin de
acreditar tal circunstancia. Según expresó, ese pago fue acreditado en extracto del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de septiembre de 2013, haciendo notar que los depósitos realizados fueron con posterioridad al inicio del presente juicio y entendiendo que esos montos abonados no pueden ser considerados como pagos ya que no incluyen los intereses por cancelación fuera de término. En este contexto, solicitó que se tenga por presentado el pago parcial efectuado por la contraria, haciendo expresa reserva del cobro de los intereses devengados desde la fecha de cada factura hasta el efectivo cobro.

Luego la parte actora a través de un escrito titulado “ACUSA ERROR – FORMULA
ACLARACION” refirió que “con fecha 25 de marzo del 2014 se denunció un pago efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imputándose a facturas reclamadas en estos actuados. Con posterioridad se nos informa que dicho pago fue efectuado por el Gobierno de la Ciudad a facturas que no se encuentran reclamadas en estos autos, salvo 3 facturas: Nº 9893; Nº 9949 y Nº9958, siendo las restantes facturas reclamadas en reclamo administrativo, Expediente Nº2737517/2012” (cfr. fs. 90/95). Consecuentemente, solicitó se tenga por efectuada la aclaración formulada y se corra traslado del pago denunciado de las tres facturas antes mencionadas, bajo los mismos términos que el escrito presentado por su parte a fs. 71/79 vta.

VIII. A fs. 99/161 vta., la actora retiró oficios para su diligenciamiento (nota de retiro
obrante al pie de fs. 161 vta.).

IX. A fs. 163/172 vta., obra una contestación de oficio del GBCA por la cual se recibe el giro documental nº 3694887-DGTALMNC-2013 en 653 fs., siendo reservado en Secretaría (cfr. fs. 173).

X. A fs. 182 luce el acta de audiencia de prueba en la cual se dejó constancia que el
desarrollo del referido acto procesal llevado a cabo en fecha 21/04/14 se vio frustrado por no haber sido notificado del mismo el GCBA, manteniéndose el resto del contenido del acto en registro audiovisual y soporte óptico.

XI. A fs. 189/192 la actora acompañó copia de una carta documento dando cuenta de
la notificación al GCBA de la audiencia testimonial supletoria fijada para el 28/04/14 a fin de recibir la declaración testimonial de los Sres. Dozoretz y Nacarelli. Se proveyó haciendo saber que la notificación de la referida audiencia no había sido ordenada mediante carta documento (cfr. fs. 193).

A fs. 194/198 constan las actas que dan cuenta de la realización de la audiencia en fecha
28/04/14 en donde declararon como testigos los Sres. Lucas Damián Nacarelli (v. fs.
194/196) y Alberto Dozoretz (v. fs. 197/198), quedando registrado lo sustancial de ambas declaraciones en formato audiovisual y en soporte digital.

XII. A fs. 201/207 vta., el GCBA contestó un informe haciendo saber que para dar
respuesta a lo solicitado se debía acompañar el detalle de las facturas que motivaron las
acciones judiciales iniciadas por SADAIC (v. fs. 205).

XIII. A fs. 209/210 vta., la iglesia “San Juan Bautista” informó que no organiza ni
auspicia conciertos y que sólo facilita el templo para que se realicen los mismos.
Asimismo, manifestó que no cuenta con ningún documento que informe sobre la
programación del concierto cuya información se solicita1 y que “la persona que nos hacia el pedido del templo era Adelma Gómez impulsora del ciclo de los conciertos de órgano en los barrios, que si contaría con esa información pero falleció el 14 de noviembre 2011”. A fs. 213/213 vta., contestó oficio “Castelar Hotel & Spa”, manifestando que no existe documentación, archivo o registro contable de las actuaciones en la fecha indicada2, en la que haya participado el GCBA, ni facturas registradas propias o de terceros, con esa documentación y fecha.

A fs. 215/215 vta., contestó oficio la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación (“Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces”) informando que no ha
realizado ningún evento musical ni concierto, ni ninguna otra actividad en la fecha
28/07/04 en donde se haya utilizado obras musicales y/o literarias musicalizadas, esto en relación a lo requerido (Factura 0002-00002431 de fecha 28/07/04 y con fecha de actuación 06/07/04).

A fs. 217/340 vta., la parte actora acreditó diligenciamientos de los oficios cuyo listado
surge del escrito de fs. 340/340 vta. A fs. 342/342 vta., contestó un informe el Sr. Jorge
García en su carácter de encargado del bar “La Embajada” expresando que durante el año 2008 se realizaron presentaciones musicales en el mencionado local, siendo organizadas por el GCBA, sin poder precisar con exactitud la fecha de las mismas, en razón del tiempo transcurrido y por no contar tampoco con registro alguno de dichas presentaciones.

XIV. A fs. 343/343 vta., la demandada contestó el traslado conferido a fs. 98. En virtud
de lo afirmado por la actora a través del escrito en traslado, solicitó se tenga por desistido el reclamo formulado en estos actuados en relación a las mencionadas facturas e hizo notar que la reserva de intereses formulada por SADAIC debe hacerse en sede administrativa dentro de los treinta días de percibidos los pagos, tal cual lo establece el decreto nº 5720/72 y su correlativo de la ley de compras y contrataciones de la Ciudad. Se tuvo por contestado el traslado y se dispuso que el tratamiento del pago denunciado por la actora a fs. 95 quedaría diferido para el dictado de la sentencia definitiva (cfr. fs. 350).

XV. A fs. 347/349 vta., el “Colegio Nacional de Buenos Aires” respondió que en dicha
institución educativa no obra constancia alguna de los eventos realizados durante el año
2004.

A fs. 351/353 vta., quien dijo ser el presidente de la firma “BOEDO SUR
S.A.” (“Esquina Homero Manzi”) informó -en respuesta al oficio que obra a fs. 351/352- que los días 20 y 27 de mayo de 2005 se presentó el “GRUPO YUNTA TANGO”, los días 03 y 10 de octubre de 2008 hizo lo suyo el “QUINTETO de CACHO STELLA” y los días 17 y 24 de octubre otro tanto hizo “LILIANA CASSINI”. Asimismo, indicó que todos los eventos fueron organizados por “BARES NOTABLES” del GCBA, los cuales fueron de entrada libre y gratuita y el local de la sociedad “ESQUINA HOMERO MANZI” cedió el espacio de forma gratuita.

A fs. 354/355 la actora acompañó oficio dirigido a “Café de García” sin constancia de
recepción “atento que un empleado lo recepcionó pero se negó a firmar”.

A fs. 357/359 la parte actora refirió la imposibilidad de diligenciar el oficio dirigido al “Bar Oviedo”, sito en Lisandro de la Torre nº 2407, Mataderos, por negarse en dicho lugar a recibirlo.

A fs. 361/364 y fs. 366/368 la actora adjuntó constancias de diligenciamientos de oficios.

A fs. 370/376, el demandante acompañó oficios sin diligenciar, en atención a que “no pudimos lograr ubicarlos”.

A fs. 378 la actora pidió reiteración de oficio a los lugares que se detallan en esa presentación.

XVI. A fs. 379 se proveyó el escrito de fs. 354/355 haciendo notar que el oficio
supuestamente diligenciado no cuenta con constancia de recepción alguna ni se acredita
su diligenciamiento. También se proveyeron las presentaciones de fs. 357/359, fs. 361/364, fs. 366/368, fs. 370/376 y fs. 378.

XVII. A fs. 380 la actora presentó un escrito haciendo saber la imposibilidad de
diligenciar el oficio oportunamente ordenado a “CAFÉ GARCÍA”, debido a que las
personas del lugar se rehúsan a recibir el mismo, sin justificación alguna.

A fs. 382 el frente actor solicitó oficio reiteratorio a la Subsecretaría de Cultura del GCBA, bajo apercibimiento.

A fs. 384/385 la parte actora acompañó oficio sin diligenciar al bar “La Coruña”, expresando que no ha podido lograr “ubicarlos”.

A fs. 387 la parte actora solicitó reiteración de oficio con apercibimiento a los lugares
que se mencionan en esa presentación.

A fs. 389/392 la parte actora acreditó diligenciamiento de los oficios que se detallan en ese escrito.

A fs. 394 el demandante desistió de la siguiente prueba informativa: “GALPON ESTUDIO ABIERTO, BAR ARGOS, BAR LONDON CITY y BAR LA CORUÑA”.

XVIII. A fs. 395/395 vta., se despacharon las prestaciones de fs. 380, fs.
382, fs. 384/385, fs. 387, fs. 389/392 y fs. 394.

XIX. A fs. 396/396 vta., contestó informe el Sr. Hugo García en su carácter de
propietario de “Café de García” expresando que si bien en los años 2005 y 2008 se realizaron esporádicamente en dicho establecimiento algunos eventos con asistencia de artistas o deportistas de manera informal, dado el tiempo transcurrido y en razón de que no se llevan registros de tal tipo de acontecimiento, no resulta posible individualizar e informar datos sobre obras musicales o literarias que eventualmente se pudieron haber utilizado.

A fs. 398/398 vta., contestó oficio el Sr. Hipólito Mario Riesco en su carácter de titular del bar “El Banderín”, sito en Guardia Vieja nº 3601, Almagro, indicando que no puede
precisar con exactitud los hechos cuestionados y que a su vez desconoce la factura 0002-00002542 de fecha 17/08/04, por no haber sido emitida por él.

A fs. 401/402 vta., contestó oficio la Legislatura de la CABA. Con remisión a lo
información brindada por la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, respecto a la
realización de una actividad musical llevada a cabo en el Salón Dorado en fecha 05/07/04, informó que “la carpeta de la actividad que se menciona ya no se encuentra en nuestro poder por haberse vencido el plazo de guarda y haber sido destruida. De todas formas, de los datos generales de archivo que se encuentran en nuestra base de datos computarizada, puede confirmarse la siguiente información: el día 5 de julio de 2014, de 17 a 20 hs, se realizó en el Salón Dorado la actividad denominada Semana del Bandoneon (…). Más allá de lo señalado, no existen otros datos que
puedan aportarse al respecto tales como programación o características específicas de la actividad”.

A fs. 404/409 vta., contestó oficio la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Buenos Aires. Informó que durante el período demandado (v. fs. 404), en la
Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, participaron la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires (08/06/07) y la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires (20/06/07), en carácter de invitados del programa “Ciclo Musical 2007”. Asimismo, acompañó una impresión con el cronograma de las propuestas cultural para el 2007 (cfr. fs. 406/407).

A fs. 410/411 vta., contestó oficio el “Bar Seddon” –en respuesta al oficio que obra a fs. 410/410 vta.- informando que “no se llevó a cabo eventos musicales, ni conciertos, ni cualquier otro utilización de obras musicales y/o literarias musicalizadas en nuestro establecimiento”.

A fs. 412/416 vta., contestó oficio la Universidad de Buenos Aires. Informó (v. fs. 416), con remisión al informe presentado por la Oficina de Coordinación Artística del Centro Cultura Ricardo Rojas (v. fs. 415), que en fecha 04/12/07 el único evento que hubo en la programación de la informante relacionado con el GCBA, fue la inauguración de la muestra de artes visuales “Imágenes del Bajo Flores”, que fue realizada por un grupo de jóvenes, vecinos del Bajo Flores y que se desarrollaba
como parte del Programa Comunidades Vulnerables del GCBA, Estrategia de Prevención Social del Delito, perteneciente a la Dirección de Política de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno. Precisó el carácter de la muestra fotográfica e indicó que la misma fue expuesta en el Espacio de Arte del “Centro Cultural Rector Ricardo Rojas”, permaneciendo en exposición hasta el 14 de diciembre de 2007.

XX. A fs. 417 el demandante desistió de la prueba informativa dirigida a “Correo
Andreani S.A.”. A fs. 419/419 vta., la parte actora pidió la remoción del perito contador
designado en autos.

A fs. 421/422 la actora acreditó el diligenciamiento de un oficio a “Centro Cultural
Alfonsina Storni”. A 423/423 se proveyeron los escritos de fs. 417, fs. 419/419 vta. y fs.
421/422. En dicho proveído, entre otras cosas, se designó nuevo perito contador.

XXI. A fs. 424/432 vta., se presentó el Dr. Alberto Maqués en su carácter de letrado
apoderado de “Avenida de Mayo 1271 S.R.L.”, indicando que la sociedad “RIAS BAIXAS S.A.C.I.F.I.” vendió a su representada la propiedad cita en “Avenida de Mayo
1261/65/71” según copia de escritura que acompaña, por lo cual no puede cumplir con la requisitoria judicial. Además, se informó que la propiedad se encuentra cerrada por
reformas.

XXII. A fs. 434/485 vta. y con constancia a pie de fs. 485 vta., lucen copias de los oficios retirados por la parte actora. A fs. 486/489, el demandante acreditó el diligenciamiento de los oficios que se detallan en ese proveído.

A fs. 490/495 vta., lucen copia de los oficios retirados por el frente actor (v. constancia
a pie de fs. 495 vta.). A fs. 499 luce la constancia de aceptación del cargo del contador Jorge José Albanesi. A fs. 500/502 vta. y con constancia de pie de esa última foja, luce la constancia de retiro por parte de la actora de tres oficios para su diligenciamiento.

A fs. 503/505 la parte actora acompañó constancia de diligenciamiento del oficio dirigido al “INAES”.

XXIII. A fs. 506/529 vta., el Ministerio de Desarrollo Social (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social), contestó oficio con documentación adjunta,
acompañando copia fiel del original del estatuto social reformado perteneciente a
SADAIC. A fs. 531/537 vta., contestó oficio el GCBA informando que de sus registros se desprende que en fecha 23/06/04 en el “Teatro Regio” fue presentado un espectáculo
perteneciente a la tercera edición del ciclo “BUENOS AIRES PERCUSIÓN” organizado por la Dirección General de Música del GBCA (v. fs. 534).

