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Un litigio con la ART para determinar la incapacidad laboral

| El 29, Abr 2018

El trabajador sufrió una enfermedad profesional en el trabajo, un problema de salud en su columna vertebral. La cámara laboral había condenado la empresa a pagarle al trabajador indemnización por incapacidad laboral, parcial y permanente, actualizar la suma por RIPTE y sumar intereses. Pero la corte rebajó la incapacidad y eliminó esa forma de actualización.

Cómo se determina la incapacidad en un juicio por accidente laboral

Un juicio por accidente laboral o enfermedad profesional puede demorar años. Gran parte de la demora es para determinar la incapacidad laboral, la secuela que el accidente deja al trabajador y por la cual tiene derecho a ser indemnizado. Si no hay acuerdo con el porcentaje que fija la ART, tras agotar todo el trámite administrativo de comisiones médicas, ahí recién queda abierta la vía judicial.

En este caso, el trabajador sufrió una enfermedad de la columna (presuntamente por llevar carga sin los recaudos adecuados) por el cual la cámara laboral fijó el monto indemnizatorio en $509.439. Ver la nota sobre cuánta carga puede levantar un trabajador, acá.

Este monto  actualizado por RIPTE más el adicional del 20% del artículo 3 del la lay 26773, por lo cual ascendió a $1.275.679. A ese monto le sumó intereses desde los 5 días de quedar firme la sentencia hasta el efectivo pago. El RIPTE es como un interés, como la versión UVA pero que refleja la variación salarial. Acá un ejemplo, la tasa es algo del 2% mensual, 25% anualizada.

 

 

La ART afirmó que el grado de incapacidad determinado por los jueces de cámara estaba mal calculado y eso hacía que el número final se distorsionara. Además cuestionó que la aplicación del RIPTE se haga sobre el total indemnizatorio, por eso apeló.

El litigio llevó más de seis años, desde que el actor dice haber sufrido el accidente, transitó todo el camino por la ART, las comisiones médicas y finalmente el poder judicial.

Por su parte, el trabajador pidió mayor indemnización y que para eso se tenga en cuenta la incapacidad psicológica desestimada por la cámara por considerar que no fue objeto de la demanda. Afirmó que la demanda original habilitaba la presentación de nuevas pruebas que podrían acreditar otras patologías. Reclamó además que los jueces admitieron primero la pericia psicológica y después la descartaron en la sentencia.

Los jueces de la corte mendocina entendieron que la incapacidad psicológica no fue oportunamente planteada en la demanda, y los rechazaron. Explicaron que todo lo que no aparece en el reclamo original no puede luego formar parte del litigio porque eso violaría el principio de congruencia, que funciona como límite del accionar del juez:

“La cuestión planteada conforme a los agravios alegados por el recurrente, pone en juego circunstancias que no fueron planteadas por el actor oportunamente, ya que pretende el reconocimiento de la incapacidad psicológica que no fue claramente reclamada en la demanda”.

La contestación de la demanda, dijeron, importa la “traba de la litis”, el marco de hecho y de derecho sobre el que recaerá la decisión del juez, so pena de incurrir en arbitrariedad, si con ello viola el principio de congruencia, pues éste actúa como límite objetivo del principio iura novit curia (“el juez conoce el derecho”).

Es decir, el juez no puede apartarse de lo que se había planteado originariamente. Explicaron que si aceptaran el reclamo afectarían el derecho de defensa de la empresa porque no tuvo oportunidad de contestar o rebatirlo en su momento.

En cambio, admitieron los recursos de la empresa. Analizaron los informes médicos y concluyeron que en todos los casos se hablaba de padecimientos leves, y que el porcentaje establecido de incapacidad era excesivo teniendo en cuenta lo establecido en el baremo (tabla de incapacidad):

“El baremo del Dec. 659/96 indica bajo el capítulo ‘Osteoarticular’, dentro de él ‘Columna vertebral’ y determina: ‘Lumbociatalgia con alteraciones clínicas y radiográficas y/o electromiográficas de leves a moderadas 5-10%’”.

