Juez ordena al Estado proveer la vacuna del meningococo para niños de 11 años

Ahora un juez ordenó al Estado proveer las vacunas sin cargo

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Un juez federal ordenó al Estado nacional que provea vacunas contra la bacteria meningococo para los niños de hasta 11 años de edad, en la Provincia de Buenos Aires. La resolución beneficia a una niña que promovió el amparo pero sienta un precedente en torno de la provisión gratuita de vacunas.

 

Ordenan proveer vacunación gratuita

El magistrado A. Ziulu, de La Plata, ordenó que se aplique la Resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación que dispone vacunar a esa población de riesgo. La madre había pedido que que se cumpla con el Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles en el Hospital Subzonal Especializado Elina de La Serna de Montes de Oca (Ex Casa del Niño) de La Plata. Sin embargo recibió respuesta negativa.

Frente a ello, la madre de la nena y la ONG AJUS iniciaron una acción de amparo, en el marco de la cual el juez decretó la medida cautelar que ordena proveerles la vacuna. Alegaron la suspensión de hecho de esa dosis de vacuna para los niños y niñas de 11 años, frente a lo cual el magistrado le ordenó al Estado proveer la vacuna, por el derecho a la salud en juego. (La sentencia fue publicada por el portal BlogDelDerecho a quien agradezco).

Es que en el año 2015 se había incorporado al programa de control de enfermedades la vacunación contra meningococo en niños mayores de tres meses de edad con esquema 2+1, a los 3, 5 y 15 meses de vida y en adolescentes con esquema de dosis única a los 11 años de edad.

La sentencia del juez establece que el Estado deberá aplicar esa resolución y así la niña podrá acceder a la vacuna dentro de los 10 días. Y cita la normativa local y diversos tratados internacionales que reglamentan el derecho a la salud, que debe ser garantizado. A tal fin argumentó que:

“la vacunación ha sido pensada en nuestro ordenamiento como una herramienta importante de prevención, en donde el elemento de obligatoriedad se erige como pilar indispensable en miras de la salud pública”.

¿Son gratis las vacunas? Cómo acceder

Días atrás se había planteado el tema de la gratuidad de las vacunas, porque si bien están en el PMO y son necesarias por un tema de salud pública, y no solo individual, hay entidades de medicina prepaga que solo cobren el 40% de su costo. En tal sentido se argumentó que:

Ahora bien, en muchos casos las vacunas sí son gratuitas, como se desarrolla en esta nota, sobre todo para la población que no puede acceder a pagar su costo. Es que al parecer, según el PMO de la Superintendencia de Servicios de Salud, solo se exige cobertura del 40% en las vacunas obligatorias después del año de edad.

De todas maneras, en caso de que una persona lo precise, el Estado debe cubrir el 100% de la vacunación obligatoria, por estar en juego el derecho a la salud en su faz individual y colectiva. A tal efecto, se puede iniciar una acción de amparo como en el precedente citado, con un patrocinio jurídico gratuito o la defensoría del pueblo.

 

 

Anexo con la sentencia completa y vacunación de meningococo

Fuente: Blog del Derecho.

#32515199#218803008#20181016131335687
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA
PLATA 2
112409/2018
AJUS LA PLATA-ENSENADA ASOCIACION CIVIL Y OTRO c/
MINISTERIO DE SALUD (PODER EJECUTIVO NACIONAL)
s/AMPARO COLECTIVO
La Plata, de octubre de 2018.-
AUTOS Y VISTOS:
1. Téngase por contestado de manera espontánea el traslado ordenado
a fs. 98 por el Dr. Emanuel Desojo.
2. Dado que el procedimiento que corresponde en el caso es el de la
ley 16.986, requiérase al Estado Nacional (Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación) el informe del art. 8 de dicho cuerpo legal, el que deberá ser
evacuado en el término de diez (10) días. Líbrese el oficio respectivo.
3. I- Que a fin de considerar el pedido de medida cautelar efectuado
por la parte actora, conviene tener en cuenta que la asociación demandante junto a
la madre de J.B., en representación de su hija menor, han promovido esta acción
de amparo contra el Estado Nacional, tanto en forma individual (respecto de la
niña J.B.) como colectiva, en relación a todos los menores de 11 años de edad de
la Provincia de Buenos Aires, a fin de que el demandado cese en lo que entienden
como “vías de hecho administrativas consistentes en operaciones materiales
cercenadoras de derechos y garantías constitucionales del conjunto de la sociedad
a través de la suspensión de la vigencia de la Resolución n° 10/2015 del Ministerio
de Salud de la Nación que, en su artículo primero incorporó la vacunación contra
el meningococo en niños de once años de edad al programa nacional de control de
enfermedades inmunoprevenibles, con carácter gratuito y obligatorio, a partir de
2015”.
Fecha de firma: 17/10/2018
Firmado por: ADOLFO GABINO ZIULU, JUEZ FEDERAL
#32515199#218803008#20181016131335687
Al respecto, mencionaron que el día 23 de agosto de 2018 se publicó
en la página web del Ministerio de Salud de la Nación un comunicado de prensa
con el siguiente texto: “Salud Garantiza todas las vacunas del Calendario
Nacional: Después de una reunión técnica con expertos en inmunizaciones,
referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), funcionarios y
autoridades de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
(DICEI), el Ministerio de Salud de la Nación informa que está garantizada la
totalidad de las vacunas del Calendario Nacional. Con respecto a la
antimeningocócica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más
vulnerables de 3,5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta
contar con la disponibilidad necesaria. Esto es a causa de las dificultades en la
adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de
Vacunación”.
Indicaron que se ha considerado que la enfermedad invasiva por
meningococo (EIM), manifestada más frecuentemente como meningitis bacteriana
y sepsis fulminante o meningococcemia constituye un importante problema de
salud pública debido a la alta morbimortalidad que presentan los individuos que
sufren estas infecciones. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce la importancia de esta enfermedad y la utilidad de la vacunación como
medida de prevención primaria, en cuanto los serogrupos incluidos en la vacuna se
encuentren adecuados a la epidemiología local. Señalaron que, a nivel mundial, la
EIM es una de las enfermedades infectocontagiosas más graves y con mayor tasa
de secuelas permanentes, no reversibles. Que en Argentina, desde 2010 se
registraron entre 200 y 300 casos de la EIM por año, reflejando una tasa de
incidencia de 0,7-0,75 casos por 100.000.-, los cuales afectan principalmente a la
población infantil. Agregaron que la EIM requiere asistencia médica y hospitalaria
en la totalidad de los casos dada su evolución clínica y rápidamente devastadora,
requiriendo la mayoría de las veces de cuidados médicos intensivos o de asistencia
médica multidisciplinaria y prolongada en caso de sobrevida, la que suele darse
con presencia de secuelas.