A fs. 539/541 vta., contestó oficio el titular del bar “El Banderín” quien ratificó lo
manifestado en su respuesta de fecha 02/06/14, presentada con fecha 04/06/14,
acompañando copia de esa contestación. A fs. 542/543 vta., contestó oficio el GCBA en
relación a la solicitud de la programación llevada a cabo en la biblioteca “Ricardo
Güiraldes” respecto de eventos musicales, conciertos, etc., donde se pudiera haber utilizado obras musicales o literarias musicalizadas, durante el período demandado, en particular respeto de la factura 0002-00013514 de fecha 04/12/08, con fecha de actuación el 01 y 05 del
12/08; factura 0002-00002216 de fecha 18/06/04, correspondiente a la fecha de actuación 18/06/04; y, factura 0002-00002462 de fecha 03/08/04 con fecha de actuación 24/08/04. Así, manifestó que con respecto a lo solicitado no surge del sistema informático y/o soporte de papel ninguna información que se vincule con algún evento que esa Dirección General haya realizado en alguna biblioteca de la red.

A fs. 544/545 vta., contestó oficio el GCBA. Respondió en el mismo sentido que la
contestación del oficio anterior pero respecto de la biblioteca “José Mármol” y en relación a la factura 0002-00013514, fecha de factura 04/12/08, correspondiente a la fecha de actuación 02/12/08. En igual forma a fs. 546/547 vta., respondió el GCBA respecto de la biblioteca “Martín del Barco Centenera” y sobre la factura 0002-00013514 de fecha 04/12/08, correspondiente a la fecha de actuación 04/12/08, registro 271-DGTALMC-2008 y factura 0002-00002216 de fecha 18/06/04 correspondiente a la fecha de actuación 11/06/04. Asimismo, a fs. 548/549 vta. se respondió en el mismo sentido que el formulado hasta aquí respecto de la biblioteca “Miguel Cané”, sobre la factura 0002-00002216 de fecha 18/06/04, con fecha de actuación 04/06/04. También respondió el GCBA con idéntico sentido a fs. 550/551 vta., respecto de la biblioteca “Devoto” y vinculado con la factura 0002-00002216 de fecha 18/06/04 y con fecha de actuación 25/06/08.

A fs. 552/632 vta., la parte actora presentó un escrito informando la acreditación del
diligenciamiento de los oficios cuyo listado obra a fs. 632/632 vta. A fs. 634/637,
la actora presentó oficios sin diligenciar a “La Trastienda” y al “Bar Don Juan” en atención a que se negaron a recibirlo, y al “Bar Los 36 Billares” en virtud de encontrase deshabitado. Solicitó se agreguen los oficios y se libren cédulas a los dos primeros establecimientos.

A fs. 638 se proveyeron las presentaciones de fs. 632 y fs. 637. A fs. 639/645 vta., contestó oficio el GCBA informando que en fecha 25/04/04 se produjo la presentación de los artistas “Suma Paz” y “Víctor Villadangos” en el marco de las actividades culturales desarrolladas en el museo “Brigadier General Cornelio de Saavedra” (cfr. fs. 643).

A fs. 649/656 vta., el GCBA respondió nuevamente lo expresado en el oficio referido precedentemente.

XXIV. A fs. 657/657 vta., la parte actora solicitó se haga efectivo el apercibimiento
establecido en el artículo 327, 2º párrafo, del CCAyT, respecto de los oficios que se detallan en esa presentación.

A fs. 658 se dictó una resolución ordenatoria de la causa por la cual se
hizo saber a los frentes, en particular al actor, que los oficios dirigidos a la biblioteca “M. del Barco” y al “Museo Saavedra” ya habían sido contestados, y que contrariamente a lo indicado en el escrito de fs. 395 y fs. 423 no se ordenaron oficios a “ADDI CAPIF”, Correo Argentino y Subsecretaría de Cultura de Gobierno de la CABA. Asimismo, se señaló en el punto “II” de esa providencia que ante “la cantidad de oficios ofrecidos como prueba por el frente actor y la frecuente falta de colaboración de la letrada apodera de SADAIC, nótese que en reiteradas ocasiones solicitó la reiteración de oficios que habrían sido contestados o cuyo plazo no se
encontraba vencido”, el suscrito requirió en uso de las facultades de dirección del proceso, que se cumpliera con las pautas de precisión al peticionar respecto de la prueba
informativa; pautas que se le indicaron en la mencionada providencia.

XXV. A fs. 664/664 vta., la actora efectuó manifestaciones vinculadas con los oficios
que se mencionan en esa presentación. A fs. 665/666 vta., se dictó una nueva resolución
ordenatoria formulando el juzgado precisiones sobre la cuestión vinculada con la prueba
informativa mencionada en el escrito de 664/664 vta., y disponiendo la reiteración de
pedido de informes a las treinta y tres entidades que se mencionan en esa providencia.
También, en el punto “III” se le hizo saber a la letrada apoderada de la actora que
consignara correctamente la dirección del tribunal en los oficios que librara por estar
consignando una dirección incorrecta en varios de ellos. Además, se le indicó que respecto a la solicitud de nuevos oficios al “Museo Saavedra” y a la biblioteca “M. del Barco” no correspondía hacer lugar a los mismos, por haber sido ya contestados. En el punto “V” se señalaron con precisión las inconsistencias que existían por parte del frente actor respecto del impulso de esa prueba. Por fin, la resolución nuevamente apuntó la falta de colaboración de la letrada de la parte actora en la forma en que gestionaba la producción de la prueba informativa. A fs. 671/678 vta., obran copia de los oficios retirados por el frente actor (v. constancia a pie de fs. 678 vta.).

XXVI. A fs. 679/681 vta., la parte actora presentó un escrito, solicitando se deje sin
efecto el punto “II” de la resolución de fs. 665/666 vta. de fecha 25/09/14 por entender que no ha solicitado oficio reiteratorio sino que ha peticionado que se haga efectivo el
apercibimiento establecido en el artículo 327, 2º párrafo, del CCAyT. Además, aclaró que del listado mencionado a fs. 657 su parte cometió un error al incluir a “AADIiJudicial CAPIF” y “CORREO ARGENTINO” pues respecto de esas entidades no había solicitado reiteración de oficios, por ello solicitó que se deje sin efecto la reiteración ordenada. Por otra parte, la letrada apoderada formuló disculpas al juzgado por haber consignado en los oficios, sin advertirlo, el domicilio anterior de este tribunal. También, aclaró que fue un error solicitar que se haga efectivo el apercibimiento de los oficios dirigidos al “Museo Saavedra” y a la biblioteca “M. del Barco” sin advertir que ya habían contestado los oficios. Luego, se refirió a los oficios expedidos a la Subsecretaría de Cultura, formulando un extenso intento de explicar la cuestión vinculada con este aspecto de la prueba informativa que le ocupó desde fs. 679 vta./680 vta. Por último, cerró su presentación dando explicaciones sobre la complejidad de la prueba informativa del expediente.

XXVII. A fs. 682/683 se dictó una nueva resolución ordenatoria. En el punto “I” se
dieron fundamentos a fin de rechazar el planteo del frente actor vinculado con la
aplicación de sanciones pecuniarias. Se le requirió a la parte actora precisiones sobre otros pedidos de informes. Se le rechazó al frente actor peticiones por estar interdictas por el principio de preclusión (v. punto “II” de fs. 682) y se le denegó por resultar
definitivamente improcedente la posibilidad de ampliar indefinidamente la fuente de
prueba informativa (v. punto “III” de la providencia mencionada).

A fs. 686/687 vta., la letrada apoderada de la parte actora presentó un escrito donde
realizó una serie de aclaraciones, realizó un pedido de revocatoria respecto de los
puntos “I, II y II” de la resolución de fecha 08/10/14 octubre de 2014 y solicitó audiencia.
A fs. 688 el tribunal rechazó el recurso de reposición y desestimó en forma fundada el pedido de audiencia.

XXVIII. A fs. 689/690 vta., contestó oficio el Senado de la Nación expresando que se
devolvía sin diligenciar por no haberse especificado respecto de cuál de los organismos
que integran el Congreso de la Nación se procuraba la información.

A fs. 691/698 vta., respondió el GCBA manifestando a través de un informe presentado por la directora del museo “José Hernández” –Sra. Felicitas Luna- que se han realizado infructuosas búsquedas para localizar la información requerida y que se carece de información respecto de la programación –eventos musicales, concierto, etc.- llevada a cabo en el período comprendido entre el 19/01 y el 19/03 del año 2004. Asimismo, expresó que desde mediados de 2013 se llevan a cabo las obras de “refuncionamiento edilicio” y hasta su finalización no se podrá acceder a algunos archivos y así seguir buscando las constancias requeridas.

A fs. 700/702 vta., lucen copia de los oficios retirados por la actora para su
diligenciamiento (v. constancia a pie de fs. 702 vta.).

XXIX. A fs. 703/703 vta., el perito contador solicitó la suspensión del plazo para
presentar la pericia. A fs. 704 se intimó a la demandada para que indicara el lugar, día y
hora en donde el perito podía compulsar la documentación necesaria para presentar su
pericia.

XXX. A fs. 705/710 vta., el letrado apoderado de “BACKYARD S.A. (LA
TRASTIENDA)” contestó respecto del informe solicitado indicando que era falso que se hubiera rehusado a recibir el oficio judicial ordenando en estas actuaciones y a su vez
hizo notar que se omitió informar el período demandado y acompañar también las
constancias de fs. 634/635 lo que le impidió conocer el alcance total de la intimación
recibida. Sin perjuicio de ello, informó que de acuerdo a las constancias volcadas en el
cuadro que surge del oficio judicial acompañado, la fecha de actuación es del año 2003
(15/09/03) y su correspondiente facturación del año 2004 (16/03/04) y comunicó que en
virtud de lo prescripto en los artículos 33 y 67 del Código de Comercio su mandante ya no cuenta con la documentación ni con los registros correspondientes para responder a lo solicitado. No obstante, indicó que acompaña a la contestación del informe la planilla de programación que se labrara en aquella época y que corresponde al mes de septiembre de 2003 (v. fs. 709).

XXXI. A fs. 711/712 vta., contestó oficio “Bar El Federal” informando que no se
efectuaron eventos en que haya participado el GCBA (período comprendido: 01/07/04 al 31/07/04; cfr. fs. 711).

A fs. 714/749 vta., obran oficios que fueron retirados por el frente actor para su diligenciamiento (v. constancia a pie de fs. 749 vta.).

A fs. 750/752 vta., respondió oficio el Correo Argentino indicando que no resulta factible aportar mayores datos sobre los envíos en cuestión (mes de abril del año 2009) dado que la documentación respectiva se encuentra destruida por vencimiento del plazo reglamentario de guarda.

A fs. 754/754 vta., la parte demandada desistió de la prueba de informes dirigida a la
Tesorería y Contaduría General del GCBA por entender que el correspondiente oficio fue oportunamente diligenciado y su respuesta obra a fs. 201/207. Asimismo, acusó la
negligencia en la producción de la prueba informativa y pericial pendiente, siendo
proveída la presentación a fs. 755.

A fs. 756/764, la parte actora presentó un escrito acreditando diligenciamientos y solicitando oficios reiteratorios.

A fs. 765 se proveyó la presentación solicitándole aclaraciones respecto de un oficio librado a biblioteca “Centenera”. Asimismo, se hizo saber que respecto a los nuevos oficios solicitados al “Bar La Perla” y a la confitería “Ideal”, la parte actora no había cumplido el requerimiento que se le efectuara a fs. 658, punto II, es decir, omitió consignar las fojas en que fueron ofrecidos y que se ordenaron, por lo que esa petición fue desestimada. Por último, se le solicitó a la parte actora que se abstuviera en lo sucesivo, de pedir informes a la Subsecretaría de Cultura del GCBA por haberse desestimado esa posibilidad expresamente y por los debidos fundamentos que se brindaron en la resolución del fs. 666 vta. y fs. 682/683.

XXXII. A fs. 766/768 la letrada de la parte actora acreditó el diligenciamiento de
oficios y otro tanto hizo a fs. 770/797. A fs. 799/805 vta., el GCBA contestó respecto del oficio dirigido al “Complejo Cultural 25 de Mayo” (v. fs. 801/802). Indicó que para poder remitir la información solicitada se requería la agregación de las facturas de las obras musicales y/o literarias musicalizadas, durante el período reclamado, esto es el 25/06/08 y el 16, 17, 29, 30 y 31 de agosto de 2008.

A fs. 806/816 vta., la parte actora acreditó el diligenciamiento de oficios y expresó que
no pudo diligenciar los oficios dirigidos a: “Bar Miramar” por indicar que el encargado del lugar se negó a recibirlo; “Bar Café Café” por no poder ubicar un bar con ese nombre; y, “Bar Brighton” porque quien lo atendió se negó a recibirlo.

A fs. 817/819 el GCBA presentó un escrito realizando una aclaración e interponiendo recurso de reposición. En tal sentido, realizó aclaraciones sobre su acuse de negligencia de la prueba de la contraria y planteó subsidiariamente la revocatoria de los puntos “I” y “II” de la resolución de fecha 28/11/14. A fs. 820/820 vta., se desestimó –por resolución fundada- el planteo de reposición y de negligencia de la prueba pericial.

XXXIII. A fs. 821/822 vta., contestó oficio quien invocó el carácter de apoderado de
“CLÁSICA Y MODERNA S.A.”, expresando que ésta realiza actividades culturales con el GCBA y, por otra parte, que no obran constancias en poder de su mandante que puedan dar cuenta de la programación llevada a cabo los días 07, 14, 21 y 28 de agosto de 2004. También aclaró que los espectáculos que se llevan a cabo en el local sito en Avenida Callao nº 892 de esta ciudad, son gratuitos y por esa razón no existe documentación que permita determinar las fechas en las que se realizan los eventos musicales y/o conciertos, etc., en los cuales hubiera participado el GCBA en carácter de organizador o auspiciante de algún espectáculo.

