Responsabilidad de la empresa de seguridad privada

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Muchos contratan una empresa de seguridad privada ante los robos que crecen.  Qué pasa cuando hay un hecho de inseguridad y ¿hasta qué punto esta empresa es responsable civil por un hecho de un tercero?

La responsabilidad civil de la empresa de seguridad privada

Una usuaria del servicio de seguridad privada sufrió un robo en su vivienda en el año 2012. El slogan de esta empresa decía “cuando usted se conecta al servicio de alarmas monitoreadas de nuestra empresa puede disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365 días del año…”.

Al final, sufrido el robo, la usuaria lo denunció alegando que “no era cierto puesto que la empresa verificaba el correcto funcionamiento del servicio sólo una vez por semana y no los 365 días del año” y que “no había advertido la falla del sistema -producto del corte de la línea telefónica- como tampoco había informado el siniestro acaecido en su domicilio”.

Finalmente, en mayo de 2015, defensa del consumidor dictó la disposición donde consideró que la compañía denunciada “no había logrado acreditar el cumplimiento de lo publicitado” y que “la no incorporación en el contrato de las precisiones formuladas en los prospectos, configuraba una clara infracción al artículo 8º de la Ley 24.240”. La empresa apeló la multa.

En primer lugar, el juez consideró que “la información contenida en un aviso publicitario debe ser lo suficientemente clara para no hacer incurrir en equívocos al consumidor. Ello, ya que si con posterioridad a la contratación del servicio, la recurrente pretende realizar una interpretación que difiere con el aviso publicado y que resultan perjudiciales al consumidor, nos encontraríamos en presencia de una publicidad engañosa (…)”.

Luego, destacó que la empresa “no acompañó prueba alguna que permita concluir que la publicidad resultaba conteste con el argumento que pretende esgrimir, como tampoco que haya cumplido con la garantía y seguridad promocionada“.

Además, los jueces señalaron que “no puede perderse de vista que la publicidad agregada a las actuaciones administrativas consistía en que, una vez contratado el servicio, el cliente ‘podía disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365 días del año…”, circunstancia que permitía lógicamente presumir que las viviendas se encontraban vigiladas permanentemente.

Sin embargo, la usuaria no sufrió el corte de la línea telefónica- “como tampoco el siniestro acontecido en el domicilio de la usuaria denunciante”. En consecuencia, concluyó que “la sanción impuesta a la recurrente resulta congruente con la infracción cometida“.

Finalmente, la empresa de seguridad privada deberá abonar una multa de 30 mil pesos por infracción al artículo 8º de la Ley n.° 24.240 y, asimismo, la obligación de publicar la mencionada disposición en el diario “Clarín”.

 

Multa por la falta de instalación de un sistema de alarmas

En otro precedente judicial, el usuario contrató con la empresa referida por medio de la solicitud de servicio 163602 “la entrega en comodato de equipos de seguridad, quedando a cargo de Prosegur la instalación y conexión de los mismos” para un inmueble ubicado en la calle Ramallo 2000 de esta Ciudad, por el que abonó la suma de seiscientos noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($697,56).

Sin embargo, agregó, “[e]l tiempo transcurrió sin que personal alguno perteneciente a la empresa se hiciera presente en el domicilio indicado, ni hiciera efectivo rechazo alguno al contrato pactado” (v. fs.2, 6º párr., del EA). Afirmó que el 20 de febrero de 2009 se acercó a las oficinas de Prosegur para solucionar el problema referido y se sorprendió al ser informado que cualquier tipo de reclamo debía hacerse en forma telefónica.

En esa línea, puntualizó que tras múltiples e infructuosos intentos, finalmente logró hablar con personal de la empresa, que le explicó que las demoras solían ser normales pero que registraría el reclamo a fin de que a la brevedad algún agente de la empresa se presentase en su domicilio a fin de cumplir con la prestación solicitada. A lo que añade, que ello no ocurrió lo que motivó sucesivos llamados que culminaron con la misma respuesta.

Cansado de esperar, explicó, el 8 de septiembre de 2009 envió un fax a la empresa por medio del cual solicitó la baja de la solicitud de servicio aludida, así como la restitución del dinero, lo que motivó que le informaran que su reclamo sería satisfecho en carácter urgente. Por todo ello, afirmó, es que el 20 de octubre de 2009 presentó su denuncia ante la Dirección General de Protección y Defensa al Consumidor a fin de obtener el reintegro de su dinero, con más sus intereses, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

Ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio se le imputó a la empresa la infracción al art. 19 de la ley 24.240, así como también se puso en su conocimiento la posibilidad de determinar, al momento de resolver, la existencia de daño directo. Como defensa expuso que:”la alarma no se terminó de instalar y poner en funcionamiento en el domicilio de la requirente, toda vez que [.] no había total acuerdo entre la requirente y el departamento técnico de mi mandante, sobre algunos puntos relacionados con la instalación del sistema, especialmente con la ubicación”.

Finalmente, los jueces multaron a la empresa y ordenaron indemnizar al usuario como consecuencia de su incumplimiento contractual, dado que, si bien la demandada y el denunciante llegaron posteriormente a un acuerdo, lo cierto es que es se comprobó el desinterés por parte de la empresa en instalar el equipo de alarmas que había convenido, configurando una infracción a la ley de defensa del consumidor por la simple verificación de la acción calificada de ilícita, sin necesidad de daño o culpa en concreto.