Añadieron que en la actualidad se registran, al momento de la
incorporación al calendario de vacunación en Argentina, un total de 20 a 30
fallecidos por esta causa, reflejando una mortalidad del 10% y una tasa de
letalidad estimada en el 7,5%. Que esta alta tasa no es la única razón de la
gravedad de la enfermedad, sino que también debe tenerse en cuenta los
significativos porcentajes de complicaciones y secuelas permanentes, graves e
irreversibles (entre 10% y 20%), principalmente de carácter neurológico (pérdida
de la audición, convulsiones, hidrocefalia, retraso madurativo neurológico) pero
también físico (amputación de miembros). Mencionaron que la vacunación es la
medida de prevención primaria más eficaz para evitar la EIM por los serogrupos
incluidos en la vacuna y para disminuir la carga de enfermedad en los grupos más
afectados. Que en el año 2010, con el consenso de la Comisión Nacional de
Inmunizaciones (CoNaIn) así como de la Sociedad Argentina de Infectología, la
Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica
se propuso introducir la vacuna contra el meningococo al Calendario Nacional de
Vacunación, en forma prioritaria con el objetivo de controlar la enfermedad,
disminuir las complicaciones y reducir la mortalidad por la EIM mediante el
siguiente esquema: dos dosis a los 3 y 5 meses de edad, un refuerzo a los 15 meses
y luego una dosis única a los 11 años de edad.