Por ello, estimaron que la incapacidad del actor (trabajador) no puede determinarse más allá del 10% desde que en el informe radiográfico realizado en fecha cercana a la del accidente se leen adjetivos tales como “mínimos cambios degenerativos” “leve pinzamiento” Leve protusión discal”. Y entendieron que no se observan alteraciones significativas, cono medular y raíces de cola de caballo de morfología e intensidad de señal conservada, tejidos blandos paravertebrales sin particularidades. Es decir, la redujeron casi cuatro veces.

Explicaron que los informes presentados por los peritos no justificaban el grado de incapacidad declarado (38 y 44%), pero coincidieron parcialmente en la aplicación de los factores de ponderación por tipo de actividad y por edad:

“En cuanto a los factores de ponderación por tipo de actividad (del 0-15%) corresponde el 7% (coincido con el perito) y por edad, el perito determina el 2%, no obstante y teniendo presente que el actor tenía 31 años (según sentencia) y que se encuentra en el rango de la tabla que establece desde 31 años o más 0-2%, resulta razonable ubicarlo en el 1%”.

También le dieron la razón a la ART sobre la aplicación del índice de actualización RIPTE (una suerte de interés) de forma directa sobre el resultado del cálculo, y explicaron que sólo debe aplicarse a los montos adicionales:

“El reajuste dispuesto por la ley 26.773 mediante índice RIPTE sólo resulta aplicable a los montos y las compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstos en los arts. 1°, 3° y 4° del Dec. 1694/09”.

Finalmente, rechazaron los recursos presentados por el trabajador y aceptaron los de la empresa. Redujeron el monto de indemnización a $135.559 y fijaron el grado de incapacidad en 11,7%. A ese total le sumaron el 20% como pago único como compensación por otros daños, y recalcularon los intereses hasta el efectivo pago. Costas y honorarios a cargo de la empresa vencida en el juicio.

 

 