Es que la ley 24240 de protección al consumidor establece infracciones formales, por lo que la simple verificación de la acción calificada de ilícita hace nacer la responsabilidad del infractor y no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley, sin que pueda ser causa exculpatoria el hecho que haya mediado error.

 

Anexo con la sentencia completa sobre empresa de vigilancia y seguridad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de
dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados “PROSEGUR ACTIVA
ARGENTINA SA Contra GCBA Sobre RECURSO DIRECTO SOBRE
RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”, Expte. 11102/2015-
0. Practicado el sorteo, y conforme la nueva integración del tribunal, resultó que la
votación debía realizarse en el siguiente orden: Esteban Centanaro, Carlos F. Balbín y
Mariana Díaz.
A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo:
RESULTA:
1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud
del recurso directo interpuesto por la empresa Prosegur Activa Argentina SA. (en
adelante, Prosegur) contra la Disposición DI-2015-543-DGDYPC dictada por la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de esta Ciudad –
autoridad de aplicación-, a través de la cual se impuso a la aquí actora una multa de
pesos treinta mil (30.000) por la infracción al artículo 8º de la Ley 24.240 y,
asimismo, la obligación de publicar la mencionada disposición en el diario “Clarín”.
2. Las referidas actuaciones administrativas se iniciaron a raíz de la denuncia
que había realizado la señora S. A. B. ante la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor de esta Ciudad, con sustento en el incumplimiento de los términos de la
publicidad emanada de la empresa sumariada.
En ese contexto, la denunciante relató que, en el mes de agosto de 2007, había
adquirido el servicio de alarma monitoreada de la empresa Prosegur, bajo el
eslogan “[c]uando usted se conecta al servicio de alarmas monitoreadas de PROSEGUR
ACTIVA, puede disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365
días del año…” (v. fs. 2 del exp. adm.). Sin embargo constató, como consecuencia del
robo ocurrido en su vivienda en enero de 2012, que ello no era cierto puesto que la
empresa verificaba el correcto funcionamiento del servicio sólo una vez por semana y no
los 365 días del año.
Asimismo destacó que la sumariada no había advertido la falla del sistema –
producto del corte de la línea telefónica- como tampoco había informado el siniestro
acaecido en su domicilio. Por lo expuesto solicitó, ante la autoridad de aplicación, una
compensación económica por las pérdidas materiales sufridas.
3. Finalizadas las diligencias sumariales, la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor -en fecha 19 de mayo de 2015- dictó la disposición aquí
recurrida. Para decidir como lo hizo, consideró que la empresa denunciada no había
logrado acreditar el cumplimiento de lo publicitado. En tal sentido señaló
que “…mientras el sistema se promociona como infalible en el prospecto citado […] del
contrato surge que esa afirmación no resulta aplicable a todos los sistemas de alarma, y
en particular no resulta aplicable al contratado por la denunciante” (v. fs. 204 vta. del
exp. adm.).
Por último sostuvo que la no incorporación en el contrato de las precisiones
formuladas en los prospectos, configuraba una clara infracción al artículo 8º de la Ley
24.240.
4. Contra dicha resolución, Prosegur interpuso el presente recurso directo, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11 de la Ley 757 (v. fs.
1/10).
Su crítica, en apretada síntesis, giró en torno a explicar el funcionamiento del
sistema, sus características y las condiciones del contrato suscripto. Asimismo afirmó
haber cumplido acabadamente sus obligaciones, como también el deber de información.
Finalmente citó jurisprudencia en sustento de su postura, ofreció prueba e
hizo reserva del caso federal.
5. Conferido el pertinente traslado, a fs. 48/54 vta. el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) contestó los agravios de su contraria y,
por los argumentos allí vertidos, solicitó el rechazo del recurso interpuesto.
5.1. A fs. 55 se dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones.
Transcurrida la etapa probatoria, se pusieron los autos a disposición de las
partes para que aleguen sobre el mérito de la prueba, carga que ha sido cumplida por la
recurrente (v. fs. 138/142).
6. A fs. 143 se llamaron los autos al acuerdo.
Finalmente, a fs. 144 se hizo saber a las partes la nueva integración del
tribunal.
CONSIDERANDO:
7. En primer término, corresponde recordar que los jueces no se encuentran
obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer
referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean
“conducentes” para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 CCAyT y Fallos:
272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros).
Previo al tratamiento de los fundamentos expuestos en el presente recurso
directo, resulta conveniente recordar que el marco jurídico que rige la relación de
consumo, tiene en miras la protección del consumidor o usuario, es decir, de las personas
físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio
o de su grupo familiar o social.
Este régimen protectorio encuentra asidero en nuestra Constitución Nacional
que prevé que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios…” (art. 42 CN, 1º y 2° párrafo).
Del mismo modo, la Constitución local dispone en los párrafos 1º y 2° del
artículo 46 que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el
control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio
de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la
ley determine como inadecuadas…”.
En esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante,
CSJN) entendió que “…la ley 24.240 de Defensa del Consumidor fue sancionada por el
Congreso de la Nación, dentro de las facultades que le otorga el art. 75, inc. 12 de la
Constitución Nacional y, según se desprende de los antecedentes parlamentarios, tuvo
por fin llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor
protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidoresrecomponiendo,