Refirieron que el objetivo de incorporar la vacunación en
adolescentes tenía como propósito disminuir la portación orofaríngea de la
bacteria en la población vacunada y así contribuir a aminorar la incidencia de la
enfermedad en el grupo más vulnerable, especialmente en los niños menores de
dos meses, para los cuales no se cuenta con vacuna alguna. Es decir, apuntar no
solamente a la protección directa del grupo vacunado, sino también a la indirecta
de disminuir el impacto del germen en el resto de la población. Por otra parte,
afirmaron que permitir el acceso a la vacuna a los niños de todos los estratos
sociales constituye un importante signo de equidad, y es un modo de hacer
efectivo el derecho a la salud y a la vida de los niños y niñas.
Así, expresaron que la suspensión de la aplicación completa y
efectiva de la Resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación altera la
prestación del servicio de salud del Estado de manera regresiva y con efectos
retroactivos en perjuicio de sus beneficiarios, que son sectores vulnerables de la
sociedad.
Cuestionaron el comportamiento material de la administración como
lesivo del derecho a la salud, reconocido como derecho fundamental por la
Constitución Nacional y los tratados internacionales con igual jerarquía contenidos
en el art. 75, inc. 22 CN. Mencionaron que desde antiguo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha reconocido este derecho y su necesaria protección (Fallos:
31:274 – “Saladeristas de Barracas”). Que más allá del reconocimiento del
derecho a la salud considerado como implícito entre los derechos y garantías
constitucionales, destacó que después de la reforma de 1994, por vía del citado art.
75 inc. 22 CN, se trata ya de un derecho constitucional expresamente reconocido.
Indicaron que se encuentra incluido en los textos de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la
Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre los
Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y respecto de este último, remarcó que su art. 12 dispone que “1. Los
Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas
que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad”.
Mencionaron que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se ha pronunciado sobre el particular, aunque no indicaron las
referencias específicas, e indicaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sentado criterio sobre el reconocimiento de ese derecho en Fallos: 310:112
(“Cisilotto, María del Carmen Baricalla”), entre otros que mencionó.
Invocaron los principios de progresividad y no regresividad en
materia de derechos sociales.
Como medida cautelar solicitaron que se ordene al Ministerio de
Salud de la Nación que se abstenga de suspender los efectos de la Resolución
10/2015 de dicho Ministerio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Justificaron la verosimilitud del derecho remitiéndose a lo expuesto en cuanto a la
importancia del derecho a la salud, indicando que el comportamiento material de
la administración de apartarse de lo dispuesto por la citada resolución ministerial
vulnera un derecho que ha sido reconocido por los arts. 33 y 75.22 CN. Respecto
del peligro en la demora, señalaron que de no decretarse la medida peticionada
podría provocarse un daño a la salud y eventualmente a la vida, agravando la
situación de los sectores que requieren protección especial por parte del Estado
(niños, niñas y adolescentes). Sostuvieron que la medida no afecta el interés
público, puesto que su objeto consiste precisamente en adecuar el comportamiento
estatal a la norma, mientras que, al contrario, lo que se encontraría afectando a
dicho interés público sería la conducta antijurídica de la administración.
II- Que corrida la vista al Defensor Oficial, éste en su escrito de fs.
76/80 asumió la representación de la menor J.B. y adhirió a los planteos de los
demandantes, tanto en lo que se refiere a la pretensión de fondo como a la cautelar,
en relación a la menor J.B.
III- Que a fs. 86/97 se presentó el Dr. Carlos Eloy Zabala en
representación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación a evacuar
el informe del art. 4° de la ley 26.854. En la misma presentación opuso la
excepción de falta de legitimación activa de la entidad AJUS y planteó la
inexistencia, en el caso, de causa o controversia.
Acerca de esta última formulación, que implicaría interpretar al
reclamo como una pretensión abstracta, sostuvo que la pretensión objeto del pleito
no se halla orientada a cuestionar la legalidad del comportamiento de la
Administración sino a objetar ciertas conductas que se encuentran dentro del
marco discrecional de ésta. En tal sentido, expresó que “la acción […] carece de
‘caso o causa contenciosa’, en los términos del art. 116 CN […] ya que la actora
pretende que un tribunal judicial se adjudique potestades” propias de la
Administración, en tanto la demanda “persigue la abstención de políticas
sanitarias”.
Sobre la excepción de falta de legitimación activa, la accionada
afirmó que la asociación amparista carece de representación para peticionar por las
personas presuntamente afectadas por el comunicado de prensa del Ministerio,
aduciendo que, en el caso de autos, no se dan los presupuestos exigidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Halabi” para que se configure un
reclamo colectivo, puesto que el tema en debate involucraría intereses
absolutamente individuales. Aseguró que, además de que las necesidades de
protección de la salud se encontrarían cubiertas por diferentes prestaciones del
sistema de salud, es imperioso que el reclamo sea individualizado, que no
corresponde una acción colectiva en tanto, en cada caso particular, cada
demandante deberá individualizar la negativa del accionado a suministrar
gratuitamente la vacuna, no siendo admisible que la asociación amparista se limite
a efectuar manifestaciones generales sobre “negativas que esta parte desconoce, ni
han sido identificadas”.
Cuestionó, además, la procedencia de la medida cautelar solicitada
por la actora en cuanto pretende que se ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga
de suspender los efectos de la Resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la
Nación hasta tanto se dicte sentencia. Argumentó que no se encuentra acreditada la
verosimilitud del derecho. En ese sentido, manifestó que del informe técnico que
adjunta como documental se acredita que la franja etaria conformada por menores
de 11 años de edad cuya vacunación ha sido pospuesta por la comunicación
Ministerial en su página web no presenta riesgo mayor de padecer enfermedad
meningocócica invasiva. Aseguró que en Argentina, a diferencia de otros países,
no se observa un incremento de la incidencia de casos en población adolescente,
mientras que la tasa de incidencia en lactantes es mayor a 10 veces a la de aquella
población. Asimismo, sostuvo que del informe acompañado surge que no se ha
modificado el calendario de vacunación y que la medida que se cuestiona es
temporaria y transitoria, mientras se hallan en ejecución medidas tendientes al
restablecimiento del total de la estrategia de protección, tales como la realización
de gestiones para obtener fondos adicionales destinados a la adquisición de
vacunas.
Por otra parte, respecto del peligro en la demora, expresó que la
circunstancia de que la medida adoptada sea transitoria sumado a la baja
incidencia de la enfermedad en el grupo etario de 11 años de edad y su “nula
vulnerabilidad” no permiten tener por configurado el extremo mencionado.
Acerca del interés público comprometido, mencionó que el poder
judicial no debe pronunciarse sobre el acierto o desacierto de una política pública
implementada por el Estado Nacional, y establecida por el Ministerio de Salud en
ejercicio del poder de policía sanitaria.
IV- Corrido el traslado a la actora de las defensas opuestas por la
demandada, ésta efectuó su réplica a fs. 99/104. En su presentación, se quejó de la
demora en el tratamiento de la medida solicitada y efectuó una réplica de lo
expuesto por la contraparte.
Respecto del cuestionamiento a la falta de causa o controversia, la
actora argumentó que, el reconocimiento de la vía de hecho por parte de la
demandada, frente a la pretensión de la niña que es parte en el caso, respaldada por
el Defensor Oficial, dejan sin sustento a la tacha sobre ese punto. Que, además, en
lo que hace al colectivo representado por la asociación demandante, indicó que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido en “Halabi” que “la prueba
de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el
bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste
representa” de modo que, en la medida que exista una afectación actual o en
ciernes sobre un derecho constitucional se configura un caso, máxime en el
presente en el que los derechos en cuestión son de principal jerarquía, tales como
la vida y la salud.