Anexo con sentencia completa sobre incapacidad y ART

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – SALA SEGUNDA
PODER JUDICIAL MENDOZA
foja: 69
CUIJ: 13-02080350-3/1((010403-151028))
ASOCIART ART S.A. EN J: 151028 “GG JUAN JOSÉ C/ ASOCIART A.R.T S.A P/
ENFERMEDAD ACCIDENTE” (151028) P/
REC.EXT.DE
INSCONSTIT-CASACIÓN
*104212928*
En Mendoza, al 23 de febrero de 2018, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de
Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-02080350-3/1,
caratulada: “ASOCIART A.R.T. S.A. EN J: 151028 “GGG JUAN JOSÉ C/ ASOCIART
A.R.T S.A P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE” (151028) P/
REC.EXT.DE
INSCONSTIT-
CASACIÓN”.
De conformidad con lo decretado a fs. 68, quedó establecido el siguiente orden de votación en la
causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal
: primero:
DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO, segundo: DR. JOSÉ V. VALERIO y tercero: DR. MARIO
DANIEL ADARO.
ANTECEDENTES
:
A fs. 9/16 se presenta Asociart A.R.T. S.A., por intermedio de su apoderado, e interpone recursos
extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia glosada a fs. 148 y sgtes. de
los autos N° 151.028, caratulados “GGG , Juan José c/ Asociart A.R.T. S.A. p/ enfermedad
accidente”, originarios de la Excma. Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial.
A 36/42 se presenta el actor, por intermedio de su representante legal, y presenta recursos
extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la misma sentencia.
A fs. 51 se ordena la acumulación a los autos N° 13-02080350-3/1 “Asociart A.R.T. S.A. en J. N°:
151.028 “GGG , Juan José c/ Asociart A.R.T. S.A. p/ Enfermedad- Accidente” p/ Rec. Ext.de
Inconstit.-Casación.”.
A fs. 61/63 se agrega el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso
aconseja el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada y la admisión
del intentado por el actor.
A fs. 68 se llama al acuerdo para dictar sentencia y se deja constancia del orden de estudio de la
causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se
plantea las siguientes cuestiones a resolver:
P R I M E R A: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?
T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO, dijo
:
I. La sentencia de Cámara hizo lugar a la demanda deducida por el actor y, en consecuencia,
condenó a Asociart A.R.T. S.A. a abonarle la suma allí determinada, correspondiente a la
indemnización del 44% de incapacidad laboral, parcial y permanente ocasionada por el trabajo, con
más intereses hasta el efectivo pago.
Para así decidir, el
a quo
argumentó:
1. Que, atento a lo dictaminado por la pericia, la incapacidad del 44% parcial y permanente
padecida por al actor debe ser indemnizada por la parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
de acuerdo con el art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
2. El trastorno depresivo mayor informado por la pericia psicológica no fue motivo de la demanda,
ni figura en el certificado médico, ni en la denuncia ante la A.R.T., por lo que no lo consideró
precedente.
3. Determinó el monto indemnizatorio en la suma de $509.439 de conformidad con el art. 14 de la
L.R.T., suma que actualizó con índice RIPTE. A dicha cuantía le agregó el adicional del art. 3 de la
ley 26.773 del 20%, llegando a la suma total de $1.275.679.
4. A ese monto le adicionó intereses de la Resolución 414/99 desde los cinco días de quedar firme la
sentencia hasta el efectivo pago.
II. Contra dicha decisión, la demandada Asociart A.R.T. S.A., interpone recursos extraordinarios de
inconstitucionalidad y de casación conforme a los agravios que se expresan a continuación.
1. Recurso de Inconstitucionalidad
a. Funda su queja en los términos del art. 150 incisos 3 del Código Procesal Civil. Cuestiona la
incapacidad determinada en la sentencia y el monto de la prestación a cargo de su mandante.
b. Afirma que la Cámara se aparta del baremo que determina el decreto 659/95 para calcular el
grado de incapacidad del actor, provocando un desequilibrio o alteración de la ecuación económica
en la que se basa la estructura de prestaciones de la ley 24.557.
c. Manifiesta que la sentencia se aparta del sistema al omitir la aplicación del decreto 472/14, que
establece la aplicación del RIPTE sobre los pisos mínimos del decreto 1694/09. Por lo tanto no