con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que
deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las
situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana…” (Fallos 324:4349).
8. Sentado lo expuesto, corresponde abordar los cuestionamientos esbozados
por la recurrente.
En concreto se agravió de la ausencia de fundamentos fácticos para sostener
el incumplimiento del artículo 8° de la Ley 24.240. Dicho artículo refiere a los efectos de
la publicidad e indica -en lo que aquí interesa- que “[l]as precisiones formuladas en la
publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por
incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente…”.
De ello, se colige que el deber de cumplir con lo convenido se relaciona
íntimamente con el deber de brindar información clara y veraz, que el usuario pudo haber
tenido en cuenta al momento de contratar los servicios prestados. En este sentido, tiene
dicho Wajntraub: “…el cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido,
¿es una opción para el proveedor? Bajo ningún concepto. Se trata de circunstancias que
deben acoplarse, en función de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la
ley (valor vinculante de las ofertas, inclusión contractual de precisiones publicitarias,
solución más favorable para el consumidor en caso de dudas…”(Wajntraub, Javier H.,
“Protección Jurídica del Consumidor”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 126, el
destacado me pertenece).
Lo dicho hasta aquí, revela la importancia de que la información contenida en
un aviso publicitario debe ser lo suficientemente clara para no hacer incurrir en equívocos
al consumidor. Ello, ya que si con posterioridad a la contratación del servicio, la
recurrente pretende realizar una interpretación que difiere con el aviso publicado (confr.
fs. 2, segundo párrafo) y que resultan perjudiciales al consumidor, nos encontraríamos en
presencia de una publicidad engañosa, en flagrante contradicción a la normativa antes
citada.
Por ello se entiende que “cuando de la publicidad y del instrumento
contractual surjan contradicciones o superposiciones acerca de un mismo supuesto, la
respuesta será clara: debemos estar a la solución que resulte más favorable para el
consumidor (art. 37, ley 24.240 y art. 1095, CCCN), por lo que el contenido expreso del
instrumento sólo será exigible cuando no sea superado por prestaciones más favorables
al consumidor recogidas o prometidas en la publicidad” (Wajntraub, Javier H. “Régimen
Jurídico del Consumidor Comentado”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2017, p.84)
En este contexto, cabe destacar que la recurrente no acompañó prueba alguna
que permita concluir que la publicidad resultaba conteste con el argumento que pretende
esgrimir, como tampoco que haya cumplido con la garantía y seguridad promocionada.
En tal sentido, Prosegur alegó, en su expresión de agravios, que “…la
protección se da los 365 días del año, las 24 hs, pero el sistema de alarmas no es
infalible (ninguna alarma lo es) y por lo tanto esa definición publicitaria se enlaza con la
limitación que propone la cláusula 6.4…” (v. fs. 2). Sin embargo, la administración al
momento de tener por configurada la infracción sostuvo que la no incorporación en el
contrato de las precisiones formuladas en los prospectos conformaba una evidente
violación al artículo 8º de la Ley 24.240 (v. fs. 204 vta.), por lo que es fácil advertir que
las manifestaciones expuestas por la recurrente no resultan concordantes con la prueba
producida como tampoco refuta los argumentos expuestos por la administración para
tener por configurada la infracción.
Ello asentado, no cabe más que rechazar el agravio bajo análisis.
9. Dicho 1o anterior, abordaré el argumento referido a la “irrazonabilidad” del
acto.
Sobre el punto, la recurrente sostuvo que “…las circunstancias particulares
del caso convierten en irrazonable la resolución impugnada” (v. fs. 7). En esa
inteligencia señaló que la administración no había valorado su conducta; puesto que no
había contemplado los servicios alternativos ofrecidos como la información suministrada
junto con las facturas (“Newsletters”).
En este contexto, cabe destacar que la mera manifestación de la vulneración a
un deber legal, sin un adecuado sustento probatorio que la respalde, no resulta suficiente
para configurar, en este aspecto, un acto arbitrario.
Del análisis de la disposición atacada y de las restantes actuaciones obrantes
en el expediente administrativo surge con evidencia que la Administración configuró el
cuadro fáctico imputado a Prosegur de forma precisa y congruente. Pues la disposición
impugnada se integra con el informe realizado por la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos en el que se detallaron los antecedentes fácticos y normativos que dan sustento
a la multa impuesta.
Por su parte, no puede perderse de vista que la publicidad agregada a las
actuaciones administrativas consistía en que, una vez contratado el servicio, el
cliente “…p[odía] disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los
365 días del año…”, circunstancia que permitía lógicamente presumir que las viviendas
se encontraban protegidas y vigiladas permanentemente. Sin embargo, la actora no ha
logrado demostrar haber advertido la falla del sistema -producto del corte de la línea
telefónica- como tampoco el siniestro acontecido en el domicilio de la usuaria
denunciante.
En razón lo antedicho cabe concluir que la sanción impuesta a la recurrente
resulta congruente con la infracción cometida; por ello entiendo que el agravio bajo
análisis no tendrá favorabIe acogida.
10. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 3°, 12,
16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley 5134 y considerando el
monto, complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica de la labor
desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, así como los montos mínimos que
establece la ley, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada del GCBA en
la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (1.530.-).
Dicho monto resulta de calcular los proporcionales correspondientes para las
etapas cumplidas con relación al valor de 10 unidades de medida arancelaria fijado en un