En cuanto a la defensa de falta de legitimación de la asociación para
efectuar el reclamo colectivo, argumentó que se encuentran reunidos los recaudos
exigidos por la Corte Suprema para tornar viable la defensa que ejerce la
asociación actora de los derechos individuales homogéneos que se hallan en juego.
Sostuvo en tal sentido que existe una causa fáctica común, una vía de hecho,
reconocida por la demandada que lesiona por igual a todos los niños de 11 años de
edad, al impedir acceder al Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles respecto de la vacuna del meningococo dispuesta por la
Resolución 10/15. También indicó que la pretensión se halla focalizada en la faz
colectiva del derecho y las dificultades para la prosecución de un reclamo
individual por cada uno de los afectados.
En cuanto al planteo de que una resolución favorable a la actora
implicaría una interferencia del juez en asuntos propios de la política sanitaria,
refirió que lo que el reclamo pretende es el cumplimiento de una norma dictada
por el propio demandado.
Además, indicó que la accionada reconoció la existencia de una vía
de hecho al referir textualmente a “la franja etaria conformada por los menores de
11 años, cuya vacunación ha sido pospuesta a partir del comunicado ministerial”.
A ello añadió que la afirmación de la accionada acerca de que la medida es
temporaria y transitoria, implica el reconocimiento de su parte de que el
fundamento de la vía de hecho tiene basamento en cuestiones presupuestarias y no
en una presunta falta en los laboratorios que producen la vacuna. Agregó que la
mención a la circunstancia de que la demandada se encuentra realizando gestiones
para el restablecimiento de la “estrategia de protección” no cuenta con
documentación respaldatoria, ni número de expediente por el que tramita, ni
estado actual del trámite administrativo, lo que torna imposible su verificación y,
por lo tanto, tal invocación no puede ser un óbice para el dictado de la medida
solicitada. Además, señaló que la alegada baja incidencia de la enfermedad en los
niños de 11 años se contrapone a lo que surge de los fundamentos de la Resolución
10/2015 del Ministerio de Salud y que, si bien sería el efecto deseable del plan de
vacunación a que se refiere la citada Resolución 10/15 que introdujo la vacuna
contra el meningococo en el Calendario Nacional de Vacunación, tal afirmación no
debería ser utilizada para cercenar derechos.
V- Que a fin de dar tratamiento a la medida cautelar peticionada,
corresponde referirse en primer lugar a las excepciones opuestas por la accionada,
toda vez que tal planteo se vincula estrechamente con la verosimilitud del derecho
invocado.
En lo que respecta a la invocada defensa de falta de causa o
controversia planteada de forma autónoma, cabe desecharla sin más, atento que la
accionada ha reconocido la existencia del comportamiento material cuestionado
por la parte actora y ha formulado argumentaciones tendientes a justificarlo,
contraponiendo así su postura a la de la parte accionante.
En cuanto a la defensa de falta de legitimación de la actora, debe
indicarse, en primer término, que la accionada no ha cuestionado la legitimación
de J.B. para efectuar su reclamo individual. Tampoco ha cuestionado su
legitimación en calidad de “afectado” (a que se refiere el art. 43CN) para
promover la acción colectiva, ni la condición de la asociación demandante para
representar intereses colectivos en los términos del art. 43CN. Lo que la accionada
cuestiona es que, en el caso, no habría aspectos comunes en el conjunto de
intereses involucrados que permita configurar un colectivo al cual ambos
amparistas, J.B y la asociación, puedan representar para reclamar por los intereses
individuales homogéneos.
Que, en este sentido, cabe indicar que, por una parte, el interés que
tiende protegerse por vía de esta acción no sólo es el individual de cada uno de los
niños de 11 años de edad para ser vacunados contra el meningococo. También se
encuentra en juego un bien colectivo, la salud pública, en tanto, como se
mencionará más abajo, se ve involucrada la comunidad comprendida por todos
aquellos quienes podrían ser afectados por el contagio de niños de 11 años no
vacunados y portadores de la enfermedad. Pero, aun suponiendo que la acción
tuviese por finalidad exclusiva la de satisfacer el interés individual de cada uno de
los niños de 11 años habilitados para recibir gratuitamente la vacuna conforme a la
Resolución 10/2015 del Ministerio de Salud, no caben dudas acerca de que existe,
en el caso, una causa fáctica común que es la alegada inobservancia del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social a la citada Resolución 10/2015 de dicho Ministerio,
revelada mediante la “comunicación Ministerial en su página web” (tal como lo ha
expresado el demandado en su presentación); que la pretensión se encuentra
dirigida a cuestionar los efectos comunes de dicha causa fáctica, que, en el caso, se
trata del efecto de no permitir a tales menores el acceso de manera gratuita a la
vacuna contra el meningococo; y que, finalmente, podría verse afectado el acceso
a la justicia, toda vez que los gastos de promover un litigio particular podrían
constituir una traba comparable a los costos económicos de acceso a la vacunación
contra el meningococo en las condiciones propiciadas por la conducta de la
Administración cuestionada por la actora.
VI- Que rechazadas ambas defensas, cabe tener en cuenta que se
encuentra reconocido por parte de la accionada que la vacunación contra el
meningococo respecto de la franja etaria conformada por menores de 11 años de
edad ha sido pospuesta, sin invocar un acto administrativo que así lo haya
dispuesto; la postergación sólo surgiría de la “comunicación Ministerial en su
página web”.
Que tampoco ha negado la afirmación de la madre de J.B. efectuada
en el escrito inicial en el sentido de que declara “bajo juramento haber solicitado
que se cumpla con el Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles, respecto de la vacunación contra el meningococo, con carácter
gratuito y obligatorio, a mi hijo de 11 años de edad, habiendo recepcionado
respuesta negativa en el […] Hospital Subzonal Especializado Elina de La Serna
de Montes de Oca (Ex Casa del Niño) ubicado en calle 8 e/ 41 y 42 n°483” de La
Plata.
Cabe rechazar, por otra parte, el planteo acerca de que el dictado de la
medida solicitada implicaría, por parte del juzgador, inmiscuirse en competencias
propias de la Administración al evaluar la conveniencia o inconveniencia de una
determinada política sanitaria, dado que lo que se encuentra bajo análisis del
suscripto es la compatibilidad con el ordenamiento jurídico de la conducta material
de la Administración, calificada por la actora como una vía de hecho, o sea, un
examen de legalidad y no de oportunidad, mérito o conveniencia.
VII- Que ha de tenerse en consideración que la salud se vincula, en un
sentido positivo, con el estado en que la persona puede ejercer con normalidad
todas sus funciones naturales, sean éstas físicas o mentales.
El derecho a la salud -mencionado expresamente por el constituyente
reformador de 1994 en el artículo 42 de la Constitución Nacional, constituye una
derivación del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, con los
cuales está íntimamente imbricado.
El derecho a la salud presenta una connotación social, más acentuada
que los otros derechos mencionados de los cuales deriva. Su génesis, en el ámbito
del derecho público, está vinculada con el constitucionalismo social, y, por ende,
con la obligación del Estado de contribuir activamente al resguardo de la salud
pública.
El derecho a la salud ha recibido, también, una intensa protección en
los tratados internacionales de derechos humanos que han merecido hasta el
presente ser reconocidos con jerarquía constitucional, sea por propio mandato
constitucional, o como consecuencia de una expresa declaración del Congreso de
la Nación de conformidad a lo estatuido por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Ley
Fundamental.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la
resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, dispone, en su artículo 25, que “toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en la ciudad de Bogotá,
Colombia, en 1948, dispone que “toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan
los recursos públicos y los de la comunidad” (artículo XI).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de diciembre de 1966 y
aprobado por la República Argentina según ley 23.313 (sancionada el 17/4/86;
promulgada el 6/5/86; publicada, BO, 13/5/86), refiere explícitamente a la
protección de la salud en los artículos 12.3, 18.3, 19.3.b., 21 y 22.2.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), firmada en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969 y aprobada por la República Argentina según ley 23.054