A fs. 823/824 vta., contestó oficio “Bar Florida Garden”. Respondió que no existen
documentos, archivos y libros contables de la empresa con constancia alguna acerca de la existencia de evento musical o concierto en las instalaciones del negocio gastronómico denominado “Florida Garden” como tampoco la utilización de obra musical o literaria alguna. Asimismo, tampoco surge de la documentación de la empresa que el GCBA haya organizado o auspiciado en dicho establecimiento la realización de evento musical o concierto alguno.

XXXIV. A fs. 826 la parte actora solicitó, en atención a lo informado por el
teatro “SAN MARTÍN” a fs. 799/805 vta. respecto del “COMPLEJO CULTURA CINE
TEATRO 25 DE MAYO”, se ordene librar un nuevo oficio a la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad a fin de recabar la información allí solicitada.

A fs. 827 se proveyó que en la respuesta que obra a fs. 804 se había indicado que era requisito para poder remitir la información correspondiente, que se acompañasen las facturas de las obras musicales y/o
literales del período demandado.

A fs. 828 la parte demandada informó lugar, día y horario en donde el perito podía
compulsar la documentación correspondiente.

A fs. 830/832 vta., la parte actora pidió que se hagan efectivos los apercibimientos que se detallan en la presentación, solicitó oficios reiteratorios, desistió de prueba informativa a “CAFÉ CAFÉ (EX TERMINAL MITRERETIRO)”
y peticionó que se notificara por cédula el pedido de informes dirigido a “BAR
MIRAMAR”y “BAR BRIGHTON”.

XXXV. A fs. 833/834 vta., el juzgado dispuso librar nuevos oficios a los
establecimientos mencionados en los puntos “I”, “II” y “III” de la resolución a los mismos fines que los ordenados a fs. 47 vta. y bajo apercibimiento de astreintes. También dispuso el libramiento de cédulas a los bares respecto de los cuales la actora denunció que los encargados se negaban a recibir los oficios (“BAR MIRAMAR” y “BAR BRIGHTON”). Además, se dispuso el libramiento de cédulas a “Bar Oviedo” y a “Bar Don Juan”. Por último, se tuvo presente el desistimiento formulado en el escrito en despacho.

A fs. 835/839 vta., obran oficios que fueron retirados por el frente actor para su diligenciamiento (v.constancia a pie de fs. 839 vta.).

XXXVI. A fs. 840/849 vta., luce contestación de oficio del GCBA respecto del “Centro
Cultural Marco del Pont” y en relación al pedido de informes que obra a fs. 841/841 vta. Se informaron los eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA en las fechas que se detallan a fs. 845/846. A fs. 850/859 vta. y fs. 860/866 vta., el GCBA también respondió en relación al “Centro Cultural Marco del Pont” en similar sentido que el oficio mencionado precedentemente. A fs. 867/875 vta., el GCBA respondió oficio en relación al “Centro Cultural Sebastián Piana” y respecto del período consignado en la copia del oficio de fs. 868/868 vta., respondiendo que la factura 0002-00011237 corresponde a un evento denominado “Homenaje al Maestro Sebastián Piana” y realizado en fecha 02/12/2007 en el “Centro Cultural Sebastián Piana”.

A fs. 876/884 vta. y fs. 885/889 vta., obra respuesta idéntica a la mencionada precedentemente.
XXXVII. A fs. 890/898 vta., el GCBA y en relación al oficio dirigido al “Centro Cultural Discepolin” (v. fs. 891/891 vta.) informó que con fecha 14/11/08 se realizó en el “Centro Cultural del Sur” el evento denominado “Segundo Encuentro Músicos Populares Platenses” correspondiente a la factura B 0002-00013344.

A fs. 899 vta./906 vta., el GCBA respondió oficio en relación al “Centro Cultural del Sur”, informando que las facturas detalladas en el pedido de informes que obra a fs. 900/901, corresponden a eventos organizados por el referido Centro en las fechas descriptas en el oficio en cuestión.

A fs. 907/914 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural del Sur” la misma información brindada que en el oficio mencionado precedentemente.

A fs. 915/919 vta. el
GCBA informó que en fecha 26/06/2007 se llevó a cabo en el “Centro Cultural Alfonsina Storni” el evento denominado “Jacinto Chiclana” correspondiente a la factura nº 002-00010193. A fs. 920/924 vta., el GCBA respondió oficio en relación al “Centro Cultural Villa Mitre” respecto de las facturas nº 0002-00013234 de fecha 28/10/08 correspondiente a la fecha de actuación 25/10/08 y nº 0002-00013666 de fecha 16/12/08 con fecha de actuación 12/12/08, informando que esas facturas corresponden a eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA, según se detalla en el desagregado que luce a fs. 922.

XXXVIII. A fs. 925/933 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural Villa
Mitre” la misma información brindada en el oficio mencionado precedentemente.

A fs. 934/938 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural Roberto Santoro” que las facturas que se detallan en el pedido de informes (v. fs. 935/935 vta.)3 corresponden a eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA, los cuáles se detallan s fs. 936. A fs. 939/947 vta. y fs. 948/956 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural Roberto Santoro” la misma información brindada que en el oficio mencionado precedentemente.

A fs. 957/965 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural El Taller” que las
facturas que se detallan en el pedido de informes (v. fs. 958/958 vta.)4 corresponden a
eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA, los cuáles se detallan a fs. 962. A fs. 966/974 vta. y fs. 975/979 vta., el GCBA informó con relación al “Centro Cultural El Taller” la misma información brindada que en el oficio mencionado precedentemente. A. fs. 980/986 vta., el GCBA informó en relación al “Centro Cultural Macedonio Fernández” que no se encontraron registros correspondientes a eventos realizados con fecha 14/11/07 en el referido establecimiento.

XXXIX. A fs. 987/995 vta., el GCBA informó que la factura nº 0002-00009723
corresponde al evento “Día de Pompeya” realizado el día 13/05/07 en el “Centro Cultural Homero Manzi”, perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA.

A fs. 996/1004 vta. y fs. 1005/1007 vta., lucen contestaciones de oficios de similar tenor al detallado anteriormente. A fs. 1008/1016 vta., el GCBA informó que la factura nº 0002-00011006 corresponde al evento “Wacamole” realizado el día 03/11/07 en el “Centro Cultural Alberto Olmedo”, perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA.

Afs. 1017/1025 vta. y fs. 1026/1030 vta., lucen contestaciones de oficios de similar tenor al detallado anteriormente.

A fs. 1031/1039 vta., el GBCA informó respecto de la factura nº 0002-00002211,
indicando que corresponde a la actuación de “Los Reyes del Tango” realizada el día 11/12/99 en el “Centro Cultural La Boca del Riachuelo” y siendo auspiciado el evento por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. 1040/1045 vta., obra contestación de oficio de similar tenor al indicado anteriormente. A fs. 1046/1055 vta., el GCBA respondió oficio en relación al “Complejo Cultural Chacra de los Remedios”, informando que las facturas indicadas en el pedido de informes que obra a fs. 1047/1048, corresponden a eventos organizados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA y llevados a cabo en el referido establecimiento, luciendo el detalle de las facturas e información de las actuaciones a fs. 1049/1051.

XL. A fs. 1056/1081 vta., el GBCA informó que la factura nº 0002-000045 (v. fs.
1057/1057 vta.) de fecha 03/06/05 “(Ciclo de Teatro en Clubes)” corresponde a un evento de la
Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. 1082/1107 vta., el GCBA
informó que las facturas que se detallan en el pedido de informes (v. fs. 1083/1084 vta.)
corresponden a programación de eventos realizados por la Dirección General de
Promoción Cultural del GCBA, en la “Feria de Artesanías y Tradiciones Populares
Argentinas” (v. fs. 1102). A fs. 1108/1118 vta., el GCBA respondió oficio en relación
al “Centro Cultural Resurgimiento”, informando que las facturas indicadas en el pedido de informes que obra a fs. 1109/1110, corresponden a eventos organizados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA y llevados a cabo en el referido establecimiento, luciendo el detalle de las facturas e información de las actuaciones a fs. 1114/1115.

A fs. 1119/1127 vta. y fs. 1128/1133 vta., obran contestaciones de oficios de similar tenor al detallado precedentemente.

A fs. 1134/1142 vta., el GCBA informó –en relación al “Centro Cultural Julio Cortázar”- que durante el período demandado (v. fs. 1135/1135 vta.; 02/11/07) se llevaron a cabo eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA, luciendo el detalle de las facturas e información de las actuaciones a fs. 1139.

A fs. 1143/1149 vta. Y fs. 1150/1154 vta., obran contestaciones de oficios de similar contenido al indicado anteriormente. A fs. 1155/1163 vta., el GCBA informó –en relación al “Cine El Progreso”- que todas las facturas individualizadas en el oficio de informes (v. fs. 1156/1156 vta.) corresponden a eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. fs. 1164/1172 vta. y fs. 1173/1177 vta., obran contestaciones de oficios de similar contenido al indicado anteriormente, con la particularidad de que a fs. 1169 y fs. 1175 luce el detalle de las facturas e información de las actuaciones de los eventos en cuestión.

XLI. A fs. 1178/1186 vta., el GCBA informó –en relación al “Centro Cultural
Colegiales” (v. fs. 1179/1179 vta.)- que la factura nº 0002-00011241 corresponde a un evento organizado por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. 1187/1195 vta. y fs. 1196/1200 vta., lucen contestaciones de oficio de similar contenido al indicado anteriormente, detallándose –a fs. 1192 y fs. 1198- que la referida factura corresponde a una actuación denominada “Festival Artístico” y llevada a cabo en el “Centro Cultural Colegiales” en fecha 01/12/07.

A fs. 1201/1210 vta., el GCBA informó -en relación al “Centro Cultural Adán Buenos Aires”- que la totalidad de las facturas señaladas en el oficio de
informes (v. fs. 1202/1202 vta.) corresponden a eventos auspiciados por la Dirección
General de Promoción Cultural del GCBA.

A fs. 1211/1220 vta. y fs. 1221/1226 vta., obran contestaciones de oficios de similar contenido al indicado anteriormente, con la particularidad de que a fs. 1216/1217 vta. y fs. 1223/1224 vta. obra el detalle de las facturas e información de las actuaciones de los eventos en cuestión.

A fs. 1227/1235 vta., el GCBA informó -en relación al “Centro Cultural Lola Mora”- que entre los días 18/10/08 y 25/10/08 se realizaron los eventos detallados a fs. 1232 y que fueron auspiciados por la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA.

A fs. fs.1236/1242 vta. y fs. 1243/1247 vta., lucen contestaciones de oficios de similar tenor al indicado precedentemente. A fs. 1248/1256 vta., el GCBA informó -en relación al “Centro Cultural Villa Mitre”- que no se registra información de las facturas detalladas en el pedido de informes (v. fs. 1249/1249 vta.), por no pertenecer a la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. 1257 se proveyeron las contestaciones de oficios obrantes entre fs. 840/1256 vta. A fs. 1263/1265 vta., contestó oficio la apoderada de “BAR BRIGHTON”, respondiendo que no se han realizado eventos musicales, conciertos y/o cualquier otra actividad donde se hubieran utilizado obras musicales y/o literarias musicalizadas durante el período reclamado.

XLII. A fs. 1268/1269 vta., la Sra. Aventuroso se presentó como explotador del
“BAR OVIEDO” y respondió que inició sus actividades comerciales en dicho
establecimiento en el año 2011, razón por la cual no cuenta con información de eventos y/o conciertos u obras musicales que se hayan realizado en forma previa a aquella fecha.

A fs. 1270/1274 vta., obran oficios que fueron retirados por el frente actor para su
diligenciamiento (v. constancia a pie de fs. 1274 vta.).

A fs. 1275/1283 la parte actora acreditó el diligenciamiento de diferentes pedidos de
informes y otro tanto hizo a fs. 1285/1286 respecto a un oficio dirigido al “BAR LA
PERLA”.

A fs. 1287 la parte solicitó se intime al perito contador y a fs. 1288/1288 vta.
realizó diferentes peticiones en relación a la prueba informativa.

A fs. 1289/1289 vta., se dictó una providencia por la cual se resolvieron cuestiones vinculadas al trámite de la prueba pericial y la prueba informativa.

XLIII. A fs. 1290/1299 vta., contestó oficio el GCBA -en relación al “Centro Cultural
Plaza Defensa” (v. fs. 1291/1294)- respondiendo que las facturas detalladas en el pedido de informes corresponden a eventos auspiciados por la Dirección General de Promoción
Cultural del GCBA. A fs. 1300/1310 vta., el GCBA informó respecto de la fecha de
actuación 06/07/07 y en relación al “Centro Cultural Roberto ARLT (v. fs. 1300/1301), que en atención al tiempo transcurrido no se registran datos de la mencionada fecha.

A fs. 1312/1325 vta., el GCBA informó respecto de los datos (facturas, fecha de factura,
fecha de actuación) obrantes en el oficio dirigido a “Espacio Cultural Carlos Gardel” (v. fs. 1313/1315), que las facturas detalladas corresponden a eventos auspiciados por la
Dirección General de Promoción Cultural del GCBA. A fs. 1326/1326 vta., la parte actora formuló peticiones en torno a la prueba informativa. A fs. 1328/1328 vta.,
se dictó una providencia vinculada con la sustanciación de la prueba informativa.