corresponde la aplicación sobre la fórmula del art. 14 de la L.R.T. como hizo el
a quo
.
2. Recurso de Casación.
a. Subsume el remedio casatorio en los incisos 1 y 2 del artículo 159 del C.P.C.
b. Se agravia por la errónea interpretación el art. 8 de la ley 26.773, aplicando el índice RIPTE de
manera directa sobre el resultado del cálculo de la prestación dineraria por incapacidad.
c. Se queja de que la Cámara dejó de aplicar los principios rectores fijados por el decreto 472/14 y
en consecuencia se apartó de las leyes 24.557 y 26.773.
III. Por su parte, el actor, interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación.
1. Encuadra el primer remedio en los incisos 3 y 4 del artículo 150 del C.P.C.
a. En primer lugar, se agravia por la desestimación de la incapacidad psicológica acreditada por
considerar que la misma no fue objeto de la demanda.
Sostiene que la Cámara yerra en dicha afirmación, toda vez que el objeto de la demanda fue
planteado en un monto determinado pero sujeto a lo que en más o en menos resulte de las pruebas a
rendirse en autos, posibilitando la acreditación de otras patologías.
b. Alega autocontradicción en tanto se admitió la prueba pericial psicológica para luego desestimar
su valoración en la sentencia.
c. Expresa que se ha omitido tomar en consideración prueba fundamental, tendiente a dilucidar una
cuestión esencial para la decisión de la causa.
2. Recurso de Casación.
a. Lo encuadra en los incisos 1 y 2 del art. 159 del C.P.C.
b. Alega errónea interpretación y falta de aplicación de los principios que rigen en materia del
derecho del trabajo y establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
c. Expresa que el Tribunal ha prescindido del principio protectorio y del principio de la verdad real
al momento de interpretar la prueba incorporada al proceso.
IV. Por una cuestión metodológica, analizaré en primer lugar los recursos interpuestos por el actor.
En tal sentido,
anticipo que daré tratamiento conjunto a ambos recursos en atención a su íntima
conexidad (LS 320-217, 349-39, 347-193, 347-209, 345-154, 347-197, 401-75, 407-98) y que, si mi
voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, los mismos no prosperarán.
1.
La cuestión planteada conforme a los agravios alegados por el recurrente, pone en juego
circunstancias que no fueron planteadas por el actor oportunamente, ya que pretende el
reconocimiento de la incapacidad psicológica que no fue claramente reclamada en la demanda.
2. De acuerdo con el criterio de esta Sala, con distinta integración, la contestación de la demanda,
importa la traba de la litis, el marco de hecho y de derecho sobre el que recaerá la decisión del juez,
so pena de incurrir en arbitrariedad, si con ello viola el principio de congruencia, pues éste actúa
como límite objetivo del principio
iura novit curia.
Quedando trabada la litis con la contestación de
la demanda, y habiéndose enmarcado la cuestión al contestar el actor el traslado del art.47 del
C.P.L., el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la relación
substancial procesal. Ello así, se ha integrado la relación procesal sustancial, lo que produce dos
efectos fundamentales, quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al
pronunciamiento del juez, sin que desde ese momento ni las partes ni el juez puedan modificarla, so
pena de violar el principio de congruencia (LS 459-119).
a. Luego de compulsar, tanto las actuaciones principales, como el remedio extraordinario
interpuesto, advierto que el recurrente introduce un elemento que en ningún momento integró la
litis, ya que el accionante nunca alegó haber sufrido una incapacidad psicológica.
b.
Tal argumento es introducido en forma sorpresiva en esta instancia, violentando el derecho de
defensa de la demandada, quien se vio privada de rebatir dicho planteo, como asimismo, tampoco
tuvo oportunidad el inferior de expedirse en torno al mismo (LS 420-62, 423-121, 424-104, 428-54,
39-21, 439-29, 439-238, 431-6, entre otros).
3.
El actor reclamó la incapacidad física derivadas de las tareas que realizaba en su trabajo, pero
nunca reclamó la incapacidad
“psíquica” que busca
introducir con la crítica recursiva. De hecho
expresa en su escrito de demanda: “
que comenzó a sufrir dolores de columna…los cuales se fueron
agravando con el correr de los años…”,