(sancionada el 1/3/84; promulgada el 19/3/84; publicada, B.O., 27/3/84), luego de
establecer que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, refiere
específicamente a la protección de la salud en los artículos 12.3, 13.3, 15, 16.2 y
22.2.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de
1989, y aprobada por ley 23.849 (sancionada el 27 de setiembre de 1990 y
promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990) establece en su art. 3 “1. En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada”. El art. 4 dispone que “Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Su art.
24 textualmente dice “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por
asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios
sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y,
en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad
infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la
atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el
desarrollo de la atención primaria de salud; c) Combatir las enfermedades y la
malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras
cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y
riesgos de contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria
prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de
la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos
de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes,
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 3. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho
reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado por Resolución N° 2.200 (XXI) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, abiertos a la firma en la ciudad de Nueva York el día 19 de
diciembre de 1966 y aprobado por ley 23.313 (sancionada el 17 de abril de 1986 y
promulgada el 6 de mayo de 1986), en su art. 12 dispone que “1. Los Estados
Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos
sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente; c) La prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo
de San Salvador— adoptado por la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos en El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 y aprobado por
ley 24.658 (sancionada el 19 de junio de 1996 y promulgada de hecho el 15 de
julio de 1996) en su art. 10 dispone “[Derecho a la Salud] 1. Toda persona tiene
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los
Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y
particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la
atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la
extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos
a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades
endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la
prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de
pobreza sean más vulnerables”.
VIII- Que nuestro ordenamiento jurídico tiene establecido un régimen
para la vacunación a través de la ley 22.909, cuyo artículo 1° dispone que se ha
ideado a efectos de proteger a los habitantes del país de enfermedades prevenibles
por este medio. Por otro lado, surge también de la lectura de la normativa citada
que “el alcance de los programas aludidos debe asegurar la oportuna y suficiente
cantidad de vacunas, así como del personal y elementos necesarios para su
aplicación, hasta en los más alejados núcleos de población”. Entre otras cuestiones
que consagra, se encuentra la gratuidad de las vacunas, la obligatoriedad de su
aplicación, la previsión de sanciones pecuniarias respecto de los actos u omisiones
que impliquen transgresiones a las normas de esta ley y/o de sus disposiciones
reglamentarias y el emplazamiento a aquellos que no se hayan vacunado a hacerlo
en término perentorio, con la facultad de proceder de manera compulsiva en caso
de que no se quiera cumplir con la obligación (artículos 11, 17 y 18).
Se desprende entonces de esta lectura que la vacunación ha sido pensada
en nuestro ordenamiento como una herramienta importante de prevención, en
donde el elemento de obligatoriedad se erige como pilar indispensable en miras de
la salud pública.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que “se entiende
por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una
enfermedad estimulando la producción de anticuerpos”. Por su parte, la Sociedad
Argentina de Pediatría ha aseverado que la prevención es el acto de mayor impacto
en la salud pública, que los programas de vacunación son de bajo costo en relación
a los beneficios que logran y que además son, en primer lugar, una herramienta de
equidad porque llegan a todos los niños de los diferentes estratos sociales, y
también un elemento de solidaridad, porque cuando el individuo se vacuna,
también reduce el riesgo para quienes interactúan con él, incluso no vacunados.
También establecieron que “la persona no vacunada constituye un riesgo para sí
mismo y para quienes la rodean”
(https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_vacunarse-esobligatorio-y-un-derecho-de-todos-113.pdf).
Por otro lado, es necesario puntualizar que la vacuna cuya suspensión aquí
se discute fue introducida a través de la Resolución 10/2015 del Ministerio de
Salud, en cuya exposición de motivos puede leerse que la enfermedad invasiva por
meningococo representa un importante problema de salud pública por la alta
morbimortalidad que presentan las personas que la sufren y por las secuelas
permanentes que puede acarrear. Asimismo, se definió a la vacunación como la
medida de prevención primaria más eficaz en esta enfermedad; y en relación al
refuerzo previsto para los adolescentes de 11 años, se indicó en la exposición de
motivos de dicha Resolución que ello fue producto del consenso de la Comisión
Nacional de Inmunizaciones y la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad
Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica en aras a
disminuir la portación orfaríngea de la bacteria en la población vacunada, para así
favorecer la disminución de la incidencia de la enfermedad en el grupo más
vulnerable. Asimismo, se estableció que favorecer el acceso a la vacuna a todos los
estratos sociales constituye un importante signo de equidad.
IX- Que por otro lado, cabe indicar que, en el marco de la causa “N.
K., E. G. F. c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo”, en trámite ante la
Secretaría N° 4 de este Juzgado, el suscripto ha podido tomar conocimiento de
dictámenes de expertos que resultan esclarecedores en lo que hace a la importancia
de la vacunación como elemento de prevención y de protección de la salud
pública.
Así, la Jefa del Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles afirmó que “que la prevención primaria a través de las vacunas
es una de las medidas más importantes que se pueden tomar en Salud Pública.
Junto con el agua potable son las dos intervenciones que disminuyeron la
mortalidad y favorecieron el crecimiento de los pueblos”. También la Cátedra de
Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La
Plata expresó que “la omisión de la aplicación de las mismas pone en riesgo la
salud de los menores presentados en el expediente y también de la población en
general”. En igual sentido opinó la Cátedra de Infectología de la misma casa de
estudios al establecer que el incumplimiento del calendario de vacunación implica
un riesgo para la salud de los niños involucrados en el amparo, para la familia y la
comunidad por la posibilidad de presentación de epidemia.
Cabe destacar, asimismo, que todo este análisis cobra especial
dimensión cuando el grupo que podría resultar afectado es el de niños, niñas y
adolescentes. De hecho, la Sociedad Argentina de Pediatría también ha
manifestado que son los organismos del Estado quienes deben garantizar la
posibilidad del cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la ley
26.061, entre ellos “la atención integral de su salud…y acceder en igualdad de
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información,
protección, diagnóstico precoz tratamiento oportuno, y recuperación de la salud”
(artículo 14) (https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_vacunarsees-obligatorio-y-un-derecho-de-todos-113.pdf).
En este mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de
la Nación el 12 de junio de 2012, en los autos “NN O UV S/ protección y guarda
de las personas”, que luego de un extenso análisis de la cuestión concluyó que “la
no vacunación del menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades, muchas de
las cuales podrían prevenirse mediante el cumplimiento del plan nacional de
vacunación. Asimismo, la circunstancia de que el resto de las personas sea
vacunado reduce las posibilidades del niño de contraer enfermedades.
Justamente, la sumatoria de vacunas en todas ellas es la que previene las
graves enfermedades que podrían contraerse si todos imitaran la actitud de
los actores” (el resaltado corresponde al original).