XLIV. A fs. 1337/1345 obran oficios que fueron retirados por el frente actor para su
diligenciamiento (v. constancia de fs. 1345). A fs. 1346/1346 vta., respondió un pedido de informe una persona que dijo ser apoderada de “ALSINA 422 S.R.L.” y que gira en plaza con nombre de fantasía “LA PUERTO RICO”, manifestando que no tiene registro de programación alguna respecto de la fecha de facturación indicada en la factura 0002-
0000254 de fecha 17/08/04. A fs. 1347/1348 y fs. 1350/1354 la actora acreditó el
diligenciamiento de oficios.

A fs. 1356 la actora solicitó medidas respecto de la prueba informativa y a fs. 1357
peticionó la remoción del perito contador y la designación de uno nuevo. A fs.
1358/1360 vta., el juzgado dictó medidas respecto a la sustanciación de prueba informativa y de la prueba pericial procediendo en este último caso a remover al perito designado y nombrar a uno nuevo en ese cargo.

A fs. 1361/1363, la parte actora acompañcomprobantes de diligenciamiento de oficios.

XLV. A fs. 1366/1366 vta., quien invocó ser el titular del bar “LA PERLA DE
CAMINITO”, respondió informando que no se llevó a cabo en ese establecimiento ninguna programación respecto de eventos musicales y/o literales musicalizadas desde que realiza la explotación comercial de ese local.

A fs. 1367, la letrada apoderada de SADAIC solicitó la remoción del perito contador oportunamente designado y la designación de uno nuevo. El juzgado procedió a remover al perito designado y nombrar a uno nuevo en ese cargo (cfr. fs. 1368/1369).

A fs. 1370/1370 vta., la actora retiró oficio para su diligenciamiento
(nota de retiro obrante a fs. 1370 vta.).

A fs. 1375/1376, el frente actor acreditó el diligenciamiento de un oficio.

A fs. 1377 la actora solicitó la remoción del perito contador a lo que se hizo lugar a fs. 1378/1379, designándose una nueva perito contadora. A fs. 1383 la Sra. Alonso … aceptó el cargo de perito contadora y solicitó el préstamo de las actuaciones a lo que se hizo lugar a fs. 1384.

A fs. 1387 la perito contadora fijó fecha para el peritaje de la documentación necesaria.

A fs. 1388 se proveyeron cuestiones vinculadas con la prueba pericial. A fs. 1390 el demandado informó cuando podía presentarse la perito contadora en el Departamento de Gastos Generales dependiente de la Dirección General de Contaduría del GCBA.

A fs. 1392 la perito hizo saber que había hecho conocer a las partes el momento en que concurriría a realizar la pericia.

XLVI. A fs. 1394/1395 la actora acreditó el diligenciamiento de prueba informativa. A
fs. 1396/1496 vta., se presentó la pericia contable en la cual se acompañó documentación a través de tres anexos, indicando la perito que se constituyó para realizar el peritaje en SADAIC a fin de recabar la documentación necesaria y en el GCBA.

A fs. 1497 se ordenó la sustanciación de la pericia presentada, pero observando respecto de tal que no había sido ordenada la producción de los puntos ofrecidos por la parte actora a fs. 9, apartado “XII”, punto “V”, incisos “1”, “2” y “5 bis” (cfr. fs. 47/48 y fs. 1379), por lo que se hizo saber a los frentes que lo expuesto en los puntos “1” y “2” de fs. 1496 y en el punto “5” de fs. 1496 vta., no sería tenido en cuenta al momento de resolver. En consecuencia sólo se dio traslado del punto “3” de fs. 1496 y de los puntos “1”, “2”, “3” y “4” de fs. 1496/1496 vta.

A fs. 1498/1502 el GCBA contestó informe respecto del oficio que obra a fs.
1499/1499 vta. relativo al “Museo Isaac Fernández Blanco”, sin producir información alguna.

A fs. 1503/1506 la actora acreditó el diligenciamiento negativo del oficio dirigido a la
“CASA DEL TANGO”, alegando que la entidad oficiada se negó a recibirlo sin justificación alguna.

A fs. 1507 se dispuso intimar por cédula a la “CASA DEL TANGO” para que
cumpliese en informar las circunstancias apuntadas en la constancia de fs. 488/488 vta. Y librar nuevo oficio al “MUSEO ISAAC FERNANDEZ BLANCO”. A fs. 1509/1509 vta., la actora retiró oficio para su diligenciamiento (nota de retiro obrante al pie de fs. 1509 vta.).

XLVII. A fs. 1512/1513 la parte demandada contestó traslado e impugnó la pericia
contable. Indicó que la profesional debería identificar cuáles son los aranceles aplicables conforme la temática de autos y no, como realizó, adjuntar fotocopias de todos los aranceles vigentes. Por su parte, cuestionó la forma en que se realizó el cotejo de lo que llama “Informes de Actuación” (“IDAS”), destacando que la perito brindó una respuesta incompleta y que no justificó porque no acompañó el total de la documentación a la que habría accedido para realizar el informe. También impugnó el punto “II” de la pericia, indicando que el GCBA acompañó el giro documental 3694887-MC-2013 remitido por la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, de donde
surgen los eventos efectivamente realizados por la Ciudad y que fueron oportunamente
pagados según las copias de las constancias de pagos extraídas del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera. Por su parte, hizo notar que la perito contadora no tuvo en cuenta la denuncia de pago parcial por una suma de .975 y que en la planilla del Anexo “C” de la pericia sólo se informó el pago de .800, por lo que también impugnó este punto. Respecto de los puntos periciales “III” y “IV”, la demandada observó que la experta contable remite al Anexo “C”, pero sin responder en forma clara si esas facturas han sido debidamente presentadas ante la demandada, toda vez que en varias facturas no existe identificación sobre qué carpeta/número de registro se les habría asignado. Entendió que sin ese dato es imposible constatar si efectivamente fueron ingresadas y el tramite que se les otorgó. Asimismo, consideró que la experta debería requerir los números correspondientes a la actora y corroborar nuevamente ante la Contaduría General. Por fin, impugnó el cálculo de intereses por considerar que debe aplicarse la tasa pasiva a treinta días que pública el Banco Central.

XLVIII. A fs. 1514 se tuvo por contestado el traslado de la pericia y se hizo saber que
sólo se tendría en cuenta la impugnación realizada al punto pericial “3” (cfr. fs. 1512/1512 vta.), al punto pericial “2” (v. fs. 1512 vta.) y a los puntos periciales “3” y “4” (v. fs. 1512 vta./1513), desestimándose la sustanciación de la impugnación efectuada a fs. 1512, punto II, primer párrafo y a fs. 1513, in fine.

A fs. 1516/1520 la parte actora acreditó diligenciamiento de oficios. A fs.
1522/1522 vta., la perito contestó las aclaraciones solicitadas por el GCBA. A fs. 1523 sin perjuicio de señalar la extemporánea de la presentación efectuada por la perito contadora y que se expidió respecto de impugnaciones que no habían sido sustanciadas, se tuvo por presentado el traslado.

XLIX. A fs. 1524/1541 vta., el GCBA respondió (cfr. fs. 1538) -en relación con los
pedidos de informes dirigidos al “MUSEO ISAAC FERNANDEZ BLANCO” (cfr. fs.
1526/1526 vta. y fs. 1528/1528 vta.)- que la referida institución organizó los conciertos
indicados en el oficio que obra a fs. 1526/1526 vta. (fechas de actuación: 23/05/04, 05/06/04, 09/05/04, 14/06/04, 19 y 27 del 03/04) en el marco de la “Temporada Musical 2004”, la cual es organizada anualmente por el mencionado Museo en el Palacio Noel. Sin embargo, se aclaró que no se posee mayor detalle de información documental debido al tiempo transcurrido de archivo.

L. A fs. 1546, la parte actora solicitó que la causa quedara en condiciones para alegar.
Se tuvo a la parte actora por desistida de la prueba pendiente de producción y se dispuso
que las partes alegasen (cfr. fs. 1547), siendo ejercido este derecho por la parte actora (cfr.fs. 1557/1563 vta.) y por la parte demandada (cfr. fs. 1565/1570 vta.).

A fs. 1575/1576 vta., se encuentra agregado el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

A fs. 1579 se pasaron los autos a sentencia.

CONSIDERANDO:
I. A fin de determinar si resulta procedente el planteo de SADAIC, estimo
necesario expedirme preliminarmente acerca de la normativa aplicable al caso.
II. El artículo 17º de la Constitución Nacional dispone que “[t]odo autor o
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
Por su parte, la ley nº 11723 (“Régimen Legal de la Propiedad Intelectual”)
establece en su artículo 1º que las obras científicas, literarias y artísticas comprenden, entre otras, las composiciones musicales y dramático musicales; y en el artículo 2º que “[e]l derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla por cualquier forma”. El artículo 36º postula, en lo que aquí interesa, que “[l]os autores de obras (…) dramáticomusicales y musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar:/// a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;/// b) La difusión pública por cualquier medio de la recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras./// Sin embargo, será lícita y
estará exenta del pago de derechos de autor (…) la representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas, vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la
actuación de los intérpretes sea gratuita./// También gozarán de la exención de pago del derecho de autor a que se refiere el párrafo anterior, la ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o
de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos sea
gratuita”.

El decreto nº 41223/34, reglamentario de la ley nº 11723, en su artículo 32º
determina que cuando una sociedad sea la encargada de administrar los derechos
establecidos por la ley, deberá acreditar ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual encontrarse facultada por sus estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros.

Por otro lado, la ley nº 17648 (“Sociedad de Autores y Compositores de Música
[SADAIC]”), en su artículo 1º, reconoce a SADAIC como “asociación civil y cultural de carácter privado y representativa de los creadores de música nacional, popular o erudita, con o sin letra, de los herederos y derechohabientes de los mismos y de las sociedades autorales extranjeras con
las cuales se encuentre vinculada mediante convenios de asistencia y representación recíproca”. En este sentido, su decreto reglamentario nº 5146/69 estipula -en su artículo 1º- que SADAIC “tendrá a su cargo la percepción en todo el territorio de la República de los derechos económicos de autor emergentes de la utilización de obras musicales y literarias musicalizadas, cualesquiera sean el medio y las modalidades” (el destacado me pertenece), estableciendo la obligación de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que debieran percibir esos derechos, de actuar a través de esta sociedad. Asimismo, el artículo 2º de aquél decreto, le otorga a SADAIC la facultad de establecer el procedimiento de recaudación y administración con otras sociedades de autores de distinto género, con entidades de actividades conexas y con el Fondo Nacional de las Artes. Además, su artículo 3º la autoriza, con relación al repertorio a su cargo a, entre otros: “a) Determinar las condiciones a que se ajustarán los usuarios, conceder o negar la autorización previa a que se refiere el art. 36 de la Ley 11.723, y normas concordantes./// b) Fijar aranceles./// c) Exigir de los usuarios
la presentación de declaraciones juradas; controlar y verificar la exactitud de sus constancias./// d) Requerir la confección y entrega de planillas de ejecución, como así también programas y demás elementos de verificación./// e) Controlar los ingresos, boleterías, taquillas y demás valores y modalidades que se determinen para la fijación de los aranceles. (…)”.
En lo atinente a su legitimación procesal, el artículo 8º del decreto bajo
análisis expresamente establece que SADAIC “podrá estar en juicio como actora, querellante o demandada o en cualquier otra calidad procesal, ante cualquier fuero o jurisdicción nacional, provincial o municipal, en el país o en el extranjero, en cuestiones de su competencia legal”. En consonancia con ello, el artículo 3º (“OBJETO DE LA ENTIDAD”) del estatuto de SADAIC, vigente al momento de la interposición de la demanda, prevé las facultades conferidas por la normativa reseñada.

En lo que respecta a la determinación de aranceles, SADAIC, conforme lo
dispuesto por la ley nº 17648, se encuentra encargada de administrar y representar a los
sujetos tutelados por la ley nº 11723, debiendo hacer efectivos los derechos que a ellos les competen. Siendo así, el decreto nº 5146/69, reglamentario de aquélla norma, prevé el sistema general a aplicarse. En tal sentido el artículo 4º dispone que “[p]ara la
determinación de sus aranceles la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S. A. D. A. I. C.), podrá afectar las siguientes proporciones:/// a) Veinte por ciento 20% de los ingresos, cuando se trate de actos o espectáculos para los que se cobre entrada, se perciban valores equivalentes a dicho cobro o éste sea propio de su naturaleza. Los organizadores no podrán invocar la entrega de entradas gratuitas ni la gratuidad del acto o espectáculo. En este supuesto se determinará por analogía el producido./// b) Quince por ciento 15% de los ingresos, cuando se trate
de actos o espectáculos no comprendidos en el inciso anterior./// c) Diez por ciento 10% de los ingresos, tarifas o montos globales o parciales de las radiodifusoras, teledifusoras, sus retransmisiones y grabaciones en “video-tape”; de los productos fonográficos de discos, cintas y sus similares; de las publicaciones gráficas y de la exhibición de películas./// Los porcentajes establecidos en los incisos precedentes, deberán ser considerados como topes máximos, subsistiendo para las partes la facultad de convenir importes menores”.

III. Del detalle que antecede, emergen las siguientes conclusiones: a) la existencia de una protección legal del derecho de propiedad acerca de obras, en este caso, artísticas; b) los supuestos en que una obra se halla exenta del pago de los derechos de autor; c) la naturaleza jurídica de SADAIC, la finalidad que persigue dicha entidad (representatividad de los autores), cometido primario otorgado (percepción de derechos económicos) y alcance de las facultades conferidas.

