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La responsabilidad del Estado argentino por sus fallos judiciales

| El 27, Jun 2018

Con motivo de una nota en la revista Noticias, sobre los hijos no reconocidos de un ex presidente argentino, este los demandó. Tanto los tribunales civiles como la corte argentina condenaron a los periodistas por una sentencia en el año 2001. Para la corte interamericana, esto violó la Convención Americana de Derechos Humanos y ahora el Estado Argentino debe indemnizarlos con más de $ 500 mil.

Nota de opinión, acá.

La indemnización a los periodistas

Arrancamos por el final, hoy se publicó en el boletín oficial el decreto que indemniza a los periodistas de la Editorial por haber publicado información de interés público e igual ser condenados civilmente a pagar una indemnización:

“Dispónese el pago en efectivo de la sentencia dictada por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el Caso Nº 12.584 “FONTEVECCHIA y D’AMICO VS ARGENTINA” conforme los párrafos 105, 128 y 129 de dicha sentencia y de acuerdo a las modalidades especificadas en los párrafos 131 a 136, por un monto equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA (U$S 21.770), en concepto de gastos y costas y de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($209.599,66), más los intereses y actualizaciones que correspondan de acuerdo al derecho interno conforme lo dispuesto en el párrafo 105 de la misma, debiendo agregarse a esos montos los intereses moratorios por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo de aplicación de la sentencia -15 de diciembre de 2012- hasta la fecha de su efectiva cancelación.

El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos presupuestarios de la JURISDICCIÓN 91 – OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO correspondientes al Ejercicio 2018.”

 

Qué pasó en el caso Fontevecchia

Los hechos del caso se relacionan con dos publicaciones consignadas en una revista el 5 y 12 de noviembre de 1995, donde se vinculaba al entonces Presidente de Argentina, Carlos Menem, con la existencia de un presunto hijo no reconocido por él. Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico son periodistas que se desempeñaban como editores en dicha revista.

El señor Menem demandó civilmente a la editorial de la revista así como a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico. El objeto de dicha acción era obtener un resarcimiento económico por el alegado daño moral causado por la supuesta violación del derecho a la intimidad, consecuencia de las publicaciones de la revista. Adicionalmente, se solicitó la publicación íntegra de la sentencia a cargo de los demandados.

En 1997 un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta por el señor Menem. La sentencia fue apelada y en 1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico a pagar la suma de la suma de $150.000. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario federal. En el año 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida aunque modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a la suma de $60.000. Es decir, la corte condenó a los periodistas. Pero estos apelaron a la corte interamericana de DDHH.

 

Qué dijo la corte argentina

En su momento, la corte interamericana de DDHH condenó al Estado argentino y declaró que el país violó el tratado internacional de derechos humanos. Sin embargo, la corte argentina emitió una resolución en la que sostuvo que según la mayoría de la corte argentinala Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Esta preposición fue muy criticada.

El voto conjunto consideró que no correspondía hacer lugar a lo solicitado en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una “cuarta instancia” revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional.

En este sentido, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.).  Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme —en razón de lo ordenado en la decisión “Fontevecchia” de la Corte Interamericana— implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.

Al mismo tiempo, tuvo por cumplida la publicación exigida en la sentencia interamericana —instrumentada a través del Centro de Información Judicial y la página de jurisprudencia del Tribunal— y consideró que la reparación económica ordenada en favor de los peticionantes se encontraba fuera del alcance de las actuaciones y no resultaba necesaria la intervención judicial. (La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz).

Por su parte, el juez Rosatti en su voto compartió, en lo sustancial, los argumentos expuestos y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional).

El juez agregó, que en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen.

Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte Interamericana, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional.

En disidencia, el juez Juan Carlos Maqueda mantuvo la postura fijada en sus votos en los casos “Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015), según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso concreto, resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2001 que había condenado a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por publicaciones realizadas en la prensa, dado que la Corte Interamericana había resuelto en 2011 que esa sentencia constituía una violación al derecho a la libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13).

Meses más tardes, por resolución de fecha 5 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró procedente acceder al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos formulado en su resolución del 18 de octubre del corriente año, dictada en el marco del caso N° 12.525, “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”.

En “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” (resolución del 14 de febrero de 2017, registrada en Fallos 340:47), la Corte Suprema decidió que la orden de “dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico así como todas sus consecuencias” contenida en el fallo de la Corte Interamericana de fecha 29 de noviembre de 2011, en la medida en que implicaba revocar una sentencia anterior propia pasada en autoridad de cosa juzgada, era jurídicamente improcedente.