mil novecientos cincuenta y tres pesos por la resolución de Presidencia del Consejo de la
Magistratura N°1000/2017.
Seguidamente, corresponde regular los emolumentos profesionales a favor del
perito ingeniero interviniente, Julio Cesar Carossella, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 386 del CCAyT, en la suma de un mil quinientos pesos (1500).
Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas propongo al acuerdo que:
I) se rechace el recurso directo interpuesto y, en consecuencia, se confirme la Disposición
DI-2015-543-DGDYPC, que fuera materia de impugnación; II) se impongan las costas a
la actora vencida [art. 62 del CCAyT]; III) se regulen los honorarios de la dirección
letrada del GCBA en la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (19.530.-) y los
del perito ingeniero en la suma de pesos un mil quinientos (1500.-).
Así voto.
A la cuestión planteada el Dr. Carlos F. Balbín dijo:
I. Adhiero, por los fundamentos allí expuestos, al voto del juez Esteban
Centanaro, a excepción de la estimación de los emolumentos del perito ingeniero
interviniente, Julio César Carosella.
II. Con relación a ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386
del CCAyT y las pautas aplicables para la ponderación de los emolumentos, y
considerando el mérito de la labor profesional y la importancia de la gestión, así como la
proporcionalidad y adecuación que han de mantener los honorarios de los peritos y demás
auxiliares de la justicia con los de los letrados –que actúan durante todo el proceso y en
sus distintas etapas– corresponde, a efectos de conformar mayoría, regular los
emolumentos del señor Julio César Carosella en la suma de pesos tres mil ($ 3.000.-).
Atento a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de
compartirse este voto: a) se rechace el recurso interpuesto; b) se impongan las costas a la
parte actora vencida (art. 62, CCAyT); y c) se regulen honorarios profesionales
intervinientes de acuerdo a lo expuesto en el punto 10 del voto del juez Esteban
Centanaro, con excepción a los emolumentos del perito ingeniero, que se estiman de
acuerdo al considerando II de este voto.
A la cuestión planteada, la Dra. Mariana Díaz dijo:
1. Adhiero al voto del juez Esteban Centanaro, con excepción de lo resuelto
en el considerando 10.
2. En lo relativo a los honorarios profesionales, por las actuaciones que ante
esta instancia realizó la letrada de la parte demandada, corresponde señalar que el
régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por una lado, a partir de
porcentajes calculados sobre el monto del pleito y aranceles mínimos que postula como
infranqueables (arts. 17, 23, 24, 26, 34, 60 de la ley Nº5134).
Por otro, el sistema también consagra el principio de proporcionalidad pues
en la ley se establece que se tendrá en cuenta al regular los honorarios, las etapas
cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su
complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (arts.
17 y 29 de la ley Nº5134). Tales pautas, indican que la validez de la regulación no
depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas pues debe existir adecuada
relación entre la labor desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos:
239:123; 251:516; 256:232, entre otros).
Así, el acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado representa
el derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la obligación del
condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede provocar la invalidez de la
regulación cuando la aplicación mecánica de las escalas o los mínimos legales excedan la
retribución que justifican las tareas realizadas conforme la importancia del pleito.
La interpretación propiciada busca otorgar al régimen normativo aplicable
una hermenéutica que concilie sus previsiones con los derechos de las partes que
aparecen comprometidos. De esta forma, se evita que la competencia judicial para fijar
honorarios quede injustificadamente recortada, sin generar por ello un sistema que
abrogue el régimen general, pues se trata de supuestos de excepción que exigen
demostrar por qué acorde con las circunstancias de cada caso se justifica el apartamiento
de las escalas o mínimos aplicables para evitar el menoscabo del derecho del obligado al
pago (art. 60 de la ley Nº5134).
Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el monto del asunto, la
complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión
y calidad de la labor desarrollada, corresponde regular los honorarios de la representación
letrada de la parte demandada en la suma de siete mil quinientos pesos (7500), de
conformidad con lo previsto en los arts. 16, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la ley
Nº5134.
En caso de resultar la letrada responsable inscripta en el impuesto al valor
agregado, a la suma regulada, deberá adicionarse la que resulte de la aplicación de la
alícuota del mencionado impuesto.
Finalmente, corresponde regular los emolumentos profesionales a favor del
perito ingeniero interviniente, Julio Cesar Carossella, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 386 del CCAyT, en la suma de tres mil pesos (3000).
3. Por las razones dadas, propongo al acuerdo que, en caso de compartir mi
voto: i) se rechace el recurso directo interpuesto por la parte actora; ii) se impongan las
costas a la recurrente (cf. art. 62 del CCAyT), y iii) se regulen los honorarios de la letrada
apoderada de la parte demandada y del perito ingeniero interviniente, de conformidad con
lo expuesto en el punto 2.
En mérito de la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I) Rechazar
el recurso directo interpuesto y, en consecuencia, confirmar la Disposición DI-2015-543-
DGDYPC, que fuera materia de impugnación; II) Imponer las costas del proceso a la
actora vencida [art. 62 del CCAyT]; III) Regular los honorarios de la dirección letrada del
GCBA en la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (19.530.-) y los del perito
ingeniero en la suma de pesos tres mil (3000.-).
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y, oportunamente,
archívese.
Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Carlos F. Balbín
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