X- Que sobre la base del marco de derechos en juego, de máxima
jerarquía en nuestro ordenamiento, cabe poner de relieve que en la especie no se
encuentra cuestionado un acto administrativo por ser contrario al ordenamiento
jurídico, sino un comportamiento material de la Administración que ha sido
tachado de antijurídico no sólo por vulnerar derechos fundamentales sino por
resultar contrario a las disposiciones específicas emanadas de la propia autoridad
en materia de salud.
Que, en efecto, tal como ha sido reconocido por la accionada, la suspensión
por tiempo indeterminado de esta vacunación en los adolescentes del rango etario
señalado no habría sido decidida mediante resolución o acto alguno, sino que
surgiría del comportamiento de agentes del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación que dieron a conocer en los medios de comunicación que lo
dispuesto por la Resolución 10/2015 MS no sería acatado, al publicar en su página
web que se garantizaría la vacunación en los bebés de hasta 15 meses, dada su alta
vulnerabilidad, pero que se pospondría el refuerzo previsto a los menores de 11
años de edad.
Se trataría de una vía de hecho que, además, iría en detrimento de lo
dispuesto en el artículo 3 de la ley 22.909 que establece que “las autoridades
sanitarias de todo el país formularán y ejecutarán en sus respectivas jurisdicciones
los programas de vacunación necesarios para la permanente cobertura de la
población. Dichos programas se ajustarán a las normas técnicas que deberá
establecer la autoridad sanitaria nacional mediante el correspondiente acto
administrativo” (el resaltado me pertenece). Tal norma, como se ve, exige que
cualquier decisión que signifique reglamentar el plan de vacunación establecido en
nuestro país debe plasmarse en un correspondiente acto administrativo, con todos
los elementos que le son propios.
En tales condiciones, carece de sustento lo afirmado por el demandado al
invocar el informe técnico que adjuntó como documental según el cual, a juicio
del accionado, se acreditaría que la franja etaria integrada por menores de 11 años
de edad cuya vacunación ha sido pospuesta por la comunicación Ministerial en su
página web no presentaría riesgo mayor de padecer enfermedad meningocócica
invasiva.
Siguiendo el mismo orden de ideas, tampoco cabe contemplar lo
mencionado en el sentido de que tal comportamiento material es temporario y
transitorio hasta que se obtengan fondos adicionales destinados a la adquisición de
vacunas.
XI- Sin que lo expuesto implique adelantar una posición definitiva
sobre este particular, que sólo podría adoptarse luego de sustanciada la litis, he de
expedirme -en el limitado marco cognitivo en que deben resolverse estas medidasen
sentido favorable a la aceptación de la protección cautelar que se reclama. En
tal sentido, señalo que encuentro suficiente y razonablemente acreditados los
presupuestos que hacen a su viabilidad, tanto respecto de la verosimilitud en el
derecho, como el peligro en la demora.
Sobre la verosimilitud del derecho, considero suficiente lo expuesto
en los puntos anteriores en relación a la jerarquía constitucional de los derechos en
cuestión, como es la preservación integral de la salud. A ello cabe añadir que la
C.N. en su art. 43 “…habilita a toda persona a interponer acción expedita y rápida
de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, “contra un acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por ésta Constitución, un tratado o una ley”.
XII- Respecto del peligro en la demora, cabe tener presente que
conforme surge de lo anteriormente dicho, existe un riesgo real de que los
adolescentes de 11 años no reciban la vacuna, y que el transcurso del proceso
implique que a la fecha de la sentencia o de su ejecución ya no se encuentren, por
su edad, en condiciones de recibir la vacuna indicada por la Resolución 10/2015
MS, sobre todo en relación al sector más vulnerable de la población.
Por otra parte, cabe mencionar que se ha considerado que los
recaudos exigidos para la procedencia de la medida precautoria se hallan de tal
modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho -como en el caso- cabe
no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando
existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del
fumus se puede atenuar (ver, en este sentido, CFALP, Sala II, expte. n° 1633/01,
“Chiapetta, Marcelo c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación s/
amparo”, fallado el 1/2/01; expte. n° 1635/01, “Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ amparo”, fallado el 19/2/01;
expte. n° 1642/01, “Pasayo, Jacinta Teresa c/ Aguas Argentinas S.A. s/ amparo”,
fallado el 26/4/01, entre otros; ver, asimismo, Revista La Ley 1996-B, p. 732).
XIII- En lo que concierne al interés público comprometido, estimo
que la medida solicitada no sólo no afecta dicho interés público, sino que lo
preserva, en tanto lo que se pretende es que se cumpla con las resoluciones
administrativas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Por lo demás,
tampoco merece mayor consideración lo expuesto por el demandado sobre el
particular aduciendo que el poder judicial no debe pronunciarse sobre el acierto o
desacierto de una política pública implementada por el Estado Nacional y
establecida por el Ministerio de Salud en ejercicio de su poder de policía sanitaria,
toda vez que, tal como se indicó más arriba, no se encuentran en debate las
facultades discrecionales de la Administración en relación a esta materia, sino la
conformidad de la conducta material del demandado con las leyes y reglamentos
que rigen en este ámbito.
Como consecuencia de todo lo expuesto, estimo que corresponde
acoger favorablemente la petición cautelar. Ahora bien, toda vez que la medida
comprende, por una parte, al caso individual de la niña J.B., y por otro a un
colectivo que fue delimitado por la actora como aquel que comprende a los niños
de 11 años de edad de la Provincia de Buenos Aires, los destinatarios de la
protección cautelar serán los señalados por el colectivo indicado.
En tales condiciones, y atento lo peticionado por los demandantes,
habrá de decretarse una medida precautoria ordenando al Estado Nacional, hasta
tanto se dicte sentencia definitiva, que se abstenga de suspender la Resolución
10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la vacunación contra el
meningococo a los menores de 11 años de edad de la Provincia de Buenos Aires y
en particular a la niña J.B. actora en estos autos.
Por lo expuesto,