sin referirse en ningún momento a afecciones de tipo
afectivas o psicológicas. (fs. 34vta.).
4.
Es importante destacar que las pruebas a rendirse en la causa deben ser pertinentes y útiles en
relación a los hechos alegados, controvertidos y conducentes (art. 54 del Código Procesal Laboral).
No resulta apropiada una prueba que no guarda relación con la plataforma fáctica de la causa, ya
que el juez tiene limitado su conocimiento a los hechos afirmados por las partes.
En la especie, el actor debió referirse a la afección psicológica que supuestamente padecía en el
objeto y en los hechos de la demandada, para luego desarrollar la actividad probatoria tendiente a
acreditarla y permitir, de ese modo, el ejercicio regular del derecho de defensa de la parte contraria.
De lo contrario, si un hecho no fue alegado no corresponde que sea probado.
5.
En definitiva, y conforme las constancias de la causa, no surge de la traba de la litis la
reclamación de daño psíquico, por lo que se impone el rechazo de los recursos en análisis.
V. En cuanto a los planteos recursivos de la demandada considero que los mismos deben admitirse.
Daré tratamiento conjunto a ambos recursos en atención a su íntima conexidad (LS 320-217, 349-
39, 347-193, 347-209, 345-154, 347-197, 401-75, 407-98).
1. La queja vinculada con la aplicación del baremo establecido en el decreto 659/96 al sub examine
será procedente.
a.
Resulta determinante el informe radiográfico que presenta el actor, realizado por el Dr. José
Alberto ,…, en fecha 17/10/2013 donde informa que “presenta signos de espondiloartrosis con
mínimos cambios degenerativos facetario y signos de enfermedad degenerativa discal a nivel del 4°
y 5° disco intervetebral con deshidratación y leve pinzamiento de los mismos”.
Leve protusión discal posterior difusa del 4° y 5° disco intervertebral que improntan el espacio
epidural anterior sin comprometer el saco dural ni determinar estenosis de canal. Se observa leve
extensión asimérica del mismo hacia región posterolateral derecha en L5-S1 improntando en forma
leve el foramen correspondiente sin determinar estenosis del mismo.
No se observan otras alteraciones significativas a nivel del resto de discos intervertebrales, cuerpos
vertebrales y canal raquídeo.
Cono medular y raíces de cola de caballo de morfología e intensidad de señal conservada.
Tejidos blandos paravertebrales sin particularidades
b. La Comisión Médica dictaminó el 4 de mayo de 2014 que el actor sufre discopatías degenerativas
de columna lumbar, patología que poseen caracteres de cronicidad y que no tienen relación de
causalidad directa con el hecho referido.
El actor denuncia el accidente con fecha 12/12/13 y manifiesta que hace dos meses que dejó de
trabajar.
c. El Dr. Antonio Paolasso, el 29 de octubre de 2013 teniendo a la vista ese informe radiográfico y
el examen físico determina que el actor padece lumbalgia postraumática de moderada a severa y
hernias discales postraumáticas inoperables, luego determina una incapacidad del 40%.
La
pericia médica del Dr. Enrique Lucas (fs. 749 ) transcribe el informe radiográfico del Dr. José
Palau y el examen físico concluye que el actor padece lumbalgia severa y crónica que no ha
mejorado a los tratamientos instituidos
(¿cuáles?)
y concluye que padece una incapacidad del 38%
con factores de ponderación.
d. A fs. 86 el perito realiza una ampliatoria de su pericia en base al electromiograframa acompañado
a fs. 85 y sgtes. realizado el 29/5/2015 y dice que el actor padece una “radiculopatía L5-S1 bilateral
a predominio derecho marcada con escasa reinervación a través de colaterales axónica.”
El perito adiciona a la lumbociatalgia la radiculopatía aumentando su porcentaje de incapacidad de
5% a 10% en relación a su informe anterior.
e. A fs. 125 el perito contesta las impugnaciones, que en realidad simplemente rechaza y ratifica lo
ya dicho.
El baremo del Dec. 659/96 indica bajo el capítulo “Osteoarticular”, dentro de él “Columna
vertebral” y determina: “Lumbociatalgia con alteraciones clínicas y radiográficas y/o
electromiográficas de leves a moderadas 5-10%”
Por ello, la incapacidad del actor no puede determinarse más allá del 10% desde que en el informe
radiográfico realizado en fecha cercana a la del accidente se leen adjetivos tales como “
mínimos
cambios
degenerativos” “
leve
pinzamiento”
Leve