Ley regulatoria de la seguridad privada

Buenos Aires, 06 de diciembre de 2005.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

 

Título I
Objeto. Definiciones

Artículo 1°.- Objeto: la presente ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada: vigilancias, serenos, custodias y seguridad de personas y/o bienes, por parte de personas físicas o jurídicas privadas, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que efectúan la prestación en dicho territorio.

Artículo 2°.- Definición: a los efectos de la ley se entiende por servicios de seguridad privada: las prestaciones mencionadas en el artículo anterior que brindan personas físicas y/o jurídicas habilitadas por la presente ley, contratadas por personas físicas, o personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan.

Artículo 3°.- Tipos de servicios. Definiciones:

Servicios con autorización de uso de armas de fuego:
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos: el que tiene por objeto el acompañamiento y la protección de personas y/o bienes en la vía pública, y en los lugares en que estos se depositen.
Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso de público: el que tiene por objeto resguardar la seguridad de personas y de bienes en espacios privados cerrados, con control e identificación de acceso de personas.
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego:
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público: el que tiene por objeto la seguridad de personas y de bienes en espacios privados de acceso público con fines diversos.
Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación.
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
Título II
De los prestadores

Artículo 4°.- Prestadores. Pueden ser:

Personas físicas sólo autorizadas para desempeñar la actividad por sí mismas.
Personas jurídicas y personas físicas con autorización para contratar personal.
Quedan expresamente excluidas las asociaciones y fundaciones.

Artículo 5°.- Prestadores a título personal: los prestadores que desempeñan la actividad por sí mismos, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer estudios secundarios completos.
Ser ciudadano argentino o con dos años de residencia efectiva en el país.
Ser mayor de veintiún (21) años.
Denunciar el domicilio real, y constituir domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Obtener certificado de aptitud psico-técnica, emitido por autoridad sanitaria pública, o por establecimiento privado reconocido por la autoridad pública nacional o local de sanidad.
Tendrá un (1) año de validez y la reglamentación establecerá los requisitos a ser cumplidos en la evaluación psico-técnica.
Obtener certificado de capacitación técnico-habilitante, correspondiente a la actividad, otorgado por establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial, de acuerdo a lo que la autoridad de aplicación determine.
No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos.
No haber sido condenado, en el país o en el extranjero por delito doloso, que constituya delito en nuestra legislación.
No revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, ni de organismos de inteligencia.
No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el Inciso anterior, a excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas, políticas, o discriminatorias.
Contar con un seguro de responsabilidad civil, actualizable anualmente que cubra expresamente la actividad de seguridad privada.
Cuando los servicios se presten con autorización para usar armas de fuego, deberán cumplir además con los requisitos exigidos en el art.12.
Artículo 6°.- Prestadores con autorización para contratar personal. Deben cumplir con los siguientes requisitos:

Denunciar el domicilio real y constituir domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Contar con un seguro de responsabilidad civil, actualizable anualmente que cubra expresamente la actividad de seguridad privada.
Acreditar solvencia patrimonial suficiente para prestar los servicios regulados en la presente ley acorde a las exigencias que se determinen en la reglamentación.
Reunir los requisitos edilicios y de seguridad en los mismos que la reglamentación determine.
Presentar una declaración jurada conteniendo nómina de los socios y/o miembros, integrantes de los órganos de administración y representación de las personas jurídicas con especificación del porcentaje societario de cada uno.
Acreditar la designación de un director técnico y en su caso la designación de un director técnico suplente.
Artículo 7°.- Requisitos para vigilancia electrónica: los prestadores que incluyan en sus servicios los descriptos en el art. 3°, punto 2, inc. d), deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos específicos:

Designar un responsable técnico, graduado universitario en ingeniería electrónica, sistemas, programación, comunicaciones o carrera afín; en este último supuesto será la autoridad de aplicación mediante resolución fundada, quien apruebe la presentación de títulos de nuevas carreras de grado que sea menester.
El director técnico podrá acreditarse como responsable técnico, si cumple con los requisitos de idoneidad suficientes para desempeñarse en ambos cargos simultáneamente.
Contar con certificados de aprobación de las instalaciones, emitidos por autoridad competente, de acuerdo a lo que la reglamentación determine.
Artículo 8°.- Socios e integrantes de órganos de representación y administración: los socios, miembros y/o integrantes de los órganos de administración o representación, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Denunciar el domicilio real.
Constituir domicilio legal. El domicilio constituido de los socios, representantes y/o administradores de la sociedad será el mismo que el de la persona jurídica.
No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos.
No haber sido condenado, en el país y/o en el extranjero por delito doloso, que constituya delito en nuestra legislación, durante el tiempo que dure el registro de la condena.
No revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, ni de organismos de inteligencia.
No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el Inciso anterior, a excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas, políticas, gremiales o discriminatorias.
Título III
Prohibiciones y obligaciones de los prestadores

Artículo 9°.- Prohibiciones: los prestadores tienen expresamente prohibido:

Prestar servicios en los espacios públicos, salvo que estuvieran concesionados y fueran expresamente autorizados por la autoridad de aplicación. No se considera prestado en espacios públicos cuando se trate de custodias personales o de mercadería en tránsito. La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a cumplir para cubrir estos servicios.
Prestar servicios de seguridad no autorizados y/o alterando el alcance de las definiciones del art. 3°.
Prestar servicios sin contar con la habilitación vigente para el rubro específico.
Prestar servicios en objetivos no denunciados ante la autoridad de aplicación.
Ejercer tareas de investigación.
Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos o gremiales.
Dar a conocer a terceros la información de la que tomen conocimiento por el ejercicio de la actividad, sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como de los bienes o efectos que custodien.
Interceptar o captar el contenido de comunicaciones, ya sean postales, telefónicas, telegráficas, radiofónicas, por télex, facsímil o cualquier otro medio de transmisión de voces, imágenes o datos a distancia.
Utilizar nombres o siglas similares a las que utilizan instituciones oficiales o no registradas ante la autoridad de aplicación.
Utilizar armas en los lugares indicados en el artículo 3°, Inciso 2, apartados a), b), y c).
Artículo 10.- Obligaciones – Los prestadores se encuentran obligados a:

Poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial, todo hecho delictivo de acción pública del que tomen conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad.
Tramitar anualmente la renovación de la habilitación con una antelación no inferior a los 30 días de su vencimiento.
Denunciar ante la autoridad de aplicación, toda variación del domicilio real y legal dentro de los diez (10) días de producido.
Denunciar ante la autoridad de aplicación toda cesión o venta de cuotas o acciones societarias, así como toda modificación en la integración de los órganos de administración y representación, dentro del plazo de treinta (30) días de producidas.
Llevar los siguientes libros-registro, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación, los que deberán conservarse por un plazo mínimo de diez (10) años; sin perjuicio de los exigidos por la legislación vigente.
1. Libro de personal: en él deben asentarse las altas y las bajas del personal habilitado de la prestadora, debiendo comunicarse dichos movimientos a la autoridad de aplicación, dentro de las setenta y dos (72) horas corridas de producidos.
2. Libro de novedades: en él deben asentarse los objetivos protegidos, movimientos del personal afectado a cada uno de ellos, actividades realizadas, y en su caso, las armas de fuego y municiones que se afecten a cada uno. Toda modificación en los objetivos debe comunicarse a la autoridad de aplicación dentro de las setenta y dos (72) horas corridas de producida la misma.
Proveer a su personal de uniformes, vehículos y/o material que serán notoriamente diferentes del que utilizan las instituciones oficiales. La reglamentación establecerá las características generales de los uniformes, así como la identificación de los vehículos afectados a la actividad.
Acreditar la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento periódico permanente para el personal, en la forma que establezca la reglamentación.
Artículo 11.- Credencial habilitante. Toda persona que se desempeñe en cualquiera de los servicios comprendidos en la presente ley, deberá tener consigo la credencial que acredite su alta en el registro para desarrollar la actividad, y la deberá exhibir cada vez que le sea requerida por autoridad competente. En los lugares de acceso público donde se presten servicios de seguridad, se deberá portar permanentemente en forma visible.

Título IV
Armamento

Artículo 12.- De las armas: las personas físicas o jurídicas solamente podrán utilizar las armas de fuego que hayan cumplido con todos los recaudos exigidos por el Registro Nacional de Armas -RENAR-, debiendo registrarse como de uso colectivo.

La autoridad de aplicación podrá establecer uso y restricciones de las armas a utilizarse, de acuerdo a las características de los objetivos y/o funciones a desarrollar.

Título V
Del personal

Artículo 13.- Requisitos. El personal contratado por los prestadores deberá cumplir con los requisitos establecidos en el art. 5°, Incisos a), b), c), e), f), g), h), i), j) y con el art. 23 de la presente ley.

La reglamentación establecerá la forma de presentación de los legajos de personal, por parte de las prestadoras.

Si cuenta con autorización para el uso de armas deberá acreditar además, su registro en la categoría de Legítimo Usuario de Armas del Registro Nacional de Armas – RENAR – y que se encuentra autorizado para la portación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional N° 20.429 y su Decreto Reglamentario N° 395/75.

Artículo 14.- Obligaciones: el personal tiene las siguientes obligaciones:

Llevar consigo la credencial que acredite su habilitación debiendo exhibirla cada vez que le sea requerida. La misma contendrá como mínimo: denominación de la empresa, foto, apellido y nombre de la persona, número de registro de inscripción o alta otorgado por la autoridad de aplicación y vigencia.
Cumplir los servicios conforme a los principios de dignidad, protección y trato correcto de las personas.
Realizar los cursos de capacitación y entrenamiento que establezca la reglamentación.
Portar únicamente las armas que le suministre el empleador y sólo durante la prestación de los servicios, una vez finalizados deberá reintegrarlas a la custodia del Director Técnico.
Título VI
Del prestatario

Artículo 15.- Prestatario. Requerimiento: el prestatario de los servicios, previo a la contratación, debe requerir al prestador un certificado que acredite la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación.

Artículo 16.- Exhibición del contrato: el prestatario deberá exhibir el contrato vigente celebrado con la prestadora de seguridad, toda vez que le sea requerido para su control por la autoridad de aplicación.

Título VII
Del Director Técnico

Artículo 17.- Requisitos: el Director Técnico debe ser idóneo en seguridad. A dicho fin se requiere que posea título universitario o terciario en materia de seguridad, reconocido por la autoridad educativa correspondiente. Deberá cumplir además, con los requisitos del art. 5°, Incisos c), e), g), h), i), j) de la presente ley. En su caso, acreditará que cumple con el requisito establecido a su vez en el art. 7°, inc. a).

Artículo 18.- Responsabilidad: el Director Técnico responde solidariamente con los prestadores en caso de incumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamentación.

Artículo 19.- Funciones: el Director Técnico vela por el cumplimiento de la ley en los servicios a cargo de la prestadora y, tiene las siguientes funciones ante la autoridad de aplicación:

Denunciar las novedades establecidas en el art. 10, Inciso d) cuando corresponda.
Mantener actualizado el libro de novedades y el de personal.
Denunciar altas y bajas de personal; objetivos; armas y vehículos de acuerdo a la modalidad que establezca la reglamentación.
Certificar copias de documentación del personal vigilador que la autoridad de aplicación determine.
Responder por el cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico obligatorio del personal.
Disponer la custodia de las armas que utiliza el personal en los servicios.
Título VIII
De la autoridad de aplicación

Artículo 20.- De la autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo es la autoridad de aplicación y tiene las siguientes funciones:

Habilitar con carácter previo, por un plazo no mayor a los dos (2) años y otorgar las renovaciones correspondientes, a las personas físicas y jurídicas, que desarrollen la actividad regulada por la presente ley en la Ciudad de Buenos Aires.
Inscribir en el registro y otorgar las altas del personal.
Crear y mantener actualizado un registro de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados, en el que deberán constar los objetivos protegidos.
Crear y mantener actualizado un Registro del Personal de cada prestadora.
Crear y mantener actualizado el Registro Especial de seguridad de locales de baile; o espectáculos en vivo.
Crear y mantener actualizado un Registro de las armas de fuego, inmuebles, vehículos y material de comunicaciones afectados a la actividad.
Crear y mantener actualizado un Registro de los socios y/o miembros de las personas físicas y jurídicas y de sus órganos de administración y representación.
Controlar previo a su registro, que todo el armamento y las personas físicas y jurídicas estén registrados y autorizados por el Registro Nacional de Armas, de acuerdo a la Ley N° 20.429 y su Decreto Reglamentario N° 395/75.
Controlar y autorizar la utilización de los uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos y demás materiales de las prestadoras.
Extender o autorizar el otorgamiento de la credencial de habilitación del personal.
Requerir del Registro Nacional de Armas -RENAR- dictamen previo para extender habilitaciones con uso de armas, solicitando además un informe semestral sobre el estado del armamento de las empresas habilitadas para su uso.
Certificar a pedido de parte, la habilitación de personas físicas y jurídicas.
Determinar la forma en que los libros-registros deben ser llevados, pudiendo requerir en cualquier momento la información contenida en ellos.
Llevar un registro de sanciones. ñ) Inscribir y llevar un registro de institutos de formación.
Reglamentar y controlar la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento anual.
Reglamentar las condiciones de seguridad para la custodia y la guarda de las armas y las municiones afectadas a los servicios cuando su cantidad y tipo no incluya una habilitación edilicia especial por parte de organismos competentes.
Reglamentar el uso de las armas disuasivas y medios no letales que podrán utilizarse en ejercicio de la actividad.
Controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por parte de los prestadores.
Fijar las tasas de inscripción, habilitación y trámites.
Controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Artículo 21.- Publicidad de los registros: toda persona tiene derecho a acceder a la información pública contenida en los registros que esta ley establece. La solicitud no requerirá expresión de causa. Sin perjuicio del párrafo precedente, la autoridad de aplicación publicará en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los siguientes datos:

Las condiciones de habilitación del servicio de seguridad privada.
El listado de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados y en su caso, la habilitación para el uso de armas.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren- de los socios y/o miembros de las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren-, de quienes integren los órganos de administración y representación de las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren- del personal de cada prestadora.
(*) La autoridad de aplicación actualizará los datos publicados en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en forma trimestral.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.188, BOCBA Nº 3282 del 20/10/2009)

Artículo 22.- Deber de informar: la autoridad de aplicación debe informar anualmente a la Legislatura de la Ciudad, respecto del cumplimiento y aplicación de esta ley, con mención de las prestadoras que la hubieran infringido, y las sanciones impuestas.

Título IX
De la capacitación

Artículo 23.- Capacitación: la capacitación inicial, la actualización y el entrenamiento periódico obligatorio del personal se llevarán a cabo en establecimientos públicos o privados, con sujeción a las normas que determine la autoridad de aplicación.

La capacitación referida a la eventual ejecución de medidas contra incendios, planes de evacuación, uso de extintores o prestación de primeros auxilios médicos deberá ser brindada por personal idóneo de bomberos, de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad y/o de la Cruz Roja Argentina.

La capacitación también deberá incluir la materia Derechos Humanos.

La currícula para la formación de las personas que desempeñan tareas con uso de armas de fuego, será diferenciada y se establecerán requisitos especiales en cuanto a su instrucción y entrenamiento.

Artículo 24.- Institutos de formación: los institutos de formación reconocidos oficialmente deben reunir los requisitos necesarios para garantizar el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento del personal.

Deben llevar a cabo programas permanentes, orientados a fomentar en el personal el respeto por los derechos humanos y la observancia de las garantías consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad.

La reglamentación establecerá la currícula básica para la capacitación inicial y el entrenamiento periódico, la que deberá incluir conocimientos de primeros auxilios, de los contenidos de la presente ley y en su caso, de capacitación para el uso de armas de fuego.

Título X
Régimen Especial de Seguridad en Locales de Baile, y Espectáculos en Vivo

Artículo 25.- Registro: la autoridad de aplicación llevará un Registro especial de seguridad en locales de baile; y/o de espectáculos en vivo.

En el mismo se asentarán: los objetivos incluidos en el régimen especial; el personal asignado a las tareas y en su caso la prestadora contratada para brindar servicios de seguridad.