RESUELVO:
1) Decretar una medida cautelar por la que se ordena al Estado
Nacional (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación), hasta tanto se
dicte sentencia definitiva, que se abstenga de suspender la Resolución 10/2015 del
Ministerio de Salud de la Nación en relación a la vacunación contra el
meningococo a los menores de 11 años de edad de la Provincia de Buenos Aires.
2) En particular, la medida que se ordena implica que, respecto de
J.B., el demandado deberá acceder a vacunar gratuitamente a la niña, facilitando
los medios necesarios para hacerlo, en un término no mayor a diez (10) días, en el
Hospital Subzonal Especializado Elina de La Serna de Montes de Oca (Ex Casa
del Niño) ubicado en calle 8 e/ 41 y 42 n°483 de La Plata o en la dependencia que
la demandada designe.
3) Líbrese oficio al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación, a fin de comunicar la medida dispuesta, previa caución juratoria que
prestarán por Secretaría la representante de la menor J.B. y el de la asociación
AJUS para responder por los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar,
de acuerdo a lo prescripto en el art. 199 del C.P.C.C.N.
Protocolícese y notifíquese a las partes, al Defensor Oficial y al
Ministerio Público Fiscal a los efectos que estime correspondan. Comuníquese al
Registro Público de Procesos Colectivos.