IV. Con fundamento en la reseña normativa antes relevada y en los argumentos que serán desarrollados en los considerandos siguientes (con especial hincapié en el análisis de la prueba producida en autos), tengo para mí que SADAIC no logró probar el hecho constitutivo de la deuda, esto es, la utilización por parte del GCBA de obras musicales y/o literarias musicalizadas sobre las cuales tenga a su cargo la percepción de los derechos autorales (cfr. art. 1º, decreto nº 5146/69). En efecto, la constancia de efectiva realización del evento de que se trate y la confección de la respectiva factura no basta para acreditar la deuda reclamada. Debe probarse -en cada caso en particular- las obras musicales y/o literarias musicalizadas que se ejecutaron; situación que
no aconteció en autos5. Profundizaré el tema de la causa-fuente de la obligación en el
considerando “VI”.

V. Examen de las declaraciones testimoniales.

V.1. Un aspecto de la prueba que no puede ser pasado por alto reside en el contenido de la declaración, como testigos, de los inspectores de SADAIC. Puedo desde ya
anticipar que se trata de inspectores (también denominados por la actora como
“cobradores”) que no inspeccionan y tampoco cobran, pues su labor está despojada de
toda constatación efectiva y empírica vinculada con el repertorio, es decir con la
comprobación en el lugar y utilizando su sentido auditivo para percibir qué obras
musicales se ejecutan. Esa ausencia perceptiva o sensorial es reemplazada por una
metodología carente de toda rigurosidad, esto es, (i) la recolección de programas,
gacetillas o folletería impresa, (ii) la visualización de publicidad en la vía pública o en
Internet o, (iii) el control del registro de los borderaux (venta de entradas). De ninguna de esas piezas o procedimientos surge qué obras serían o podrían ser ejecutadas, sólo
existirían vagos indicios acerca de quienes -eventualmente- podrían haber realizado una
ejecución musical, pues ni siquiera la efectividad de tal situación es constatada.

V.2. Todas las declaraciones testimoniales fueron realizadas con testigos
ofrecidos por SADAIC. Los testigos corroboraron que la actora realiza su facturación sin el más mínimo rigor metodológico pues ese procedimiento se encuentra desprovisto de toda posibilidad de conocer qué obras del repertorio que administra SADAIC han sido efectivamente ejecutadas en un evento organizado por el GCBA. Las referencias a las declaraciones testimoniales que se realicen a continuación, corresponden al registro
audiovisual en soporte digital.

V.3. Testigo Héctor Jorge ….. En su declaración, dijo ser cobrador de SADAIC. Expresó que su función como cobrador de la actora es “cobrar los derechos” (v. 03 min. 45 s. aprox. del registro audiovisual). Describió cómo le consta que determinado evento es realizado por el GCBA, así relató que su función como cobrador es “caminar una zona, lindada por calles, nosotros ya tenemos anotados los lugares donde siempre se hacen eventos, más los eventuales, en el caso de la Municipalidad yo me guio mucho por las gacetillas, los boletines y los programas que retiro (…) donde se saca toda la programación del mes (…)”. Agregó que otras formas de tener conocimiento sobre los eventos a realizarse es fijarse en Internet, “caminar los teatros” y ver las “pegatinas de propagandas” (v. 05 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual). Hago notar
que hasta aquí la función del testigo consiste en “caminar” buscando eventos, en una zona delimitada y guiado por información que extrae de gacetillas o Internet. De actividad constatativa sobre la utilización del repertorio protegido por SADAIC, nada.
Luego el testigo manifestó que le consta que se llevan a cabo actividades culturales porque se facturan, pero que no puede acudir a todos los eventos porque el
tiempo no se lo permite, ejemplificando que en el caso de tener “cuarenta eventos en un fin de semana” no le “da para ir sala por sala y mirar”, refiriendo que “uno pasa a veces, a veces no llega” (v. 05 min. 30 s. aprox. del registro audiovisual). Obsérvense lo desconcertante de la declaración: al testigo le consta la ejecución del repertorio “porque se facturan”. Es poner la consecuencia delante del efecto. Pero lo más insólito para mí es que el testigo derechamente admite que no acude a todos los eventos. El testigo explicó que SADAIC realiza la facturación “mes por mes” y que cuando se suspende un evento, el GCBA le rechaza la factura en cuestión (v. 05 min. 50 s.
aprox. del registro audiovisual). Preguntado por el tribunal sobre si el origen de las
facturación es la gacetilla o publicación de Internet y si el cobrador acude al evento, el
testigo respondió “hay veces que voy y hay veces que no voy porque no me da tiempo” (v. 06 min. 50 s. aprox. del registro audiovisual). El tribunal le volvió a preguntar al testigo sobre si puede haber facturas en las que el cobrador haya ido a corroborar que el evento se llevó a cabo, el testigo respondió que el cobrador “a veces va y a veces no va, cuando no va y el evento se suspendió, a nosotros la Municipalidad nos dice ‘este día no se hizo, anulamos la factura que siempre se hace posterior al mes que se hizo’, si hay algún rechazo porque hay una función que no se hizo la Municipalidad nos tacha la fecha, anulamos esa factura y volvemos a facturar” (v. 07 min. 10 s. aprox. del registro audiovisual). Indicó que él no se ocupa del cobro de las facturas que se presentan ante el GCBA (v. 08 min. 10 s. aprox. del registro audiovisual) y, asimismo, que él lleva los “bordereaux y los programas” y que las facturas las emite SADAIC y él se encarga de llevarlas “a cada lugar” (v. 08 min. 45 s. aprox. del registro audiovisual).
A partir del minuto 09:00 del registro audiovisual se le leyó al Sr. Alustiza el
listado de establecimientos que se detalla a fs. 6 vta./7 vta., en donde –según la actora- se desarrollaron eventos por los cuales el GCBA mantiene una deuda con SADAIC, a fin de que el testigo indique si concurrió a los eventos mencionados en la facturación
acompañada con la demanda y correspondiente a esos lugares. Asimismo y a tal fin, se le exhibió al testigo documentación obrante en los biblioratos acompañados por la actora. El testigo expresó que por el trascurso del tiempo transcurrido desde la celebración de los eventos bajo análisis, no puede tener certeza de haber concurrido a los mismos. Preguntado por el tribunal sobre cómo corrobora SADAIC que la
programación se llevó a cabo y qué sucede si sufrió alguna modificación o algunos de los autores no concurrió porque se encontraba enfermo, el testigo respondió que en esos
casos “nos rebotan la factura, yo no puedo llegar a la cantidad de eventos que tengo de la Municipalidad, es imposible, tendríamos que ser diez personas para estar de la mañana hasta la noche y verificar cada evento” (v. 14 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual). Refirió que las personas que actúan en los eventos, le presentan planillas de actuación firmadas a SADAIC a fin de que “ellos [artistas] cobren los derechos que
nosotros[SADAIC] cobramos” (v. 18 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual).
En este punto de la declaración, ya más relajado el testigo puntualizó que
concurre a los espectáculos “muy salteado, yo no puedo ir, más que nada voy a veces si me quedo adentro que hay eventos gratis por el tema de seguridad (…) a la noche no me gusta andar por la calle y menos con plata” (v. 19 min. 30 s. aprox. del registro audiovisual). Es decir, el testigo constata “muy salteado” los espectáculos y destaca que no le gusta andar por la calle “a la noche”, a pesar de que antes dijo que caminaba la zona asignada. Es inaudito, al menos para el suscripto, que a partir de este procedimiento se puedan hacer cobros al Estado.

Preguntado por el tribunal sobre si ante el rechazo de una factura existe una
decisión formal y expresa por parte del GCBA, el testigo expresó que “los teatros por lo
general, lo que yo tengo entendido, son agentes de retención, porque si no paga… ósea lo alquilo yo al teatro, si yo no pago y hay un reclamo de planilla al que le van a hacer la factura es al teatro, por eso el teatro retiene el dinero, retiene los aranceles” (v. 21min. 10 s. aprox. del registro audiovisual). Expresó que a los fines de su trabajo como cobrador le es indistinto si el GCBA actúa como organizador o auspiciante de los eventos (v. 25 min. 00 s. aprox. Del registro audiovisual).
Preguntado por el tribunal sobre si en el caso de concurrir a un evento él
posee el repertorio con anterioridad al evento, se aclaró que por repertorio debe
entenderse lo que va a tocar el grupo musical, el testigo respondió “no es mi función esta, ellos presentan una planilla con todos los temas que tocaron, lo que sí SADAIC hace en ciertas circunstancias es controlar a la gente que canta a ver si es verdad lo que ellos ponen en la declaración jurada, que son temas de ellos o los de otros” (v. 26 min. 25 s. aprox. del registro audiovisual). Esta parte de la declaración es interesante porque el testigo refiere que “hay otro personal” de SADAIC, jamás mencionado por la actora en su demanda, que en algunas circunstancias constataría lo que se canta para confrontar esos datos con declaraciones juradas de los ejecutantes, declaraciones que tampoco fueron mencionadas y de las que no hay ni una sola acompañada al expediente, salvo un documentado adjuntado por la contadora interviniente en autos y que resulta inadmisible (v.considerando “IX” in fine).
Preguntado por el tribunal sobre si constata que efectivamente en el espectáculo se cumpla con todo lo que figura en el repertorio en cuestión (v. 26 min. 40 s.
aprox. del registro audiovisual), el testigo expresó que no entendía lo requerido, el
tribunal intentó aclararle la pregunta refiriéndole que a él le entregan una planilla con el
repertorio a lo que el testigo interrumpió la aclaración para afirmar que no le brindan
dicha planilla y que no la necesita, agregando que “el socio (…) el cantante, el grupo, lo que sea (…) presentan las planillas (…) que son para que ellos después cobren” y destacando que dicha presentación se efectúa con posterioridad al evento de que se trate debido a que “sino cualquiera pone que estuvo en cualquier lado”. Refirió que la constatación de ejecución de un repertorio en un evento no es su función y que ésta la realiza un inspector musical, indicando que “los temas que tocan no me interesan, no es mi función” (v. 27 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual). En este expediente no existe ni una sola prueba documentada de la labor de estos supuestos inspectores musicales.
Ahora lo insólito es que la factura se haga por el “informe” del cobrador solamente, cuando sería necesario saber qué obras se ejecutaron para distribuir derechos económicos a los autores de tales obras.
Preguntado por el tribunal sobre si conoce un procedimiento de facturación
y de cobranza con el GCBA distinto al explicado en su declaración (v. 35 min. 25 s. aprox. del registro audiovisual), el testigo respondió que en ningún evento “nosotros cobramos en el momento”, el tribunal le reiteró la pregunta, el testigo expresó “cobrar en efectivo o cobrar en cheque en el momento, jamás, yo por lo menos jamás cobré, todo va con facturación”, el tribunal le indicó al testigo que este había manifestado durante su declaración, en referencia al procedimiento de facturación y de cobranza, que él primero obtiene una “gacetilla, una publicidad, se informa al Gobierno, se factura y luego se cobra”, el testigo afirmó que lo expresado era correcto, el tribunal le preguntó si existía un procedimiento de cobro distinto al señalado, el testigo contestó que el procedimiento descripto anteriormente es el único mecanismo utilizado por él debido a que no puede “cobrar de otra forma, primero hay que esperar que este el evento hecho, realizado y recién ahí empezamos a facturar, que va mensual, se ponen todos los eventos en el mensual” (v. 36 min. 50 s. aprox. del registro audiovisual).
Preguntado por la letrada de la parte actora sobre cuál es el arancel aplicable
por SADAIC en los espectáculos organizados por el GCBA (v. 37 min. 40 s. aprox. del
registro audiovisual), el testigo respondió que existen diferentes tipos de aranceles, en el
caso de recitales el valor del arancel es de un 12% “se cobre o no se cobre entrada, cuando no se cobra entrada se hace por analogía (…) es un precio base que se cobra en todos lados (…) en una entrada que se pueda llegar a cobrar en todos lados”, en el supuesto de teatros refirió que “cada obra de teatro que difunde música tiene un arancel y si no es así, hay inspectores musicales que van a controlar el espectáculo (…) ese trabajo no sé cómo se hace, no es mío, y según la cantidad de
música que se difunde durante la obra se le pone un porcentaje, cuando el inspector musical nos da el arancel que corresponde lo llevamos a la Municipalidad, comunicamos el arancel y el teatro, sobre la recaudación, nos saca el porcentaje en el rubro teatro”.
Preguntado por el tribunal al testigo –a solicitud de la letrada de la parte
actora- (v. 43 min. 50 s. aprox. del registro audiovisual)- sobre si al momento de declarar tiene casos en donde efectúe la cobranza relativa al mecanismo de facturación esbozado durante su declaración, respondió “sí, estoy cobrando todo yo (…) salvo (…) que haya un evento que se haya suspendido, se hace otra vez la factura y después la paga, no me la pagan a mí”.
Preguntado por la letrada de la parte actora sobre si tenía conocimiento de pedidos de
autorización por parte del GCBA a fin de utilizar música en los eventos que éste último
organiza (v. 44 min. 35 s. aprox. del registro audiovisual), respondió que ignoraba esa
cuestión.