En su resolución del 18 de octubre la Corte Interamericana interpretó que el Estado Argentino podía cumplir con su orden original mediante “algún otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de la sentencia” como, por ejemplo, la realización de una “anotación indicando que esa sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana por la Corte Interamericana” (párrafo 21).

La Corte Suprema entendió que la interpretación formulada por la Corte Interamericana es consistente con su decisión de febrero de 2017, ya que una medida como la sugerida no vulnera los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional (artículo 27). Por ello, ordenó que se asiente junto a la decisión registrada en Fallos 324:2895 la siguiente leyenda: “Esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana (sentencia del 21 de noviembre de 2011)”.

A continuación algunos extracts de la sentencia caso Fontevecchia Libre expresión corte interamericana.

 

 

 

Qué había dicho y decidido la corte interamericana de DDHH

En su jurisprudencia la Corte interamericana ha establecido que los medios de comunicación  social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión  social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la  cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.  Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de  pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social  que desarrollan.

La Corte Interamericana recuerda que en la primera oportunidad que se refirió  al derecho a la libre expresión destacó que “la profesión de periodista […]  implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio  del periodismo por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades  que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la  Convención”. A diferencia de otras profesiones, el ejercicio profesional del  periodismo es una actividad específicamente garantizada por la Convención y

“no  puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas  cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni  puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de  expresión de modo continuo, estable y remunerado”.

El caso trata de dos periodistas quienes reclaman la protección del artículo 13 de la  Convención.

Asimismo, la corte recordó que las expresiones concernientes a la idoneidad  de una persona para el desempeño de un   cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el  desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor protección, de manera tal  que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad  democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la  crítica del público.

Este diferente umbral de protección se explica porque se  han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades  salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate  público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el  interés público de las actividades que realiza.

Por  su   parte,  el  artículo  11  de  la Convención Americana reconoce que toda persona tiene, entre otros,  derecho a la vida privada y prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en  ella, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus  familias, sus domicilios o  sus  correspondencias.

 

El equilibro entre el derecho a la vida privada y la actividad periodística

En este contexto, la Corte debe encontrar un equilibrio entre la vida privada y  la libertad de expresión que, sin ser absolutos, son dos derechos fundamentales  garantizados en la Convención Americana y de la mayor importancia en una  sociedad democrática. El Tribunal recuerda que el ejercicio de cada derecho  fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos  fundamentales.

En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al  Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren  necesarias para obtener tal propósito. La necesidad de proteger los derechos  que  pudieran verse afectados por un  ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia  de los límites fijados a este respecto por la propia Convención.

El derecho a la intimidad por cuya violación fueron condenadas civilmente las  presuntas víctimas estaba previsto en el artículo 1071 bis del Código Civil, el  cual es una ley en sentido formal y material. En cuanto a lo alegado por los  representantes, que la norma cuestionada no satisface el requisito de ley  material (…), la Corte considera que si bien es una disposición que,  efectivamente, está redactada en términos generales, ello no es  suficiente para privarla de  su   carácter de ley material (…).

La Corte ha señalado que los funcionarios públicos, al igual que cualquier otra  persona, están amparados por la protección que les brinda el artículo 11  convencional que consagra, entre otros, el derecho a la vida privada. Asimismo,  el artículo 13.2.a de la Convención establece que “el respeto a los derechos  (…) de los demás” puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores en  el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde su primera decisión sobre la materia el Tribunal ha hecho suyo el  criterio que para que una restricción a la libre expresión sea compatible con  la Convención Americana, aquella debe ser necesaria en una sociedad  democrática, entendiendo por “necesaria” la existencia de una necesidad social  imperiosa que justifique la restricción.

Asimismo, la Corte ha establecido que el Estado tiene que dotar a las personas  de los medios para establecer las responsabilidades y sanciones que fueren  necesarias para respetar y salvaguardar los derechos  fundamentales. En su jurisprudencia, el Tribunal ha analizado casos en los cuales se debatía la necesidad de la sanción  penal y ha establecido que “no estima contraria a  la Convención cualquier medida penal a  propósito de la expresión de informaciones u opiniones”.

En sentido similar, la Corte tampoco estima contraria a la Convención Americana  una medida civil a propósito de la expresión de informaciones u opiniones que  afecten la vida privada o intimidad personal. Sin embargo,  esta posibilidad se debe analizar con  especial cautela, ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquéllas,  las características del daño alegadamente causado y otros datos que pongan de  manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil. Ambas vías, bajo ciertas  circunstancias y en la medida que reúnan ciertos requisitos, son legítimas.