ADOLFO GABINO ZIULU
JUEZ FEDERAL
Fecha de firma: 17/10/2018
Firmado por: ADOLFO GABINO ZIULU, JUEZ FEDERAL

 

Resolución de vacunación, ministerio de salud

 

Ministerio de Salud

SALUD PÚBLICA

Resolución 10/2015

Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Incorporación.

Bs. As., 9/3/2015

VISTO el expediente N° 1-2002-1346/15-8 y la Resolución n° 776 del 30 de abril de 2010 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial N° 776/10 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES.

Que la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), manifestada más frecuentemente como meningitis bacteriana y sepsis fulminante o meningococcemia, constituye un importante problema de salud pública debido a la alta morbimortalidad que presentan los individuos que sufren estas infecciones.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) reconoce la importancia de esta enfermedad y la utilidad de la vacunación como medida de prevención primaria, en cuanto los serogrupos incluidos en la vacuna se encuentren adecuados a la epidemiología local.

Que, mundialmente, la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), es una de las enfermedades infecto-contagiosas más graves y con mayor tasa de secuelas permanentes, no reversibles.

Que en Argentina se registran 200-300 casos de la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), por año, reflejando una tasa de incidencia de 0,7-0,75 casos/100.000 habitantes, los cuales afectan principalmente a niños menores de CINCO (5) años de edad, con mayor impacto en la población infantil que incluye a menores de DOCE (12) meses (incidencia aproximada de CATORCE (14) casos/100.000 habitantes).

Que el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de los menores de UN (1) año de edad afectados por esta enfermedad se concentran en la franja etaria que abarca a los lactantes menores de NUEVE (9) meses de vida, lo que hace fundamental la implementación de una medida de prevención primaria en lactantes pequeños.

Que, acorde a los datos obtenidos de la vigilancia epidemiológica nacional, no se observa un aumento de la incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), en adolescentes a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo.

Que la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), requiere asistencia médica y hospitalización en el CIEN POR CIENTO (100%) de los casos dada su evolución clínica rápida y devastadora, requiriendo en muchos casos de cuidados médicos intensivos y/o de asistencia médica multidisciplinaria y prolongada en caso de sobrevida con presencia de secuelas.

Que anualmente se registran en Argentina un total de VEINTE (20) a TREINTA (30) fallecidos por esta causa, reflejando una mortalidad del DIEZ POR CIENTO (10%) y una tasa de letalidad estimada en SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5%).

Que la gravedad que la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), presenta, se evidencia no sólo por una alta tasa de mortalidad, sino también por altas tasas de complicaciones y secuelas permanentes, graves e irreversibles (10-20%) principalmente neurológicas (pérdida de la audición, convulsiones, hidrocefalia, retraso madurativo neurológico) como también secuelas físicas invalidantes (por ejemplo la amputación de miembros).

Que si bien existen distintos serogrupos de Neisseria meningitidis, el B y el W representan los serogrupos predominantes en Argentina, superando el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los aislamientos y repitiéndose este patrón en los últimos años.

Que la vacunación es la medida de prevención primaria más eficaz para evitar la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), por los serogrupos incluidos en la vacuna, y para disminuir así la carga de enfermedad en los grupos más afectados.

Que en la actualidad se dispone de vacunas conjugadas contra los serogrupos A, C, Y, W de Neisseria meningitidis, seguras, eficaces, y pausibles de ser administradas a menores de DOS (2) años logrando alta inmunogenicidad.

Que en la actualidad no se dispone de una vacuna contra meningococo serogrupo B para ser administrada en menores de DOS (2) años.

Que con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y las sociedades científicas (Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica), se propone introducir la vacuna contra meningococo (que incluye al serogrupo W) al Calendario Nacional de Vacunación, en forma prioritaria, con el objetivo de controlar la enfermedad y disminuir las complicaciones y mortalidad por la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), impactando fundamentalmente en los grupos etarios que presentan la mayor carga de enfermedad.

Que en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln) y las sociedades científicas (Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica), se propone incluir al Calendario Nacional un esquema de vacunación conformado por DOS (2) dosis (3 y 5 meses) y un refuerzo luego del primer año de vida (15 meses).

Que existe evidencia científica que demuestra la no inferioridad del esquema 2+1 (respecto del 3+1), para los serogrupos C, W e Y basada en el porcentaje de niños con títulos de anticuerpos protectores mediante hSBA (> 1:8), y de no inferioridad para todos los serogrupos basado en GMTs.

Que al ser administrada a los 3, 5 y 15 meses de edad se evita la coincidencia temporal con otras múltiples vacunas inyectables incluidas en el calendario oficial a los 2, 4 y 12 meses, favoreciendo la adherencia de la comunidad y el equipo de salud a la estrategia con el objeto de lograr elevadas coberturas de vacunación.

Que en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln) y las sociedades científicas (Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica), se propone también la vacunación de adolescentes, a los ONCE (11) años de vida, con esquema de dosis única.

Que el objetivo, incorporar la vacunación antimeningocócica en adolescentes consiste en disminuir la portación orofaríngea de la bacteria en la población vacunada, y así contribuir a la disminución de la incidencia de la enfermedad en el grupo más vulnerable (especialmente los niños menores de dos meses, para los cuales no se cuenta con una vacuna).

Que esta estrategia ofrecería no sólo la protección directa del grupo vacunado, sino también la protección indirecta que genera la disminución en la trasmisión del germen.

Que favorecer el acceso a la vacuna contra meningococo a los niños de todos los estratos sociales constituye un importante signo de equidad.

Que la vacuna contra meningococo es segura y efectiva para prevenir la enfermedad grave por los serogrupos incluidos en la vacuna y sus complicaciones.

Que una vacuna segura y efectiva es la medida de control más adecuada y las poblaciones más vulnerables serían beneficiadas.

Que existen laboratorios productores de vacuna contra meningococo aprobados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MEDICA – ANMAT.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

Artículo 1° — Incorpórese al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, con carácter gratuito y obligatorio, a partir del año 2015, la vacunación contra meningococo en niños mayores de TRES (3) meses de edad con esquema 2+1, a los 3, 5 y 15 meses de vida y en adolescentes con esquema de dosis única a los ONCE (11) años de edad.

Art. 2° — Intégrese al CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN la inmunización con la vacuna contra meningococo. En los casos de niños con esquemas incompletos se procederá a completar los mismos.

Art. 3° — Para la administración de la vacuna a los niños comprendidos en esta resolución no se requerirá la presentación de una orden médica.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Daniel G. Gollan.

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