protusión discal..” improntando en
forma leve
el
foramen…
No se observan alteraciones significativas
, cono medular y raíces de cola de caballo de
morfología e intensidad
de señal conservada,
tejidos
blandos paravertebrales sin particularidades.
En base a este informe resulta infundado que el perito determine un 38% de incapacidad y que
luego amplíe la misma a 44%, en ambos casos con los factores de ponderación.
No indica en qué parte del Baremo se funda.
En cuanto a los factores de ponderación por tipo de actividad (del 0-15%) corresponde el 7%
(coincido con el perito) y por edad, el perito determina el 2%, no obstante y teniendo presente que
el actor tenía 31 años (según sentencia) y que se encuentra en el rango de la tabla que establece
desde 31 años o más 0-2%, resulta razonable ubicarlo en el 1%.
Estos factores de ponderación deben ser aplicados del modo que establece el mismo Decreto
(Factores de ponderación, punto 2. Procedimiento), por lo que deben sumarse ambos porcentajes
0,7 + 1 = 1,7 de lo que resulta que debe adicionarse el 1,7 % al porcentaje de incapacidad
determinado, de ello resulta un total de 11,7%, que es la incapacidad que corresponde determinar
conforme el Baremo.
En consecuencia propongo al acuerdo, la admisión del presente agravio.
2. El agravio relacionado con la aplicación del índice RIPTE a la fórmula del art. 14 de la L.R.T.,
prescindiendo de lo determinado por el decreto 472/14, también resulta procedente.
a. La cuestión planteada ha sido resuelta por este Superior Tribunal en el fallo dictado recientemente
en los autos
N° 13-02083457-3/1, caratulados “Provincia A.R.T. S.A. en J: N° 151.112: “Romano
Luis Emilio c/ Provincia A.R.T. S.A. p/ Accidente” p/ Recurso Ext. de Casación”, sentencia de
fecha 21 de febrero del 2017, y N° 13-02149151-3/1, caratulados: “Galeno A.R.T. S.A. en J. N°
152065 “Salcedo, Marcelo Adrián c/ Galeno A.R.T. S.A. p/ Accidente” (152065) p/ Rec. de Cas.”,
de fecha 22 de mayo de 2017, a los cuales me remito.
b. Sin perjuicio de esto, destaco que dichos precedentes se encuentran fundados en el criterio
sostenido por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: CNT 18036/2011/1/RH1
“Espósito, Dardo Luis c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial” mediante sentencia de
fecha 07/06/2016, y en la necesidad de aplicación de los lineamientos que emergen de los
precedentes del Superior Tribunal por razones de naturaleza institucional, previsibilidad, economía
procesal (SCJM; Sala I, “Sadaic”, 13/02/2015).
En igual sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Buenos Aires respecto de la aplicación
de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contribución a la seguridad del
tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo (S.C.J.B.A.; Voto del Dr. De Lazzari, L.
119.011, “Tarducci”, 14/12/2016).
c. Por tales razones y más allá de mi criterio personal sobre la cuestión, habiéndose expedido la
Corte Federal sobre la forma de aplicación del Decreto 472/2014 no es posible prescindir de esa
doctrina, ya que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a los criterios
determinados por el Máximo Tribunal, esto en aras de no introducir en los procesos cuestiones que
impidan el acceso rápido a la tutela judicial efectiva.
d. Concluyo entonces que el reajuste dispuesto por la ley 26.773 mediante índice RIPTE sólo
resulta aplicable a los montos y las compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstos
en los arts. 1°, 3° y 4° del Dec. 1694/09.
e. Consecuentemente, los recursos interpuestos por la demandada prosperan parcialmente.
ASI VOTO.
Sobre la misma cuestión los Dres. JOSÉ V. VALERIO y MARIO DANIEL ADARO adhieren por
los fundamentos al voto que antecede.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO, dijo
:
VI. Atento al resultado arribado en la votación precedente, y lo dispuesto por el art. 162 del C.P.C.,
corresponde anular parcialmente la sentencia glosada a fs. 148/153, de los autos N° 151.028,
“González, Juan José c/ Asociart A.R.T. S.A. p/ enfermedad accidente”, originarios de la Excma.
Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.
Acto seguido, procederé a fallar el litigio en forma definitiva, de modo tal de evitar el reenvío, con
todos los inconvenientes y dilaciones que el mismo conlleva (conf. nota del codificador al artículo