 

La crítica de la corte interamericana al máximo tribunal argentino

En su decisión de 25 de septiembre de 2001, la Corte Suprema no estableció los  hechos específicos que consideró que afectaban la vida privada del señor Menem  y que, según su criterio, generaron la responsabilidad de los periodistas, sino  que recordó que las “circunstancias fácticas ha[bía]n sido exhaustivamente  expuestas en las instancias anteriores”,   e indicó que solo cabía resolver la tensión entre ambos derechos  constitucionales.

El Tribunal considera que los estándares que ha utilizado respecto a la  protección de la libertad de expresión en los casos de los derechos a la honra y a la reputación son aplicables, en lo pertinente, a casos como el presente.  Ambos derechos están protegidos en el mismo artículo bajo una fórmula común e  involucran principios similares vinculados con el funcionamiento de una  sociedad democrática.

De tal modo, dos criterios relevantes, tratándose de  la  difusión de información sobre  eventuales aspectos de la vida privada, son: a) el diferente umbral de  protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que son elegidos  popularmente, respecto de las figuras públicas y de los particulares, y b) el  interés público de las acciones que aquellos realizan.

En cuanto al carácter de interés público, en su jurisprudencia la Corte ha  reafirmado la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o  informaciones sobre asuntos en los cuales   la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de  conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o  intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. En el presente  caso, tanto la Comisión como los representantes señalaron que, por diversos  motivos, la información era de interés público y ello justificaba su difusión.

La información relativa a la existencia del hijo no reconocido por el señor  Menem, así como la relación de este último con el niño y con su madre  constituían la causa principal y un elemento central e inseparable de los  hechos publicados por la revista Noticias. Por otra parte, en el presente caso surge del acervo probatorio que la  información relativa a los “lazos familiares” del Presidente y la posible  paternidad sobre Carlos Nair Meza había sido difundida en distintos medios de  comunicación.

De lo anterior se desprende que, para el momento de la publicación por parte de  la revista  Noticias, los hechos  cuestionados que  dieron lugar a la  presente controversia relativos a la paternidad no reconocida de un hijo  extramatrimonial, habían tenido difusión pública en medios escritos, tanto en  Argentina como en el extranjero.

Adicionalmente, el Tribunal constata que el señor Menem adoptó, con  anterioridad a que se realizaran las publicaciones que luego cuestionó, pautas  de comportamiento favorables a dar a conocer   esas relaciones personales, al compartir actos o situaciones públicas  con dichas personas, las cuales aparecen registradas en varias de las fotos que  ilustran las notas, e incluso recibiendo al niño y a su madre en un lugar  oficial como la Casa de Gobierno (…). La Corte recuerda que el derecho a la  vida privada es disponible para el interesado y, por ello, resulta relevante la  conducta desplegada por el mismo. En este caso, su conducta no fue de resguardo  de la vida privada en ese aspecto.

Por último, como lo ha sostenido la Corte anteriormente, el poder judicial debe  tomar en consideración el contexto en el que se realizan las expresiones en  asuntos de interés público; el juzgador debe “ponderar el respeto a los  derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad  democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública”.

 

Qué pasa con las fotos y el derecho a la privacidad

En relación con las cinco fotografías que ilustran las notas cuestionadas en  las cuales aparece el señor Menem con su hijo, la Corte recuerda que la  protección que otorga la Convención Americana a la vida privada se extiende a  otros ámbitos además de los que específicamente enumera dicha norma. Aunque el  derecho a la propia imagen no se encuentra expresamente enunciado en el  artículo 11 de la Convención, las imágenes o fotografías personales,  evidentemente, están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida  privada.

Asimismo, la fotografía es una forma de expresión que recae en el  ámbito de protección del artículo 13 de la Convención. La fotografía no solo  tiene el valor de respaldar o dar credibilidad a informaciones brindadas por  medio de la escritura, sino que tiene en sí misma un importante contenido y  valor expresivo, comunicativo e informativo; de hecho, en algunos casos, las  imágenes pueden comunicar o informar con igual o mayor impacto que la palabra escrita.  Por ello, su protección cobra importancia en tiempos donde los medios de  comunicación audiovisual predominan. Sin   embargo, por esa misma razón y por el contenido de información personal  e íntima que pueden tener las imágenes, su potencial para afectar la vida  privada de una persona es muy alto.