V.4. Testigo Lucas Damián Nacarelli.
Dijo ser empleado y cobrador de SADAIC. Manifestó que tiene adjudicada
una zona delimitada por calles donde trabaja y se ocupa “de todo lo que pasa a nivel recital, musical”, trabajando de “día y noche” en esa zona, “viendo qué es lo que hay, cobrando el derecho” (v. 02 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual). Adujo que su trabajo consiste en cobrar, verificar, investigar, por ejemplo, dónde y cuándo se va producir un evento, “estoy caminando (…) la zona todos los días o lo que convenga estar para poder ver qué es lo que va a venir” (v. 02 min. 40 s. aprox. del registro audiovisual).
Preguntado sobre cómo le consta cuando un evento musical es organizado por el GCBA, respondió que ellos (SADAIC) tienen “medios” para esto, junto con lo visual o de estar en la zona, dando como ejemplos el uso de Internet o la lectura de diarios, además de lo que “uno camina y ve, lo que es panfleto, lo que es cartelería, folletería”.
Agregó que para darse cuenta que un evento es organizado por el GCBA
mira lo que dice la folletería o toma conocimiento por la investigación que él lleva a cabo, preguntado sobre qué investigación efectúa respondió que la realiza mediante la lectura de diarios o Internet (v. 03 min. 35 s. aprox. del registro audiovisual), “uno sabe lo que va a ver o habla con el usuario y el usuario a veces manifiesta esto es organizado por el Gobierno de la Ciudad, esto no, hay lugares en donde por ahí el Gobierno de la Ciudad hace algún tipo de evento (…) lo manifiesta el usuario (…)lo hace el Gobierno o lo puede hacer el usuario (…)”, aclaró que por usuario se refería al lugar físico, dando como ejemplo un teatro, un estadio, etc. (v. 04 min. 05 s. aprox. del registro audiovisual). Manifestó que en el caso de que surja que el GCBA es auspiciante de un evento, ellos (SADAIC) elevan dicha situación a la jefatura de SADAIC y ella es quien en definitiva decide si el GCBA es organizador o no del evento en cuestión (v. 04 min. 30 s. aprox. del registro audiovisual) y, asimismo, destacó que de cualquier forma dicha jefatura es quien determina en todos los casos “los pasos a seguir”.
Preguntado sobre cómo le consta la organización de eventos por parte del
GCBA durante el período 2004/2008 (v. 05 min. 02 s. aprox. del registro audiovisual),
contestó que trabaja para SADAIC desde el año 2002 y agregó que él asiste al lugar del
evento, “observo la cantidad de gente”, “me quedo mirando qué grupos va a haber, cómo va a ser el evento en general, para después con esa información llevarla a SADAIC y establecer un arancel para ese evento” (v. 05 min. 43 s. aprox. del registro audiovisual).
Preguntado sobre si asiste a todos los eventos, respondió que sí.
Preguntado por el tribunal sobre cómo controla que se lleve a cabo todo el repertorio o
programa a fin de constatar que todos los artistas o grupos que estaban en determinado
programa hayan actuado y en qué medida lo han hecho (v. 06 min. 20 s. aprox. del
registro audiovisual), respondió que su tarea es la de observar y poner un arancel en el
evento y que para lo relativo al control del repertorio, ósea la verificación de que grupos
actuaron o cuáles no, hay un inspector que va y graba todo el evento, “en muchos casos
va y graba para establecer las bandas, las obras que se van a hacer y eso después lo lleva
a SADAIC”, puntualizando que cree que existe un programa informático que establece
cuales son las obras. Ratificó que él sabe que “ellos” –refiriéndose a los inspectores
antes mencionados en su declaración- “graban todo lo que es el evento y después lo bajan en SADAIC en un sistema” (v. 06 min. 50 s. aprox. del registro audiovisual).

Permítaseme una digresión. Es asombroso para mí que ahora nos enteremos de que SADAIC tiene un sofisticado método de registro en donde se graba todo el evento y que luego esas grabaciones son procesadas por un programa informático en donde se establecen cuáles son las obras ejecutadas. En ningún apartado de la demanda ni en el resto de la causa surge que la demandante tenga esa metodología, además no fue un hecho argumentado por SADAIC ni, por consiguiente, ofrecido como prueba para sostener su pretensión y la forma de facturación. Por otra parte, SADAIC fundamenta la confección de las correspondientes facturas con sustento exclusivo en la actividad desplegada por sus inspectores/cobradores, como el testigo, y no con apoyo en la inverosímil existencia de un equipo de técnicos que registrarían todos los espectáculos musicales organizados por el GCBA.

Luego el declarante expresó que su función es “mirar, establecer el arancel,
quedarme la mayor cantidad de tiempo que me lo permite mi trabajo, porque por ahí tengo que ir a otro lado (…) veo la cantidad de gente, por ejemplo, que es fundamental, las bandas que va a haber, hasta que yo me tengo que ir a otro lugar porque muchos eventos son en el mismo horario” (v. 07 min. 15 s. aprox. del registro audiovisual).

Refirió que al momento de la declaración no le constaba que el GCBA acostumbre solicitar autorización para la realización de eventos musicales. Se le preguntó si sabe y cómo le consta los eventos donde acudió personalmente (v. 08 min. 12 s. aprox. del registro audiovisual), respondiendo que le consta porque asiste. Luego se lo interrogó acerca de cómo son los paramentos que utiliza para fijar el arancel en cada evento (v. 08 min. 24 s. aprox. del registro audiovisual), respondiendo que en el supuesto de cobro de entrada es el 12% y que primero chequea que efectivamente “se cobren las entradas”, agregando que en el caso de que no haya cobro de entradas se calcula mediante analogía, para lo cual se establece el lugar donde se realiza el evento, qué tipo de evento va a hacer, cuál es la incidencia de la música en el evento; en base a esos parámetros se pone un arancel analógico (v. 08 min. 55s. aprox. del registro audiovisual). Preguntado sobre a qué se refiere por incidencia de la música en el evento, a partir de esa pregunta dio un ejemplo vinculado a un supuesto caso de entrega de premios y una actuación del grupo musical “Los Nocheros”, estableciendo que en definitiva la información que “recolecta” termina siendo evaluada por la jefatura de SADAIC para establecer el arancel.
Preguntado sobre cómo se cobra el arancel en los eventos que organiza el
GCBA, reiteró lo expuesto precedentemente agregando que si es con cobro de entradas es un 12% con un mínimo de diez entradas y eso ocurre cuando no se puede establecer un arancel porque no hay un bordereaux, es decir, un detalle de venta de entradas, en el caso de que no se cobren entradas se realiza por analogía como lo expuso anteriormente.
Arguyó que en relación a la facturación se hace un pedido administrativo de facturas en
donde se vuelcan todos los datos y que se realiza después de que saben quién organiza el evento en cuestión y que arancel se estableció, añadiendo que el pedido de facturación se deja en la administración de SADAIC (v. 11 min. 15 s. aprox. del registro audiovisual); luego, indicó que “ellos” –refiriéndose al sector administrativo de SADAIC- remiten las facturas al lugar que corresponde, en este caso al GBCA, sin poder dar mayores precisiones sobre el método de pago. Dijo que le consta que el GCBA le abona aranceles a SADAIC debido a su trabajo en la demandante (v. 13 min. 00 s. aprox. del registro
audiovisual).
A partir del minuto 15:00 del registro audiovisual se le leyó al Sr. Nacarelli el listado de establecimientos que se detalla a fs. 6 vta./7 vta., en donde – según la actora- se desarrollaron eventos por los cuales el GCBA mantiene una deuda con
SADAIC, a fin de que el testigo indique si concurrió a los eventos mencionados en la
facturación acompañada con la demanda y correspondiente a esos lugares. Asimismo y a tal fin, se le exhibió al testigo documentación obrante en los biblioratos acompañados por la actora. Con excepción de la factura nº 2339 ubicada en el bibliorato nº XII
(Anexo “London City”) (v. 37 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual), el testigo no
reconoció ninguno de los establecimientos mencionados en la audiencia.
El frente demandado le preguntó al testigo cómo están documentados todos
los procedimientos sobre los cuáles estuvo declarando (v. 24 min. 25 s. aprox. del registro audiovisual), Nacarelli refirió que hay “una tabla de aranceles que es la que fija el arancel”, agregando que en relación a su trabajo “uno va al evento, se establece en el lugar, lo observa, se ve a nivel general cuanto es la cantidad de gente, hay eventos muy grandes donde hay muchísimas personas” (v. 25 min. 30 s. aprox. del registro audiovisual), se lo interrumpió en su declaración por parte del tribunal y se le preguntó si se levanta un acta, a lo que declaró “no, nosotros observamos el evento (…) cuando están las bandas o empieza el show yo lo que hago personalmente es un informe (…) para poder establecer cómo es el evento, qué bandas hubo (…) qué se hizo, por ahí se hizo un homenaje, por ahí se hizo una conmemoración (…) en otros eventos donde se puede establecer la cantidad de gente es más fácil, porque se ven entradas bien
marcadas, se mandan controles de boletería, que son esas personas que cuentan, se paran en cada puerta y contabilizan la gente que va entrando”. Seguidamente explicó –nuevamente- cómo se calcula el arancel, agregando que con la información detallada precedentemente y en base a lo que él observó, el sector administrativo de SADAIC establece el arancel, para luego realizarse una planilla de facturación, desconociendo en detalle cómo procede SADAIC en la etapa de cobro del respectivo arancel (v. 27 min. 45 s. aprox. del registro audiovisual).
Al minuto 28:00 aproximadamente la parte demandada le preguntó al
testigo si la factura se elabora en base a una tabla de arancel y el informe que realiza el
inspector, a lo que el testigo respondió: “exacto!” (v. 28 min. 00 s. aprox. del registro
audiovisual). Preguntado específicamente el testigo si toda esa documentación se
encuentra registrada en SADAIC, explicó: “nosotros muchas veces el informe que
hacemos muchas veces es vía oral”(v. 28 min. 25 s. aprox. del registro audiovisual),
aclarando que si se trata de un evento “demasiado difícil” se hace un informe escrito y
que el informe vía oral se hace a la jefatura de SADAIC. Manifestó que no siempre se
levanta un acta por cada evento (v. 29 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual) y que a
veces se acompañan programas para respaldar la información. Por otra parte, señaló
que “en muchos eventos yo hago informes en donde se establece cómo es el evento” (v. 29 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual).
La letrada de la parte demandada le preguntó al testigo si los archivos o
documentos con los que cuenta SADAIC son la tabla de aranceles y los informes,
aclarando la letrada que sobre éstos últimos “cuando se hacen porque (…) la mayor parte se hace oralmente a la jefatura”, el testigo respondió que era así pero puntualizando que en el caso de él, como tiene una zona “muy importante”, trata de plasmar “todo bien claro” en un informe respecto de dónde estuvo, lo que vio y cuál es el arancel aplicable (v. 30 min. 45 s. aprox. del registro audiovisual).
La letrada de la parte demandada le preguntó si esos informes quedan archivados en SADAIC, respondiendo el testigo que entendida que sí (v. 30 min. 55 s. aprox. del registro audiovisual). También reconoció el testigo que la restante documentación con la que cuenta SADAIC en sus archivos son las facturas y los programas, en caso de existir éstos últimos. Afirmó que no trabaja físicamente en la parte de archivo de SADAIC (v. 31 min. 55 s. aprox. del registro audiovisual).
Al minuto 35:40 aproximadamente, el testigo reconoció la documentación
obrante en el bibliorato que le fuera exhibido y vinculada con el establecimiento “Confitería Ideal” ubicado en “Suipacha 384”, en este sentido, manifestó que concurrió a la mencionada confitería a fin de constatar que se haya realizado el evento en cuestión, señaló no recordar cuanto facturó en esa ocasión, preguntado por el tribunal acerca de si recordaba si se llevó adelante toda la actividad señalada en la documentación, respondió: “sí, se llevó la actividad”, no recordando si en este caso puntal elaboró un acto o un informe (v. 36 min. 30s. aprox. del registro audiovisual). El tribunal dejó constancia que el testigo al momento de referirse a un evento celebrado en el establecimiento anteriormente mencionado, lo hizo en relación a la factura nº 2339 ubicada en el bibliorato nº XII (Anexo “London City”) (v. 37 min. 20 s. aprox. del registro audiovisual).
La letrada de SADAIC le preguntó al testigo si podía brindar algún detalle más respecto del evento vinculado con la factura referida anteriormente (v. 38 min. 10 s. aprox. del registro audiovisual), respondiendo: “si está facturado es porque uno concurre, constata que se haga el evento y se aplica el arancel que se aplicó, creo que es de 12 el mínimo, porque tal vez no hay un bordereaux, no hay un detalle de venta, se aplica el mínimo que establece la tabla de aranceles”. Se le preguntó al testigo si en relación a la
factura en cuestión realizó un informe, respondió que “en estos casos no hace falta informes, si lo que hice es el pedido de facturas correspondiente” (v. 39 min. 45 s. aprox. del registro audiovisual).