162 C.P.C. y “Vizcaya”, LS 379-113).
1. La prestación dineraria prevista en el artículo 14 inciso 2 de la L.R.T. quedó establecida en la
suma de $135.559,9, de conformidad con el ingreso base mensual determinado en la sentencia de
grado y el porcentaje de incapacidad fijado en la primera cuestión. ($10.402 x 53 x 2,10 x 11,7%).
2. De conformidad con lo resuelto en relación al decreto 472/14 y teniendo en cuenta la fecha de la
primera manifestación invalidante (17/10/13), la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo aplicable al caso es la 34/13 que establece en su art. 4 inc. c) que para el período
comprendido entre el 01/09/2013 y el 28/02/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por
aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, no
podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $476.649 por el porcentaje de incapacidad.
En el caso este monto resulta inferior la que arroja la fórmula del art. 14 inc. 2, por lo cual la
indemnización queda determinada en la suma de $135.559,9.
3. A ese monto debe sumarse el 20% como adicional de pago único en compensación por cualquier
otro daño no reparado establecido en el art. 3 de la ley 26.773, suma que asciende a $27.111,8. Por
lo que el total de la reparación indemnizatoria asciende a la suma de $162.671,7.
4. En relación a los intereses, y teniendo en cuenta que se modificó lo sustancial del decisorio
corresponde modificar también lo accesorio en cuanto a que el cómputo de los mismos se encuentra
vinculado directamente con aquél. Por ello corresponde en el caso, calcularlos a tasa activa
conforme a la Resolución 414/99, en tanto ha sido la tasa determinada por el Tribunal de mérito y
no ha sido cuestionada en esta instancias,
desde la fecha en que se determinó la relación causal
(17/10/13) hasta la fecha de la resolución que aquí se modifica y desde ahí hasta su efectivo pago.
5. Finalmente, las costas se mantienen en la forma dispuesta por la Jueza de la causa, cuyos montos
deberán ser calculados conforme a la presente resolución.
ASÍ VOTO.
Sobre la misma cuestión, los Dres. JOSÉ V. VALERIO y MARIO DANIEL ADARO adhieren al
voto que antecede.
SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO, dijo
:
V.- Respecto a los recursos interpuestos por ambas partes, y atento el resultado a que se arriba en la
Primera Cuestión, corresponde imponer las costas de los recursos a la parte actora vencida.
ASI VOTO.
Sobre la misma cuestión, los Dres.
JOSÉ V. VALERIO y MARIO DANIEL ADARO
adhieren al
voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
S E N T E N C I A
:
Mendoza, 23 de febrero de 2018.
Y VISTOS
:
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de
Justicia fallando en definitiva,
R E S U E L V E
:
1) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos a fs. 36/42.
2) Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos a fs. 9/16 por Asociart
A.R.T. S.A. contra la sentencia dictada a fs. 148 y sgtes., de los autos N° 151.028, caratulados
“González, Juan José c/ Asociart A.R.T. S.A. p/ enfermedad accidente”, originarios de la Excma.
Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial. En consecuencia, la parte
dispositiva -en lo que resulta materia de agravio- se sustituye del siguiente modo: “
I) Hacer lugar a
la demanda interpuesta por el Sr. JUAN JOSÉ GGG contra ASOCIART A.R.T. S.A. y en
consecuencia condenar a esta última a abonar, dentro de los cinco días de notificada la presente, la
suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 7/100
(
$162.671,7),
en concepto de indemnización del 11,7% de incapacidad parcial y permanente
ocasionada por el trabajo, con más intereses hasta el efectivo pago.
3) Imponer las costas de los recursos del actor y del accionado a la parte actora vencida. (arts. 36 V
y 148 del C.P.C.).
4)
Regular los honorarios profesionales de los Dres. ,,,
sobre lo que les corresponda percibir por su labor
en la instancia de origen (arts. 2, 3, 13, 15 y 31 de la ley 3641 modificada por el Decreto Ley
1304/75).
5) Líbrese cheque a la orden de Asociart A.R.T. S.A. por la suma de
$3.400 (pesos tres mil
cuatrocientos),
con imputación a la boleta obrante a fs. 19.
NOTIFÍQUESE.
DR. MARIO DANIEL ADARO
Ministro
DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO
Ministro
DR. JOSÉ V. VALERIO
Ministro

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