El Tribunal ha concluido que el tema sobre el cual informaban los artículos que  acompañaban las fotografías se referían a la máxima autoridad electiva del país  y eran de interés público (…). La Corte considera que las imágenes estaban  fundamentalmente dirigidas a respaldar la existencia de la relación entre el  señor Menem, la señora Meza y Carlos Nair Meza, apoyando la credibilidad de la  nota escrita y, de tal modo, llamar la atención sobre la disposición de sumas  cuantiosas y regalos costosos así como la eventual existencia de otros favores  y gestiones, por parte del entonces presidente en beneficio de quienes aparecen  retratados en las imágenes publicadas. De esta forma, las imágenes representan  una contribución al debate de interés general y no están simplemente dirigidas  a satisfacer la curiosidad del público respecto de la vida privada del  presidente Menem.

Adicionalmente, el Tribunal consideró relevante atender a las circunstancias  sobre cómo las fotografías fueron obtenidas. Al respecto, el Estado no objetó  ni controvirtió ante esta Corte lo afirmado por la Comisión y los  representantes sobre el hecho de que las fotografías fueron tomadas con  consentimiento del mandatario (…), ni lo afirmado por el señor D’Amico en la  audiencia pública del presente caso, en el sentido de que ninguna de las  fotografías fue tomada por la revista sino que fueron entregadas a Noticias por  la Oficina de Prensa de la Presidencia de la Nación. Por otra parte, la corte afirmó que

si bien la corte suprema argentina  señaló en su decisión que las publicaciones de las imágenes “no [fueron]  autorizadas por el actor en el tiempo y en el contexto en que fueron usadas por  el medio de prensa”, este Tribunal considera que no toda publicación de imágenes  requiere el consentimiento de la persona retratada. Esto resulta aún más claro  cuando las imágenes se refieren a quien desempeña el más alto cargo ejecutivo  de un país, dado que no sería razonable exigir que un medio de comunicación  deba obtener un consentimiento expreso en cada ocasión que pretenda publicar  una imagen del Presidente de la Nación. Por ello, en este caso en particular,  la alegada ausencia de autorización del señor Menem tampoco transforma a las  imágenes publicadas en violatorias de su privacidad.

Este Tribunal considera que las publicaciones realizadas por la revista  Noticias respecto del funcionario público electivo de más alto rango del país  trataban sobre asuntos de interés público, que los hechos al momento de ser  difundidos se encontraban en el dominio público y que el presunto afectado con  su conducta no había contribuido a resguardar la información cuya difusión luego objetó.

Por ello, no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la  vida privada del señor Menem. De tal modo, la medida de responsabilidad  ulterior impuesta, que excluyó cualquier ponderación en el caso concreto de los  aspectos de interés público de la información, fue innecesaria en relación con  la alegada finalidad de proteger el derecho a la vida privada.

En consecuencia, la Corte Interamericana considera que el procedimiento civil  en la justicia argentina, la atribución de responsabilidad civil, la imposición  de la indemnización más los intereses, las costas y gastos, así como la orden  de publicar un extracto de la sentencia y el embargo dictado contra uno de los  periodistas afectaron el derecho a la libertad de expresión de los señores  Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico.

Por último, dado que el Tribunal ha establecido que la medida de responsabilidad  ulterior impuesta internamente no cumplió con el requisito de ser necesaria en  una sociedad democrática, no analizará si el monto de la condena civil en el  presente caso resultó o no desproporcionado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte estima oportuno reiterar que el temor a una sanción civil  desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para  el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene  la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia  o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público,  con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado  como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público

La resolución de la corte interamericana

Con base en lo expuesto, el Tribunal   oncluye que no hubo una injerencia abusiva o arbitraria en la vida  privada del señor Menem en los términos del artículo 11 de la Convención  Americana y que, por el contrario, las publicaciones cuestionadas constituyeron  un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión reconocido en el artículo 13 de dicho tratado. En consecuencia, la Corte Interamericana concluye  que la medida de responsabilidad ulterior impuesta en el presente caso violó el  derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Jorge  Fontevecchia y Héctor D’Amico, reconocido en el artículo 13 de la Convención  Americana, en relación con la obligación de respetar ese derecho, establecida  en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Por eso, la Corte dispuso que,

– La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.

– El Estado debe dejar sin efecto la  condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico así como todas sus consecuencias, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

– El Estado debe realizar las publicaciones dispuestas en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 108 de la misma.

– El Estado debe entregar los montos referidos en los párrafos 105, 128 y 129 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, dentro del plazo de un año contado a partir de su notificación.

– La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de  sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

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