Artículo 26.- Condiciones de seguridad: sin perjuicio del cumplimiento de la demás normativa aplicable para su habilitación y funcionamiento en la actividad comercial, todo local de baile, y/o de espectáculos en vivo deberá contar con las siguientes condiciones de seguridad:

Servicios de seguridad con una dotación de personal de seguridad proporcional a la capacidad máxima de asistentes para la cual fue habilitado. La reglamentación establecerá el mínimo de personal de seguridad por asistentes.
Sistema de circuito cerrado de televisión con grabación de imágenes exclusivamente en los lugares de ingreso y egreso de los locales. Las grabaciones deberán conservarse por treinta (30) días.
Libro de novedades: el titular o responsable a cargo del establecimiento deberá llevar un libro de novedades rubricado por la autoridad de aplicación, en el que deberá estar asentada la información correspondiente al personal asignado a las funciones de seguridad y en su caso, la correspondiente a la prestadora habilitada, y contratada al efecto, además de toda otra novedad vinculada a las funciones de seguridad.
Exhibición obligatoria de una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal asignado a la seguridad y en su caso la prestadora contratada. Quedan exceptuados de los requisitos establecidos en el inciso b), los siguientes locales de espectáculos en vivo: Teatros independientes, Peñas Folclóricas, Salones Milongas y Clubes de música en vivo.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.518, BOCBA N° 2831 del 13/12/2007)

Artículo 27.- Requisitos especiales: el titular y/o responsable de la actividad comercial incluido en el presente título podrá acreditar ante la autoridad de aplicación, personal en relación de dependencia asignado a las tareas de seguridad sin armas, cumpliendo con los siguientes requisitos especiales:

Copia de la habilitación edilicia otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde conste la cantidad máxima de concurrentes permitidos.
Inscribir la totalidad del personal afectado a la seguridad, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el art. 5°, Incisos: a); b); c); d); e), f); g); h); i) y j); acreditar la relación laboral y la capacitación inicial.
Contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubra expresamente la actividad de seguridad privada. La autoridad de aplicación actualizará periódicamente el monto de la cobertura, tomando como base el riesgo potencial de la actividad desarrollada.
Abonar el arancel respectivo por las altas correspondientes al personal.
Proveer vestimenta uniforme al personal.
Artículo 28.- Obligaciones: el personal de seguridad registrado bajo este título sólo puede cumplir funciones de seguridad en el establecimiento denunciado por su empleador. Debe cumplir, a su vez, con las obligaciones dispuestas en el art. 14, Incisos a); b) y c).

Artículo 29.- La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos de su promulgación.

El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

Artículo 30.- Deróguense las Leyes N° 118 (B.O. N° 607), N° 963 (B.O. N° 1603) y N° 1.262 (B.O. N° 1854), N° 1.651 (B.O. N° 2171) y la Ordenanza N° 51.215 de fecha 12 de diciembre de 1996 (B.O. N° 124, pág. 1.507 de fecha 29/1/97).

Artículo 31.- En todo lo que no esté previsto por esta ley se aplicará la Ley Nacional 26370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.

(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 4.855, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014)

Disposiciones transitorias

Primera:A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º, Inciso a) de la presente ley:

Establécese un plazo de diez (10) años para el personal que se encontrara prestando servicios a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley.
Exceptúase de dicho requisito a las personas que a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley tengan como mínimo cuarenta (40) años de edad siempre y cuando su actividad no implique la portación de armas de fuego.
Exceptúase de dicho requisito a las personas que a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley tengan como mínimo cuarenta y cinco (45) años de edad, que sea personal retirado de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad con más de diez (10) años de servicio.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.063, BOCBA Nº 2531 del 26/09/2006)

Segunda: a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. e), la autoridad de aplicación implementará los parámetros de evaluación psico-técnica a ser tenidos en cuenta por los institutos autorizados a extenderlos. Establécese un plazo de un (1) año para dicha implementación.

Tercera: se establece un plazo de seis (6) meses desde la fecha en que comience a regir esta ley, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el art 6°, inc. c) por parte de prestadoras con habilitación vigente.

Cuarta: la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de dos (2) años, la forma de homologación y el/los organismos públicos responsables de certificar la aprobación de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en el art. 7°, inc. b).

Quinta: la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor a los cuatro (4) años, reglamentará las características del uniforme que deberá utilizar el personal que preste servicios de seguridad privada.

Sexta: la autoridad de aplicación puede establecer, restrictivamente, excepciones al requisito del primer párrafo del art. 17, pudiendo ser exceptuadas de la obligación de contar con el título habilitante aquellas personas que se hubiesen desempeñado durante cinco (5) años en cargos directivos técnicos de empresas de seguridad habilitadas con anterioridad a la promulgación de la presente ley, o que hayan revistado con grado de oficial jefe como mínimo, en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales o Servicios Penitenciarios. Estas excepciones no pueden exceder el término de dos (2) años contados a partir de la publicación de la presente ley.

Artículo 32.- Comuníquese, etc.

FRANCISCO TALENTO

JUAN MANUEL ALEMANY

LEY N° 1.913

Sanción: 06/12/2005

Promulgación: Decreto Nº 72/006 del 11/01/2006

Publicación: BOCBA N° 2363 del 20/01/2006

Reglamentación: Decreto Nº 446/006 del 04/05/2006

Publicación: BOCBA Nº 2436 del 11/05/2006

Reglamentación: Decreto Nº 394/013 del 24/09/2013 (11, 17 y los incisos e) y f) del artículo 19 y el inciso j) del artículo 20)

Publicación: BOCBA Nº 4248 del 01/10/2013

(*) Nota: El Art. 2º de la Ley Nº 3.188, BOCBA Nº 3282 del 20/10/2009 dice: “La obligación de la autoridad de aplicación de publicar la información en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al segundo párrafo del Artículo 21, entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente ley.”

Nota: La presente Ley fue abrogada por el Art. 522 de la Ley N° 5.688, BOCBA N° 5042 del 06/01/2017.
Las Reglamentaciones mantienen su vigencia hasta tanto sean modificadas, sustituidas o derogadas por las normas de ejecución de la Ley N° 5.688, BOCBA N° 5042 del 06/01/2017, conforme Cláusula Transitoria Primera de la citada

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