V.5. Declaración del testigo Alberto Dozoretz.
Esta declaración comienza a partir del minuto 49:40 aproximadamente del
registro audiovisual de la audiencia del 28/04/14. El declarante expresó que se
desempeña como empleado administrativo de SADAIC. Manifestó que su trabajo consiste en confeccionar facturas para el GCBA las cuales se encuentran acompañadas “por la documentación correspondiente” y que están hechas “con consentimiento de los
cobradores” acerca de si “estuvo el evento o no estuvo el evento” (v. 53 min. 33 s. aprox. Del registro audiovisual). Expresó que la información (programación) se obtiene de la agenda cultural de la GCBA y que veces se da la excepción de que los cobradores
brindan información sobre eventos que no están en dicha agenda y entonces buscan
información en Internet para que cada factura “que salga este avalada con
algo” (v. 54 min. 14 s. aprox. del registro audiovisual). Aclaró que él no concurre
a los eventos -no es “cobrador”- sólo recibe la información y la busca en caso de que sea necesario. Refirió que hay eventos que tienen un arancel fijo y otros eventos que por su magnitud (“grandes eventos”) se exige el correspondiente informe del cobrador sobre la cantidad de espectadores -dando como ejemplo en este punto de los eventos desarrollados alrededores del “Obelisco”- a fin de efectuar la facturación y que en esos casos se pide todo por escrito, destacando que en los “otros” casos “se pide todo de palabra” (v. 55 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual). Adujo que en caso de haber un error o un desacuerdo, se anula la factura. Señaló que ellos (SADAIC) toman conocimiento de los eventos musicales que son organizados por el demandado por medio de la agenda cultural del GCBA y que esa agenda sale los días jueves y tiene validez hasta el miércoles y de “ahí sacábamos todo” (v. 55 min. 59 s. aprox. del registro audiovisual), destacando que cuando los eventos no están en la referida agenda pero se tiene conocimiento que se pueden realizar, se busca por Internet para saber si fueron organizados o no por el GCBA (v. 56 min. 11 s. aprox. del
registro audiovisual).
Se le preguntó al testigo cómo le consta la organización de determinados eventos musicables por parte del demandado durante el período 2004/2008, reiteró que
obtiene la información a través de la agenda cultural del GCBA, seguidamente se le
preguntó cómo distingue entre la actividad que es organizada por el GCBA de la que es
sólo auspiciada por éste (v. 56 min. 40 s. aprox. del registro audiovisual), a lo que
respondió que se toma en consideración esta distinción pero que en general todos los
eventos están organizados por el GCBA, dando como ejemplo los eventos celebrados en
el “Salón Dorado” que algunas veces puede ser organizado por otras entidades.
Afirmó que si el GCBA no organiza el evento no se factura y si auspicia, tampoco (v. 57 min. 37 s. aprox. del registro audiovisual). Indicó que el demandado no
pide autorización para el uso de obras musicales en los espectáculos que el GCBA
organiza. En cuanto al cobro de los aranceles por derecho de autor en los espectáculos
organizados por el GCBA, volvió a retirar que los aranceles fijos son establecidos por
el “jefe del sector” y que en el caso de los restantes aranceles vinculados con los “grandes eventos” –ejemplificando nuevamente con los eventos realizados en los alrededores del “Obelisco”- se pide un informe escrito por el cobrador a fin de confeccionar la respectiva factura (v. 58 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual).
En relación a qué sucede en el caso de que una actividad no se realice o que alguno de los números dentro de un programa o espectáculo no se lleve a cabo (v. 58 min.
40 s. aprox. del registro audiovisual), sostuvo que dicha situación es “muy difícil” que se produzca y que, en su caso, sería indicado por el cobrador. Aclaró que el tipo de
facturación de “actividad rutinaria” se realiza en forma “verbal; verbalmente le dicen se
hizo, no se hizo, o se hizo esto pero no tenemos la documentación, entonces la
buscamos” (v. 59 min. 00 s. aprox. del registro audiovisual). Destacó que sólo se pide un informe al cobrador cuando se trata de “grandes eventos”.
Se le preguntó al testigo cómo es el procedimiento de cobro, dijo que las
facturas “vienen acreditadas en el extracto del Banco Ciudad” y que hay una página del
GCBA “que es la de proveedores” a la cual SADAIC ingresa con una clave y de donde surge el pago de todas las facturas desde el año 2004 a la fecha, de ahí sacan el número de factura, el día que fue acredita en el extracto y el correspondiente importe (v. 59 min. 40 s. aprox. del registro audiovisual).
A partir del minuto 01:00:39 se procedió a exhibirle al testigo documentación acompañada a la causa por el frente actor. Exhibidas las facturas, el testigo
reconoció que fueron confeccionadas por él y que las entregaba en la calle “Avenida de
Mayo nº 525”. Añadió que todas las facturas se encuentran “avaladas” con documentación y que en todos los casos se le pregunta al cobrador si el evento en cuestión efectivamente se realizó.
Se le exhibió al testigo el “ANEXO VIII” de la documentación acompañada
por la parte actora (v. 01.03.44 min. aprox. del registro audiovisual), reconoció las planillas en donde se encuentra discriminada la facturación y afirmó que fueron confeccionadas por él. Refirió que la documentación exhibida corresponde a un control que él tiene sobre la facturación que cobra. Al minuto 01:04:49 la letrada del GCBA preguntó al testigo a qué se refería con la “documental correspondiente” respecto de la facturación, ya que el Sr. Dozoretz había manifestado que tomaba la “documentación correspondiente” para hacer la factura, a lo que el testigo indicó que se refería a “todo lo que esta acá atrás” señalando la programación y las gacetillas culturales adjuntas en la
documentación que le fuera exhibida. Seguidamente, el testigo procedió a retirar
suplementos culturales de la documentación exhibida a fin de examinarlos en el curso de la audiencia (v. 01.05.50 min. aprox. del registro audiovisual). El testigo señaló una
gacetilla cultural vinculada con el “Centro Cultural Marcó del Pont”, la letrada del GCBA le preguntó al testigo como describía a esa documentación, respondiendo “esto es la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (v. 01.06.20 min. aprox. del registro audiovisual).
La letrada del GCBA le preguntó al testigo si la documentación que avala la
facturación es la agenda cultural, el testigo contestó que sí, a lo que dicha letrada le
preguntó si la mencionada agenda es la única documentación que avala la facturación, el testigo respondió afirmativamente y agregó: “junto el informe del cobrador” (v. 01.06.50 min. aprox. del registro audiovisual).
La letrada del GCBA le preguntó si el informe del cobrador hecho de
manera oral queda registrado por escrito, el testigo respondió que no, manifestando
que “sino tendríamos un montón de papeles y como los aranceles son fijos,
considerábamos que no valían la pena”, aclarando nuevamente que la excepción eran
los “eventos grandes” donde se pide el informe por escrito (v. 01.07.20 min. aprox. del
registro audiovisual). Destacó que la agenda cultural la obtiene de “Avenida de Mayo al 500, del Centro Cultural San Martin, del Complejo San Martin (…) Página 12 (…) y La
Razón”. Observo que el testigo jamás menciona a los “inspectores musicales” mentados
por el testigo Nacarelli, ni que se graben los eventos. Es más, el testigo Dozoretz parece
preocupado por no juntar papeles.
La letrada del GCBA le preguntó al testigo si sabe cómo se “hacen” los
aranceles, específicamente los aranceles fijos y los mayores según las características del
evento (v. 01.12.00 min. aprox. del registro audiovisual),Dozoretz respondió que los
aranceles fijos se ponen según lo que define el “jefe del sector” y que los “otros” aranceles tienen un porcentaje que en general es del 12% y de acuerdo al evento de que se trate. El testigo citó nuevamente el ejemplo de un evento realizado en los alrededores
del “Obelisco”, con una asistencia de 10.000 personas y una entrada con un valor de
0 calculada “por analogía” con un espectáculo de características similares, estimándose el porcentaje en un 12%, ósea “un porcentaje de la cantidad de gente y la entrada considerada por analogía (…) con un espectáculo de características similares” (v. 01.13.20 min. aprox. Del registro audiovisual). Reiteró que en el caso del arancel fijo éste lo fija el “jefe del sector” y respondió que desconoce cómo es, en este caso, el procedimiento que se utiliza para fijarlo.

VI. A modo de síntesis del examen de la causa, permítaseme reflexionar
nuevamente sobre el tema de la causa-fuente de la obligación, ya que este dato es
central para que exista el derecho a constituirse en acreedor, de lo contrario sólo habría
enriquecimiento sin causa. Para ello, y sobre la base del marco normativo reseñado en el
considerando “II”, realizaré un breve resumen de cuáles son los elementos probatorios que eran carga de SADAIC demostrar como presupuesto de la existencia de las obligaciones cuyo cobro aquí intenta (cfr. segundo párrafo, art. 301, CCAyT).

Antes, quiero destacar, tal como lo hace notar con agudeza Julio Raffo6, que
de acuerdo al marco legal –y a veces en tensión con normas constitucionales- el autor en
Argentina no tiene estrictamente el derecho a fijar un precio por su obra, pues se presenta el fenómeno de que las entidades como SADAIC se hallan facultadas a fijar “aranceles” por el uso que realizan terceros de una obra autoral y sobre la base de tal criterio sostienen que hasta tienen derecho a oponerse a que el autor fije un precio menor por el uso de una obra de su autoría.

Ahora bien, en punto a lo que aquí interesa para resolver la cuestión y según lo dispuesto por la ley nº 17648 y el decreto nº 5146/69 (art. 1º), SADAIC tiene a su
cargo la percepción en todo el territorio de la República de los derechos económicos de
autor emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas,
cualesquiera sean el medio y las modalidades.

De lo expuesto, se desprende lo siguiente:
a) El derecho de percepción al que se halla facultado SADAIC es por la UTILIZACIÓN de obras musicales y literarias musicalizadas. Es decir, debe efectivamente haberse utilizado una o varias obras musicales que integran el “repertorio musical” administrado por SADAIC. Me atrevo a denominar a esto como premisa constitutiva de la obligación que aquí se discute, sobre esta plataforma se desarrollan, luego, el resto de las condiciones que habilitan la percepción.
b) El universo de obras que integran el repertorio administrado por SADAIC se integra por las obras de autores nacionales, y de los extranjeros con los que SADAIC tengan un convenio expreso. Estas obras constituyen el insumo con el que se conforma el “repertorio” al que alude el art. 3º del decreto nº 5146/69. La importancia de determinar el contenido del repertorio es subrayada por Raffo7.
c) Para determinar el uso del repertorio bajo su administración, SADAIC cuenta con diversas herramientas previstas en el mencionado decreto. Así, (i) puede requerir a los usuarios la presentación de declaraciones juradas, que obviamente deben indicar qué obras se ejecutaron; y, (ii) controlar y verificar la exactitud de estas constancias, que sólo puede ser por constatación directa durante la ejecución o de la reproducción del medio en que se ejecuta la obra u obras o, por declaración de los ejecutantes que corrobore la declaración del tercero.
d) Una vez definida y constatada la ejecución de obras correspondientes al
repertorio administrado, corresponde establecer el arancel previsto en el art. 4 del decreto nº 5146/69, pero el arancel requiere como condición necesaria demostrar
la premisa constitutiva, es decir, que se hayan utilizado obras musicales sobre los cuales, según el art. 1º del referido decreto, SADAIC se halla autorizado a la percepción de los derechos económicos “de autor”. Y para saber que las obras utilizadas son “de autor”, deben conocerse qué obras se ejecutaron.
e) Lo expuesto en el punto “d)” resulta lógico, pues si SADAIC es la
encargada de percibir y, luego, distribuir los derechos de autor de las obras de su
repertorio, se hace inexorable que se conozcan qué obras se utilizan. De lo contrario,
SADAIC cobraría sobre los ingresos sin saber a quién distribuir los derechos económicos por desconocer qué obras fueron ejecutadas. Tampoco basta con conocer al ejecutante, pues no necesariamente éste puede ejecutar obras de su autoría. Esto es importante, porque la tarea que cumple SADAIC es en resguardo del patrimonio artístico musical y de la efectiva vigencia del derecho autoral (cfr. art. 2, ley nº 17648) y sobre cuyo ejercicio el Estado se ha reservado por ley la fiscalización permanente de la labor de SADAIC (art. 2, ley cit.) y, en particular la fiscalización en la distribución y liquidación del producto económico de la obra autoral, y que al estar a la prueba de este expediente, puedo decir ahora sin ninguna duda que no sé sencillamente cómo puede implementarlo SADAIC utilizando mecanismos de control tan lábiles por no decir directamente y sin mayores eufemismos: mecanismos exasperadamente desprolijos.
f) Incluso, de tratarse de obras de autores extranjeros, si SADAIC
pretendiese su cobro en este proceso, debería haber acompañado el respectivo convenio de asistencia y representación recíproca (cfr. art. 1, ley nº 17648).
g) En este contexto, resulta inexplicable que la actora no haya acompañado
las correspondientes declaraciones juradas de los usuarios y/o las planillas de ejecución de obras musicales en los eventos reclamados en la demanda, ya que estos elementos
constituyen el inventario que permite concordar si las obras ejecutadas en las instituciones y establecimientos dependientes del GCBA figuran dentro del repertorio en virtud del cual la demandante posee la responsabilidad y derecho de intervenir en la percepción de los derechos económicos emergentes por la utilización de esas obras. La conducta adoptada por SADAIC, vinculada a la falta de presentación de la documentación mencionada precedentemente, incluso ofrecida como prueba en el escrito de inicio (“inspecciones musicales realizadas por los agentes de SADAIC”; v. fs. 3 vta.), resulta un elemento de convicción contrario a la pretensión formulada por la actora (cfr. art. 145, CCAyT), pues la demandante con su conducta procesal neutralizó toda posibilidad de verificar sobre la base de qué repertorio se encuentran elaboradas las facturas acompañadas en oportunidad de interponer la demanda, siendo que ella se encontraba en condiciones óptimas para traer al tribunal la documentación es cuestión, ya que es quien produce y conserva tales instrumentos. Pero además, sobre lo que se entiende por documentación pertinente y conducente, el presente proceso ofrece –tal como se demostró hasta aquí- una variada gama de malentendidos y contradicciones por parte del frente actor. Además, debe recordarse que las partes tienen la carga de allegar al expediente todos los elementos que estimen conducentes a la formación de la convicción del juzgador acerca de los hechos y las consecuencias que se invocan, para de ese modo obtener el resultado perseguido con el pleito en el que aquéllos intervienen (cfr. art. 301, CCAyT). Con relación a ello, la Sala II de la Cámara del fuero ha dicho que “(…) es sobre la accionante que pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del art. 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión” (Cámara de Apelaciones CAyT, Sala II, “Oronoz de Bigatón, Celina c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, sentencia del 26 de febrero de 2001). En el mismo sentido la Sala II sostuvo que “[l]a obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio de los hechos, y éstas tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez de que los hechos sucedieron en la forma en que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. (…)” (Cámara de Apelaciones CAyT, Sala II, “DirecTV Argentina S.A. c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, sentencia del 01/12/2011).
h) Finalmente, destaco que todas las facturas emitidas por SADAIC y
acompañadas en la causa tienen la siguiente leyenda: “[p]or la utilización de los repertorios musicales administrados por SADAIC, según leyes nacionales 11.723, 17.648 y su decreto reglamentario 5146/69. Se adjunta programación”. Sin embargo, no se indica qué obras han sido utilizadas, ni si pertenecen al repertorio musical administrado por SADAIC. La programación acompañada no indica las obras que se ejecutaran (por ser programación, es para el futuro), sólo menciona a las personas, conjuntos musicales, grupos, orquestas, etc., que estarán en el evento, no cuál es la música ejecutada. Dicho de otro modo: no prueban ni siquiera por indicios cuál es la obra musical ejecutada.
VII. Compulsa de las contestaciones suministradas por las entidades de la demandada (prueba informativa). Resta un análisis, desde dos perspectivas, de la prueba informativa que se encuentra agregada en el expediente. Así, analizare: i) en qué lugares no se probó que hubiera eventos, lo que me releva de saber si se ejecutaron obras protegidas por SADAIC; y, ii) en qué lugares medio reconocimiento –por parte del GCBA- de que se desarrollaron los eventos reclamados por la actora, examinando si en tales casos se probó que se hubiera ejecutado repertorio a cargo de la demandante.
VII.1. En las instituciones y establecimientos que se detallan a
continuación, no se logró acreditar la realización de los eventos cuyo pago se
pretende: i) Iglesia “San Juan Bautista” (v. fs. 209/210 vta.; ii) “Castelar Hotel & Spa” (v. fs.213/213 vta.); iii) “Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces” (cfr. fs. 215/215vta.); iv) Bar “La Embajada” (cfr. fs. 342/342 vta.); v) “Colegio Nacional de Buenos Aires” (cfr.fs. 347/349 vta.); vi) “Café de García” (cfr. fs. 396/396 vta.); vii) Bar “El Banderín” (cfr. fs.398/398 vta. y fs. 539/541 vta.); viii) “Bar Seddon” (cfr. fs. 410/411 vta.).; ix) “Avenida deMayo 1271 S.R.L.” (cfr. fs. 424/432 vta.); x) Biblioteca “Ricardo Güiraldes” (cfr. fs. 542/543vta.); xi)Biblioteca “José Mármol” (cfr. fs. 544/545 vta.); xii) Biblioteca “Martín del Barco Centenera” (cfr. fs. 546/547 vta.); xiii) Biblioteca “Miguel Cané” (cfr. fs. 548/549 vta.); xiv) Biblioteca “Devoto” (cfr. fs. 550/551 vta.); xv) Congreso de la Nación (cfr. fs. 689/690 vta.); xvi) Museo “Jose Hernández” (cfr. fs. 691/698 vta.); xvii) Bar “El Federal” (cfr.
fs. 711/712 vta.); xviii) “Complejo Cultural 25 de Mayo” (cfr. fs. 799/805 vta.); xix) “CLASICA Y MODERNA S.A.” (cfr. fs. 821/822 vta.); xx) “Bar Florida Garden” (cfr. fs. 823/824 vta.); xxi) “Centro Cultural Macedonio” (cfr. fs. 980/986 vta.); xxii) “Centro Cultural Villa Mitre” (cfr. fs. 1248/1256 vta.); xxiii) “BAR BRIGHTON” (cfr. fs. 1263/1265 vta.); xxiv) “BAR OVIEDO” (cfr. fs. 1268/1269 vta.); xxv) “Centro Cultural Roberto ARTL” (cfr. fs. 1300/1310 vta.); xxvi) “LA PUERTO RICO” (cfr. fs. 1346/1346 vta.); y, xxvii) “LA PERLA DE CAMINITO” (cfr. fs. 1366/1366 vta.).
VII.2. En los casos en que la demandada reconoció que se llevó a cabo el
evento, dicha circunstancia -en virtud de los argumentos vertidos hasta aquí- no resulta
suficiente para tener por probada la deuda reclamada, pues no se indica qué repertorios
se ejecutaron. En este sentido, se encuentran: i) “BOEDO SUR S.A. (Esquina Homero
Manzi)” (v. fs. 351/353 vta.); ii) Legislatura de la CABA (v. fs. 401/402
vta.); iii) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (v. fs.
404/409 vta.); iv) Universidad de Buenos Aires (v. fs. 412/416 vta.); v) “Teatro Regio” (v. fs. 531/537 vta.); vi) Museo “Brigadier General Cornelio de Saavedra” (v. fs. fs. 639/645 vta.); vii) “BACKYARD S.A. (LA TRASTIENDA)” (v. fs. 705/710 vta.); viii) “Centro Cultural Marco del Pont” (v. fs. 840/849 vta., fs. 850/859 vta. y fs. 860/866 vta.); ix) “Centro Cultural Sebastián Piana” (v. fs. 867/875 vta., fs. 876/884 va. y fs. 885/889 vta.); x) “Centro Cultural Discepolin” (v. fs. 890/898 vta.); xi) “Centro Cultural del Sur” (v. fs. 899/906 vta. y fs. 907/914 vta.); xii) “Centro Cultural Alfonsina Storni” (v. fs. 915/919 vta.); xiii) “Centro Cultural Villa Mitre” (920/924 vta. y fs. 925/933 vta.); xiv) “Centro Cultural Roberto Santoro” (v. fs. 934/938
vta., fs. 939/947 vta. y fs. 948/956 vta.); xv) “Centro Cultural El Taller” (v. fs. 957/965 vta., fs. 966/974 vta. y fs. 975/979 vta.); xvi) “Centro Cultural Homero Manzi”(v. fs. 987/995 vta., fs. 996/1004 vta. y fs. 1005/1007 vta.); xvii) “Centro Cultural Alberto Olmedo” (v. fs. 1008/1016 vta., fs. 1017/1025 vta. y fs. 1026/1030 vta.); xviii) “Centro Cultural La Boca del Riachuelo” (v. fs. 1031/1039 vta. y fs. 1040/1045 vta.); xix) “Complejo Cultural Chacra de los Remedios” (v. fs.
1046/1055 vta.); xx) “Ciclo de Teatro en Clubes” (v. fs. 1056/1081 vta.); xxi) “Feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas” (v. fs. 1082/1107 vta.); xxii) “Centro Cultural Resurgimiento” (v. fs. 1108/1118 vta., fs. 1119/1127 vta. y fs. 1128/1133 vta.); xxiii) “Centro Cultural Julio Cortázar” (v. fs. 1134/1142 vta., fs. 1143/1149 vta. y fs. 1150/1154 vta.); xxiv) “Cine El Progreso” (v. fs. 1155/1163 vta., fs. 1164/1172 vta. y fs. 1173/1177 vta.); xxv) “Centro Cultural Colegiales” (v. fs. 1178/1186 vta., fs. 1187/1195 vta. y fs. 1196/1200 vta.); xxvi) “Centro Cultural Adán Buenos Aires” (v. fs. 1201/1210 vta., fs. 1211/1220 vta. y fs. 1221/1226 vta.); xxvii) “Centro Cultural Lola Mora” (v. fs. 1227/1235 vta., fs. 1236/1242 vta. Y fs. 1243/1247 vta.); xxviii) “Centro Cultural Plaza Defensa” (v. fs. 1290/1299 vta.); xxix) “Espacio Cultural Carlos Gardel” (v. fs. 1312/1325 vta.); y, xxx)“MUSEO ISAAC FERNANDEZ BLANCO” (v. fs. 1524/1541 vta.).
VIII. Por lo dicho hasta aquí, carece de sentido analizar en autos si se
presenta, en algún evento reclamado, la excepción al pago de derecho de autor establecida en el artículo 36º la ley nº 11723, esto es, los supuestos de (i) representación, ejecución y/o recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas y, asimismo, (ii) en los de ejecución o interpretación de piezas musicales en conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, toda vez que no se probó, en algunos casos, la existencia del evento en cuestión y, en otros, no probó el contenido
del repertorio ejecutado.
IX. En lo que respecta al caso particular de lo que puedo llamar “ASUNTO
GIRO DOCUMENTAL 3694887-MC-2013”, existen varios problemas sobre este punto. El demandado alega la existencia de eventos efectivamente realizados por el GCBA y que, según aduce, fueron “oportunamente pagados” por su parte (cfr. fs. 29 vta.). Sin embargo, esos eventos carecen de posibilidad de trazabilidad para determinar cuándo se realizaron y qué tipo de obras se ejecutaron allí. Además, SADAIC desconoció expresamente lo afirmado por el demandado. Obsérvese, entonces, que ocurre que SADAIC no ha establecido la causa-fuente de la obligación en forma precisa y debida, tal como ya lo vengo sosteniendo; en sustancia, no hay fijado qué repertorio se ejecutó en cada uno de los eventos reclamados y, a su vez, el demandado refiere haber pagado algo de lo que cual se desconoce el contenido –esto es, qué obras se ejecutaron- y en qué tiempo se lo hizo, sólo se mencionan los lugares de los eventos.
Así las cosas, semejante imprecisión en el marco del objeto controvertido me
impide a mí tener por acreditado tanto la existencia de la deuda como verificar a dónde
imputar los pagos que dice el GCBA haber hecho. En consecuencia, todo lo que gira en
torno a la presente controversia, resulta definitivamente improcedente en razón de que las partes han traído algo que carece del mínimo andamiaje jurídico para ser constatado
según la actividad que desplegaron éstas en el proceso. Tales carencias, no podrían haber sido suplidas con la entrega de la documentación del GCBA a la perito contadora, pues todavía faltaría un elemento esencial para determinar la constitución de la obligación; elemento que no poseía el GCBA sino SADAIC: las correspondientes planillas de ejecución a fin de constatar la utilización de obras que formen parte del repertorio a cargo de la actora. Pero sabemos, por las declaraciones de testigos, que esos instrumentos prácticamente no se elaboran y todo se resume en una especie de informe verbal del cobrador. Además, no hemos accedido a ninguna de las sofisticadas grabaciones y sistemas de escaneos y detección de obras que poseería SADAIC, tal como refiriera el testigo Nacarelli, ni cómo aquellos incidirían en definir la facturación.
En este punto, cabe aclarar que la planilla de ejecución de obras musicales
(declaración jurada realizada por un intérprete) de fecha 05/06/05 acompañada por la
perito contadora al presentar su pericia (v. fs. 1486), no se corresponde con ninguno de los eventos reclamados por la actora en ese establecimiento (“Feria de Mataderos”), ni tampoco consta si las obras fueron ejecutadas en un espectáculo organizado por el aquí
demandado. Por ello, la mencionada planilla no será considerada por resultar su
tratamiento no relevante para la cuestión de autos.
X. Con relación al pago parcial denunciado por SADAIC (v. fs. 71/79 vta. y fs.
90/95) ocurre lo mismo que en el supuesto anteriormente tratado, las partes giran
frenéticamente en círculos y en el centro sólo existe el vacío probatorio: la determinación de las obras ejecutadas a fin de definir, desde el punto legal y contable, una correcta imputación de los pagos que dicen haberse realizado. Me detengo un momento más en este punto para señalar que dentro del caótico ritmo que ha tenido esta causa, a pesar de los denodados intentos del juzgado de ponerla en quicio (v. fs. 658, fs. 665/666 vta. y fs. 682/683), con respecto al supuesto pago parcial manifestado por la actora, la propia demandante terminó aclarando que de todas las facturas presentadas –lo que ya se agregaba a la confusión necesaria- sólo eran tres las que se estaban reclamando en el presente proceso (factura nº 9893, nº 9949 y nº 9958; v. fs. 95) y como si fuera poco, la perito produjo su dictamen sobre la totalidad de las facturas sin tener en cuenta la aclaración de la propia SADAIC, a lo que el GCBA a través de una sorda inercia comunicativa con los datos del expediente, impugnó la pericia refiriéndose a la generalidad de las facturas.
Corolario de esto, fueron múltiples confusiones por una deuda de 0 (v. fs. 91), cuya
existencia nunca fue demostrada y este es sólo un eslabón que ejemplifica la pesada
cadena que ató el trámite del expediente.
XI. Corolario de lo hasta aquí expuesto es que aun ante la apabullante selva
de papeles que se ha precipitado en este expediente, sólo hallo la orfebrería de la nada. En consecuencia, la demanda será rechazada.
XII. Costas.
En cuanto a las costas del proceso, corresponde que sean soportadas por la
parte actora por no tener motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota (cfr.art. 62 CCAyT).
XIII. Honorarios.
Atañe primeramente señalar que por tratarse la presente acción de un proceso ordinario,
resulta de aplicación lo establecido en el artículo 60 de la ley nº 5134 que determina en diez (10) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- el mínimo para regular honorarios en procesos de conocimiento susceptibles de apreciación pecuniaria. El valor vigente de la UMA fue establecido por el Consejo de la Magistratura de la CABA mediante Resolución de Presidencia nº 1000/2017 (art. 2º) en pesos un mil setecientos cincuenta y cinco (= .755), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley nº 5134.
En virtud de lo expresado y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada (cfr. arts. 15, 16, 17, 29, 60 y ctes. de la ley nº 5134), corresponde regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la suma de pesos dieciocho mil (.000) y por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en la suma de pesos dieciocho mil (.000). Respecto de los honorarios de la perito contadora interviniente en autos, su labor fue escasa, desprolija (falta de orden en la documentación acompañada con la pericia) y se expidió sobre puntos que no fueron solicitados, pues no tuvo en cuenta la aclaración efectuada por SADAIC a fs. 90/95 con relación al pago parcial de facturas por parte del GCBA. Además, la perito brindó respuestas genéricas e imprecisas al contestar el traslado de la impugnación efectuada por el GCBA. En razón de lo expuesto, fijaré los honorarios de esta profesional en la suma de pesos dos mil (?.000).
Por lo expuesto, RESUELVO:
1) Rechazar la demanda interpuesta por Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
2) Imponer las costas conforme lo dispuesto en el considerando “XII”.
3) Regular los honorarios de acuerdo con lo indicado en el
considerando “XIII”.
Regístrese, notifíquese y, previa vista al Ministerio Publico Fiscal,
oportunamente, archívese.

 

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